Registro Oficial. SEPTIEMBRE25 de SEPTIEMBRE del 2001

Martes, 25 de septiembre de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE SEPTIEMBRE DEL 2001
\n \n \n \n
\n

\n
 
\n

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Martes 25 de Septiembre del 2001

\n

REGISTRO OFICIAL No. 419

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n
\n FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDO:
\n MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL

\n  
\n 3292.- Expídese\n el Reglamento para la Ejecución de Acciones de los Proyectos\n de Desarrollo Integral, PRODEIN, en las provincias de Esmeraldas,\n Loja, Carchi, El Oro y Galápagos
\n  
\n
TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

RESOLUCIONES:
\n
 
\n l65-2001-TP.-\n Confírmase la resolución venida en grado y recházase\n la accíon de amparo propuesta por Beatriz Maria Sigcho\n Espinoza de Romero
\n  
\n 176-2001-TP.-\n Désechase la demanda de inconstitucionalidad presentada\n por el señor doctor Jaime del Castillo Alvarez
\n  
\n 177-2001-TP.-\n Acéptase parcialmente y deséchase en lo demás\n la demanda de inconstitucionalidad presentada por el doctor Ricardo\n Vanegas G Cortazar
\n  
\n 180-2001-TP.-\n Deséchase la demanda de inconstitucionalidad planteada\n por el abogado Xavier Estrada Perlaza
\n  
\n 182-2001-TP.-\n Confírmase la resolución expedida por el Tribunal\n Distrital No2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil y\n deséchase la acción dc amparo constitucional propuesta\n por el ingeniero Horacio Pazos Cardona

\n\n

SEGUNDA\n SALA

\n\n

010-2000-RS.- Confírmase la resolución\n adoptada por el Consejo Provincial de Zamora Chinchipe, respecto\n de la apelación interpuesta por el Alcalde del Municipio\n Centinela del Cóndor
\n  
\n 335-2000-RA.-\n Confírmase la resolución expedida por el Juez Primero\n de lo Civil de Pichincha y niégase el recurso de\n amparo constitucional propuesto por el Ing Marco Peñaherrera\n Gallardo
\n  
\n 1070-2000-RA.-\n Revócase lo resuelto por el Juez Primero de lo Civil de \n Sucumbíos y niégase el amparo constitucional propuesto\n por el licenciado José Oswaldo Calvopiña Moncayo
\n  
\n
015-200I-RA.- Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por la señora Martha Graciela Riofrío Ramos
\n  
\n 036-2001-HC.-\n Confírmase la resolución de la Alcaldía\n del Distrito Metropolitano de Quito y niégase el\n recurso de hábeas corpus propuesto por Manuel Eduardo\n Fernández Palacios
\n  
\n 039-200l-RA.-\n Confírmase la resolución dada por el voto de mayoría\n de los magistrados de la Cuarta Sala dc la H Corte Superior de\n Justicia de Cuenca y niégase la acción de amparo\n constitucional planteada por Víctor Amadeo Avila Andrade
\n  
\n 058-2001-RA.-\n Confírmase la resolución expedida por el Juez Décimó\n Cuarto de lo Civil de Los Ríos y concídese el recurso\n de amparo constitucional propuesto por el profesor Ney Orlando\n Cedeño Rezabala

\n\n

070-2001-RA.- Confírmase la resolución\n dada por el voto de mayoría de los magistrados de la Cuarta\n Sala de la H Corte Superior de Justicia de  Cuenca y niégase\n el recurso de amparo constitucional planteada por CarlosEnrique\n Salazar Sánchez.
\n  
\n 071-2001-RA.-\n Confírmase la resolución expedida por el Juez Tercero\n de lo Civil de Pichincha y niégase el recurso de amparo\n constitucional  propuesto por la Sra Inés del Rosario \n Díaz Delgado
\n  
\n 079-2001-RA.-\n Confírmase la resolución expedida por el Juez Vigésimo\n de lo Civil de Pichincha y niégase el recurso de amparo\n constitucional propuesto por el lng Raúl Morales Ruiz\n y otros
\n  
\n 082-2001-RA.-\n Revócase la resolución venida en grado y niégase\n la demanda de amparo constitucional presentada por la señora\n Inés Carmen Basurto  Falconez
\n  
\n 098-2001-RA.-\n Confírmase la resolución venida en grado y niégase\n la acción de amparo constitucional propuesta por el señor\n Vicente Bolívar Sánchez Haro y otros
\n  
\n 112-2001-RA.-\n Confírmasela resolución expedida por el Juez Cuarto\n de lo Civil de Tungurahua y niégase el recurso de amparo\n constitucional propuesto por la señorita Iris Aracelly\n Vergara Echegaray
\n  
\n 118-2001-RA.-\n Confírmase la resolución dictada por el Juez Cuarto\n de lo Civil de Pichincha y niégase el amparo constitucional\n interpuesto por Rosa María Caiza Ñacato y otra
\n  
\n 126-2001-RA.-\n Revócase la resolución expedida por el Juez Octavo\n de lo Civil del Carchi y niégase el recurso de amparo\n constitucional propuesto por el señor Vinicio Iván\n Pozo Gómez.
\n  
\n 139-200l-RA.-\n Revócase la resolución emitida por el Juez Décimo\n Civil de Manabí y concédese el recurso dc amparo\n constitucional propuesto por la profesora Ledy Filerma Indacochea\n Segovia.
\n  
\n 140-2001-RA.-\n Confírmase la resolución subida en grado y niégase\n el amparo constitucional propuesto por el ingeniero Angel Rafael\n Rezabala Farías.
\n  
\n
171-200l-RA.- Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción  de amparo\n constitucional propuesta por la señora Luzmila Nolberta\n Loja Neira.
\n  
\n 251-2001-RA.-\n Confírmase la resolución subida en grado y niégase\n el amparo constitucional presentado por Teodoro Máximo\n Roque Ramírez
\n  
\n 341-2001-RA.-\n Confírmase la resolución expedida por el Juez Primero\n de lo Penal del Guayas y niégase el recurso de amparo\n constitucional propuesto por el Lcdo Munir Farra Alvarado.
\n  
\n
411-20lll-RA.- Niégase el amparo constitucinnal\n propuesto por el ingeniero Patricio Cuerra Dávila

\n\n

TERCERA\n SALA

\n\n

007-2001-III-SALA-AA.- Deséchase la demanda\n de inconstitucionalidad del acto administrativo planteado por\n el señor Olivero Quintero Quintero
\n  
\n 012-2001-lll-SALA-HD.-\n Confirmase la resolución del Juez Vigésimo Tercero\n de lo Civil de Pichincha; y, négase la acción de\n habeas data propuesta por Angel Efrain Herrera Paredes, por improcedente
\n  
\n 013-2001-III-SALA-HD- Confirmase la resolucion del \n Juez Tercero de Io Civil de Pichincha; y, négase la acción\n de hábeas data propuesta por el ingeniero Marco Vinicio\n Almeida López, por improcedente.
\n  
\n 013-2001-lII-SALA-HC.- Confirmase Ia resolución\n pronunciada por el Alcalde de Latacunga que niega, por improcedente\n el amparo interpuesto por Alberto Marca Pilatasig.
\n  
\n 014-2001-III-SALA-H9.-\n Confirmase  la resolución  subida en grado;\n y, en  consecuencia niégase el  hábeas\n data solicitado por Egberto Boltaire  Loor Barberán\n .
\n  
\n 289-2001-III-SALA-RA.-\n No admitir la acción planteada por Francisco Cayo Pallo\n y otra por improcedente
\n  
\n 290-2001-llI-SALA-RA.- Revócase la resolución\n dictada por el Juez Décimo Tercero de lo Penal del Guayas\n propuesta por Agro Industrial Pesquera SOLSA y otros por improcedente.

\n\n

291-2001-llI-SALA-RA.- Deséchase  por\n improcedentes las  consultas dispuestas por el inferior\n y el recurso de apelación  formulado por  Zoila\n Ortega Valenzuela.
\n  
\n 292-2001-III-SALA-RA.-\n Confírmase en todas sus partes, la resolución pronunciada\n por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia dc Cuenca,\n con el voto de mayoría,  que niega el amparo constitucional\n presentado por el señor Gerardo Vidal.
\n  
\n 293-2001-III-SALA-RA.-\n Revócase  la resolución pronunciada por la\n Primera Sala de la Corte  Superior de Justicia de Cuenca\n con la que acepta el recurso de amparo constitucional y declara \n la inconstitucionalidad por el fondo y  la forma de la multa\n del  10% y deséchase el recurso de  amparo constitucional\n presentado en  contra del Gerente  General de la Corporación \n Aduanera Ecuatoriana CAE, por el doctor Luis Mario  Vásquez\n Murillo.

\n\n

294-2001-III-SALA-RA.- Revócase la resolución\n del Juez de instancia, en consecuencia niégase el amparo\n solicitado por Juan José Vegas

\n\n

295-2001-III-SALA-RA.- No admitir la acción\n planteada por falta de  juramento propuesta por Jesúe\n María Tejeda Prieto.

\n\n

296-2001-III-SALA-RA.- Revócase en todas sus\n partes, la resolución pronunciada por el Juez Séptimo\n de la Civil de Pichincha y deséchase  la acción\n de amparo constitucional deducida  por la doctora Silvia\n Moreno Peñaherrera y otros.
\n  
\n 298-2001-III-SALA-RA.-\n Confirmase  la resolución  emitida por el Juez \n Cuarto de  lo Civil de  Chimborazo, con la que niega \n la acción de amparo constitucional presentada por Nolberto\n Roberto  Solano Noboa
\n  
\n 299-2001-III-SALA-RA.- Revócase la decisión\n del Juez de instancia; y, en consecuencia concédese parcialmente\n el amparo solicitado por Taylor Vinicio Herrera Herrera, esto\n es; en los términos de la consideración sexta.
\n  
\n 302-2001-III-SALA-RA.-\n Confirmase la resolución  pronunciada por  la\n Segunda  Sala del Tribunal Distrital No  1 de  lo\n Contencioso  Administrativo de Quito, con  la que declara \n inadmisible la acción de amparo  solicitada por el\n ciudadano Rodrigo Ricaurte Miranda

\n\n

305-2001-III-SALA-RA.- No admitir la acción\n planteada por Laura Fidermina López Yépez y otra. \n 306-2001-III-SALA-RA No admitir la acción planteada por\n el Dr. Averroes Bucaram Záccida.

\n\n

306-2001-III-SALA-RA.- No admitir el recurso planteado\n por el Dr. Averroes Bucaram Záccida.
\n  
\n ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

- Cantón Durán: De muelles, muros, parrillas,\n varaderos y cabotaje.
\n  \n

\n \n
\n


\n N° 3292

\n\n

Pablo Romero Quezada
\n SUBSECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo 1091-A de 29 de diciembre del\n 2000, publicado en el Registro Oficial N0 242 de 11 de enero\n del 2001, el señor Presidente Constitucional de la República\n encarga al Ministerio de Bienestar Social la ejecución\n de los proyectos de desarrollo integral de las provincias de\n Esmeraldas, Loja, Carchi, El Oro y Galápagos, conforme\n al literal c) del articulo 58 A de la Ley para la Reforma de\n las Finanzas Públicas, agregado en el artículo\n 44 de la Ley para la Transformación Económica del\n Ecuador, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N0 34\n de 13 de marzo del 2000;

\n\n

Que según el mencionado Decreto Ejecutivo N0 1091-A,\n el señor Presidente Constitucional de la República\n dispone que el Ministro de Bienestar Social dictará el\n reglamento respectivo para la ejecución de acciones relacionadas\n con los proyectos de desarrollo integral de las provincias de\n Esmeraldas, Loja, Carchi, El Oro y Galápagos;

\n\n

Que a través del Acuerdo 846 de 1 de agosto del 2000,\n se creó la Unidad Coordinadora del Programa, así\n como las unidades gerenciales de área de las provincias\n de Carchi, Esmeraldas, Loja, El Oro y Galápagos; posteriormente\n modificado mediante el Acuerdo N0 2012 de 18 de enero del 2001,\n cambiando las denominaciones de PRODESO por PRODEIN y programa\n por proyectos;

\n\n

Que para la ejecución de los Proyectos de Desarrollo\n integral ( PRODEIN), el Gobierno del Ecuador ha suscrito el día\n 15 de marzo del año 2001, con la Agencia Española\n de Cooperación internacional un instrumento internacional\n denominado, "Memorándum de Entendimiento de Cooperación\n Técnica entre el Ministerio de Bienestar Social y la Agencia\n Española da Cooperación internacional en Apoyo\n a la Ejecución de los Proyectos de Desarrollo integral\n de las Provincias de Carchi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos\n y Loja", en donde se estipula la instrumentación\n orgánica y funcional de estos proyectos con la colaboración\n de la indicada Agencia de Cooperación internacional; complementado\n con el Addendum suscrito el 3 de agosto del 2001;

\n\n

Que en consecuencia es necesario unificar las distintas normas\n que regulan la vida institucional y funcional de los proyectos\n PRODEIN; y,

\n\n

En uso de las atribuciones constantes en el artículo\n 2, letra a, del Acuerdo Ministerial 00 l-N de 15 de febrero del\n 2000,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Expedir el siguiente Reglamento para la ejecución de\n acciones de los proyectos de desarrollo integral, PRODEIN, en\n las provincias de Esmeraldas, Loja. Carchi, El Oro y Galápagos.

\n\n

CAPITULO I

\n\n

DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA, UCP, Y DE LAS UNIDADES\n GERENCIALES DE CADA ÁREA, UGA

\n\n

ARTICULO 1. De conformidad a lo estipulado en el Memorándum\n de Entendimiento suscrito entre la Agencia Española de\n Cooperación internacional (AECI) y el Gobierno del Ecuador,\n ratificase la conformación de la Unidad Coordinadora del\n Programa (UCP), dentro del ámbito del MBS, para la ejecución\n de los proyectos de desarrollo integral de las cinco provincias;\n con autonomía, contable, administrativa-financiera y técnica.

\n\n

ARTICULO 2. Ratificase la conformación de las Unidades\n Gerenciales de cada Área, UGA, en las provincias de Carchi,\n El Oro, Esmeraldas, Galápagos y Loja, con sede en sus\n respectivas capitales, o en las ciudades que fuere más\n conveniente, las que deberán integrarse por personal necesario,\n previa aprobación de la UCP y del Comité Gestor\n conforme regula el Memorándum de Entendimiento suscrito\n entre la Agencia Española de Cooperación internacional,\n y el Gobierno del Ecuador con fecha 15 de marzo del año\n 2001.

\n\n

ARTICULO 3. La Unidad Coordinadora del Programa (UCP), estará\n dirigida por el Coordinador del Programa nominado por el MBS,\n y el Codirector-Director del Programa nominado por la ACEI, quienes\n ejecutarán las políticas de inversión gestión\n y administración en los distintos componentes de PRODEIN,\n en forma conjunta, para lo cual deberán cumplir y hacer\n cumplir las funciones, deberes, y responsabilidades señaladas\n en las normas que regulan la vida jurídica del PRODEIN.

\n\n

ARTICULO 4. El Coordinador del Programa tendrá la representación\n legal judicial y extrajudicial, y será contratado por\n el MBS.

\n\n

ARTICULO 5. Autorizar a la UCP para que celebren contratos\n de ejecución de obras, adquisición de bienes y\n prestación de servicios hasta el monto de 10.000 dólares;\n de exceder el valor establecido se requerirá la autorización\n expresa del Subsecretario General de Bienestar Social.

\n\n

ARTICULO 6. Autorizar a los gerentes técnicos de cada\n UGA, para que celebren contratos de ejecución de obras,\n adquisición de bienes y prestación de servicios\n hasta el monto de 3.000 dólares; de exceder el valor establecido\n se requerirá la autorización expresa de la UCP.

\n\n

ARTICULO 7. Distribuir los recursos del programa de la siguiente\n manera: 30% en forma equitativa para cada una de las provincias\n y 70% en función de los niveles de pobreza, números\n de pobres y proyectos de desarrollo humano calificados que generen\n empleo, ingresos y mejoren la calidad de vida.

\n\n

CAPITULO II

\n\n

OBJETIVOS Y FINES DEL PRODEIN

\n\n

ARTICULO 8. Los objetivos del PRODEIN son los siguientes:

\n\n

a) Capacitar y dar asistencia técnica a los MICROEMPRESARIOS;

\n\n

b) instituir un fondo para otorgar bonos y créditos\n para microempresas que generen empleo, agreguen valor y se oriente\n al mercado; y,

\n\n

c) Dotar de infraestructura social y productiva, necesaria\n para el éxito de las microempresas.

\n\n

CAPACITACIÓN A MICROEMPRESARIOS

\n\n

ARTICULO 9. La capacitación a los Microempresarios\n / as se entenderá como un proceso de formación\n continua, orientada a potenciar los conocimientos, habilidades\n y destrezas de los productores/as, como una contribución\n al desarrollo y fortalecimiento del capital humano local.

\n\n

ARTICULO 10. Los sujetos de la capacitación-formación\n serán los productores/as y los dirigentes y/o ejecutivos/as\n de las organizaciones de productores/as que fueren calificados\n para operar pequeñas empresas y microempresas que se encuentren\n conformadas o en trámite de legalización.

\n\n

ARTICULO 11. El proceso de capacitación-formación\n será dual, es decir bajo la metodología "aprender-haciendo"\n o "aprender-produciendo". A la parte teórica\n le seguirá necesariamente el acompañamiento en\n la práctica.

\n\n

ARTICULO 12. La demanda de capacitación-formación\n será establecida conjuntamente con los productores/as\n o las organizaciones de productores, mediante talleres de socialización\n especialmente diseñados para formular el diagnóstico\n y la planificación estratégica y operativa.

\n\n

ARTICULO 13. La oferta de capacitación-formación\n será establecida, para cada provincia, mediante registro,\n calificación y selección de empresas locales de\n servicios. Estas empresas pueden ser instituciones Públicas,\n ONG's, gremios, universidades, empresas privadas u organizaciones\n de productores.

\n\n

ARTICULO 14. Las empresas locales de servicios deberán\n demostrar conocimientos y experiencia acerca del tema, habilidades\n de comunicación con adultos, manejo de equipos y ayudas\n audiovisuales y un alto grado de responsabilidad y compromiso\n con el desarrollo local y nacional.

\n\n

ARTICULO 15. La UCP, para la realización de la capacitación-formación,\n podrá formalizar convenios o contratos con instituciones\n nacionales e institutos de cooperación internacional.

\n\n

ARTICULO 16. Las UGA's deberán concertar con la UCP\n la dotación de los servicios de capacitación-formación,\n en forma previa a su realización.

\n\n

ARTICULO 17. Los documentos de capacitación que fueren\n elaborados específicamente para la capacitación-formación,\n pasarán a ser propiedad intelectual del Ministerio de\n Bienestar Social y podrán ser utilizados en nuevos procesos\n de capacitación-formación del propio MBS o de otros\n ministerios o instituciones que el MBS estime pertinente.

\n\n

ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MICROEMPRESARIOS

\n\n

ARTICULO 18. La asistencia técnica a los microempresarios\n en el proceso mediante el cual se transfiere y desarrolla actitudes\n emprendedoras, conocimientos,
\n información, capacidad de gestión, visión\n de largo plazo, solidaridad, para constituir y fortalecer las\n actividades empresariales dentro de un marco de equidad, competitividad\n y sostenibilidad.

\n\n

ARTICULO 19. La demanda de servicios de asistencia técnica\n será establecida conjuntamente con las microempresas,\n mediante talleres especialmente diseñados para formular\n el diagnóstico y la planificación estratégica\n y operativa.

\n\n

ARTICULO 20. Para organizar la oferta de servicios de asistencia\n técnica a las microempresas se impulsará el establecimiento\n y desarrollo de las capacidades locales a través de las\n empresas y organizaciones locales de servicios.

\n\n

ARTICULO 21. La oferta de servicios de asistencia técnica,\n será establecida mediante registro, calificación\n y selección de empresas locales de servicios. Las empresas\n locales de servicios pueden ser instituciones Públicas,\n ONG's, gremios, universidades, empresas privadas y organizaciones\n de productores.

\n\n

ARTICULO 22. Las empresas locales de servicios deberán\n demostrar conocimientos y experiencia acerca del tema, habilidades\n de comunicación con adultos, manejo de equipos y ayudas\n audiovisuales y un alto grado de responsabilidad y compromiso\n con el desarrollo local, regional o nacional.

\n\n

ARTICULO 23. La UCP para la realización de la asistencia\n técnica podrá formalizar convenios o contratos\n con institu-ciones nacionales o institutos de cooperación\n internacional.

\n\n

ARTICULO 24. Las UGA's deberán concertar con la UCP\n la dotación de los servicios de asistencia técnica,\n en forma previa a su realización.

\n\n

ARTICULO 25. Los documentos que fueren elaborados específicamente\n para la dotación de los servicios de asistencia técnica,\n pasarán a ser propiedad intelectual del Ministerio de\n Bienestar Social o de otros ministerios o instituciones que el\n MBS estime pertinente.

\n\n

FONDO PARA OTORGAR BONOS Y CRÉDITOS PARA MICROEMPRESAS

\n\n

ARTICULO 26. El crédito será considerado como\n el mecanismo de financiamiento sostenible para alentar la participación\n y organización de los productores/as en el desarrollo\n y consolidación de microempresas productivas, industriales,\n artesanales, comerciales, de reconversión productiva.\n Las microempresas deben ser rentables, agregar valor, generar\n empleo y la producción debe estar orientada hacia el mercado.

\n\n

ARTICULO 27. Con los recursos asignados al PRODEIN, se constituye\n el fondo para otorgar créditos a las microempresas. Dicho\n fondo se incrementará con las recuperaciones de los créditos\n concedidos a las microempresas, nuevas asignaciones dispuestas\n por el Estado, donaciones y otros aportes de instituciones nacionales\n e internacionales interesadas en la ejecución de programas\n de crédito a microempresas.

\n\n

ARTICULO 28. Los recursos financieros del fondo pueden ser\n sujetos de fideicomiso de acuerdo con la normativa vigente, o\n ser canalizados a través de entidades financieras locales,\n ONG's especializadas en crédito y empresas comercializadoras\n que instrumenten la producción por contrato, previamente\n calificados, con las cuales se suscribirán los correspondientes\n acuerdos de administración financiera.

\n\n

ARTICULO 29. Para la calificación de las entidades\n financieras locales, ONG's especializadas en crédito y\n empresas comercializadoras que instrumenten la producción\n por contrato, la UCP establecerá el respectivo instructivo.

\n\n

ARTICULO 30. Todas las operaciones de crédito, asistencia\n técnica y capacitación que se concedan a las microempresas\n irán acompañadas de la concesión de bonos\n para que los microempresarios puedan adquirir servicios destinados\n a incrementar su capacidad técnica, productiva y de mercadeo,\n así como obtener servicios especializados por parte de\n empresas, corporaciones o centros educativos.

\n\n

ARTICULO 31. Los recursos entregados a las entidades financieras\n locales, ONG's especializadas en crédito y empresas comercializadoras\n que instrumenten la producción por contrato, tendrán\n un costo que será determinado por el PRODEIN. Para determinar\n los costos del dinero se tomará en cuenta la experiencia\n desarrollada por otros fondos, por ejemplo FONLOCAL.

\n\n

ARTICULO 32. No serán sujetos de crédito las\n personas naturales u organizaciones de hecho o de derecho que\n tengan prácticas excluyentes, historia de alto riesgo,\n parentesco con el personal del programa, así como los\n no residentes permanentes en la localidad.

\n\n

ARTICULO 33. Los préstamos se concederán a la\n tasa de interés acordada entre las entidades financieras\n locales, ONG's especializadas en crédito y empresas comercializadoras\n que instrumenten la producción por contrato y los prestatarios,\n dentro de los márgenes establecidos por los organismos\n nacionales competentes.

\n\n

ARTICULO 34. El fondo podrá financiar operaciones de\n crédito individuales hasta US $ 2.500,00 y colectivos,\n mínimo 10 socios, hasta US $ 30.000,00 dólares,\n de acuerdo con la factibilidad del proyecto.

\n\n

ARTICULO 35. Las entidades financieras locales, ONG's especializadas\n en crédito y empresas comercializadoras que instrumenten\n la producción por contrato, serán las únicas\n responsables de la recuperación de los créditos.

\n\n

ARTICULO 36. La UCP y UGA's serán responsables de realizar\n la supervisión general de la operación de los fideicomisos\n y convenios de administración de fondos.

\n\n

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

\n\n

ARTICULO 37. Se entenderá como infraestructura social,\n las obras de beneficio colectivo orientadas a facilitar e incrementar\n la participación y organización ciudadana y el\n equipamiento de la comunidad.

\n\n

ARTICULO 38. Las obras de infraestructura social serán\n priorizadas en coordinación con el FISE. Previamente se\n establecerá la metodología y se difundirá\n entre los potenciales beneficiarios.

\n\n

ARTICULO 39. El financiamiento de las obras de infraestructura\n social será aprobado tomando en cuenta criterios relacionados\n con la participación, género, tecnologías\n alternativas, administración, costos y fuentes de financiamiento.

\n\n

ARTICULO 40. La ejecución de las obras de infraestructura\n social, estarán a cargo de organizaciones locales previamente\n seleccionadas según la metodología aprobada.

\n\n

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

\n\n

ARTICULO 41. La infraestructura productiva está relacionada\n directamente con la producción, transformación,\n beneficio, comercialización y otros servicios relacionados.

\n\n

ARTICULO 42. La infraestructura productiva contribuirá\n directamente a la sostenibilidad de las microempresas.

\n\n

ARTICULO 43. La ejecución de las obras de infraestructura\n productiva se realizará mediante la participación\n de los gobiernos locales y las organizaciones sociales beneficiarias.\n En casos excepcionales se financiará la contratación\n de la dirección técnica y mano de obra especializada.

\n\n

ARTICULO 44. En forma previa a la aprobación de las\n obras de infraestructura productiva se requerirá la presentación\n de planos, memoria técnica, presupuesto y cronograma valorado;\n y, en el caso de adquisiciones las especificaciones técnicas,\n precios referenciales, proveedores y garantías de f cumplimiento.\n También se exigirá la presentación del plan\n de administración y operación de la obra.

\n\n

CAPITULO III

\n\n

DISPOSICIÓN GENERAL

\n\n

ARTICULO 45. El personal profesional y auxiliar con cargo\n al despacho del Ministro de Bienestar Social y Subsecretario\n General de Bienestar Social, tendrán derecho a cobrar\n viáticos y/o subsistencias, así como la adquisición\n de pasajes aéreos, cuando las autoridades pertinentes\n soliciten expresamente.

\n\n

ARTICULO 46. El personal profesional y auxiliar con cargo\n al despacho del Ministro de Bienestar Social y Subsecretario\n General de Bienestar Social, exclusivamente, quedará a\n disposición de las autoridades que les sucedan.

\n\n

ARTICULO 47. Complementariamente, y en todo aquello no previsto\n en el presente acuerdo, se estará a lo prescrito en el\n Memorando de Entendimiento, suscrito por el Gobierno del Ecuador\n y la Agencia Española de Cooperación internacional\n con fecha 15 de marzo del año 2001, y en el adendum al\n Memorando de Entendimiento, al mismo del 3 de agosto del 2001.

\n\n

DISPOSICIÓN FINAL

\n\n

ARTICULO 48. Deróganse todos los acuerdos ministeriales\n que se opongan al contenido del presente acuerdo, especialmente\n los acuerdos ministeriales 846 y 2012 expedidos el 20 de agosto\n del 2000 y el 18 de enero del 2001, respectivamente.

\n\n

VIGENCIA

\n\n

ARTICULO 49. Sin perjuicio de su publicación, este\n acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de la\n presente fecha.

\n\n

Dado en Quito, 28 de agosto del 2001.

\n\n

f.) MBA. Pablo Romero Quezada, Subsecretario General del Ministerio\n de Bienestar Social.

\n\n

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL.

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Lo certifico: f.) Daniel Jacho Barrera, Jefe de Archivo.

\n\n

17 de septiembre del 2001.

\n\n

 

\n\n

Nro. 165-2001-TP

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el Nro. 188-2001-RA

\n\n

ANTECEDENTES: Beatriz María Sigcho Espinoza de Romero\n comparece ante el señor Juez Vigésimo Tercero de\n lo Civil de Pichincha y formula acción de amparo constitucional\n en contra de la Agencia de Garantía de Depósitos\n (AGD). La accionante manifiesta;

\n\n

En el mes de junio de 1999, realizó una inversión\n en el Fideicomiso Solidez VIII, mediante la suscripción\n de un Adendum de Adhesión emitido a su nombre, por la\n suma de ciento Setenta mil dólares de los Estados Unidos\n de Norteamérica (USD $ 170.000,oo), inversión que\n tenia como fecha de vencimiento el día 29 de marzo del\n 2000;

\n\n

La antedicha inversión tuvo como objeto garantizar\n varias operaciones de crédito respaldadas con dicha operación.\n Para tal efecto se suscribió un "Contrato de Garantía"\n a favor del Grupo Financiero Banco Popular, del Banco Popular\n del Ecuador SA., del Banco Popular internacional Limited y del\n Private Bank & Trust;

\n\n

El 29 de enero de 1999 contrajo, conjunta y solidariamente,\n con la señora Flor Smita Tinoco de Alvarado, un crédito\n solidario con el Banco Popular Internacional por la cantidad\n de seiscientos diez mil seiscientos veintiséis dólares\n de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $ 610.626,oo)\n a un año plazo con vencimiento al 31 de enero del 2000;

\n\n

El 1 de diciembre de 1999, el Administrador Temporal del Banco\n Popular nombrado por la AGD, propuso al Gerente General de la\n AGD que, para preservar los activos del Banco Popular y para\n salvaguardar los intereses de los depositantes (del Fideicomiso\n Solidez VIII), se compensen las obligaciones recíprocas\n que tengan tanto inversionistas como el Banco Popular. Dicha\n propuesta fue aceptada por la Superintendencia de Bancos mediante\n oficio INBGF-2000-0002 de 11 de enero del 2000, suscrita por\n el señor Intendente Nacional de Bancos y Grupos Financieros.\n Este pronunciamiento hizo entender que dicha operación\n de compensación ya se había hecho efectiva por\n parte del Banco Popular;

\n\n

El 27 de diciembre de 1999, el Administrador Temporal del\n Banco Popular remite una comunicación a los fideicomitentes\n adherentes del Fideicomiso Solidez, mediante la cual se informa\n que la propuesta de compensación de obligaciones entre\n el Banco Popular y los inversionistas del Fideicomiso Solidez\n ha sido aceptada y que podrán llevar a cabo las compensaciones\n a partir del 10 de enero del 2000;

\n\n

El 11 de enero del 2000, precanceló unilateralmente\n y de manera parcial el crédito solidario de USD $ 610.626,oo\n al Banco Popular Internacional, y quedó un saldo deudor\n de USD $ 275060,62, el cual quedó garantizado por la inversión\n en el Fideicomiso Solidez VIII por USD $ 170.000,oo y por un\n depósito a plazo fijo en dólares por USD $ 243.000,oo.\n Además quedó pendiente la suscripción de\n un nuevo pagaré por el referido saldo deudor hasta tanto\n el Banco Popular reciba la autorización de la Superintendencia\n de Bancos para poder compensar otra parte más del crédito\n con los fondos del Fideicomiso Solidez VIII;

\n\n

Posteriormente, el Banco del Pichincha CA. , a través\n de la Agencia de Garantía de Depósitos, compró\n los activos y pasivos de la accionante que mantenía en\n el Banco Popular, y realizó compensaciones de manera unilateral\n y parcial con sus acreencias, de manera que se ha reducido el\n capital adeudado a USD $ 131.005,23, conforme lo certifica el\n propio Banco del Pichincha C A

\n\n

En oficio s/n de 17 de noviembre del 2000, el Gerente General\n del Banco del Pichincha C.A. acepta que efectuaron compensaciones\n respecto al depósito de plazo fijo por USD $ 248.992,oo,\n por lo cual la accionante afirma que el Banco del Pichincha y\n la Agencia de Garantía de Depósitos le están\n perjudicando, puesto que el Banco del Pichincha, antes de comprar\n los activos y pasivos de la accionante, debió exigir a\n la AGD que compense sus obligaciones, ya que en ese caso, efectuada\n la operación de compensación, quedaba un saldo\n positivo en su favor, y esa diferencia era la que pudo haber\n adquirido el comprador;

\n\n

El Banco del Pichincha se ha convertido en el nuevo acreedor\n y deudor de la accionante, y siendo dicha institución\n bancaria cesionaria del documento de inversión en el fondo\n Solidez VIII por USD $ 170.000,oo, se niega a compensar con la\n obligación de la accionante y devolverle el saldo que\n le corresponde;

\n\n

Por la antedicha situación, la accionante sostiene\n que se ha originado un atentado contra los principios de seguridad\n jurídica y propiedad que la Constitución de la\n República garantiza, pues la AGD sostiene que el Banco\n Popular en saneamiento y bajo su administración ya vendió\n al Banco del Pichincha C.A. toda su cartera, incluido el contrato\n de garantía del fondo Solidez VIII por USD $ 170.000,oo;\n y por otro lado, el Banco del Pichincha C.A. Manifiesta que es\n la AGD quien debe proceder a la compensación:

\n\n

La AGD, ha desconocido los derechos de la accionante y el\n pronunciamiento favorable de la Superintendencia de Bancos, así\n como el artículo 1699 del Código Civil que dispone\n que la compensación opera por el ministerio de la ley;

\n\n

Afirma, que se han violado los derechos constitucionales reconocidos\n en los artículos 23 numerales 3, 23 y 26, referidos a\n la igualdad ante la ley y el derecho de no ser discriminado,\n al derecho de la propiedad (en concordancia con el artículo\n 30 de la Constitución de la República) y a la seguridad\n jurídica, pues por un lado se desconocen las acreencias\n a favor de la accionante, y por otro se pretende cobrarle una\n deuda que debió extinguirse por el ministerio de la ley.\n Adicionalmente se pretende cobrar intereses de mora por una deuda\n que debía estar cancelada y extinguida;

\n\n

Con los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, la accionante\n solicita que se ordene la suspensión definitiva del acto\n administrativo ilegítimo que consiste en la inclusión\n de su deuda, por parte de la AGD, entre los activos del Banco\n Popular del Ecuador S.A. que fueron subastados por la Agencia\n de Garantía de Depósitos a favor del Banco del\n Pichincha C.A. Se pide, además, que se ordene que el representante\n legal de la Agencia de Garantía de Depósitos ejecute\n la compensación de obligaciones y acreencias;

\n\n

El día 19 de enero del 2001, se realiza la audiencia\n pública correspondiente en la cual la parte accionante\n indicó que presentaría un alegato por escrito,\n el cual obra a fojas 30 de los autos y en el cual se ratifica\n en los fundamentos de hecho y de derecho de su acción\n de amparo. Por su parte, la entidad accionada, por intermedio\n de su abogado defensor, negó los fundamentos de hecho\n y de derecho de la acción de amparo; alegó que\n existe una relación jurídico procesal que contiene\n causa ilícita y falta de legítimo contradictor\n por no haberse citado al titular del crédito que es el\n Banco del Pichincha CA.; que la acción de amparo propuesta\n no contiene los presupuestos jurídicos, circunstancias\n y caracteres que le son inherentes a dicha acción; que\n también hay nulidad por haberse propuesto la acción\n de amparo constitucional con expresa violación del artículo\n 6 de la Resolución No. AGD. 99-035 de 27 de septiembre\n de 1999, que manda comunicar al público que de conformidad\n con él articulo 30 de la Ley de Reordenamiento en Materia\n Económica en el Área Tributario-Financiera, en\n concordancia con cl artículo 155 de la Ley de Instituciones\n del Sistema Financiero, no podrán iniciarse procedimientos\n judiciales ni administrativos contra el Banco Popular SA. en\n saneamiento; que no se reúnen los presupuestos de la compensación\n que son la reciprocidad de las deudas, la fungibilidad de la\n cosa objeto de las obligaciones, liquidez de las deudas y exigibilidad\n de las mismas; que el acto es legitimo porque se ha actuado de\n conformidad a las exigencias de la Ley de Reordenamiento en Materia\n Económica y en atención a las disposiciones de\n la Ley de Instituciones del Sistema Financiero; que el artículo\n 18 de la Resolución No. AGD-99-002, la cual contempla\n el procedimiento de aplicación de las técnicas\n de reestructuración de las instituciones financieras,\n establece la venta total o parcial de activos y pasivos, ya sea\n en un solo paquete o en ambos; que en este contexto jurídico,\n el 7 de abril del 2000. la AGD. debidamente facultada por su\n Directorio, convoca a subasta pública para la transferencia\n del Banco Popular S.A. y el Banco del Pichincha CA. asumió\n el pago de los pasivos: y,

\n\n

La señora Jueza Vigésima Tercera de lo Civil\n de Pichincha niega el amparo solicitado, considerando que de\n la relación de la demanda no aparece acto ilegítimo\n de autoridad de la administración pública, sino\n un acto transaccional de compra-venta de valores entre una institución\n privada y una institución del sector público, sometida\n a las disposiciones que rigen el sistema financiero, que al estar\n encuadradas en sus leyes no acusan ilegitimidad alguna,

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el Tribunal es competente para conocer y resolver el\n presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos\n 95 y .276, número 3, de la Constitución Política\n de la República:

\n\n

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda\n incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara\n su validez;

\n\n

Que, la acción de amparo prevista en el artículo\n 95 de la Constitución es esencialmente cautelar de los\n derechos constitucionales, cuando éstos han sido vulnerados\n por un acto u omisión ilegítimos de una autoridad\n pública, mas no corresponde a la acción de amparo\n lograr un pronunciamiento que verse sobre el fondo del asunto,\n ni suplir las acciones que pueden instaurarse sobre un determinado\n asunto;

\n\n

Que, el accionante solicita que se ordene la suspensión\n definitiva de la inclusión de su deuda, por parte de la\n AGD, entre los activos del Banco Popular del Ecuador S.A. que\n fueron subastados por la Agencia de Garantía de Depósitos\n a favor del Banco del Pichincha y que, además, se ordene\n que el representante legal de la Agencia de Garantía de\n Depósitos ejecute la compensación de obligaciones\n y acreencias;

\n\n

Que, tal pretensión no concierne a la acción\n de amparo como instrumento cautelar de los derechos constitucionales,\n por cuanto verse sobre materias sujetas al Régimen del\n Derecho Civil, Mercantil y Financiero, cuyo conocimiento y resolución\n compete a los jueces ordinarios; pues, además, las cuestiones\n financieras nacen de un contrato que deriva de un convenio realizado\n entre una persona particular y una entidad bancaria, por tanto\n en materia contractual, no cabe la acción de amparo;

\n\n

Que, en consecuencia, las constancias procésales demuestran\n la inexistencia de los elementos que conducen, en forma simultánea,\n a la procedencia de la acción de amparo constitucional;\n y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1. Confirmar la resolución venida en grado, y por consiguiente,\n rechazar la acción de amparo propuesta por Beatriz María\n Sigcho Espinoza de Romero.

\n\n

2. Dejar a salvo los derechos y acciones que pueda tener la\n accionante en contra de la Agencia de Garantía de Depósitos.

\n\n

3. Devolver el expediente al señora Jueza Vigésima\n Tercera de lo Civil de Pichincha para efectos del artículo\n 55 de la Ley de Control Constitucional.

\n\n

4. Publicar en e Registro Oficial.- Notifíquese".

\n\n

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Presidente.

\n\n

Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada con cinco votos a favor correspondientes\n a los doctores Luis Chacón, René de la Torre, Guillermo\n Durán, Hernán Rivadeneira y Hernán Salgado;\n y cuatro votos salvados de los doctores Oswaldo Cevallos, Carlos\n Helou, Ricardo Vanegas y Marco Morales, en sesión de veinte\n y dos de agosto del dos mil uno.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Fausto Garcés Pástor, Secretario General.

\n\n

VOTOS SALVADOS DE LOS DOCTORES MARCO MORALES, OSWALDO CEVALLOS,\n CARLOS HELOU Y RICARDO VANIEGAS

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n En el caso signado con el Nro. 188-2001-RA

\n\n

Con los antecedentes expuestos en el voto de mayoría,\n discrepamos con la resolución adoptada por las siguientes\n consideraciones:

\n\n

Que, del texto constitucional y de la normativa singularizada\n en la Ley del Control Constitucional, se establece de manera\n concluyente que la acción de amparo constitucional es\n procedente cuando: a) existe un acto u omisión ilegítimos,\n en principio de autoridad pública; b) que siendo violatorios\n de un derecho subjetivo constitucional; y, c) cause o amenace\n causar un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario\n , es decir que dichos tres elementos descritos para la procedencia\n de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente\n y de manera univoca;

\n\n

Que, el inciso segundo del artículo 46 de la Ley de\n Control Constitucional dispone que "También podrá\n ser objeto de amparo la expedición de un acto o la no\n ejecución de un hecho, si tales omisiones causaren o puedan\n causar los efectos señalados en el inciso anterior",\n es decir, un atentado que haya causado, cause o pueda causar\n un daño inminente, a más de grave e irreparable;

\n\n

Que, él artículo 109 de la Ley de Mercado de\n Valores establece que "Por el contrato de fideicomiso mercantil\n una o más personas llamadas constituyentes o fideicomitentes\n transfieren, de manera temporal e irrevocable, la propiedad de\n bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales, que existen\n o se espera que existan, a un patrimonio autónomo, dotado\n de personalidad jurídica para que la sociedad administradora\n de fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria y en tal\n calidad su representante";

\n\n

Que, el inciso final del articulo 115 de la antes mencionada\n ley contempla la posibilidad de que un tercero distinto del constituyente\n se adhiera y acepte las condiciones del fideicomiso mercantil;

\n\n

Que, a fojas 5 de los autos consta el adendum de adhesión\n al Fideicomiso Solidez VIII, por parte de la accionante, quien\n aporta la suma de ciento setenta mil dólares de los Estados\n Unidos de Norteamérica; y a fojas 7 de los autos consta\n un contrato de garantía, igualmente suscrito por la accionante,\n por medio del cual se garantiza las obligaciones del "deudor",\n como dice el texto del contrato;

\n\n

Que, a fojas 10 de los autos consta el oficio No. INBGF-2000-0002\n del 11 de enero del 2000, dirigido al señor Administrador\n Temporal del Banco Popular del Ecuador y suscrito por el señor\n Intendente Nacional de Bancos y Grupos Financieros, en el cual\n se puede leer que, este despacho no encuentra objeción\n para utilizar el mecanismo que propone el banco de compensar\n cartera de créditos con los derechos fiduciarios de los\n fideicomisos Solidez ";

\n\n

Que, el artículo 1698 del Código Civil dispone\n que "Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera\n entre ellas una compensación que extingue ambas deudas,\n del modo y en los casos que van a explicarse". Por su parte,\n el artículo 1699 ibídem dice: "La compensación\n se opera por el solo ministerio de la ley y aun sin el conocimiento\n de los deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente\n en sus respectivos valores, desde que una y otra reúnen\n las calidades siguientes: 1) Que sean ambas de dinero o de cosas\n fungibles o indeterminadas, de igual género y calidad;\n 2) Que ambas deudas sean liquidas; y, 3) Que ambas sean actualmente\n exigibles":

\n\n

Que, según lo admite el Gerente General del Banco del\n Pichincha C.A., en comunicación s/n de 17 de noviembre\n del 2000 dirigida a la accionante, la trasferencia de los créditos\n a favor de dicha institución bancaria y la asunción\n de ciertos pasivos, fue hecha en subasta de parte de los activos\n y pasivos del Banco Popular en saneamiento, según consta\n en escritura pública de 13 de abril del 2000, otorgada\n ante el Notario Primero del cantón Quito. Por otra parte,\n como ya se indicó anteriormente, la aprobación\n de compensar la cartera de créditos con derechos fiduciarios\n de los fideicomisos Solidez, data de 11 de enero del 2000, de\n todo lo cual se colige que a dicha fecha existía la condición\n del articulo 1700 del Código Civil, es decir, que las\n partes eran recíprocamente deudoras;

\n\n

Que, vistas las disposiciones antedichas, especialmente la\n del articulo 1699 del Código Civil, y la aprobación\n del señor Intendente de Bancos y Grupos Financieros, la\n compensación de los créditos de la accionante con\n el Banco Popular del Ecuador S.A. era completamente procedente,\n y la Agencia de Garantía de Depósitos debió\n haberla realizado en forma previa a cualquier subasta de activos\n y pasivos a un tercero, pues con dicha omisión ilegítima\n se atenta contra el equilibrio contable y no habría la\n debida seguridad de que los saldos a favor de la accionante le\n sean devueltos;

\n\n

Que, por lo dicho anteriormente, y al no haber la seguridad\n de que sus acreencias le sean pagadas por no haber sido operada\n oportunamente la compensación, se viola el derecho de\n propiedad de la accionante, reconocido en el articulo 23, numeral\n 23 de la Constitución de la República, al tiempo\n que existe daño grave por privársele ilegítimamente\n de sus acreencias. Además, se ha violado el derecho de\n seguridad jurídica, reconocidos en el artículo\n 23, numeral 26 de la Constitución de la República,\n ya que la accionaste no tiene la certeza absoluta de que las\n normas jurídicas, en este caso las ya citadas del Código\n Civil, sean cumplidas a cabalidad, lo cual origina una incertidumbre\n sobre el pago completo de sus haberes:

\n\n

Que, los efectos de la concesión de la acción\n de amparo es suspender el acto administrativo impugnado; en consecuencia,\n por vía administrativa o judicial se debe resolver la\n compensación de créditos; y,

\n\n

Por las consideraciones expuestas se debe:

\n\n

1. Revocar la resolución venida en grado, y por consiguiente,\n admitir la acción de amparo propuesta por Beatriz María\n Sigcho Espinoza de Romero.

\n\n

2. Devolver el expediente al señor Juez Vigésimo\n Tercero de lo Civil de Pichincha para efectos del artículo\n 55 de la Ley de Control Constitucional.- Notifíquese.

\n\n

f) Dr. Marco Morales, Vocal.

\n\n

f) Dr. Oswaldo Cevallos, Vocal.

\n\n

f) Dr. Carlos Helou, Vocal.

\n\n

f) Dr. Ricardo Vanegas, Vocal.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

Es f del copia del original.- Quito, a 19 de septiembre del\n 2001.'

\n\n

f.) El Secretario General.

\n\n

 

\n\n

Nro. 176-2001-TP

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el Nro. 041-2000-TC

\n\n

ANTECEDENTES: El doctor Jaime del Castillo Alvarez, en su\n calidad de Gerente General y representante legal de la compañía\n Industria Licorera Embotelladora de Pichincha S.A. ILEPSA,

 

Change password



Loading..