Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 04 de diciembre de 2019 (R. O94, 04–diciembre -2019)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDO:

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA

DEL SECTOR PÚBLICO:

INMOBILIAR-DGSGI-2019-0014 Apruébese y expídese la Política para el tratamiento de datos personales

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA:

– Expídese el Primer Protocolo Modificatorio al Convenio de Cooperación y Mutuo Reconocimiento de Títulos Profesionales y Homologación de Estudios de Educación Superior entre la República del Ecuador y la República de Cuba

– Expídese el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Costa Rica para el Intercambio de Información en Materia de Cooperación Policial, para Contrarrestar el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Delincuencia Organizada Transnacional

– Expídese el Acuerdo por Canje de Notas entre la República del Ecuador y el Reino de Gran Bretaña para Reservar los Derechos y Obligaciones Derivados de la Aplicación del Acuerdo Comercial Multipartes, cuando el Reino Unido deje de ser Estado Miembro de la Unión Europea y el Acuerdo deje de aplicarse a dicho Reino

REGULACIONES:

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL:

DIR-109-2019 Refórmese la Normativa de la CFN

DIR-110-2019 Refórmese la Normativa de la CFN

Págs.

FUNCIÓN JUDICIAL

Y JUSTICIA INDÍGENA

RESOLUCIONES:

CONSEJO DE LA JUDICATURA:

187-2019 Apruébese el informe de resultados definitivos y declárese concluido el proceso de evaluación integral a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

DEFENSORÍA DEL PUEBLO:

107-DPE-CGAJ-2019 Expídese el Reglamento para la atención de casos de competencia

112-DPE-CGAJ-2019 Expídese la designación de la Comisión especial para la verdad y justicia, que realizará una investigación respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador entre el 03 y 16 de octubre de 2019

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA:

SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0237 Modifíquese la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0201 de 4 de julio de 2019

SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0270 Apruébese la fusión por absorción de la «Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza Ltda.», con domicilio en el cantón y provincia de Pastaza, a la «Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana», con domicilio en el cantón Cuenca, provincia del Azuay

SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0271 Apruébese la fusión por absorción de la «Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca», con domicilio en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, a la «Cooperativa de Ahorro y Crédito Águilas de Cristo», con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas

SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0290 Apruébese la fusión por absorción de la «Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Ltda.»., con domicilio en el cantón San José de Chimbo, provincia de Bolívar, a la «Cooperativa de Ahorro y Crédito del Artesano de la Asociación de Artesanos de Caluma», con domicilio en el cantón Caluma, provincia de Bolívar

No. INMOBILIAR-DGSGI-2019-0014

Nicolás José Issa Wagner

DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE

GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO

– INMOBILIAR

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.»;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.»;

Que, el artículo 128 del Código Orgánico Administrativo señala que, el acto normativo de carácter administrativo es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, que no se agota con su cumplimiento y de forma directa;

Que, la Disposición General Vigésima Sexta del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, establece: «Las entidades públicas y personas naturales o jurídicas privadas que tengan bajo su poder documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes sobre personas o sobre sus bienes, pondrán a disposición del público a través de un portal de información o página web la siguiente información y recursos:

  1. Los derechos que le asisten respecto de la protección de sus datos personales, entre ellos el derecho a conocer el uso que se haga de dicha información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos; y sus derechos a solicitar la rectificación, eliminación o anulación de sus datos personales;
  2. Detalle de las políticas y procedimientos institucionales para la protección de la privacidad de datos personales; y,
  3. Servicio de trámite en línea de las consultas y reclamos en materia de datos personales.»;

Que, el artículo 4 inciso primero de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, establece que: «Las instituciones del sector público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 3

administren bases o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es exclusiva de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información.»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 503, de 12 de septiembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 335 de 26 de septiembre de 2018, el Presidente de la República dispuso en su Artículo 1, lo siguiente: «El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, es un organismo de derecho público, dotado de personalidad jurídica, autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito. Ejercerá las facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión, administración y control de los bienes del sector público y de los bienes que disponga el ordenamiento jurídico que incluye las potestades de disponerlos, distribuirlos, custodiarlos, usarlos, enajenarlos, así como disponer su egreso y baja, además de las competencias y responsabilidades específicas derivadas de otros instrumentos jurídicos. »;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 5 de 24 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 16, de 16 de junio de 2017, se suprime la Secretaría Nacional de la Administración Pública y, se transfieren al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información las atribuciones respecto de:

«a. Gestionar la política y directrices emitidas para la gestión de la implementación del gobierno electrónico; y,

b. Desarrollar y coordinar planes, programas o proyectos sobre gobierno electrónico que sean necesarios para su implementación.»;

Que, mediante Acuerdo Nro. 12, de 11 de junio de 2019, publicado en el Registro Oficial Nro. 18 de 15 de agosto de 2019, suscrito por el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se expidió la «Guía para el tratamiento de datos personales en la Administración Pública Central»;

Que, la Disposición Transitoria Tercera de la «Guía para el tratamiento de datos personales en la Administración Pública Central», dispone que: «En el plazo de noventa (90) días contados a partir de la suscripción del presente Acuerdo, las entidades de la Administración Pública Central deberán elaborar, aprobar y publicar la Política para la protección de datos personales en los diferentes canales electrónicos que disponen para interactuar con los ciudadanos.»;

Que, mediante Resolución No. 01 de 02 de junio de 2017, suscrita por el señor Eduardo Enrique Mangas Mairena, Presidente del Comité de Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, resolvió, designar al

señor Nicolás José Issa Wagner como Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR;

Que, mediante Memorando Nro. INMOBILIAR-DSPPP-2019-0215-M de 25 de octubre de 2019, el Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos de INMOBILIAR, solicita a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, se expida el correspondiente instrumento legal para aprobar y proceder con la publicación en la página web de INMOBILIAR de la «Política para el tratamiento de datos personales en el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR»;

En ejercicio de las facultades y atribuciones establecidas en la Constitución y Leyes vigentes de la República del Ecuador,

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar y expedir la «POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO – INMOBILIAR».

Artículo 2.- Disponer que la «POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO – INMOBILIAR», se aplique con carácter obligatorio por parte de las y los funcionarios, servidores, y trabajadores del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

Artículo 3.- Encárguese de la ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo, al titular de la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos de INMOBILIAR.

Artículo 4.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de octubre de 2019.

f.) Nicolás José Issa Wagner, Director General del Servicio de Gestión Inmobiliar del Sector Público – INMOBILIAR.

Política para el tratamiento de datos personales en el

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público –

INMOBILIAR

I. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La presente política se encuentra estructurada con la siguiente información:

  1. Alcance
  2. Datos que se recolecta
  3. Finalidad

4 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

  1. Proceso para ejercer derecho de Acceso y Rectificación
  2. Notificación cuando existan cambios en la política de privacidad
  3. Uso de cookies
  4. Medidas para precautelar la seguridad de los datos personales
  5. Base legal que sustenta el tratamiento de los datos

1. Alcance

Esta política de privacidad se aplica a todos los datos personales recolectados a través de la página web institucional del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR como www.inmobiliar.gob.ec, www.inmobiliariapublica.ec.

En el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR todos los funcionarios que realizan el tratamiento de los datos personales, suscriben acuerdos de confidencialidad de la información.

2. Datos que se recolecta

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR recopila los siguientes datos personales en línea:

– Tipo de documento de identidad (cédula de ciudadanía, pasaporte, DIN

– Número de documento de identidad

– Nombres y apellidos

– Correo electrónico

– Fecha de expedición del documento de identidad

– Género

– Nacionalidad indígena

– Pueblo

– País de residencia

– Provincia de residencia

– Ciudad de residencia

– Dirección del domicilio

– Número telefónico fijo

– Número telefónico celular

– Código postas de tu lugar de residencia

– Preguntas personales de seguridad.

PRÁCTICAS DE REGISTRO

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR registra automáticamente las direcciones de Protocolo de Internet (IP) de los visitantes. La dirección IP es un número único asignado a cada computadora en Internet. En general, una dirección IP que cambia cada vez que se conecta a Internet es una dirección dinámica. Sin embargo, tenga en cuenta que, con algunas conexiones de banda ancha, su dirección IP es estática y podría estar asociada a su computadora personal.

Hacemos un seguimiento de las páginas visitadas en el sitio web del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR, la cantidad de tiempo que pasa en esas páginas y los tipos de búsquedas realizadas en ellas. Sus búsquedas permanecen confidenciales y anónimas. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR utiliza esta información solo con fines estadísticos para averiguar que páginas encuentran los usuarios más útiles y para mejorar el sitio web.

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR también almacena los datos que usted trasmite. Esto puede incluir:

  • Navegador/ tipo de dispositivo / versión.
  • Sistema operativo utilizado.
  • Dirección de control de acceso a medios (MAC)
  • Fecha y hora de la solicitud del servidor.
  • Volumen de datos transferidos.

3. Finalidad

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR utiliza información personal para los siguientes fines:

– Para procesar transacciones. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR usa información personal como el nombre, la dirección física, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico.

– Para proporcionar soporte u otros servicios. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR puede usar su información personal para proporcionarle asistencia u otros servicios que haya solicitado o solicitado. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR también puede usar su información personal para responder directamente a sus solicitudes de información.

– Para proporcionar información basada en sus necesidades y responder a sus solicitudes. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 209 – 5

– INMOBILIAR puede usar su información personal para proporcionarle avisos de nuevos lanzamientos de productos y desarrollos de servicios

– Para administrar servicios. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR puede contactarlo para confirmar cierta información.

– Para evaluar el uso de los productos y servicios. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR puede rastrear el uso de los servicios para determinar su nivel de uso, y esas estadísticas son para uso exclusivo de esta entidad

– Para comunicarnos con usted acerca de una reunión, conferencia o evento organizado o copatrocinado por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR. Esto puede incluir información sobre el contenido del evento, la logística del evento, las actualizaciones y la información adicional relacionada con el evento.

– Para proteger contenidos y servicios. Podemos usar su información para prevenir actividades potencialmente ilegales y hacer cumplir nuestros términos y condiciones. También utilizamos una variedad de sistemas tecnológicos para detectar y abordar actividades anómalas y para analizar el contenido a fin de evitar abusos, como el spam.

Datos personales de niño

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR no recopila datos de o sobre niños sin el permiso de los padres o tutores. Si nos enteramos de que hemos recopilado información personal de un niño, eliminaremos esa información lo más rápido posible. Si cree que podemos tener alguna información de o sobre un niño, contáctenos.

4. Proceso para ejercer derecho de Acceso y Rectificación

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR reconoce a los titulares de datos personales el Acceso y Rectificación al tratamiento que se realice sobre sus datos, para lo cual debe seguir el respectivo proceso, ingresando al siguiente enlace:

https://aplicaciones.administracionpublica.gob.ec/

Derecho de Acceso

De acuerdo al Art. 9 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública sobre la Responsabilidad sobre la entrega de la Información Pública, donde se detalla que «El titular de la entidad o representante legal, será el responsable y garantizará la atención suficiente y necesaria a la publicidad de la información pública, así como su libertad de acceso.

Su responsabilidad será recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información, en el plazo perentorio de diez días, mismo que puede prorrogarse por cinco días más, por causas debidamente justificadas e informadas al peticionario.»

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR, en su objetivo de cumplir con los procesos de transparencia, a través de la Unidad de Comunicación Social, recibe solicitudes de la ciudadanía mediante el enlace Contacto Ciudadano, que responde al sistema de preguntas, quejas, solicitudes de información pública, sugerencias y felicitaciones, mismas que son atendidas de forma oportuna dentro del plazo de 8 días a partir de la recepción de los mismos.

Para dar cumplimiento, El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR, cumple el siguiente procedimiento:

  1. Una vez se reciba la inquietud ciudadana, es receptada por la Unidad de Comunicación, quién revisa la pregunta, y transmite vía correo electrónico al área competente de la institución quién proporcionará la respuesta oportuna, dentro del plazo máximo de 8 días.
  2. Luego de enviar el requerimiento, el área competente proporciona la respuesta para el ciudadano.
  3. La Unidad recibe la respuesta, la estructura y adecua de forma comunicacional y de fácil comprensión para el usuario, y brinda respuesta inmediata mediante la opción de Contacto Ciudadano, establecida en el sitio web institucional.
  4. Una vez publicada la respuesta en el sistema de Contacto ciudadano, este cierra el proceso de cada pregunta.

Derecho de Rectificación

En el caso de detectar errores de omisión, como errores tipográficos u ortográficos o no se encuentre dentro de las competencias de El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR, se realiza el mismo procedimiento, se investiga y brinda respuesta direccionando o recomendando la entidad competente que puede atender dicha solicitud, o información útil al usuario para realizar su trámite.

5. Notificaciones cuando existan cambios en la política de privacidad

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR puede actualizar su Política de Privacidad cuando sea necesario.

Si realizamos cambios sustanciales, le notificaremos por correo o mediante un aviso en este sitio web antes de que el cambio entre en vigencia.

Le recomendamos que revise periódicamente esta página para obtener la información más reciente sobre nuestras prácticas de privacidad.

6 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

6. Uso de cookies

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR puede utilizar sus datos personales, incluidos los datos recopilados como resultados de la navegación del sitio y los protocolos y registros electrónicos para ayudar a crear y personalizar el contenido del sitio web, mejorar la calidad del sitio web, realizar un seguimiento de la capacidad de respuesta de los servicios entregados.

No compartimos sus datos personales sin su consentimiento. Cuando hace clic o interactúa con un anuncio, existe la posibilidad de que el anunciante pueda colocar una cookie en su navegador con sus propias condiciones de uso.

7. Medidas para precautelar la seguridad de los datos personales

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR protege la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información al seguir un enfoque de administración de riesgos basado en políticas, estándares pautas y procedimientos para cumplir con los objetivos de seguridad al tiempo que respalda los objetivos.

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR utiliza el protocolo HTTPS para brindar seguridad en el uso de este canal electrónico.

Mitiga los riesgos utilizando el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI).

8. Base legal que sustenta el tratamiento de los datos

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR fundamenta el tratamiento que da a los datos personales en los siguientes instrumentos legales:

  • Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos – COESCCI, Disposiciones Generales, VIGÉSIMA SÉPTIMA.- «…El tratamiento de datos personales que incluya acciones tales como recopilación, sistematización y almacenamiento de datos personales, requerirá la autorización previa e informada del titular.

No se requerirá de la autorización del titular cuando el tratamiento sea desarrollado por una institución pública y tenga una finalidad estadística o científica; de protección a la salud o seguridad; o sea realizado como parte de una política pública de garantía de derechos constitucionalmente reconocidos…»

  • Decreto Ejecutivo No. 1384, diciembre 2012, que establece como política pública el desarrollo de la interoperabilidad gubernamental que consiste en el esfuerzo mancomunado y permanente de todas las entidades de la Administración Pública Central, para compartir e intercambiar entre ellas, por medio de las

tecnologías de la información y comunicación, datos e información electrónicos que son necesarios en la presentación de los trámites y servicios ciudadanos que presentan las entidades, así como en gestión interna e interinstitucional.

II. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

El uso de este portal o de cualquiera de sus componentes, implica la aceptación expresa de los términos y condiciones de uso.

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR dispone de los portales web www.inmobiliar.gob.ec, www.inmobiliariapublica.ec y para presentar información a los ciudadanos sobre la gestión que lleva adelante.

Los datos que han recibido tratamiento estadístico pueden están disponibles en formatos abiertos, para facilitar su utilización.

Los trámites, servicios, transacciones o movimientos que se realicen después de las diecisiete horas treinta o en día inhábiles, se considerarán realizados al día hábil siguiente.

Responsabilidad

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR solamente será responsable del tratamiento y uso de los datos personales que recabe en forma directa a través de los canal electrónicos incluidos en los portales web www.inmobiliar.gob.ec, www.inmobiliariapublica.ec, a través de la línea telefónica 1800 INMOBILIAR (466624) y el correo electrónico [email protected].

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR se deslinda de cualquier responsabilidad que pueda generar al usuario por cualquier uso inadecuado o contrario a los canales electrónicos antes mencionados.

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR no se hace responsable por la veracidad o exactitud de la información contenida en los enlaces a otros sitios web o que haya sido entregada por terceros.

Son obligaciones del usuario

  • No dañar, inutilizar, modificar o deteriora los canales electrónicos a los que está teniendo acceso, ni los contenidos incorporados y almacenados en éstos.
  • No utilizar versiones de sistemas modificados con el fin de obtener accesos no autorizados a cualquier canal electrónico, contenido y/o servicios ofrecidos a través de estos.
  • No interferir ni interrumpir el acceso, funcionalidad y utilización de canales electrónicos y redes conectados al mismo.

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 7

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA

PRIMER PROTOCOLO MODIFICATORIO

AL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y

MUTUO RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS

PROFESIONALES Y HOMOLOGACIÓN DE

ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR ENTRE

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA REPÚBLICA

DE CUBA

El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Cuba, en adelante, «las Partes» en el presente protocolo.

Acogiendo lo dispuesto en el artículo 15 del «Convenio de Cooperación y Mutuo Reconocimiento de Títulos Profesionales y Homologación de Estudios de Educación Superior entre la República del Ecuador y la República de Cuba , suscrito el 13 de noviembre del año 2002»;

Considerando que el marco constitucional y legal al amparo del cual se suscribió el «Convenio de Cooperación y Mutuo Reconocimiento de Títulos Profesionales y Homologación de Estudios de Educación Superior entre la República del Ecuador y la República de Cuba» ha sufrido cambios radicales;

Con el objetivo de adoptar procedimientos actuales que permitan superar inconvenientes para un efectivo equitativo y ágil reconocimiento de títulos superiores y homologación de estudios de educación superior de una Parte por los organismos oficiales competentes de la otra Parte, de conformidad con las leyes de esta última;

Reafirmando los lazos que estrechan vínculos de amistad que unen a ambos pueblos a través de una cooperación para una real integración en áreas de educación superior, ciencia tecnología e innovación;

Convienen:

ARTÍCULO 1

Por medio de este instrumento las Partes convienen en modificar el texto del contenido en el Convenio de Cooperación y Mutuo Reconocimiento de Títulos Profesionales y Homologación de estudios de Educación Superior entre la República del Ecuador y la República de Cuba, suscrito con fecha 13 de noviembre de 2002 de la siguiente manera:

1. Eliminar en su totalidad los artículos 10, 12 y 16.

  1. Remplazar la numeración contenida en el texto del Convenio específicamente de los artículos 11,13, 14 y 15 por la numeración 10, 11,12 y 13 respectivamente.
  2. Modificar íntegramente los textos contenidos en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9 por los siguientes:

«ARTÍCULO 1

Las Partes reconocerán los títulos profesionales y grados académicos conferidos por las universidades y/o escuelas politécnicas del otro país siempre que cuenten con reconocimiento oficial de la otra Parte de este Convenio. En el caso de los títulos doctorales emitidos en ambos países, estos además deberán cumplir con los requisitos académicos mínimos establecidos en la normativa correspondiente para su otorgamiento en cada uno de los países.

El reconocimiento se lo llevará a cabo en los respectivos organismos oficiales de cada Parte siendo en el caso de la República del Ecuador, la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación(SENESCYT), y el Ministerio de Educación Superior (MES), en el caso de la República de Cuba.

ARTÍCULO 2

Para tal fin las Partes reconocerán los títulos profesionales, grados académicos y grados científicos conferidos por las universidades y/o escuelas politécnicas que cuenten con reconocimiento oficial del Gobierno de la República de Cuba, el Departamento Jurídico y la Dirección de Educación de Postgrado del Ministerio de Educación Superior para títulos profesionales y Maestrías respectivamente; la Comisión Nacional de Grados Científicos para los grados científicos y de la República del Ecuador por el Consejo de Educación Superior (CES) y Consejo de Evaluación, Acreditación y aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES).

ARTÍCULO 3

Para efectos del presente convenio se entenderá como reconocimiento, la validez oficial por una de las Partes, de los estudios superiores realizados en universidades y/o escuelas politécnicas, del otro Estado, acreditadas en forma legal mediante documentos oficiales, sea por títulos profesionales y grados académicos, debidamente legalizados, de conformidad con las leyes vigentes de cada Parte y con los tratados vigentes entre ellas.

ARTÍCULO 4

Los títulos reconocidos por una de las Partes habilitarán a su titular para el ingreso y prosecución de sus estudios en el nivel correspondiente de formación superior, previo cumplimiento de todos los requisitos exigibles de acuerdo a lo establecido en la legislación interna de cada Parte.

El presente Convenio no altera en ninguna forma lo determinado por la legislación interna de cada Parte respecto a la habilitación para el ejercicio profesional, debiendo cumplirse con los requisitos que la institución competente para dicho efecto y el ordenamiento jurídico de cada una de éstas determine.

Tales requisitos en ningún caso podrán suponer discriminación por razón de la nacionalidad.

8 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Regitro Oicial N° 94

ARTICULO 5

La Secretarla de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación (SENESCYT), y el Ministerio de Educación Superior (MES), establecerán los requisitos que deben acreditar los interesados para obtener el reconocimiento de su documento académico oficial, sin prejuicio de que ambos organismos nacionales intercambien información acerca de las instituciones oficiales, así como los grados académicos programas, planes de estudio y títulos profesionales que se otorguen en cada país.

El reconocimiento procederá siempre que esos títulos y/o grados académicos:

  1. Guarden equivalencia, en cuanto al nivel de formación y/o grado académico en la Parte que se otorgue el reconocimiento; y
  2. Sean emitidos por universidades y/o escuelas politécnicas acreditadas en cada país por el ente correspondiente.

ARTÍCULO 6

La autenticidad de todos los documentos señalados en el párrafo anterior, se establecerá mediante la legalización correspondiente.

ARTÍCULO 7

Cumplidas las formalidades para el reconocimiento del título o grado académico, este deberá ser reconocido y autorizado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) para su registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), en el caso del Ecuador, y el Departamento jurídico, la Dirección de Educación y Postgrado del Ministerio de Educación Superior (MES) para títulos profesionales y maestrías respectivamente; la Comisión Nacional de Grados Científicos para los grados científicos, en el caso de Cuba.

ARTÍCULO 8

Es competencia de SENESCYT el registro de títulos, luego de lo cual, cada interesado deberá realizar el trámite correspondiente ante el órgano o institución competente, a fin de obtener la habilitación profesional conforme lo establece el ordenamiento jurídico interno de cada una de las Partes.

ARTÍCULO 9

Las Partes deberán notificar e intercambiar información mutuamente sobre cualquier clase de cambio de la legislación y/o normativa aplicable a las Universidades y Escuelas Politécnicas, y/o sobre la creación de nuevas instituciones por vía diplomática. «

ARTÍCULO 2

El presente Protocolo modificatorio se aplicará provisionalmente desde la fecha de su firma y entrará en

vigor en la fecha de la última nota diplomática mediante la cual una de las Partes notifique a la otra el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para el efecto.

ARTÍCULO 3

Las Partes se ratifican en todas y cada una de las disposiciones contenidas en el «Convenio de Cooperación y Mutuo Reconocimiento de Títulos Profesionales y Homologación de Estudios de Educación Superior entre la República del Ecuador y la República de Cuba», suscrito el 13 de noviembre del año 2002, que no hayan sido modificadas por el presente Protocolo.

Suscrito en la ciudad de La Habana, el día 14 del mes de febrero del 2018, en dos originales en idioma castellano siendo los dos (2) textos igualmente idénticos.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

f.) María Augusta Calle Andrade, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA

f.) José Ramón Saborido Loidi, Ministro de Educación Superior.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.- Certifico que es fiel copia del documento que se encuentra en los archivos de la Dirección de Asesoría Jurídica en Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.-Quito, a 25 de octubre de 2019.- f.) Ilegible.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DÉLA

REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA EL

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN

MATERIA DE COOPERACIÓN POLICIAL, PARA

CONTRARRESTAR EL TRÁFICO ILÍCITO

DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS

PSICOTRÓPICAS Y LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA TRANSNACIONAL

El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Costa Rica en adelante denominados «las Partes»;

CONSCIENTES que el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Delincuencia Organizada Transnacional ha trascendido al ámbito internacional, haciendo necesaria la corresponsabilidad de los Estados

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 9

en el establecimiento de mecanismos de colaboración que permitan investigar para prevenir eficazmente estos flagelos;

TENIENDO PRESENTE que la República del Ecuador y la República de Costa Rica, son países partes de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Transnacional;

RATIFICANDO la importancia de desarrollar mecanismos de coordinación internacional, adecuados para investigar y prevenir la delincuencia en todas sus formas y manifestaciones; y,

CONVENCIDOS de la relevancia que en la actualidad reviste el intercambio de información de interés para ambas Partes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y con respeto a la soberanía de cada Estado, las Partes acuerdan la suscripción del presente Memorándum de Entendimiento, al tenor de la siguiente articulación:

ARTÍCULO 1

OBJETIVO GENERAL

El presente Memorándum de Entendimiento, tiene como objetivo establecer un mecanismo de cooperación, que permita el intercambio de información de forma fluida, continua, segura, oportuna y eficaz, para que facilite a «Las Partes» realizar acciones orientadas a contrarrestar al Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Delincuencia Organizada Transnacional.

ARTÍCULO 2

OBJETIVO ESPECÍFICOS

La cooperación prevista en el presente Memorándum tendrá los siguientes objetivos específicos:

  1. Intercambio de información considerada no procesal;
  2. Intercambio de buenas prácticas;
  3. Detección de todo tipo de operaciones trasnacionales relacionadas con el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delincuencia Organizada Transnacional;
  4. Identificación de las organizaciones trasnacionales dedicadas al Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delincuencia Organizada Transnacional;
  5. Identificación de rutas utilizadas para el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Delincuencia Organizada Transnacional, en sus distintas modalidades;
  6. Identificación de blancos específicos y alerta temprana en ambos países;

g) Coordinación de investigaciones que permitan posibles acciones simultáneas en el territorio de cada país, con estricto respeto a la legislación nacional aplicable en la República del Ecuador y en la República de Costa Rica, así como a la competencia de «Las Partes»; y,

h) Cualquier otro objetivo de carácter operativo que las Partes convengan, relacionado con las áreas de cooperación previstas en el presente Memorándum.

ARTÍCULO 3

AÉREAS Y MODALIDADES DE

COOPERACIÓN

Las Partes acuerdan que las actividades de cooperación a que se refiere el presente Memorándum de Entendimiento se llevarán a cabo a través de las siguientes modalidades:

  1. Intercambio de información relacionada con las rutas detectadas en el territorio ecuatoriano hacia el territorio costarricense y viceversa, así como formas de operar utilizadas por los antisociales;
  2. Intercambio de información relacionada con los modos o sistemas de camuflaje / ocultamiento detectados en ambos territorios;
  3. Intercambio de información sobre tendencias, modus operandi, estadísticas, prófugos de la justicia, organizaciones criminales, estructura y contactos de las presuntas organizaciones delictivas;
  4. Intercambio de información sobre los esfuerzos nacionales llevados a cabo en materia de interdicción de las Organizaciones Delictivas Transnacionales;
  5. Intercambio de información sobre organizaciones costarricenses y ecuatorianas dedicadas al Tráfico Ilícito de Drogas, que desarrollan sus actividades a nivel trasnacional;
  6. Intercambio de información sobre las zonas de operación de las organizaciones delictivas trasnacionales identificadas (mapeos georeferenciales);
  7. Intercambio de Información sobre posibles blancos involucrados en el tráfico ilícito de drogas;
  8. Intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre modelos de gestión y operación policial, pudiendo incluir pasantías y asesoría in situ;
  9. Asistencia mutua en el área técnico-científica, informática y de telecomunicaciones aplicada a la investigación, prevención y operaciones policiales;
  10. Capacitación de personal a través de cursos, talleres o seminarios, con la finalidad de actualizar los conocimientos sobre nuevos escenarios, tendencias,

10 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

modalidades de camuflaje, metodologías y procedimientos para incrementar la capacidad operativa y establecer nuevas estrategias de control; y,

k) Cualquier otra modalidad de cooperación que las Partes convengan mutuamente.

Las Partes no estarán obligadas a cooperar en aquellas modalidades respecto de las cuales exista prohibición interna derivada de una ley, normativa institucional o costumbre.

ARTÍCULO 4

COMPETENCIA

Las Partes se comprometen a efectuar el intercambio de información a que se refiere el presente Memorándum, con absoluto respeto a sus respectivas competencias, directivas institucionales y legislación nacional aplicable.

Las Partes cumplirán las obligaciones que se deriven del presente Memorándum de Entendimiento, con base en los principios de autodeterminación, reciprocidad, no intervención en asuntos internos, igualdad jurídica y respeto a la integridad territorial de los Estados, ejerciendo jurisdicción únicamente en su propio Estado y absteniéndose de realizar funciones que el derecho interno del otro Estado reserve a sus autoridades.

El presente Memorándum de Entendimiento no tiene relación alguna con los temas relacionados con la asistencia judicial internacional.

ARTÍCULO 5

REPRESENTANTES DE LAS PARTES

Para garantizar una adecuada coordinación, seguimiento y evaluación de la implementación del presente Memorándum de Entendimiento, las Partes designan como puntos de contacto a las siguientes unidades administrativas:

Por Parte del Ministerio del Interior de la Policía Nacional del Ecuador:

La Comandancia General de la Policía Nacional a través de la Unidad de Información y Coordinación Conjunta de la Dirección Nacional de Antinarcóticos, ubicada en la Avenida República Dominicana N84-137 y Andrés Guillen, teléfono No.(593) 2 2479-956 y correo electrónico: [email protected]

Por parte del Ministerio de Seguridad Pública de la República de Costa Rica:

La Dirección de la Policía de Control de Drogas, a través del señor Director Comisario Alian Solano Aguilar, ubicada en San José, Costa Rica, contiguo a la Oficina de

Correos de la Y Griega, teléfono No. (506)2227-5352 y correo electrónico: [email protected] o [email protected].

Cualquier cambio que se presente relacionado con el punto de contacto designado, se notificará a la otra Parte por escrito.

ARTÍCULO 6

PERSONAL DESIGNADO

El personal comisionado por cada una de las Partes para la ejecución de las actividades de cooperación continuará bajo la dirección y dependencia de la institución a la que pertenezca, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra Parte, a la que en ningún caso se considerará empleador solidario o sustituto.

Las Partes realizarán las gestiones necesarias ante sus autoridades competentes, a fin de que se otorguen las facilidades necesarias para la entrada, permanencia y salida de los participantes que en forma oficial intervengan en las actividades de cooperación que se deriven del presente Memorándum de Entendimiento. Estos participantes se someterán a las disposiciones migratorias, fiscales, aduaneras, sanitarias y de seguridad nacional vigentes en el país receptor y no podrán dedicarse a ninguna actividad ajena a sus funciones. Los participantes dejarán el país receptor de conformidad con las leyes y disposiciones del mismo.

Las Partes promoverán que su personal participante en las actividades de cooperación cuente con seguro médico, de daños personales y de vida, a efecto de que de resultar un siniestro del desarrollo de tales actividades, que amerite reparación del daño o indemnización, ésta sea cubierta por la institución de seguros correspondiente.

ARTÍCULO 7

REUNIONES DE COORDINACIÓN Y

SEGUIMIENTO

Cualquiera de las Partes podrá convocar a reuniones de coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades de cooperación que se desarrollen al amparo del presente Memorándum de Entendimiento, convocando al menos con sesenta (60) días de antelación, especificando la agenda temática y/o el programa de la misma, salvo que por la sensibilidad o urgencia del tema a tratar, las Partes requieran convocar una reunión de forma inmediata, mediante notificación entre sus representantes, con cuarenta y ocho (48) horas de antelación como mínimo.

ARTÍCULO 8

FINANCIAMIENTO

Las partes financiaran el intercambio de información a que se refiere el presente Memorándum con los recursos asignados en sus respectivos presupuestos, de conformidad

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 11

con su disponibilidad, afectación presupuestal y lo dispuesto por su legislación nacional.

Cada Parte sufragará los gastos relacionados con su participación, excepto en el caso de que puedan utilizarse mecanismos de financiamiento alternos para actividades específicas, según se considere apropiado.

ARTÍCULO 9

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información intercambiada de conformidad con el presente Memorándum solamente podrá utilizarse para los fines mencionados en el presente instrumento y no será divulgada a terceros, sin el consentimiento previo y por escrito de la Parte que la proveyó, y no se utilizará como prueba en ningún procedimiento legal, a menos se solicite así, de conformidad con otros instrumentos internacionales vinculantes para las Partes.

Estas medidas deberán observarse aún después de terminado el presente Memorándum de Entendimiento.

ARTÍCULO 10

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Las actividades a que se refiere el presente Memorándum, no afectarán los derechos y las obligaciones que las Partes hayan adquirido en virtud de otros instrumentos internacionales.

ARTÍCULO 11

VIGENCIA

El presente Memorándum de Entendimiento comenzará a regir a partir de la fecha de la última comunicación en la que las Partes se notifiquen mutuamente, por la vía diplomática, que han cumplido con los requisitos legales internos para su entrada en vigencia y hasta que cualquiera de las Partes exprese por escrito y con una antelación mínima de dos meses su voluntad de poner término a la cooperación institucional fundada en este instrumento.

ARTÍCULO 12

MODIFICACIÓN DEL MEMORÁNDUM

Podrán introducirse al presente documento, de común acuerdo y por escrito, cuantas modificaciones o adiciones se estimen pertinentes y entrarán en vigencia, de acuerdo con el artículo 11 de este Memorándum.

Firmado en San José, el diez de abril del dos mil dieciocho, en dos copias originales, siendo igualmente auténticos ambos textos.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

f.) Claudio Cevallos Berrazueta, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

f.) Luis Gustavo Mata Vega, Ministro de Seguridad Pública y Ministro de Gobernación y Policía.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.- Certifico que es fiel copia del documento que se encuentra en los archivos de la Dirección de Asesoría Jurídica en Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.-Quito, a 25 de octubre de 2019.- f.) Ilegible.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA

Nota No. MREMH-MREMH-2019-25041-N

Quito, a 23 de octubre de 2019

A la Embajada de Su Majestad Británica

Quito. –

Excelencia:

Tengo el honor de confirmar recepción de su Nota No. 064 con fecha de 23 de octubre de 2019 que indica lo siguiente:

Su Excelencia,

Tengo el honor de referirme a las conversaciones que han tenido lugar entre nuestros dos Gobiernos concernientes al Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia, Ecuador y Perú, por otra parte, suscrito en Bruselas el 26 de junio de 2012, según ha sido enmendado por los Protocolos del 30 de junio de 20151 y del 11 de noviembre de 20162, (en adelante, Acuerdo Comercial Multipartes), que viene siendo aplicado al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, el Reino Unido), en su condición de Estado Miembro de la Unión Europea, y a la República de Ecuador (en adelante, Ecuador) (juntos, los Participantes), con el ánimo de preservar los derechos y obligaciones derivados de la aplicación del Acuerdo

1 Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, para tener en cuenta la Adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea.

2 Protocolo de Adhesión del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, para tener en cuenta la Adhesión de Ecuador.

12 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

Comercial Multipartes cuando el Reino Unido deje de ser Estado Miembro de la Unión Europea y cuando el Acuerdo Comercial Multipartes deje de aplicarse al Reino Unido.

En ese sentido, considerando que el Acuerdo Comercial Multipartes dejará de aplicarse al Reino Unido una vez que éste deje de ser Estado Miembro de la Unión Europea, tengo el honor de proponer que, por voluntad de ambos Estados y con la intención de mantener el marco que rige las relaciones comerciales entre nuestros países, ambos Gobiernos lleguen a un entendimiento para que los efectos del Acuerdo Comercial Multipartes entre la Unión Europea y Ecuador se apliquen, mutatis mutandis, entre el Reino Unido y Ecuador, de manera temporal, teniendo en consideración el Acuerdo Comercial entre el Reino Unido, de una parte, y Colombia, Ecuador y Perú, de otra (en adelante, el Acuerdo Comercial), firmado en Quito el 15 de mayo de 20193. Queda entendido asimismo que la extensión, mutatis mutandis, de los efectos del Acuerdo Comercial Multipartes tomará en cuenta el hecho de que el Reino Unido ya no será Estado Miembro de la Unión Europea. Con respecto a esta propuesta, el entendimiento de los Participantes sobre la proporción de los contingentes arancelarios y los contingentes de origen, y sobre el enfoque de las reglas de origen y las salvaguardias agrícolas establecidos en el Acuerdo Comercial Multipartes que se aplicarán durante este entendimiento temporal, y una Declaración Conjunta sobre Indicaciones Geográficas, se detallan en los Anexos A-D de esta Nota, y se aplicarán de conformidad con la legislación interna de cada país.

En segundo lugar, tengo el honor de proponer que este entendimiento temporal continúe, a menos que cualquier Participante decida lo contrario y lo comunique mediante un aviso por escrito con un mes de anticipación, hasta que transcurran nueve meses desde que este entendimiento se haga efectivo o hasta que el Acuerdo Comercial entre Ecuador y Reino Unido entre en vigor, lo que ocurra primero. El periodo de nueve meses puede ser ampliado por acuerdo mutuo entre los Participantes.

En tercer lugar, tengo el honor de proponer que para apoyar la aplicación, mutatis mutandis, de los efectos y disposiciones del Acuerdo Comercial Multipartes y a fin de canalizar asuntos de naturaleza práctica y operativa, ambos Estados aprueben que se establezcan como puntos focales al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, por parte de Ecuador, y al Departamento de Comercio Internacional, por parte del Reino Unido. El Comité de Comercio a que se refiere el artículo 12 del Acuerdo Comercial Multipartes, según se aplica entre el Reino Unido y Ecuador, puede también constituir un foro para que nuestros Gobiernos se reúnan a discutir el funcionamiento de este Acuerdo.

A mérito de lo expuesto, tengo el honor de proponer que la presente Nota y su respuesta afirmativa, ambas igualmente válidas en idiomas español e inglés, constituyan un

3 Para mayor certeza, este entendimiento no aplicará a las Bases Aéreas Soberanas de Akrotiri y Dhekelia en la República de Chipre.

entendimiento entre nuestros dos Gobiernos, con efecto desde el momento en que el Reino Unido deje de ser Estado Miembro de la Unión Europea y cuando el Acuerdo Comercial Multipartes deje de aplicarse a Reino Unido, con el fin de fortalecer nuestra cooperación y desarrollo económico mutuo.

Hago propicia la ocasión para renovar a Su Excelencia las seguridades de mi más alta consideración».

Tengo el honor de informarle que mi Gobierno comparte el entendimiento de lo expresado en su Nota así como en sus Anexos.

Hago propicia la ocasión para renovar a Su Excelencia las seguridades de mi más alta consideración.

f.) Emb. Cristian Espinosa, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (S).

Nota No. 064/2019

La Embajada de Su Majestad Británica saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana – Despacho del Ministro – y tiene el honor de referirse a las conversaciones que han tenido lugar entre nuestros dos Gobiernos en relación con el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia, Ecuador y Perú, por otra parte, suscrito en Bruselas el 26 de junio de 2012, según ha sido enmendado por los Protocolos del 30 de junio de 20151 y del 11 de noviembre de 20162, (en adelante, el Acuerdo Comercial Multipartes), que viene siendo aplicado al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, el Reino Unido), en su condición de Estado Miembro de la Unión Europea, y a la República de Ecuador (en adelante, Ecuador) (juntos, los Participantes), con el ánimo de preservar los derechos y obligaciones derivados de la aplicación del Acuerdo Comercial Multipartes cuando el Reino Unido deje de ser Estado Miembro de la Unión Europea y cuando el Acuerdo Comercial Multipartes deje de aplicarse al Reino Unido.

En ese sentido, considerando que el Acuerdo Comercial Multipartes dejará de aplicarse al Reino Unido una vez que éste deje de ser Estado Miembro de la Unión Europea, la Embajada de Su Majestad Británica, tiene el honor de proponer que, por voluntad de ambos Estados y con la intención de mantener el marco que rige las relaciones

1 Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, para tener en cuenta la Adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea.

2 Protocolo de Adhesión del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, para tener en cuenta la Adhesión de Ecuador.

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de019 – 13

comerciales entre nuestros países, ambos Gobiernos lleguen aun entendimiento para que los efectos del Acuerdo Comercial Multipartes entre la Unión Europea y Ecuador se apliquen, mutatis mutandis, entre el Reino Unido y Ecuador, de manera temporal, teniendo en consideración el Acuerdo Comercial entre el Reino Unido, de una parte, y Colombia, Ecuador y Perú, de otra (en adelante, el Acuerdo Comercial), firmado en Quito el 15 de mayo de 20193. Queda entendido asimismo que la extensión, mutatis mutandis, de los efectos del Acuerdo Comercial Multipartes tomará en cuenta el hecho de que el Reino Unido ya no será Estado Miembro de la Unión Europea. Con respecto a esta propuesta, el entendimiento de los Participantes sobre la proporción de los contingentes arancelarios y los contingentes de origen, y sobre la estrategia de las reglas de origen y las salvaguardias agrícolas establecidos en el Acuerdo Comercial Multipartes que se aplicarán durante este entendimiento temporal, y una Declaración Conjunta sobre Indicaciones Geográficas, se detallan en los Anexos A-D de esta Nota, y se aplicarán de conformidad con la legislación interna de cada país.

En segundo lugar, la Embajada de Su Majestad Británica tiene el honor de proponer que este entendimiento temporal continúe, a menos que cualquier Participante decida lo contrario y lo comunique mediante un aviso por escrito con un mes de anticipación, hasta que transcurran nueve meses desde que este entendimiento se haga efectivo o hasta que el Acuerdo Comercial entre Ecuador y Reino Unido entre en vigor, lo que ocurra primero. El periodo de nueve meses puede ser ampliado por acuerdo mutuo entre los Participantes.

En tercer lugar, la Embajada de Su Majestad Británica tiene el honor de proponer que para apoyar la aplicación, mutatis mutandis, de los efectos y disposiciones del Acuerdo Comercial Multipartes y a fin de canalizar asuntos de naturaleza práctica y operativa, ambos Estados aprueben que se establezcan como puntos focales al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, por parte de Ecuador, y al Departamento de Comercio Internacional, por parte del Reino Unido. El Comité de Comercio a que se refiere el artículo 12 del Acuerdo Comercial Multipartes, según se aplica entre el Reino Unido y Ecuador, puede también constituir un foro para que nuestros Gobiernos se reúnan a discutir el funcionamiento de este Acuerdo.

A mérito de lo expuesto, la Embajada de Su Majestad Británica tiene el honor de proponer que la presente Nota y su respuesta afirmativa, ambas igualmente válidas en idiomas español e inglés, constituyan un entendimiento entre nuestros dos Gobiernos, con efecto desde el momento en que el Reino Unido deje de ser Estado Miembro de la Unión Europea y cuando el Acuerdo Comercial Multipartes deje de aplicarse a Reino Unido, con el fin de fortalecer nuestra cooperación y mutuo desarrollo económico.

3 Para mayor certeza, este entendimiento no aplicará a las Bases Aéreas Soberanas de Akrotiri y Dhekelia en la República de Chipre.

La Embajada de Su Majestad Británica aprovecha la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana – Despacho del Ministro – las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Embajada de Británica

Quito

23 de octubre de 2019

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.- Certifico que es fiel copia del documento que se encuentra en los archivos de la Dirección de Asesoría Jurídica en Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.-Quito, a 30 de octubre de 2019.- f.) Ilegible.

No. DIR-109-2019

EL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN

FINANCIERA NACIONAL BANCA PUBLICA

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución establece el principio de legalidad, mismo que señala: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. «.

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 868, publicado en el Registro Oficial N° 676 de fecha 25 de enero del 2016, con el que se reorganiza a la Corporación Financiera Nacional B.P., señala que dicha institución es: «una entidad financiera pública, dedicada al financiamiento del sector productivo de bienes y servicios, así como proyectos de desarrollo en el ámbito nacional e internacional. Buscará estimularla inversión productiva e impulsar el crecimiento económico sostenible, a través de apoyo financiero o no financiero a los sectores productivos, de bienes y servicios; así como de proyectos que contribuyan a la mejora de la competitividad nacional.»

Que, en el numeral 12 del artículo 375 del Código Orgánico Monetario y Financiero, señala que es una competencia del Directorio: «Aprobar los reglamentos internos».

Que, la Subgerencia General de Calidad y Desarrollo, mediante memorando Nro. CFN-B.P-SGCD-2019-0162-M de 29 de octubre de 2019 señala:

14 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro OficialN° 94

La CFN B.P. siendo una institución financiera pública dedicada al financiamiento del sector productivo, de bienes y servicios, así como proyectos de desarrollo en el ámbito nacional e internacional, que busca estimular la inversión productiva e impulsar el crecimiento económico sostenible, a través del apoyo financiero o no financiero a los sectores productivos, de bienes y servicios; así como de proyectos que contribuyan a la mejora de la competitividad nacional; buscando mejorar y resaltar la gestión empresarial como fuente de competitividad a mediano y largo plazo, así mismo de acuerdo a nuestra misión que establece que «Impulsamos el desarrollo del país financiando los sueños de los ecuatorianos «.

Que como parte de las atribuciones y responsabilidades de la Subgerencia General de Calidad, se encuentra el «Dirigir el diseño o rediseño, en coordinación con las áreas competentes, de los productos y servicios financieros, así como de programas o productos especiales, que considere todos los requerimientos de mercado, técnicos, financieros, legales, operativos, documentales y tecnológicos necesarios «.

Mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GDPS-2019-0139-M, de fecha 22 de octubre de 2019, en el cual la Gerencia de Desarrollo de Productos y Servicios solicitó a la Gerencia de Calidad un informe de conformidad de formato, redacción y ubicación del cambio normativo y a la Gerencia Jurídica un informe de pronunciamiento jurídico, ratificando o no la aplicabilidad del requerimiento, en base a la verificación de las atribuciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente, de los cambios normativos del producto Crédito Directo -Activo Fijo.

Por su parte la Gerencia de Calidad, mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GECA-2019-0553-M de fecha 23 de octubre de 2019, expresa su conformidad con la propuesta planteada y solicita las siguientes aclaraciones e incorporación, las cuales fueron acogidas en el informe que se adjunta.

En alcance al memorando Nro. CFN-B.P.-GDPS-2019-0139-M, de fecha 22 de octubre de 2019, unas vez que las observaciones de la Gerencia de Calidad han sido acogidas y por sugerencia de la alta Gerencia, en relación al Rediseño del Producto Crédito Directo -Activo Fijo, se propone cambiar en el destino de los recursos la construcción y equipamiento de bienes inmuebles destinados al alquiler o concesión mercantil por la construcción y equipamiento de bienes inmuebles destinados a la concesión mercantil.

Que la Gerencia Jurídica, mediante memorando Nro. CFN-B.P.-SASL-2019-2234-M, con fecha de 28 de octubre de 2019, en respuesta al memorando Nro. CFN-B.P.-GDPS-2019-0139-M, indica lo siguiente:

Por otra parte, el Código de Comercio, establece: «Art. 409.- El arrendamiento de locales comerciales,

es un contrato por el cual las partes se obligan recíprocamente: el arrendador a conceder el goce de un local para dedicarlo a actividades empresariales, y el arrendatario a pagar un precio determinado o canon de arrendamiento por el precitado goce del local. El contrato de arrendamiento de locales comerciales no podrá adoptar la forma de concesión mercantil de local, estará sometido a lo dispuesto por las partes y a lo establecido en este título.» Y, en concordancia con ello, señala el » Art.413.- Los inmuebles destinados al uso comercial, son todos aquellos que no están comprendidos en las categorías de vivienda, vivienda-taller y vivienda-negocio; sino, aquellos que se toman en arrendamiento para desarrollar actividades empresariales/comerciales que sean parte del giro ordinario de las actividades del ente arrendador, independientemente de que dicho inmueble constituya una unidad inmobiliaria por sí solo, forme parte de un inmueble de mayor magnitud, o se encuentre anexado a éste. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que constituyen inmuebles destinados al uso comercial los locales, no destinados a vivienda, vivienda-taller o vivienda-negocio del inquilino, ubicados en centros comerciales, en áreas que las ordenanzas califiquen como hábiles para el desarrollo de actividades empresariales, o en edificaciones en propiedad horizontal cuando se haya constituido con fines comerciales o con carácter mixto, así como aquellas edificaciones que tengan fines turísticos, los depósitos, bodegas, galpones u otras formas similares de locales con posibilidad de destinarse al almacenamiento de materiales o equipos, y los espacios de estacionamiento. Se presumirán además inmuebles destinados al uso comercial los quioscos, stands, y establecimientos similares, aun cuando éstos no se encuentren unidos de manera permanente al inmueble donde funcionan o se ubiquen en áreas de dominio público. «. Por lo que, la concesión mercantil podrá acordarse en los términos que acordaren las partes conforme señala el artículo 415 del Código de Comercio, respecto a que concluida la relación, podrán resolver en los términos acordados en el contrato de concesión mercantil de local.

Así también, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, en su Art. 13.-Estructura Descriptiva, numeral 1.1.1. Gestión del Directorio, letra b. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: «f. Aprobar las políticas generales y específicas de endeudamiento, crédito, inversión, desinversión, garantías, liquidez, riesgos, control y administrativas.»; (…) h. Aprobar el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Corporación y los reglamentos internos correspondientes «.

Por lo que, en virtud de los elementos normativos expuestos, dentro del ámbito estrictamente legal y en cumplimiento a lo prescrito en el Código Orgánico Monetario y Financiero que establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, control que rigen

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 15

los sistemas monetario y financiero, y de acuerdo a las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, es competencia del Directorio de la Institución conocer y aprobar el rediseño del producto financiero Activo Fijo-Crédito Directo, orientado a incluir el destino de los recursos para la construcción y equipamiento de bienes inmuebles destinados a la concesión mercantil, propuesto por la Gerencia de Desarrollo de Productos y Servicios. «

Que, el economista Pablo Patiño Rodríguez, Gerente General, dispone dentro de la agenda de Directorio, se envíe para conocimiento y aprobación del Directorio la Propuesta de Rediseño Crédito Directo – Activo Fijo para construcción destinada a la concesión mercantil, en atención al memorando Nro. CFN-B.P.-SGCD-2019-0162-M de 29 de octubre de 2019.

Debidamente motivado, en ejercicio de sus atribuciones,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- En la Normativa CFN, Libro I: Normativa sobre Operaciones, Título I: Operaciones Activas y Contingentes, Subtítulo II: Manual de Productos Financieros, Numeral 4. Condiciones Generales de los Productos de Primer Piso, numeral 2. Activos Fijos, Sub-numeral 2.1. Crédito Directo, en los acápites «Porcentaje de Financiamiento», «Plazo» y «Periodo de Gracia» ELIMINAR los siguientes párrafos:

CONDICIONES GENERALES

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO

  • En proyectos de Actividades de Médicos y Odontólogos, ubicados en
  • Manabí, hasta el 80% del valor del proyecto o adquisición (para construcción el cliente
  • aporta el terreno).
  • En proyectos de Actividades de Hospitales y Clínicas Privadas, ubicados en Manabí, hasta el 80% del valor del proyecto o adquisición (para construcción el cliente aporta el terreno).

PLAZO

  • En proyectos de Actividades de Médicos y Odontólogos, ubicados en Manabí, hasta 8 años
  • En proyectos de Actividades de Hospitales y Clínicas Privadas, ubicados en Manabí, hasta 8 años.

PERIODO DE GRACIA

  • En proyectos de Actividades de Médicos y Odontólogos, ubicados en Manabí, hasta un año capital e interés y hasta un año adicional de capital, de acuerdo al análisis de flujo de caja.
  • En proyectos de Actividades de Hospitales y Clínicas Privadas, ubicados en Manabí, hasta un año capital e interés y hasta un año adicional de capital, de acuerdo al análisis del flujo de caja.

ARTÍCULO 2.- En la Normativa CFN, Libro I: Normativa sobre Operaciones, Título I: Operaciones Activas y Contingentes, Subtítulo II: Manual de Productos Financieros, Numeral 6. Condiciones Adicionales De Los Productos De Primer Piso, Numeral 2. Activos Fijos, Sub-numeral 2.1. Crédito Directo, en el acápite «Amortización» ELIMINAR los siguientes párrafos:

CONDICIONES ADICIONALES

AMORTIZACIÓN

  • En proyectos de Actividades de Médicos y Odontólogos, ubicados en Manabí: Mensual o trimestral, de acuerdo al flujo de caja
  • En proyectos de Actividades de Hospitales y Clínicas Privadas, ubicados en Manabí: Mensual o trimestral, de acuerdo al flujo de caja.

ARTÍCULO 3.- En la Normativa CFN, Libro I: Normativa sobre Operaciones, Título I: Operaciones Activas y Contingentes, Subtítulo II: Manual de Productos Financieros, Numeral 6. Condiciones Adicionales De Los Productos De Primer Piso, Numeral 2. Activos Fijos, Sub-numeral 2.1. Crédito Directo, en el acápite «Destino de los Recursos» REEMPLAZAR:

DONDE DICE:

CONDICIONES ADICIONALES

DESTINO DE LOS

RECURSOS

  • En proyectos de Actividades de Médicos y Odontólogos, ubicados en Manabí: Se podrá financiar solo adquisición, construcción y equipamiento.
  • En proyectos de Actividades de Hospitales y Clínicas Privadas, ubicados en Manabí: Se podrá financiar solo adquisición, construcción y equipamiento.

16 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

DEBE DE DECIR:

CONDICIONES ADICIONALES

DESTINO DE

LOS RECURSOS

Para proyectos de construcción para concesión mercantil:

  • Se podrá financiar la construcción y equipamiento de bienes inmuebles destinados a la concesión mercantil, utilizados para la realización de actividades productivas o de servicios, así como para almacenamiento.
  • Si el sujeto de crédito tiene ventas entre USD 100.000,00 hasta USD 5’000.000,00 en el último año fiscal, se podrá financiar la construcción y equipamiento de bienes inmuebles utilizadas para la realización de actividades comerciales bajo concesión mercantil, además de las mencionadas en el párrafo anterior.
  • Los contratos de concesión mercantil deberán incluir que el bien se encuentra hipotecado a favor de CFN B.P.
  • Para ninguno de los casos se podrá aplicar para proyectos de prestación de servicios funerarios, ni tampoco aplicará la remodelación o adecuación de bienes inmuebles. De la misma manera no se podrá celebrar contratos de concesión mercantil para personas naturales o jurídicas que presten servicios funerarios.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Remítase a la Gerencia de Calidad, para su difusión interna y a Secretaría General para el envío al Registro Oficial.

SEGUNDA.- La presente normativa entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

TERCERA.- Disponer a la Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios que actualice y emita el listado de actividades financiables que se ajuste a las condiciones «Se podrá financiar la construcción y equipamiento de bienes inmuebles destinados a la concesión mercantil, utilizadas para la realización de actividades productivas o de servicios, así como para almacenamiento» y «se podrá financiar la construcción y equipamiento de bienes inmuebles utilizadas para la realización de actividades comerciales bajo concesión mercantil, además de las mencionadas en el párrafo anterior» solamente para el producto Crédito Directo -Activo Fijo.

CUARTA.- Disponer a la Gerencia Jurídica se actualice el modelo de hipoteca abierta para permitir la concesión mercantil del bien hipotecado solamente para el producto Crédito Directo – Activo Fijo para financiamiento de construcción y equipamiento de bienes inmuebles destinados a la concesión mercantil.

QUINTA.- Disponer a la Gerencia de Riesgos a través del CAIR la actualización de la Metodología de Riesgos de Crédito para eliminar lo referente a las garantías para las actividades de médicos y odontólogos ubicados en Manabí.

DADA, en la ciudad de Guayaquil, el 31 de octubre de 2019-LO CERTIFICO.

f.) Econ. Juan Carlos Jácome Ruiz, Presidente.

f.) Mgtr. Rosana Anchundia Cajas, Secretaria General.

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B. P.- Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos e la institución compuesta de 2 Fojas.- Quito, 19 de noviembre 2019.- f.) Ilegible, Secretaría General.

No. DIR-110-2019

EL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN

FINANCIERA NACIONAL BANCA PUBLICA

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución establece el principio de legalidad, mismo que señala: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. «.

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 868, publicado en el Registro Oficial N° 676 de fecha 25 de enero del 2016, con el que se reorganiza a la Corporación Financiera Nacional B.P., señala que dicha institución es: «una entidad financiera pública, dedicada al financiamiento del sector productivo de bienes y servicios, así como proyectos de desarrollo en el ámbito nacional e internacional. Buscará estimular la inversión productiva e impulsar el crecimiento económico sostenible, a través de apoyo financiero o no financiero a los sectores productivos, de bienes y servicios; así como de proyectos que contribuyan a la mejora de la competitividad nacional.»

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 17

Que, en el numeral 12 del artículo 375 del Código Orgánico Monetario y Financiero, señala que es competencia del Directorio: «Aprobar los reglamentos internos».

Que, la Subgerencia General de Calidad y Desarrollo, mediante memorando Nro. CFN-B.P.-SGCD-2019-0163-M de 29 de octubre de 2019 señala:

«Con la finalidad de que se incluya en el orden del día para conocimiento y aprobación del Directorio Institucional, adjunto al presente:

1.- Memorando Nro. CFN-B.P.-SGCD-2019-0157-M de fecha 24 de octubre que contiene propuesta de Reforma a la Normativa CFN, Libro I: Normativa sobre operaciones, Título I: Operaciones Activas y Contingentes, Anexo 3 Cupos e instancia de Aprobación.

La propuesta cuenta con el respectivo informe de conformidad emitido por la Gerencia de Calidad (Memorando Nro. CFN-B.P.-GECA-2019-0567-M) y de la Subgerencia de Asesoría Legal (Memorando Nro. CFN-B.P.-SASL-2019-2236-M), anexos al presente memorando.

2.- Memorando Nro. CFN-B.P.-SGCD-2019-0158-M de fecha 24 de octubre que contiene propuesta de Reforma a la Normativa CFN, Libro I: Normativa sobre operaciones, Título I: Operaciones Activas y Contingentes, Subtítulo II: Manual de Productos

Donde Dice:

Financieros, numeral 2 «Alcance», subnumeral 2.1. Aplicabilidad.

La propuesta cuenta con el respectivo informe de conformidad emitido por la Gerencia de Calidad (Memorando Nro. CFN-B.P.-GECA-2019-0568-M) y de la Subgerencia de Asesoría Legal (Memorando Nro. CFN-B.P.-SASL-2019-2239-M), anexos al presente memorando. «

Que, el economista Pablo Patiño Rodríguez, Gerente General, dispone dentro de la agenda de Directorio, se envíe para conocimiento y aprobación del Directorio las propuestas de Reformas Normativas: Política de Operaciones Activas y Contingentes: Anexo 3 «Cupos e Instancias de Aprobación y Manual de Productos Financieros Numeral 2.1. Aplicabilidad, en atención al memorando Nro. CFN-B.P.-SGCD-2019-0163-M de 29 de octubre de 2019.

Debidamente motivado, en ejercicio de sus atribuciones,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- En la normativa CFN, Libro I: Normativa sobre Operaciones, Título I: Operaciones Activas y Contingentes, Anexos Subt. I Política de Operaciones Activas y Contingentes, Anexo 3 «Cupos e instancias de aprobación», en la línea del Comité Nacional de Negocios Modificar el valor equivalente al 2% del Patrimonio Técnico así como también lo que consta en asterisco:

CUPOS AUTÓNOMOS:

NIVEL DE APROBACIÓN

DESDE USD

HASTA USD

Comité Nacional de Negocios

2,000.001

2% Patrimonio Técnico CFN (*)

USD 19,030,944 a la fecha

(*) Patrimonio Técnico CFN al 31 de mayo de 2017 USD 951,547,213

Debe Decir:

CUPOS AUTÓNOMOS:

NIVEL DE APROBACIÓN

DESDE USD

HASTA USD

Comité Nacional de Negocios

2,000.001

2% Patrimonio técnico CFN (*)

(*) Corresponde al Patrimonio Técnico vigente del mes inmediato anterior al de presentación de la solicitud ante el nivel de aprobación correspondiente.

ARTÍCULO 2.- Dentro de la Normativa CFN, libro I, Normativa sobre Operaciones, Título I Política de Operaciones Activas y Contingentes Subtítulo II: Manual de Productos Financieros, numeral 2 Alcance, subnumeral 2.1 Aplicabilidad, Reemplazar por el siguiente texto:

Donde Dice:

Esta normativa aplicará para todas las operaciones activas y contingentes otorgadas por la Corporación Financiera Nacional B.P. para los siguientes segmentos de crédito:

18 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 egistro OficialN° 94

  • Corporativo
  • Empresarial
  • Pyme
  • Microcrédito

Debe Decir:

Esta normativa aplicará para todas las operaciones activas y contingentes otorgadas por la Corporación Financiera Nacional B.P. para los siguientes segmentos de crédito:

  • Crédito Productivo
  • Crédito Comercial Ordinario
  • Crédito Comercial Prioritario
  • Microcrédito

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La presente regulación entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

SEGUNDA.- Notifíquese a la Gerencia de Calidad para la actualización en la normativa institucional y a Secretaría General para el envío al Registro Oficial.

DADA, en la ciudad de Guayaquil, el 31 de octubre de 2019-LO CERTIFICO.

f.) Econ. Juan Carlos Jácome Ruiz, Presidente.

f.) Mgtr. Rosana Anchundia Cajas, Secretaria General.

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B. P.- Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos e la institución compuesta de 2 Fojas.- Quito, 19 de noviembre 2019.- f.) Ilegible, Secretaría General.

No. 187-2019

EL PLENO DEL CONSEJO

DE LA JUDICATURA

Considerando:

Que el artículo 178, inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen: «(…) El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. (…) «;

Que el artículo 181, numerales 3 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador establece: «Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determina la Ley: (…) 3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas. (…) 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. «;

Que el artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «La Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de veinte y uno, quienes se organizarán en salas especializadas, y serán designados para un periodo de nueve años; no podrán ser reelectos (…) Cesarán en sus cargos conforme a la ley. (…) Existirán conjuezas y conjueces que formarán parte de la Función Judicial, quienes serán seleccionados con los mismos procesos y tendrán las mismas responsabilidades y el mismo régimen de incompatibilidades que sus titulares. (…)»;

Que el artículo 187 de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa: «Las servidoras y servidores judiciales tienen derecho a permanecer en el desempeño de sus cargos mientras no exista una causa legal para separarlos; estarán sometidos a una evaluación individual y periódica de su rendimiento, de acuerdo a parámetros técnicos que elabore el Consejo de la Judicatura y con presencia de control social. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos, serán removidos. «;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, entre los principios que rigen a la administración pública, contempla los de transparencia y evaluación;

Que el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone: «PERFIL DE LA SERVIDORA O SERVIDOR DE LA FUNCIÓN JUDICIAL.-El perfil de las servidoras o servidores de la Función Judicial deberá ser el de un profesional del Derecho con una sólida formación académica; con capacidad para interpretar y razonar jurídicamente, con trayectoria personal éticamente irreprochable, dedicado al servicio de la justicia, con vocación de servicio público, iniciativa, capacidad innovadora, creatividad y compromiso con el cambio institucional de la justicia»;

Que el artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial, en su último inciso, estatuye: «CARRERAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL.- Las servidoras y servidores de la Función Judicial pertenecen a la carrera judicial, de acuerdo a la siguiente clasificación: (…) Las (…) juezas y los jueces de la Corte Nacional de Justicia y las conjuezas y conjueces, (…) no pertenecen a ninguna de estas carreras.» Por lo tanto, no les resulta aplicable lo prescrito en el segundo inciso del artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador respecto de la permanencia y ascensos en la carrera judicial y el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues el artículo 136 ibídem, prescribe que las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia no gozan de estabilidad;

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 209 – 19

Que los artículos 89 y 264 numerales 1 y 10 del Código Orgánico de la Función Judicial establecen que: «El Consejo de la Judicatura determinará los objetivos, normas técnicas, métodos y procedimientos de las evaluaciones, de acuerdo a criterios cualitativos y cuantitativos que, sobre la base de parámetros técnicos, elaborará la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura.», y que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: 1. Nombrar y evaluar a las juezas y a los jueces y a las conjuezas y a los conjueces de la Corte Nacional de Justicia (…)/10. Expedir, (…) reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.»;

Que el artículo 6 de la resolución 010-2019, manifiesta en su parte pertinente: «(…) Los criterios cualitativos y cuantitativos serán valorados sobre 100 puntos; en el caso de que las y los servidores evaluados no alcancen el 80% de la puntuación serán removidos. Quienes no superen los criterios de legitimidad y transparencia, presuntamente incurrirían en alguna infracción gravísima y serán sometidos a los procedimientos disciplinarios correspondientes»;

Que el artículo 8 de la resolución 010-2019 de 19 de febrero de 2019, determina: «Reconsideración.- Las y los jueces y conjueces evaluados podrán dentro del término de tres días desde la notificación, solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, la reconsideración del resultado de su evaluación integral. El Pleno del Consejo de la Judicatura resolverá dentro del término de cinco días»;

Que el artículo 9 de la resolución 010-2019 de 19 de febrero de 2019, establece: «Concluida la etapa de reconsideración, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitirá la resolución que contenga los resultados definitivos y declarará concluido el proceso de evaluación integral. De esta decisión no cabrá recurso alguno»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en la sesión ordinaria No. 044-2019 de 11 y 12 de junio de 2019, conoció los memorandos CJ-DG-2019-3412-M de 11 de junio de 2019 y CJ-DG-2019-2959-M de 27 de mayo de 2019, con los cuales los doctores Merck Milko Benavides Benalcázar y Janeth Cecilia Santamaría Acurio, presentaron sus renuncias a los cargos de juez de la Sala de lo Laboral y Conjueza de la Corte Nacional de Justicia, respectivamente, hechos que no impiden que el proceso de evaluación a los referidos servidores continúe, de conformidad con la Disposición General Segunda de la resolución 094-2019 de 18 de junio de 2019, que prescribe: «En caso de que las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia sujetos a este proceso de evaluación, cesaren en sus funciones por cualquier causa, se continuará con su evaluación. El comité Evaluador informará al Pleno del Consejo de la Judicatura los criterios que no pudieron ser evaluados debido a su ausencia»;

Que dentro del expediente disciplinario No. Q-0520-SNCD-2019-LR, mediante resolución de 01 de octubre de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió destituir a los doctores Edgar Wilfrido Flores Mier y Luis Manaces

Enríquez Villacrés, jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, por haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en los artículos 108 numeral 8 y 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, por vulneración al derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, previstos en los artículos 76, numeral 7), literales a) y c) y 82 de la Constitución de la República del Ecuador, y por incurrir en manifiesta negligencia en el ejercicio de sus funciones;

Que el artículo 10 inciso cuarto de la resolución 035-2019 de 26 de marzo de 2019, determina: «Las y los jueces y conjueces que no se sometan de manera expresa o tácita al proceso de evaluación incurrirán en la consecuencia establecida en el inciso segundo del artículo 6 del Reglamento para la Evaluación Integral de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador»;

Que mediante resolución 094-2019 de 18 de junio de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió «Aprobar el informe final correspondiente a la Metodología de Evaluación Integral para las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y su anexo», instrumento técnico que contiene los insumos cuantitativo y cualitativo del proceso de evaluación, preparado conforme a la ley por la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura constante en el Memorando No. CJ-DNTH-2019-2708-M de 18 de junio de 2019;

Que mediante resolución 141-2019 de 7 de septiembre de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió abrir la fase de «(…) sustentación oral de competencias en el ejercicio de su cargo de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y declararse en sesión permanente durante los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre de 2019»; fase en la que, los tribunales fueron presididos por un vocal y conformados por dos miembros del Comité de Apoyo con la presencia de Veeduría Ciudadana;

Que el equipo técnico del Consejo de la Judicatura, conformado por la Dirección General y las Direcciones Nacionales de: Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, Asesoría Jurídica, Talento Humano, Gestión Procesal, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) y Escuela de la Función Judicial, conjuntamente con la Dirección General y los vocales del Consejo de la Judicatura; efectuaron el análisis de la fase cualitativa de la evaluación a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia en varias Mesas de Trabajo, entre otras: No. 1 de 20 de mayo de 2019; No. 7 de 27 de junio de 2019; No. 10 de 19 de agosto de 2019; No. 11 de 28 de agosto de 2019; No. 18 de 19 de septiembre de 2019; No. 20 de 28 y 29 de septiembre de 2019; No. 21 de 26 de septiembre de 2019; No. 22 de 05 y 06 de octubre de 2019; No. 23 de 10 de octubre de 2019; No. 24 de 16 de octubre de 2019; y, No. 25 de 17 de octubre de 2019;

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la resolución 035-2019, con los insumos presentados por el Comité de Apoyo y los informes técnicos del Consejo de la Judicatura, se realizó el informe final de resultados de la evaluación a las y los jueces y onjueces de la Corte

20 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 egistro Oficial N° 94

Nacional de Justicia, documento que fue suscrito tanto por el equipo técnico del Consejo de la Judicatura, como por el Comité de Apoyo a la Evaluación;

Que mediante Memorando CJ-DNTH-2019-4815-M, de 23 de octubre de 2019, la Dirección Nacional de Talento Humano puso en conocimiento de la Dirección General el «Informe de Resultados de la Evaluación Integral a las y los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia»;

Que mediante resolución 163-2019 de 23 de octubre de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: «APROBAR EL INFORME FINAL DE RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL A LAS Y LOS JUECES Y CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA»;

Que mediante resolución 182-2019 de 31 de octubre de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso la notificación de los resultados de la evaluación integral a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y otorgó un término adicional de tres días para que presenten las reconsideraciones a los resultados de sus evaluaciones;

Que mediante memorando No. CJ-EFJ-2019-1377-M de 12 de noviembre de 2019, la Escuela de la Función Judicial remite el «Informe de Resultados de las Solicitudes de Reconsideración Criterio Cualitativo: Análisis de Calidad de Sentencias; y Evaluación Oral de Competencias, Dentro del Proceso de Evaluación Integral de las y los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia»;

Que mediante memorando CJ-DNEJEJ-2019-0295-M de 12 de noviembre de 2019, la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial entrega el «Informe de respuesta a solicitudes de reconsideración relacionadas a la aplicación del criterio cuantitativo»;

Que mediante memorando CJ-EFJ-2019-1376-M de 12 de noviembre de 2019, la Escuela de la Función Judicial, remite el «Informe de Resultados de las Solicitudes de Reconsideración de Méritos y Demérito: Acción Extraordinaria de Protección, Dentro del Proceso de Evaluación Integral de las y los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia»;

Que mediante memorando CJ-DNGP-2019-5671-M de 12 de noviembre de 2019, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, remite el «Informe final de reconsideración del demérito denominado retardo injustificado en sustancia o resolver y reducir la sentencia oral a escrita en una causa»;

Que mediante memorando CJ-DNTH-2019-5210-M de 14 de noviembre de 2019, la Dirección Nacional de Talento Humano, presentó a la Dirección General, el «INFORME DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL A LAS Y LOS JUECES Y CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión ordinaria No. 094-2019 de 14 de noviembre de 2019, se declaró en sesión permanente para conocer y analizar los pedidos de reconsideración, así como revisar los informes técnicos

presentados por las áreas competentes del Consejo de la Judicatura respecto a los resultados de las reconsideraciones del proceso de «EVALUACIÓN INTEGRAL A LAS Y LOS JUECES Y CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA», así como las sentencias y los videos de las evaluaciones orales correspondientes a la fase cualitativa de dicha evaluación;

Que la Dirección General remitió el memorando CJ-DG-2019-7111-M de 15 de noviembre de 2019 a la Secretaría General para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, por el cual remite el Memorando CJ-DNJ-2019-0190-MC, de 15 de noviembre de 2019, suscrito por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mismo que contiene el informe jurídico y el proyecto de resolución, para: «APROBAR EL INFORME DE RESULTADOS DEFINITIVOS Y DECLARAR EL CIERRE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTÉGRALA LAS Y LOS JUECES Y CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA»;

Que el «PROCESO DE EVALUACIÓN TNTEGRAL A LAS Y LOS JUECES Y CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA» se ha sujetado a la Constitución, al Código Orgánico de la Función Judicial y al marco normativo expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, por tanto goza de plena validez jurídica; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales

Resuelve:

APROBAR EL INFORME DE RESULTADOS

DEFINITIVOS Y DECLARAR CONCLUIDO EL

PROCESO DE EVALUACIÓN INTÉGRALA LAS

Y LOS JUECES Y CONJUECES DE LA CORTE

NACIONAL DE JUSTICIA

Artículo 1.- En ejercicio de la función conferida en los artículos 181 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador y 264 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, aprobar el: «INFORME DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL A LAS Y LOS JUECES Y CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA » elaborado por la Dirección Nacional de Talento Humano, presentado con Memorando CJ-DNTH-2019-5210-M, de 14 de noviembre de 2019, que contiene los informes presentados por las Direcciones Nacionales de: Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, Gestión Procesal, Asesoría Jurídica y Escuela de la Función Judicial, contenidos en los Memorandos CJ-DNEJEJ-2019-0295-M, de 12 de noviembre de 2019, CJ-DNGP-2019-5671-M, de 12 de noviembre de 2019, CJ-DNJ-2019-0190-MC, de 15 de noviembre de 2019, CJ-EFJ-2019-1377-M y CJ-DNEJEJ-2019-0295-M, de 12 de noviembre de 2019, respectivamente.

Artículo 2.- Declarar que las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia que alcanzaron el puntaje mínimo requerido establecido en el artículo 6 de la Resolución 010-2019 y superaron el PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL A LAS Y LOS JUECES Y CON JUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, son los siguientes:

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 21

JUEZAS Y JUECES

#

Nombres

Número de Cédula

Presentó Reconsideración

Nota Notiï¬cada

Reconsideración

Nota Final

1

AGUIRRE SUÁREZ MARÍA PAULINA

1101358115

NO

90,77

90,77

2

CAMACHO HEROLD DANIEL-

LA LISETTE

1710571959

NO

86,25

86,25

3

HEREDIA YEROVI MARÍA CONSUELO

1705840385

SI

86,20

3,00

89,20

4

MUÑOZ SUBÍA CATHERINE

BETTY

1713023297

NO

86,55

86,55

5

OJEDA HIDALGO ÁLVARO

VINICIO

1704896289

NO

83,93

83,93

6

RODRÍGUEZ RUIZ MARCO

XAVIER

1710867597

NO

87,39

87,39

7

SAQUICELA RODAS IVÁN PATRICIO

0103571659

NO

90,31

90,31

CONJUEZAS Y CONJUECES

#

Nombres

Número de Cédula

Presentó Reconsideración

Nota Notiï¬cada

Reconsideración

Nota Final

1

ARTEAGA GARCÍA ALEJANDRO MAGNO

0910762624

NO

81,71

81,71

2

GUZMÁN CASTAÑEDA HIMMLER ROBERTO

1706381975

SI

85,34

0,00

85,34

3

JACHO CHICAIZA DAVID ISAÍAS

0502022148

NO

81,29

81,29

4

LARCO ORTUÑO IVÁN RODRIGO

0601356215

NO

84,24

84,24

5

SECAIRA DURANGO PATRICIO ADOLFO

0200419075

NO

86,92

86,92

6

TERÁN CARILLO WILMAN GA-

BRIEL

1714429675

SI

78,05

2,00

80,05

Artículo 3.- En ejercicio de la potestad conferida por el artículo 187 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 6 de la Resolución 010-2019, de 19 de febrero de 2019, remover de sus cargos, a las y los siguientes jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia:

JUEZAS Y JUECES

#

Nombres

Número de Cédula

Presentó Reconsideración

Nota Notiï¬cada

Reconsideración

Nota Final

1

CRESPO SANTOS ANA

MARÍA

1711016244

SI

64,72

6,00

70,72

2

ESPINOZA VALDIVIESO

MARÍA DEL CARMEN

0101312536

SI

73,47

4,00

77,47

3

GUERRERO MOSQUERA CYNTHIA

0908572563

SI

67,74

3,00

70,74

4

JURADO FABARA MIGUEL ANTONIO

1708542988

SI

56,89

0,00

56,89

22 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

5

MERCHÁN LARREA MARÍA ROSA

0101229771

SI

71,87

0,00

71,87

6

SÁNCHEZ INSUASTI SYLVIA XIMENA

1709382616

SI

72,25

0,00

72,25

7

TERÁN SUÁREZ ROMÁN JOSÉ LUIS

1001335445

SI

76,10

3,00

79,10

8

TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUÍN

1707322770

SI

76,20

3,00

79,20

9

VELASTEGUÍ ENRÍQUEZ RÓMULO DARÍO

0502114051

SI

71,51

6,00

77,51

CONJUEZAS Y CONJUECES

#

Nombres

Número de Cédula

Presentó Recon- sideración

Nota Notiï¬- cada

Reconsid- eración

Nota Final

1

CANDO AREVALO LUIS ANTO-

NIO

1303801540

SI

66,09

1,00

67,09

2

CUEVA GUZMÁN MARÍA ALE- JANDRA

1103201990

SI

66,46

2,00

68,46

3

CUSME MACÍAS ROGER FRAN- CISCO

1708994288

SI

72,73

1,00

73,73

4

DELGADO VITERI MARÍA TERE-

SA

1708627235

SI

74,33

4,00

78,33

5

MONTERO CHÁVEZ JUAN GON- ZALO

0601892011

SI

56,55

4,00

60,55

6

SOLEDISPA TORO JULIETA MAG- ALY

1706612189

SI

64,61

3,00

67,61

7

VILLAGÓMEZ CABEZAS RICH-

ARD ÍTALO

0602688186

SI

74,37

2,00

76,37

8

ÁLVAREZ ULLOA ROSA JAQUE-

LINE

1801347186

SI

68,85

7,38

76,23

9

SUÁREZ ARMIJOS ROSA BEAT-

RIZ

1100613338

SI

69,15

2,00

71,15

10

MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO

1100613445

SI

54,14

1,61

55,75

Artículo 4.- Establecer, de conformidad con la Disposición Transitoria Segunda de la resolución 094-2019 de 18 de junio de 2019, que las personas que renunciaron a sus cargos previo al inicio del «PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL A LAS Y LOS JUECES Y CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA «, obtuvieron las siguientes calificaciones:

#

Nombres

Número de Cédula

Presentó Reconsid- eración

Nota Noti- ï¬cada

Reconsideración

Nota Final

1

BENAVIDES BENALCÁZAR MER-

CK MILKO

0400554606

SI

63,47

0,00

63,47

2

SANTAMARÍA ACURIO JANETH CECILIA

1802207470

SI

72,25

0,00

72,25

Artículo 5.- En los casos de los doctores Enriquez Villacrés Luis Manaces y Flores Mier Edgar Wilfrido, sin perjuicio de que fueron sujetos al expediente disciplinario No. Q-0520-SNCD-2019-LR, y con la consecuente resolución de destitución de 01 de octubre de 2019, se sujetarán a lo establecido en la Disposición General Segunda de la resolución 094-2019 de 18 de junio de 2019, efecto para el cual se determinan sus calificaciones:

#

Nombres

Número de Cédula

Presentó Reconsid- eración

Nota Noti- ï¬cada

Reconsideración

Nota Final

1

ENRÍQUEZ VILLACRES LUIS MANACES

1708046022

SI

63,13

0,00

63,13

2

FLORES MIER ÉDGAR WILFRIDO

0400635009

SI

59,94

3,00

62,94

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de2019 – 23

Artículo 6.- Declarar concluido el proceso de evaluación integral a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, de conformidad con lo determinado en el artículo 9 de la resolución 010-2019.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA.- La Dirección General del Consejo de la Judicatura realizará la notificación de la presente resolución, adjuntando copias certificadas de los informes señalados en el artículo 1 de este instrumento proporcionados por la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, la misma que, una vez notificada causará estado de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la resolución 010-2019.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La ejecución y cumplimiento de esta Resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General, en coordinación con la Secretaría General, Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y la Unidad Administrativa y de Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, a los quince días del mes de noviembre de 2019.

f.) Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez, Presidenta del Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Fausto Roberto Murillo Fierro, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Juan José Morillo Velasco, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f.) Dra. Ruth Maribel Barreno Velin, Vocal del Consejo de la Judicatura.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó por mayoría, con cuatro votos afirmativos y un voto negativo del doctor Jorge Aurelio Moreno Yanes, esta resolución el quince de noviembre de dos mil diecinueve.

f.) Mgs. María Auxiliadora Zamora Barberán, Secretaria General.

No. 107-DPE-CGAJ-2019

Freddy Carrión Intriago

DEFENSOR DEL PUEBLO DEL ECUADOR

Considerando:

Que, el artículo 214 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la Defensoría del Pueblo será

un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior;

Que, el artículo 215 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que serán funciones de la Defensoría del Pueblo, la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 481 de 06 de mayo de 2019, determina que la Defensoría del Pueblo es un órgano de derecho público desconcentrado, con jurisdicción nacional, que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social. Esta entidad tiene personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. Su sede nacional está en la capital del Ecuador y cuenta con delegados en cada provincia y en el exterior;

Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece las competencias para el cumplimiento de los fines de la Defensoría del Pueblo.

Que, de acuerdo con el artículo 9 literal b); y e) numeral 2) de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo representa legal, judicial y extrajudicialmente a la entidad, y tiene la atribución de dictar la normativa interna de la misma;

Que, el Art. 88, numeral 2 de la Ley Orgánica de Discapacidades, establece que la Defensoría del Pueblo y órganos de la Administración de Justicia, encargados de la protección, defensa y exigibilidad de derechos, conforman el Sistema Nacional de Protección Integral de las Personas con Discapacidad.

Que, Art. 81 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece que es facultad de la Defensoría del Pueblo, conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas, que presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, que esida o esté de paso en el país y que

24 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la violación o inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor, establecidos en la Constitución Política de la República, los tratados o convenios internacionales de los cuales forme parte nuestro país, la presente ley, así como las demás leyes conexas.

Que, el Art. 72 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone que las personas que por su profesión u oficio tengan conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán denunciarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de los fiscales, autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, como entidad garante de los derechos fundamentales.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, y en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Defensoría del Pueblo,

Resuelve:

Expedir el REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE

CASOS DE COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA

DEL PUEBLO

Capítulo I

Del objeto y ámbito de aplicación

Art. 1.- Objeto.- El objeto del presente reglamento es regular el procedimiento para la atención de casos de oficio o a petición de parte de posibles vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza en el marco de las competencias de la Defensoría del Pueblo establecidas en la Constitución y la Ley.

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- Este reglamento se aplicará de manera obligatoria en todos los procesos institucionales de atención de casos a nivel nacional, en cada una de las delegaciones provinciales, dentro del marco de sus competencias y atribuciones; y, en las delegaciones en el exterior según corresponda.

Capítulo II

Acción Defensorial Estratégica

Art. 3.-Acción Defensorial Estratégica.- Es un método de análisis e intervención que tiene como objetivo conseguir la protección, promoción y/o reparación de un derecho en el menor tiempo posible y con el mayor nivel de goce y ejercicio del mismo para la persona peticionaria, a través de la ejecución de actividades específicas.

Los casos de vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza se atenderán a través de la ejecución de una acción defensorial estratégica.

Para la determinación y ejecución de la acción defensorial estratégica se deberán aplicar, además de las disposiciones de este reglamento, los lineamientos que la institución determine para tal efecto.

Art. 4.- Casos de atención de la Defensoría del Pueblo.- Los casos puestos en conocimiento de la Defensoría del Pueblo se atenderán cuando la presunta violación de derechos humanos provenga de:

  1. Una autoridad pública o particular que actúe en representación del Estado, que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio.
  2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías.
  3. De un prestador de servicio público que viole los derechos y garantías.
  4. De personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias:
  1. Presten servicios públicos o de interés público;
  2. Presten servicios públicos por delegación o concesión;
  3. Provoque daño grave;
  4. La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo.
  5. Que vulneren los derechos establecidos en la normativa relacionada a usuarios y consumidores.

5. Cualquier persona que cometa un acto discriminatorio siempre y cuando la víctima no busque una sanción penal.

Capítulo III

Trámite de acción defensorial estratégica

Sección I

De la Calificación

Art. 5.- Calificación de petición.- En todos los casos en los que se tenga conocimiento de la presunta vulneración de derechos se efectuará la calificación de la petición en la que se definirá si esta es de competencia de la Defensoría del Pueblo o no.

Para la calificación se verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que la petición se enmarque en las competencias de la Defensoría del Pueblo.

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 25

  1. Que exista evidencia de que se efectuó la solicitud o se puso en conocimiento del organismo competente para atender su petición.
  2. Que la respuesta de la entidad competente evidencie indicios de presuntas vulneraciones de derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, en caso de existir.
  3. En los casos de derechos de personas usuarias y consumidoras así como en los casos en los que se solicite vigilancia al debido proceso, se verificará además los requisitos específicos establecidos para estos trámites.
  4. Que no exista en la institución otro caso presentado por el peticionario por las mismas razones que motivan la petición.

En caso de que la falta de requisitos fuere subsanable se le asesorará y solicitará que los complete.

Art. 6.- En los casos calificados que no corresponden a su jurisdicción.- Se remitirán a la unidad a la que corresponda su atención previa verificación de lo siguiente:

  1. Que la parte requerida no cuente con una unidad o dependencia en el territorio en el cual se requiera la acción de la Defensoría del Pueblo.
  2. Que se haya constatado que la unidad o dependencia de la parte requerida no tenga la competencia y/o atribución de resolver la petición y por lo tanto deba ser remitida a su organismo central.

Art. 7.- Casos que no se calificarán.- las peticiones no serán calificadas cuando concurra una o alguna de las siguientes causales:

  1. Peticiones anónimas a menos que exista fundada evidencia de que se trate de una vulneración de derechos, en cuyo caso se actuará de oficio.
  2. Peticiones en las que se solicite a la Defensoría del Pueblo actuar fuera de sus competencias.
  3. Cuando la situación estuviere sometida a otro proceso judicial o administrativo, salvo que solicite vigilancia al debido proceso para lo cual se actuará conforme a lo establecido en los artículos de este Reglamento que regulan el trámite.
  4. No se admitirán casos cuya cuestión u objeto esté relacionado al cumplimiento de cláusulas de contratos de carácter civil, mercantil, laboral u otros de índole patrimonial a menos que estos sean producto de la aplicación de una política pública o que los hechos reflejen que es un caso generalizado, sistemático y/o de relevancia social, en cuyo caso procederá de acuerdo a las normas establecidas para el efecto.
  5. No se admitirán peticiones examinadas con anterioridad por la Defensoría del Pueblo, a menos que la petición contenga hechos, datos, elementos o indicios nuevos

que den lugar a una nueva presunción de amenaza o vulneración de derechos. Caso en el cual se iniciará una nueva estrategia defensorial tomando en cuenta lo desarrollado en el proceso anterior.

  1. No se admitirán las peticiones que pretendan que la Defensoría del Pueblo se pronuncie de manera contraria a decisiones judiciales en casos que involucren intereses entre particulares.
  2. No se admitirán las peticiones de vigilancia del debido proceso, cuando la Defensoría del Pueblo haya interpuesto un Amicus Curiae con anterioridad a la petición.

La no calificación se pondrá en conocimiento de la persona peticionaria por escrito, mediante una constancia en la que se determine de forma motivada las razones por las que no se calificó la petición, las entidades competentes para atender su requerimiento y los mecanismos existentes para hacer prevalecer sus derechos.

Art. 8.- Acciones emergentes.- En el caso de que los hechos puestos en conocimiento de la Defensoría del Pueblo reflejen la necesidad de coordinar acciones de forma emergente para prevenir o impedir daños y peligros graves, serán puestos en conocimiento de la máxima autoridad de la unidad a cargo de la gestión del caso para que ejecute, sin demora alguna, las actuaciones necesarias para impedir que continúen los daños o peligros inminentes.

Art. 9.- Acción Defensorial Estratégica para casos específicos.- Si de los hechos que llegan a conocimiento de la Defensoría del Pueblo se presume el cometimiento de una contravención o delito de violencia contra la mujer, persona adulta mayor o un niño, niña o adolescente, la Unidad de Asesoría y Atención Defensorial brindará asesoría sobre la entidad competente para atender su reclamo, de ser necesario se acompañará a la persona o personas peticionarias a presentar la denuncia o se aperturará una estrategia de vigilancia al debido proceso.

Adicionalmente se verificará si se debe ejecuta una estrategia comunicacional.

Art. 10.- Casos calificados.- Los casos que se han calificado serán remitidos a la Unidad de Protección y Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza para efectuar el análisis y determinación de la acción defensorial estratégica con base en la información que se adjunta a la petición.

En caso de que de la revisión de la documentación se determine que existe un ente competente para resolver la petición, que no fue detectado en la calificación, se efectuará una gestión oficiosa.

En caso de que de la revisión de la documentación y el análisis e investigación se llegara a determinar que los hechos puestos en conocimiento de la Defensoría del Pueblo no son reales o carecen de sustento, o no existiere un trámite que permita la tutela efectiva de los derechos, se comunicará la inadmisibilidad de manera motivada.

26 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Reistro Oficial N94

Sección II

Diseño de la acción defensorial estratégica

Art. 11.- Herramientas de la Acción Defensorial Estratégica.- Para el diseño de la acción defensorial estratégica se podrán aplicar herramientas tutelares, de gestión especializada del conocimiento, de investigación e incidencia en normativa y política pública, de comunicación social y de vinculación con las organizaciones de sociedad civil.

Art. 12.- Planificación.- Es el primer paso para la actuación defensorial, en la cual se determinará las actividades a seguir para una tutela adecuada de los derechos, utilizando los parámetros establecidos en los lineamientos que la institución emita para el efecto.

No será necesaria la aplicación de todas las herramientas defensoriales. La persona a cargo de ejecutar la acción defensorial estratégica deberá, con base en el análisis de la información recibida, determinar las actividades que le permitirán, por una parte atender de forma inmediata la solicitud de la persona peticionaria y, por otra, tomar medidas que garanticen la prevención y tiendan a la reparación de derechos.

Este análisis se reducirá al documento de estrategia que deberá constar en el expediente defensorial.

Sección III

Herramientas tutelares

Art.13.- Herramientas tutelares.- Las herramientas tutelares son los trámites que se utilizan dentro de la acción defensorial estratégica con la finalidad de prevenir, proteger y buscar la reparación. Estos se implementarán de acuerdo a los siguientes procedimientos:

Garantías jurisdiccionales

Art. 14.- Garantías Jurisdiccionales.- Estos trámites tienen como objeto activar desde la Institución Nacional de Derechos Humanos los procesos constitucionales regulados en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para tutelar derechos y garantizar la eficacia y supremacía constitucional.

Art.15.- Procedimiento.- Cuando se determine dentro de la estrategia iniciar un proceso constitucional, se elaborará el proyecto de demanda, con base de los requisitos y formalidades que determinan la Constitución y la Ley. La demanda deberá ser aprobada por la autoridad competente a través de sumilla en el documento y firmada conjuntamente con el o la especialista responsable que elaboró el producto tutelar.

Cumplida la finalidad por la cual se interpuso una garantía jurisdiccional se dispondrá el archivo mediante providencia.

En caso de que no se ha conseguido el fin se realizará un cambio de estrategia.

Seguimiento de cumplimiento de sentencias, dictámenes, resoluciones y acuerdos reparatorios, y verificación de cumplimiento de sentencias

Art. 16.- Seguimiento y verificación de cumplimiento de sentencias, dictámenes, resoluciones y acuerdos reparatorios.- Constituye el conjunto de actividades que se desarrollan para monitorear el cumplimiento de una sentencia constitucional, dictámenes, resoluciones y acuerdos reparatorios cuando así lo ha ordenado el Juez o autoridad competente.

Art. 17.- Procedimiento.- La ejecución de este trámite estará a cargo de las unidades desconcentradas de acuerdo a su ámbito territorial. Excepcionalmente, cuando las disposiciones de la sentencia impacten a más de una provincia o sean de ámbito nacional, la unidad a cargo será el mecanismo correspondiente.

Se realizará la providencia de inicio del seguimiento, en la cual se dispondrán las medidas o acciones necesarias tendientes a la verificación de cumplimiento de la sentencia. Según amerite el caso, se podrá solicitar informes, verificaciones in situ, convocar a reuniones de trabajo, debiendo emitirse informes periódicos.

Este trámite se archivará mediante informe final una vez el organismo de justicia declare que se haya cumplido lo dispuesto.

Amicus Curiae

Art. 18.- Amicus Curiae.- La Defensoría del Pueblo de oficio o petición de parte podrá interponer amicus curiae ante cualquier juez o jueza constitucional, con el objeto de brindar información relevante para una adecuada protección de los derechos.

Art. 19.- Procedimiento.- Una vez decidida la presentación de un amicus curiae, se elaborará por parte de la o el especialista designado un borrador el cual será revisado y sumillado por la máxima autoridad de la unidad a cargo de la gestión del caso. Previo a su presentación el documento deberá ser firmado por dicha autoridad y la o el especialista que elaboró el producto, ellos también estarán facultados para sustentarlo en audiencia.

El trámite de amicus curiae concluirá con una providencia de archivo del expediente una vez que se ha emitido la sentencia en la instancia en la cual se presentó el documento.

Investigación Defensorial

Art. 20.- Investigación Defensorial.- Este trámite constituye el conjunto de acciones concretas y necesarias que tienen por finalidad recopilar información inmediata, clara, directa y verificable, sobre presuntas vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza para posteriormente ejercer las atribuciones y competencias que la Constitución y la ley le conceden a la Defensoría del Pueblo del Ecuador.

En cualquier momento de la investigación se podrá determinar la necesidad de emitirse una medida de

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 27

cumplimiento obligatorio previo autorización de la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo.

Art. 21.- Procedimiento.- Se inicia con la correspondiente calificación, que da paso a la apertura del expediente defensorial.

Dentro del procedimiento se podrá solicitar información a las partes y/o terceros, involucrados en el caso, de conformidad a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; para lo cual, se podrá convocar a audiencias y reuniones de trabajo, visitas in situ, o cualquier otra diligencia que sea adecuada y conducente para el fin propuesto.

Dentro de la Investigación defensorial se podrán realizar informes intermedios que tendrán como objetivo requerir a las autoridades públicas y/o particulares involucradas la toma de acciones a corto o mediano plazo para evitar, cesar o reparar violaciones de derechos humanos o de la naturaleza.

El informe intermedio deberá contener con precisión las acciones recomendadas y el tiempo en el cual deberán ser ejecutadas. Luego de emitido el informe intermedio, se priorizará el seguimiento al cumplimiento de lo solicitado en el mismo, para lo cual se podrán utiliza todas las herramientas reconocidas en el presente documento. Concluido el término y verificado el incumplimiento de las recomendaciones, se proseguirá con la investigación.

Art. 22.- Del acuerdo final.- Luego de firmado el acuerdo preliminar, la persona peticionaria podrán pedir la reapertura de la investigación defensorial, lo que dejará insubsistente el documento y seguirá con el trámite. Asimismo en cualquier momento podrán solicitar la firma de un acuerdo final con el que terminará el proceso y será publicado en el repositorio digital de la Defensoría del Pueblo. No se podrá reabrir ni iniciar otra investigación defensorial por los mismos actos u omisiones y con los mismos actores luego de publicado un acuerdo final.

Art. 23.- Del informe de fondo.- Cuando la unidad a cargo de la investigación tenga elementos suficientes para concluir o cuando se hayan cumplido las recomendaciones de un informe intermedio, realizará un informe defensorial de fondo, en el cual se establecerán las conclusiones sobre el caso, determinando si se cumplió una obligación contenida en la Constitución o los tratados internacionales de derechos humanos seguido de la estrategia, las disposiciones internas o las acciones a emprenderse de las determinadas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y el presente Reglamento.

De no existir un incumplimiento de un derecho humano y de la naturaleza, concretarse acuerdos amistosos entre las partes, o si la afectación de derechos fuese reparada en el transcurso del trámite defensorial, se emitirá la providencia de archivo concluyendo el proceso.

Art. 24.- Del Acuerdo de solución amistosa.- En cualquier momento de la investigación la parte requerida podrá proponer la suscripción de un acuerdo que solucione la controversia. La propuesta será remitida a la unidad a cargo

del trámite y deberá contener al menos un listado de medidas de reparación y no repetición. Recibida esta propuesta, se pondrá a consideración de las presuntas víctimas quienes tendrán el término de 5 días para pronunciarse. De ser aceptada la propuesta la unidad a cargo del trámite convocará a una audiencia en la cual se firmará un acuerdo preliminar de solución amistosa.

Vigilancia del Debido Proceso

Art. 25.- Vigilancia del Debido Proceso.- Constituye el seguimiento y la supervisión del conjunto de actos realizados dentro de un proceso administrativo, judicial ordinario, o garantía jurisdiccional que se encuentre en sustanciación, en el que se determinen derechos u obligaciones a fin de asegurar la aplicación, oportunidad y eficacia de los derechos de protección en los casos que sean generalizados, sistemáticos o de relevancia social.

Art. 26.- Procedimiento.- La Defensoría del Pueblo podrá realizar la vigilancia al debido proceso en un acto procesal específico, siempre que se identifique la inobservancia de las disposiciones constitucionales, y se evidencie presuntas vulneraciones al debido proceso de manera generalizada, sistemática o de relevancia social, incluyendo los casos de personas desaparecidas.

La vigilancia del debido proceso no faculta a la Defensoría del Pueblo para pronunciarse sobre el fondo del asunto motivo de la litis, no es parte procesal, no puede esgrimir argumentos a favor de alguna de las partes procesales, no suple las acciones de las o los jueces o autoridades administrativas, ni de las abogadas o abogados defensores, como tampoco implica que intervendrá en la ejecución de una sentencia de carácter ordinario o resolución administrativa.

La Defensoría del Pueblo en cualquier momento, podrá acudir a la dependencia judicial o institución pública en donde se estuviere sustanciando el proceso administrativo o judicial, a fin de verificar directamente el estado de la causa, debiendo guardar la confidencialidad y reserva en los casos previstos en la ley.

Art. 27.- Contenido de la petición.- Además de la información general de una petición, el pedido de vigilancia del debido proceso contendrá:

  1. Identificación del interés legítimo en el caso.
  2. Identificación de la autoridad, servidor administrativo, judicial ordinario o constitucional que sustancia el proceso, la instancia correspondiente, el número de causa, proceso o trámite administrativo.
  3. La determinación de las amenazas o vulneraciones a las garantías del debido proceso.

4. Los indicios claros de que la autoridad o servidor competente ha incumplido normas procesales expresas o si esta persona ha inobservado los derechos procesales de las partes.

28 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Rgistro Oficial N° 94

5. Se presentará una copia simple del expediente o parte procesal que evidencie la amenaza o vulneración de las normas del debido proceso.

6. De ser posible, se justificará argumentada y motivadamente las razones por las que se considera que el caso objeto de la vigilancia del debido proceso es sistemático, generalizado o de relevancia social.

Art. 28.- Diligencias del debido proceso.- En todo trámite en el que se vigile el debido proceso, los servidores y las servidoras responsables controlarán el respeto de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos, sin perjuicio de aquello, se deberán realizar, entre otras actividades, las siguientes:

1. Detectar si existen reiteradas peticiones de alguna de las partes procesales que no hayan sido despachadas oportunamente por los operadores de justicia o autoridad administrativa.

  1. Verificar que las pruebas hayan sido legalmente pedidas, practicadas e incorporadas al proceso.
  2. Prestar atención a posibles alteraciones fraudulentas de los expedientes.
  3. Acompañar a la realización de diligencias probatorias.
  1. Verificar la asistencia de los operadores judiciales, auxiliares o personal administrativo que estén obligados a actuar en las diligencias procesales ordenadas por la autoridad.
  2. Verificar que las víctimas y/o familiares hayan sido informados sobre sus derechos y procedimientos a aplicarse en cada caso.
  1. Verificar que no exista trato desigual o discriminatorio a las partes.
  2. Constatar que no se haya producido re-victimización de las personas denunciantes.
  1. Constatar la presencia o ausencia de intérpretes o traductores en el caso de personas que no hablan español o que presenten alguna discapacidad que limite su capacidad de comprensión o comunicación.
  2. Verificar desde la fecha de la denuncia o demanda si se ha dispuesto una pronta y oportuna investigación por parte de las instancias competentes.

11. Verificar que el personal que interviene en la investigación ha sido debidamente designado y posesionado conforme lo previsto en la ley.

12. Verificar si existe inacción por parte de las instancias obligadas a actuar de oficio en delitos de acción pública y en particular en aquellos casos de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

  1. Verificar si en los delitos de acción pública, se condiciona a la víctima a aportar pruebas para iniciar la acción penal.
  2. Verificar si existen restricciones, influencias, presiones, amenazas o intromisiones indebidas sobre los jueces que afecten la independencia e imparcialidad.
  3. Verificar que los plazos o términos de las diversas etapas procesales se ajusten a lo determinado en la normativa correspondiente, y esta no afecte la situación del procesado o la víctima.
  4. Detectar conductas irregulares de parte de los abogados, defensores públicos y/o fiscales, que retarden el proceso o provoque indefensión a los sujetos procesales.
  5. Asistir en calidad de observadora a toda audiencia o diligencia jurisdiccional o administrativa, que considerare necesaria para la observancia y vigilancia del debido proceso.

De evidenciarse la presunta vulneración al debido proceso, se emitirán las respectivas alertas, tendientes a garantizar derechos constitucionales y de instrumentos internacionales de derechos humanos.

Art. 29.- Conclusión de la vigilancia del debido proceso.- La vigilancia del debido proceso concluirá con un informe final que se notificará a la persona peticionaria y a la autoridad sustanciadora. El informe final contendrá las actuaciones defensoriales y las observaciones realizadas en el caso de haberlas.

La vigilancia de un acto procesal específico y determinado, concluirá una vez realizado el acto materia del seguimiento, con la emisión del Informe final que contenga las observaciones pertinentes, el mismo que será suscrito por la máxima autoridad de la unidad a cargo de la gestión del caso. Sin perjuicio de la emisión de informes intermedios.

En los casos de vigilancia total de un proceso administrativo o judicial, el Informe final de vigilancia procesal será emitido con anterioridad a la resolución o sentencia, el cual recogerá las alertas, informes intermedios, las actuaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo, las observaciones efectuadas y la disposición de cierre y archivo del trámite defensorial.

Los informes finales en donde se verifique presuntas vulneraciones al debido proceso en el ámbito judicial ordinario o constitucional, deberán ser remitidos al Consejo de la Judicatura, y cuando correspondan al ámbito administrativo, deberán ser trasladados a la máxima autoridad de la respectiva institución pública. Además, deberán ser enviados al área de gestión de conocimiento de la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de identificar casos que deban ser canalizados hacia el mecanismo correspondiente.

Art. 30.- En los casos de personas desaparecidas, se realizará una vigilancia activa en las que se emitirá informe periódicos, de acuerdo a las directrices emitidas

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 29

por el Mecanismo correspondiente, o la dependencia correspondiente.

Gestión Oficiosa

Art. 31.- Gestión Oficiosa.- Son acciones y actuaciones directas e inmediatas que tienen como finalidad solucionar de manera eficaz la afectación de un derecho. La Defensoría del Pueblo podrá realizar gestiones oficiosas, ante las instancias públicas o privadas involucradas, en casos de presuntas vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza, de competencia de la Institución.

Art. 32.- Procedimiento.- La Gestión Oficiosa observará los siguientes procedimientos:

  1. La intervención inmediata y necesaria podrá ser mediante llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos, realizar visitas in situ, convocar a reuniones, emitir oficios, o cualquier otra acción apropiada que se realice de manera inmediata y oportuna.
  2. La gestión oficiosa que haya obtenido resultados positivos concluirá con un informe final que detalle las actividades realizadas y sus resultados, en la cual se dispondrá el archivo de la gestión.
  3. En caso de que la gestión oficiosa no tuviera resultados positivos, concluirá con una providencia y se procederá un cambio de trámite defensorial de ser necesario.

La gestión oficiosa por su propia naturaleza, y en cumplimiento de sus características de inmediatez, oportunidad y eficacia, no podrá extenderse más allá del término de 45 días desde que sea recibida la petición.

Acción Ciudadana

Art. 33.- Acción ciudadana.- En forma individual o colectiva se presentaran peticiones de acción ciudadana cuando se produzca la violación de un derecho o ante la amenaza de afectación de un derecho, siempre que no exista otra vía que permita proteger los derechos.

Art. 34.- Procedimiento.- El procedimiento será el siguiente:

  1. Las peticiones de acción ciudadana serán remitidas al Mecanismo correspondiente para su análisis y calificación.
  2. El Mecanismo analizará la factibilidad y elaborará la correspondiente demanda de acción ciudadana.

Art. 35.- Finalización.- Cuando se haya cumplido con la sentencia/resolución, se emitirá el correspondiente informe de cumplimiento y se procederá con el archivo.

Articulación con organismos internacionales

Art. 36.- Activación de mecanismos internacionales.- Son las acciones que se activan ante organismos internacionales del Sistema Interamericano y Sistema Universal para proteger los derechos de las personas y de la naturaleza.

Los mecanismos internacionales que se activan son:

  1. Presentación de peticiones por vulneración de los derechos contemplados en instrumentos internacionales.
  2. Peticiones de solicitud de participación en reuniones de trabajo, audiencias temáticas, presentación de informes de casos, entre otros.
  3. Peticiones para la activación de protección internacional de las personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, y de su familia.
  4. Petición de solicitud de medidas provisionales/ cautelares ante los sistemas, para proteger la vida, la integridad personal y otros derechos, ante la grave vulneración de los derechos de las personas y que el Estado no garantice.

Art. 37.- Casos en los que se activan los mecanismos internacionales.- Se activarán acciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Sistema Universal de Derechos Humanos en los siguientes casos:

a. Cuando se haya agotado la vía nacional para tutelar derechos, salvo las excepciones previstas por cada uno de los sistemas.

b. Por la grave amenaza a la vida e integridad de las personas y de la naturaleza.

c. Para salvaguardar la vida, integridad y labor de las personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza y de su familia.

En todos los casos se observará la normativa y procedimientos previstos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Sistema Universal de Derechos Humanos.

Art. 38.- Procedimiento: Para la activación de los mecanismos se aplicará el siguiente procedimiento:

1) Peticiones

a. El Mecanismo analizará el caso, recabará información e identificará la factibilidad de elaborar y presentar una petición conforme los requisitos establecidos en los sistemas internacionales y para el efecto, podrá coordinar con las víctimas, con las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, con los Consejos de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza, entre otros.

b. La Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo podrá poner en conocimiento de los Mecanismos, los casos para analizar la factibilidad de presentar una petición ante los sistemas internacionales.

c. El Mecanismo competente previa autorización de la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo remitirá la petición ante los sistemas internacionales.

30 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 RegistroOficial N° 94

d. La Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales remitirá al/ los Mecanismos, los comunicados, solicitudes de información y otros requerimientos, solicitados dentro de los casos y canalizará su presentación ante los sistemas internacionales.

e. El Mecanismo en donde se encuentre asignado el trámite elaborará los documentos y coordinará la obtención de las pruebas que se presentarán ante los sistemas internacionales.

f. El Mecanismo dará seguimiento a los acuerdos amistosos, las sentencias, las medidas de reparación integral y las medidas cautelares/provisionales, y elaborará el respectivo informe para ser remitido ante los sistemas internacionales. En todos los casos, la Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales receptará la información y remitirá, a la unidad o mecanismo que gestiona el caso, para su seguimiento.

2) Peticiones de solicitud de participación en audiencias temáticas, reuniones de trabajo y presentación de informes sobre casos.

a. El/la Defensor/a del Pueblo definirá la participación de la Defensoría del Pueblo en audiencias temáticas o reuniones de trabajo relacionadas con los casos, ante los sistemas internacionales, en coordinación con la Dirección Nacional de Cooperación y Asuntos Internacionales, los mecanismos y las unidades correspondientes.

b. La Dirección Nacional de Cooperación y Asuntos Internacionales coordinará la participación en audiencias temáticas, reuniones de trabajo y la presentación de los informes de casos elaborados por los mecanismos.

Art. 39.- Finalización de la activación de los mecanismos internacionales: Las acciones internacionales concluirán con:

a. Por cumplimiento de la sentencia emitida por un organismo contencioso de los sistemas internacionales.

b. Por cumplimiento del acuerdo amistoso.

c. Cuando las víctimas voluntariamente decidan no continuar el proceso internacional.

d. Por informe debidamente motivado cuando se haya iniciado de oficio un caso o exista petición expresa de la víctima, que imposibilite continuar con el trámite ante los organismos de los sistemas internacionales.

e. Por archivo e inadmisibilidad del organismo de los sistemas internacionales.

En todos los casos con excepción del literal e, se emitirá un informe y se dejará sentada una razón de archivo en el expediente defensorial.

Art. 40.- De las herramientas no convencionales.- Con el objetivo de lograr la efectiva tutela de los derechos humanos o de la naturaleza se podrán implementar excepcionalmente herramientas no convencionales según los lineamientos establecidos para el efecto. Tomada la decisión, el Delegado o delegada Provincial deberá dejar constancia motivada de esta, adjunta al expediente defensorial.

Art. 41.- De las comisiones especiales de investigación.- La Defensoría del Pueblo podrá constituir comisiones especiales de investigación con el objetivo de tratar una situación estructural de peligro de vulneración o violación de derechos humanos o de la naturaleza.

La decisión de la conformación de esta comisión será de competencia exclusiva de la o el Defensor del Pueblo a través de una resolución.

De las medidas de cumplimiento obligatorio

Art. 42.- Definición.- Las medidas de cumplimiento obligatorio podrán ser emitidas mediante resolución motivada por la o el Defensor del Pueblo, la o el Coordinador General de Protección o las personas Delegadas provinciales de la institución de acuerdo a sus atribuciones; y tendrán como objeto evitar o hacer cesar un acto u omisión de autoridad pública que tengan efectos individuales y que vulnere o pueda vulnerar derechos humanos o de la naturaleza.

Serán inmediatas, temporales y deberán determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deberán cumplirse. Se podrán revocar a pedido fundamentado de la persona o institución requerida. La revocatoria será resuelta por la misma autoridad que emitió la medida.

Art. 43.- Casos en que se aplican las medidas de cumplimiento obligatorio.- De oficio o a petición de parte se emitirán en los siguientes casos:

  1. En los casos establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidades para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante.
  2. Para cumplir con las facultades de la institución contempladas en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
  3. Para prevenir posibles violaciones de los derechos de personas que pertenezcan a un grupo de atención prioritaria y personas defensoras de derechos humanos o de la naturaleza.
  4. Para garantizar el cumplimiento de medidas de protección emitidas por otras instancias administrativas en casos generalizados, sistemáticos o de relevancia social.

Las medidas de cumplimiento obligatorio no podrán emitirse o ser utilizadas para suspender la ejecución de una sentencia o parar una fase o etapa procesal judicial o administrativa.

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 31

Art. 44.- Seguimiento.- Se realizará el seguimiento del cumplimiento de la medida de cumplimiento obligatorio, mediante visitas in situ, información remitida por las partes y otros medios de verificación, que conlleven a determinar su cumplimiento.

El cumplimiento de la medida finalizará con un informe motivado de cumplimiento en el que se determinará el resultado de la implementación de las medidas, y se procederá con el correspondiente archivo.

Art. 45.- Incumplimiento de la medida.- Las medidas emitidas por la Defensoría del Pueblo son de cumplimiento directo e inmediato por parte de las instituciones requeridas. En caso de incumplimiento de la medida se presentará la correspondiente denuncia para la sanción respectiva; independientemente de las acciones que puedan ser presentadas para evitar o reparar la vulneración de los derechos de las personas y de la naturaleza.

Sección IV

Herramientas de Gestión Especializada del

Conocimiento

Herramientas de educación en derechos humanos

Art. 46.- Educación en Derechos Humanos.- El conjunto de acciones educativas de construcción colectiva, creativa e innovadora que se utilizan en la promoción de los derechos humanos y de la naturaleza, que incluye el conocimiento y comprensión sobre las normas y principios de los derechos humanos y de la naturaleza, los fundamentos que los sostienen y los mecanismos que los protegen, a través de principios pedagógicos emancipatorios y herramientas didácticas para la construcción de aprendizajes, aptitudes, actitudes y comportamientos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, justa, incluyente, en igualdad y sin discriminación que impulse el ejercicio y exigibilidad de los derechos humanos de todas las personas, colectivos, comunidades, pueblos y nacionalidades en armonía con los derechos de la naturaleza .

Para la ejecución de las estrategias de educación en derechos humanos se deberán adoptar los procedimientos establecidos por la Dirección Nacional de Educación en Derechos Humanos y de la Naturaleza.

Art. 47.- Acciones de Educación en Derechos Humanos.-Pueden activarse de forma paralela a la investigación de una denuncia de un caso, en aquellos que sean de impacto y que involucren la afectación de los derechos, pues pueden servir como medidas de prevención o medidas de reparación para asegurar la no repetición de actos que vulneren o pongan en riesgo el ejercicio de los derechos humanos.

Art. 48.- Vinculación con la Acción Defensorial Estratégica.- Si del análisis situacional realizado se desprende que el caso presentado para la intervención de la Defensoría del Pueblo requiere efectuar procesos de

educación en derechos humanos como medida preventiva o de reparación, se deberá iniciar el procedimiento determinado en las directrices emitidas para el efecto.

Herramientas de investigación e incidencia en normativa y política pública

Art. 49.- Incidencia en Políticas Públicas y en normativa.- Es el conjunto de acciones y actividades que realiza la Institución Nacional de Derechos Humanos, de manera individual o conjuntamente con otros actores sociales o instituciones públicas para que las autoridades incluyan el enfoque de derechos humanos y sus diversos enfoques de igualdad en los instrumentos de políticas públicas y normativos en los distintos niveles de gobierno.

Art. 50.- Objetivo del proceso de incidencia en políticas públicas y en normativa.- El objetivo del proceso de incidencia en políticas públicas y en normativa ante todos los niveles de gobierno es procurar la incorporación del enfoque de derechos humanos y de la naturaleza en los instrumentos de políticas públicas y normativa con el fin de proteger y garantizar el pleno ejercicio de dichos derechos, a través del análisis y la propuesta de construcción o reforma de los mismos.

Art. 51.- Articulación con la Acción Defensorial Estratégica.- Si del análisis situacional realizado se desprende que el caso presentado para la intervención de la Defensoría del Pueblo está basado en políticas públicas o normativa que en su aplicación podrían vulnerar o vulneran derechos humanos o de la naturaleza, se deberá diseñar una acción de incidencia en políticas públicas y/o en normativa, según sea el caso, para lo cual deberá iniciar el procedimiento determinado en las directrices emitidas para el efecto.

Sección V

Herramientas de Comunicación

Art. 52.- Herramientas de comunicación.- Sirven como medio para el desarrollo de las capacidades de diálogo, de discusión y debate, de interacción y comunicación y de información. Tienen como objetivo posicionar en la opinión pública la estrategia Defensorial y potenciar el impacto de la aplicación de las herramientas adoptadas para la protección, prevención y la búsqueda de reparación.

En caso de requerir la aplicación de una herramienta de comunicación se efectuarán los procedimientos determinados en las directrices emitidas para el efecto.

Sección VI

Herramientas de vinculación con la sociedad civil

Art. 53.- Participación de la sociedad civil.- De ser necesaria la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil para implementar la estrategia defensorial, se priorizará la relación con los Consejos Defensoriales conforme la normativa emitida para el efecto.

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Capítulo IV

Trámites de usuarios y consumidores

Art. 54.- Requisitos.- En los casos de usuarios y consumidores, adicional a los requisitos de calificación, se deberá verificar lo siguiente:

  1. Se haya agotado el requerimiento ante la empresa pública o privada proveedora del bien o servicio y/o entes y organismos del Estado que regulan y controlan la prestación del servicio.
  2. La persona peticionaria tiene que tener la condición de usuario y consumidor conforme lo determina la ley.

Art. 55.- Audiencia Única.- Calificada la solicitud, se convocará a las partes mediante providencia a una audiencia única de conciliación y resolución, con por lo menos 15 días término de anticipación, en esta se deberá determinar la responsabilidad de cada una de las partes de tener en la audiencia todos los documentos de cargo o de descargo relacionados al caso respetando el principio de inversión de la carga de la prueba.

Art. 56.- Notificación.- La o el servidor público a cargo, será el responsable de verificar que se haya realizado la notificación para la audiencia, previo a iniciarse la misma. En caso de que no se haya realizado la notificación a alguna de las partes o excepcionalmente se haya realizado posteriormente a la fecha de la diligencia, se efectuará una nueva convocatoria.

En caso de que alguna de las partes no se presentará a la audiencia pese a haber sido notificada se actuará de la siguiente manera:

  1. Si es el peticionario, se declarará el abandono
  2. Si es la parte requerida se dejará sentado la ausencia, se dará la diligencia y la unidad a cargo del trámite procederá a pronunciarse conforme lo establece el presente Reglamento.
  3. Así mismo, de ser las dos partes las que no asisten se procederá a realizar la providencia de archivo.

Art. 57.- De la audiencia.- La audiencia iniciará con la exposición circunstancial de los hechos y la petición por parte del solicitante. Luego, la persona, entidad o empresa requerida tendrá la posibilidad de contestar la alegación. La presentación de documentos que sustenten las afirmaciones emitidas se realizará en el tiempo de la alegación inicial. Las exposiciones deberán ser claras, concretas y expeditas.

Luego de las exposiciones se abrirá una etapa de conciliación, la cual será guiada por el/a servidor/a público/a responsable del caso. De llegarse a un acuerdo, se firmará un acta transaccional que pondrá fin al procedimiento. Dicha acta deberá contener la especificación de cierre y archivo del proceso.

De no llegarse a un acuerdo, las partes tendrán 5 minutos para sus alegaciones finales, iniciando por el peticionario. De ser necesario previo a cerrar la audiencia única, por el/a servidor/a público/a responsable podrá realizar preguntas a las partes que le ayuden a formarse un criterio sobre la situación. De la audiencia se levantará un acta que será firmada por las partes especificando que no hubo acuerdo.

En caso de ser necesario las partes se auto convocaran por una única vez.

Art. 58.- Del pronunciamiento defensorial de usuarios o consumidores.- La unidad a cargo del proceso emitirá en un término de 5 días luego de efectuada la audiencia, el pronunciamiento respectivo sobre el caso, este deberá contener un análisis que contemple los alegatos de las partes y la determinación de exhortas, alertas y recomendaciones, de ser el caso, seguido de la estrategia, las disposiciones internas o las acciones a emprenderse de las determinadas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y el presente Reglamento.

Art. 59.- De la difusión del pronunciamiento.- Cuando el Delegado determine que un proveedor es reiterativo o existe una práctica reiterativa en la vulneración de derechos se remitirá al mecanismo correspondiente para su análisis y divulgación masiva.

Art. 60.- Patrocinio.- Para garantizar el mandato Constitucional y legal que tiene la Defensoría del Pueblo, en la protección de los derechos de las personas usuarias o consumidoras, se otorgará el patrocinio de casos que tengan el carácter de generalizados, sistemáticos o de relevancia social, en reclamos por servicios públicos o privados de mala calidad, en los que se haya evidenciado el incumplimiento de las normas de calidad establecidos por el órgano nacional competente o, en su defecto, por las normas mínimas de calidad internacional.

Capítulo V

Normas generales

Art. 61.- Competencia.- Será competencia de las Delegaciones Provinciales aquellos casos en los que los hechos que producen la presunta amenaza o vulneración del derecho se efectúen dentro de su jurisdicción y de relevancia local.

Art. 62.- Casos de competencia de los mecanismos.- Será competencia de los Mecanismos Nacionales la atención de los casos generalizados, sistemáticos o de relevancia social nacional, de acuerdo a lo que determina el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Para estos trámites se aplicarán las normas establecidas en el presente Reglamento.

Art. 63.- Legitimación para presentar peticiones.- cualquier persona en forma individual o colectiva, por sí misma o por interpuesta persona, que invoque un interés legítimo, puede plantear su petición verbal o escrita ante cualquier dependencia de la Defensoría del Pueblo.

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Art. 64.- Recepción de peticiones.- Las peticiones podrán presentarse en las oficinas de atención de usuarios o a través del mecanismo virtual de atención de casos que la institución genere para tal efecto.

Art. 65.- Forma de presentación.- las peticiones que se presenten en la Defensoría del Pueblo no deben cumplir con ningún requisito de forma, son gratuitas y no requieren el patrocinio de un profesional del derecho. Estas pueden ser de forma verbal o escrita.

Art. 66.- Peticiones escritas.- Las peticiones escritas que provengan de instituciones y organismos de carácter público o privado o de personas de la sociedad civil pueden ser entregadas directamente en la oficina de la Defensoría del Pueblo más cercana a su domicilio.

Se podrá utilizar el formato de petición que se encuentra disponible en la página web de la Defensoría del Pueblo.

Art. 67.- Peticiones verbales.- En caso de que se presente una petición de manera verbal, las personas peticionarias deberán acudir a las oficinas de la Defensoría del Pueblo más cercana a su domicilio. El contenido de la petición deberá transcribirse por parte de la servidora o servidor que atienda el caso, recabando la información requerida en el artículo 5 de este reglamento y deberá entregarse a la persona peticionaria constancia de la misma.

Art. 68.- Registro de las peticiones.- Toda la documentación receptada por cualquier medio deberá ser incorporada en el sistema informático de atención de casos con el que cuente la Defensoría del Pueblo. En el registro de la petición verbal o el documento con el que se notifique del inicio de una acción defensorial estratégica, se deberá hacer constar un número único del caso que servirá como referencia para futuras actuaciones.

Art. 69.- Recepción de peticiones fuera de su jurisdicción.- Cuando la petición presentada no corresponda a su jurisdicción se deberá receptar la misma y remitir a la unidad competente previa verificación de los parámetros de precalificación del artículo 5 de este reglamento.

Art. 70.- Traslado del caso Defensorial.- El traslado será a solicitud expresa del peticionario/a o de oficio y tiene como finalidad que el caso se ejecute de acuerdo a su jurisdicción y competencia.

Art. 71.- Procedimiento para solicitar el traslado.– El traslado del expediente será mediante Memorando y notificada a las partes. Una vez concluido el caso, el expediente regresará a la unidad de origen para la custodia en su archivo central.

Art. 72.- Congruencia de los expedientes físicos y digitales.- La servidora o servidor responsable del caso defensorial será responsable de verificar que, tanto el expediente físico como el digital que estará registrado en el sistema de atención de casos, contengan la misma información.

Art. 73.- Contenido de la petición.- Todas las peticiones que se presenten ante la Defensoría del Pueblo, sean verbales o escritas, deben contener mínimamente la siguiente información:

  1. Nombres y apellidos de la persona peticionaria.
  2. Número de documento de identidad de la persona que presenta la petición y, de ser el caso, de la persona a nombre de quien se está presentando. Esto no será un requisito obligatorio para las personas en contexto de movilidad humana que se encuentren en situación administrativa irregular.
  3. En el caso de que una persona comparezca en representación de una comunidad, organización o grupo de personas, deberá presentar constancia escrita de que está autorizado para efectuar dicha representación.
  4. Descripción de los hechos que presuntamente ocasionaron la vulneración de derechos o que podrían constituir una amenaza o peligro para la garantía y ejercicio de los mismos. De preferencia, deberá contener el lugar, fecha y hora en el que ocurrieron.
  5. Identificación de la autoridad, servidor/a público/a, persona particular o persona jurídica y demás personas o entidades que participaron en el hecho descrito o pueden aportar datos respecto de los hechos puestos en conocimiento de la Defensoría del Pueblo. De ser posible, especificar su domicilio, teléfono y correo electrónico siendo indispensable el señalamiento de por lo menos uno de los requeridos.
  6. Determinación de la pretensión
  7. Documentos o información que respalden la petición, en caso de existir.
  8. Lugar en el que requiere que se le notifique, esta puede ser dirección domiciliaria (de ser posible, especificar calle principal y secundaria, nomenclatura y referencia), teléfono o correo electrónico. En caso de que la persona peticionaria se encuentre en una comunidad en la que sea imposible remitir comunicaciones de la Defensoría del Pueblo, establecer un mecanismo alternativo para las notificaciones que deberá ser registrado en el formulario de petición.
  9. Firma o huella digital de la persona peticionaria o firma de un testigo. En caso de no ser posible la persona que recepta la petición deberá dejar constancia.

Art. 74.- De las peticiones telefónicas y medios tecnológicos.- Las peticiones podrán ser receptadas telefónicamente o por medios tecnológicos implementados por la institución para tal efecto.

En este caso, de existir evidencia suficiente de que se requiere una atención emergente por constituir una amenaza al ejercicio de los derechos humanos, el servidor

34 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Ofiil N° 94

o servidora competente deberá atenderla de oficio. De igual forma se procederá en el caso de que la persona peticionaria no pueda acceder por condiciones físicas o geográficas a las oficinas de la Defensoría del Pueblo.

Si a criterio del servidor o servidora de la Defensoría del Pueblo, la petición telefónica no tuviera la calidad de urgente pero es de competencia de esta institución, se le informarán los canales a través de los cuales puede presentar su petición.

Si esta no fuera de competencia de la Defensoría del Pueblo se efectuará la asesoría correspondiente.

Art. 75.- Saneamiento de oficio.- Los servidores y servidoras de la Defensoría del Pueblo están obligados a contactarse con las personas peticionarias para subsanar cualquier omisión de los contenidos de la petición, corregir los errores o superar las omisiones con el fin de facilitar el análisis y definición de estrategia.

Art. 76.- Actuación de oficio.- La Defensoría del Pueblo actuará de oficio ante la evidencia fundada de que existan o pudieran existir vulneraciones de derechos humanos, entre otros, en los siguientes casos:

  1. Presuntas vulneraciones de derechos de las que se tenga conocimiento a través de medios de comunicación social, alertas generadas por cualquier dependencia de la institución.
  2. Presuntas vulneraciones de derechos de las que se tenga conocimiento en la ejecución de procesos educativos efectuados por la Defensoría del Pueblo.
  3. Presuntas vulneraciones de derechos de las que se tenga conocimiento a través de las investigaciones académicas, incidencia en política pública e incidencia en normativa efectuada por la Defensoría del Pueblo.

Cuando se detecte por cualquier medio una posible vulneración de derechos el/la Delegado/a Provincial o los Coordinadores de protección y promoción de derechos actuarán de oficio de acuerdo a sus competencias.

Para esto podrá utilizar cualquiera de las herramientas defensoriales establecidas en este Reglamento.

En estos casos, el área competente para tramitarlos procederá a registrarlo y definir la acción defensorial estratégica a seguir.

Art. 77.- Confidencialidad de la información.-

Información confidencial son todos los datos considerados como sensibles, es decir, aquellos que al ser divulgados afecten la intimidad de la persona, cuyo uso indebido puede generar discriminación o atenten contra los derechos personalísimos y fundamentales y, en especial aquellos cuyo uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República e Instrumentos Internacionales.

Art. 78.- Información reservada.- En caso de que dentro de las acciones defensoriales se encuentre información que ha sido clasificada de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública y del Estado y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el servidor o servidora deberá de forma obligatoria guardar absoluta reserva de acuerdo a la norma interna establecida para el efecto.

Capítulo VI

Normas comunes a las acciones defensoriales

estratégicas

Art. 79.- Consecuencia de la negativa de colaboración.-La negativa a colaborar en cualquier procedimiento defensorial se entenderá como incumplimiento de decisiones de autoridad legítima competente. Para este efecto, el/la Delegado/a Provincial o Coordinador/a General de las unidades misionales informará a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes para que se dé inicio al trámite respectivo.

Art. 80.- Notificaciones.- Todas las diligencias que se realicen para la ejecución de las acciones defensoriales estratégicas deberán ser comunicadas a las partes por los medios más idóneos, adjuntando los documentos que las partes hayan incorporado al expediente, garantizando de esta manera el debido proceso.

Una vez notificadas aquellas providencias en las que se solicite información o una respuesta concreta relacionada al objeto de la petición, las partes deberán contestar en el lapso de 15 días término.

Art. 81.- Colaboración para efectuar diligencias.- En los casos en los que se requiera efectuar diligencias en una provincia distinta a la que recibió la petición, tales como notificaciones, visitas in situ, audiencias, revisión de expedientes o entrevistas, se remitirá una comunicación a la máxima autoridad de la Delegación Provincial del lugar en el que se deban efectuar solicitándole su colaboración.

Practicada la diligencia, en caso de que esta sea una notificación se remitirá a la unidad de origen la constancia para el respectivo registro en el expediente. En el caso de actividades que correspondan a visitas in situ, revisión de expedientes o entrevistas, la Delegación que realizó el apoyo deberá trasladar a la Delegación de origen, mediante memorando, el informe de las gestiones realizadas y los respectivos anexos o documentos recopilados, para que dicha Delegación continúe tramitando la estrategia.

De la misma manera, en el caso de que se requiera realizar una audiencia y no sea posible para alguna de las partes acudir a la misma debido a que la competencia radica en una ciudad o provincia diferente a la de su domicilio, la unidad responsable del proceso deberá coordinar para que acuda a la oficina de la Defensoría del Pueblo más cercana y participe en la diligencia aplicando las tecnologías de comunicación disponibles.

Art. 82.- Casos generalizados, sistemáticos o de relevancia social.- Si se determinarse que un caso es

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 201- 35generalizado, sistemático o de relevancia social se remitirá a la Secretaría General Misional para que sea derivado a Coordinación General correspondiente en los siguientes casos:

1. Si de la revisión de la petición o de la ejecución de la Acción Defensorial Estratégica se desprende que el caso es generalizado, sistemático o de relevancia social.

2. Cuando la Coordinación General de Producción Especializada de Gestión del Conocimiento e Investigación determine que existe una situación o contexto que genere violación de derechos humanos o de la naturaleza.

Excepcionalmente si del análisis de los hechos el Coordinador/a General competente considera que existe la necesidad de un abordaje interseccional creará y liderará una mesa técnica de gestión de la situación que estará conformada por un servidor/a de cada mecanismo o Dirección Nacional que considere pertinente.

Art. 83.- Rectificación de providencias.- En caso de que las providencias dictadas durante la acción defensorial estratégica contengan errores que no afecten al debido proceso podrán ser rectificadas de oficio a través de una nueva providencia dentro de los 3 días término subsiguientes a la fecha de emisión.

Art. 84.- Acumulación de peticiones.- En caso de existir varias peticiones cuyo contenido revelen similitud en la presunta vulneración del derecho y/o el mismo requerido, se podrá ordenar mediante providencia la acumulación en una sola acción defensorial estratégica, notificando a las partes.

Se deberá tomar en consideración lo siguiente:

  1. Se unificará al caso más antiguo y se continuará con la foliación correspondiente.
  2. Los expedientes digitales acumulados se finalizarán en el sistema, el mismo deberá reflejar la acumulación de causas.

Art. 85.- Reformulación de estrategia defensorial.- Cuando se evidencie que la herramienta o herramientas adoptadas inicialmente como estrategia no surten los efectos deseados se podrá reformular la estrategia y comunicar mediante providencia a las personas que intervienen en el caso.

Art. 86.- Desistimiento.- La o las personas podrán desistir en cualquier estado o etapa de la acción defensorial estratégica siempre y cuando dicho desistimiento no afecte derechos de terceros. El desistimiento se lo hará constar mediante providencia en la que se disponga el archivo del proceso.

La Defensoría del Pueblo evaluará el desistimiento, que deberá ser presentado por escrito, pero de advertirse posibles vulneraciones de derechos humanos que deban esclarecerse, de manera fundamentada, se dispondrá la continuación del caso de oficio.

En los casos de derechos de personas usuarias y consumidoras, si existen varios peticionarios y no todos expresan su consentimiento para desistir, se procederá con una providencia de archivo para quienes lo solicitaron, pero se continuará el trámite respectivo de quienes no han presentado su desistimiento. El desistimiento será calificado por la máxima autoridad de la unidad a cargo de la gestión del caso.

Art. 87.- Abandono.- En los procedimientos iniciados a petición de parte en los que la paralización del mismo sea imputable al peticionario se declarará el abandono mediante providencia en la que se dispondrá el archivo del caso defensorial. Sin perjuicio de que la Defensoría del Pueblo, por advertir posibles vulneraciones de derechos humanos que deban esclarecerse, de manera fundamentada, disponga la continuación del caso de oficio.

Se declarará el abandono del procedimiento cuando:

  1. La persona peticionaria, sin justificación alguna, faltare a una audiencia convocada por la Defensoría del Pueblo.
  2. La persona peticionaria no entregue la documentación solicitada para la continuación de la estrategia defensorial. En caso de que la persona a la que se le requiere la documentación no la posea, deberá informar a la Defensoría del Pueblo esta novedad con el fin de que no se proceda a declarar el abandono de la causa.
  3. Si persona peticionaria ha del ado de impulsar la estrategia defensorial por más de seis meses.

La Defensoría del Pueblo no receptará nuevamente una petición sobre la que se ha declarado el abandono, a menos que se identifique que con el transcurso del tiempo ocurrieron nuevos hechos que pongan en peligro el ejercicio de los derechos.

Art. 88.-Archivo de expedientes.- Concluida la estrategia defensorial se dispondrá el archivo mediante providencia y se finalizará en el sistema de atención de casos.

Art. 89.- Transferencia de Expedientes al archivo central.- Para custodia y conservación de los expedientes, cada responsable de los casos deberá transferir los finalizados de acuerdo a las normas internas establecidas para el efecto.

Art. 90.- Remisión de casos a Fiscalía.- En cualquier momento de la acción defensorial estratégica en el caso de que de los hechos puestos en conocimiento de la Defensoría del Pueblo se llegare a evidenciar presunción del cometimiento de un delito, se remitirá a la Fiscalía copias certificadas del expediente con todo lo actuado hasta el momento y se procederá al archivo.

Se deberá verificar la pertinencia de efectuar una estrategia de vigilancia al debido proceso.

Si los hechos puestos en conocimiento de la Defensoría del Pueblo evidencian la presunción de un delito de trata de personas o tráfico de migrantes, la Unidad de Asesoría

36 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficia N° 94

y Atención Defensorial deberá efectuar la denuncia a través de los canales correspondientes, efectuar el acompañamiento de la persona peticionaria con la finalidad de verificar que se tomen medidas de protección tales como acogida o coordinación para ingreso al programa de víctimas y testigos. De oficio, se efectuará la vigilancia al debido proceso.

Art. 91.- Representación de la naturaleza.- En los casos en los que se llegara a determinar con claridad que existen vulneraciones de derechos de la naturaleza como sujeto de derechos, se procederá efectuar las acciones constitucionales necesarias para prevenir, proteger o restaurar sus derechos. Además, se determinará de ser necesario estrategias educativas y comunicacionales para la promoción de sus derechos.

Art. 92.- Publicación de información especializada en derechos humanos y de la naturaleza.- Si a criterio de la persona responsable del caso, el contenido del documento con el que se ha dado fin a la acción defensorial estratégica desarrolla de forma amplia y documentada el alcance del ejercicio del derecho y la obligación del Estado frente a este o, generó el cambio, reforma o implementación de una política pública, plan o programa o, normativa, se remitirá a la Coordinación General de Producción Especializada de Gestión del Conocimiento e Investigación para su publicación.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En caso de que el peticionario informase el incumplimiento de las recomendaciones emitidas en informes y pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, previa verificación, conservando la numeración única del caso en el que estas se emitieron se procederá de la siguiente manera:

  1. Solicitar información que justifique el incumplimiento y el establecimiento del tiempo para su cumplimiento.
  2. De persistir el incumplimiento se registrará a la parte requerida en el capítulo establecido en el informe de la Defensoría del Pueblo para tal efecto.

SEGUNDA.- Mapeo de actores.- La Secretaría General misional deberá coordinar la generación de un mapeo de actores estatales y no estatales que deberá ser actualizado de forma periódica en el que se determine con claridad, por sujetos de protección de derechos, las competencias de las institución, su presencia territorial y los procedimientos de posibles articulaciones para la ejecución de la acción defensorial estratégica.

TERCERA.- La Coordinación General de Producción Especializada de Gestión del Conocimiento e Investigación Conocimiento establecerá las directrices para que, con base en los documentos que pongan fin a las acciones defensoriales estratégicas, efectúe las siguientes acciones:

1. Emitir alertas a los Mecanismos Nacionales respecto de los casos que por su recurrencia a nivel nacional ya sea por los hechos o por las personas o entidades requeridas,

pueden ser considerados como generalizados, sistemáticos o de relevancia social.

2. Efectuar investigaciones académicas y líneas de investigación.

  1. Con base en la recurrencia de casos en los que se han producido vulneraciones de un derecho específico producto de la definición o mala aplicación de una política pública o normativa local interna, determinar directrices para poder incidir a nivel nacional en su reformulación o implementación.
  2. Identificar, recopilar y sistematizar la información desarrollada en las acciones defensoriales estratégicas que puede constituir doctrina en derechos humanos y de la naturaleza.

CUARTA.- Los usuarios y claves de acceso a los sistemas informáticos para la carga y gestión de casos ante el Sistema Interamericano y Sistema Universal de derechos humanos serán centralizados y administrados a través de cuentas genéricas que representen a la Defensoría del Pueblo. El manejo de estas cuentas lo realizará la Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales o quien haga sus veces.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- En virtud de las disposiciones emitidas en el presente Reglamento, la Coordinación General de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza o quien haga sus veces, en el término de 45 días contados a partir de la suscripción de esta Resolución, emitirá los lineamientos necesarios para su adecuada implementación.

SEGUNDA.- La Coordinación General de Asesoría Jurídica efectuará los trámites correspondientes para que se genere la delegación de funciones que permitan a las máximas autoridades en territorio la aplicación directa de las disposiciones contenidas en este Reglamento.

TERCERA.- Este Reglamento se implementará gradualmente, en el término máximo de 180 días a partir de la suscripción de esta Resolución. Se efectuarán pruebas piloto en el término de 60 días, en las dependencias que determine la Dirección Nacional de Procesos o quien haga sus veces. La coordinación para la ejecución e implementación de las pruebas piloto e implementación total de este Reglamento estará a cargo de la Dirección General de Protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza o quien haga sus veces.

CUARTA.- Los usuarios y claves de acceso a los sistemas informáticos para la carga y gestión de casos ante el Sistema Interamericano y Sistema Universal de derechos humanos que se hayan generado de manera individual utilizando cuentas de correo electrónico personales o institucionales; serán puestos en conocimiento de la Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales o de quien haga sus veces, por parte de la áreas misionales a nivel nacional en el término de 30 días; a fin de que esta

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solicite a las instancias correspondientes la consolidación de casos de la Defensoría del Pueblo en una sola cuenta. Serán responsables de la remisión de esta información los directores y delegados provinciales a cargo de áreas misionales.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

En cumplimiento de lo que dispone la Disposición Transitoria Tercera del presente Reglamento, mientras se implementa el mismo, continuará vigente la Resolución No. 56-DPE-CGAJ-2017 que contiene el Reglamento de Admisibilidad y Trámite de casos de competencia de la Defensoría del Pueblo y sus reformas contenidas en la Resolución No. 088-CGAJ-2019, las mismas que quedarán derogadas una vez que se haya implementado completamente la presente normativa en el término máximo de 180 días.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, de su ejecución encárguense la Coordinación General de Protección de Derechos Humanos, a la Coordinación General de Promoción de Derechos Humanos, a las Delegaciones Provinciales, y a la Coordinación General de Gestión Especializada del Conocimiento.

Dado en Quito DM, a los 31 días del mes de octubre de 2019.

f.) Freddy Camón Intriago, Defensor del Pueblo del Ecuador.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO.- Estas copias son iguales al original que en 15 fs. reposan en el archivo de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y a las cuales me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito, a 18 de noviembre de 2019.- f.) Julio ZuritaYépez, Secretario General.

No. 112-DPE-CGAJ-2019

Freddy Carrión Intriago

DEFENSOR DEL PUEBLO

DELECUADOR

Considerando:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución;

Que, el artículo 3 números 2, 7, 8 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como deberes primordiales del Estado el de garantizar y defender la soberanía nacional, proteger el patrimonio natural y cultural del país, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;

Que, el artículo 78 de la Constitución de la República establece se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado a las víctimas de infracciones penales; además dispone que se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales;

Que, el artículo 214 de la Constitución de la República establece que la Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior;

Que, la letra f) el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo del Ecuador contempla que una de las competencias de la Defensoría del Pueblo es realizar investigaciones defensoriales para verificar posibles vulneraciones de los derechos humanos o de la naturaleza que podrán realizarse por medio de visitas in situ;

Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece que la Defensoría del Pueblo, para el cumplimiento de sus atribuciones y competencias, podrá crear comisiones especiales para enfrentar oportuna y eficazmente situaciones que amenacen o vulneren gravemente los derechos humanos y de la naturaleza.

Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo del Ecuador establece que las defensoras o defensores de derechos humanos y de la naturaleza son personas o colectivos que ejercen el derecho de promover, proteger y procurar la realización de los derechos humanos y de la naturaleza. Esto incluye tanto a las actividades profesionales como a las luchas personales y colectivas, incluyendo actividades vinculadas de forma ocasional con la defensa de los derechos humanos.

Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo contempla que la Defensora o Defensor del Pueblo podrá contar con personas expertas nacionales o extranjeras, académicas o de saberes alternativos para la realización de investigaciones que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de la promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza. Para estas asesorías se podrán considerar a quienes integren los Consejos Defensoriales a nivel nacional y provincial. En este último caso, dejarán de pertenecer al consejo defensorial respectivo.

Que, de fecha 16 de Octubre de 2019, el Señor Defensor del Pueblo mediante resolución N° 098-DPE-CGAJ-2019

38 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oicial N° 94

resolvió «conformar una comisión especial que realice una investigación defensorial respecto a los hechos ocurridos en el Ecuador entre el 03 y 16 de octubre de 2019».

Que, en el artículo 2 de la Resolución No. 098-DPE-CGAJ-2019, señala que al amparo del Artículo 20 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo se dispone conformar una Comisión Especial integrada por servidores públicos de un equipo multidisciplinario pertenecientes a diferentes dependencias de la Institución, que se encargará de llevar adelante la investigación defensorial.

Que, en el segundo inciso del artículo 2 de la Resolución No. 098-DPE-CGAJ-2019 se señala que la Comisión Especial seleccionará un equipo asesor integrado por expertos y expertas independientes en representación de la Sociedad Civil, Organizaciones de Derechos Humanos, la Academia, Gremios Profesionales y otros sectores.

Que, el artículo 10 de la Resolución No. 098-DPE-CGAJ-2019, se dispone que para la presente investigación defensorial se podrá contar con personas expertas nacionales o extranjeras, académicas o de saberes alternativos, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Que, el artículo 12 de la Resolución No. 098-DPE-CGAJ-2019, se dispone que se deberá garantizar y proteger los datos o información confidencial de personas particulares o servidores y servidoras, a fin de conservar y evitar la inadecuada utilización o divulgación.

Que, el artículo 13 de la Resolución No. 098-DPE-CGAJ-2019, garantiza los derechos de los defensoras o defensores de los derechos humanos y la naturaleza que participen en la investigación de manera que puedan ejercer su derecho a promover, proteger y procurar la realización de los derechos humanos y de la naturaleza.

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales:

Resuelve:

LA DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL

PARA LA VERDAD Y JUSTICIA QUE REALIZARÁ

UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO DE LOS

HECHOS OCURRIDOS EN EL ECUADOR ENTRE

EL 03 Y 16 DE OCTUBRE DE 2019

Art. 1.- NOMBRAMIENTO.- Nombrar como comisio­nados y comisionadas honoríficos de la Comisión especial para la verdad y la justicia a las siguientes personas:

Rosalía Arteaga Serrano

Juan Cueva Ortega

Sybel Martínez Reinoso

Juan Carlos Solines Moreno

Xavier Zavala Egas

Esta comisión de alto nivel tiene como objetivo analizar la información producida en el marco de la investigación defensorial y el proceso de monitoreo realizado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador durante las protestas que tuvieron lugar en el país, especialmente durante el periodo comprendido entre el 3 de octubre y el 16 de octubre de 2019. Ninguno de sus miembros percibirá remuneración ni tendrá ningún tipo de relación laboral con la institución, su nombramiento es honorífico pues reconoce su amplia trayectoria en materia de derechos.

Contará con el apoyo de una Comisión técnica interna con el objetivo de confirmar, obtener o producir nueva información necesaria para cumplir con el objetivo propuesto y de quienes se elegirá al secretario ejecutivo del proceso. La metodología de trabajo se determinará en la primera reunión de manera independiente y autónoma.

Todas las decisiones se adoptarán por mayoría simple y en aplicación del procedimiento parlamentario.

Art.2. DE LA SECRETARIA TÉCNICA: Nombrar como Secretaria Técnica de la Comisión Especial a María Isabel Espinosa Ortega, Servidora de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.

Art. 3. DE LA COMISIÓN TÉCNICA: Designar como miembros de la Comisión técnica interna para realizar la Investigación Defensorial en relación a las protestas que tuvieron lugar en el país, especialmente durante el periodo comprendido entre el 3 de octubre y el 16 de octubre de 2019, a las y los servidores:

Cristhian Bahamone Galarza

Harold Burbano Villarreal

Francisco Dávalos Moran

Tatiana Ordeñana Sierra

Belén Vásconez Rodríguez

Art. 4 RECURSOS.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 de la Resolución No. 098-DPE-CGAJ-2019, disponer a la Coordinación General Administrativa Financiera y a la Dirección Nacional Financiera, gestionar y destinar los recursos económicos suficientes que permitan a la comisión la realización de la investigación defensorial, acorde a la disponibilidad presupuestaria institucional.

Se dispone a las unidades administrativas de la institución reconocer la movilización que comprende los gastos de transporte en valor o especie que utilicen los Miembros de la Comisión y el equipo técnico, por el desplazamiento desde sus lugares de residencias a los terminales aéreos, terrestres, y desde/ hasta el lugar de la reunión, así como el traslado a sus domicilios.

Art. 5. PROTECCIÓN.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Resolución No. 098-DPE-CGAJ-2019, disponer a las diferentes Direcciones Generales y Nacionales de la Defensoría del Pueblo, que deben estar prestas para

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciebre de 2019 –39

brindar el acompañamiento, la tutela y protección integral a los miembros de la Comisión en la realización del trabajo encomendado.

Art.6. TRASLADO DE EXPEDIENTES: Se dispone el traslado de toda la información producida por las unidades de la Defensoría del Pueblo durante el proceso de monitoreo del paro nacional. Esta información será remitida a la Comisión técnica quien actuará como custodia de la misma.

Dado en Quito DM, a los 12 días del mes noviembre de 2019.

f.) Freddy Carrión Intriago, Defensor del Pueblo del Ecuador.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO.- Estas copias son iguales al original que en 02 fs. reposan en el archivo de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y a las cuales me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito, a 18 de noviembre de 2019.- f.) Julio ZuritaYépez, Secretario General.

No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0237

Catalina Pazos Chimbo

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

Considerando:

Que, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: «Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoria, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (…) «;

Que, el artículo 227 de la norma antes indicada, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. «;

Que, el artículo 74 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone «Ámbito. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en su organización, funcionamiento y funciones de control y supervisión del sector financiero popular y solidario, se regirá por las disposiciones de este Código y la Ley Orgánica de la

Economía Popular y Solidaria (…) Los actos expedidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria gozarán de la presunción de legalidad (…) «;

Que, el artículo 170 ibídem señala «La fusión es la unión de dos o más entidades del sistema financiero nacional del mismo sector, por la que se comprometen a juntar sus patrimonios y formar una nueva sociedad, la cual adquiere a título universal los derechos y obligaciones de las sociedades intervinientes. La fusión se produce también cuando una o más entidades son absorbidas por otra que continúa subsistiendo. «;

Que, el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo establece: «Principio de eficiencia. Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas (…) «;

Que, el artículo 98 del Código Invocado dispone: «Acto administrativo. Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo.»;

Que, el artículo 174 de la ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria señala: «Atribuciones.- La Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones: (…) b) Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control (…) » «;

Que, el literal a) del artículo 4 de la Norma del Proceso de Fusión Ordinario de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, dispone: «Formas de fusión ordinaria.- La fusión ordinaria de las entidades del sector financiero popular y solidario podrá ser: a) Por absorción, cuando una o más entidades son absorbidas por otra que continúa subsistiendo, manteniendo su personalidad jurídica, adquiriendo a título universal los derechos y obligaciones de las entidades absorbidas «;

Que, a través de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0201 de 4 de julio de 2019, la Intendente General Técnico de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, aprobó la fusión ordinaria por absorción de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mas Ahorro Solidario «MASCOOP» por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa Ltda.;

Que, con memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1166 de 18 de julio de 2019, la Intendencia General Técnica señala: «(…) Con relación a la Resolución de Fusión Ordinaria por Absorción No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0201 de 04 de julio de 2019, a través de la cual esta Superintendencia autorizó la fusión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mas (sic) Ahorro Solidario «MASCOOP» por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa Ltda.; y en virtud de que la representante legal de la entidad absorbida comunicó (…) que existen inconsistencias en los puntos de atención señalados en el artículo 3 de la referida Resolución (…) habiéndose determinado que es necesario

40 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

solicitar la emisión de una resolución ampliatoria toda vez que la información que consta en el Sistema de Gestión de Organizaciones del Sector Financiero no se encuentra actualizada. (…) Por lo expuesto, agradeceré se emita el informe jurídico correspondiente junto con la resolución ampliatoria; para lo cual se adjunta el borrador de resolución (sic) (…)»;

Que, como se establece en el Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2019-1464 de 26 de julio de 2019, la Intendencia General Jurídica emite informe favorable para la emisión de la resolución ampliatoria a la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0201 de 04 de julio de 2019;

Que, conforme a la Resolución No. SEPS-IGJ-2018-001 de 02 de enero de 2018, la Superintendente de Economía Popular y Solidaria, delega al Intendente General Técnico, suscribir las resoluciones de fusión de las entidades controladas por la Superintendencia; y,

Que, mediante acción de personal No. 0733 de 25 de junio 2018, el Intendente General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía Popular y Solidaria a través de Resolución No. SEPS-IGG-2016-090 de 28 de abril de 2016, nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Ampliar el artículo 3 de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0201 de 4 de julio de 2019 y, por lo tanto, autorizar que los siguientes puntos de atención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito MÁS AHORRO SOLIDARIO MASCOOP, pasen a formar parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MUSHUC RUNA LTDA.:

No.

TIPO DE

PUNTO

SERVICIO

CÓDIGO

DE OFICINA

PROVINCIA

CANTÓN

PARROQUIA

DIRECCIÓN

1

MATRIZ

17181

AZUAY

CUENCA

GIL RAMÍREZ DÁVALOS

MARISCAL JOSE LAMAR

11-67 TARQUI

2

AGENCIA

17103

AZUAY

SIGSIG

SIGSIG

BOLÍVAR S/N RODIL

3

AGENCIA

16956

AZUAY

GUACHAPALA

GUACHAPA­LA

AV. 3 DE NOVIEMBRE S/N 9

DE OCTUBRE ESQUINA

4

AGENCIA

16952

AZUAY

CHORDELEG

CHORDELEG

A UNA CUADRA DE LA IG-

LESIA DE ZHONDELEG S/N

COMUNIDAD DE ZHONDE-

LEG

5

AGENCIA

16954

AZUAY

CUENCA

SINTNCAY

AV. 5 DE FEBRERO S/N

ESCULTOR D.FILOROMO

QUIZHPE

6

AGENCIA

16953

AZUAY

CUENCA

BAÑOS

AV. RICARDO DURAN S/N

ANTONIO ANTE CONTROL

SUR

7

AGENCIA

17106

AZUAY

SIGSIG

GIMA

CALLE LUIS VARGAS TOR-

RES S/N AV. AMAZONAS

8

AGENCIA

17102

AZUAY

SIGSIG

GUEL

MANUEL CLODOVEO

VASQUEZ S/N MANUELA

CAÑIZARES

9

AGENCIA

16948

CAÑAR

BIBLIAN

BIBLIAN

MARISCAL SUCRE S/N 3 DE

NOVIEMBRE

10

AGENCIA

16946

CAÑAR

AZOGUES

AZOGUES

CALLE SUCRE S/N EMILIO

ABAD ESQUINA

11

AGENCIA

16947

CAÑAR

LA TRONCAL

LA TRONCAL

CALLE 24 DE MAYO 3-14

25 DE AGOSTO

12

AGENCIA

17109

MORONA SANTIAGO

GUALAQUIZA

GUALAQUI­ZA

GONZALO PESANTEZ S/N

ELOY ALFARO

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 41

13

VENTANILLA

DE EXTEN-

SIÓN DE SER-

VICIOS

17104

AZUAY

SIGSIG

CUCHIL

(CUTCLUL)

CUCHIL CENTRO FRENTE

AL PARQUE CENTRAL

14

VENTANILLA

DE EXTEN-

SIÓN DE SER-

VICIOS

17107

AZUAY

SIGSIG

LUDO

COMUNIDAD SERRAG

VIA AL SIGSIG JUNTO AL

PARQUE CENTRAL

15

VENTANILLA

DE EXTEN-

SIÓN DE SER-

VICIOS

16951

CAÑAR

AZOGUES

AZOGUES

GENERAL IGNACIO DE

VEINTIMILLA S/N BARRIO

BAYAS

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer a la Intendencia del Sector Financiero, registre los puntos de atención autorizados en el artículo primero de la presente Resolución, y comunicar a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MUSHUC RUNA LTDA., los nuevos códigos asignados.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La presente Resolución se pondrá en conocimiento del Servicio de Rentas Internas, para los fines legales correspondientes.

SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación. De su cumplimiento encárguese a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 01 de agosto de 2019.

f.) Catalina Pazos Chimbo, Intendente General Técnico.

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.- CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA del original que reposa en los archivos de esta Superintendencia.- Fojas: 2.- 28 de octubre de 2019.-f.) Ilegible, Dirección Nacional de Certificaciones.

No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0270

Catalina Pazos Chimbo

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

Considerando:

Que, el artículo 309 de la Constitución de la República establece: «El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario,

que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. «;

Que, el artículo 311 de la norma suprema establece que: «El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. «;

Que, el artículo 170 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone: «La fusión es la unión de dos o más entidades del sistema financiero nacional del mismo sector, por la que se comprometen a juntar sus patrimonios y formar una nueva sociedad, la cual adquiere a título universal los derechos y obligaciones de las sociedades intervinientes. La fusión se produce también cuando una o más entidades son absorbidas por otra que continúa subsistiendo. «;

Que, el artículo 171 del Código mencionado determina: «Las fusiones podrán ser ordinarias y extraordinarias.- La fusión ordinaria es la acordada y efectuada por entidades financieras que no estuvieren en situación de deficiencia de patrimonio técnico. (…)»‘,

Que, el artículo 172 del Código señalado establece: «El proceso de fusión ordinario será normado por los organismos de control. (…) «;

Que, el artículo 176 ibídem dispone: «Aprobación. La fusión y conversión serán aprobadas previamente por los respectivos organismos de control, de conformidad con la regulación vigente.- En caso de fusión ordinaria, se considerarán las políticas y regulaciones que en materia de control de poder del mercado, haya emitido la instancia reguladora competente y se requerirá un informe previo de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado cuando supere los límites por sector y/o segmento

42 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 egistro Oficial N 94

financiero determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en coordinación con la Junta de Control de Poder de Mercado. (…) «;

Que, el artículo 3 de la Norma del Proceso de Fusión Ordinario de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045 de 10 de mayo de 2017, establece: «Fusión ordinaria.- La fusión ordinaria es la acordada y efectuada entre entidades que conforman el sector financiero popular y solidario, que no estuvieren en una situación de deficiencia de patrimonio técnico. «;

Que, el literal a) del artículo 4 de la citada Norma, dispone: «Formas de fusión ordinaria.- La fusión ordinaria de las entidades del sector financiero popular y solidario podrá ser: a) Por absorción, cuando una o más entidades son absorbidas por otra que continúa subsistiendo, manteniendo su personalidad jurídica, adquiriendo a título universal los derechos y obligaciones de las entidades absorbidas (…) «;

Que, el artículo 8 de la norma mencionada, establece: «Viabilidad de la Fusión.- Enviada a la Superintendencia el acuerdo previo de intención de fusión y el convenio de confidencialidad, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria determinará la viabilidad de la fusión, basándose, entre otros aspectos, criterios de territorialidad, análisis de estados financieros, indicadores financieros y cumplimiento normativo de la entidad absorbente. «;

Que, el artículo 11 de la Norma Ibídem, señala: «Contrato de fusión.- Aprobada la participación en el proceso de fusión por parte de las asambleas, los representantes legales suscribirán el contrato de fusión (…) «;

Que, mediante trámite No. SEPS-IZ6-2019-001-40431 y SEPS-IZ3-2019-001-59452, ingresados el 06 de junio y 08 de agosto de 2019, respectivamente se remiten a esta Superintendencia; la Carta de Intención de Fusión y el Acuerdo de Confidencialidad de Información, entre otros documentos habilitantes para iniciar el proceso de Fusión Ordinaria por Absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA., a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA;

Que, conforme se desprende de los documentos adjuntos al Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1614, mediante Asamblea General Extraordinaria de Representantes de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA., realizada el 27 de julio de 2019, se resolvió aprobar su participación en el proceso de fusión por absorción con la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA, asimismo la Asamblea General Extraordinaria de Representantes de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA, realizada el 26 de julio de 2019, resolvió aprobar su participación en el proceso de fusión por absorción

con la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRSA DE PASTAZA LTDA., suscribiéndose además el respectivo contrato de Fusión entre las cooperativas;

Que, Mediante Informe No. SEPS-IR-DNSES-2019-0443 de 04 de julio de 2019, la Intendencia de Riesgos concluye que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA, y la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA, cumplen con el requisito de no tener deficiencia patrimonial, previsto en el artículo 171 del Código Orgánico Monetario y Financiero, para la fusión ordinaria; indicando además que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA. (Absorbente) «(…)mantendría su nivel de riesgo original ‘MUY BAJO», registrando leves deterioros en los indicadores de morosidad, cobertura de cartera improductiva, grado de absorción del margen financiero neto y participación del capital institucional (…) considerando la situación financiera, indicadores y el nivel de riesgo de las entidades analizadas se recomienda continuar con el proceso de fusión ordinaria de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana, por parte de la Cooperativa de ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Pastaza Ltda. (…) recomienda a demás, que la entidad Absorbente realice el análisis correspondiente y tome las medidas necesarias para minimizar impactos financieros, operativos y legales producto del proceso de fusión (…) que se efectúe un adecuado estudio de factibilidad en cuanto a los beneficios netos que derivarían de los puntos de atención de la entidad Absorbida, que pasarán a su administración. «;

Que, Mediante Informe No. SEPS-IFMR-DNMR-2019-078 de 19 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Mecanismos de Resolución, presenta su análisis sobre el proceso de fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA., a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA, al que incorpora el detalle de la situación financiera de cada una de las cooperativas a fusionarse, sustentado en estados financieros y bases reportadas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con corte al mes de junio de 2019, señalando además que: «(…) De acuerdo a la Resolución No. 009 del 25 de diciembre de 2015, la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en el artículo 3, determinó los montos de volumen de negocio sujetos a notificación obligatoria. En lo que corresponde a nuestro sector, establece que el umbral sean 3.2000.000 remuneraciones básicas unificadas. Por lo expuesto, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza Ltda., al asumir los activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana, su nivel de activos ascendería a USD149.841.061, (sic) razón por lo cual (sic) no estaría superando el umbral establecido (…)»; recomendando desde un análisis estrictamente financiero, autorizar la fusión solicitada;

Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1614 de 20 de agosto de 2019, la Intendencia General Técnica, señala: «(…) sustentado en el Informe Técnico Financiero

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 43

Nro. SEPS-IFMR-DNMR-2019-078 de la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, se recomienda la fusión ordinaria por absorción de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito De La Pequeña Empresa de Pastaza Ltda. (…). «;

Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2019-1677 de 26 de agosto de 2019, la Intendencia General Jurídica, emite informe favorable para la fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA., a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA;

Que, a través de la instrucción agregada en el Sistema de Gestión Documental de esta Superintendencia el 27 de agosto de 2019, en los comentarios del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2019-1677 de 26 de agosto de 2019, la Intendencia General Técnica acoge la recomendación indicada y emite su «PROCEDER» para continuar con del proceso de fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA., a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA;

Que, con Resolución No. SEPS-IGJ-2018-001 de 02 de enero de 2018, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, delega al Intendente General Técnico, suscribir las resoluciones de fusión de las entidades del sector financiero popular y solidario, controladas por la Superintendencia; y,

Que, a través de la acción de personal No. 0733 de 25 de junio de 2018, el Intendente General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía Popular y Solidaria a través de Resolución No. SEPS-IGG-2016-090 de 28 de abril de 2016, nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA., con Registro Único de Contribuyentes No. 1690012606001, con domicilio en el cantón Pastaza, provincia de Pastaza, a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA, con Registro Único de Contribuyentes No. 0190348075001, con domicilio en el cantón Cuenca, provincia del Azuay.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la extinción de la personalidad jurídica de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA., con Registro Único de Contribuyentes No. 0190348075001, con domicilio en el cantón Cuenca, provincia del Azuay.

ARTÍCULO TERCERO.- Autorizar que el siguiente punto de atención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito absorbida, pase a formar parte de la COOPERATIVA DE

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA:

TIPO

PROVINCIA

CANTÓN

PARROQUIA

Matriz

Azuay

Cuenca

El Sagrario

ARTÍCULO CUARTO.-Disponer a la Intendencia de Información Técnica, Investigación y Capacitación se excluya a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA, del Catastro Público de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

ARTÍCULO QUINTO.- Disponer a la Intendencia del Sector Financiero, registre el punto de atención autorizado en el artículo tercero de la presente Resolución y comunicar a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA., el nuevo código asignado.

ARTÍCULO SEXTO.- Disponer a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, notifique a la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados la fusión aprobada a fin de que excluya a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA, del listado de entidades obligadas a pagar la contribución que por seguro de depósitos le corresponda.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La aprobación de la presente fusión, no exonera a los representantes, directivos y empleados de las cooperativas fusionadas de sus responsabilidades civiles, penales o administrativas que llegasen a determinarse en lo posterior, como consecuencia de sus actuaciones previas a la presente fecha. Asimismo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá solicitar, en cualquier momento, toda la información que requiera de las cooperativas respecto de sus actividades previas a la fusión.

SEGUNDA.- La presente Resolución se pondrá en conocimiento del Servicio de Rentas Internas, para los fines legales correspondientes.

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. De su cumplimiento encárguese a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 18 de septiembre de 2019.

f.) Catalina Pazos Chimbo, Intendente General Técnico.

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.- CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA del original que reposa en los archivos de esta Superintendencia.- Fojas: 3.- 28 de octubre de 2019.- f.) Ilegible, Dirección Nacional de Certificaciones.

44 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0271

Catalina Pazos Chimbo

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

Considerando:

Que, el artículo 309 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: «El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones»;

Que, el artículo 311 ibídem establece que: «El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. «;

Que, el artículo 170 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone: «La fusión es la unión de dos o más entidades del sistema financiero nacional del mismo sector, por la que se comprometen a juntar sus patrimonios y formar una nueva sociedad, la cual adquiere a título universal los derechos y obligaciones de las sociedades intervinientes. La fusión se produce también cuando una o más entidades son absorbidas por otra que continúa subsistiendo. «;

Que, el artículo 171 del Código antes mencionado, determina: «Las fusiones podrán ser ordinarias y extraordinarias. La fusión ordinaria es la acordada y efectuada por entidades financieras que no estuvieren en situación de deficiencia de patrimonio técnico. (…) «;

Que, el artículo 172 del Código señalado establece: «El proceso de fusión ordinario será normado por los organismos de control. (…) «;

Que, el artículo 176 ibídem dispone: «Aprobación. La fusión y conversión serán aprobadas previamente por los respectivos organismos de control, de conformidad con la regulación vigente.- En caso de fusión ordinaria, se considerarán las políticas y regulaciones que en materia de control de poder del mercado, haya emitido la instancia reguladora competente y se requerirá un informe previo de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado cuando supere los límites por sector y/o segmento financiero determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en coordinación con la Junta de Control de Poder de Mercado (…) «;

Que, el artículo 3 de la Norma del Proceso de Fusión Ordinario de las entidades del Sector Financiero Popular

y Solidario, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045 de 10 de mayo de 2017, establece: «Fusión ordinaria.- La fusión ordinaria es la acordada y efectuada entre entidades que conforman el sector financiero popular y solidario, que no estuvieren en una situación de deficiencia de patrimonio técnico. «;

Que, el literal a) del artículo 4 de la citada Norma, dispone: «Formas de fusión ordinaria.- La fusión ordinaria de las entidades del sector financiero popular y solidario podrá ser: a) Por absorción, cuando una o más entidades son absorbidas por otra que continúa subsistiendo, manteniendo su personalidad jurídica, adquiriendo a título universal los derechos y obligaciones de las entidades absorbidas (…) «;

Que, el artículo 8 de la norma mencionada, establece: «Viabilidad de la Fusión.- Enviada a la Superintendencia el acuerdo previo de intención de fusión y el convenio de confidencialidad, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria determinará la viabilidad de la fusión, basándose, entre otros aspectos, criterios de territorialidad, análisis de estados financieros, indicadores financieros y cumplimiento normativo de la entidad absorbente «;

Que, el artículo 11 ibídem, señala: «Contrato de fusión.-Aprobada la participación en el proceso de fusión por parte de las asambleas, los representantes legales suscribirán el contrato de fusión (…) «;

Que, a través de los Oficios Nos. 020-CAC-AC-2019, 029-CAC-ADC-2019 y sin número de 23, 25 de abril y de 22 de agosto de 2019, ingresados en las mismas fechas a esta Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con trámites Nos. SEPS-IZ5-2019-001-28709, SEPS-IZ5-2019-001-29459 y SEPS-IZ5-2019-001-63669, respectivamente, se remite a esta Superintendencia la Carta de Intención de Fusión, el Acuerdo de Confidencialidad de Información, y, demás documentación para iniciar el proceso de Fusión Ordinaria por Absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA, a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO;

Que, conforme se desprende de los documentos adjuntos al Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1538 de 14 de agosto de 2019, mediante Asamblea General Extraordinaria de Representantes de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, realizada el 26 de abril de 2019, se resolvió aprobar su participación en el proceso de fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA; asimismo la Asamblea General Extraordinaria de Representantes de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, realizada el 30 de abril de 2019, resolvió aprobar la fusión por absorción a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, suscribiéndose además el respectivo contrato de fusión entre dichas Cooperativas;

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 45

Que, mediante Informe No. SEPS-IR-DNSES-2019-0352, sin fecha, la Intendencia de Riesgos concluye que la COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, como entidad a ser absorbida, y la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA, entidad absorbente, cumplen con el requisito de no tener deficiencia patrimonial, mismo que se encuentra previsto en el artículo 171 del Código Orgánico Monetario y Financiero para la fusión ordinaria; indicando además que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA (Absorbente) «(…) registra impacto en la cobertura de cartera improductiva, con la contracción de 2 puntos porcentuales, los demás indicadores se mantienen, sin embargo su calificación de riesgo original no se ve afectada y continúa en ‘MEDIO {…)»; así como que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO (Absorbida) «(…) contribuiría a la entidad Absorbente con el 1,06% en activos, el 0,71% en pasivos, y, el 3,33% en patrimonio (…) Con los antecedentes expuestos y considerando la situación financiera, indicadores y el nivel de riesgo de las entidades analizadas, se recomienda continuar con el proceso de fusión ordinaria (…) «;

Que, consta del Informe No. SEPS-IFMR-DNMR-2019-074 del 05 de agosto de 2019, que la Dirección Nacional de Mecanismos de Resolución, presenta su análisis sobre el proceso de fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA, a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, al que incorpora el detalle de la situación financiera de cada una de las cooperativas a fusionarse, sustentándose en balances y estructuras reportadas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con corte al mes de marzo de 2019; señalando además que: «(…) De acuerdo a la Resolución No. 009, del 25 de septiembre de 2015, la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, en el artículo 3, determinó los montos de volumen de negocio sujetos a notificación obligatoria. En lo que corresponde a nuestro sector, establece que el umbral sean 3.200.000 remuneraciones básicas unificadas. Por lo expuesto, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca. (sic) al asumir los activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Águilas de Cristo, su nivel de activos ascendería a USD 9.757.179, razón por lo cual no estaría superando el umbral establecido en volumen de negocios (…)»; recomendando desde un análisis estrictamente financiero, autorizar la fusión solicitada;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1538 de 14 de agosto de 2019, la Intendente General Técnico señala: «(…) sustentado en el informe Técnico Financiero Nro. SEPS-IFMR-DNMR-2019-07 4 de la Dirección Nacional de Mecanismos de Resolución y aprobado por la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, se recomienda la fusión ordinaria por absorción de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Águilas de Cristo por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca.- Con el propósito de que se continúe

con el trámite de autorización del proceso de fusión por absorción, se solicita que la Intendencia General Jurídica emita el informe jurídico (…) «;

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2019-1678 de 26 de agosto de 2019, la Intendencia General Jurídica, emite informe favorable para la fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA, a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO;

Que, por medio de instrucción agregada en el Sistema de Gestión Documental de esta Superintendencia el 26 de agosto de 2019, en los comentarios del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2019-1678 de la misma fecha, la Intendencia General Técnica acoge la recomendación indicada y emite su «PROCEDER», para continuar con el proceso de fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA, a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO;

Que, conforme Resolución No. SEPS-IGJ-2018-001 de 02 de enero de 2018, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, delega al Intendente General Técnico, para suscribir las resoluciones de fusión de las organizaciones controladas por la Superintendencia; y,

Que, mediante acción de personal N°. 0733 de 25 de junio 2018, el Intendente General de Gestión ( E ), delegado del Superintendente de Economía Popular y Solidaria a través de Resolución N°. SEPS-IGG-2016-090 de 28 de abril de 2016, nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992280700001, con domicilio en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992596805001, con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la extinción de la personalidad jurídica de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992596805001, con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas.

ARTÍCULO TERCERO.- Autorizar que el siguiente punto de atención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito absorbida, pase a formar parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA:

46 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

Tipo

Provincia

Cantón

Parroquia

Matriz

Guayas

Guayaquil

Nueve de Octubre

ARTÍCULO CUARTO.– Disponer a la Intendencia de Información Técnica, Investigación y Capacitación se excluya a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, del Catastro Público de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

ARTÍCULO QUINTO.- Disponer a la Intendencia del Sector Financiero, registre el punto de atención autorizado en el artículo tercero de la presente Resolución y comunicar a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA, el nuevo código asignado.

ARTÍCULO SEXTO.- Disponer a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, notifique a la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados la fusión aprobada a fin de que excluya a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, del listado de entidades obligadas a pagar la contribución que por seguro de depósitos le corresponda.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La aprobación de la presente fusión, no exonera a los representantes, directivos y empleados de las cooperativas fusionadas de sus responsabilidades civiles, penales o administrativas que llegasen a determinarse en lo posterior, como consecuencia de sus actuaciones previas a la presente fecha. Asimismo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá solicitar, en cualquier momento, toda la información que requiera de las Cooperativas, respecto de sus actividades previas a la fusión.

SEGUNDA.- La presente Resolución se pondrá en conocimiento del Servicio de Rentas Internas, para los fines legales correspondientes.

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación. De su cumplimiento encárguese a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

CÚMPLASE Y NOTIFIQUE SE.

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 18 de septiembre de 2019.

f.) Catalina Pazos Chimbo, Intendente General Técnico.

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.- CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA del original que reposa en los archivos de esta Superintendencia.- Fojas: 3.- 28 de octubre de 2019.-f.) Ilegible, Dirección Nacional de Certificaciones.

No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0290

Catalina Pazos Chimbo

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

Considerando:

Que, el artículo 309 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: «El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones «;

Que, el artículo 311 de la norma suprema establece que: «El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria»;

Que, el artículo 170 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone: «La fusión es la unión de dos o más entidades del sistema financiero nacional del mismo sector, por la que se comprometen a juntar sus patrimonios y formar una nueva sociedad, la cual adquiere a título universal los derechos y obligaciones de las sociedades intervinientes. La fusión se produce también cuando una o más entidades son absorbidas por otra que continúa subsistiendo. «;

Que, el artículo 171 del Código mencionado determina: «Las fusiones podrán ser ordinarias y extraordinarias.- La fusión ordinaria es la acordada y efectuada por entidades financieras que no estuvieren en situación de deficiencia de patrimonio técnico. (…)»;

Que, el artículo 172 del Código señalado establece: «£7 proceso de fusión ordinario será normado por los organismos de control. (…) «;

Que, el artículo 176 ibídem, dispone: «Aprobación. La fusión y conversión serán aprobadas previamente por los respectivos organismos de control, de conformidad con la regulación vigente.- En caso de fusión ordinaria, se considerarán las políticas y regulaciones que en materia de control de poder del mercado, haya emitido la instancia reguladora competente y se requerirá un informe previo de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado cuando supere los límites por sector y/o segmento financiero determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en coordinación con la Junta de Control de Poder de Mercado «;

Registro Oficial N° 94 Miércoes 4 de diciembre de 2019 – 7

Que, el artículo 3 de la Norma del Proceso de Fusión Ordinario de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045 de 10 de mayo de 2017, establece: «Fusión ordinaria.- La fusión ordinaria es la acordada y efectuada entre entidades que conforman el sector financiero popular y solidario, que no estuvieren en una situación de deficiencia de patrimonio técnico «;

Que, el literal a) del artículo 4 de la citada Norma, dispone: «Formas de fusión ordinaria.- La fusión ordinaria de las entidades del sector financiero popular y solidario podrá ser: a) Por absorción, cuando una o más entidades son absorbidas por otra que continúa subsistiendo, manteniendo su personalidad jurídica, adquiriendo a título universal los derechos y obligaciones de las entidades absorbidas «;

Que, el artículo 8 de la norma mencionada, establece: «Viabilidad de la Fusión.- Enviada a la Superintendencia el acuerdo previo de intención de fusión y el convenio de confidencialidad, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria determinará la viabilidad de la fusión, basándose, entre otros aspectos, criterios de territorialidad, análisis de estados financieros, indicadores financieros y cumplimiento normativo de la entidad absorbente. «;

Que, el artículo 11 ibídem, señala: «Contrato de fusión.-Aprobada la participación en el proceso de fusión por parte de las asambleas, los representantes legales suscribirán el contrato de fusión (…) «;

Que, con trámite No. SEPS-IZ3-2019-001-47625 de 01 de julio de 2019, el representante de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA., remite a esta Superintendencia, la Carta de Intención de Fusión, el Acuerdo de Confidencialidad de Información, y, demás documentación para iniciar el proceso de Fusión Ordinaria por Absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA. a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA;

Que, conforme se desprende de los documentos adjuntos al memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1629 de 21 de agosto de 2019, mediante Asamblea General Extraordinaria de Representantes de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA, realizada el 12 de julio de 2019, se resolvió aprobar su participación en el proceso de fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA.; asimismo, la Asamblea General Extraordinaria de Representantes de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA., realizada el 13 de julio de 2019, resolvió aprobar su participación en el proceso de fusión por absorción con la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA, suscribiéndose además el respectivo contrato de fusión entre dichas Cooperativas;

Que, mediante Informe No. SEPS-IR-DNSES-2019-0560 sin fecha, la Intendencia de Riesgos concluye que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA, como entidad a ser absorbida y la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA., entidad absorbente, cumplen con el requisito de no tener deficiencia patrimonial, mismo que se encuentra previsto en el artículo 171 del Código Orgánico Monetario y Financiero para la fusión ordinaria; indicando además que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA (Absorbida) «(…) aportaría el 0,01% al activo total a la entidad Absorbente; así como, el 0,004% al pasivo total y el 0,05% al patrimonio (…)”; así como la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA (Absorbente) «(…) registra nivel de riesgo MUY BAJO, y, una vez efectuado el análisis de los estados financieros consolidados resultantes del proceso de fusión, dicho nivel se mantendría (…) Con los antecedentes expuestos y considerando la situación financiera, indicadores y el nivel de riesgo de las entidades analizadas, se recomienda continuar con el proceso de fusión ordinaria (…) «;

Que, Mediante Informe No. SEPS-IFMR-DNMR-2019-080 de 19 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Mecanismos de Resolución, presenta su análisis sobre el proceso de fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA. a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA, al que incorpora el detalle de la situación financiera de cada una de las Cooperativas a fusionarse, sustentándose en balances y estructuras reportadas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con corte al mes de junio de 2019; señalando además que: «(…) De acuerdo a la Resolución No. 009, del 25 de septiembre de 2015, la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en el artículo 3, determinó los montos de volumen de negocio sujetos a notificación obligatoria. En lo que corresponde a nuestro sector, establece que el umbral sean 3.200.000 remuneraciones básicas unificadas. Por lo expuesto, la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Ltda., al asumir los activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Del Artesano de la Asociación de Artesanos de Caluma, su nivel de activos ascendería a USD 160.474.96, razón por lo cual no estaría superando el umbral establecido (…) «; recomendando desde un análisis estrictamente financiero, autorizar la fusión solicitada.

Que, Mediante Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1629 de 21 de agosto de 2019, el Intendente General Técnico (S) señala: «(…) sustentado en el Informe Técnico Financiero Nro. SEPS-IFMR-DNMR-2019-080 de la Dirección Nacional de Mecanismos de Resolución y aprobado por la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, se recomienda la fusión ordinaria por absorción de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Del Artesano de la Asociación de Artesanos de Caluma por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito

48 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

San José Ltda.- Con el propósito de que se continúe con el trámite de autorización del proceso de fusión por absorción, se solicita que la Intendencia General Jurídica emita el informe jurídico (…) «;

Que, según consta en memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2019-1864 de 18 de septiembre de 2019, la Intendencia General Jurídica, emite informe favorable para la fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO

Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA., a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA;

Que, con instrucción inserta en el Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2019-1864 de 18 de septiembre de 2019, a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el 19 de septiembre de 2019, la Intendencia General Técnica emite su «PROCEDER» para continuar con del proceso de fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA., a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA;

Que, mediante Resolución No. SEPS-IGJ-2018-001 de 02 de enero de 2018, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, delega al Intendente General Técnico, para suscribir las resoluciones de fusión de las organizaciones controladas por la Superintendencia; y,

Que, mediante acción de personal No. 0733 de 25 de junio 2018, el Intendente General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía Popular y Solidaria a través de Resolución No. SEPS-IGG-2016-090 de 28 de abril de 2016, nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA., con Registro Único de Contribuyentes No. 0290003288001, con domicilio en el cantón San José de Chimbo, provincia de Bolívar, a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA, con Registro Único de Contribuyentes No. 0291502474001, con domicilio en el cantón Caluma, provincia de Bolívar.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la extinción de la personalidad jurídica de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA con Registro Único de Contribuyentes No. 0291502474001, con domicilio en el cantón Caluma, provincia de Bolívar.

ARTÍCULO TERCERO.- Autorizar que el siguiente punto de atención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito absorbida, pase a formar parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA.:

TIPO

PROVINCIA

CANTÓN

PARROQUIA

Matriz

Bolívar

Caluma

Caluma

ARTÍCULO CUARTO.– Disponer a la Intendencia de Información Técnica, Investigación y Capacitación se excluya a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA, del Catastro Público de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

ARTÍCULO QUINTO.- Disponer a la Intendencia del Sector Financiero, registre el punto de atención autorizado en el artículo tercero de la presente Resolución y comunicar a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA., el nuevo código asignado.

ARTÍCULO SEXTO.- Disponer a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, notifique a la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados la fusión aprobada a fin de que excluya a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA, del listado de entidades obligadas a pagar la contribución que por seguro de depósitos le corresponda.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La aprobación de la presente fusión, no exonera a los representantes, directivos y empleados de las cooperativas fusionadas de sus responsabilidades civiles, penales o administrativas que llegasen a determinarse en lo posterior, como consecuencia de sus actuaciones previas a la presente fecha. Asimismo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá solicitar, en cualquier momento, toda la información que requiera de las cooperativas respecto de sus actividades previas a la fusión.

SEGUNDA.- La presente Resolución se pondrá en conocimiento del Servicio de Rentas Internas, para los fines legales correspondientes.

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. De su cumplimiento encárguese a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 01 de octubre de 2019.

f.) Catalina Pazos Chimbo, Intendente General Técnico.

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.- CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA del original que reposa en los archivos de esta Superintendencia.- Fojas: 3.- 28 de octubre de 2019.- f.) Ilegible, Dirección Nacional de Certificaciones.

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 04 de diciembre de 2019 (R. O94, 04–diciembre -2019)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDO:

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA

DEL SECTOR PÚBLICO:

INMOBILIAR-DGSGI-2019-0014 Apruébese y expídese la Política para el tratamiento de datos personales

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA:

– Expídese el Primer Protocolo Modificatorio al Convenio de Cooperación y Mutuo Reconocimiento de Títulos Profesionales y Homologación de Estudios de Educación Superior entre la República del Ecuador y la República de Cuba

– Expídese el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Costa Rica para el Intercambio de Información en Materia de Cooperación Policial, para Contrarrestar el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Delincuencia Organizada Transnacional

– Expídese el Acuerdo por Canje de Notas entre la República del Ecuador y el Reino de Gran Bretaña para Reservar los Derechos y Obligaciones Derivados de la Aplicación del Acuerdo Comercial Multipartes, cuando el Reino Unido deje de ser Estado Miembro de la Unión Europea y el Acuerdo deje de aplicarse a dicho Reino

REGULACIONES:

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL:

DIR-109-2019 Refórmese la Normativa de la CFN

DIR-110-2019 Refórmese la Normativa de la CFN

Págs.

FUNCIÓN JUDICIAL

Y JUSTICIA INDÍGENA

RESOLUCIONES:

CONSEJO DE LA JUDICATURA:

187-2019 Apruébese el informe de resultados definitivos y declárese concluido el proceso de evaluación integral a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

DEFENSORÍA DEL PUEBLO:

107-DPE-CGAJ-2019 Expídese el Reglamento para la atención de casos de competencia

112-DPE-CGAJ-2019 Expídese la designación de la Comisión especial para la verdad y justicia, que realizará una investigación respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador entre el 03 y 16 de octubre de 2019

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA:

SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0237 Modifíquese la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0201 de 4 de julio de 2019

SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0270 Apruébese la fusión por absorción de la «Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza Ltda.», con domicilio en el cantón y provincia de Pastaza, a la «Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana», con domicilio en el cantón Cuenca, provincia del Azuay

SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0271 Apruébese la fusión por absorción de la «Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca», con domicilio en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, a la «Cooperativa de Ahorro y Crédito Águilas de Cristo», con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas

SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0290 Apruébese la fusión por absorción de la «Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Ltda.»., con domicilio en el cantón San José de Chimbo, provincia de Bolívar, a la «Cooperativa de Ahorro y Crédito del Artesano de la Asociación de Artesanos de Caluma», con domicilio en el cantón Caluma, provincia de Bolívar

No. INMOBILIAR-DGSGI-2019-0014

Nicolás José Issa Wagner

DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE

GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO

– INMOBILIAR

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.»;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.»;

Que, el artículo 128 del Código Orgánico Administrativo señala que, el acto normativo de carácter administrativo es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, que no se agota con su cumplimiento y de forma directa;

Que, la Disposición General Vigésima Sexta del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, establece: «Las entidades públicas y personas naturales o jurídicas privadas que tengan bajo su poder documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes sobre personas o sobre sus bienes, pondrán a disposición del público a través de un portal de información o página web la siguiente información y recursos:

  1. Los derechos que le asisten respecto de la protección de sus datos personales, entre ellos el derecho a conocer el uso que se haga de dicha información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos; y sus derechos a solicitar la rectificación, eliminación o anulación de sus datos personales;
  2. Detalle de las políticas y procedimientos institucionales para la protección de la privacidad de datos personales; y,
  3. Servicio de trámite en línea de las consultas y reclamos en materia de datos personales.»;

Que, el artículo 4 inciso primero de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, establece que: «Las instituciones del sector público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 3

administren bases o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es exclusiva de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información.»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 503, de 12 de septiembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 335 de 26 de septiembre de 2018, el Presidente de la República dispuso en su Artículo 1, lo siguiente: «El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, es un organismo de derecho público, dotado de personalidad jurídica, autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito. Ejercerá las facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión, administración y control de los bienes del sector público y de los bienes que disponga el ordenamiento jurídico que incluye las potestades de disponerlos, distribuirlos, custodiarlos, usarlos, enajenarlos, así como disponer su egreso y baja, además de las competencias y responsabilidades específicas derivadas de otros instrumentos jurídicos. »;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 5 de 24 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 16, de 16 de junio de 2017, se suprime la Secretaría Nacional de la Administración Pública y, se transfieren al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información las atribuciones respecto de:

«a. Gestionar la política y directrices emitidas para la gestión de la implementación del gobierno electrónico; y,

b. Desarrollar y coordinar planes, programas o proyectos sobre gobierno electrónico que sean necesarios para su implementación.»;

Que, mediante Acuerdo Nro. 12, de 11 de junio de 2019, publicado en el Registro Oficial Nro. 18 de 15 de agosto de 2019, suscrito por el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se expidió la «Guía para el tratamiento de datos personales en la Administración Pública Central»;

Que, la Disposición Transitoria Tercera de la «Guía para el tratamiento de datos personales en la Administración Pública Central», dispone que: «En el plazo de noventa (90) días contados a partir de la suscripción del presente Acuerdo, las entidades de la Administración Pública Central deberán elaborar, aprobar y publicar la Política para la protección de datos personales en los diferentes canales electrónicos que disponen para interactuar con los ciudadanos.»;

Que, mediante Resolución No. 01 de 02 de junio de 2017, suscrita por el señor Eduardo Enrique Mangas Mairena, Presidente del Comité de Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, resolvió, designar al

señor Nicolás José Issa Wagner como Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR;

Que, mediante Memorando Nro. INMOBILIAR-DSPPP-2019-0215-M de 25 de octubre de 2019, el Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos de INMOBILIAR, solicita a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, se expida el correspondiente instrumento legal para aprobar y proceder con la publicación en la página web de INMOBILIAR de la «Política para el tratamiento de datos personales en el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR»;

En ejercicio de las facultades y atribuciones establecidas en la Constitución y Leyes vigentes de la República del Ecuador,

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar y expedir la «POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO – INMOBILIAR».

Artículo 2.- Disponer que la «POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO – INMOBILIAR», se aplique con carácter obligatorio por parte de las y los funcionarios, servidores, y trabajadores del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

Artículo 3.- Encárguese de la ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo, al titular de la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos de INMOBILIAR.

Artículo 4.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de octubre de 2019.

f.) Nicolás José Issa Wagner, Director General del Servicio de Gestión Inmobiliar del Sector Público – INMOBILIAR.

Política para el tratamiento de datos personales en el

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público –

INMOBILIAR

I. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La presente política se encuentra estructurada con la siguiente información:

  1. Alcance
  2. Datos que se recolecta
  3. Finalidad

4 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

  1. Proceso para ejercer derecho de Acceso y Rectificación
  2. Notificación cuando existan cambios en la política de privacidad
  3. Uso de cookies
  4. Medidas para precautelar la seguridad de los datos personales
  5. Base legal que sustenta el tratamiento de los datos

1. Alcance

Esta política de privacidad se aplica a todos los datos personales recolectados a través de la página web institucional del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR como www.inmobiliar.gob.ec, www.inmobiliariapublica.ec.

En el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR todos los funcionarios que realizan el tratamiento de los datos personales, suscriben acuerdos de confidencialidad de la información.

2. Datos que se recolecta

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR recopila los siguientes datos personales en línea:

– Tipo de documento de identidad (cédula de ciudadanía, pasaporte, DIN

– Número de documento de identidad

– Nombres y apellidos

– Correo electrónico

– Fecha de expedición del documento de identidad

– Género

– Nacionalidad indígena

– Pueblo

– País de residencia

– Provincia de residencia

– Ciudad de residencia

– Dirección del domicilio

– Número telefónico fijo

– Número telefónico celular

– Código postas de tu lugar de residencia

– Preguntas personales de seguridad.

PRÁCTICAS DE REGISTRO

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR registra automáticamente las direcciones de Protocolo de Internet (IP) de los visitantes. La dirección IP es un número único asignado a cada computadora en Internet. En general, una dirección IP que cambia cada vez que se conecta a Internet es una dirección dinámica. Sin embargo, tenga en cuenta que, con algunas conexiones de banda ancha, su dirección IP es estática y podría estar asociada a su computadora personal.

Hacemos un seguimiento de las páginas visitadas en el sitio web del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR, la cantidad de tiempo que pasa en esas páginas y los tipos de búsquedas realizadas en ellas. Sus búsquedas permanecen confidenciales y anónimas. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR utiliza esta información solo con fines estadísticos para averiguar que páginas encuentran los usuarios más útiles y para mejorar el sitio web.

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR también almacena los datos que usted trasmite. Esto puede incluir:

  • Navegador/ tipo de dispositivo / versión.
  • Sistema operativo utilizado.
  • Dirección de control de acceso a medios (MAC)
  • Fecha y hora de la solicitud del servidor.
  • Volumen de datos transferidos.

3. Finalidad

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR utiliza información personal para los siguientes fines:

– Para procesar transacciones. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR usa información personal como el nombre, la dirección física, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico.

– Para proporcionar soporte u otros servicios. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR puede usar su información personal para proporcionarle asistencia u otros servicios que haya solicitado o solicitado. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR también puede usar su información personal para responder directamente a sus solicitudes de información.

– Para proporcionar información basada en sus necesidades y responder a sus solicitudes. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 209 – 5

– INMOBILIAR puede usar su información personal para proporcionarle avisos de nuevos lanzamientos de productos y desarrollos de servicios

– Para administrar servicios. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR puede contactarlo para confirmar cierta información.

– Para evaluar el uso de los productos y servicios. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR puede rastrear el uso de los servicios para determinar su nivel de uso, y esas estadísticas son para uso exclusivo de esta entidad

– Para comunicarnos con usted acerca de una reunión, conferencia o evento organizado o copatrocinado por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR. Esto puede incluir información sobre el contenido del evento, la logística del evento, las actualizaciones y la información adicional relacionada con el evento.

– Para proteger contenidos y servicios. Podemos usar su información para prevenir actividades potencialmente ilegales y hacer cumplir nuestros términos y condiciones. También utilizamos una variedad de sistemas tecnológicos para detectar y abordar actividades anómalas y para analizar el contenido a fin de evitar abusos, como el spam.

Datos personales de niño

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR no recopila datos de o sobre niños sin el permiso de los padres o tutores. Si nos enteramos de que hemos recopilado información personal de un niño, eliminaremos esa información lo más rápido posible. Si cree que podemos tener alguna información de o sobre un niño, contáctenos.

4. Proceso para ejercer derecho de Acceso y Rectificación

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR reconoce a los titulares de datos personales el Acceso y Rectificación al tratamiento que se realice sobre sus datos, para lo cual debe seguir el respectivo proceso, ingresando al siguiente enlace:

https://aplicaciones.administracionpublica.gob.ec/

Derecho de Acceso

De acuerdo al Art. 9 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública sobre la Responsabilidad sobre la entrega de la Información Pública, donde se detalla que «El titular de la entidad o representante legal, será el responsable y garantizará la atención suficiente y necesaria a la publicidad de la información pública, así como su libertad de acceso.

Su responsabilidad será recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información, en el plazo perentorio de diez días, mismo que puede prorrogarse por cinco días más, por causas debidamente justificadas e informadas al peticionario.»

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR, en su objetivo de cumplir con los procesos de transparencia, a través de la Unidad de Comunicación Social, recibe solicitudes de la ciudadanía mediante el enlace Contacto Ciudadano, que responde al sistema de preguntas, quejas, solicitudes de información pública, sugerencias y felicitaciones, mismas que son atendidas de forma oportuna dentro del plazo de 8 días a partir de la recepción de los mismos.

Para dar cumplimiento, El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR, cumple el siguiente procedimiento:

  1. Una vez se reciba la inquietud ciudadana, es receptada por la Unidad de Comunicación, quién revisa la pregunta, y transmite vía correo electrónico al área competente de la institución quién proporcionará la respuesta oportuna, dentro del plazo máximo de 8 días.
  2. Luego de enviar el requerimiento, el área competente proporciona la respuesta para el ciudadano.
  3. La Unidad recibe la respuesta, la estructura y adecua de forma comunicacional y de fácil comprensión para el usuario, y brinda respuesta inmediata mediante la opción de Contacto Ciudadano, establecida en el sitio web institucional.
  4. Una vez publicada la respuesta en el sistema de Contacto ciudadano, este cierra el proceso de cada pregunta.

Derecho de Rectificación

En el caso de detectar errores de omisión, como errores tipográficos u ortográficos o no se encuentre dentro de las competencias de El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR, se realiza el mismo procedimiento, se investiga y brinda respuesta direccionando o recomendando la entidad competente que puede atender dicha solicitud, o información útil al usuario para realizar su trámite.

5. Notificaciones cuando existan cambios en la política de privacidad

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR puede actualizar su Política de Privacidad cuando sea necesario.

Si realizamos cambios sustanciales, le notificaremos por correo o mediante un aviso en este sitio web antes de que el cambio entre en vigencia.

Le recomendamos que revise periódicamente esta página para obtener la información más reciente sobre nuestras prácticas de privacidad.

6 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

6. Uso de cookies

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR puede utilizar sus datos personales, incluidos los datos recopilados como resultados de la navegación del sitio y los protocolos y registros electrónicos para ayudar a crear y personalizar el contenido del sitio web, mejorar la calidad del sitio web, realizar un seguimiento de la capacidad de respuesta de los servicios entregados.

No compartimos sus datos personales sin su consentimiento. Cuando hace clic o interactúa con un anuncio, existe la posibilidad de que el anunciante pueda colocar una cookie en su navegador con sus propias condiciones de uso.

7. Medidas para precautelar la seguridad de los datos personales

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR protege la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información al seguir un enfoque de administración de riesgos basado en políticas, estándares pautas y procedimientos para cumplir con los objetivos de seguridad al tiempo que respalda los objetivos.

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR utiliza el protocolo HTTPS para brindar seguridad en el uso de este canal electrónico.

Mitiga los riesgos utilizando el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI).

8. Base legal que sustenta el tratamiento de los datos

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR fundamenta el tratamiento que da a los datos personales en los siguientes instrumentos legales:

  • Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos – COESCCI, Disposiciones Generales, VIGÉSIMA SÉPTIMA.- «…El tratamiento de datos personales que incluya acciones tales como recopilación, sistematización y almacenamiento de datos personales, requerirá la autorización previa e informada del titular.

No se requerirá de la autorización del titular cuando el tratamiento sea desarrollado por una institución pública y tenga una finalidad estadística o científica; de protección a la salud o seguridad; o sea realizado como parte de una política pública de garantía de derechos constitucionalmente reconocidos…»

  • Decreto Ejecutivo No. 1384, diciembre 2012, que establece como política pública el desarrollo de la interoperabilidad gubernamental que consiste en el esfuerzo mancomunado y permanente de todas las entidades de la Administración Pública Central, para compartir e intercambiar entre ellas, por medio de las

tecnologías de la información y comunicación, datos e información electrónicos que son necesarios en la presentación de los trámites y servicios ciudadanos que presentan las entidades, así como en gestión interna e interinstitucional.

II. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

El uso de este portal o de cualquiera de sus componentes, implica la aceptación expresa de los términos y condiciones de uso.

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR dispone de los portales web www.inmobiliar.gob.ec, www.inmobiliariapublica.ec y para presentar información a los ciudadanos sobre la gestión que lleva adelante.

Los datos que han recibido tratamiento estadístico pueden están disponibles en formatos abiertos, para facilitar su utilización.

Los trámites, servicios, transacciones o movimientos que se realicen después de las diecisiete horas treinta o en día inhábiles, se considerarán realizados al día hábil siguiente.

Responsabilidad

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR solamente será responsable del tratamiento y uso de los datos personales que recabe en forma directa a través de los canal electrónicos incluidos en los portales web www.inmobiliar.gob.ec, www.inmobiliariapublica.ec, a través de la línea telefónica 1800 INMOBILIAR (466624) y el correo electrónico [email protected].

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR se deslinda de cualquier responsabilidad que pueda generar al usuario por cualquier uso inadecuado o contrario a los canales electrónicos antes mencionados.

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público -INMOBILIAR no se hace responsable por la veracidad o exactitud de la información contenida en los enlaces a otros sitios web o que haya sido entregada por terceros.

Son obligaciones del usuario

  • No dañar, inutilizar, modificar o deteriora los canales electrónicos a los que está teniendo acceso, ni los contenidos incorporados y almacenados en éstos.
  • No utilizar versiones de sistemas modificados con el fin de obtener accesos no autorizados a cualquier canal electrónico, contenido y/o servicios ofrecidos a través de estos.
  • No interferir ni interrumpir el acceso, funcionalidad y utilización de canales electrónicos y redes conectados al mismo.

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 7

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA

PRIMER PROTOCOLO MODIFICATORIO

AL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y

MUTUO RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS

PROFESIONALES Y HOMOLOGACIÓN DE

ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR ENTRE

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA REPÚBLICA

DE CUBA

El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Cuba, en adelante, «las Partes» en el presente protocolo.

Acogiendo lo dispuesto en el artículo 15 del «Convenio de Cooperación y Mutuo Reconocimiento de Títulos Profesionales y Homologación de Estudios de Educación Superior entre la República del Ecuador y la República de Cuba , suscrito el 13 de noviembre del año 2002»;

Considerando que el marco constitucional y legal al amparo del cual se suscribió el «Convenio de Cooperación y Mutuo Reconocimiento de Títulos Profesionales y Homologación de Estudios de Educación Superior entre la República del Ecuador y la República de Cuba» ha sufrido cambios radicales;

Con el objetivo de adoptar procedimientos actuales que permitan superar inconvenientes para un efectivo equitativo y ágil reconocimiento de títulos superiores y homologación de estudios de educación superior de una Parte por los organismos oficiales competentes de la otra Parte, de conformidad con las leyes de esta última;

Reafirmando los lazos que estrechan vínculos de amistad que unen a ambos pueblos a través de una cooperación para una real integración en áreas de educación superior, ciencia tecnología e innovación;

Convienen:

ARTÍCULO 1

Por medio de este instrumento las Partes convienen en modificar el texto del contenido en el Convenio de Cooperación y Mutuo Reconocimiento de Títulos Profesionales y Homologación de estudios de Educación Superior entre la República del Ecuador y la República de Cuba, suscrito con fecha 13 de noviembre de 2002 de la siguiente manera:

1. Eliminar en su totalidad los artículos 10, 12 y 16.

  1. Remplazar la numeración contenida en el texto del Convenio específicamente de los artículos 11,13, 14 y 15 por la numeración 10, 11,12 y 13 respectivamente.
  2. Modificar íntegramente los textos contenidos en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9 por los siguientes:

«ARTÍCULO 1

Las Partes reconocerán los títulos profesionales y grados académicos conferidos por las universidades y/o escuelas politécnicas del otro país siempre que cuenten con reconocimiento oficial de la otra Parte de este Convenio. En el caso de los títulos doctorales emitidos en ambos países, estos además deberán cumplir con los requisitos académicos mínimos establecidos en la normativa correspondiente para su otorgamiento en cada uno de los países.

El reconocimiento se lo llevará a cabo en los respectivos organismos oficiales de cada Parte siendo en el caso de la República del Ecuador, la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación(SENESCYT), y el Ministerio de Educación Superior (MES), en el caso de la República de Cuba.

ARTÍCULO 2

Para tal fin las Partes reconocerán los títulos profesionales, grados académicos y grados científicos conferidos por las universidades y/o escuelas politécnicas que cuenten con reconocimiento oficial del Gobierno de la República de Cuba, el Departamento Jurídico y la Dirección de Educación de Postgrado del Ministerio de Educación Superior para títulos profesionales y Maestrías respectivamente; la Comisión Nacional de Grados Científicos para los grados científicos y de la República del Ecuador por el Consejo de Educación Superior (CES) y Consejo de Evaluación, Acreditación y aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES).

ARTÍCULO 3

Para efectos del presente convenio se entenderá como reconocimiento, la validez oficial por una de las Partes, de los estudios superiores realizados en universidades y/o escuelas politécnicas, del otro Estado, acreditadas en forma legal mediante documentos oficiales, sea por títulos profesionales y grados académicos, debidamente legalizados, de conformidad con las leyes vigentes de cada Parte y con los tratados vigentes entre ellas.

ARTÍCULO 4

Los títulos reconocidos por una de las Partes habilitarán a su titular para el ingreso y prosecución de sus estudios en el nivel correspondiente de formación superior, previo cumplimiento de todos los requisitos exigibles de acuerdo a lo establecido en la legislación interna de cada Parte.

El presente Convenio no altera en ninguna forma lo determinado por la legislación interna de cada Parte respecto a la habilitación para el ejercicio profesional, debiendo cumplirse con los requisitos que la institución competente para dicho efecto y el ordenamiento jurídico de cada una de éstas determine.

Tales requisitos en ningún caso podrán suponer discriminación por razón de la nacionalidad.

8 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Regitro Oicial N° 94

ARTICULO 5

La Secretarla de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación (SENESCYT), y el Ministerio de Educación Superior (MES), establecerán los requisitos que deben acreditar los interesados para obtener el reconocimiento de su documento académico oficial, sin prejuicio de que ambos organismos nacionales intercambien información acerca de las instituciones oficiales, así como los grados académicos programas, planes de estudio y títulos profesionales que se otorguen en cada país.

El reconocimiento procederá siempre que esos títulos y/o grados académicos:

  1. Guarden equivalencia, en cuanto al nivel de formación y/o grado académico en la Parte que se otorgue el reconocimiento; y
  2. Sean emitidos por universidades y/o escuelas politécnicas acreditadas en cada país por el ente correspondiente.

ARTÍCULO 6

La autenticidad de todos los documentos señalados en el párrafo anterior, se establecerá mediante la legalización correspondiente.

ARTÍCULO 7

Cumplidas las formalidades para el reconocimiento del título o grado académico, este deberá ser reconocido y autorizado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) para su registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), en el caso del Ecuador, y el Departamento jurídico, la Dirección de Educación y Postgrado del Ministerio de Educación Superior (MES) para títulos profesionales y maestrías respectivamente; la Comisión Nacional de Grados Científicos para los grados científicos, en el caso de Cuba.

ARTÍCULO 8

Es competencia de SENESCYT el registro de títulos, luego de lo cual, cada interesado deberá realizar el trámite correspondiente ante el órgano o institución competente, a fin de obtener la habilitación profesional conforme lo establece el ordenamiento jurídico interno de cada una de las Partes.

ARTÍCULO 9

Las Partes deberán notificar e intercambiar información mutuamente sobre cualquier clase de cambio de la legislación y/o normativa aplicable a las Universidades y Escuelas Politécnicas, y/o sobre la creación de nuevas instituciones por vía diplomática. «

ARTÍCULO 2

El presente Protocolo modificatorio se aplicará provisionalmente desde la fecha de su firma y entrará en

vigor en la fecha de la última nota diplomática mediante la cual una de las Partes notifique a la otra el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para el efecto.

ARTÍCULO 3

Las Partes se ratifican en todas y cada una de las disposiciones contenidas en el «Convenio de Cooperación y Mutuo Reconocimiento de Títulos Profesionales y Homologación de Estudios de Educación Superior entre la República del Ecuador y la República de Cuba», suscrito el 13 de noviembre del año 2002, que no hayan sido modificadas por el presente Protocolo.

Suscrito en la ciudad de La Habana, el día 14 del mes de febrero del 2018, en dos originales en idioma castellano siendo los dos (2) textos igualmente idénticos.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

f.) María Augusta Calle Andrade, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA

f.) José Ramón Saborido Loidi, Ministro de Educación Superior.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.- Certifico que es fiel copia del documento que se encuentra en los archivos de la Dirección de Asesoría Jurídica en Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.-Quito, a 25 de octubre de 2019.- f.) Ilegible.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DÉLA

REPÚBLICA DE COSTA RICA PARA EL

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN

MATERIA DE COOPERACIÓN POLICIAL, PARA

CONTRARRESTAR EL TRÁFICO ILÍCITO

DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS

PSICOTRÓPICAS Y LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA TRANSNACIONAL

El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Costa Rica en adelante denominados «las Partes»;

CONSCIENTES que el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Delincuencia Organizada Transnacional ha trascendido al ámbito internacional, haciendo necesaria la corresponsabilidad de los Estados

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 9

en el establecimiento de mecanismos de colaboración que permitan investigar para prevenir eficazmente estos flagelos;

TENIENDO PRESENTE que la República del Ecuador y la República de Costa Rica, son países partes de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Transnacional;

RATIFICANDO la importancia de desarrollar mecanismos de coordinación internacional, adecuados para investigar y prevenir la delincuencia en todas sus formas y manifestaciones; y,

CONVENCIDOS de la relevancia que en la actualidad reviste el intercambio de información de interés para ambas Partes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y con respeto a la soberanía de cada Estado, las Partes acuerdan la suscripción del presente Memorándum de Entendimiento, al tenor de la siguiente articulación:

ARTÍCULO 1

OBJETIVO GENERAL

El presente Memorándum de Entendimiento, tiene como objetivo establecer un mecanismo de cooperación, que permita el intercambio de información de forma fluida, continua, segura, oportuna y eficaz, para que facilite a «Las Partes» realizar acciones orientadas a contrarrestar al Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Delincuencia Organizada Transnacional.

ARTÍCULO 2

OBJETIVO ESPECÍFICOS

La cooperación prevista en el presente Memorándum tendrá los siguientes objetivos específicos:

  1. Intercambio de información considerada no procesal;
  2. Intercambio de buenas prácticas;
  3. Detección de todo tipo de operaciones trasnacionales relacionadas con el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delincuencia Organizada Transnacional;
  4. Identificación de las organizaciones trasnacionales dedicadas al Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delincuencia Organizada Transnacional;
  5. Identificación de rutas utilizadas para el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Delincuencia Organizada Transnacional, en sus distintas modalidades;
  6. Identificación de blancos específicos y alerta temprana en ambos países;

g) Coordinación de investigaciones que permitan posibles acciones simultáneas en el territorio de cada país, con estricto respeto a la legislación nacional aplicable en la República del Ecuador y en la República de Costa Rica, así como a la competencia de «Las Partes»; y,

h) Cualquier otro objetivo de carácter operativo que las Partes convengan, relacionado con las áreas de cooperación previstas en el presente Memorándum.

ARTÍCULO 3

AÉREAS Y MODALIDADES DE

COOPERACIÓN

Las Partes acuerdan que las actividades de cooperación a que se refiere el presente Memorándum de Entendimiento se llevarán a cabo a través de las siguientes modalidades:

  1. Intercambio de información relacionada con las rutas detectadas en el territorio ecuatoriano hacia el territorio costarricense y viceversa, así como formas de operar utilizadas por los antisociales;
  2. Intercambio de información relacionada con los modos o sistemas de camuflaje / ocultamiento detectados en ambos territorios;
  3. Intercambio de información sobre tendencias, modus operandi, estadísticas, prófugos de la justicia, organizaciones criminales, estructura y contactos de las presuntas organizaciones delictivas;
  4. Intercambio de información sobre los esfuerzos nacionales llevados a cabo en materia de interdicción de las Organizaciones Delictivas Transnacionales;
  5. Intercambio de información sobre organizaciones costarricenses y ecuatorianas dedicadas al Tráfico Ilícito de Drogas, que desarrollan sus actividades a nivel trasnacional;
  6. Intercambio de información sobre las zonas de operación de las organizaciones delictivas trasnacionales identificadas (mapeos georeferenciales);
  7. Intercambio de Información sobre posibles blancos involucrados en el tráfico ilícito de drogas;
  8. Intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre modelos de gestión y operación policial, pudiendo incluir pasantías y asesoría in situ;
  9. Asistencia mutua en el área técnico-científica, informática y de telecomunicaciones aplicada a la investigación, prevención y operaciones policiales;
  10. Capacitación de personal a través de cursos, talleres o seminarios, con la finalidad de actualizar los conocimientos sobre nuevos escenarios, tendencias,

10 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

modalidades de camuflaje, metodologías y procedimientos para incrementar la capacidad operativa y establecer nuevas estrategias de control; y,

k) Cualquier otra modalidad de cooperación que las Partes convengan mutuamente.

Las Partes no estarán obligadas a cooperar en aquellas modalidades respecto de las cuales exista prohibición interna derivada de una ley, normativa institucional o costumbre.

ARTÍCULO 4

COMPETENCIA

Las Partes se comprometen a efectuar el intercambio de información a que se refiere el presente Memorándum, con absoluto respeto a sus respectivas competencias, directivas institucionales y legislación nacional aplicable.

Las Partes cumplirán las obligaciones que se deriven del presente Memorándum de Entendimiento, con base en los principios de autodeterminación, reciprocidad, no intervención en asuntos internos, igualdad jurídica y respeto a la integridad territorial de los Estados, ejerciendo jurisdicción únicamente en su propio Estado y absteniéndose de realizar funciones que el derecho interno del otro Estado reserve a sus autoridades.

El presente Memorándum de Entendimiento no tiene relación alguna con los temas relacionados con la asistencia judicial internacional.

ARTÍCULO 5

REPRESENTANTES DE LAS PARTES

Para garantizar una adecuada coordinación, seguimiento y evaluación de la implementación del presente Memorándum de Entendimiento, las Partes designan como puntos de contacto a las siguientes unidades administrativas:

Por Parte del Ministerio del Interior de la Policía Nacional del Ecuador:

La Comandancia General de la Policía Nacional a través de la Unidad de Información y Coordinación Conjunta de la Dirección Nacional de Antinarcóticos, ubicada en la Avenida República Dominicana N84-137 y Andrés Guillen, teléfono No.(593) 2 2479-956 y correo electrónico: [email protected]

Por parte del Ministerio de Seguridad Pública de la República de Costa Rica:

La Dirección de la Policía de Control de Drogas, a través del señor Director Comisario Alian Solano Aguilar, ubicada en San José, Costa Rica, contiguo a la Oficina de

Correos de la Y Griega, teléfono No. (506)2227-5352 y correo electrónico: [email protected] o [email protected].

Cualquier cambio que se presente relacionado con el punto de contacto designado, se notificará a la otra Parte por escrito.

ARTÍCULO 6

PERSONAL DESIGNADO

El personal comisionado por cada una de las Partes para la ejecución de las actividades de cooperación continuará bajo la dirección y dependencia de la institución a la que pertenezca, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra Parte, a la que en ningún caso se considerará empleador solidario o sustituto.

Las Partes realizarán las gestiones necesarias ante sus autoridades competentes, a fin de que se otorguen las facilidades necesarias para la entrada, permanencia y salida de los participantes que en forma oficial intervengan en las actividades de cooperación que se deriven del presente Memorándum de Entendimiento. Estos participantes se someterán a las disposiciones migratorias, fiscales, aduaneras, sanitarias y de seguridad nacional vigentes en el país receptor y no podrán dedicarse a ninguna actividad ajena a sus funciones. Los participantes dejarán el país receptor de conformidad con las leyes y disposiciones del mismo.

Las Partes promoverán que su personal participante en las actividades de cooperación cuente con seguro médico, de daños personales y de vida, a efecto de que de resultar un siniestro del desarrollo de tales actividades, que amerite reparación del daño o indemnización, ésta sea cubierta por la institución de seguros correspondiente.

ARTÍCULO 7

REUNIONES DE COORDINACIÓN Y

SEGUIMIENTO

Cualquiera de las Partes podrá convocar a reuniones de coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades de cooperación que se desarrollen al amparo del presente Memorándum de Entendimiento, convocando al menos con sesenta (60) días de antelación, especificando la agenda temática y/o el programa de la misma, salvo que por la sensibilidad o urgencia del tema a tratar, las Partes requieran convocar una reunión de forma inmediata, mediante notificación entre sus representantes, con cuarenta y ocho (48) horas de antelación como mínimo.

ARTÍCULO 8

FINANCIAMIENTO

Las partes financiaran el intercambio de información a que se refiere el presente Memorándum con los recursos asignados en sus respectivos presupuestos, de conformidad

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 11

con su disponibilidad, afectación presupuestal y lo dispuesto por su legislación nacional.

Cada Parte sufragará los gastos relacionados con su participación, excepto en el caso de que puedan utilizarse mecanismos de financiamiento alternos para actividades específicas, según se considere apropiado.

ARTÍCULO 9

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información intercambiada de conformidad con el presente Memorándum solamente podrá utilizarse para los fines mencionados en el presente instrumento y no será divulgada a terceros, sin el consentimiento previo y por escrito de la Parte que la proveyó, y no se utilizará como prueba en ningún procedimiento legal, a menos se solicite así, de conformidad con otros instrumentos internacionales vinculantes para las Partes.

Estas medidas deberán observarse aún después de terminado el presente Memorándum de Entendimiento.

ARTÍCULO 10

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Las actividades a que se refiere el presente Memorándum, no afectarán los derechos y las obligaciones que las Partes hayan adquirido en virtud de otros instrumentos internacionales.

ARTÍCULO 11

VIGENCIA

El presente Memorándum de Entendimiento comenzará a regir a partir de la fecha de la última comunicación en la que las Partes se notifiquen mutuamente, por la vía diplomática, que han cumplido con los requisitos legales internos para su entrada en vigencia y hasta que cualquiera de las Partes exprese por escrito y con una antelación mínima de dos meses su voluntad de poner término a la cooperación institucional fundada en este instrumento.

ARTÍCULO 12

MODIFICACIÓN DEL MEMORÁNDUM

Podrán introducirse al presente documento, de común acuerdo y por escrito, cuantas modificaciones o adiciones se estimen pertinentes y entrarán en vigencia, de acuerdo con el artículo 11 de este Memorándum.

Firmado en San José, el diez de abril del dos mil dieciocho, en dos copias originales, siendo igualmente auténticos ambos textos.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

f.) Claudio Cevallos Berrazueta, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

f.) Luis Gustavo Mata Vega, Ministro de Seguridad Pública y Ministro de Gobernación y Policía.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.- Certifico que es fiel copia del documento que se encuentra en los archivos de la Dirección de Asesoría Jurídica en Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.-Quito, a 25 de octubre de 2019.- f.) Ilegible.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA

Nota No. MREMH-MREMH-2019-25041-N

Quito, a 23 de octubre de 2019

A la Embajada de Su Majestad Británica

Quito. –

Excelencia:

Tengo el honor de confirmar recepción de su Nota No. 064 con fecha de 23 de octubre de 2019 que indica lo siguiente:

Su Excelencia,

Tengo el honor de referirme a las conversaciones que han tenido lugar entre nuestros dos Gobiernos concernientes al Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia, Ecuador y Perú, por otra parte, suscrito en Bruselas el 26 de junio de 2012, según ha sido enmendado por los Protocolos del 30 de junio de 20151 y del 11 de noviembre de 20162, (en adelante, Acuerdo Comercial Multipartes), que viene siendo aplicado al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, el Reino Unido), en su condición de Estado Miembro de la Unión Europea, y a la República de Ecuador (en adelante, Ecuador) (juntos, los Participantes), con el ánimo de preservar los derechos y obligaciones derivados de la aplicación del Acuerdo

1 Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, para tener en cuenta la Adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea.

2 Protocolo de Adhesión del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, para tener en cuenta la Adhesión de Ecuador.

12 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

Comercial Multipartes cuando el Reino Unido deje de ser Estado Miembro de la Unión Europea y cuando el Acuerdo Comercial Multipartes deje de aplicarse al Reino Unido.

En ese sentido, considerando que el Acuerdo Comercial Multipartes dejará de aplicarse al Reino Unido una vez que éste deje de ser Estado Miembro de la Unión Europea, tengo el honor de proponer que, por voluntad de ambos Estados y con la intención de mantener el marco que rige las relaciones comerciales entre nuestros países, ambos Gobiernos lleguen a un entendimiento para que los efectos del Acuerdo Comercial Multipartes entre la Unión Europea y Ecuador se apliquen, mutatis mutandis, entre el Reino Unido y Ecuador, de manera temporal, teniendo en consideración el Acuerdo Comercial entre el Reino Unido, de una parte, y Colombia, Ecuador y Perú, de otra (en adelante, el Acuerdo Comercial), firmado en Quito el 15 de mayo de 20193. Queda entendido asimismo que la extensión, mutatis mutandis, de los efectos del Acuerdo Comercial Multipartes tomará en cuenta el hecho de que el Reino Unido ya no será Estado Miembro de la Unión Europea. Con respecto a esta propuesta, el entendimiento de los Participantes sobre la proporción de los contingentes arancelarios y los contingentes de origen, y sobre el enfoque de las reglas de origen y las salvaguardias agrícolas establecidos en el Acuerdo Comercial Multipartes que se aplicarán durante este entendimiento temporal, y una Declaración Conjunta sobre Indicaciones Geográficas, se detallan en los Anexos A-D de esta Nota, y se aplicarán de conformidad con la legislación interna de cada país.

En segundo lugar, tengo el honor de proponer que este entendimiento temporal continúe, a menos que cualquier Participante decida lo contrario y lo comunique mediante un aviso por escrito con un mes de anticipación, hasta que transcurran nueve meses desde que este entendimiento se haga efectivo o hasta que el Acuerdo Comercial entre Ecuador y Reino Unido entre en vigor, lo que ocurra primero. El periodo de nueve meses puede ser ampliado por acuerdo mutuo entre los Participantes.

En tercer lugar, tengo el honor de proponer que para apoyar la aplicación, mutatis mutandis, de los efectos y disposiciones del Acuerdo Comercial Multipartes y a fin de canalizar asuntos de naturaleza práctica y operativa, ambos Estados aprueben que se establezcan como puntos focales al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, por parte de Ecuador, y al Departamento de Comercio Internacional, por parte del Reino Unido. El Comité de Comercio a que se refiere el artículo 12 del Acuerdo Comercial Multipartes, según se aplica entre el Reino Unido y Ecuador, puede también constituir un foro para que nuestros Gobiernos se reúnan a discutir el funcionamiento de este Acuerdo.

A mérito de lo expuesto, tengo el honor de proponer que la presente Nota y su respuesta afirmativa, ambas igualmente válidas en idiomas español e inglés, constituyan un

3 Para mayor certeza, este entendimiento no aplicará a las Bases Aéreas Soberanas de Akrotiri y Dhekelia en la República de Chipre.

entendimiento entre nuestros dos Gobiernos, con efecto desde el momento en que el Reino Unido deje de ser Estado Miembro de la Unión Europea y cuando el Acuerdo Comercial Multipartes deje de aplicarse a Reino Unido, con el fin de fortalecer nuestra cooperación y desarrollo económico mutuo.

Hago propicia la ocasión para renovar a Su Excelencia las seguridades de mi más alta consideración».

Tengo el honor de informarle que mi Gobierno comparte el entendimiento de lo expresado en su Nota así como en sus Anexos.

Hago propicia la ocasión para renovar a Su Excelencia las seguridades de mi más alta consideración.

f.) Emb. Cristian Espinosa, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (S).

Nota No. 064/2019

La Embajada de Su Majestad Británica saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana – Despacho del Ministro – y tiene el honor de referirse a las conversaciones que han tenido lugar entre nuestros dos Gobiernos en relación con el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia, Ecuador y Perú, por otra parte, suscrito en Bruselas el 26 de junio de 2012, según ha sido enmendado por los Protocolos del 30 de junio de 20151 y del 11 de noviembre de 20162, (en adelante, el Acuerdo Comercial Multipartes), que viene siendo aplicado al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, el Reino Unido), en su condición de Estado Miembro de la Unión Europea, y a la República de Ecuador (en adelante, Ecuador) (juntos, los Participantes), con el ánimo de preservar los derechos y obligaciones derivados de la aplicación del Acuerdo Comercial Multipartes cuando el Reino Unido deje de ser Estado Miembro de la Unión Europea y cuando el Acuerdo Comercial Multipartes deje de aplicarse al Reino Unido.

En ese sentido, considerando que el Acuerdo Comercial Multipartes dejará de aplicarse al Reino Unido una vez que éste deje de ser Estado Miembro de la Unión Europea, la Embajada de Su Majestad Británica, tiene el honor de proponer que, por voluntad de ambos Estados y con la intención de mantener el marco que rige las relaciones

1 Protocolo Adicional del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, para tener en cuenta la Adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea.

2 Protocolo de Adhesión del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, para tener en cuenta la Adhesión de Ecuador.

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de019 – 13

comerciales entre nuestros países, ambos Gobiernos lleguen aun entendimiento para que los efectos del Acuerdo Comercial Multipartes entre la Unión Europea y Ecuador se apliquen, mutatis mutandis, entre el Reino Unido y Ecuador, de manera temporal, teniendo en consideración el Acuerdo Comercial entre el Reino Unido, de una parte, y Colombia, Ecuador y Perú, de otra (en adelante, el Acuerdo Comercial), firmado en Quito el 15 de mayo de 20193. Queda entendido asimismo que la extensión, mutatis mutandis, de los efectos del Acuerdo Comercial Multipartes tomará en cuenta el hecho de que el Reino Unido ya no será Estado Miembro de la Unión Europea. Con respecto a esta propuesta, el entendimiento de los Participantes sobre la proporción de los contingentes arancelarios y los contingentes de origen, y sobre la estrategia de las reglas de origen y las salvaguardias agrícolas establecidos en el Acuerdo Comercial Multipartes que se aplicarán durante este entendimiento temporal, y una Declaración Conjunta sobre Indicaciones Geográficas, se detallan en los Anexos A-D de esta Nota, y se aplicarán de conformidad con la legislación interna de cada país.

En segundo lugar, la Embajada de Su Majestad Británica tiene el honor de proponer que este entendimiento temporal continúe, a menos que cualquier Participante decida lo contrario y lo comunique mediante un aviso por escrito con un mes de anticipación, hasta que transcurran nueve meses desde que este entendimiento se haga efectivo o hasta que el Acuerdo Comercial entre Ecuador y Reino Unido entre en vigor, lo que ocurra primero. El periodo de nueve meses puede ser ampliado por acuerdo mutuo entre los Participantes.

En tercer lugar, la Embajada de Su Majestad Británica tiene el honor de proponer que para apoyar la aplicación, mutatis mutandis, de los efectos y disposiciones del Acuerdo Comercial Multipartes y a fin de canalizar asuntos de naturaleza práctica y operativa, ambos Estados aprueben que se establezcan como puntos focales al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, por parte de Ecuador, y al Departamento de Comercio Internacional, por parte del Reino Unido. El Comité de Comercio a que se refiere el artículo 12 del Acuerdo Comercial Multipartes, según se aplica entre el Reino Unido y Ecuador, puede también constituir un foro para que nuestros Gobiernos se reúnan a discutir el funcionamiento de este Acuerdo.

A mérito de lo expuesto, la Embajada de Su Majestad Británica tiene el honor de proponer que la presente Nota y su respuesta afirmativa, ambas igualmente válidas en idiomas español e inglés, constituyan un entendimiento entre nuestros dos Gobiernos, con efecto desde el momento en que el Reino Unido deje de ser Estado Miembro de la Unión Europea y cuando el Acuerdo Comercial Multipartes deje de aplicarse a Reino Unido, con el fin de fortalecer nuestra cooperación y mutuo desarrollo económico.

3 Para mayor certeza, este entendimiento no aplicará a las Bases Aéreas Soberanas de Akrotiri y Dhekelia en la República de Chipre.

La Embajada de Su Majestad Británica aprovecha la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana – Despacho del Ministro – las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Embajada de Británica

Quito

23 de octubre de 2019

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.- Certifico que es fiel copia del documento que se encuentra en los archivos de la Dirección de Asesoría Jurídica en Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.-Quito, a 30 de octubre de 2019.- f.) Ilegible.

No. DIR-109-2019

EL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN

FINANCIERA NACIONAL BANCA PUBLICA

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución establece el principio de legalidad, mismo que señala: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. «.

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 868, publicado en el Registro Oficial N° 676 de fecha 25 de enero del 2016, con el que se reorganiza a la Corporación Financiera Nacional B.P., señala que dicha institución es: «una entidad financiera pública, dedicada al financiamiento del sector productivo de bienes y servicios, así como proyectos de desarrollo en el ámbito nacional e internacional. Buscará estimularla inversión productiva e impulsar el crecimiento económico sostenible, a través de apoyo financiero o no financiero a los sectores productivos, de bienes y servicios; así como de proyectos que contribuyan a la mejora de la competitividad nacional.»

Que, en el numeral 12 del artículo 375 del Código Orgánico Monetario y Financiero, señala que es una competencia del Directorio: «Aprobar los reglamentos internos».

Que, la Subgerencia General de Calidad y Desarrollo, mediante memorando Nro. CFN-B.P-SGCD-2019-0162-M de 29 de octubre de 2019 señala:

14 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro OficialN° 94

La CFN B.P. siendo una institución financiera pública dedicada al financiamiento del sector productivo, de bienes y servicios, así como proyectos de desarrollo en el ámbito nacional e internacional, que busca estimular la inversión productiva e impulsar el crecimiento económico sostenible, a través del apoyo financiero o no financiero a los sectores productivos, de bienes y servicios; así como de proyectos que contribuyan a la mejora de la competitividad nacional; buscando mejorar y resaltar la gestión empresarial como fuente de competitividad a mediano y largo plazo, así mismo de acuerdo a nuestra misión que establece que «Impulsamos el desarrollo del país financiando los sueños de los ecuatorianos «.

Que como parte de las atribuciones y responsabilidades de la Subgerencia General de Calidad, se encuentra el «Dirigir el diseño o rediseño, en coordinación con las áreas competentes, de los productos y servicios financieros, así como de programas o productos especiales, que considere todos los requerimientos de mercado, técnicos, financieros, legales, operativos, documentales y tecnológicos necesarios «.

Mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GDPS-2019-0139-M, de fecha 22 de octubre de 2019, en el cual la Gerencia de Desarrollo de Productos y Servicios solicitó a la Gerencia de Calidad un informe de conformidad de formato, redacción y ubicación del cambio normativo y a la Gerencia Jurídica un informe de pronunciamiento jurídico, ratificando o no la aplicabilidad del requerimiento, en base a la verificación de las atribuciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente, de los cambios normativos del producto Crédito Directo -Activo Fijo.

Por su parte la Gerencia de Calidad, mediante memorando Nro. CFN-B.P.-GECA-2019-0553-M de fecha 23 de octubre de 2019, expresa su conformidad con la propuesta planteada y solicita las siguientes aclaraciones e incorporación, las cuales fueron acogidas en el informe que se adjunta.

En alcance al memorando Nro. CFN-B.P.-GDPS-2019-0139-M, de fecha 22 de octubre de 2019, unas vez que las observaciones de la Gerencia de Calidad han sido acogidas y por sugerencia de la alta Gerencia, en relación al Rediseño del Producto Crédito Directo -Activo Fijo, se propone cambiar en el destino de los recursos la construcción y equipamiento de bienes inmuebles destinados al alquiler o concesión mercantil por la construcción y equipamiento de bienes inmuebles destinados a la concesión mercantil.

Que la Gerencia Jurídica, mediante memorando Nro. CFN-B.P.-SASL-2019-2234-M, con fecha de 28 de octubre de 2019, en respuesta al memorando Nro. CFN-B.P.-GDPS-2019-0139-M, indica lo siguiente:

Por otra parte, el Código de Comercio, establece: «Art. 409.- El arrendamiento de locales comerciales,

es un contrato por el cual las partes se obligan recíprocamente: el arrendador a conceder el goce de un local para dedicarlo a actividades empresariales, y el arrendatario a pagar un precio determinado o canon de arrendamiento por el precitado goce del local. El contrato de arrendamiento de locales comerciales no podrá adoptar la forma de concesión mercantil de local, estará sometido a lo dispuesto por las partes y a lo establecido en este título.» Y, en concordancia con ello, señala el » Art.413.- Los inmuebles destinados al uso comercial, son todos aquellos que no están comprendidos en las categorías de vivienda, vivienda-taller y vivienda-negocio; sino, aquellos que se toman en arrendamiento para desarrollar actividades empresariales/comerciales que sean parte del giro ordinario de las actividades del ente arrendador, independientemente de que dicho inmueble constituya una unidad inmobiliaria por sí solo, forme parte de un inmueble de mayor magnitud, o se encuentre anexado a éste. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que constituyen inmuebles destinados al uso comercial los locales, no destinados a vivienda, vivienda-taller o vivienda-negocio del inquilino, ubicados en centros comerciales, en áreas que las ordenanzas califiquen como hábiles para el desarrollo de actividades empresariales, o en edificaciones en propiedad horizontal cuando se haya constituido con fines comerciales o con carácter mixto, así como aquellas edificaciones que tengan fines turísticos, los depósitos, bodegas, galpones u otras formas similares de locales con posibilidad de destinarse al almacenamiento de materiales o equipos, y los espacios de estacionamiento. Se presumirán además inmuebles destinados al uso comercial los quioscos, stands, y establecimientos similares, aun cuando éstos no se encuentren unidos de manera permanente al inmueble donde funcionan o se ubiquen en áreas de dominio público. «. Por lo que, la concesión mercantil podrá acordarse en los términos que acordaren las partes conforme señala el artículo 415 del Código de Comercio, respecto a que concluida la relación, podrán resolver en los términos acordados en el contrato de concesión mercantil de local.

Así también, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, en su Art. 13.-Estructura Descriptiva, numeral 1.1.1. Gestión del Directorio, letra b. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: «f. Aprobar las políticas generales y específicas de endeudamiento, crédito, inversión, desinversión, garantías, liquidez, riesgos, control y administrativas.»; (…) h. Aprobar el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Corporación y los reglamentos internos correspondientes «.

Por lo que, en virtud de los elementos normativos expuestos, dentro del ámbito estrictamente legal y en cumplimiento a lo prescrito en el Código Orgánico Monetario y Financiero que establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, control que rigen

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 15

los sistemas monetario y financiero, y de acuerdo a las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, es competencia del Directorio de la Institución conocer y aprobar el rediseño del producto financiero Activo Fijo-Crédito Directo, orientado a incluir el destino de los recursos para la construcción y equipamiento de bienes inmuebles destinados a la concesión mercantil, propuesto por la Gerencia de Desarrollo de Productos y Servicios. «

Que, el economista Pablo Patiño Rodríguez, Gerente General, dispone dentro de la agenda de Directorio, se envíe para conocimiento y aprobación del Directorio la Propuesta de Rediseño Crédito Directo – Activo Fijo para construcción destinada a la concesión mercantil, en atención al memorando Nro. CFN-B.P.-SGCD-2019-0162-M de 29 de octubre de 2019.

Debidamente motivado, en ejercicio de sus atribuciones,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- En la Normativa CFN, Libro I: Normativa sobre Operaciones, Título I: Operaciones Activas y Contingentes, Subtítulo II: Manual de Productos Financieros, Numeral 4. Condiciones Generales de los Productos de Primer Piso, numeral 2. Activos Fijos, Sub-numeral 2.1. Crédito Directo, en los acápites «Porcentaje de Financiamiento», «Plazo» y «Periodo de Gracia» ELIMINAR los siguientes párrafos:

CONDICIONES GENERALES

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO

  • En proyectos de Actividades de Médicos y Odontólogos, ubicados en
  • Manabí, hasta el 80% del valor del proyecto o adquisición (para construcción el cliente
  • aporta el terreno).
  • En proyectos de Actividades de Hospitales y Clínicas Privadas, ubicados en Manabí, hasta el 80% del valor del proyecto o adquisición (para construcción el cliente aporta el terreno).

PLAZO

  • En proyectos de Actividades de Médicos y Odontólogos, ubicados en Manabí, hasta 8 años
  • En proyectos de Actividades de Hospitales y Clínicas Privadas, ubicados en Manabí, hasta 8 años.

PERIODO DE GRACIA

  • En proyectos de Actividades de Médicos y Odontólogos, ubicados en Manabí, hasta un año capital e interés y hasta un año adicional de capital, de acuerdo al análisis de flujo de caja.
  • En proyectos de Actividades de Hospitales y Clínicas Privadas, ubicados en Manabí, hasta un año capital e interés y hasta un año adicional de capital, de acuerdo al análisis del flujo de caja.

ARTÍCULO 2.- En la Normativa CFN, Libro I: Normativa sobre Operaciones, Título I: Operaciones Activas y Contingentes, Subtítulo II: Manual de Productos Financieros, Numeral 6. Condiciones Adicionales De Los Productos De Primer Piso, Numeral 2. Activos Fijos, Sub-numeral 2.1. Crédito Directo, en el acápite «Amortización» ELIMINAR los siguientes párrafos:

CONDICIONES ADICIONALES

AMORTIZACIÓN

  • En proyectos de Actividades de Médicos y Odontólogos, ubicados en Manabí: Mensual o trimestral, de acuerdo al flujo de caja
  • En proyectos de Actividades de Hospitales y Clínicas Privadas, ubicados en Manabí: Mensual o trimestral, de acuerdo al flujo de caja.

ARTÍCULO 3.- En la Normativa CFN, Libro I: Normativa sobre Operaciones, Título I: Operaciones Activas y Contingentes, Subtítulo II: Manual de Productos Financieros, Numeral 6. Condiciones Adicionales De Los Productos De Primer Piso, Numeral 2. Activos Fijos, Sub-numeral 2.1. Crédito Directo, en el acápite «Destino de los Recursos» REEMPLAZAR:

DONDE DICE:

CONDICIONES ADICIONALES

DESTINO DE LOS

RECURSOS

  • En proyectos de Actividades de Médicos y Odontólogos, ubicados en Manabí: Se podrá financiar solo adquisición, construcción y equipamiento.
  • En proyectos de Actividades de Hospitales y Clínicas Privadas, ubicados en Manabí: Se podrá financiar solo adquisición, construcción y equipamiento.

16 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

DEBE DE DECIR:

CONDICIONES ADICIONALES

DESTINO DE

LOS RECURSOS

Para proyectos de construcción para concesión mercantil:

  • Se podrá financiar la construcción y equipamiento de bienes inmuebles destinados a la concesión mercantil, utilizados para la realización de actividades productivas o de servicios, así como para almacenamiento.
  • Si el sujeto de crédito tiene ventas entre USD 100.000,00 hasta USD 5’000.000,00 en el último año fiscal, se podrá financiar la construcción y equipamiento de bienes inmuebles utilizadas para la realización de actividades comerciales bajo concesión mercantil, además de las mencionadas en el párrafo anterior.
  • Los contratos de concesión mercantil deberán incluir que el bien se encuentra hipotecado a favor de CFN B.P.
  • Para ninguno de los casos se podrá aplicar para proyectos de prestación de servicios funerarios, ni tampoco aplicará la remodelación o adecuación de bienes inmuebles. De la misma manera no se podrá celebrar contratos de concesión mercantil para personas naturales o jurídicas que presten servicios funerarios.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Remítase a la Gerencia de Calidad, para su difusión interna y a Secretaría General para el envío al Registro Oficial.

SEGUNDA.- La presente normativa entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

TERCERA.- Disponer a la Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios que actualice y emita el listado de actividades financiables que se ajuste a las condiciones «Se podrá financiar la construcción y equipamiento de bienes inmuebles destinados a la concesión mercantil, utilizadas para la realización de actividades productivas o de servicios, así como para almacenamiento» y «se podrá financiar la construcción y equipamiento de bienes inmuebles utilizadas para la realización de actividades comerciales bajo concesión mercantil, además de las mencionadas en el párrafo anterior» solamente para el producto Crédito Directo -Activo Fijo.

CUARTA.- Disponer a la Gerencia Jurídica se actualice el modelo de hipoteca abierta para permitir la concesión mercantil del bien hipotecado solamente para el producto Crédito Directo – Activo Fijo para financiamiento de construcción y equipamiento de bienes inmuebles destinados a la concesión mercantil.

QUINTA.- Disponer a la Gerencia de Riesgos a través del CAIR la actualización de la Metodología de Riesgos de Crédito para eliminar lo referente a las garantías para las actividades de médicos y odontólogos ubicados en Manabí.

DADA, en la ciudad de Guayaquil, el 31 de octubre de 2019-LO CERTIFICO.

f.) Econ. Juan Carlos Jácome Ruiz, Presidente.

f.) Mgtr. Rosana Anchundia Cajas, Secretaria General.

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B. P.- Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos e la institución compuesta de 2 Fojas.- Quito, 19 de noviembre 2019.- f.) Ilegible, Secretaría General.

No. DIR-110-2019

EL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN

FINANCIERA NACIONAL BANCA PUBLICA

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución establece el principio de legalidad, mismo que señala: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. «.

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 868, publicado en el Registro Oficial N° 676 de fecha 25 de enero del 2016, con el que se reorganiza a la Corporación Financiera Nacional B.P., señala que dicha institución es: «una entidad financiera pública, dedicada al financiamiento del sector productivo de bienes y servicios, así como proyectos de desarrollo en el ámbito nacional e internacional. Buscará estimular la inversión productiva e impulsar el crecimiento económico sostenible, a través de apoyo financiero o no financiero a los sectores productivos, de bienes y servicios; así como de proyectos que contribuyan a la mejora de la competitividad nacional.»

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 17

Que, en el numeral 12 del artículo 375 del Código Orgánico Monetario y Financiero, señala que es competencia del Directorio: «Aprobar los reglamentos internos».

Que, la Subgerencia General de Calidad y Desarrollo, mediante memorando Nro. CFN-B.P.-SGCD-2019-0163-M de 29 de octubre de 2019 señala:

«Con la finalidad de que se incluya en el orden del día para conocimiento y aprobación del Directorio Institucional, adjunto al presente:

1.- Memorando Nro. CFN-B.P.-SGCD-2019-0157-M de fecha 24 de octubre que contiene propuesta de Reforma a la Normativa CFN, Libro I: Normativa sobre operaciones, Título I: Operaciones Activas y Contingentes, Anexo 3 Cupos e instancia de Aprobación.

La propuesta cuenta con el respectivo informe de conformidad emitido por la Gerencia de Calidad (Memorando Nro. CFN-B.P.-GECA-2019-0567-M) y de la Subgerencia de Asesoría Legal (Memorando Nro. CFN-B.P.-SASL-2019-2236-M), anexos al presente memorando.

2.- Memorando Nro. CFN-B.P.-SGCD-2019-0158-M de fecha 24 de octubre que contiene propuesta de Reforma a la Normativa CFN, Libro I: Normativa sobre operaciones, Título I: Operaciones Activas y Contingentes, Subtítulo II: Manual de Productos

Donde Dice:

Financieros, numeral 2 «Alcance», subnumeral 2.1. Aplicabilidad.

La propuesta cuenta con el respectivo informe de conformidad emitido por la Gerencia de Calidad (Memorando Nro. CFN-B.P.-GECA-2019-0568-M) y de la Subgerencia de Asesoría Legal (Memorando Nro. CFN-B.P.-SASL-2019-2239-M), anexos al presente memorando. «

Que, el economista Pablo Patiño Rodríguez, Gerente General, dispone dentro de la agenda de Directorio, se envíe para conocimiento y aprobación del Directorio las propuestas de Reformas Normativas: Política de Operaciones Activas y Contingentes: Anexo 3 «Cupos e Instancias de Aprobación y Manual de Productos Financieros Numeral 2.1. Aplicabilidad, en atención al memorando Nro. CFN-B.P.-SGCD-2019-0163-M de 29 de octubre de 2019.

Debidamente motivado, en ejercicio de sus atribuciones,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- En la normativa CFN, Libro I: Normativa sobre Operaciones, Título I: Operaciones Activas y Contingentes, Anexos Subt. I Política de Operaciones Activas y Contingentes, Anexo 3 «Cupos e instancias de aprobación», en la línea del Comité Nacional de Negocios Modificar el valor equivalente al 2% del Patrimonio Técnico así como también lo que consta en asterisco:

CUPOS AUTÓNOMOS:

NIVEL DE APROBACIÓN

DESDE USD

HASTA USD

Comité Nacional de Negocios

2,000.001

2% Patrimonio Técnico CFN (*)

USD 19,030,944 a la fecha

(*) Patrimonio Técnico CFN al 31 de mayo de 2017 USD 951,547,213

Debe Decir:

CUPOS AUTÓNOMOS:

NIVEL DE APROBACIÓN

DESDE USD

HASTA USD

Comité Nacional de Negocios

2,000.001

2% Patrimonio técnico CFN (*)

(*) Corresponde al Patrimonio Técnico vigente del mes inmediato anterior al de presentación de la solicitud ante el nivel de aprobación correspondiente.

ARTÍCULO 2.- Dentro de la Normativa CFN, libro I, Normativa sobre Operaciones, Título I Política de Operaciones Activas y Contingentes Subtítulo II: Manual de Productos Financieros, numeral 2 Alcance, subnumeral 2.1 Aplicabilidad, Reemplazar por el siguiente texto:

Donde Dice:

Esta normativa aplicará para todas las operaciones activas y contingentes otorgadas por la Corporación Financiera Nacional B.P. para los siguientes segmentos de crédito:

18 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 egistro OficialN° 94

  • Corporativo
  • Empresarial
  • Pyme
  • Microcrédito

Debe Decir:

Esta normativa aplicará para todas las operaciones activas y contingentes otorgadas por la Corporación Financiera Nacional B.P. para los siguientes segmentos de crédito:

  • Crédito Productivo
  • Crédito Comercial Ordinario
  • Crédito Comercial Prioritario
  • Microcrédito

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La presente regulación entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

SEGUNDA.- Notifíquese a la Gerencia de Calidad para la actualización en la normativa institucional y a Secretaría General para el envío al Registro Oficial.

DADA, en la ciudad de Guayaquil, el 31 de octubre de 2019-LO CERTIFICO.

f.) Econ. Juan Carlos Jácome Ruiz, Presidente.

f.) Mgtr. Rosana Anchundia Cajas, Secretaria General.

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B. P.- Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos e la institución compuesta de 2 Fojas.- Quito, 19 de noviembre 2019.- f.) Ilegible, Secretaría General.

No. 187-2019

EL PLENO DEL CONSEJO

DE LA JUDICATURA

Considerando:

Que el artículo 178, inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen: «(…) El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. (…) «;

Que el artículo 181, numerales 3 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador establece: «Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determina la Ley: (…) 3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas. (…) 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. «;

Que el artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «La Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de veinte y uno, quienes se organizarán en salas especializadas, y serán designados para un periodo de nueve años; no podrán ser reelectos (…) Cesarán en sus cargos conforme a la ley. (…) Existirán conjuezas y conjueces que formarán parte de la Función Judicial, quienes serán seleccionados con los mismos procesos y tendrán las mismas responsabilidades y el mismo régimen de incompatibilidades que sus titulares. (…)»;

Que el artículo 187 de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa: «Las servidoras y servidores judiciales tienen derecho a permanecer en el desempeño de sus cargos mientras no exista una causa legal para separarlos; estarán sometidos a una evaluación individual y periódica de su rendimiento, de acuerdo a parámetros técnicos que elabore el Consejo de la Judicatura y con presencia de control social. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos, serán removidos. «;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, entre los principios que rigen a la administración pública, contempla los de transparencia y evaluación;

Que el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone: «PERFIL DE LA SERVIDORA O SERVIDOR DE LA FUNCIÓN JUDICIAL.-El perfil de las servidoras o servidores de la Función Judicial deberá ser el de un profesional del Derecho con una sólida formación académica; con capacidad para interpretar y razonar jurídicamente, con trayectoria personal éticamente irreprochable, dedicado al servicio de la justicia, con vocación de servicio público, iniciativa, capacidad innovadora, creatividad y compromiso con el cambio institucional de la justicia»;

Que el artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial, en su último inciso, estatuye: «CARRERAS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL.- Las servidoras y servidores de la Función Judicial pertenecen a la carrera judicial, de acuerdo a la siguiente clasificación: (…) Las (…) juezas y los jueces de la Corte Nacional de Justicia y las conjuezas y conjueces, (…) no pertenecen a ninguna de estas carreras.» Por lo tanto, no les resulta aplicable lo prescrito en el segundo inciso del artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador respecto de la permanencia y ascensos en la carrera judicial y el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues el artículo 136 ibídem, prescribe que las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia no gozan de estabilidad;

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 209 – 19

Que los artículos 89 y 264 numerales 1 y 10 del Código Orgánico de la Función Judicial establecen que: «El Consejo de la Judicatura determinará los objetivos, normas técnicas, métodos y procedimientos de las evaluaciones, de acuerdo a criterios cualitativos y cuantitativos que, sobre la base de parámetros técnicos, elaborará la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura.», y que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: 1. Nombrar y evaluar a las juezas y a los jueces y a las conjuezas y a los conjueces de la Corte Nacional de Justicia (…)/10. Expedir, (…) reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.»;

Que el artículo 6 de la resolución 010-2019, manifiesta en su parte pertinente: «(…) Los criterios cualitativos y cuantitativos serán valorados sobre 100 puntos; en el caso de que las y los servidores evaluados no alcancen el 80% de la puntuación serán removidos. Quienes no superen los criterios de legitimidad y transparencia, presuntamente incurrirían en alguna infracción gravísima y serán sometidos a los procedimientos disciplinarios correspondientes»;

Que el artículo 8 de la resolución 010-2019 de 19 de febrero de 2019, determina: «Reconsideración.- Las y los jueces y conjueces evaluados podrán dentro del término de tres días desde la notificación, solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, la reconsideración del resultado de su evaluación integral. El Pleno del Consejo de la Judicatura resolverá dentro del término de cinco días»;

Que el artículo 9 de la resolución 010-2019 de 19 de febrero de 2019, establece: «Concluida la etapa de reconsideración, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitirá la resolución que contenga los resultados definitivos y declarará concluido el proceso de evaluación integral. De esta decisión no cabrá recurso alguno»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en la sesión ordinaria No. 044-2019 de 11 y 12 de junio de 2019, conoció los memorandos CJ-DG-2019-3412-M de 11 de junio de 2019 y CJ-DG-2019-2959-M de 27 de mayo de 2019, con los cuales los doctores Merck Milko Benavides Benalcázar y Janeth Cecilia Santamaría Acurio, presentaron sus renuncias a los cargos de juez de la Sala de lo Laboral y Conjueza de la Corte Nacional de Justicia, respectivamente, hechos que no impiden que el proceso de evaluación a los referidos servidores continúe, de conformidad con la Disposición General Segunda de la resolución 094-2019 de 18 de junio de 2019, que prescribe: «En caso de que las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia sujetos a este proceso de evaluación, cesaren en sus funciones por cualquier causa, se continuará con su evaluación. El comité Evaluador informará al Pleno del Consejo de la Judicatura los criterios que no pudieron ser evaluados debido a su ausencia»;

Que dentro del expediente disciplinario No. Q-0520-SNCD-2019-LR, mediante resolución de 01 de octubre de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió destituir a los doctores Edgar Wilfrido Flores Mier y Luis Manaces

Enríquez Villacrés, jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, por haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en los artículos 108 numeral 8 y 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, por vulneración al derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, previstos en los artículos 76, numeral 7), literales a) y c) y 82 de la Constitución de la República del Ecuador, y por incurrir en manifiesta negligencia en el ejercicio de sus funciones;

Que el artículo 10 inciso cuarto de la resolución 035-2019 de 26 de marzo de 2019, determina: «Las y los jueces y conjueces que no se sometan de manera expresa o tácita al proceso de evaluación incurrirán en la consecuencia establecida en el inciso segundo del artículo 6 del Reglamento para la Evaluación Integral de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador»;

Que mediante resolución 094-2019 de 18 de junio de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió «Aprobar el informe final correspondiente a la Metodología de Evaluación Integral para las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y su anexo», instrumento técnico que contiene los insumos cuantitativo y cualitativo del proceso de evaluación, preparado conforme a la ley por la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura constante en el Memorando No. CJ-DNTH-2019-2708-M de 18 de junio de 2019;

Que mediante resolución 141-2019 de 7 de septiembre de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió abrir la fase de «(…) sustentación oral de competencias en el ejercicio de su cargo de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y declararse en sesión permanente durante los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre de 2019»; fase en la que, los tribunales fueron presididos por un vocal y conformados por dos miembros del Comité de Apoyo con la presencia de Veeduría Ciudadana;

Que el equipo técnico del Consejo de la Judicatura, conformado por la Dirección General y las Direcciones Nacionales de: Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, Asesoría Jurídica, Talento Humano, Gestión Procesal, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) y Escuela de la Función Judicial, conjuntamente con la Dirección General y los vocales del Consejo de la Judicatura; efectuaron el análisis de la fase cualitativa de la evaluación a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia en varias Mesas de Trabajo, entre otras: No. 1 de 20 de mayo de 2019; No. 7 de 27 de junio de 2019; No. 10 de 19 de agosto de 2019; No. 11 de 28 de agosto de 2019; No. 18 de 19 de septiembre de 2019; No. 20 de 28 y 29 de septiembre de 2019; No. 21 de 26 de septiembre de 2019; No. 22 de 05 y 06 de octubre de 2019; No. 23 de 10 de octubre de 2019; No. 24 de 16 de octubre de 2019; y, No. 25 de 17 de octubre de 2019;

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la resolución 035-2019, con los insumos presentados por el Comité de Apoyo y los informes técnicos del Consejo de la Judicatura, se realizó el informe final de resultados de la evaluación a las y los jueces y onjueces de la Corte

20 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 egistro Oficial N° 94

Nacional de Justicia, documento que fue suscrito tanto por el equipo técnico del Consejo de la Judicatura, como por el Comité de Apoyo a la Evaluación;

Que mediante Memorando CJ-DNTH-2019-4815-M, de 23 de octubre de 2019, la Dirección Nacional de Talento Humano puso en conocimiento de la Dirección General el «Informe de Resultados de la Evaluación Integral a las y los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia»;

Que mediante resolución 163-2019 de 23 de octubre de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: «APROBAR EL INFORME FINAL DE RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL A LAS Y LOS JUECES Y CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA»;

Que mediante resolución 182-2019 de 31 de octubre de 2019, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso la notificación de los resultados de la evaluación integral a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y otorgó un término adicional de tres días para que presenten las reconsideraciones a los resultados de sus evaluaciones;

Que mediante memorando No. CJ-EFJ-2019-1377-M de 12 de noviembre de 2019, la Escuela de la Función Judicial remite el «Informe de Resultados de las Solicitudes de Reconsideración Criterio Cualitativo: Análisis de Calidad de Sentencias; y Evaluación Oral de Competencias, Dentro del Proceso de Evaluación Integral de las y los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia»;

Que mediante memorando CJ-DNEJEJ-2019-0295-M de 12 de noviembre de 2019, la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial entrega el «Informe de respuesta a solicitudes de reconsideración relacionadas a la aplicación del criterio cuantitativo»;

Que mediante memorando CJ-EFJ-2019-1376-M de 12 de noviembre de 2019, la Escuela de la Función Judicial, remite el «Informe de Resultados de las Solicitudes de Reconsideración de Méritos y Demérito: Acción Extraordinaria de Protección, Dentro del Proceso de Evaluación Integral de las y los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia»;

Que mediante memorando CJ-DNGP-2019-5671-M de 12 de noviembre de 2019, la Dirección Nacional de Gestión Procesal, remite el «Informe final de reconsideración del demérito denominado retardo injustificado en sustancia o resolver y reducir la sentencia oral a escrita en una causa»;

Que mediante memorando CJ-DNTH-2019-5210-M de 14 de noviembre de 2019, la Dirección Nacional de Talento Humano, presentó a la Dirección General, el «INFORME DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL A LAS Y LOS JUECES Y CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión ordinaria No. 094-2019 de 14 de noviembre de 2019, se declaró en sesión permanente para conocer y analizar los pedidos de reconsideración, así como revisar los informes técnicos

presentados por las áreas competentes del Consejo de la Judicatura respecto a los resultados de las reconsideraciones del proceso de «EVALUACIÓN INTEGRAL A LAS Y LOS JUECES Y CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA», así como las sentencias y los videos de las evaluaciones orales correspondientes a la fase cualitativa de dicha evaluación;

Que la Dirección General remitió el memorando CJ-DG-2019-7111-M de 15 de noviembre de 2019 a la Secretaría General para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, por el cual remite el Memorando CJ-DNJ-2019-0190-MC, de 15 de noviembre de 2019, suscrito por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mismo que contiene el informe jurídico y el proyecto de resolución, para: «APROBAR EL INFORME DE RESULTADOS DEFINITIVOS Y DECLARAR EL CIERRE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTÉGRALA LAS Y LOS JUECES Y CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA»;

Que el «PROCESO DE EVALUACIÓN TNTEGRAL A LAS Y LOS JUECES Y CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA» se ha sujetado a la Constitución, al Código Orgánico de la Función Judicial y al marco normativo expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, por tanto goza de plena validez jurídica; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales

Resuelve:

APROBAR EL INFORME DE RESULTADOS

DEFINITIVOS Y DECLARAR CONCLUIDO EL

PROCESO DE EVALUACIÓN INTÉGRALA LAS

Y LOS JUECES Y CONJUECES DE LA CORTE

NACIONAL DE JUSTICIA

Artículo 1.- En ejercicio de la función conferida en los artículos 181 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador y 264 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, aprobar el: «INFORME DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL A LAS Y LOS JUECES Y CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA » elaborado por la Dirección Nacional de Talento Humano, presentado con Memorando CJ-DNTH-2019-5210-M, de 14 de noviembre de 2019, que contiene los informes presentados por las Direcciones Nacionales de: Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, Gestión Procesal, Asesoría Jurídica y Escuela de la Función Judicial, contenidos en los Memorandos CJ-DNEJEJ-2019-0295-M, de 12 de noviembre de 2019, CJ-DNGP-2019-5671-M, de 12 de noviembre de 2019, CJ-DNJ-2019-0190-MC, de 15 de noviembre de 2019, CJ-EFJ-2019-1377-M y CJ-DNEJEJ-2019-0295-M, de 12 de noviembre de 2019, respectivamente.

Artículo 2.- Declarar que las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia que alcanzaron el puntaje mínimo requerido establecido en el artículo 6 de la Resolución 010-2019 y superaron el PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL A LAS Y LOS JUECES Y CON JUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, son los siguientes:

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 21

JUEZAS Y JUECES

#

Nombres

Número de Cédula

Presentó Reconsideración

Nota Notiï¬cada

Reconsideración

Nota Final

1

AGUIRRE SUÁREZ MARÍA PAULINA

1101358115

NO

90,77

90,77

2

CAMACHO HEROLD DANIEL-

LA LISETTE

1710571959

NO

86,25

86,25

3

HEREDIA YEROVI MARÍA CONSUELO

1705840385

SI

86,20

3,00

89,20

4

MUÑOZ SUBÍA CATHERINE

BETTY

1713023297

NO

86,55

86,55

5

OJEDA HIDALGO ÁLVARO

VINICIO

1704896289

NO

83,93

83,93

6

RODRÍGUEZ RUIZ MARCO

XAVIER

1710867597

NO

87,39

87,39

7

SAQUICELA RODAS IVÁN PATRICIO

0103571659

NO

90,31

90,31

CONJUEZAS Y CONJUECES

#

Nombres

Número de Cédula

Presentó Reconsideración

Nota Notiï¬cada

Reconsideración

Nota Final

1

ARTEAGA GARCÍA ALEJANDRO MAGNO

0910762624

NO

81,71

81,71

2

GUZMÁN CASTAÑEDA HIMMLER ROBERTO

1706381975

SI

85,34

0,00

85,34

3

JACHO CHICAIZA DAVID ISAÍAS

0502022148

NO

81,29

81,29

4

LARCO ORTUÑO IVÁN RODRIGO

0601356215

NO

84,24

84,24

5

SECAIRA DURANGO PATRICIO ADOLFO

0200419075

NO

86,92

86,92

6

TERÁN CARILLO WILMAN GA-

BRIEL

1714429675

SI

78,05

2,00

80,05

Artículo 3.- En ejercicio de la potestad conferida por el artículo 187 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 6 de la Resolución 010-2019, de 19 de febrero de 2019, remover de sus cargos, a las y los siguientes jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia:

JUEZAS Y JUECES

#

Nombres

Número de Cédula

Presentó Reconsideración

Nota Notiï¬cada

Reconsideración

Nota Final

1

CRESPO SANTOS ANA

MARÍA

1711016244

SI

64,72

6,00

70,72

2

ESPINOZA VALDIVIESO

MARÍA DEL CARMEN

0101312536

SI

73,47

4,00

77,47

3

GUERRERO MOSQUERA CYNTHIA

0908572563

SI

67,74

3,00

70,74

4

JURADO FABARA MIGUEL ANTONIO

1708542988

SI

56,89

0,00

56,89

22 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

5

MERCHÁN LARREA MARÍA ROSA

0101229771

SI

71,87

0,00

71,87

6

SÁNCHEZ INSUASTI SYLVIA XIMENA

1709382616

SI

72,25

0,00

72,25

7

TERÁN SUÁREZ ROMÁN JOSÉ LUIS

1001335445

SI

76,10

3,00

79,10

8

TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUÍN

1707322770

SI

76,20

3,00

79,20

9

VELASTEGUÍ ENRÍQUEZ RÓMULO DARÍO

0502114051

SI

71,51

6,00

77,51

CONJUEZAS Y CONJUECES

#

Nombres

Número de Cédula

Presentó Recon- sideración

Nota Notiï¬- cada

Reconsid- eración

Nota Final

1

CANDO AREVALO LUIS ANTO-

NIO

1303801540

SI

66,09

1,00

67,09

2

CUEVA GUZMÁN MARÍA ALE- JANDRA

1103201990

SI

66,46

2,00

68,46

3

CUSME MACÍAS ROGER FRAN- CISCO

1708994288

SI

72,73

1,00

73,73

4

DELGADO VITERI MARÍA TERE-

SA

1708627235

SI

74,33

4,00

78,33

5

MONTERO CHÁVEZ JUAN GON- ZALO

0601892011

SI

56,55

4,00

60,55

6

SOLEDISPA TORO JULIETA MAG- ALY

1706612189

SI

64,61

3,00

67,61

7

VILLAGÓMEZ CABEZAS RICH-

ARD ÍTALO

0602688186

SI

74,37

2,00

76,37

8

ÁLVAREZ ULLOA ROSA JAQUE-

LINE

1801347186

SI

68,85

7,38

76,23

9

SUÁREZ ARMIJOS ROSA BEAT-

RIZ

1100613338

SI

69,15

2,00

71,15

10

MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO

1100613445

SI

54,14

1,61

55,75

Artículo 4.- Establecer, de conformidad con la Disposición Transitoria Segunda de la resolución 094-2019 de 18 de junio de 2019, que las personas que renunciaron a sus cargos previo al inicio del «PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL A LAS Y LOS JUECES Y CONJUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA «, obtuvieron las siguientes calificaciones:

#

Nombres

Número de Cédula

Presentó Reconsid- eración

Nota Noti- ï¬cada

Reconsideración

Nota Final

1

BENAVIDES BENALCÁZAR MER-

CK MILKO

0400554606

SI

63,47

0,00

63,47

2

SANTAMARÍA ACURIO JANETH CECILIA

1802207470

SI

72,25

0,00

72,25

Artículo 5.- En los casos de los doctores Enriquez Villacrés Luis Manaces y Flores Mier Edgar Wilfrido, sin perjuicio de que fueron sujetos al expediente disciplinario No. Q-0520-SNCD-2019-LR, y con la consecuente resolución de destitución de 01 de octubre de 2019, se sujetarán a lo establecido en la Disposición General Segunda de la resolución 094-2019 de 18 de junio de 2019, efecto para el cual se determinan sus calificaciones:

#

Nombres

Número de Cédula

Presentó Reconsid- eración

Nota Noti- ï¬cada

Reconsideración

Nota Final

1

ENRÍQUEZ VILLACRES LUIS MANACES

1708046022

SI

63,13

0,00

63,13

2

FLORES MIER ÉDGAR WILFRIDO

0400635009

SI

59,94

3,00

62,94

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de2019 – 23

Artículo 6.- Declarar concluido el proceso de evaluación integral a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, de conformidad con lo determinado en el artículo 9 de la resolución 010-2019.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA.- La Dirección General del Consejo de la Judicatura realizará la notificación de la presente resolución, adjuntando copias certificadas de los informes señalados en el artículo 1 de este instrumento proporcionados por la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, la misma que, una vez notificada causará estado de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la resolución 010-2019.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La ejecución y cumplimiento de esta Resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General, en coordinación con la Secretaría General, Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y la Unidad Administrativa y de Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, a los quince días del mes de noviembre de 2019.

f.) Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez, Presidenta del Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Fausto Roberto Murillo Fierro, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Juan José Morillo Velasco, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f.) Dra. Ruth Maribel Barreno Velin, Vocal del Consejo de la Judicatura.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó por mayoría, con cuatro votos afirmativos y un voto negativo del doctor Jorge Aurelio Moreno Yanes, esta resolución el quince de noviembre de dos mil diecinueve.

f.) Mgs. María Auxiliadora Zamora Barberán, Secretaria General.

No. 107-DPE-CGAJ-2019

Freddy Carrión Intriago

DEFENSOR DEL PUEBLO DEL ECUADOR

Considerando:

Que, el artículo 214 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la Defensoría del Pueblo será

un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior;

Que, el artículo 215 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que serán funciones de la Defensoría del Pueblo, la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 481 de 06 de mayo de 2019, determina que la Defensoría del Pueblo es un órgano de derecho público desconcentrado, con jurisdicción nacional, que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social. Esta entidad tiene personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. Su sede nacional está en la capital del Ecuador y cuenta con delegados en cada provincia y en el exterior;

Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece las competencias para el cumplimiento de los fines de la Defensoría del Pueblo.

Que, de acuerdo con el artículo 9 literal b); y e) numeral 2) de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo representa legal, judicial y extrajudicialmente a la entidad, y tiene la atribución de dictar la normativa interna de la misma;

Que, el Art. 88, numeral 2 de la Ley Orgánica de Discapacidades, establece que la Defensoría del Pueblo y órganos de la Administración de Justicia, encargados de la protección, defensa y exigibilidad de derechos, conforman el Sistema Nacional de Protección Integral de las Personas con Discapacidad.

Que, Art. 81 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece que es facultad de la Defensoría del Pueblo, conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas, que presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, que esida o esté de paso en el país y que

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considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la violación o inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor, establecidos en la Constitución Política de la República, los tratados o convenios internacionales de los cuales forme parte nuestro país, la presente ley, así como las demás leyes conexas.

Que, el Art. 72 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone que las personas que por su profesión u oficio tengan conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán denunciarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de los fiscales, autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, como entidad garante de los derechos fundamentales.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, y en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Defensoría del Pueblo,

Resuelve:

Expedir el REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE

CASOS DE COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA

DEL PUEBLO

Capítulo I

Del objeto y ámbito de aplicación

Art. 1.- Objeto.- El objeto del presente reglamento es regular el procedimiento para la atención de casos de oficio o a petición de parte de posibles vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza en el marco de las competencias de la Defensoría del Pueblo establecidas en la Constitución y la Ley.

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- Este reglamento se aplicará de manera obligatoria en todos los procesos institucionales de atención de casos a nivel nacional, en cada una de las delegaciones provinciales, dentro del marco de sus competencias y atribuciones; y, en las delegaciones en el exterior según corresponda.

Capítulo II

Acción Defensorial Estratégica

Art. 3.-Acción Defensorial Estratégica.- Es un método de análisis e intervención que tiene como objetivo conseguir la protección, promoción y/o reparación de un derecho en el menor tiempo posible y con el mayor nivel de goce y ejercicio del mismo para la persona peticionaria, a través de la ejecución de actividades específicas.

Los casos de vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza se atenderán a través de la ejecución de una acción defensorial estratégica.

Para la determinación y ejecución de la acción defensorial estratégica se deberán aplicar, además de las disposiciones de este reglamento, los lineamientos que la institución determine para tal efecto.

Art. 4.- Casos de atención de la Defensoría del Pueblo.- Los casos puestos en conocimiento de la Defensoría del Pueblo se atenderán cuando la presunta violación de derechos humanos provenga de:

  1. Una autoridad pública o particular que actúe en representación del Estado, que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio.
  2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías.
  3. De un prestador de servicio público que viole los derechos y garantías.
  4. De personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias:
  1. Presten servicios públicos o de interés público;
  2. Presten servicios públicos por delegación o concesión;
  3. Provoque daño grave;
  4. La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo.
  5. Que vulneren los derechos establecidos en la normativa relacionada a usuarios y consumidores.

5. Cualquier persona que cometa un acto discriminatorio siempre y cuando la víctima no busque una sanción penal.

Capítulo III

Trámite de acción defensorial estratégica

Sección I

De la Calificación

Art. 5.- Calificación de petición.- En todos los casos en los que se tenga conocimiento de la presunta vulneración de derechos se efectuará la calificación de la petición en la que se definirá si esta es de competencia de la Defensoría del Pueblo o no.

Para la calificación se verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que la petición se enmarque en las competencias de la Defensoría del Pueblo.

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  1. Que exista evidencia de que se efectuó la solicitud o se puso en conocimiento del organismo competente para atender su petición.
  2. Que la respuesta de la entidad competente evidencie indicios de presuntas vulneraciones de derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, en caso de existir.
  3. En los casos de derechos de personas usuarias y consumidoras así como en los casos en los que se solicite vigilancia al debido proceso, se verificará además los requisitos específicos establecidos para estos trámites.
  4. Que no exista en la institución otro caso presentado por el peticionario por las mismas razones que motivan la petición.

En caso de que la falta de requisitos fuere subsanable se le asesorará y solicitará que los complete.

Art. 6.- En los casos calificados que no corresponden a su jurisdicción.- Se remitirán a la unidad a la que corresponda su atención previa verificación de lo siguiente:

  1. Que la parte requerida no cuente con una unidad o dependencia en el territorio en el cual se requiera la acción de la Defensoría del Pueblo.
  2. Que se haya constatado que la unidad o dependencia de la parte requerida no tenga la competencia y/o atribución de resolver la petición y por lo tanto deba ser remitida a su organismo central.

Art. 7.- Casos que no se calificarán.- las peticiones no serán calificadas cuando concurra una o alguna de las siguientes causales:

  1. Peticiones anónimas a menos que exista fundada evidencia de que se trate de una vulneración de derechos, en cuyo caso se actuará de oficio.
  2. Peticiones en las que se solicite a la Defensoría del Pueblo actuar fuera de sus competencias.
  3. Cuando la situación estuviere sometida a otro proceso judicial o administrativo, salvo que solicite vigilancia al debido proceso para lo cual se actuará conforme a lo establecido en los artículos de este Reglamento que regulan el trámite.
  4. No se admitirán casos cuya cuestión u objeto esté relacionado al cumplimiento de cláusulas de contratos de carácter civil, mercantil, laboral u otros de índole patrimonial a menos que estos sean producto de la aplicación de una política pública o que los hechos reflejen que es un caso generalizado, sistemático y/o de relevancia social, en cuyo caso procederá de acuerdo a las normas establecidas para el efecto.
  5. No se admitirán peticiones examinadas con anterioridad por la Defensoría del Pueblo, a menos que la petición contenga hechos, datos, elementos o indicios nuevos

que den lugar a una nueva presunción de amenaza o vulneración de derechos. Caso en el cual se iniciará una nueva estrategia defensorial tomando en cuenta lo desarrollado en el proceso anterior.

  1. No se admitirán las peticiones que pretendan que la Defensoría del Pueblo se pronuncie de manera contraria a decisiones judiciales en casos que involucren intereses entre particulares.
  2. No se admitirán las peticiones de vigilancia del debido proceso, cuando la Defensoría del Pueblo haya interpuesto un Amicus Curiae con anterioridad a la petición.

La no calificación se pondrá en conocimiento de la persona peticionaria por escrito, mediante una constancia en la que se determine de forma motivada las razones por las que no se calificó la petición, las entidades competentes para atender su requerimiento y los mecanismos existentes para hacer prevalecer sus derechos.

Art. 8.- Acciones emergentes.- En el caso de que los hechos puestos en conocimiento de la Defensoría del Pueblo reflejen la necesidad de coordinar acciones de forma emergente para prevenir o impedir daños y peligros graves, serán puestos en conocimiento de la máxima autoridad de la unidad a cargo de la gestión del caso para que ejecute, sin demora alguna, las actuaciones necesarias para impedir que continúen los daños o peligros inminentes.

Art. 9.- Acción Defensorial Estratégica para casos específicos.- Si de los hechos que llegan a conocimiento de la Defensoría del Pueblo se presume el cometimiento de una contravención o delito de violencia contra la mujer, persona adulta mayor o un niño, niña o adolescente, la Unidad de Asesoría y Atención Defensorial brindará asesoría sobre la entidad competente para atender su reclamo, de ser necesario se acompañará a la persona o personas peticionarias a presentar la denuncia o se aperturará una estrategia de vigilancia al debido proceso.

Adicionalmente se verificará si se debe ejecuta una estrategia comunicacional.

Art. 10.- Casos calificados.- Los casos que se han calificado serán remitidos a la Unidad de Protección y Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza para efectuar el análisis y determinación de la acción defensorial estratégica con base en la información que se adjunta a la petición.

En caso de que de la revisión de la documentación se determine que existe un ente competente para resolver la petición, que no fue detectado en la calificación, se efectuará una gestión oficiosa.

En caso de que de la revisión de la documentación y el análisis e investigación se llegara a determinar que los hechos puestos en conocimiento de la Defensoría del Pueblo no son reales o carecen de sustento, o no existiere un trámite que permita la tutela efectiva de los derechos, se comunicará la inadmisibilidad de manera motivada.

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Sección II

Diseño de la acción defensorial estratégica

Art. 11.- Herramientas de la Acción Defensorial Estratégica.- Para el diseño de la acción defensorial estratégica se podrán aplicar herramientas tutelares, de gestión especializada del conocimiento, de investigación e incidencia en normativa y política pública, de comunicación social y de vinculación con las organizaciones de sociedad civil.

Art. 12.- Planificación.- Es el primer paso para la actuación defensorial, en la cual se determinará las actividades a seguir para una tutela adecuada de los derechos, utilizando los parámetros establecidos en los lineamientos que la institución emita para el efecto.

No será necesaria la aplicación de todas las herramientas defensoriales. La persona a cargo de ejecutar la acción defensorial estratégica deberá, con base en el análisis de la información recibida, determinar las actividades que le permitirán, por una parte atender de forma inmediata la solicitud de la persona peticionaria y, por otra, tomar medidas que garanticen la prevención y tiendan a la reparación de derechos.

Este análisis se reducirá al documento de estrategia que deberá constar en el expediente defensorial.

Sección III

Herramientas tutelares

Art.13.- Herramientas tutelares.- Las herramientas tutelares son los trámites que se utilizan dentro de la acción defensorial estratégica con la finalidad de prevenir, proteger y buscar la reparación. Estos se implementarán de acuerdo a los siguientes procedimientos:

Garantías jurisdiccionales

Art. 14.- Garantías Jurisdiccionales.- Estos trámites tienen como objeto activar desde la Institución Nacional de Derechos Humanos los procesos constitucionales regulados en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para tutelar derechos y garantizar la eficacia y supremacía constitucional.

Art.15.- Procedimiento.- Cuando se determine dentro de la estrategia iniciar un proceso constitucional, se elaborará el proyecto de demanda, con base de los requisitos y formalidades que determinan la Constitución y la Ley. La demanda deberá ser aprobada por la autoridad competente a través de sumilla en el documento y firmada conjuntamente con el o la especialista responsable que elaboró el producto tutelar.

Cumplida la finalidad por la cual se interpuso una garantía jurisdiccional se dispondrá el archivo mediante providencia.

En caso de que no se ha conseguido el fin se realizará un cambio de estrategia.

Seguimiento de cumplimiento de sentencias, dictámenes, resoluciones y acuerdos reparatorios, y verificación de cumplimiento de sentencias

Art. 16.- Seguimiento y verificación de cumplimiento de sentencias, dictámenes, resoluciones y acuerdos reparatorios.- Constituye el conjunto de actividades que se desarrollan para monitorear el cumplimiento de una sentencia constitucional, dictámenes, resoluciones y acuerdos reparatorios cuando así lo ha ordenado el Juez o autoridad competente.

Art. 17.- Procedimiento.- La ejecución de este trámite estará a cargo de las unidades desconcentradas de acuerdo a su ámbito territorial. Excepcionalmente, cuando las disposiciones de la sentencia impacten a más de una provincia o sean de ámbito nacional, la unidad a cargo será el mecanismo correspondiente.

Se realizará la providencia de inicio del seguimiento, en la cual se dispondrán las medidas o acciones necesarias tendientes a la verificación de cumplimiento de la sentencia. Según amerite el caso, se podrá solicitar informes, verificaciones in situ, convocar a reuniones de trabajo, debiendo emitirse informes periódicos.

Este trámite se archivará mediante informe final una vez el organismo de justicia declare que se haya cumplido lo dispuesto.

Amicus Curiae

Art. 18.- Amicus Curiae.- La Defensoría del Pueblo de oficio o petición de parte podrá interponer amicus curiae ante cualquier juez o jueza constitucional, con el objeto de brindar información relevante para una adecuada protección de los derechos.

Art. 19.- Procedimiento.- Una vez decidida la presentación de un amicus curiae, se elaborará por parte de la o el especialista designado un borrador el cual será revisado y sumillado por la máxima autoridad de la unidad a cargo de la gestión del caso. Previo a su presentación el documento deberá ser firmado por dicha autoridad y la o el especialista que elaboró el producto, ellos también estarán facultados para sustentarlo en audiencia.

El trámite de amicus curiae concluirá con una providencia de archivo del expediente una vez que se ha emitido la sentencia en la instancia en la cual se presentó el documento.

Investigación Defensorial

Art. 20.- Investigación Defensorial.- Este trámite constituye el conjunto de acciones concretas y necesarias que tienen por finalidad recopilar información inmediata, clara, directa y verificable, sobre presuntas vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza para posteriormente ejercer las atribuciones y competencias que la Constitución y la ley le conceden a la Defensoría del Pueblo del Ecuador.

En cualquier momento de la investigación se podrá determinar la necesidad de emitirse una medida de

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cumplimiento obligatorio previo autorización de la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo.

Art. 21.- Procedimiento.- Se inicia con la correspondiente calificación, que da paso a la apertura del expediente defensorial.

Dentro del procedimiento se podrá solicitar información a las partes y/o terceros, involucrados en el caso, de conformidad a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; para lo cual, se podrá convocar a audiencias y reuniones de trabajo, visitas in situ, o cualquier otra diligencia que sea adecuada y conducente para el fin propuesto.

Dentro de la Investigación defensorial se podrán realizar informes intermedios que tendrán como objetivo requerir a las autoridades públicas y/o particulares involucradas la toma de acciones a corto o mediano plazo para evitar, cesar o reparar violaciones de derechos humanos o de la naturaleza.

El informe intermedio deberá contener con precisión las acciones recomendadas y el tiempo en el cual deberán ser ejecutadas. Luego de emitido el informe intermedio, se priorizará el seguimiento al cumplimiento de lo solicitado en el mismo, para lo cual se podrán utiliza todas las herramientas reconocidas en el presente documento. Concluido el término y verificado el incumplimiento de las recomendaciones, se proseguirá con la investigación.

Art. 22.- Del acuerdo final.- Luego de firmado el acuerdo preliminar, la persona peticionaria podrán pedir la reapertura de la investigación defensorial, lo que dejará insubsistente el documento y seguirá con el trámite. Asimismo en cualquier momento podrán solicitar la firma de un acuerdo final con el que terminará el proceso y será publicado en el repositorio digital de la Defensoría del Pueblo. No se podrá reabrir ni iniciar otra investigación defensorial por los mismos actos u omisiones y con los mismos actores luego de publicado un acuerdo final.

Art. 23.- Del informe de fondo.- Cuando la unidad a cargo de la investigación tenga elementos suficientes para concluir o cuando se hayan cumplido las recomendaciones de un informe intermedio, realizará un informe defensorial de fondo, en el cual se establecerán las conclusiones sobre el caso, determinando si se cumplió una obligación contenida en la Constitución o los tratados internacionales de derechos humanos seguido de la estrategia, las disposiciones internas o las acciones a emprenderse de las determinadas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y el presente Reglamento.

De no existir un incumplimiento de un derecho humano y de la naturaleza, concretarse acuerdos amistosos entre las partes, o si la afectación de derechos fuese reparada en el transcurso del trámite defensorial, se emitirá la providencia de archivo concluyendo el proceso.

Art. 24.- Del Acuerdo de solución amistosa.- En cualquier momento de la investigación la parte requerida podrá proponer la suscripción de un acuerdo que solucione la controversia. La propuesta será remitida a la unidad a cargo

del trámite y deberá contener al menos un listado de medidas de reparación y no repetición. Recibida esta propuesta, se pondrá a consideración de las presuntas víctimas quienes tendrán el término de 5 días para pronunciarse. De ser aceptada la propuesta la unidad a cargo del trámite convocará a una audiencia en la cual se firmará un acuerdo preliminar de solución amistosa.

Vigilancia del Debido Proceso

Art. 25.- Vigilancia del Debido Proceso.- Constituye el seguimiento y la supervisión del conjunto de actos realizados dentro de un proceso administrativo, judicial ordinario, o garantía jurisdiccional que se encuentre en sustanciación, en el que se determinen derechos u obligaciones a fin de asegurar la aplicación, oportunidad y eficacia de los derechos de protección en los casos que sean generalizados, sistemáticos o de relevancia social.

Art. 26.- Procedimiento.- La Defensoría del Pueblo podrá realizar la vigilancia al debido proceso en un acto procesal específico, siempre que se identifique la inobservancia de las disposiciones constitucionales, y se evidencie presuntas vulneraciones al debido proceso de manera generalizada, sistemática o de relevancia social, incluyendo los casos de personas desaparecidas.

La vigilancia del debido proceso no faculta a la Defensoría del Pueblo para pronunciarse sobre el fondo del asunto motivo de la litis, no es parte procesal, no puede esgrimir argumentos a favor de alguna de las partes procesales, no suple las acciones de las o los jueces o autoridades administrativas, ni de las abogadas o abogados defensores, como tampoco implica que intervendrá en la ejecución de una sentencia de carácter ordinario o resolución administrativa.

La Defensoría del Pueblo en cualquier momento, podrá acudir a la dependencia judicial o institución pública en donde se estuviere sustanciando el proceso administrativo o judicial, a fin de verificar directamente el estado de la causa, debiendo guardar la confidencialidad y reserva en los casos previstos en la ley.

Art. 27.- Contenido de la petición.- Además de la información general de una petición, el pedido de vigilancia del debido proceso contendrá:

  1. Identificación del interés legítimo en el caso.
  2. Identificación de la autoridad, servidor administrativo, judicial ordinario o constitucional que sustancia el proceso, la instancia correspondiente, el número de causa, proceso o trámite administrativo.
  3. La determinación de las amenazas o vulneraciones a las garantías del debido proceso.

4. Los indicios claros de que la autoridad o servidor competente ha incumplido normas procesales expresas o si esta persona ha inobservado los derechos procesales de las partes.

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5. Se presentará una copia simple del expediente o parte procesal que evidencie la amenaza o vulneración de las normas del debido proceso.

6. De ser posible, se justificará argumentada y motivadamente las razones por las que se considera que el caso objeto de la vigilancia del debido proceso es sistemático, generalizado o de relevancia social.

Art. 28.- Diligencias del debido proceso.- En todo trámite en el que se vigile el debido proceso, los servidores y las servidoras responsables controlarán el respeto de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos, sin perjuicio de aquello, se deberán realizar, entre otras actividades, las siguientes:

1. Detectar si existen reiteradas peticiones de alguna de las partes procesales que no hayan sido despachadas oportunamente por los operadores de justicia o autoridad administrativa.

  1. Verificar que las pruebas hayan sido legalmente pedidas, practicadas e incorporadas al proceso.
  2. Prestar atención a posibles alteraciones fraudulentas de los expedientes.
  3. Acompañar a la realización de diligencias probatorias.
  1. Verificar la asistencia de los operadores judiciales, auxiliares o personal administrativo que estén obligados a actuar en las diligencias procesales ordenadas por la autoridad.
  2. Verificar que las víctimas y/o familiares hayan sido informados sobre sus derechos y procedimientos a aplicarse en cada caso.
  1. Verificar que no exista trato desigual o discriminatorio a las partes.
  2. Constatar que no se haya producido re-victimización de las personas denunciantes.
  1. Constatar la presencia o ausencia de intérpretes o traductores en el caso de personas que no hablan español o que presenten alguna discapacidad que limite su capacidad de comprensión o comunicación.
  2. Verificar desde la fecha de la denuncia o demanda si se ha dispuesto una pronta y oportuna investigación por parte de las instancias competentes.

11. Verificar que el personal que interviene en la investigación ha sido debidamente designado y posesionado conforme lo previsto en la ley.

12. Verificar si existe inacción por parte de las instancias obligadas a actuar de oficio en delitos de acción pública y en particular en aquellos casos de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

  1. Verificar si en los delitos de acción pública, se condiciona a la víctima a aportar pruebas para iniciar la acción penal.
  2. Verificar si existen restricciones, influencias, presiones, amenazas o intromisiones indebidas sobre los jueces que afecten la independencia e imparcialidad.
  3. Verificar que los plazos o términos de las diversas etapas procesales se ajusten a lo determinado en la normativa correspondiente, y esta no afecte la situación del procesado o la víctima.
  4. Detectar conductas irregulares de parte de los abogados, defensores públicos y/o fiscales, que retarden el proceso o provoque indefensión a los sujetos procesales.
  5. Asistir en calidad de observadora a toda audiencia o diligencia jurisdiccional o administrativa, que considerare necesaria para la observancia y vigilancia del debido proceso.

De evidenciarse la presunta vulneración al debido proceso, se emitirán las respectivas alertas, tendientes a garantizar derechos constitucionales y de instrumentos internacionales de derechos humanos.

Art. 29.- Conclusión de la vigilancia del debido proceso.- La vigilancia del debido proceso concluirá con un informe final que se notificará a la persona peticionaria y a la autoridad sustanciadora. El informe final contendrá las actuaciones defensoriales y las observaciones realizadas en el caso de haberlas.

La vigilancia de un acto procesal específico y determinado, concluirá una vez realizado el acto materia del seguimiento, con la emisión del Informe final que contenga las observaciones pertinentes, el mismo que será suscrito por la máxima autoridad de la unidad a cargo de la gestión del caso. Sin perjuicio de la emisión de informes intermedios.

En los casos de vigilancia total de un proceso administrativo o judicial, el Informe final de vigilancia procesal será emitido con anterioridad a la resolución o sentencia, el cual recogerá las alertas, informes intermedios, las actuaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo, las observaciones efectuadas y la disposición de cierre y archivo del trámite defensorial.

Los informes finales en donde se verifique presuntas vulneraciones al debido proceso en el ámbito judicial ordinario o constitucional, deberán ser remitidos al Consejo de la Judicatura, y cuando correspondan al ámbito administrativo, deberán ser trasladados a la máxima autoridad de la respectiva institución pública. Además, deberán ser enviados al área de gestión de conocimiento de la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de identificar casos que deban ser canalizados hacia el mecanismo correspondiente.

Art. 30.- En los casos de personas desaparecidas, se realizará una vigilancia activa en las que se emitirá informe periódicos, de acuerdo a las directrices emitidas

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por el Mecanismo correspondiente, o la dependencia correspondiente.

Gestión Oficiosa

Art. 31.- Gestión Oficiosa.- Son acciones y actuaciones directas e inmediatas que tienen como finalidad solucionar de manera eficaz la afectación de un derecho. La Defensoría del Pueblo podrá realizar gestiones oficiosas, ante las instancias públicas o privadas involucradas, en casos de presuntas vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza, de competencia de la Institución.

Art. 32.- Procedimiento.- La Gestión Oficiosa observará los siguientes procedimientos:

  1. La intervención inmediata y necesaria podrá ser mediante llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos, realizar visitas in situ, convocar a reuniones, emitir oficios, o cualquier otra acción apropiada que se realice de manera inmediata y oportuna.
  2. La gestión oficiosa que haya obtenido resultados positivos concluirá con un informe final que detalle las actividades realizadas y sus resultados, en la cual se dispondrá el archivo de la gestión.
  3. En caso de que la gestión oficiosa no tuviera resultados positivos, concluirá con una providencia y se procederá un cambio de trámite defensorial de ser necesario.

La gestión oficiosa por su propia naturaleza, y en cumplimiento de sus características de inmediatez, oportunidad y eficacia, no podrá extenderse más allá del término de 45 días desde que sea recibida la petición.

Acción Ciudadana

Art. 33.- Acción ciudadana.- En forma individual o colectiva se presentaran peticiones de acción ciudadana cuando se produzca la violación de un derecho o ante la amenaza de afectación de un derecho, siempre que no exista otra vía que permita proteger los derechos.

Art. 34.- Procedimiento.- El procedimiento será el siguiente:

  1. Las peticiones de acción ciudadana serán remitidas al Mecanismo correspondiente para su análisis y calificación.
  2. El Mecanismo analizará la factibilidad y elaborará la correspondiente demanda de acción ciudadana.

Art. 35.- Finalización.- Cuando se haya cumplido con la sentencia/resolución, se emitirá el correspondiente informe de cumplimiento y se procederá con el archivo.

Articulación con organismos internacionales

Art. 36.- Activación de mecanismos internacionales.- Son las acciones que se activan ante organismos internacionales del Sistema Interamericano y Sistema Universal para proteger los derechos de las personas y de la naturaleza.

Los mecanismos internacionales que se activan son:

  1. Presentación de peticiones por vulneración de los derechos contemplados en instrumentos internacionales.
  2. Peticiones de solicitud de participación en reuniones de trabajo, audiencias temáticas, presentación de informes de casos, entre otros.
  3. Peticiones para la activación de protección internacional de las personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, y de su familia.
  4. Petición de solicitud de medidas provisionales/ cautelares ante los sistemas, para proteger la vida, la integridad personal y otros derechos, ante la grave vulneración de los derechos de las personas y que el Estado no garantice.

Art. 37.- Casos en los que se activan los mecanismos internacionales.- Se activarán acciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Sistema Universal de Derechos Humanos en los siguientes casos:

a. Cuando se haya agotado la vía nacional para tutelar derechos, salvo las excepciones previstas por cada uno de los sistemas.

b. Por la grave amenaza a la vida e integridad de las personas y de la naturaleza.

c. Para salvaguardar la vida, integridad y labor de las personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza y de su familia.

En todos los casos se observará la normativa y procedimientos previstos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Sistema Universal de Derechos Humanos.

Art. 38.- Procedimiento: Para la activación de los mecanismos se aplicará el siguiente procedimiento:

1) Peticiones

a. El Mecanismo analizará el caso, recabará información e identificará la factibilidad de elaborar y presentar una petición conforme los requisitos establecidos en los sistemas internacionales y para el efecto, podrá coordinar con las víctimas, con las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, con los Consejos de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza, entre otros.

b. La Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo podrá poner en conocimiento de los Mecanismos, los casos para analizar la factibilidad de presentar una petición ante los sistemas internacionales.

c. El Mecanismo competente previa autorización de la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo remitirá la petición ante los sistemas internacionales.

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d. La Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales remitirá al/ los Mecanismos, los comunicados, solicitudes de información y otros requerimientos, solicitados dentro de los casos y canalizará su presentación ante los sistemas internacionales.

e. El Mecanismo en donde se encuentre asignado el trámite elaborará los documentos y coordinará la obtención de las pruebas que se presentarán ante los sistemas internacionales.

f. El Mecanismo dará seguimiento a los acuerdos amistosos, las sentencias, las medidas de reparación integral y las medidas cautelares/provisionales, y elaborará el respectivo informe para ser remitido ante los sistemas internacionales. En todos los casos, la Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales receptará la información y remitirá, a la unidad o mecanismo que gestiona el caso, para su seguimiento.

2) Peticiones de solicitud de participación en audiencias temáticas, reuniones de trabajo y presentación de informes sobre casos.

a. El/la Defensor/a del Pueblo definirá la participación de la Defensoría del Pueblo en audiencias temáticas o reuniones de trabajo relacionadas con los casos, ante los sistemas internacionales, en coordinación con la Dirección Nacional de Cooperación y Asuntos Internacionales, los mecanismos y las unidades correspondientes.

b. La Dirección Nacional de Cooperación y Asuntos Internacionales coordinará la participación en audiencias temáticas, reuniones de trabajo y la presentación de los informes de casos elaborados por los mecanismos.

Art. 39.- Finalización de la activación de los mecanismos internacionales: Las acciones internacionales concluirán con:

a. Por cumplimiento de la sentencia emitida por un organismo contencioso de los sistemas internacionales.

b. Por cumplimiento del acuerdo amistoso.

c. Cuando las víctimas voluntariamente decidan no continuar el proceso internacional.

d. Por informe debidamente motivado cuando se haya iniciado de oficio un caso o exista petición expresa de la víctima, que imposibilite continuar con el trámite ante los organismos de los sistemas internacionales.

e. Por archivo e inadmisibilidad del organismo de los sistemas internacionales.

En todos los casos con excepción del literal e, se emitirá un informe y se dejará sentada una razón de archivo en el expediente defensorial.

Art. 40.- De las herramientas no convencionales.- Con el objetivo de lograr la efectiva tutela de los derechos humanos o de la naturaleza se podrán implementar excepcionalmente herramientas no convencionales según los lineamientos establecidos para el efecto. Tomada la decisión, el Delegado o delegada Provincial deberá dejar constancia motivada de esta, adjunta al expediente defensorial.

Art. 41.- De las comisiones especiales de investigación.- La Defensoría del Pueblo podrá constituir comisiones especiales de investigación con el objetivo de tratar una situación estructural de peligro de vulneración o violación de derechos humanos o de la naturaleza.

La decisión de la conformación de esta comisión será de competencia exclusiva de la o el Defensor del Pueblo a través de una resolución.

De las medidas de cumplimiento obligatorio

Art. 42.- Definición.- Las medidas de cumplimiento obligatorio podrán ser emitidas mediante resolución motivada por la o el Defensor del Pueblo, la o el Coordinador General de Protección o las personas Delegadas provinciales de la institución de acuerdo a sus atribuciones; y tendrán como objeto evitar o hacer cesar un acto u omisión de autoridad pública que tengan efectos individuales y que vulnere o pueda vulnerar derechos humanos o de la naturaleza.

Serán inmediatas, temporales y deberán determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deberán cumplirse. Se podrán revocar a pedido fundamentado de la persona o institución requerida. La revocatoria será resuelta por la misma autoridad que emitió la medida.

Art. 43.- Casos en que se aplican las medidas de cumplimiento obligatorio.- De oficio o a petición de parte se emitirán en los siguientes casos:

  1. En los casos establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidades para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante.
  2. Para cumplir con las facultades de la institución contempladas en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
  3. Para prevenir posibles violaciones de los derechos de personas que pertenezcan a un grupo de atención prioritaria y personas defensoras de derechos humanos o de la naturaleza.
  4. Para garantizar el cumplimiento de medidas de protección emitidas por otras instancias administrativas en casos generalizados, sistemáticos o de relevancia social.

Las medidas de cumplimiento obligatorio no podrán emitirse o ser utilizadas para suspender la ejecución de una sentencia o parar una fase o etapa procesal judicial o administrativa.

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Art. 44.- Seguimiento.- Se realizará el seguimiento del cumplimiento de la medida de cumplimiento obligatorio, mediante visitas in situ, información remitida por las partes y otros medios de verificación, que conlleven a determinar su cumplimiento.

El cumplimiento de la medida finalizará con un informe motivado de cumplimiento en el que se determinará el resultado de la implementación de las medidas, y se procederá con el correspondiente archivo.

Art. 45.- Incumplimiento de la medida.- Las medidas emitidas por la Defensoría del Pueblo son de cumplimiento directo e inmediato por parte de las instituciones requeridas. En caso de incumplimiento de la medida se presentará la correspondiente denuncia para la sanción respectiva; independientemente de las acciones que puedan ser presentadas para evitar o reparar la vulneración de los derechos de las personas y de la naturaleza.

Sección IV

Herramientas de Gestión Especializada del

Conocimiento

Herramientas de educación en derechos humanos

Art. 46.- Educación en Derechos Humanos.- El conjunto de acciones educativas de construcción colectiva, creativa e innovadora que se utilizan en la promoción de los derechos humanos y de la naturaleza, que incluye el conocimiento y comprensión sobre las normas y principios de los derechos humanos y de la naturaleza, los fundamentos que los sostienen y los mecanismos que los protegen, a través de principios pedagógicos emancipatorios y herramientas didácticas para la construcción de aprendizajes, aptitudes, actitudes y comportamientos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, justa, incluyente, en igualdad y sin discriminación que impulse el ejercicio y exigibilidad de los derechos humanos de todas las personas, colectivos, comunidades, pueblos y nacionalidades en armonía con los derechos de la naturaleza .

Para la ejecución de las estrategias de educación en derechos humanos se deberán adoptar los procedimientos establecidos por la Dirección Nacional de Educación en Derechos Humanos y de la Naturaleza.

Art. 47.- Acciones de Educación en Derechos Humanos.-Pueden activarse de forma paralela a la investigación de una denuncia de un caso, en aquellos que sean de impacto y que involucren la afectación de los derechos, pues pueden servir como medidas de prevención o medidas de reparación para asegurar la no repetición de actos que vulneren o pongan en riesgo el ejercicio de los derechos humanos.

Art. 48.- Vinculación con la Acción Defensorial Estratégica.- Si del análisis situacional realizado se desprende que el caso presentado para la intervención de la Defensoría del Pueblo requiere efectuar procesos de

educación en derechos humanos como medida preventiva o de reparación, se deberá iniciar el procedimiento determinado en las directrices emitidas para el efecto.

Herramientas de investigación e incidencia en normativa y política pública

Art. 49.- Incidencia en Políticas Públicas y en normativa.- Es el conjunto de acciones y actividades que realiza la Institución Nacional de Derechos Humanos, de manera individual o conjuntamente con otros actores sociales o instituciones públicas para que las autoridades incluyan el enfoque de derechos humanos y sus diversos enfoques de igualdad en los instrumentos de políticas públicas y normativos en los distintos niveles de gobierno.

Art. 50.- Objetivo del proceso de incidencia en políticas públicas y en normativa.- El objetivo del proceso de incidencia en políticas públicas y en normativa ante todos los niveles de gobierno es procurar la incorporación del enfoque de derechos humanos y de la naturaleza en los instrumentos de políticas públicas y normativa con el fin de proteger y garantizar el pleno ejercicio de dichos derechos, a través del análisis y la propuesta de construcción o reforma de los mismos.

Art. 51.- Articulación con la Acción Defensorial Estratégica.- Si del análisis situacional realizado se desprende que el caso presentado para la intervención de la Defensoría del Pueblo está basado en políticas públicas o normativa que en su aplicación podrían vulnerar o vulneran derechos humanos o de la naturaleza, se deberá diseñar una acción de incidencia en políticas públicas y/o en normativa, según sea el caso, para lo cual deberá iniciar el procedimiento determinado en las directrices emitidas para el efecto.

Sección V

Herramientas de Comunicación

Art. 52.- Herramientas de comunicación.- Sirven como medio para el desarrollo de las capacidades de diálogo, de discusión y debate, de interacción y comunicación y de información. Tienen como objetivo posicionar en la opinión pública la estrategia Defensorial y potenciar el impacto de la aplicación de las herramientas adoptadas para la protección, prevención y la búsqueda de reparación.

En caso de requerir la aplicación de una herramienta de comunicación se efectuarán los procedimientos determinados en las directrices emitidas para el efecto.

Sección VI

Herramientas de vinculación con la sociedad civil

Art. 53.- Participación de la sociedad civil.- De ser necesaria la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil para implementar la estrategia defensorial, se priorizará la relación con los Consejos Defensoriales conforme la normativa emitida para el efecto.

32 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial ° 94

Capítulo IV

Trámites de usuarios y consumidores

Art. 54.- Requisitos.- En los casos de usuarios y consumidores, adicional a los requisitos de calificación, se deberá verificar lo siguiente:

  1. Se haya agotado el requerimiento ante la empresa pública o privada proveedora del bien o servicio y/o entes y organismos del Estado que regulan y controlan la prestación del servicio.
  2. La persona peticionaria tiene que tener la condición de usuario y consumidor conforme lo determina la ley.

Art. 55.- Audiencia Única.- Calificada la solicitud, se convocará a las partes mediante providencia a una audiencia única de conciliación y resolución, con por lo menos 15 días término de anticipación, en esta se deberá determinar la responsabilidad de cada una de las partes de tener en la audiencia todos los documentos de cargo o de descargo relacionados al caso respetando el principio de inversión de la carga de la prueba.

Art. 56.- Notificación.- La o el servidor público a cargo, será el responsable de verificar que se haya realizado la notificación para la audiencia, previo a iniciarse la misma. En caso de que no se haya realizado la notificación a alguna de las partes o excepcionalmente se haya realizado posteriormente a la fecha de la diligencia, se efectuará una nueva convocatoria.

En caso de que alguna de las partes no se presentará a la audiencia pese a haber sido notificada se actuará de la siguiente manera:

  1. Si es el peticionario, se declarará el abandono
  2. Si es la parte requerida se dejará sentado la ausencia, se dará la diligencia y la unidad a cargo del trámite procederá a pronunciarse conforme lo establece el presente Reglamento.
  3. Así mismo, de ser las dos partes las que no asisten se procederá a realizar la providencia de archivo.

Art. 57.- De la audiencia.- La audiencia iniciará con la exposición circunstancial de los hechos y la petición por parte del solicitante. Luego, la persona, entidad o empresa requerida tendrá la posibilidad de contestar la alegación. La presentación de documentos que sustenten las afirmaciones emitidas se realizará en el tiempo de la alegación inicial. Las exposiciones deberán ser claras, concretas y expeditas.

Luego de las exposiciones se abrirá una etapa de conciliación, la cual será guiada por el/a servidor/a público/a responsable del caso. De llegarse a un acuerdo, se firmará un acta transaccional que pondrá fin al procedimiento. Dicha acta deberá contener la especificación de cierre y archivo del proceso.

De no llegarse a un acuerdo, las partes tendrán 5 minutos para sus alegaciones finales, iniciando por el peticionario. De ser necesario previo a cerrar la audiencia única, por el/a servidor/a público/a responsable podrá realizar preguntas a las partes que le ayuden a formarse un criterio sobre la situación. De la audiencia se levantará un acta que será firmada por las partes especificando que no hubo acuerdo.

En caso de ser necesario las partes se auto convocaran por una única vez.

Art. 58.- Del pronunciamiento defensorial de usuarios o consumidores.- La unidad a cargo del proceso emitirá en un término de 5 días luego de efectuada la audiencia, el pronunciamiento respectivo sobre el caso, este deberá contener un análisis que contemple los alegatos de las partes y la determinación de exhortas, alertas y recomendaciones, de ser el caso, seguido de la estrategia, las disposiciones internas o las acciones a emprenderse de las determinadas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y el presente Reglamento.

Art. 59.- De la difusión del pronunciamiento.- Cuando el Delegado determine que un proveedor es reiterativo o existe una práctica reiterativa en la vulneración de derechos se remitirá al mecanismo correspondiente para su análisis y divulgación masiva.

Art. 60.- Patrocinio.- Para garantizar el mandato Constitucional y legal que tiene la Defensoría del Pueblo, en la protección de los derechos de las personas usuarias o consumidoras, se otorgará el patrocinio de casos que tengan el carácter de generalizados, sistemáticos o de relevancia social, en reclamos por servicios públicos o privados de mala calidad, en los que se haya evidenciado el incumplimiento de las normas de calidad establecidos por el órgano nacional competente o, en su defecto, por las normas mínimas de calidad internacional.

Capítulo V

Normas generales

Art. 61.- Competencia.- Será competencia de las Delegaciones Provinciales aquellos casos en los que los hechos que producen la presunta amenaza o vulneración del derecho se efectúen dentro de su jurisdicción y de relevancia local.

Art. 62.- Casos de competencia de los mecanismos.- Será competencia de los Mecanismos Nacionales la atención de los casos generalizados, sistemáticos o de relevancia social nacional, de acuerdo a lo que determina el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Para estos trámites se aplicarán las normas establecidas en el presente Reglamento.

Art. 63.- Legitimación para presentar peticiones.- cualquier persona en forma individual o colectiva, por sí misma o por interpuesta persona, que invoque un interés legítimo, puede plantear su petición verbal o escrita ante cualquier dependencia de la Defensoría del Pueblo.

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Art. 64.- Recepción de peticiones.- Las peticiones podrán presentarse en las oficinas de atención de usuarios o a través del mecanismo virtual de atención de casos que la institución genere para tal efecto.

Art. 65.- Forma de presentación.- las peticiones que se presenten en la Defensoría del Pueblo no deben cumplir con ningún requisito de forma, son gratuitas y no requieren el patrocinio de un profesional del derecho. Estas pueden ser de forma verbal o escrita.

Art. 66.- Peticiones escritas.- Las peticiones escritas que provengan de instituciones y organismos de carácter público o privado o de personas de la sociedad civil pueden ser entregadas directamente en la oficina de la Defensoría del Pueblo más cercana a su domicilio.

Se podrá utilizar el formato de petición que se encuentra disponible en la página web de la Defensoría del Pueblo.

Art. 67.- Peticiones verbales.- En caso de que se presente una petición de manera verbal, las personas peticionarias deberán acudir a las oficinas de la Defensoría del Pueblo más cercana a su domicilio. El contenido de la petición deberá transcribirse por parte de la servidora o servidor que atienda el caso, recabando la información requerida en el artículo 5 de este reglamento y deberá entregarse a la persona peticionaria constancia de la misma.

Art. 68.- Registro de las peticiones.- Toda la documentación receptada por cualquier medio deberá ser incorporada en el sistema informático de atención de casos con el que cuente la Defensoría del Pueblo. En el registro de la petición verbal o el documento con el que se notifique del inicio de una acción defensorial estratégica, se deberá hacer constar un número único del caso que servirá como referencia para futuras actuaciones.

Art. 69.- Recepción de peticiones fuera de su jurisdicción.- Cuando la petición presentada no corresponda a su jurisdicción se deberá receptar la misma y remitir a la unidad competente previa verificación de los parámetros de precalificación del artículo 5 de este reglamento.

Art. 70.- Traslado del caso Defensorial.- El traslado será a solicitud expresa del peticionario/a o de oficio y tiene como finalidad que el caso se ejecute de acuerdo a su jurisdicción y competencia.

Art. 71.- Procedimiento para solicitar el traslado.– El traslado del expediente será mediante Memorando y notificada a las partes. Una vez concluido el caso, el expediente regresará a la unidad de origen para la custodia en su archivo central.

Art. 72.- Congruencia de los expedientes físicos y digitales.- La servidora o servidor responsable del caso defensorial será responsable de verificar que, tanto el expediente físico como el digital que estará registrado en el sistema de atención de casos, contengan la misma información.

Art. 73.- Contenido de la petición.- Todas las peticiones que se presenten ante la Defensoría del Pueblo, sean verbales o escritas, deben contener mínimamente la siguiente información:

  1. Nombres y apellidos de la persona peticionaria.
  2. Número de documento de identidad de la persona que presenta la petición y, de ser el caso, de la persona a nombre de quien se está presentando. Esto no será un requisito obligatorio para las personas en contexto de movilidad humana que se encuentren en situación administrativa irregular.
  3. En el caso de que una persona comparezca en representación de una comunidad, organización o grupo de personas, deberá presentar constancia escrita de que está autorizado para efectuar dicha representación.
  4. Descripción de los hechos que presuntamente ocasionaron la vulneración de derechos o que podrían constituir una amenaza o peligro para la garantía y ejercicio de los mismos. De preferencia, deberá contener el lugar, fecha y hora en el que ocurrieron.
  5. Identificación de la autoridad, servidor/a público/a, persona particular o persona jurídica y demás personas o entidades que participaron en el hecho descrito o pueden aportar datos respecto de los hechos puestos en conocimiento de la Defensoría del Pueblo. De ser posible, especificar su domicilio, teléfono y correo electrónico siendo indispensable el señalamiento de por lo menos uno de los requeridos.
  6. Determinación de la pretensión
  7. Documentos o información que respalden la petición, en caso de existir.
  8. Lugar en el que requiere que se le notifique, esta puede ser dirección domiciliaria (de ser posible, especificar calle principal y secundaria, nomenclatura y referencia), teléfono o correo electrónico. En caso de que la persona peticionaria se encuentre en una comunidad en la que sea imposible remitir comunicaciones de la Defensoría del Pueblo, establecer un mecanismo alternativo para las notificaciones que deberá ser registrado en el formulario de petición.
  9. Firma o huella digital de la persona peticionaria o firma de un testigo. En caso de no ser posible la persona que recepta la petición deberá dejar constancia.

Art. 74.- De las peticiones telefónicas y medios tecnológicos.- Las peticiones podrán ser receptadas telefónicamente o por medios tecnológicos implementados por la institución para tal efecto.

En este caso, de existir evidencia suficiente de que se requiere una atención emergente por constituir una amenaza al ejercicio de los derechos humanos, el servidor

34 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Ofiil N° 94

o servidora competente deberá atenderla de oficio. De igual forma se procederá en el caso de que la persona peticionaria no pueda acceder por condiciones físicas o geográficas a las oficinas de la Defensoría del Pueblo.

Si a criterio del servidor o servidora de la Defensoría del Pueblo, la petición telefónica no tuviera la calidad de urgente pero es de competencia de esta institución, se le informarán los canales a través de los cuales puede presentar su petición.

Si esta no fuera de competencia de la Defensoría del Pueblo se efectuará la asesoría correspondiente.

Art. 75.- Saneamiento de oficio.- Los servidores y servidoras de la Defensoría del Pueblo están obligados a contactarse con las personas peticionarias para subsanar cualquier omisión de los contenidos de la petición, corregir los errores o superar las omisiones con el fin de facilitar el análisis y definición de estrategia.

Art. 76.- Actuación de oficio.- La Defensoría del Pueblo actuará de oficio ante la evidencia fundada de que existan o pudieran existir vulneraciones de derechos humanos, entre otros, en los siguientes casos:

  1. Presuntas vulneraciones de derechos de las que se tenga conocimiento a través de medios de comunicación social, alertas generadas por cualquier dependencia de la institución.
  2. Presuntas vulneraciones de derechos de las que se tenga conocimiento en la ejecución de procesos educativos efectuados por la Defensoría del Pueblo.
  3. Presuntas vulneraciones de derechos de las que se tenga conocimiento a través de las investigaciones académicas, incidencia en política pública e incidencia en normativa efectuada por la Defensoría del Pueblo.

Cuando se detecte por cualquier medio una posible vulneración de derechos el/la Delegado/a Provincial o los Coordinadores de protección y promoción de derechos actuarán de oficio de acuerdo a sus competencias.

Para esto podrá utilizar cualquiera de las herramientas defensoriales establecidas en este Reglamento.

En estos casos, el área competente para tramitarlos procederá a registrarlo y definir la acción defensorial estratégica a seguir.

Art. 77.- Confidencialidad de la información.-

Información confidencial son todos los datos considerados como sensibles, es decir, aquellos que al ser divulgados afecten la intimidad de la persona, cuyo uso indebido puede generar discriminación o atenten contra los derechos personalísimos y fundamentales y, en especial aquellos cuyo uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República e Instrumentos Internacionales.

Art. 78.- Información reservada.- En caso de que dentro de las acciones defensoriales se encuentre información que ha sido clasificada de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública y del Estado y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el servidor o servidora deberá de forma obligatoria guardar absoluta reserva de acuerdo a la norma interna establecida para el efecto.

Capítulo VI

Normas comunes a las acciones defensoriales

estratégicas

Art. 79.- Consecuencia de la negativa de colaboración.-La negativa a colaborar en cualquier procedimiento defensorial se entenderá como incumplimiento de decisiones de autoridad legítima competente. Para este efecto, el/la Delegado/a Provincial o Coordinador/a General de las unidades misionales informará a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes para que se dé inicio al trámite respectivo.

Art. 80.- Notificaciones.- Todas las diligencias que se realicen para la ejecución de las acciones defensoriales estratégicas deberán ser comunicadas a las partes por los medios más idóneos, adjuntando los documentos que las partes hayan incorporado al expediente, garantizando de esta manera el debido proceso.

Una vez notificadas aquellas providencias en las que se solicite información o una respuesta concreta relacionada al objeto de la petición, las partes deberán contestar en el lapso de 15 días término.

Art. 81.- Colaboración para efectuar diligencias.- En los casos en los que se requiera efectuar diligencias en una provincia distinta a la que recibió la petición, tales como notificaciones, visitas in situ, audiencias, revisión de expedientes o entrevistas, se remitirá una comunicación a la máxima autoridad de la Delegación Provincial del lugar en el que se deban efectuar solicitándole su colaboración.

Practicada la diligencia, en caso de que esta sea una notificación se remitirá a la unidad de origen la constancia para el respectivo registro en el expediente. En el caso de actividades que correspondan a visitas in situ, revisión de expedientes o entrevistas, la Delegación que realizó el apoyo deberá trasladar a la Delegación de origen, mediante memorando, el informe de las gestiones realizadas y los respectivos anexos o documentos recopilados, para que dicha Delegación continúe tramitando la estrategia.

De la misma manera, en el caso de que se requiera realizar una audiencia y no sea posible para alguna de las partes acudir a la misma debido a que la competencia radica en una ciudad o provincia diferente a la de su domicilio, la unidad responsable del proceso deberá coordinar para que acuda a la oficina de la Defensoría del Pueblo más cercana y participe en la diligencia aplicando las tecnologías de comunicación disponibles.

Art. 82.- Casos generalizados, sistemáticos o de relevancia social.- Si se determinarse que un caso es

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 201- 35generalizado, sistemático o de relevancia social se remitirá a la Secretaría General Misional para que sea derivado a Coordinación General correspondiente en los siguientes casos:

1. Si de la revisión de la petición o de la ejecución de la Acción Defensorial Estratégica se desprende que el caso es generalizado, sistemático o de relevancia social.

2. Cuando la Coordinación General de Producción Especializada de Gestión del Conocimiento e Investigación determine que existe una situación o contexto que genere violación de derechos humanos o de la naturaleza.

Excepcionalmente si del análisis de los hechos el Coordinador/a General competente considera que existe la necesidad de un abordaje interseccional creará y liderará una mesa técnica de gestión de la situación que estará conformada por un servidor/a de cada mecanismo o Dirección Nacional que considere pertinente.

Art. 83.- Rectificación de providencias.- En caso de que las providencias dictadas durante la acción defensorial estratégica contengan errores que no afecten al debido proceso podrán ser rectificadas de oficio a través de una nueva providencia dentro de los 3 días término subsiguientes a la fecha de emisión.

Art. 84.- Acumulación de peticiones.- En caso de existir varias peticiones cuyo contenido revelen similitud en la presunta vulneración del derecho y/o el mismo requerido, se podrá ordenar mediante providencia la acumulación en una sola acción defensorial estratégica, notificando a las partes.

Se deberá tomar en consideración lo siguiente:

  1. Se unificará al caso más antiguo y se continuará con la foliación correspondiente.
  2. Los expedientes digitales acumulados se finalizarán en el sistema, el mismo deberá reflejar la acumulación de causas.

Art. 85.- Reformulación de estrategia defensorial.- Cuando se evidencie que la herramienta o herramientas adoptadas inicialmente como estrategia no surten los efectos deseados se podrá reformular la estrategia y comunicar mediante providencia a las personas que intervienen en el caso.

Art. 86.- Desistimiento.- La o las personas podrán desistir en cualquier estado o etapa de la acción defensorial estratégica siempre y cuando dicho desistimiento no afecte derechos de terceros. El desistimiento se lo hará constar mediante providencia en la que se disponga el archivo del proceso.

La Defensoría del Pueblo evaluará el desistimiento, que deberá ser presentado por escrito, pero de advertirse posibles vulneraciones de derechos humanos que deban esclarecerse, de manera fundamentada, se dispondrá la continuación del caso de oficio.

En los casos de derechos de personas usuarias y consumidoras, si existen varios peticionarios y no todos expresan su consentimiento para desistir, se procederá con una providencia de archivo para quienes lo solicitaron, pero se continuará el trámite respectivo de quienes no han presentado su desistimiento. El desistimiento será calificado por la máxima autoridad de la unidad a cargo de la gestión del caso.

Art. 87.- Abandono.- En los procedimientos iniciados a petición de parte en los que la paralización del mismo sea imputable al peticionario se declarará el abandono mediante providencia en la que se dispondrá el archivo del caso defensorial. Sin perjuicio de que la Defensoría del Pueblo, por advertir posibles vulneraciones de derechos humanos que deban esclarecerse, de manera fundamentada, disponga la continuación del caso de oficio.

Se declarará el abandono del procedimiento cuando:

  1. La persona peticionaria, sin justificación alguna, faltare a una audiencia convocada por la Defensoría del Pueblo.
  2. La persona peticionaria no entregue la documentación solicitada para la continuación de la estrategia defensorial. En caso de que la persona a la que se le requiere la documentación no la posea, deberá informar a la Defensoría del Pueblo esta novedad con el fin de que no se proceda a declarar el abandono de la causa.
  3. Si persona peticionaria ha del ado de impulsar la estrategia defensorial por más de seis meses.

La Defensoría del Pueblo no receptará nuevamente una petición sobre la que se ha declarado el abandono, a menos que se identifique que con el transcurso del tiempo ocurrieron nuevos hechos que pongan en peligro el ejercicio de los derechos.

Art. 88.-Archivo de expedientes.- Concluida la estrategia defensorial se dispondrá el archivo mediante providencia y se finalizará en el sistema de atención de casos.

Art. 89.- Transferencia de Expedientes al archivo central.- Para custodia y conservación de los expedientes, cada responsable de los casos deberá transferir los finalizados de acuerdo a las normas internas establecidas para el efecto.

Art. 90.- Remisión de casos a Fiscalía.- En cualquier momento de la acción defensorial estratégica en el caso de que de los hechos puestos en conocimiento de la Defensoría del Pueblo se llegare a evidenciar presunción del cometimiento de un delito, se remitirá a la Fiscalía copias certificadas del expediente con todo lo actuado hasta el momento y se procederá al archivo.

Se deberá verificar la pertinencia de efectuar una estrategia de vigilancia al debido proceso.

Si los hechos puestos en conocimiento de la Defensoría del Pueblo evidencian la presunción de un delito de trata de personas o tráfico de migrantes, la Unidad de Asesoría

36 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficia N° 94

y Atención Defensorial deberá efectuar la denuncia a través de los canales correspondientes, efectuar el acompañamiento de la persona peticionaria con la finalidad de verificar que se tomen medidas de protección tales como acogida o coordinación para ingreso al programa de víctimas y testigos. De oficio, se efectuará la vigilancia al debido proceso.

Art. 91.- Representación de la naturaleza.- En los casos en los que se llegara a determinar con claridad que existen vulneraciones de derechos de la naturaleza como sujeto de derechos, se procederá efectuar las acciones constitucionales necesarias para prevenir, proteger o restaurar sus derechos. Además, se determinará de ser necesario estrategias educativas y comunicacionales para la promoción de sus derechos.

Art. 92.- Publicación de información especializada en derechos humanos y de la naturaleza.- Si a criterio de la persona responsable del caso, el contenido del documento con el que se ha dado fin a la acción defensorial estratégica desarrolla de forma amplia y documentada el alcance del ejercicio del derecho y la obligación del Estado frente a este o, generó el cambio, reforma o implementación de una política pública, plan o programa o, normativa, se remitirá a la Coordinación General de Producción Especializada de Gestión del Conocimiento e Investigación para su publicación.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En caso de que el peticionario informase el incumplimiento de las recomendaciones emitidas en informes y pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, previa verificación, conservando la numeración única del caso en el que estas se emitieron se procederá de la siguiente manera:

  1. Solicitar información que justifique el incumplimiento y el establecimiento del tiempo para su cumplimiento.
  2. De persistir el incumplimiento se registrará a la parte requerida en el capítulo establecido en el informe de la Defensoría del Pueblo para tal efecto.

SEGUNDA.- Mapeo de actores.- La Secretaría General misional deberá coordinar la generación de un mapeo de actores estatales y no estatales que deberá ser actualizado de forma periódica en el que se determine con claridad, por sujetos de protección de derechos, las competencias de las institución, su presencia territorial y los procedimientos de posibles articulaciones para la ejecución de la acción defensorial estratégica.

TERCERA.- La Coordinación General de Producción Especializada de Gestión del Conocimiento e Investigación Conocimiento establecerá las directrices para que, con base en los documentos que pongan fin a las acciones defensoriales estratégicas, efectúe las siguientes acciones:

1. Emitir alertas a los Mecanismos Nacionales respecto de los casos que por su recurrencia a nivel nacional ya sea por los hechos o por las personas o entidades requeridas,

pueden ser considerados como generalizados, sistemáticos o de relevancia social.

2. Efectuar investigaciones académicas y líneas de investigación.

  1. Con base en la recurrencia de casos en los que se han producido vulneraciones de un derecho específico producto de la definición o mala aplicación de una política pública o normativa local interna, determinar directrices para poder incidir a nivel nacional en su reformulación o implementación.
  2. Identificar, recopilar y sistematizar la información desarrollada en las acciones defensoriales estratégicas que puede constituir doctrina en derechos humanos y de la naturaleza.

CUARTA.- Los usuarios y claves de acceso a los sistemas informáticos para la carga y gestión de casos ante el Sistema Interamericano y Sistema Universal de derechos humanos serán centralizados y administrados a través de cuentas genéricas que representen a la Defensoría del Pueblo. El manejo de estas cuentas lo realizará la Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales o quien haga sus veces.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- En virtud de las disposiciones emitidas en el presente Reglamento, la Coordinación General de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza o quien haga sus veces, en el término de 45 días contados a partir de la suscripción de esta Resolución, emitirá los lineamientos necesarios para su adecuada implementación.

SEGUNDA.- La Coordinación General de Asesoría Jurídica efectuará los trámites correspondientes para que se genere la delegación de funciones que permitan a las máximas autoridades en territorio la aplicación directa de las disposiciones contenidas en este Reglamento.

TERCERA.- Este Reglamento se implementará gradualmente, en el término máximo de 180 días a partir de la suscripción de esta Resolución. Se efectuarán pruebas piloto en el término de 60 días, en las dependencias que determine la Dirección Nacional de Procesos o quien haga sus veces. La coordinación para la ejecución e implementación de las pruebas piloto e implementación total de este Reglamento estará a cargo de la Dirección General de Protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza o quien haga sus veces.

CUARTA.- Los usuarios y claves de acceso a los sistemas informáticos para la carga y gestión de casos ante el Sistema Interamericano y Sistema Universal de derechos humanos que se hayan generado de manera individual utilizando cuentas de correo electrónico personales o institucionales; serán puestos en conocimiento de la Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales o de quien haga sus veces, por parte de la áreas misionales a nivel nacional en el término de 30 días; a fin de que esta

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solicite a las instancias correspondientes la consolidación de casos de la Defensoría del Pueblo en una sola cuenta. Serán responsables de la remisión de esta información los directores y delegados provinciales a cargo de áreas misionales.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

En cumplimiento de lo que dispone la Disposición Transitoria Tercera del presente Reglamento, mientras se implementa el mismo, continuará vigente la Resolución No. 56-DPE-CGAJ-2017 que contiene el Reglamento de Admisibilidad y Trámite de casos de competencia de la Defensoría del Pueblo y sus reformas contenidas en la Resolución No. 088-CGAJ-2019, las mismas que quedarán derogadas una vez que se haya implementado completamente la presente normativa en el término máximo de 180 días.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, de su ejecución encárguense la Coordinación General de Protección de Derechos Humanos, a la Coordinación General de Promoción de Derechos Humanos, a las Delegaciones Provinciales, y a la Coordinación General de Gestión Especializada del Conocimiento.

Dado en Quito DM, a los 31 días del mes de octubre de 2019.

f.) Freddy Camón Intriago, Defensor del Pueblo del Ecuador.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO.- Estas copias son iguales al original que en 15 fs. reposan en el archivo de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y a las cuales me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito, a 18 de noviembre de 2019.- f.) Julio ZuritaYépez, Secretario General.

No. 112-DPE-CGAJ-2019

Freddy Carrión Intriago

DEFENSOR DEL PUEBLO

DELECUADOR

Considerando:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución;

Que, el artículo 3 números 2, 7, 8 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como deberes primordiales del Estado el de garantizar y defender la soberanía nacional, proteger el patrimonio natural y cultural del país, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;

Que, el artículo 78 de la Constitución de la República establece se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado a las víctimas de infracciones penales; además dispone que se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales;

Que, el artículo 214 de la Constitución de la República establece que la Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior;

Que, la letra f) el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo del Ecuador contempla que una de las competencias de la Defensoría del Pueblo es realizar investigaciones defensoriales para verificar posibles vulneraciones de los derechos humanos o de la naturaleza que podrán realizarse por medio de visitas in situ;

Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece que la Defensoría del Pueblo, para el cumplimiento de sus atribuciones y competencias, podrá crear comisiones especiales para enfrentar oportuna y eficazmente situaciones que amenacen o vulneren gravemente los derechos humanos y de la naturaleza.

Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo del Ecuador establece que las defensoras o defensores de derechos humanos y de la naturaleza son personas o colectivos que ejercen el derecho de promover, proteger y procurar la realización de los derechos humanos y de la naturaleza. Esto incluye tanto a las actividades profesionales como a las luchas personales y colectivas, incluyendo actividades vinculadas de forma ocasional con la defensa de los derechos humanos.

Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo contempla que la Defensora o Defensor del Pueblo podrá contar con personas expertas nacionales o extranjeras, académicas o de saberes alternativos para la realización de investigaciones que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de la promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza. Para estas asesorías se podrán considerar a quienes integren los Consejos Defensoriales a nivel nacional y provincial. En este último caso, dejarán de pertenecer al consejo defensorial respectivo.

Que, de fecha 16 de Octubre de 2019, el Señor Defensor del Pueblo mediante resolución N° 098-DPE-CGAJ-2019

38 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oicial N° 94

resolvió «conformar una comisión especial que realice una investigación defensorial respecto a los hechos ocurridos en el Ecuador entre el 03 y 16 de octubre de 2019».

Que, en el artículo 2 de la Resolución No. 098-DPE-CGAJ-2019, señala que al amparo del Artículo 20 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo se dispone conformar una Comisión Especial integrada por servidores públicos de un equipo multidisciplinario pertenecientes a diferentes dependencias de la Institución, que se encargará de llevar adelante la investigación defensorial.

Que, en el segundo inciso del artículo 2 de la Resolución No. 098-DPE-CGAJ-2019 se señala que la Comisión Especial seleccionará un equipo asesor integrado por expertos y expertas independientes en representación de la Sociedad Civil, Organizaciones de Derechos Humanos, la Academia, Gremios Profesionales y otros sectores.

Que, el artículo 10 de la Resolución No. 098-DPE-CGAJ-2019, se dispone que para la presente investigación defensorial se podrá contar con personas expertas nacionales o extranjeras, académicas o de saberes alternativos, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Que, el artículo 12 de la Resolución No. 098-DPE-CGAJ-2019, se dispone que se deberá garantizar y proteger los datos o información confidencial de personas particulares o servidores y servidoras, a fin de conservar y evitar la inadecuada utilización o divulgación.

Que, el artículo 13 de la Resolución No. 098-DPE-CGAJ-2019, garantiza los derechos de los defensoras o defensores de los derechos humanos y la naturaleza que participen en la investigación de manera que puedan ejercer su derecho a promover, proteger y procurar la realización de los derechos humanos y de la naturaleza.

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales:

Resuelve:

LA DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL

PARA LA VERDAD Y JUSTICIA QUE REALIZARÁ

UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO DE LOS

HECHOS OCURRIDOS EN EL ECUADOR ENTRE

EL 03 Y 16 DE OCTUBRE DE 2019

Art. 1.- NOMBRAMIENTO.- Nombrar como comisio­nados y comisionadas honoríficos de la Comisión especial para la verdad y la justicia a las siguientes personas:

Rosalía Arteaga Serrano

Juan Cueva Ortega

Sybel Martínez Reinoso

Juan Carlos Solines Moreno

Xavier Zavala Egas

Esta comisión de alto nivel tiene como objetivo analizar la información producida en el marco de la investigación defensorial y el proceso de monitoreo realizado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador durante las protestas que tuvieron lugar en el país, especialmente durante el periodo comprendido entre el 3 de octubre y el 16 de octubre de 2019. Ninguno de sus miembros percibirá remuneración ni tendrá ningún tipo de relación laboral con la institución, su nombramiento es honorífico pues reconoce su amplia trayectoria en materia de derechos.

Contará con el apoyo de una Comisión técnica interna con el objetivo de confirmar, obtener o producir nueva información necesaria para cumplir con el objetivo propuesto y de quienes se elegirá al secretario ejecutivo del proceso. La metodología de trabajo se determinará en la primera reunión de manera independiente y autónoma.

Todas las decisiones se adoptarán por mayoría simple y en aplicación del procedimiento parlamentario.

Art.2. DE LA SECRETARIA TÉCNICA: Nombrar como Secretaria Técnica de la Comisión Especial a María Isabel Espinosa Ortega, Servidora de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.

Art. 3. DE LA COMISIÓN TÉCNICA: Designar como miembros de la Comisión técnica interna para realizar la Investigación Defensorial en relación a las protestas que tuvieron lugar en el país, especialmente durante el periodo comprendido entre el 3 de octubre y el 16 de octubre de 2019, a las y los servidores:

Cristhian Bahamone Galarza

Harold Burbano Villarreal

Francisco Dávalos Moran

Tatiana Ordeñana Sierra

Belén Vásconez Rodríguez

Art. 4 RECURSOS.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 de la Resolución No. 098-DPE-CGAJ-2019, disponer a la Coordinación General Administrativa Financiera y a la Dirección Nacional Financiera, gestionar y destinar los recursos económicos suficientes que permitan a la comisión la realización de la investigación defensorial, acorde a la disponibilidad presupuestaria institucional.

Se dispone a las unidades administrativas de la institución reconocer la movilización que comprende los gastos de transporte en valor o especie que utilicen los Miembros de la Comisión y el equipo técnico, por el desplazamiento desde sus lugares de residencias a los terminales aéreos, terrestres, y desde/ hasta el lugar de la reunión, así como el traslado a sus domicilios.

Art. 5. PROTECCIÓN.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Resolución No. 098-DPE-CGAJ-2019, disponer a las diferentes Direcciones Generales y Nacionales de la Defensoría del Pueblo, que deben estar prestas para

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciebre de 2019 –39

brindar el acompañamiento, la tutela y protección integral a los miembros de la Comisión en la realización del trabajo encomendado.

Art.6. TRASLADO DE EXPEDIENTES: Se dispone el traslado de toda la información producida por las unidades de la Defensoría del Pueblo durante el proceso de monitoreo del paro nacional. Esta información será remitida a la Comisión técnica quien actuará como custodia de la misma.

Dado en Quito DM, a los 12 días del mes noviembre de 2019.

f.) Freddy Carrión Intriago, Defensor del Pueblo del Ecuador.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO.- Estas copias son iguales al original que en 02 fs. reposan en el archivo de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y a las cuales me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito, a 18 de noviembre de 2019.- f.) Julio ZuritaYépez, Secretario General.

No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0237

Catalina Pazos Chimbo

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

Considerando:

Que, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: «Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoria, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (…) «;

Que, el artículo 227 de la norma antes indicada, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. «;

Que, el artículo 74 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone «Ámbito. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en su organización, funcionamiento y funciones de control y supervisión del sector financiero popular y solidario, se regirá por las disposiciones de este Código y la Ley Orgánica de la

Economía Popular y Solidaria (…) Los actos expedidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria gozarán de la presunción de legalidad (…) «;

Que, el artículo 170 ibídem señala «La fusión es la unión de dos o más entidades del sistema financiero nacional del mismo sector, por la que se comprometen a juntar sus patrimonios y formar una nueva sociedad, la cual adquiere a título universal los derechos y obligaciones de las sociedades intervinientes. La fusión se produce también cuando una o más entidades son absorbidas por otra que continúa subsistiendo. «;

Que, el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo establece: «Principio de eficiencia. Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas (…) «;

Que, el artículo 98 del Código Invocado dispone: «Acto administrativo. Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo.»;

Que, el artículo 174 de la ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria señala: «Atribuciones.- La Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones: (…) b) Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control (…) » «;

Que, el literal a) del artículo 4 de la Norma del Proceso de Fusión Ordinario de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, dispone: «Formas de fusión ordinaria.- La fusión ordinaria de las entidades del sector financiero popular y solidario podrá ser: a) Por absorción, cuando una o más entidades son absorbidas por otra que continúa subsistiendo, manteniendo su personalidad jurídica, adquiriendo a título universal los derechos y obligaciones de las entidades absorbidas «;

Que, a través de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0201 de 4 de julio de 2019, la Intendente General Técnico de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, aprobó la fusión ordinaria por absorción de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mas Ahorro Solidario «MASCOOP» por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa Ltda.;

Que, con memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1166 de 18 de julio de 2019, la Intendencia General Técnica señala: «(…) Con relación a la Resolución de Fusión Ordinaria por Absorción No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0201 de 04 de julio de 2019, a través de la cual esta Superintendencia autorizó la fusión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mas (sic) Ahorro Solidario «MASCOOP» por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa Ltda.; y en virtud de que la representante legal de la entidad absorbida comunicó (…) que existen inconsistencias en los puntos de atención señalados en el artículo 3 de la referida Resolución (…) habiéndose determinado que es necesario

40 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

solicitar la emisión de una resolución ampliatoria toda vez que la información que consta en el Sistema de Gestión de Organizaciones del Sector Financiero no se encuentra actualizada. (…) Por lo expuesto, agradeceré se emita el informe jurídico correspondiente junto con la resolución ampliatoria; para lo cual se adjunta el borrador de resolución (sic) (…)»;

Que, como se establece en el Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2019-1464 de 26 de julio de 2019, la Intendencia General Jurídica emite informe favorable para la emisión de la resolución ampliatoria a la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0201 de 04 de julio de 2019;

Que, conforme a la Resolución No. SEPS-IGJ-2018-001 de 02 de enero de 2018, la Superintendente de Economía Popular y Solidaria, delega al Intendente General Técnico, suscribir las resoluciones de fusión de las entidades controladas por la Superintendencia; y,

Que, mediante acción de personal No. 0733 de 25 de junio 2018, el Intendente General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía Popular y Solidaria a través de Resolución No. SEPS-IGG-2016-090 de 28 de abril de 2016, nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Ampliar el artículo 3 de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0201 de 4 de julio de 2019 y, por lo tanto, autorizar que los siguientes puntos de atención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito MÁS AHORRO SOLIDARIO MASCOOP, pasen a formar parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MUSHUC RUNA LTDA.:

No.

TIPO DE

PUNTO

SERVICIO

CÓDIGO

DE OFICINA

PROVINCIA

CANTÓN

PARROQUIA

DIRECCIÓN

1

MATRIZ

17181

AZUAY

CUENCA

GIL RAMÍREZ DÁVALOS

MARISCAL JOSE LAMAR

11-67 TARQUI

2

AGENCIA

17103

AZUAY

SIGSIG

SIGSIG

BOLÍVAR S/N RODIL

3

AGENCIA

16956

AZUAY

GUACHAPALA

GUACHAPA­LA

AV. 3 DE NOVIEMBRE S/N 9

DE OCTUBRE ESQUINA

4

AGENCIA

16952

AZUAY

CHORDELEG

CHORDELEG

A UNA CUADRA DE LA IG-

LESIA DE ZHONDELEG S/N

COMUNIDAD DE ZHONDE-

LEG

5

AGENCIA

16954

AZUAY

CUENCA

SINTNCAY

AV. 5 DE FEBRERO S/N

ESCULTOR D.FILOROMO

QUIZHPE

6

AGENCIA

16953

AZUAY

CUENCA

BAÑOS

AV. RICARDO DURAN S/N

ANTONIO ANTE CONTROL

SUR

7

AGENCIA

17106

AZUAY

SIGSIG

GIMA

CALLE LUIS VARGAS TOR-

RES S/N AV. AMAZONAS

8

AGENCIA

17102

AZUAY

SIGSIG

GUEL

MANUEL CLODOVEO

VASQUEZ S/N MANUELA

CAÑIZARES

9

AGENCIA

16948

CAÑAR

BIBLIAN

BIBLIAN

MARISCAL SUCRE S/N 3 DE

NOVIEMBRE

10

AGENCIA

16946

CAÑAR

AZOGUES

AZOGUES

CALLE SUCRE S/N EMILIO

ABAD ESQUINA

11

AGENCIA

16947

CAÑAR

LA TRONCAL

LA TRONCAL

CALLE 24 DE MAYO 3-14

25 DE AGOSTO

12

AGENCIA

17109

MORONA SANTIAGO

GUALAQUIZA

GUALAQUI­ZA

GONZALO PESANTEZ S/N

ELOY ALFARO

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 41

13

VENTANILLA

DE EXTEN-

SIÓN DE SER-

VICIOS

17104

AZUAY

SIGSIG

CUCHIL

(CUTCLUL)

CUCHIL CENTRO FRENTE

AL PARQUE CENTRAL

14

VENTANILLA

DE EXTEN-

SIÓN DE SER-

VICIOS

17107

AZUAY

SIGSIG

LUDO

COMUNIDAD SERRAG

VIA AL SIGSIG JUNTO AL

PARQUE CENTRAL

15

VENTANILLA

DE EXTEN-

SIÓN DE SER-

VICIOS

16951

CAÑAR

AZOGUES

AZOGUES

GENERAL IGNACIO DE

VEINTIMILLA S/N BARRIO

BAYAS

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer a la Intendencia del Sector Financiero, registre los puntos de atención autorizados en el artículo primero de la presente Resolución, y comunicar a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MUSHUC RUNA LTDA., los nuevos códigos asignados.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La presente Resolución se pondrá en conocimiento del Servicio de Rentas Internas, para los fines legales correspondientes.

SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación. De su cumplimiento encárguese a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 01 de agosto de 2019.

f.) Catalina Pazos Chimbo, Intendente General Técnico.

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.- CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA del original que reposa en los archivos de esta Superintendencia.- Fojas: 2.- 28 de octubre de 2019.-f.) Ilegible, Dirección Nacional de Certificaciones.

No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0270

Catalina Pazos Chimbo

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

Considerando:

Que, el artículo 309 de la Constitución de la República establece: «El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario,

que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. «;

Que, el artículo 311 de la norma suprema establece que: «El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. «;

Que, el artículo 170 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone: «La fusión es la unión de dos o más entidades del sistema financiero nacional del mismo sector, por la que se comprometen a juntar sus patrimonios y formar una nueva sociedad, la cual adquiere a título universal los derechos y obligaciones de las sociedades intervinientes. La fusión se produce también cuando una o más entidades son absorbidas por otra que continúa subsistiendo. «;

Que, el artículo 171 del Código mencionado determina: «Las fusiones podrán ser ordinarias y extraordinarias.- La fusión ordinaria es la acordada y efectuada por entidades financieras que no estuvieren en situación de deficiencia de patrimonio técnico. (…)»‘,

Que, el artículo 172 del Código señalado establece: «El proceso de fusión ordinario será normado por los organismos de control. (…) «;

Que, el artículo 176 ibídem dispone: «Aprobación. La fusión y conversión serán aprobadas previamente por los respectivos organismos de control, de conformidad con la regulación vigente.- En caso de fusión ordinaria, se considerarán las políticas y regulaciones que en materia de control de poder del mercado, haya emitido la instancia reguladora competente y se requerirá un informe previo de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado cuando supere los límites por sector y/o segmento

42 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 egistro Oficial N 94

financiero determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en coordinación con la Junta de Control de Poder de Mercado. (…) «;

Que, el artículo 3 de la Norma del Proceso de Fusión Ordinario de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045 de 10 de mayo de 2017, establece: «Fusión ordinaria.- La fusión ordinaria es la acordada y efectuada entre entidades que conforman el sector financiero popular y solidario, que no estuvieren en una situación de deficiencia de patrimonio técnico. «;

Que, el literal a) del artículo 4 de la citada Norma, dispone: «Formas de fusión ordinaria.- La fusión ordinaria de las entidades del sector financiero popular y solidario podrá ser: a) Por absorción, cuando una o más entidades son absorbidas por otra que continúa subsistiendo, manteniendo su personalidad jurídica, adquiriendo a título universal los derechos y obligaciones de las entidades absorbidas (…) «;

Que, el artículo 8 de la norma mencionada, establece: «Viabilidad de la Fusión.- Enviada a la Superintendencia el acuerdo previo de intención de fusión y el convenio de confidencialidad, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria determinará la viabilidad de la fusión, basándose, entre otros aspectos, criterios de territorialidad, análisis de estados financieros, indicadores financieros y cumplimiento normativo de la entidad absorbente. «;

Que, el artículo 11 de la Norma Ibídem, señala: «Contrato de fusión.- Aprobada la participación en el proceso de fusión por parte de las asambleas, los representantes legales suscribirán el contrato de fusión (…) «;

Que, mediante trámite No. SEPS-IZ6-2019-001-40431 y SEPS-IZ3-2019-001-59452, ingresados el 06 de junio y 08 de agosto de 2019, respectivamente se remiten a esta Superintendencia; la Carta de Intención de Fusión y el Acuerdo de Confidencialidad de Información, entre otros documentos habilitantes para iniciar el proceso de Fusión Ordinaria por Absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA., a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA;

Que, conforme se desprende de los documentos adjuntos al Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1614, mediante Asamblea General Extraordinaria de Representantes de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA., realizada el 27 de julio de 2019, se resolvió aprobar su participación en el proceso de fusión por absorción con la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA, asimismo la Asamblea General Extraordinaria de Representantes de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA, realizada el 26 de julio de 2019, resolvió aprobar su participación en el proceso de fusión por absorción

con la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRSA DE PASTAZA LTDA., suscribiéndose además el respectivo contrato de Fusión entre las cooperativas;

Que, Mediante Informe No. SEPS-IR-DNSES-2019-0443 de 04 de julio de 2019, la Intendencia de Riesgos concluye que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA, y la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA, cumplen con el requisito de no tener deficiencia patrimonial, previsto en el artículo 171 del Código Orgánico Monetario y Financiero, para la fusión ordinaria; indicando además que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA. (Absorbente) «(…)mantendría su nivel de riesgo original ‘MUY BAJO», registrando leves deterioros en los indicadores de morosidad, cobertura de cartera improductiva, grado de absorción del margen financiero neto y participación del capital institucional (…) considerando la situación financiera, indicadores y el nivel de riesgo de las entidades analizadas se recomienda continuar con el proceso de fusión ordinaria de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana, por parte de la Cooperativa de ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Pastaza Ltda. (…) recomienda a demás, que la entidad Absorbente realice el análisis correspondiente y tome las medidas necesarias para minimizar impactos financieros, operativos y legales producto del proceso de fusión (…) que se efectúe un adecuado estudio de factibilidad en cuanto a los beneficios netos que derivarían de los puntos de atención de la entidad Absorbida, que pasarán a su administración. «;

Que, Mediante Informe No. SEPS-IFMR-DNMR-2019-078 de 19 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Mecanismos de Resolución, presenta su análisis sobre el proceso de fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA., a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA, al que incorpora el detalle de la situación financiera de cada una de las cooperativas a fusionarse, sustentado en estados financieros y bases reportadas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con corte al mes de junio de 2019, señalando además que: «(…) De acuerdo a la Resolución No. 009 del 25 de diciembre de 2015, la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en el artículo 3, determinó los montos de volumen de negocio sujetos a notificación obligatoria. En lo que corresponde a nuestro sector, establece que el umbral sean 3.2000.000 remuneraciones básicas unificadas. Por lo expuesto, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza Ltda., al asumir los activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana, su nivel de activos ascendería a USD149.841.061, (sic) razón por lo cual (sic) no estaría superando el umbral establecido (…)»; recomendando desde un análisis estrictamente financiero, autorizar la fusión solicitada;

Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1614 de 20 de agosto de 2019, la Intendencia General Técnica, señala: «(…) sustentado en el Informe Técnico Financiero

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 – 43

Nro. SEPS-IFMR-DNMR-2019-078 de la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, se recomienda la fusión ordinaria por absorción de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito De La Pequeña Empresa de Pastaza Ltda. (…). «;

Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2019-1677 de 26 de agosto de 2019, la Intendencia General Jurídica, emite informe favorable para la fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA., a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA;

Que, a través de la instrucción agregada en el Sistema de Gestión Documental de esta Superintendencia el 27 de agosto de 2019, en los comentarios del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2019-1677 de 26 de agosto de 2019, la Intendencia General Técnica acoge la recomendación indicada y emite su «PROCEDER» para continuar con del proceso de fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA., a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA;

Que, con Resolución No. SEPS-IGJ-2018-001 de 02 de enero de 2018, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, delega al Intendente General Técnico, suscribir las resoluciones de fusión de las entidades del sector financiero popular y solidario, controladas por la Superintendencia; y,

Que, a través de la acción de personal No. 0733 de 25 de junio de 2018, el Intendente General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía Popular y Solidaria a través de Resolución No. SEPS-IGG-2016-090 de 28 de abril de 2016, nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA., con Registro Único de Contribuyentes No. 1690012606001, con domicilio en el cantón Pastaza, provincia de Pastaza, a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA, con Registro Único de Contribuyentes No. 0190348075001, con domicilio en el cantón Cuenca, provincia del Azuay.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la extinción de la personalidad jurídica de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA., con Registro Único de Contribuyentes No. 0190348075001, con domicilio en el cantón Cuenca, provincia del Azuay.

ARTÍCULO TERCERO.- Autorizar que el siguiente punto de atención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito absorbida, pase a formar parte de la COOPERATIVA DE

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA:

TIPO

PROVINCIA

CANTÓN

PARROQUIA

Matriz

Azuay

Cuenca

El Sagrario

ARTÍCULO CUARTO.-Disponer a la Intendencia de Información Técnica, Investigación y Capacitación se excluya a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA, del Catastro Público de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

ARTÍCULO QUINTO.- Disponer a la Intendencia del Sector Financiero, registre el punto de atención autorizado en el artículo tercero de la presente Resolución y comunicar a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA., el nuevo código asignado.

ARTÍCULO SEXTO.- Disponer a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, notifique a la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados la fusión aprobada a fin de que excluya a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA, del listado de entidades obligadas a pagar la contribución que por seguro de depósitos le corresponda.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La aprobación de la presente fusión, no exonera a los representantes, directivos y empleados de las cooperativas fusionadas de sus responsabilidades civiles, penales o administrativas que llegasen a determinarse en lo posterior, como consecuencia de sus actuaciones previas a la presente fecha. Asimismo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá solicitar, en cualquier momento, toda la información que requiera de las cooperativas respecto de sus actividades previas a la fusión.

SEGUNDA.- La presente Resolución se pondrá en conocimiento del Servicio de Rentas Internas, para los fines legales correspondientes.

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. De su cumplimiento encárguese a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 18 de septiembre de 2019.

f.) Catalina Pazos Chimbo, Intendente General Técnico.

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.- CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA del original que reposa en los archivos de esta Superintendencia.- Fojas: 3.- 28 de octubre de 2019.- f.) Ilegible, Dirección Nacional de Certificaciones.

44 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0271

Catalina Pazos Chimbo

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

Considerando:

Que, el artículo 309 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: «El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones»;

Que, el artículo 311 ibídem establece que: «El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. «;

Que, el artículo 170 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone: «La fusión es la unión de dos o más entidades del sistema financiero nacional del mismo sector, por la que se comprometen a juntar sus patrimonios y formar una nueva sociedad, la cual adquiere a título universal los derechos y obligaciones de las sociedades intervinientes. La fusión se produce también cuando una o más entidades son absorbidas por otra que continúa subsistiendo. «;

Que, el artículo 171 del Código antes mencionado, determina: «Las fusiones podrán ser ordinarias y extraordinarias. La fusión ordinaria es la acordada y efectuada por entidades financieras que no estuvieren en situación de deficiencia de patrimonio técnico. (…) «;

Que, el artículo 172 del Código señalado establece: «El proceso de fusión ordinario será normado por los organismos de control. (…) «;

Que, el artículo 176 ibídem dispone: «Aprobación. La fusión y conversión serán aprobadas previamente por los respectivos organismos de control, de conformidad con la regulación vigente.- En caso de fusión ordinaria, se considerarán las políticas y regulaciones que en materia de control de poder del mercado, haya emitido la instancia reguladora competente y se requerirá un informe previo de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado cuando supere los límites por sector y/o segmento financiero determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en coordinación con la Junta de Control de Poder de Mercado (…) «;

Que, el artículo 3 de la Norma del Proceso de Fusión Ordinario de las entidades del Sector Financiero Popular

y Solidario, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045 de 10 de mayo de 2017, establece: «Fusión ordinaria.- La fusión ordinaria es la acordada y efectuada entre entidades que conforman el sector financiero popular y solidario, que no estuvieren en una situación de deficiencia de patrimonio técnico. «;

Que, el literal a) del artículo 4 de la citada Norma, dispone: «Formas de fusión ordinaria.- La fusión ordinaria de las entidades del sector financiero popular y solidario podrá ser: a) Por absorción, cuando una o más entidades son absorbidas por otra que continúa subsistiendo, manteniendo su personalidad jurídica, adquiriendo a título universal los derechos y obligaciones de las entidades absorbidas (…) «;

Que, el artículo 8 de la norma mencionada, establece: «Viabilidad de la Fusión.- Enviada a la Superintendencia el acuerdo previo de intención de fusión y el convenio de confidencialidad, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria determinará la viabilidad de la fusión, basándose, entre otros aspectos, criterios de territorialidad, análisis de estados financieros, indicadores financieros y cumplimiento normativo de la entidad absorbente «;

Que, el artículo 11 ibídem, señala: «Contrato de fusión.-Aprobada la participación en el proceso de fusión por parte de las asambleas, los representantes legales suscribirán el contrato de fusión (…) «;

Que, a través de los Oficios Nos. 020-CAC-AC-2019, 029-CAC-ADC-2019 y sin número de 23, 25 de abril y de 22 de agosto de 2019, ingresados en las mismas fechas a esta Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con trámites Nos. SEPS-IZ5-2019-001-28709, SEPS-IZ5-2019-001-29459 y SEPS-IZ5-2019-001-63669, respectivamente, se remite a esta Superintendencia la Carta de Intención de Fusión, el Acuerdo de Confidencialidad de Información, y, demás documentación para iniciar el proceso de Fusión Ordinaria por Absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA, a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO;

Que, conforme se desprende de los documentos adjuntos al Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1538 de 14 de agosto de 2019, mediante Asamblea General Extraordinaria de Representantes de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, realizada el 26 de abril de 2019, se resolvió aprobar su participación en el proceso de fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA; asimismo la Asamblea General Extraordinaria de Representantes de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, realizada el 30 de abril de 2019, resolvió aprobar la fusión por absorción a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, suscribiéndose además el respectivo contrato de fusión entre dichas Cooperativas;

Registro Oficial N° 94 Miércoles 4 de diciembre de 2019 45

Que, mediante Informe No. SEPS-IR-DNSES-2019-0352, sin fecha, la Intendencia de Riesgos concluye que la COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, como entidad a ser absorbida, y la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA, entidad absorbente, cumplen con el requisito de no tener deficiencia patrimonial, mismo que se encuentra previsto en el artículo 171 del Código Orgánico Monetario y Financiero para la fusión ordinaria; indicando además que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA (Absorbente) «(…) registra impacto en la cobertura de cartera improductiva, con la contracción de 2 puntos porcentuales, los demás indicadores se mantienen, sin embargo su calificación de riesgo original no se ve afectada y continúa en ‘MEDIO {…)»; así como que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO (Absorbida) «(…) contribuiría a la entidad Absorbente con el 1,06% en activos, el 0,71% en pasivos, y, el 3,33% en patrimonio (…) Con los antecedentes expuestos y considerando la situación financiera, indicadores y el nivel de riesgo de las entidades analizadas, se recomienda continuar con el proceso de fusión ordinaria (…) «;

Que, consta del Informe No. SEPS-IFMR-DNMR-2019-074 del 05 de agosto de 2019, que la Dirección Nacional de Mecanismos de Resolución, presenta su análisis sobre el proceso de fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA, a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, al que incorpora el detalle de la situación financiera de cada una de las cooperativas a fusionarse, sustentándose en balances y estructuras reportadas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con corte al mes de marzo de 2019; señalando además que: «(…) De acuerdo a la Resolución No. 009, del 25 de septiembre de 2015, la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, en el artículo 3, determinó los montos de volumen de negocio sujetos a notificación obligatoria. En lo que corresponde a nuestro sector, establece que el umbral sean 3.200.000 remuneraciones básicas unificadas. Por lo expuesto, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca. (sic) al asumir los activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Águilas de Cristo, su nivel de activos ascendería a USD 9.757.179, razón por lo cual no estaría superando el umbral establecido en volumen de negocios (…)»; recomendando desde un análisis estrictamente financiero, autorizar la fusión solicitada;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1538 de 14 de agosto de 2019, la Intendente General Técnico señala: «(…) sustentado en el informe Técnico Financiero Nro. SEPS-IFMR-DNMR-2019-07 4 de la Dirección Nacional de Mecanismos de Resolución y aprobado por la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, se recomienda la fusión ordinaria por absorción de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Águilas de Cristo por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca.- Con el propósito de que se continúe

con el trámite de autorización del proceso de fusión por absorción, se solicita que la Intendencia General Jurídica emita el informe jurídico (…) «;

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2019-1678 de 26 de agosto de 2019, la Intendencia General Jurídica, emite informe favorable para la fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA, a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO;

Que, por medio de instrucción agregada en el Sistema de Gestión Documental de esta Superintendencia el 26 de agosto de 2019, en los comentarios del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2019-1678 de la misma fecha, la Intendencia General Técnica acoge la recomendación indicada y emite su «PROCEDER», para continuar con el proceso de fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA, a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO;

Que, conforme Resolución No. SEPS-IGJ-2018-001 de 02 de enero de 2018, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, delega al Intendente General Técnico, para suscribir las resoluciones de fusión de las organizaciones controladas por la Superintendencia; y,

Que, mediante acción de personal N°. 0733 de 25 de junio 2018, el Intendente General de Gestión ( E ), delegado del Superintendente de Economía Popular y Solidaria a través de Resolución N°. SEPS-IGG-2016-090 de 28 de abril de 2016, nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992280700001, con domicilio en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992596805001, con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la extinción de la personalidad jurídica de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992596805001, con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas.

ARTÍCULO TERCERO.- Autorizar que el siguiente punto de atención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito absorbida, pase a formar parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA:

46 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

Tipo

Provincia

Cantón

Parroquia

Matriz

Guayas

Guayaquil

Nueve de Octubre

ARTÍCULO CUARTO.– Disponer a la Intendencia de Información Técnica, Investigación y Capacitación se excluya a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, del Catastro Público de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

ARTÍCULO QUINTO.- Disponer a la Intendencia del Sector Financiero, registre el punto de atención autorizado en el artículo tercero de la presente Resolución y comunicar a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA, el nuevo código asignado.

ARTÍCULO SEXTO.- Disponer a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, notifique a la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados la fusión aprobada a fin de que excluya a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, del listado de entidades obligadas a pagar la contribución que por seguro de depósitos le corresponda.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La aprobación de la presente fusión, no exonera a los representantes, directivos y empleados de las cooperativas fusionadas de sus responsabilidades civiles, penales o administrativas que llegasen a determinarse en lo posterior, como consecuencia de sus actuaciones previas a la presente fecha. Asimismo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá solicitar, en cualquier momento, toda la información que requiera de las Cooperativas, respecto de sus actividades previas a la fusión.

SEGUNDA.- La presente Resolución se pondrá en conocimiento del Servicio de Rentas Internas, para los fines legales correspondientes.

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación. De su cumplimiento encárguese a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

CÚMPLASE Y NOTIFIQUE SE.

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 18 de septiembre de 2019.

f.) Catalina Pazos Chimbo, Intendente General Técnico.

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.- CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA del original que reposa en los archivos de esta Superintendencia.- Fojas: 3.- 28 de octubre de 2019.-f.) Ilegible, Dirección Nacional de Certificaciones.

No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0290

Catalina Pazos Chimbo

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

Considerando:

Que, el artículo 309 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: «El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones «;

Que, el artículo 311 de la norma suprema establece que: «El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria»;

Que, el artículo 170 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone: «La fusión es la unión de dos o más entidades del sistema financiero nacional del mismo sector, por la que se comprometen a juntar sus patrimonios y formar una nueva sociedad, la cual adquiere a título universal los derechos y obligaciones de las sociedades intervinientes. La fusión se produce también cuando una o más entidades son absorbidas por otra que continúa subsistiendo. «;

Que, el artículo 171 del Código mencionado determina: «Las fusiones podrán ser ordinarias y extraordinarias.- La fusión ordinaria es la acordada y efectuada por entidades financieras que no estuvieren en situación de deficiencia de patrimonio técnico. (…)»;

Que, el artículo 172 del Código señalado establece: «£7 proceso de fusión ordinario será normado por los organismos de control. (…) «;

Que, el artículo 176 ibídem, dispone: «Aprobación. La fusión y conversión serán aprobadas previamente por los respectivos organismos de control, de conformidad con la regulación vigente.- En caso de fusión ordinaria, se considerarán las políticas y regulaciones que en materia de control de poder del mercado, haya emitido la instancia reguladora competente y se requerirá un informe previo de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado cuando supere los límites por sector y/o segmento financiero determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en coordinación con la Junta de Control de Poder de Mercado «;

Registro Oficial N° 94 Miércoes 4 de diciembre de 2019 – 7

Que, el artículo 3 de la Norma del Proceso de Fusión Ordinario de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045 de 10 de mayo de 2017, establece: «Fusión ordinaria.- La fusión ordinaria es la acordada y efectuada entre entidades que conforman el sector financiero popular y solidario, que no estuvieren en una situación de deficiencia de patrimonio técnico «;

Que, el literal a) del artículo 4 de la citada Norma, dispone: «Formas de fusión ordinaria.- La fusión ordinaria de las entidades del sector financiero popular y solidario podrá ser: a) Por absorción, cuando una o más entidades son absorbidas por otra que continúa subsistiendo, manteniendo su personalidad jurídica, adquiriendo a título universal los derechos y obligaciones de las entidades absorbidas «;

Que, el artículo 8 de la norma mencionada, establece: «Viabilidad de la Fusión.- Enviada a la Superintendencia el acuerdo previo de intención de fusión y el convenio de confidencialidad, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria determinará la viabilidad de la fusión, basándose, entre otros aspectos, criterios de territorialidad, análisis de estados financieros, indicadores financieros y cumplimiento normativo de la entidad absorbente. «;

Que, el artículo 11 ibídem, señala: «Contrato de fusión.-Aprobada la participación en el proceso de fusión por parte de las asambleas, los representantes legales suscribirán el contrato de fusión (…) «;

Que, con trámite No. SEPS-IZ3-2019-001-47625 de 01 de julio de 2019, el representante de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA., remite a esta Superintendencia, la Carta de Intención de Fusión, el Acuerdo de Confidencialidad de Información, y, demás documentación para iniciar el proceso de Fusión Ordinaria por Absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA. a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA;

Que, conforme se desprende de los documentos adjuntos al memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1629 de 21 de agosto de 2019, mediante Asamblea General Extraordinaria de Representantes de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA, realizada el 12 de julio de 2019, se resolvió aprobar su participación en el proceso de fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA.; asimismo, la Asamblea General Extraordinaria de Representantes de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA., realizada el 13 de julio de 2019, resolvió aprobar su participación en el proceso de fusión por absorción con la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA, suscribiéndose además el respectivo contrato de fusión entre dichas Cooperativas;

Que, mediante Informe No. SEPS-IR-DNSES-2019-0560 sin fecha, la Intendencia de Riesgos concluye que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA, como entidad a ser absorbida y la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA., entidad absorbente, cumplen con el requisito de no tener deficiencia patrimonial, mismo que se encuentra previsto en el artículo 171 del Código Orgánico Monetario y Financiero para la fusión ordinaria; indicando además que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA (Absorbida) «(…) aportaría el 0,01% al activo total a la entidad Absorbente; así como, el 0,004% al pasivo total y el 0,05% al patrimonio (…)”; así como la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA (Absorbente) «(…) registra nivel de riesgo MUY BAJO, y, una vez efectuado el análisis de los estados financieros consolidados resultantes del proceso de fusión, dicho nivel se mantendría (…) Con los antecedentes expuestos y considerando la situación financiera, indicadores y el nivel de riesgo de las entidades analizadas, se recomienda continuar con el proceso de fusión ordinaria (…) «;

Que, Mediante Informe No. SEPS-IFMR-DNMR-2019-080 de 19 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Mecanismos de Resolución, presenta su análisis sobre el proceso de fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA. a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA, al que incorpora el detalle de la situación financiera de cada una de las Cooperativas a fusionarse, sustentándose en balances y estructuras reportadas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con corte al mes de junio de 2019; señalando además que: «(…) De acuerdo a la Resolución No. 009, del 25 de septiembre de 2015, la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en el artículo 3, determinó los montos de volumen de negocio sujetos a notificación obligatoria. En lo que corresponde a nuestro sector, establece que el umbral sean 3.200.000 remuneraciones básicas unificadas. Por lo expuesto, la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Ltda., al asumir los activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Del Artesano de la Asociación de Artesanos de Caluma, su nivel de activos ascendería a USD 160.474.96, razón por lo cual no estaría superando el umbral establecido (…) «; recomendando desde un análisis estrictamente financiero, autorizar la fusión solicitada.

Que, Mediante Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1629 de 21 de agosto de 2019, el Intendente General Técnico (S) señala: «(…) sustentado en el Informe Técnico Financiero Nro. SEPS-IFMR-DNMR-2019-080 de la Dirección Nacional de Mecanismos de Resolución y aprobado por la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, se recomienda la fusión ordinaria por absorción de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Del Artesano de la Asociación de Artesanos de Caluma por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito

48 – Miércoles 4 de diciembre de 2019 Registro Oficial N° 94

San José Ltda.- Con el propósito de que se continúe con el trámite de autorización del proceso de fusión por absorción, se solicita que la Intendencia General Jurídica emita el informe jurídico (…) «;

Que, según consta en memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2019-1864 de 18 de septiembre de 2019, la Intendencia General Jurídica, emite informe favorable para la fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO

Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA., a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA;

Que, con instrucción inserta en el Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2019-1864 de 18 de septiembre de 2019, a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el 19 de septiembre de 2019, la Intendencia General Técnica emite su «PROCEDER» para continuar con del proceso de fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA., a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA;

Que, mediante Resolución No. SEPS-IGJ-2018-001 de 02 de enero de 2018, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, delega al Intendente General Técnico, para suscribir las resoluciones de fusión de las organizaciones controladas por la Superintendencia; y,

Que, mediante acción de personal No. 0733 de 25 de junio 2018, el Intendente General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía Popular y Solidaria a través de Resolución No. SEPS-IGG-2016-090 de 28 de abril de 2016, nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA., con Registro Único de Contribuyentes No. 0290003288001, con domicilio en el cantón San José de Chimbo, provincia de Bolívar, a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA, con Registro Único de Contribuyentes No. 0291502474001, con domicilio en el cantón Caluma, provincia de Bolívar.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la extinción de la personalidad jurídica de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA con Registro Único de Contribuyentes No. 0291502474001, con domicilio en el cantón Caluma, provincia de Bolívar.

ARTÍCULO TERCERO.- Autorizar que el siguiente punto de atención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito absorbida, pase a formar parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA.:

TIPO

PROVINCIA

CANTÓN

PARROQUIA

Matriz

Bolívar

Caluma

Caluma

ARTÍCULO CUARTO.– Disponer a la Intendencia de Información Técnica, Investigación y Capacitación se excluya a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA, del Catastro Público de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

ARTÍCULO QUINTO.- Disponer a la Intendencia del Sector Financiero, registre el punto de atención autorizado en el artículo tercero de la presente Resolución y comunicar a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ LTDA., el nuevo código asignado.

ARTÍCULO SEXTO.- Disponer a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, notifique a la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados la fusión aprobada a fin de que excluya a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE CALUMA, del listado de entidades obligadas a pagar la contribución que por seguro de depósitos le corresponda.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La aprobación de la presente fusión, no exonera a los representantes, directivos y empleados de las cooperativas fusionadas de sus responsabilidades civiles, penales o administrativas que llegasen a determinarse en lo posterior, como consecuencia de sus actuaciones previas a la presente fecha. Asimismo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá solicitar, en cualquier momento, toda la información que requiera de las cooperativas respecto de sus actividades previas a la fusión.

SEGUNDA.- La presente Resolución se pondrá en conocimiento del Servicio de Rentas Internas, para los fines legales correspondientes.

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. De su cumplimiento encárguese a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 01 de octubre de 2019.

f.) Catalina Pazos Chimbo, Intendente General Técnico.

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.- CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA del original que reposa en los archivos de esta Superintendencia.- Fojas: 3.- 28 de octubre de 2019.- f.) Ilegible, Dirección Nacional de Certificaciones.