Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Jueves 13 de agosto de 2020 (R.O.881, 13– agosto -2020) Edición Especial

Págs.

MINISTERIO DE CULTURA

Y PATRIMONIO:

ACUERDOS:

DM-2020-015 Apruébese el estatuto y otórguese personería jurídica a la organización social Fundación “Museo Manuela Sáenz

DM-2020-016 Hasta la designación o encargo del puesto de Director/a Ejecutivo/a del Teatro Benjamín Carrión, el personal, deberá coordinar todo lo relativo a su manejo y administración con el Coordinador General Administrativo Financiero

DM-2020-018 Declárese la disolución y liquidación voluntaria de la Corporación “Wacharnack

ACUERDO MINISTERIAL Nro. DM-2020-015

EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

CONSIDERANDO:

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: «Se reconoce y garantizará a las personas: (…). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. (…)”;

Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”;

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…)”;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República, establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Las organizaciones sociales.~ Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva. Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley”;

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes»;

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Legalización y registro de las organizaciones sociales.- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector público implementarán las medidas que fueren necesarias. Las organizaciones sociales regionales deberán

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registrarse de conformidad con la Constitución”;

Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias”;

Que el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Representación legal de las administraciones públicas. La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley”;

Que el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Art. 65.- Competencia. La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado “;

Que el artículo 567 del Código Civil, establece: «Las ordenanzas o estatutos de las corporaciones, que fueren formados por ellas mismas, serán sometidos a la aprobación del Presidente de la República, que se la concederá si no tuvieren nada contrario al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres»;

Que el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017, establece: «Sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para aprobar los estatutos de las corporaciones o fundaciones previstas en el Código Civil, el representante de la organización que presente la solicitud de aprobación del estatuto y de reconocimiento de la personalidad jurídica a la cartera de Estado competente, (…);

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, se designa a Juan Fernando Velasco Torres como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que los miembros fundadores de la organización social en formación denominada Fundación Museo Manuela Sáenz, se reunieron en Asamblea General Constitutiva el 06 de diciembre de 2019, con la finalidad de constituirla;

Que mediante oficio s/n recibido el 20 de enero de 2020 (trámite Nro. MCYP-DGA-2020-0187-EXT), el señor Jorge Luis Álvarez Cevallos, debidamente autorizado por la Fundación Museo Manuela Sáenz, solicita a esta Cartera de Estado la aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización social en formación antes citada;

Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-20-0088-M de 30 de enero de 2020, el Coordinador General Jurídico emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para el otorgamiento de la personalidad jurídica a favor de la «Fundación Museo Manuela Sáenz»;

Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.

ACUERDA:

Art. 1.– Aprobar el estatuto y otorgar la personalidad jurídica a la siguiente organización social:

Nombre:

«Fundación Museo Manuela Sáenz»

Clasificación:

Fundación

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Domicilio:

Calle Junín 709 y Montufar, Barrio San Marcos, parroquia Centro Histórico, cantón Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha.

Correo electrónico:

jlalvarezcev@gmail.com

Fundadores:

Nombre

Nacionalidad

Nro. de documento de identidad

Alvarez Cevallos Jorge Luis

ecuatoriana

1705583050

Alvarez Rodríguez José David

ecuatoriana

1721469706

Cevallos Aviles Aurora

ecuatoriana

1703449734

León Monsalve Alcides Ramón

venezolana

1757559552

Puente Valdiviezo Isabel Cristina

ecuatoriana

1706908306

Art. 2.- Ordenar a La organización social descrita en el artículo 1, que en el plazo máximo de treinta (30) días, remita mediante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, que dé cuenta de la elección de su directiva.

Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1, el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales; y, en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cada período de elección de la directiva, deberá ser registrado en esta Cartera de Estado, para los fines legales que correspondan.

La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la organización social buscarán en primer lugar, el diálogo como medio de solución conforme a sus normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos; o, a través del ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico les faculte ante la justicia ordinaria, sin perjuicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.

Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.

Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 30 de enero de 2020.

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ACUERDO MINISTERIAL No. DM-2020-0016

Juan Fernando Velasco Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 151 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo (…)”;

Que el artículo 154 de la Norma Suprema, establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”;

Que, el artículo 226 de la Carta Magna, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley(…)”;

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, manifiesta: ‘La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley»;

Que, el artículo 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público, señala: «La servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: (…) e) Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento (…)”;

Que, el artículo 85 de la Ley ibídem, establece: «Las autoridades nominadoras podrán designar, previo el cumplimiento de los requisitos previstos para el ingreso al servicio público, y remover libremente a las y los servidores que ocupen los puestos señalados en el literal a) y el literal h) del Artículo 83 de esta Ley. La remoción así efectuada no constituye destitución ni sanción disciplinaria de ninguna naturaleza»;

Que, el artículo 105 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, indica: «En los casos de cesación de funciones por remoción previstos en el artículo 47, letra e) de la Ley Orgánica de Servicio Público, la misma no implica sanción disciplinaria de ninguna naturaleza y se observará lo siguiente: (…) 2.- Cesación de funciones por remoción de otros servidores de libre nombramiento y remoción.- Las o los servidores de libre nombramiento y remoción cesarán en sus funciones cuando así lo decidiere la autoridad nominadora (…)”;

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Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 5 de 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 22 de 14 de febrero de 2007, se declaró como política de Estado el desarrollo cultural del país y creó el Ministerio de Cultura, como organismo rector del ámbito cultural, el cual mediante Decreto Ejecutivo No. 1507 de 8 de mayo de 2013, pasó a denominarse como Ministerio de Cultura y Patrimonio;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 27 de junio de 2019, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Juan Fernando Velasco Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. DM-2020-008 del 17 de enero de 2020 que indica en su parte resolutiva en el artículo 1.- «Aceptar la disponibilidad del cargo de Director Ejecutivo del Teatro Benjamín Carrión Mora de Loja del señor Ricardo Alberto Sempértegi con fecha 16 enero de 2020 conforme disposición del Sistema de Gestión Documental Quipux y, por ende, se dispone la remoción inmediata del mismo».

Que, mediante Memorando Nro. MCYP-CGAF-2020-0154-M de 29 de enero de 2020, el magíster Galo Hernán Rodríguez Caicedo, Coordinador General Administrativo Financiero, indica al señor Juan Fernando Velasco Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio que: ‘»con el objeto de asegurar el normal funcionamiento de la EOD Teatro Benjamín Carrión Mora de Loja -TBCML-, esta Coordinación General a través de la Dirección de Administración de Talento Humano ha realizado los ingresos de personal a través de las herramientas informáticas administradas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, es necesario contar con un funcionario titular o encargado de esa dependencia, quien en su calidad de representante legal estará facultado para realizar la firma de los contratos del personal (en el mes de enero 2020) , ejerza la representación antes el IESS, SRI, y realice el pago de remuneraciones (conforme a las delegaciones realizadas mediante el Acuerdo Ministerial DM-2019-157)»; y, solicita que «hasta que el proceso de selección de personal para el nuevo Director/a Ejecutivo/a del TBCML haya culminado, me permito recomendar que se disponga la elaboración de un Acuerdo Ministerial de delegación cuyo plazo finalizará con la designación de la nueva autoridad o encargo de la EOD TBCML , en el que se disponga que el/la titular de la Coordinación General Administrativa Financiera estará facultado para suscribir los contratos de personal y disponer el pago de remuneraciones de esa EOD; y que la representación ante el IESS y el SRI en lo concerniente a esa EOD, la realizarán el/la Directora/a de Administración de Talento Humano, y el Tesorero/a Institucional.»

Que, a través de sumilla electrónica en Memorando Nro. MCYP-CGAF-2020-0154-M de 31 de enero de 2020, el señor Juan Fernando Velasco Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio, dispone a la Coordinación General Jurídica: «Se acoge recomendación de la CGAF, favor elaborar el instrumento legal pertinente y coordinar con Asesora Jurídica”; y.

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EN EJERCICIO de las atribuciones Constitucionales, legales y reglamentarias,

ACUERDA:

Artículo 1.-. Hasta la designación o encargo del cargo de Director/a Ejecutivo/a del Teatro Benjamín Camón Mora de Loja, el personal que labora en dicha Entidad Operativa Desconcentrada, deberá coordinar todo lo relativo a su manejo y administración con el Coordinador General Administrativo Financiero del Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Artículo 2.- Encargar al titular de la Coordinación General Administrativa Financiera la facultad para suscribir los contratos de personal y disponer el pago de remuneraciones de esa EOD.

Artículo 3.- Encargar a el/la Directora/a de Administración de Talento Humano, y al Tesorero/a del Ministerio de Cultura y Patrimonio que realicen la representación ante el IESS y el SRI respectivamente en lo concerniente a esa EOD.

Artículo 4.- Encargar al titular de la Coordinación General Administrativa Financiera la ejecución y notificación del presente Acuerdo, todos los encargos realizados en función del presente Acuerdo Ministerial tendrán vigencia hasta que el proceso de selección de personal para el nuevo Director/a Ejecutivo/a del TBCML haya culminado con el nombramiento y posesión del mismo.

Artículo 5.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, comuníquese y publíquese.-

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 31 de enero de 2020.

– Jueves 13 de agosto de 2020 Edición Especial N° 881 – Registro Oficial

ACUERDO MINISTERIAL Nro. DM-2020-018

EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

CONSIDERANDO:

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: «Se reconoce y garantizará a las personas: (…). 13. el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. (…)»:

Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”;

Que el numeral I del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: I. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…)”;

Que el Artículo 226 de la Constitución de la República, establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»‘,

Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión: y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes”;

Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias «:

Que el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Representación legal de las administraciones públicas. La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley»;

Que el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Art. 65- Competencia. La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado”;

Que el artículo 20 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017, establece: «Las organizaciones sujetas a este Reglamento, podrán ser disueltas y liquidadas por voluntad de sus socios, mediante resolución en Asamblea General, convocada expresamente para el efecto y con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Para el procedimiento de disolución y liquidación, la Asamblea General, en el mismo acto, deberá nombrar un liquidador quien deberá presentar su informe en un plazo

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De 90 días, observando siempre las disposiciones que para el efecto determinen el estatuto y el Código Civil. Los resultados de la disolución y liquidación se pondrán en conocimiento de la Cartera de Estado correspondiente, afín de que se proceda a elaborar el Acuerdo Ministerial de disolución y liquidación.”;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, se designa a Juan Fernando Velasco Torres como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 218-2011 de 20 de octubre de 2011, el Ministerio de Cultura del Ecuador aprobó el estatuto y otorgó personalidad jurídica a la «Corporación Wacharnack»;

Que en Asamblea General celebrada el 12 de abril de 2018, los miembros de la «Corporación Wacharnack», resolvieron de acuerdo al proceso establecido en su norma estatutaria, disolver y liquidar voluntariamente la organización social, designando como liquidador a Christian Manuel León Mantilla;

Que en Asamblea General celebrada el 03 de junio de 2019, los miembros de la «Corporación Wacharnack», aprobaron de acuerdo al proceso establecido en su norma estatutaria, el informe del liquidador designado durante el proceso de disolución y liquidación voluntaria de la organización social:

Que mediante comunicación s/n recibida el 06 de enero de 2020 (trámite Nro. MCYP-DGA-2020-0030-EXT), el señor Christian Manuel León Mantilla solicita a esta Cartera de Estado, declarar la disolución y liquidación voluntaria de la «Corporación Wacharnack»;

Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-20-0091-M de 03 de febrero de 2020, el Coordinador General Jurídico emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para declarar la disolución y liquidación voluntaria de la «Corporación Wacharnack»;

Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.

ACUERDA:

Art. 1.- Declarar la disolución y liquidación voluntaria de la «Corporación Wacharnack», resuelta por sus miembros durante las Asambleas Generales celebradas el 12 de abril de 2018 y 03 de junio de 2019. El presente acto administrativo deberá incorporarse al expediente de la organización social, a cargo de la Coordinación General Jurídica.

Art. 2.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.

Art. 3.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 03 de febrero de 2020.