Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Miércoles 17 de junio de 2020 (R.O. 679, 17– junio -2020) Edición Especial
Págs.
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
ACUERDOS:
00021 – 2020 Deléguese a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, al doctor Leopoldo Izquieta Pérez, para que realice la evaluación toxicológica de los Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola – PQUA
00024 – 2020 Declárese el estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa, ante la transmisión comunitaria del COVID-19 en las veinticuatro (24) provincias del país y la posible necesidad de hospitalización o atención en cuidados intensivos de la población 2 – Miércoles 17 de junio de 2020 Edición Especial N° 679 – Registro Oficial
No 00021-2020
EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 3, dispone entre los deberes primordiales del Estado: «1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes»;
Que, el artículo 32 de la Constitución de la República dispone que: «La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, intercukuralidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.»;
Que, la Norma Suprema, en el artículo 361, ordena al Estado ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, responsable de formular la política nacional de salud, y de normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector;
Que, la Decisión 804 de 24 de abril de 2015 de la Comunidad Andina de Naciones, publicada en el Registro Oficial No. 558 de 4 de agosto de 2015, que modifica la Decisión 436 de 11 de junio de 1998, tiene por objetivo establecer los lineamientos y procedimientos armonizados para el registro y control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola (PQUA); orientar su uso y manejo correcto en el marco de las buenas prácticas agrícolas; prevenir y minimizar riesgos a la salud y al ambiente; asegurar la eficacia biológica del producto; y, facilitar su comercio en la Subregión;
Que, la invocada Decisión 804, en el artículo 5, ordena: «La ANC con las respectivas autoridades nacionales de los sectores de agricultura, de salud y de ambiente, y otras que correspondan, establecerá los mecanismos de interacción que sean necesarios para el cumplimiento de los requisitos y procedimientos de registro y control establecidos en la presente Decisión, sin perjuicio de las competencias que corresponda ejercer a cada entidad en el control de las actividades vinculadas con los PQUA.»;
Que, la Resolución No. 2075 de 1 de agosto de 2019 de la Comunidad Andina de Naciones, en el artículo 1, resuelve «Adoptar el Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola contenido en el anexo que forma parte de la presente Resolución, correspondiendo a los Países Miembros su aplicación de conformidad con lo establecido en la Decisión 804»;
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Que, el referido «Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola contenido en el anexo que forma parte de la presente Resolución, correspondiendo a los Países Miembros su aplicación de conformidad con lo establecido en la Decisión 804», en la SECCIÓN 6, relacionada a la «CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA» señala en el numeral 2 que el Dictamen Técnico Toxicológico es el informe elaborado por la Autoridad de Salud, y deberá contener:
«a) La clasificación de peligros de los productos, la cual se debe realizar conforme al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
(SGA).
b) El resultado de la evaluación de la información toxicológica requerida para el TC y la respectiva formulación, que se realizará con base en los criterios toxicológicos establecidos en esta sección y que aplican para identificar los riesgos a la salud de las poblaciones expuestas.»;
Que, la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 4, prevé que la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de dicha Ley; siendo obligatorias las normas que dicte para su plena vigencia;
Que, el Código Orgánico Administrativo, en el artículo 69, prevé que los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: «1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes (…)»;
Que, conforme lo establece el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, «Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades y órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial. Los delegados de las autoridades y funcionarios de la Administración Pública Central e Institucional en los diferentes órganos y dependencias administrativas, no requieren tener calidad de funcionarios públicos.»;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1290 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 788 de 13 de septiembre de 2012, se creó la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez como persona jurídica de derecho público, con independencia administrativa, económica y financiera, adscrita al Ministerio de Salud Pública;
Que, a través de Decreto Ejecutivo No. 1018 expedido el 21 de marzo de 2020, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 195 de 4 de mayo de 2020, el Presidente Constitucional de la República designó al doctor Juan Carlos Zevallos López como Ministro de Salud Pública;
Que, la Resolución No. 262 publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 843 de 19 de enero de 2017, a través de la cual AGROCALIDAD expidió la «Norma
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Complementaria para facilitar la aplicación de la Decisión 804 de la Comunidad Andina relativa al Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola», en cuyo artículo 2 se refiere al Comité Técnico Nacional de Plaguicidas (CTNP) del cual es miembro el Ministerio de Salud Pública, determinando que éste es el ente técnico que evalúa los resultados del análisis de los expedientes previo al registro de plaguicidas químicos de uso agrícola, trata temas técnicos referentes al registro y control de los mismos en base a la Decisión 804 de la CAN, en el ámbito agronómico, lexicológico y eco toxicológico;
Que, el artículo 19 de la citada Resolución No. 262, respecto al registro de plaguicidas, dispone: «(,..) Evaluación Técnica.- Una vez realizada la verificación de la documentación habilitante, AGROCALIDAD iniciará la etapa de evaluación técnica. El CTNP, a través de la secretaría conformará mensualmente el grupo de análisis respectivo y enviará copia del expediente al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Salud Pública para que realicen la respectiva evaluación en el área de su competencia. (…).»;
Que, el informe técnico No. 03-DNVE-2020 de 23 de enero de 2020, aprobado por los Subsecretarios Nacionales de Vigilancia de la Salud Pública, Encargado y de Promoción de la Salud e Igualdad, señala que: «(…) Conforme lo dispone la Decisión 804 de la Comunidad Andina (Norma Supra) que tiene por objeto establecer los lincamientos y procedimientos armonizados para el registro y control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola (PQUA) y de acuerdo a la Resolución 2075 de la misma Comunidad Andina, en la que se establece que la expedición del certificado de registro de un PQUA corresponde al representante de Agricultura, en su calidad de Autoridad Nacional Competente (ANC), apoyado en los resultados de la evaluación agronómica, toxicológica y ecotoxicología que demuestren que los beneficios superan los riesgos que conlleva el uso de un plaguicida; es así que para dicho registro, la ANC precisa contar con informes técnicos para la toma de decisiones, siendo uno de estos informes el «Dictamen Técnico Toxicológico» elaborado por la Autoridad Sanitaria Nacional. (…).»;
Que, es necesario delegar a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria-ARCSA, a fin de que se encargue de emitir el dictamen técnico toxicológico para el registro de un Plaguicida Químico de Uso Agrícola – PQUA, competencia dada al Ministerio de Salud Pública a través de Norma Supra;
Que, mediante memorando No. MSP-VGVS-2020-0111-M de 12 de febrero de 2020, el Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, en funciones a la fecha, remitió el antes citado informe técnico y solicitó expedir el presente Acuerdo Ministerial;
Que, con memorando No. MSP-CGAJ-2020-0144-M de 27 de febrero de 2020, la Coordinación General de Asesoría Jurídica remitió al Viceministerio de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, el Acuerdo Ministerial con el que se delega a la ARCSA realice la evaluación toxicológica de los PQUA, a fin de que se proceda a la recolección de las súmulas correspondientes, procedimiento que no ha sido ejecutado; y,
Que, a través de memorando No. MSP-SNVSP-2020-1086 de 25 de mayo de 2020, la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, solicita remitir nuevamente el Acuerdo Ministerial mediante el cual se delega a la ARCSA para que realice la evaluación toxicológica de los Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola – PQUA.
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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 154, NUMERAL 1, DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y 69 DEL CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO
ACUERDA:
Art. 1.- Delegar a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez, para que realice la evaluación toxicológica de los Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola – PQUA.
Art. 2.- La Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez, una vez realizada la evaluación toxicológica de los Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola – PQUA, emitirá el correspondiente «Dictamen Técnico Toxicológico».
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese a la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, a través de las Direcciones Nacionales de Control Sanitario y de Vigilancia Epidemiológica; a la Subsecretaría Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad, a través de la Dirección Nacional de Ambiente y Salud; y, a la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA.
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N°- 0 0 0 2 4-2020
EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA
Considerando:
Que, la Constitución de la República, en el artículo 3, numeral l establece como deber primordial del Estado; «Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, lo salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.’1;
Que, la citada Constitución de la República, en el artículo 32, dispone: «La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y reproductiva, La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.»;
Que, el artículo 226 de la Constitución establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;
Que, el Sistema Nacional de Salud comprende, las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarca todas las dimensiones del derecho a la salud; garantiza la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y, propicia la participación ciudadana y el control social, conforme lo previsto en el artículo 359 de la Norma Suprema;
Que, la Norma Constitucional, en el artículo 360 prevé que la a Red Pública Integral de Salud es parte del Sistema Nacional de Salud conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.
Que, la Norma Suprema, en el artículo 361, ordena al Estado ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, responsable de formular la política nacional de salud, y de normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector;
Que, el artículo 363 numeral 7 de la Constitución de la República establece; «El Estado será responsable de: Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales»;
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Que, el artículo 389 de la Constitución establece que el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres y la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad;
Que, el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), tiene como propósito proteger la salud pública, previniendo la diseminación de enfermedades, estableciendo la población de los países de modificación a la OMS todos los eventos que ocurran en su territorio y que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional;
Que, la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 4, prevé que la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de dicha Ley; siendo obligatorias las normas que dicte para su plena vigencia;
Que, el numeral 11 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud establece entre las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública: «11. Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en grave riesgo y solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, como consecuencia de epidemias, desastres u otros que pongan en grave riesgo la salud colectiva; (…).»;
Que, el literal j) del artículo 7 de la norma ibídem determina que toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud el derecho de ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo previos;
Que, el literal d) del artículo 9 de la referida Ley Orgánica de Salud dispone que le corresponde al Estado adoptar las medidas necesarias que garanticen en caso de emergencia sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios para afrontarla,.haciendo uso de los mecanismos previstos en los convenios y tratados internacionales y la legislación vigente;
Que, el artículo 154 de la Ley Orgánica de Salud dispone: «El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los económicos y comerciales (…)»;
Que, de conformidad con el artículo 259 ibídem la emergencia sanitaria se define como: «toda situación de riesgo de afección de la salud originada por desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticas, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico que favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con movilización de recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de las poblaciones más vulnerables»;
Que, el numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece; «Situaciones de emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito a nivel nacional sectorial o institucional. Una situación de emergencia, es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva»;
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Que, la Sección II de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en situaciones de Emergencia, manda: «Artículo 57.- Procedimiento.- Para atender los situaciones de emergencia definidos en el número 31 del articulo 6 de esta ley, previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o en general lo máxima autoridad de lo entidad deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia, para justificar la contratación. Dicha resolución se publicará en el Portal de Compras Públicas»;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1018 de 21 de marzo de 2020, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 195 de 04 de mayo de 2020, el Presidente Constitucional de la República designó al doctor Juan Carlos Zevallos López, Ministro de Salud Pública;
Que, a través de Decreto Ejecutivo No. 1074 de 15 de junio de 2020, el Presidente de la República declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por la presencia del COVID-19 en el Ecuador y por la emergencia económica sobreviviente a la emergencia sanitaria que atraviesa el Estado ecuatoriano, a fin de poder, entre otros aspectos, continuar con el control de la enfermedad a través de medidas excepcionales necesarias para mitigar el contagio masivo;
Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de su Director General declaró el brote de coronavirus como pandemia global, pidiendo a los países intensificar las acciones para mitigar su propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud, y salvar vidas;
Que, el punto 3.1 del Manual del Comité de Operaciones de Emergencias-COE contenido en la Resolución No, SGR-142-2017 define a la emergencia como: «Un evento que pone en peligro a las personas, los bienes o a la continuidad de los servicios en una comunidad y que requiere una respuesta inmediata y eficaz a través de las entidades locales»;
Que, el punto 3.2 del Manual del Comité de Operaciones de Emergencias-COE contenido en la Resolución No. SGR-142-2017 establece la calificación de eventos o situaciones peligrosas de conformidad con el índice de calificación del grado de afectación o de posible afectación en el territorio, la población, los sistemas y estructuras, así como la capacidad de las instituciones para la respuesta humanitaria a la población afectada; y,
Que, con Oficio Nro. MSP-MSP-2020-1424-O de 15 de junio de 2020, el Ministro de Salud Pública, una vez finalizado el Estado de Excepción por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, informó a la Secretaria General de la Presidencia de la República, Encargada, la necesidad de mantener las medidas excepcionales que impidan la propagación de dicha enfermedad.
EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 154, NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
Acuerda:
Art. 1- Declarar el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa, ante la transmisión comunitaria del COVID-19 en las veinticuatro (24) provincias del país y la posible necesidad de hospitalización o atención en cuidados intensivos de la población.
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Art. 2.- Disponer que los establecimientos de salud pertenecientes a la Red Pública Integral de Salud, durante la vigencia de la presente declaratoria, procedan a priorizar los recursos económicos, de talento humano; y, demás medidas que se estimen necesarias para afrontar la presente declaratoria de emergencia.
Art. 3,- Convocar a los máximos representantes de las instituciones que forman parte de la Red Pública Integral de Salud y de la Red Privada Complementaria, a conformar la mesa de técnica de respuesta frente al COViD-19, presidida por el Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud.
Art. 4.- Disponer que la Red Pública Integral de Salud, la Red Privada Complementaria y demás establecimientos de salud privados, mantengan y actualicen la notificación a la Autoridad Sanitaria Nacional, sobre pacientes que presenten síntomas o afecciones y que hayan recibido atención médica relacionada con el COVID-19, a través del sistema informático disponible para el efecto.
Art. 5.- Disponer que los prestadores de salud, tanto de la Red Pública Integral de Salud, la Red Privada Complementaria y demás establecimientos de salud privados, garanticen la oportuna y eficaz atención médica y la disponibilidad de los recursos para el diagnóstico y tratamiento integral de los usuarios o pacientes relacionados con el COVID-19.
Art. 6.- La Autoridad Sanitaria Nacional informará a la Autoridad Nacional de Control Migratorio sobre las medidas preventivas frente al COVID-19, mismas que se aplicarán a los ciudadanos que ingresen y salgan del territorio ecuatoriano.
Art. 7- La Autoridad Sanitaria Nacional expedirá, en forma periódica, los lineamientos sanitarios y medidas de prevención de contagio del COVID-19, a fin que las autoridades competentes procedan con las debidas regulaciones y controles.
Art. 8.- La Autoridad Sanitaria Nacional conforme su competencia en materia de Salud Pública y manejo clínico de los pacientes, actualizará y emitirá los protocolos, normas técnicas y demás instrumentos aplicables para la atención de la presente emergencia.
Art. 9.- Se dispone a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) actualice las regulaciones referentes a la producción nacional de medicamentos y dispositivos médicos necesarios para la atención de la emergencia y que, a su vez, priorice la atención a los procesos de regulación en curso.
Art. 10.- Dentro de las adquisiciones que se deriven de la presente emergencia sanitaria, se aplicarán de manera obligatoria los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, buscando que dichas contrataciones sean transparentes a fin de salvaguardar los recursos públicos.
Respecto a las adquisiciones que se realicen desde Planta Central del Ministerio de Salud Pública necesarias para atender la Emergencia Sanitaria, se aplicará de manera exclusiva los procedimientos de régimen común previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación y demás normativa emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP.
En cuanto a las contrataciones previstas por las Entidades Operativas Desconcentradas (EOD’s) de este Portafolio de Estado para atender la presente Emergencia Sanitaria, cada autoridad se responsabilizará por los procedimientos legales a ser utilizados para las adquisiciones de bienes o servicios. Se exceptúa las contrataciones de obras y consultoría, las cuates deberán ser realizadas por procedimiento de régimen común previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación y demás normativa emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP.
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Art. 11.- Disponer que la elaboración de convenios marco o específicos cuyo objeto sea inherente a aspectos derivados de la presente emergencia sanitaria, y, que en estos no exista erogación de recursos, se motiven únicamente con el informe técnico que sustente el mismo, a más de la solicitud de elaboración del instrumento por parte de la unidad requirente. En caso de que el convenio marco o específico, genere la erogación de recursos por parte del Ministerio de Salud Pública, se deberá agregar a los requisitos antes señalados, la certificación presupuestaria para el efecto.
Todos los convenios en los que exista utilización de recursos económicos deberán ser liquidados mediante la suscripción de un Acta de Liquidación y Finiquito, para lo cual el administrador del convenio remitirá a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, el informe técnico económico, en el cual conste que no existen obligaciones pendientes o injustificadas entre las partes. No se suscribirá la referida acta en aquellos convenios y demás instrumentos que estipulen una recepción definitiva u otra liquidación que no prevea erogación de recursos.
Art. 12.- La presente Declaratoria de Emergencia Sanitaria, tendrá como duración el plazo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1074 de 15 de junio de 2020, pudiendo extenderse en caso de ser necesario.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA: La Autoridad Sanitaria Nacional emitirá las directrices de prevención y cuidado frente al COVID-19 en los ámbitos de educación, educación superior, inclusión económica y social, turismo, producción, trabajo, telecomunicaciones, transporte, economía y finanzas, y otros que ameriten, a fin de que las autoridades correspondientes adopten las medidas necesarias.
SEGUNDA: Mediante el presente instrumento se activa la mesa de trabajo 2 de Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional, la cual coordinara con los Gobiernos Autónomos Descentralizados las directrices para la aplicación del presente Acuerdo Ministerial.
TERCERA: La Autoridad Sanitaria Nacional remitirá a la Presidencia de la República, el estado de situación de la emergencia declarada con ocasión del COVID-19.
CUARTA: Se prohíbe expresamente a todas las empresas de seguros de salud privada y a empresas de medicina pre-pagada que limiten la cobertura para la adecuada evaluación, atención y tratamiento al usuario-paciente afectado por el COVID-19.
QUINTA: Como adopción de medidas de prevención en el COVID-19, se promoverá el uso de mecanismos como teletrabajo, teleducación, entre otros, con el objetivo de evitar la propagación del virus.
SEXTA: Se delega al Coordinador General Administrativo Financiero, para que en nombre de esta autoridad suscriba 3 partir de la presente fecha todos los actos administrativos, actos de simple administración, y demás instrumentos jurídicos dentro de los procedimientos de contratación realizados en el marco de la Emergencia Institucional declarada mediante Resolución No. 00026-2020 de 18 de marzo de 2020.
SÉPTIMA: Las Entidades Operativas Desconcentradas (EOD’s) de este Portafolio de Estado, deberán reportar a su respectiva Coordinación Zonal, las contrataciones que realicen en el marco de la presente Emergencia Sanitaria de manera semanal.
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DISPOSICIÓN FINAL
De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese al Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud Pública; y, al Viceministro de Atención Integral en Salud, a través de sus instancias técnicas competentes.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 16 JUN. 2020
12 – Miércoles 17 de junio de 2020 Edición Especial N° 679 – Registro Oficial
No 00021 -2020
EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 3, dispone entre los deberes primordiales del Estado: «1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes»;
Que, el artículo 32 de la Constitución de la República dispone que: «La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.»;
Que, la Norma Suprema, en el artículo 361, ordena al Estado ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, responsable de formular la política nacional de salud, y de normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector;
Que, la Decisión 804 de 24 de abril de 2015 de la Comunidad Andina de Naciones, publicada en el Registro Oficial No. 558 de 4 de agosto de 2015, que modifica la Decisión 436 de 11 de junto de 1998, tiene por objetivo establecer los lineamientos y procedimientos armonizados para el registro y control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola (PQUA); orientar su uso y manejo correcto en el marco de las buenas prácticas agrícolas; prevenir y minimizar riesgos a la salud y al ambiente; asegurar la eficacia biológica del producto; y, facilitar su comercio en la Subregión;
Que, la invocada Decisión 804, en el artículo 5, ordena: «La ANC con las respectivas autoridades nacionales de los sectores de agricultura, de salud y de ambiente, y otras que correspondan, establecerá los mecanismos de interacción que sean necesarios para el cumplimiento de los requisitos y procedimientos de registro y control establecidos en la presente Decisión, sin perjuicio de las competencias que corresponda ejercer a cada entidad en el control de las actividades vinculadas con los PQUA.»;
Que, la Resolución No. 2075 de 1 de agosto de 2019 de la Comunidad Andina de Naciones, en el artículo 1, resuelve «Adoptar el Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola contenido en el anexo que forma parte de la presente Resolución, correspondiendo a los Países Miembros su aplicación de conformidad con lo establecido en la Decisión 804»;