Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Miércoles 03 de junio de 2020 (R. 626, 03– junio -2020)EDICIÓN ESPECIAL
EDICIÓN ESPECIAL
SUMARIO:
Págs.
FUNCIÓN JUDICIAL Y JUSTICIA INDÍGENA
RESOLUCIONES:
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA:
03-2020 Realícese únicamente los actos urgentes con la finalidad de obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito
04-2020 Suspéndese los plazos o términos previstos en la Ley para los Procesos Judiciales, en las judicaturas en las que se encuentra suspendida la atención al público en virtud de la Resolución No. 028-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
05-2020 Déjese sin efecto la Resolución No. 04-2020 de conformidad con la Resolución No. 045-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura
06-2020 Establécese la conexión para el caso de las audiencias telemáticas y en general para el teletrabajo, sin alterar la competencia territorial del Juez o Tribunal, en virtud de las restricciones de movilidad existentes por la emergencia sanitaria a causa del Covid-19 o imposibilidad física debidamente justificada………………
RESOLUCIÓN No. 03-2020
LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece como función del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, la de expedir resoluciones en caso de duda u obscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la ley;
Que el artículo 76 de la Constitución de la República manda: «en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (…) d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento».
Que el artículo 13 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: «Las actuaciones o diligencias judiciales serán públicas, salvo los casos en que la ley prescriba que sean reservadas. De acuerdo a las circunstancias de cada causa, los miembros de los tribunales colegiados podrán decidir que las deliberaciones para la adopción de resoluciones se lleven a cabo privadamente».
Que el inciso primero y segundo del artículo 444,14 del Código Orgánico Integral Penal determina entre las atribuciones de la o el fiscal: «Disponer la práctica de las demás diligencias investigativas que considere necesarias. Siempre que se limiten los derechos de alguna persona se requerirá autorización de la o el juzgador…»
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Que el artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal, regula: «Actuaciones fiscales urgentes.- En los casos de ejercicio público o privado de la acción en que se requiere obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito, la o el fiscal podrá realizar actos urgentes y cuando se requiera autorización judicial se solicitará y otorgará por cualquier medio idóneo como fax, correo electrónico, llamada telefónica, entre otros, de la cual se dejará constancia en el expediente fiscal».
Que el artículo 584 ibídem determina: «Reserva de la investigación. Las actuaciones de la Fiscalía, de la o el juzgador, del personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, la Policía Nacional, y de otras instituciones que intervienen en la investigación previa, se mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten.» Igualmente el artículo 490 del citado cuerpo normativo reconoce: «Principio de reserva judicial.- La o el juzgador competente, por pedido de la o el fiscal y tomando en consideración los derechos de los participantes en el desarrollo de la investigación, podrá disponer que las técnicas de investigación se mantengan en reserva durante los plazos determinados en este Código».
Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso BARRETO LEIVA VS. VENEZUELA, ha desarrollado el siguiente argumento: «…45. Es admisible que en ciertos casos exista reserva de las diligencias adelantadas durante la investigación preliminar en el proceso penal, para garantizar la eficacia de la administración de justicia. Asiste al Estado la potestad de construir un expediente en búsqueda de la verdad de los hechos, adoptando las medidas necesarias para impedir que dicha labor se vea afectada por la destrucción u ocultamiento de pruebas. Sin embargo, esta potestad debe armonizarse con el derecho de defensa del investigado, que supone, inter alia, la posibilidad de conocer los hechos que se le imputan».
Que de la normativa antes expuesta se infiere que no todas las actuaciones, actuaciones especiales y técnicas especiales de investigación pueden arribar a la categoría de acto
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urgente, sino solo aquellos actos de investigación que requieren atención inmediata para obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito, delimitación que debe ser realizada por Fiscalía en aplicación del principio de objetividad; y, por el órgano jurisdiccional, cuando es necesaria la autorización judicial, materializando la garantía de motivación y en función de los principios de imparcialidad e independencia. No todos los actos urgentes tienen la misma naturaleza dentro de una investigación, así por ejemplo un reconocimiento del lugar de los hechos, no tiene la misma connotación que una interceptación de llamadas o un allanamiento; por tanto, la naturaleza de ciertos actos urgentes determina la aplicación de la reserva de la investigación como garantía normativa vigente en la estructura procesal penal.
Que existen dudas entre juezas, jueces y fiscales del país en cuanto a si se deben o no notificar los actos urgentes a la persona investigada.
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial,
RESUELVE:
Art. 1.- Los actos urgentes se realizan únicamente con la finalidad de obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito.
La reserva reconocida en el Código Orgánico Integral Penal, es aplicable a los actos urgentes conforme al caso concreto y a la naturaleza del acto,
Art. 2.- La o el fiscal en su fundamentación debe justificar por qué la finalidad y eficacia de determinado acto urgente estaría comprometida si no se aplica el principio de reserva.
Cuando se requiera autorización judicial, la jueza o el juez ante el pedido fundamentado de Fiscalía, debe motivar su decisión de conceder la práctica de determinado acto urgente y de ser el caso, las razones del porqué resuelve aplicar el principio de reserva.
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Art. 3.- La presente resolución tendrá el carácter de general y obligatoria mientras la Ley no disponga lo contrario y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Publíquese en el Registro Oficial y en la Gaceta Judicial,
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a los cuatro días del mes de marzo
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RESOLUCIÓN No. 04-2020
LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional, por medio del Acuerdo Ministerial No. 126-2020 de 11 de marzo del 2020, suscrito por la Ministra de Salud Pública, declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el país con el fin de impedir la propagación del COVID-19; disponiendo además que a partir del día martes 17 de marzo queda restringida la circulación de personas en el territorio nacional;
Que debido a la emergencia sanitaria el Pleno del Consejo de la Judicatura, con Resolución No. 028-2020 de 14 de marzo del 2020 dispuso restringir por cinco días laborales desde el 16 de marzo del 2020 el ingreso y atención al público en las dependencias judiciales, «…con excepción de las unidades judiciales con competencia en materia de flagrancia: penal, violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, transito; adolescentes infractores; unidades multicompetentes y garantías penitenciarias, debiendo sujetarse a los turnos preestablecidos…»;
Que igualmente la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública en el ejercicio de sus facultades han adoptado medidas para restringir la atención al público y la asistencia al lugar de trabajo del personal de esas dependencias a partir del día lunes 16 de marzo del 2020;
Que los días de suspensión de atención al público en la Función Judicial no constituyen días hábiles de conformidad con lo previsto en el Art. 78 del Código Orgánico General de Procesos, y además por cuanto estas medidas restringen
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el adecuado despliegue del ejercicio del derecho básico a la defensa de partes o sujetos procesales; y,
Que la Corte Nacional de Justicia, como máximo órgano de administración de justicia ordinaria del país, tiene la obligación de precautelar el ejercicio de la función jurisdiccional y el ejercicio de los derechos de los justiciables
En ejercicio de las facultades que le confiere la ley;
RESUELVE:
Art. 1.- En las judicaturas en las que se encuentra suspendida la atención al público en virtud de la Resolución No. 028-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, a partir del día lunes 16 de marzo del 2020 y mientras dure el estado de emergencia sanitaria, quedan suspendidos los plazos o términos previstos en la Ley para los procesos judiciales.
Dicha suspensión no aplicará a los casos de infracciones flagrantes.
Art. 2.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Publíquese en el Registro Oficial y en la Gaceta Judicial.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veinte.
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RAZÓN: Siento como tal que las cuatro (4) fojas selladas y numeradas que anteceden son copia igual a sus originales tomadas del libro de sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia.- Certifico, Quito 22 de mayo de 2020
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RESOLUCIÓN No. 05-2020
LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Salud Pública, mediante Acuerdo Ministerial No. 0012 de 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional; y, el Presidente Constitucional de la República, en Decreto No. 1710 de 16 de marzo de 2020 estableció el estado de excepción por calamidad pública a nivel nacional, debido a la pandemia mundial del COVID-19;
Que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en Resolución No. 04-2020 de 16 de marzo de 2020, dispuso que en las judicaturas en las que se encuentra suspendida la atención al público en virtud de la Resolución No. 028-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, a partir del día lunes 16 de marzo del 2020 y mientras dure el estado de emergencia sanitaria, quedan suspendidos los plazos o términos previstos en la Ley para los procesos judiciales, con excepción de los casos relativos a infracciones flagrantes;
Que el Consejo de la Judicatura, en Resolución No. 031-2020 de 17 de marzo de 2020 dispuso:» … la suspensión de la jornada laboral a las y los servidores que integran la Función Judicial, en los órganos administrativos, jurisdiccionales, autónomos y auxiliares, mientras dure el estado de excepción…»;
Que corresponde al Consejo de la Judicatura elaborar el Plan de Retorno a las Actividades Jurisdiccionales que contemple: a) elaboración de protocolos de bioseguridad; b) organización de sistemas de atención por turnos o franjas horarias en consideración al aforo de las unidades judiciales a fin de evitar aglomeraciones; y, c) adopción, en la medida de lo posible, del uso de medios telemáticos para el
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intercambio de información, ingreso de documentación y solicitudes a los procesos judiciales, así como para la realización de las audiencias;
Que el Consejo de la Judicatura mediante Resolución No. 045-2020 de 7 mayo de 2020, dispone que a partir del 11 de mayo de 2020 se restablecen parcialmente las actividades jurisdiccionales en la Corte Nacional de Justicia y en las Cortes Provinciales de Justicia para el despacho de los procesos judiciales que se encuentren en trámite tanto en el sistema oral como en el escrito e implementado ventanillas físicas y electrónicas para la presentación de escritos en dichas dependencias;
Que las circunstancias en la que se expidió la Resolución No. 04-2020 han variado, por lo que es necesario establecer nuevos lineamientos y reglas para la aplicación de la suspensión de términos y plazos, acorde la situación de cada jurisdicción;
En ejercicio de las facultades que le confiere la ley;
RESUELVE:
Art. 1.- De conformidad con la Resolución No. 045-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura que «restablece parcialmente las actividades jurisdiccionales en la Corte Nacional de Justicia y Cortes Provinciales de Justicia», se deja sin efecto la Resolución No. 04-2020 para los procesos que se tramitan en dichas dependencias, cuyos términos o plazos se habilitan desde el 11 de mayo del 2020.
Art. 2.- Se mantienen suspendidos los plazos o términos en los procesos judiciales que se encuentran en trámite ante jueces o tribunales cuyas actividades no han sido restablecidas por el Consejo de la Judicatura.
Esta suspensión no aplica a los casos de infracciones flagrantes y garantías jurisdiccionales.
Los plazos o términos se habilitarán en la fecha de restablecimiento de las actividades jurisdiccionales en dichas dependencias, cuando así lo disponga el Consejo de la Judicatura.
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Art. 3.- En razón del estado de emergencia sanitaria y la declaratoria de estado de excepción, esta resolución regirá a partir de la fecha de su expedición sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Publíquese en el Registro Oficial y en la Gaceta Judicial.
Dado a los ocho días del mes de mayo del año dos mil veinte.
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RESOLUCIÓN No. 06-2020
LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
CONSIDERANDO
Que el artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece como función del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, expedir resoluciones en caso de duda u obscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la ley;
Que el artículo 75 de la Constitución de la República determina que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; y, que en ningún caso quedará en indefensión;
Que la Constitución de la República, en su artículo 76.3 reconoce el derecho al debido proceso, siendo una de sus expresiones la legalidad, que por un lado determina que la norma punitiva, exista y sea conocida o pueda serlo antes de que ocurra el acto o la omisión que la contravienen y, por otro, la necesidad de que dentro del ordenamiento jurídico exista un procedimiento aplicable al caso concreto claramente preestablecido;
Que el artículo 167 de la Constitución de la República determina que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se la ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución, y el artículo 169 ibídem establece que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia;
Que los artículos 7, 151 y 157 del Código Orgánico de la Función Judicial, establecen que la jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con la intervención directa de fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus funciones.
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Que el artículo 150 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que la jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y jueces de conformidad con la Constitución y la ley. Se ejerce según las reglas de la competencia en la forma prevista en el artículo 151 del citado Código.
Que conforme al artículo 152 del Código Orgánico de la Función Judicial, la jurisdicción nace por el nombramiento efectuado conforme a la Constitución y la ley y su ejercicio empieza en el momento en que la jueza o el juez toman posesión de su función y entra a su servicio efectivo;
Que el artículo 163 ibídem, en su numeral 2, determina: «Fijada la competencia con arreglo a la ley ante la jueza, juez o tribunal competente, no se alterará por causas supervinientes…»;
Que el teletrabajo está admitido en nuestra legislación como un sistema valido para la prestación de servicios que incluye al sector público, así el Acuerdo Ministerial No. 076-2020 de 12 de marzo del 2020 contiene las directrices del Ministerio del Trabajo para regular la modalidad del teletrabajo durante la emergencia sanitaria;
Que juezas y jueces del país tienen dudas respecto a que si se altera o no la competencia territorial por establecer conexión para audiencias o diligencias de forma telemática en un lugar físico distinto al de su jurisdicción por la imposibilidad de movilización en virtud del estado de excepción;
Que la facultad jurisdiccional nace desde el momento en que la jueza o juez es posesionado por autoridad competente;
Que en condiciones normales, la jueza o juez labora desde su despacho en las unidades judiciales, tribunales distritales o cortes, espacio físico donde presta sus servicios; sin embargo, la situación actual de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha creado nuevos paradigmas no previstos en la legislación, como el caso del juzgador que por la imposibilidad física de concurrir al despacho asignado para ejercer sus funciones por las restricciones de movilidad o por encontrarse entre los grupos de atención prioritaria, instala una audiencia o ejerce actividades jurisdiccionales a través de medios tecnológicos;
Que las causa por la cuales se suspende o se pierde definitivamente la potestad jurisdiccional y la competencia están previstas en los artículos 153, 154, 164 y 165 del
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Código Orgánico de la Función Judicial, sin que el hecho de que realice una actuación judicial o una audiencia telemática conectándose desde un lugar distinto a su despacho, aun cuando éste se encuentre fuera de la ciudad sede de su judicatura, no significa que ha perdido competencia;
Que el numeral 10 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial es una norma funcional, orientada a garantizar el adecuado despliegue de las funciones de los servidores judiciales, cuyo acatamiento se encuentra en la esfera de control del Consejo de la Judicatura; mientras que aclarar la duda u obscuridad sobre la jurisdicción y competencia en las circunstancias excepcionales antes descritas, conforme a la normativa aplicable (artículos 153, 154, 164 y 165 del Código Orgánico de la Función Judicial), corresponde al Pleno de la Corte Nacional de Justicia;
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial,
RESUELVE:
Artículo 1.- El lugar en donde la jueza, juez o tribunal establezca su conexión para el caso de las audiencias telemáticas y en general para el teletrabajo, no altera su competencia territorial, en virtud de las restricciones de movilidad existentes por la emergencia sanitaria a causa del Covid-19 o imposibilidad física debidamente justificada.
Artículo 2.- En razón del estado de emergencia sanitaria y la declaratoria de estado de excepción, esta resolución regirá a partir de la fecha de su expedición sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
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Dado a los trece días del mes de mayo del año dos mil veinte.
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