Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Viernes19 de octubre de 2018 (R. O.62, 19 -octubre -2018) Edición Constitucional

SUMARIO:

Págs.

CORTE CONSTITUCIONAL DEL

ECUADOR

DICTAMEN:

013-18 -……………………………………………………………………….. DTI-CC Declárese que la «Convención lnteramericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia», requiere aprobación legislativa previa por parte de la Asamblea Nacional

CORTE CONSTITUCIONAL DEL

ECUADOR

SALA DE ADMISIÓN:

CAUSA:

0023-18-IN Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos.- Legitimado activo: Manuel Muñoz Araque y otro

TOMO I

2 – Viernes 19 de octubre de 2018 Edición Constitucional Nº 62 – Registro Oficial

Quito, D. M.,18 de julio de 2018DICTAMEN N.° 013-18-DTI-CC

CASO N.° 0021-17-TI

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La doctora Johana Pesantez Benítez, secretaria general jurídica de la Presidencia de la República, mediante oficio N.° T.176-SGJ-17-0499, recibido en este Organismo el 4 de diciembre de 2017, remitió copia certificada de la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia”, adoptada en la ciudad de La Antigua, Guatemala, el 5 de junio de 2013, durante el Cuadragésimo Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos¹.

En el referido oficio N.° T.176-SGJ-17-0499, la secretaria general jurídica de la Presidencia de la República se refiere a las atribuciones de la Corte Constitucional del Ecuador establecidas en los artículos 108 y 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, respecto a los tratados internacionales, esto es, el análisis de si estos requieren o no aprobación legislativa y la emisión del respectivo dictamen de constitucionalidad de su contenido.

En virtud del sorteo de causas constitucionales efectuado el 13 de diciembre de 2017, durante la sesión ordinaria del Pleno de la Corte Constitucional, y de conformidad con el artículo 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el artículo 29 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, correspondió conocer y sustanciar la presente causa a la jueza.

¹ http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A- 68_racismo_firmas.asp

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constitucional doctora Tatiana Ordeñana Sierra, quien dictó el respectivo auto de avoco conocimiento el 27 de marzo de 2018, que obra a foja 10 del expediente constitucional.

De esta manera, la jueza constitucional sustanciadora, en su informe aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional el 16 de mayo de 2018, respecto a la necesidad de contar con la aprobación legislativa previo a la ratificación del Estado Ecuatoriano sobre la «Convención ínter americana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia»² determinó que «tomando en consideración el contenido del instrumento internacional sub examine, el cual establece estándares internacionales en materia de protección y promoción de los derechos humanos, proscribiendo toda forma de racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia; se concluye que, por su objeto y regulación, la presente Convención guarda relación directa con el numeral cuarto del artículo 419 de la Constitución de la República, el mismo que establece que los tratados internacionales que comprometan derechos y garantías establecidas en el texto constitucional, requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional para su ratificación».

Por su parte, el Pleno de la Corte Constitucional ordenó, según providencia de 16 de mayo de 2018, que consta a foja 24 del expediente constitucional, la publicación de la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia», en el Registro Oficial y en el portal electrónico de la Corte Constitucional, de modo que cualquier ciudadano intervenga defendiendo o impugnando la constitucionalidad parcial o total del instrumento, en el término de diez días, contados a partir de la referida publicación.

Posteriormente, mediante memorando N.° 0813-CCE-SG-SUS-2018 de 15 de junio de 2018, el secretario general de la Corte Constitucional remitió la causa N.° 0021-17-TI a la jueza constitucional sustanciadora, doctora Tatiana Ordeñana Sierra, con el fin de que proceda a la elaboración del dictamen de constitucionalidad respectivo.

² En adelante se lo citará como «la Convención» o «el Convenio»

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TEXTO DEL INSTRUMENTO INTERNACIONAL

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA

LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN,

CONSIDERANDO que la dignidad inherente a toda persona humana y la igualdad entre los seres humanos son principios básicos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial;

REAFIRMANDO el compromiso determinado de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos con la erradicación total e incondicional del racismo, la discriminación racial y de toda forma de intolerancia, y la convicción de que tales actitudes discriminatorias representan la negación de valores universales como los derechos inalienables e inviolables de la persona humana y de los propósitos y principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Social de las Américas, la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos;

RECONOCIENDO la obligación de adoptar medidas en el ámbito nacional y regional para fomentar y estimular el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos tos individuos y grupos sometidos a su jurisdicción, sin distinción alguna por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico;

CONVENCIDOS de que los principios de la igualdad y de la no discriminación entre los seres humanos son conceptos democráticos dinámicos que propician el fomento de la igualdad jurídica efectiva y presuponen el deber del Estado de adoptar medidas especiales en favor de los derechos de los individuos o grupos que son víctimas de la discriminación racial, en cualquier esfera de actividad, sea privada o pública, a fin de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades y combatir la discriminación racial en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales;

CONSCIENTES de que el fenómeno del racismo exhibe una capacidad dinámica de renovación que le permite asumir nuevas formas de difusión y expresión política, social, cultural y lingüística;

TENIENDO EN CUENTA que las víctimas del racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia en las Américas son, entre otros, los afrodescendientes, los pueblos indígenas, así como otros grupos y minorías raciales, étnicas o que por su linaje u origen nacional o étnico son afectados por tales manifestaciones;

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CONVENCIDOS de que ciertas personas y grupos pueden vivir formas múltiples o agravadas de racismo, discriminación e intolerancia, motivadas por una combinación de factores como la raza, el color, el linaje, el origen nacional o étnico u otros reconocidos en instrumentos internacionales;

TENIENDO EN CUENTA que una sociedad pluralista y democrática debe respetar la raza, el color, el linaje o el origen nacional o étnico de toda persona, que pertenezca o no a una minoría, y crear condiciones apropiadas que le permitan expresar, preservar y desarrollar su identidad;

CONSIDERANDO que es preciso tener en cuenta la experiencia individual y colectiva de la discriminación para combatir la exclusión y marginación por motivos de raza, grupo étnico o nacionalidad, así como para proteger el plan de vida de los individuos y comunidades en riesgo de ser segregados y marginados;

ALARMADOS por el aumento de los delitos de odio cometidos por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico;

SUBRAYANDO el papel fundamental de la educación en el fomento del respeto a los derechos humanos, de la igualdad, de la no discriminación y de la tolerancia; y

TENIENDO PRESENTE que, aunque el combate al racismo y la discriminación racial haya sido priorizado en un instrumento internacional anterior, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965, es esencial que los derechos en ella consagrados sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos, a fin de consolidar en las Américas el contenido democrático de los principios de la igualdad jurídica y de la no discriminación,

ACUERDAN lo siguiente:

CAPÍTULO I

Definiciones

Artículo 1

Para los efectos de esta Convención:

1. Discriminación racial es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes.

La discriminación racial puede estar basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico.

2. Discriminación racial indirecta es la que se produce, en la esfera pública o privada, cuando una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico

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basado en los motivos establecidos en el artículo 1.1, o los pone en desventaja; a menos que dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.

3. Discriminación múltiple o agravada es cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción basada, de forma concomitante, en dos o más de los motivos mencionados en el artículo 1.1 u otros reconocidos en instrumentos internacionales que tenga por objetivo o efecto anular o limitar, el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes, en cualquier ámbito de la vida pública o privada.
4. El racismo consiste en cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas que enuncian un vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso concepto de la superioridad racial.

El racismo da lugar a desigualdades raciales, así como a la noción de que las relaciones discriminatorias entre grupos están moral y científicamente justificadas.

Toda teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas racistas descritos en el presente artículo es científicamente falso, moralmente censurable y socialmente injusto, contrario a los principios fundamentales del derecho internacional, y por consiguiente perturba gravemente la paz y la seguridad internacionales y, como tal, es condenado por los Estados Partes.

5. No constituyen discriminación racial las medidas especiales o acciones afirmativas adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales de grupos que así lo requieran, siempre que tales medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se perpetúen después de alcanzados sus objetivos.
6. Intolerancia es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Puede manifestarse como marginación y exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia contra ellos.

CAPÍTULO II

Derechos Protegidos

Artículo 2

Todo ser humano es igual ante la ley y tiene derecho a igual protección contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia en cualquier ámbito de la vida pública o privada.

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Artículo 3

Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en sus leyes nacionales y en el derecho internacional aplicables a los Estados Partes, tanto a nivel individual como colectivo.

CAPÍTULO III

Deberes del Estado

Artículo 4

Los Estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de esta Convención, todos los actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia, incluyendo:

i. El apoyo privado o público a actividades racialmente discriminatorias y racistas o que promuevan la intolerancia, incluido su financiamiento.

ii. La publicación, circulación o diseminación, por cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida la Internet, de cualquier material racista o racialmente discriminatorio que:

1. defienda, promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia;
2. apruebe, justifique o defienda actos que constituyan o hayan constituido genocidio o crímenes de lesa humanidad, según se definen en el derecho internacional, o promueva o incite a la realización de tales actos.

iii. La violencia motivada por cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.

iv. Actos delictivos en los que intencionalmente se elige la propiedad de la víctima debido a cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.

v. Cualquier acción represiva fundamentada en cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1, en vez de basarse en el comportamiento de un individuo o en información objetiva que lo identifique como una persona involucrada en actividades delictivas.

vi. La restricción, de manera irracional o indebida, del ejercicio de los derechos individuales de propiedad, administración y disposición de bienes de cualquier tipo en función de cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.

vii. Cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia aplicada a las personas con base en su condición de víctima de discriminación múltiple o agravada, cuyo objetivo o resultado sea negar o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos y libertades fundamentales, así como su protección, en igualdad de condiciones.

viii. Cualquier restricción racialmente discriminatoria del goce de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales y regionales apicables y en la

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jurisprudencia de las cortes internacionales y regionales de derechos humanos, en especial los aplicables a las minorías o grupos en condiciones de vulnerabilidad y sujetos a discriminación racial.

ix. Cualquier restricción o limitación al uso del idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades públicas o privadas.

x. La elaboración y la utilización de contenidos, métodos o herramientas pedagógicos que reproduzcan estereotipos o preconceptos en función de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.

xi. La denegación del acceso a la educación pública o privada, así como a becas de estudio o programas de financiamiento de la educación, en función de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.

xii. La denegación del acceso a cualquiera de los derechos sociales, económicos y culturales, en función de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.

xiii. La realización de investigaciones o la aplicación de los resultados de investigaciones sobre el genoma humano, en particular en los campos de la biología, la genética y la medicina, destinadas a la selección de personas o a la clonación de seres humanos, que prevalezcan sobre el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, generando cualquier forma de discriminación basada en las características genéticas.

xiv. La restricción o limitación basada en algunos de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención, del derecho de todas las personas a acceder o usar sosteniblemente el agua, los recursos naturales, los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecológicos que forman parte del patrimonio natural de cada Estado, protegido por los instrumentos internacionales pertinentes y por su propia legislación nacional.

xv. La restricción del ingreso a lugares públicos o privados con acceso al público por las causales recogidas en el artículo 1.1 de la presente Convención.

Artículo 5

Los Estados Partes se comprometen a adoptar las políticas especiales y acciones afirmativas para garantizar el goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de personas o grupos que sean sujetos de racismo, discriminación racial o formas conexas de intolerancia con el objetivo de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para estas personas o grupos. Tales medidas o políticas no serán consideradas discriminatorias ni incompatibles con el objeto o intención de esta Convención, no deberán conducir al mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más allá de un período razonable o después de alcanzado dicho objetivo.

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Artículo 6

Los Estados Partes se comprometen a formular y aplicar políticas que tengan por objetivo el trato equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas, de conformidad con el alcance de esta Convención, entre ellas, políticas de tipo educativo, medidas de carácter laboral o social, o de cualquier otra índole de promoción, y la difusión de la legislación sobre la materia por todos los medios posibles, incluida cualquier forma y medio de comunicación masiva e Internet.

Artículo 7

Los Estados Partes se comprometen a adoptar la legislación que defina y prohíba claramente el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, aplicable a todas las autoridades públicas, así como a todas las personas naturales o físicas y jurídicas, tanto en el sector público como en el privado, en especial en las áreas de empleo, participación en organizaciones profesionales, educación, capacitación, vivienda, salud, protección social, ejercicio de la actividad económica, acceso a los servicios públicos, entre otros; y a derogar o modificar toda legislación que constituya o dé lugar a racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia.

Artículo 8

Los Estados Partes se comprometen a garantizar que la adopción de medidas de cualquier tipo, incluidas aquellas en materia de seguridad, no discriminen directa ni indirectamente a personas o grupos de personas por ninguno de los criterios mencionados en el artículo 1.1 de esta Convención.

Artículo 9

Los Estados Partes se comprometen a asegurar que sus sistemas políticos y legales reflejen apropiadamente la diversidad dentro de sus sociedades a fin de atender las necesidades legítimas de todos los sectores de la población, de conformidad con el alcance de esta Convención.

Artículo 10

Los Estados Partes se comprometen a asegurar a las víctimas del racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia un trato equitativo y no discriminatorio, la igualdad de acceso al sistema de justicia, procesos ágiles y eficaces, y una justa reparación en el ámbito civil o penal, según corresponda.

Artículo 11

Los Estados Partes se comprometen a considerar como agravantes aquellos actos que conlleven una discriminación múltiple o actos de intolerancia, es decir, cuando cualquier distinción, exclusión o restricción se base en dos o más de los criterios enunciados en los artículos 1.1 y 1.3 de esta Convención.

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Artículo 12

Los Estados Partes se comprometen a llevar adelante estudios sobre la naturaleza, causas y manifestaciones del racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia en sus respectivos países, tanto en los ámbitos local, regional como nacional, y a recolectar, compilar y difundir datos sobre la situación de los grupos o individuos que son víctimas del racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia.

Artículo 13

Los Estados Partes se comprometen, de conformidad con su normativa interna, a establecer o designar una institución nacional que será responsable de dar seguimiento al cumplimiento de la presente Convención, lo cual será comunicado a la Secretaría General de la OEA.

Artículo 14

Los Estados Partes se comprometen a promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias, así como a ejecutar programas destinados a cumplir los objetivos de la presente Convención.

CAPÍTULO IV

Mecanismos de protección y seguimiento de la Convención

Artículo 15

Con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de los compromisos adquiridos por los Estados Partes en la presente Convención:

i. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la presente Convención por un Estado Parte. Asimismo, todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la presente Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Estatuto y Reglamento de la Comisión.

ii. Los Estados Partes podrán formular consultas a la Comisión en cuestiones relacionadas con la efectiva aplicación de la presente Convención. Asimismo, podrán solicitar a la Comisión asesoramiento y cooperación técnica para asegurar la aplicación efectiva de cualquiera de las disposiciones de la presente Convención. La Comisión, dentro de sus posibilidades, les brindará asesoramiento y asistencia cuando le sean solicitados.

iii. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar

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que reconoce como obligatoria y de pleno derecho y sin acuerdo especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Estatuto y Reglamento de la Corte.

iv. Se establecerá un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, el cual será conformado por un experto nombrado por cada Estado Parte quien ejercerá sus funciones en forma independiente y cuyo cometido será monitorear los compromisos asumidos en esta Convención. El Comité también se encargará de dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados que sean parte de la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

El Comité quedará establecido cuando entre en vigor la primera de las Convenciones y su primera reunión será convocada por la Secretaría General de la OEA tan pronto se haya recibido el décimo instrumento de ratificación de cualquiera de las convenciones. La primera reunión del Comité será celebrada en la sede de la Organización, tres meses después de haber sido convocada, para declararse constituido, aprobar su Reglamento y su metodología de trabajo, así como para elegir sus autoridades. Dicha reunión será presidida por el representante del país que deposite el primer instrumento de ratificación de la Convención con la que se establezca el Comité.

v. El Comité será el foro para el intercambio de ideas y experiencias, así como para examinar el progreso realizado por los Estados Partes en la aplicación de la presente Convención y cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado de cumplimento derivado de la misma. Dicho Comité podrá formular recomendaciones a los Estados Partes para que adopten las medidas del caso. A tales efectos, los Estados Partes se comprometen a presentar un informe al Comité dentro del año de haberse realizado la primera reunión, con relación al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Convención. Los informes que presenten los Estados Partes al Comité deberán contener, además, datos y estadísticas desagregados de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. De allí en adelante, los Estados Partes presentarán informes cada cuatro años. La Secretaría General de la OEA brindará al Comité el apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO V

Disposiciones generales

Artículo 16. Interpretación

1. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado en el sentido de restringir o limitar la legislación interna de los Estados Partes que ofrezca protecciones y garantías iguales o mayores a las establecidas en la Convención.
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado en el sentido de restringir o limitar las convenciones internacionales sobre derechos humanos que ofrezcan protecciones iguales o mayores en esta materia.

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Artículo 17. Depósito

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 18. Firma y ratificación

1. La presente Convención está abierta a la firma y ratificación por parte de todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. Después de que entre en vigor, todos los Estados que no la hayan firmado estarán en posibilidad de adherirse a la Convención.
2. Esta Convención está sujeta a ratificación por parte de los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación o adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 19. Reservas

Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de su firma, ratificación o adhesión, siempre que no sean incompatibles con el objeto y fin de la Convención y versen sobre una o más de sus disposiciones específicas.

Artículo 20. Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión de la Convención en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

2, Para cada Estado que ratifique o se adhiera a la Convención después de que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.

Artículo 21. Denuncia

La presente Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para dicho Estado, permaneciendo en vigor para los demás Estados Partes. La denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones impuestas por la presente Convención en relación con toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que la denuncia haya entrado en vigor.

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Artículo 22. Protocolos adicionales

Cualquier Estado Parte podrá someter a consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente otros derechos en el régimen de protección de la misma. Cada protocolo adicional debe fijar las modalidades de su entrada en vigor y se aplicará solamente entre los Estados Partes del mismo.

Intervenciones dentro de la presente causa

De la revisión del proceso no consta la comparecencia de la Asamblea Nacional, ni de la Procuraduría General del Estado, o representante de los mismos.

Intervención de la ciudadanía

Una vez publicada la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia» en la Edición Constitucional del Registro Oficial N.° 51 del 11 de junio de 2018; no se produjo intervención ciudadana para defender o impugnar la constitucionalidad del presente instrumento internacional.

Identificación de las normas constitucionales y normativa internacional pertinente

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Artículo 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.

El estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

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Artículo 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.

Artículo 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación .racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.

Artículo 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.
2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural.
3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna.

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.

Artículo 66. Se reconoce y garantizará a las personas:

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Artículo 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual.

Artículo 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.

Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley.

La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional.

Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico.

Artículo 230.- En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley:

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo.

Artículo 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:

9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales.

Artículo 331.’ El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo.

Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades.

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.

Artículo 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.

El sistema se articulará al Plan Nacional de. Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no

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discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.

Artículo 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social.

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias.

Artículo 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.

Artículo 416,- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:

5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de los Estados, en especial el de promover mecanismos que expresen, preserven y protejan el carácter diverso en sus sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación.

Artículo 419.- La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que:

4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución.

Artículo 422.- No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.

Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales

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regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia.

En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en función del origen de la deuda y con sujeción a los principios de transparencia, equidad y justicia internacional.

Artículo 438.- La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que determine la ley:

1. Tratados internacionales, previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional.

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS

TRATADOS³

Artículo 11.- Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado.

El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido.

Artículo 26.- «Pacta sunt servanda». Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

Artículo 27.- El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia

De conformidad con lo prescrito en los artículos 429 y 438 numeral 1 de la Constitución de la República, así como en los artículos 75 numeral 3 y 110 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la competencia para formular un dictamen vinculante sobre la constitucionalidad de los instrumentos internacionales, de forma previa a su ratificación por parte de la

³ Ratificación publicada en el Registro Oficial N.° 134, de 28 de julio de 2003.

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Asamblea Nacional, le corresponde al Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador.

En esta línea, el artículo 107 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el artículo 82 numeral 3 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional determinan las modalidades para efectuar dicho control de constitucionalidad sobre los tratados internacionales, entre los que se encuentra el control previo de constitucionalidad de los instrumentos- que requieren aprobación legislativa⁴.

En consecuencia, y por corresponder al estado procesal de la causa N.° 0021-17-TI, la Corte Constitucional procede a examinar por la forma y por el fondo la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia».

Naturaleza jurídica, alcances y efectos del control constitucional de los tratados internacionales

El artículo 417 de la Constitución de la República prescribe «los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución…», en razón de lo cual, corresponde verificar que los instrumentos

⁴ Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 108: Tratados que requieren aprobación de la Asamblea Nacional.- La ratificación o denuncia de los tratados y otras normas internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: 1. Se refieran a materia territorial o de límites; 2. Establezcan alianzas políticas o militares; 3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley; 4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución; 5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales; 6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio; 7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional; y, 8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético. En todos estos casos, en un plazo máximo de diez días después de que se emita el dictamen previo y vinculante de constitucionalidad expedido por la Corte Constitucional, la Presidencia de la República deberá remitir a la Asamblea Nacional, el tratado u otra norma internacional junto con el referido dictamen. En este caso, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, verificará la documentación correspondiente y remitirá el tratado a la comisión especializada, para que en el plazo máximo de veinte días, emita el informe que será puesto a conocimiento del Pleno. La aprobación de estos tratados requerirá el voto de la mayoría absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional.

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internacionales con carácter vinculante para la República del Ecuador sean compatibles con los preceptos contenidos en la Constitución de la República; luego de lo cual, éstos podrán formar parte del ordenamiento jurídico y del bloque de constitucionalidad.

En este escenario, la Corte Constitucional, como máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia⁵, y de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 438 numeral 1 de la Constitución de la República y en el artículo 107 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, debe efectuar el control de constitucionalidad sobre la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia» a través del presente dictamen, con el objeto de verificar si el contenido de tal instrumento internacional es compatible o no con los enunciados, principios y derechos establecidos en la Constitución de la República.

Al respecto, vale enfatizar que el control previo y vinculante de constitucionalidad tiene como finalidad precautelar que el Estado Ecuatoriano adquiera compromisos u obligaciones, a través de la suscripción de un acuerdo o tratado de carácter supranacional, que transgredan enunciados constitucionales.

En lo referente al control constitucional de actos normativos internacionales, el Pleno de la Corte Constitucional enfatizó en el dictamen N.° 008-15-DTI-CC, de 21 de octubre de 2015, dentro del caso N.° 0008-15-TI, que:

Nuestro ordenamiento jurídico consagra el principio de supremacía normativa de la Constitución sobre todas las normas que integran dicho orden jurídico, incluyendo aquellas que se integran a éste por un acto normativo internacional, de tal suerte que el control constitucional realizado por esta Corte se hace extensivo hacia la necesaria revisión de las normas convencionales de derecho internacional, que se pretende formen parte de nuestro orden normativo, en el sentido de que las mismas, previo a su integración, deben guardar armonía y conformidad con las normas constitucionales, es decir, sujetarse a ésta sin perjuicio de la aplicación de los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta.

⁵ Artículo 429 de la Constitución de la República del Ecuador.

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Con base en lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones conferidas constitucional y legalmente a este Organismo, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió en sesión de 16 de mayo de 2018, aprobar el informe presentado por la jueza constitucional doctora Tatiana Ordeñana Sierra, en calidad de jueza sustanciadora de la causa N.° 0021-17-TI, según el cual, la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia», al versar sobre los aspectos establecidos en el numeral 4 del articulo 419 de la Constitución de la República, requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, previo a su ratificación por parte del Estado Ecuatoriano.

Rol de la Asamblea Nacional en la ratificación o denuncia de los tratados y convenios internacionales

Con base en las atribuciones establecidas en el artículo 120 numeral 8 de la Constitución de la República, le corresponde a la Asamblea Nacional aprobar o improbar los tratados internacionales que suscriba el Estado ecuatoriano cuando la materia sobre la que versen corresponde a los casos prescritos en el artículo 419 de la Constitución de la República, así:

Artículo 419.- La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que:

1. Se refieran a materia territorial o de límites.
2. Establezcan alianzas políticas o militares.
3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley.
4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución.
5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales.
6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio.
7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional.
8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético.

En razón de lo advertido, en su informe relativo a la necesidad o no de aprobación legislativa para la ratificación de la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia» por parte del Estado Ecuatoriano, la jueza constitucional sustanciadora de la, causa N.° 0021-17-TI, doctora Tatiana Ordeñana Sierra estableció que la

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naturaleza del instrumento guarda relación con lo prescrito en el numeral 4 del citado precepto constitucional, por cuanto se refiere a derechos y garantías establecidos en la Norma Fundamental ecuatoriana.

De forma consecuente con aquello, la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia» deberá contar con la aprobación o desaprobación de la Asamblea Nacional, como requisito sirte qua non para su ratificación.

Examen constitucional de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia

Control formal

La «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia» fue adoptada en la ciudad de La Antigua, Guatemala, el 5 de junio de 2013, durante el Cuadragésimo Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y fue suscrita por el Estado Ecuatoriano el 6 de junio de 2013.

Según se desprende de la parte motiva del texto del instrumento internacional, su finalidad primordial es que los derechos que se consagran «sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos, a fin de consolidar en las Américas el contenido democrático de los principios de la igualdad jurídica y de la no discriminación»⁶.

En cuanto al trámite para la emisión del presente dictamen de constitucionalidad sobre la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia», el artículo 111 numeral 2 literal a) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina la atribución exclusiva del Presidente de la República para remitir a la Corte Constitucional una copia auténtica del instrumento internacional en un plazo razonable; y en caso de no hacerlo, este Organismo podrá conocerlo de oficio.

⁶ A fojas 2 del expediente constitucional N.° 0021-17-TI.

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En el presente caso N.° 0021-17-TI, se advierte del respectivo expediente constitucional que se origina con el oficio N.º T.176-SGJ-17-0499, recibido en la Corte Constitucional el 4 de diciembre de 2017, el cual se encuentra suscrito por la secretaria general jurídica de la Presidencia de la República, doctora Johana Pesantez Benítez, en calidad de representante del Presidente Constitucional de la República.

Al oficio N.° T.176-SGJ-17-0499 se anexó por parte de la secretaria general jurídica de la Presidencia de la República una compulsa de la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia», obtenida de los archivos de la dirección de asesoría jurídica en derecho internacional público del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Lo descrito anteriormente permite observar el cumplimiento de las formalidades prescritas en el referido literal a) del numeral 2 del artículo 111 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Control material

El control material de constitucionalidad sobre la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia» que corresponde realizar a continuación a este Organismo, tiene el objeto de verificar que el instrumento internacional guarde o no armonía con la Constitución de la República.

Tal control material debe iniciar precisando que el Convenio está conformado por 22 artículos en total, comprendidos en cinco capítulos titulados así: 1) Definiciones; 2) Derechos Protegidos; 3) Deberes del Estado; 4) Mecanismos de Protección y Seguimiento de la Convención; y 5) Disposiciones Generales.

En este marco, el capítulo I contiene un solo artículo que deriva -a su vez- en 6 numerales que establecen definiciones de términos a ser aplicados en el texto del Convenio. En tanto que, en el capítulo II, que contiene dos artículos, se consagran el derecho a la igualdad y derechos conexos. En esta línea se advierte que, en el capítulo III se establecen los compromisos concretos que adoptan los Estados Parte de la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y

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Formas Conexas de Intolerancia» para prevenir, eliminar, prohibir y sancionar los actos discriminatorios y de intolerancia.

En el capítulo IV se determinan los mecanismos a seguir para garantizar el cumplimiento del Convenio y de los compromisos inherentes al instrumento internacional; así como en el capítulo V se estipulan -en 7 artículos- las cuestiones relativas a la entrada en rigor, ratificación, reserva y denuncias de la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia».

Por lo anotado, esta Corte Constitucional advierte que la parte medular del Convenio se encuentra en sus capítulos II y III, en tanto establecen los derechos protegidos y los deberes de los Estados contratantes, que deben ser trasladados a su legislación interna y políticas gubernamentales, constituyéndose en la parte pragmática de la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia».

En consecuencia, el análisis sobre la constitucionalidad del contenido del instrumento internacional in examine debe centrarse en aquellos capítulos II y III de la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia», con el fin de dilucidar si en tales derechos y deberes establecidos en el instrumento referido existe compatibilidad o incompatibilidad con la Norma Fundamental ecuatoriana. Ahora bien, los derechos que se reconocen en el capítulo II de la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia», son:

CAPÍTULO II

Derechos Protegidos

Artículo 2

Todo ser humano es igual ante la ley y tiene derecho a igual protección contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia en cualquier ámbito de la vida pública o privada.

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Artículo 3

Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en sus leyes nacionales y en el derecho internacional aplicables a los Estados Partes, tanto a nivel individual como colectivo.

En armonía con tales enunciados del instrumento internacional, en la Constitución de la República se garantiza el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación con razones de etnia, identidad cultural o por cualquier otra distinción en el numeral 2 del artículo 11, que prescribe:

Artículo 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

En este orden de ideas, la Norma Fundamental ecuatoriana también desarrolla la igualdad formal y material; de esta forma:

Artículo 66. Se reconoce y garantizará a las personas:

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.

El contenido de la igualdad formal y de la igualdad material, prescritos en el numeral 4 del artículo 66 de la Constitución de la República, fue definido por la jurisprudencia de esta Corte Constitucional, en la sentencia N.° 009-14-SIN-CC de 20 de noviembre de 2014, dentro del caso N.° 0037-12-IN, como sigue:

Aquel tratamiento igual ante la ley (igualdad formal) significa que la ley tiene que ser aplicada para todos, es decir implica la paridad de trato en la legislación y en la aplicación del derecho -igualdad en el tratamiento hacia determinadas personas en

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situaciones paritarias o idénticas-; en cambio la igualdad material se refiere en general, a que la igualdad debe traducirse en igualdad de oportunidades, para alcanzar esta igualdad de oportunidades el Estado se ve en la necesidad de recurrir a diferentes mecanismos, como son las acciones afirmativas de carácter temporal en favor de determinados grupos de la sociedad que tradicionalmente han sido discriminados.

De lo anotado, resalía que el Estado ecuatoriano, a partir de los preceptos constitucionales que constituyen la norma suprema del ordenamiento jurídico, garantiza y precautela el derecho a la igualdad de iodos los seres humanos, así como proscribe la discriminación por cuestiones raciales y étnicas.

En este punto vale resaltar que en la Constitución de la República, se erigió al Ecuador como «un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico»; en concordancia con aquello, el artículo 57 de la Norma Fundamental se enfoca en el reconocimiento y protección estatal a los pueblos indígenas, así:

Artículo 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con tos pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural.

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna.

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.

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Frente a tal reconocimiento -constitucionalmente consagrado- de que en el Ecuador se garantiza la igualdad y no discriminación y se precautela la convivencia de distintas nacionalidades, culturas y pueblos, también se estableció en la Constitución de la República el siguiente deber para las ecuatorianas y los ecuatorianos:

Artículo 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.

10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales.

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual.

De esta forma, a través del mandato impuesto a todas las ecuatorianas y ecuatorianos en los numerales 5, 10 y 14 del citado artículo 83, en tanto ello se enfoca a respetar, tolerar e incluir las diferencias de índole racial, étnica o cultural, el Estado provee al andamiaje legal e infra legal de una base constitucional para desarrollar y promover la igualdad y sancionar los actos de discrimen o segregación.

En este sentido, en el Código Orgánico Integral Penal promulgado el 10 de febrero de 2014⁷_; el legislador ecuatoriano trasladó al ámbito penal la prohibición de discriminación al tipificar los siguientes delitos penales basados en la intolerancia racial:

Delitos contra la humanidad

Artículo 79.- Genocidio.- La persona que, de manera sistemática y generalizada y con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, religioso o político, realice cualquiera de los siguientes actos, será sancionada con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años:

1. Matanza de miembros del grupo.
2. Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo.
3. Sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física total o parcial.

4. Adopción de medidas forzosas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.

⁷ Publicado en el Registro Oficial Suplemento N.° 180 de 10 de febrero de 2014

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5. Traslado forzado de niñas, niños o adolescentes, de un grupo a otro.

Artículo 80.- Etnocidio.- La persona que, de manera deliberada, generalizada o sistemática, destruya total o parcialmente la identidad cultural de pueblos en aislamiento voluntario, será sancionada con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.

Artículo 87.- Apartheid.- La persona que cometa actos viólatenos de derechos humanos, perpetrados en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática sobre uno o más grupos étnicos con la intención de mantener ese régimen, será sancionada con pena privativa de veintiséis a treinta años.

Delitos contra el derecho a la igualdad

Delito de discriminación

Artículo 176.- Discriminación.- La persona que salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa propague practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Delito de odio

Artículo 177.- Actos de odio.- La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en un tercio. Si los actos de violencia producen la muerte de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

Adicionalmente, con base en el artículo 156 de la Constitución de la República, se creó en el Ecuador la figura de los Consejos Nacionales de Igualdad, como «órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos», cuya labor se enfoca de manera principal en «la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas

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relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana».

En esta línea de acciones, también se estableció en el artículo 340 de la Constitución de la República al Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, como un «conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos», a la vez que prescribe como principios rectores para este Sistema a la interculturalidad y no discriminación. De forma concomitante, en el artículo 341 de la Norma Fundamental, se establece la obligación para el Estado ecuatoriano de «generar condiciones para la protección integral de sus habitantes que aseguren los derechos», lo que se enfoca primordialmente a la igualdad y no discriminación.

En consecuencia, de los preceptos constitucionales referidos en líneas anteriores se advierte que los derechos reconocidos en los artículos 2 y 3 de la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia», que versan concretamente sobre la igualdad y la no discriminación por razones de etnia, raza o cultura, guardan concordancia y correspondencia con el derecho a la igualdad consagrado en el numeral 4 del artículo 66 de la Constitución de la República y con el principio de la igualdad para el ejercicio de los derechos establecido en el numeral 2 del artículo 11 de la Norma Fundamental ecuatoriana.

En este marco, la Constitución de la República establece formas específicas de garantizar y proteger el goce del derecho a la igualdad para todos los pueblos y culturas que conforman el Estado ecuatoriano, a la vez que proscribe constitucional y legalmente todo acto o trato que promueva la desigualdad y discriminación en razón de la etnia o raza de un ser humano.

Por otro lado, retomando el análisis del contenido de la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia», es menester estudiar los compromisos que adquiere el Estado ecuatoriano en atención a lo establecido en el capítulo II del instrumento internacional.

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Al respecto, el artículo 4 del Convenio establece, en sus 15 numerales, los actos y formas de discriminación e intolerancia que el Estado parte deberá prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, así:

i. El apoyo privado o público a actividades racialmente discriminatorias y racistas o que promuevan la intolerancia, incluido su financiamiento.

ii. La publicación, circulación o diseminación, por cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida la Internet, de cualquier material racista o racialmente discriminatorio que:

1. defienda, promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia;
2. apruebe, justifique o defienda actos que constituyan o hayan constituido genocidio o crímenes de lesa humanidad, según se definen en el derecho internacional, o promueva o incite a la realización de tales actos.

iii. La violencia motivada por cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.

iv. Actos delictivos en los que intencionalmente se elige la propiedad de la víctima debido a cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.

v. Cualquier acción represiva fundamentada en cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1, en vez de basarse en el comportamiento de un individuo o en información objetiva que lo identifique como una persona involucrada en actividades delictivas.

vi. La restricción, de manera irracional o indebida, del ejercicio de los derechos individuales de propiedad, administración y disposición de bienes de cualquier tipo en función de cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.

vii. Cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia aplicada a las personas con base en su condición de víctima de discriminación múltiple o agravada, cuyo objetivo o resultado sea negar o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos y libertades fundamentales, así como su protección, en igualdad de condiciones.

viii. Cualquier restricción racialmente discriminatoria del goce de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales y regionales aplicables y en la jurisprudencia de las cortes internacionales y regionales de derechos humanos, en

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especial los aplicables a las minorías o grupos en condiciones de vulnerabilidad y sujetos a discriminación racial.

ix. Cualquier restricción o limitación al uso del idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades públicas o privadas.

x. La elaboración y la utilización de contenidos, métodos o herramientas pedagógicos que reproduzcan estereotipos o preconceptos en función de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.

xi. La denegación del acceso a la educación pública o privada, así como a becas de estudio o programas de financiamiento de la educación, en función de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.

xii. La denegación del acceso a cualquiera de los derechos sociales, económicos y culturales, en función de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.

xiii. La realización de investigaciones o la aplicación de los resultados de investigaciones sobre el genoma humano, en particular en los campos de la biología, la genética y la medicina, destinadas a la selección de personas o a la clonación de seres humanos, que prevalezcan sobre el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, generando cualquier forma de discriminación basada en las características genéticas.

xiv. La restricción o limitación basada en algunos de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención, del derecho de todas las personas a acceder o usar sosteniblemente el agua, los recursos naturales, los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecológicos que forman parte de3 patrimonio natural de cada Estado, protegido por los instrumentos internacionales pertinentes y por su propia legislación nacional.

xv. La restricción del ingreso a lugares públicos o privados con acceso al público por las causales recogidas en el artículo 1.1 de la presente Convención.

De los deberes del Estado enunciados en el artículo 4 de la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia», vale hacer especial énfasis en aquellos establecidos en los numerales ii; vi; ix y xiv, debido a la identidad de finalidad que persiguen respecto de los enunciados de la Constitución de la República que se citan a continuación:

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Artículo 19.- La 3ey regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la» toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.

Artículo 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.

Artículo 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.
5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita.
6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.

19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen.

En razón de lo anotado, los compromisos que la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia» establece para los Estados parte, se encuentran consagrados en la Constitución de la República del Ecuador o son afines a los deberes y obligaciones que el Estado ecuatoriano debe observar en razón de los enunciados y principios contemplados en la Norma Fundamental.

Por todo lo anterior, esta Corte Constitucional arriba a la conclusión que la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y

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Formas Conexas de Intolerancia» no contempla contradicción o incompatibilidad alguna respecto a lo prescrito en la Constitución de la República sobre el derecho a la igualdad y las garantías de respeto a los derechos para todos los seres humanos sin distinción de raza, etnia o identidad cultural, en relación con las garantías de no discriminación.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República, el Pleno de la Corte Constitucional emite el siguiente:

DICTAMEN

1. Declarar que la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia», adoptada el 5 de junio de 2013, por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, requiere aprobación legislativa previa por parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse dentro de los supuestos previstos en el numeral 4 del artículo 419 de la Constitución de la República.
2. Declarar que las disposiciones contenidas en la «Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia» son compatibles con la Constitución de la República, en consecuencia de lo cual, esta Corte Constitucional expide dictamen favorable del mismo.
3. Notificar al presidente constitucional de la República con el presente dictamen, a fin que se lo haga conocer a la Asamblea Nacional.

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4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, con ocho votos de las señoras juezas y señores jueces: Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñaría Sierra, Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia del juez Manuel Viteri Olvera, en sesión del 18 de julio del 2018. Lo certifico.

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CASO Nro. 0021-17-TT

RAZÓN.- Siento por tal, que el dictamen que antecede fue suscrito por el señor Alfredo Ruíz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día jueves 09 de agosto del dos mil dieciocho.- Lo certifico.

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SALA DE ADMISIÓN

RESUMEN CAUSA No. 0023-18-IN

En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Admisión, mediante auto de 08 de agosto del 2018, a las 16h28 y de conformidad con lo establecido en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:

CAUSA: Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos.

LEGITIMADO ACTIVO: Manuel Muñoz Araque y Fernando Ríos Quiroz, presidente y secretario de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador.

CASILLA JUDICIAL: 3546 y 061

CORREOS ELECTRÓNICOS: [email protected]; boletaspichincha@defensoria.gob.ec; jjimé[email protected]; [email protected];

LEGITIMADOS PASIVOS: presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Procurador General del Estado.

NORMAS CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS:

Artículos 1: 3 numeral 1; 11 numeral 9; 85 numeral 1; y, 370 de la Constitución de la República del Ecuador.

PRETENSIÓN JURÍDICA: Solicita se declare la inconstitucionalidad de: «el artículo 3 de la Resolución No, C.D. 501 del Consejo Directivo del IESS del 13 de noviembre de 2015, de acuerdo a lo que determina los artículos 74 y 75.1.d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional».

De conformidad con lo dispuesto por la Sala de Admisión, publíquese este resumen de la demanda en el Registro Oficial y en el Portal Electrónico de la Corte Constitucional.

LO CERTIFICO.- Quito D.M., 29 de agosto del 2018, a las 12:30.

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