Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Jueves 21 de mayo de 2020 (R.O 592- 21–mayo -2020) EDICIÓN ESPECIAL

Págs.

CONSEJO DE LA JUDICATURA

RESOLUCIONES:

028-2020 Restríngese el ingreso y atención al público en las dependencias judiciales en el territorio nacional, debido a la emergencia sanitaria relacionada por el COVID – 19

029-2020 Modifíquese el calendario de vacaciones para las y los servidores de las dependencias judiciales de las regiones costa e insular, debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID – 19

030-2020 Suspéndense los plazos y términos que se encuentran decurriendo en la sustanciación de los procedimientos disciplinarios del Consejo de la Judicatura

2 – Jueves 21 de mayo de 2020 Edición Especial Nº 592 – Registro Oficial

RESOLUCIÓN 028-2020

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «Son deberes primordiales del Estado: (…) 8.- Garantizar a sus habitantes (…) la seguridad integrar,

Que el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…) 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales / 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia»;

Que el artículo 32 del referido cuerpo normativo, determina que: «La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos (…) *

Que el artículo 178 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial;

Que el artículo 389 de la Carta Magna, señala que: «El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. (…) 3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión (…)5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. / 6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional»;

Que el artículo 259 de la Ley Orgánica de la Salud, determina que una emergencia sanitaria: «Es toda situación de riesgo de afección de la salud originada por desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico que favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con

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movilización de recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de las poblaciones más vulnerables»;

Que el artículo 4 del Código Orgánico General de Procesos, establece que: «La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible’)

Que el artículo 76 del Código Orgánico General de Procesos, permite la suspensión de los plazos y términos por caso fortuito o fuerza mayor;

Que el artículo 563 numeral t del Código Orgánico Integral Penal, señala: «Audiencias.- Las audiencias se regirán por las siguientes reglas: 1. Se celebrarán en los casos previstos en este Código. En caso de que no pueda llevarse a cabo la audiencia, se dejará constancia procesal. Podrán suspenderse previa justificación y por decisión de la o el juzgador’¹,

Que conforme la doctrina, bajo la potestad de sujeción general, todo administrado, por su condición de tal, sin necesidad de título concreto, puede ser vinculado por los actos de la administración pública, lo cual incluye acuerdos ministeriales de aplicación general, tales como los que se dictan en materia de salud y trabajo;

Que mediante Acuerdo Ministerial 126-2020, de 11 de marzo de 2020, la

Ministra de Salud Pública, declaró el Estado de Emergencia Sanitaria para impedir la propagación del COV1D-19;

Que mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Ministro del Trabajo, expidió las: «Directrices para la Aplicación del Teletrabajo Emergente durante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria»;

Que al ser el Consejo de la Judicatura el órgano de gobierno y administración de la Función Judicial, tiene la obligación constitucional y legal de emitir resoluciones tendientes a precautelar la salud y el bienestar de las y los servidores judiciales, así como de los usuarios de esta Función del Estado, debido a la emergencia sanitaria que en los actuales momentos atraviesa el país;

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República y el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,

4 – Jueves 21 de mayo de 2020 Edición Especial Nº 592 – Registro Oficial

RESUELVE:

RESTRINGIR EL INGRESO Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LAS

DEPENDENCIAS

JUDICIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL, DEBIDO A LA EMERGENCIA

SANITARIA RELACIONADA POR EL COVID-19

Artículo 1.- Restricción al público.- Restringir por cinco días laborables, desde el 16 de marzo de 2020, el ingreso y atención al público en las dependencias judiciales y en los centros de mediación del Consejo de la Judicatura, en las condiciones que se establecen en esta resolución.

La restricción contenida en el presente artículo, no implica la suspensión de las actividades de las y los servidores en las dependencias judiciales, salvo aquellos que se encuentren en uso del período de vacaciones, licencias y permisos anteriormente otorgados.

Por efecto de la referida medida, las juezas, jueces y tribunales, en todas las causas, salvo las excepciones previstas en la presente resolución, conforme a la ley, dictarán las providencias para la suspensión de términos y plazos en general, incluida la interposición de demandas, recursos y otras actuaciones que tengan términos y plazos perentorios; así como, para el diferimiento de audiencias y su reprogramación.

Artículo 2.- Excepción conforme la materia.- La restricción prevista en el artículo 1 de la presente resolución, no aplicará para las unidades judiciales con competencia en materia de flagrancia: penal; violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar; tránsito; adolescentes infractores. Además unidades multicompetentes y garantías penitenciarias, para lo cual se sujetarán a los turnos preestablecidos.

Artículo 3.- Casos de prisión preventiva y hábeas corpus.- Se continuará con la sustanciación y la realización de las audiencias respectivas de todas las causas en las que exista el riesgo de caducidad de prisión preventiva y prescripción de la acción en materia penal; tránsito; adolescentes infractores: violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, así como en las acciones de hábeas corpus.

Artículo 4.- Restricción del carácter público de las audiencias.- En razón de la emergencia sanitaria, las y los jueces podrán restringir el carácter público de las audiencias, limitándose a la presencia de las y los servidores judiciales, partes procesales, sus abogados y personas cuya asistencia sea estrictamente necesaria para el desarrollo de los procedimientos, tales como testigos, peritos, entre otros.

Para la comparecencia de las partes procesales y de otras personas en las audiencias y/o diligencias, las y los jueces y demás servidores judiciales propenderán al empleo de medios telemáticos provistos por el Consejo de la Judicatura.

Registro Oficial – Edición Especial Nº 592 Jueves 21 de mayo de 2020 – 5

Artículo 5.- De los órganos autónomos.- Corresponderá a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría Pública determinar, en razón de la autonomía administrativa que les confiere la Constitución de la República del Ecuador, las medidas que correspondan en función de esta emergencia sanitaria.

Artículo 6.- De los órganos auxiliares.- En el caso de las notarías, las y los directores provinciales, bajo la supervisión del director general del Consejo de la Judicatura, establecerán horarios y turnos de atención al público, evitando la afluencia masiva de usuarios a sus dependencias,

En el caso de los peritos, continuarán con el cumplimiento de su función conforme lo disponga la o el juez, de acuerdo el artículo 4 de la presente resolución.

Articulo 7.- De los centros de mediación privados.- La Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, en coordinación con el director general del Consejo de la Judicatura, emitirá las directrices respecto a la atención al público en los centros de arbitraje y mediación de carácter privado.

Artículo 8.’ Actuaciones jurisdiccionales en la Corte Nacional de Justicia.–

La presidenta, las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, podrán disponer la realización de actuaciones jurisdiccionales que consideren necesarias o Indispensables.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las y los servidores jurisdiccionales, una vez justificada su condición y/o patologías crónicas e inmunodeprimidos que aumentan el riesgo de contagio del COVID-19, solicitarán las licencias respectivas y se procederá al reemplazo de conformidad con las disposiciones vigentes.

SEGUNDA.- El director general del Consejo de la Judicatura, conforme el artículo 280 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, adoptará las medidas y resoluciones que correspondan respecto del personal administrativo de la Función Judicial en el ámbito nacional, exceptuando el personal de los órganos autónomos.

TERCERA- En todo lo no previsto en la presente resolución, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitirá las aclaraciones o ampliaciones pertinentes.

CUARTA.- En el quinto día del término previsto en el artículo 1 de la presente resolución, el director general del Consejo de la Judicatura realizará una evaluación de las medidas adoptadas y presentará un informe, a fin de que el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelva sobre la ampliación o modificación de las mismas.

6 – Jueves 21 de mayo de 2020 Edición Especial Nº 592 – Registro Oficial

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución y cumplimiento de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General, en coordinación con la Secretaria General; las Direcciones Nacionales; y, las Direcciones Provinciales a nivel nacional del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del 16 de marzo de 2020, sin perjuicio de la fecha de su publicación.

Notifiquese, publíquese y cúmplase.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de marzo de dos mil veinte. 3/4-

Registro Oficial – Edición Especial Nº 592 Jueves 21 de mayo de 2020 – 7

RESOLUCIÓN 029-2020

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «Son deberes primordiales del Estado: (…) 8.- Garantizar a sus habitantes (…) la seguridad integral’)

Que el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «E/ ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…) 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales /5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia»;

Que el artículo 32 del referido cuerpo normativo, determina que: «La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos (…)»;

Que el artículo 178 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial;

Que el artículo 389 de la Carta Magna, señala que: «El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. (…) 3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión (…)5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. / 6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional»;

Que el artículo 4 del Código Orgánico General de Procesos, establece que: «La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y

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diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible»;

Que el artículo 563 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, señala: «Audiencias.- Las audiencias se regirán por las siguientes reglas: 1. Se celebrarán en los casos previstos en este Código. En caso de que no pueda llevarse a cabo la audiencia, se dejará constancia procesal. Podrán suspenderse previa justificación y por decisión de la o el juzgador»;

Que el artículo 259 de la Ley Orgánica de la Salud, determina que una emergencia sanitaria: «Es toda situación de riesgo de afección de la salud originada por desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico que favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con movilización de recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de las poblaciones más vulnerables»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 205-2019, de 12 de diciembre de 2019, publicada en el Registro Oficial No. 113, de 3 de enero de 2020, aprobó el calendario de vacaciones para las y los servidores de las dependencias judiciales a nivel nacional;

Que mediante Acuerdo Ministerial 126-2020, de 11 de marzo de 2020, la Ministra de Salud Pública declaró el Estado de Emergencia Sanitaria para impedir la propagación del COVID-19;

Que conforme la doctrina, bajo la potestad de sujeción general, todo administrado, por su condición de tal, sin necesidad de título concreto, puede ser vinculado por los actos de la administración pública, lo cual incluye acuerdos ministeriales de aplicación general, tales como los que se dictan en materia de salud y trabajo;

Que mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Ministro del Trabajo expidió, las: «Directrices para la Aplicación del Teletrabajo Emergente durante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria»;

Que al ser el Consejo de la Judicatura el órgano de gobierno y administración de la Función Judicial, tiene la obligación constitucional y legal de emitir resoluciones tendientes a precautelar la salud y el bienestar de las y los servidores judiciales, así como de los usuarios

Registro Oficial – Edición Especial Nº 592 Jueves 21 de mayo de 2020 – 9

de esta Función del Estado, debido a la emergencia sanitaria que en los actuales momentos atraviesa el país;

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,

RESUELVE:

MODIFICAR EL CALENDARIO DE VACACIONES PARA LAS Y LOS

SERVIDORES DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LAS REGIONES

COSTA E INSULAR, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA

GENERADA POR EL COVID-19

Artículo único.- Modificar el calendario de vacaciones contemplado en el articulo 1 literal a) de la resolución 205-2019, de 12 de diciembre de 2019, publicada en el Registro Oficial No. 113, de 3 de enero de 2020, para las y los servidores de las dependencias judiciales de las regiones Costa e Insular, estableciéndose como nueva fecha de inicio el 16 de marzo de 2020 y como nueva fecha de finalización, el 30 de marzo de 2020.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Restringir, desde el 16 de marzo de 2020, por cinco días laborables, el ingreso y atención al público en las unidades con competencia en materia de familia, mujer, niñez y adolescencia; violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar; tránsito; y, adolescentes infractores en las regiones Costa e Insular, para lo cual se aplicarán las disposiciones contenidas en la Resolución 028-2019, de 14 de marzo de 2020.

SEGUNDA.- Estas disposiciones son susceptibles de revisión conforme el avance de la situación de emergencia.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La ejecución y cumplimiento de esta Resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General, en coordinación con la Secretaría General y las Direcciones Nacionales del Consejo de la Judicatura; además las Direcciones Provinciales de la región Costa e Insular

Notifíquese, publíquese y cúmplase,

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de marzo de dos mil veinte.

10 – Jueves 21 de mayo de 2020 Edición Especial Nº 592 – Registro Oficial

Registro Oficial – Edición Especial Nº 592 Jueves 21 de mayo de 2020 – 11

RESOLUCIÓN 030-2020

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «Son deberes primordiales del Estado: (…) 8.-Garantizar a sus habitantes (…) la seguridad integral»;

Que el artículo 178 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (…) «;

Que el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece como función del Pleno del Consejo de la Judicatura el: «Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial»;

Que el artículo 30 del Código Civil, determina: «Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.»;

Que el artículo 162 numeral 5 del Código Orgánico Administrativo, prevé que la suspensión del cómputo de plazos y términos en el procedimiento, así como los términos y plazos previstos en un procedimiento administrativo se suspenden, únicamente por el tiempo inicialmente concedido para la actuación en caso fortuito o fuerza mayor;

12 – Jueves 21 de mayo de 2020 Edición Especial Nº 592 – Registro Oficial

Que el artículo 259 de la Ley Orgánica de la Salud, determina que una emergencia sanitaria: Es toda situación de riesgo de afección de la salud originada por desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico que favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con movilización de recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de las poblaciones más vulnerables»;

Que conforme la doctrina, bajo el principio de la sujeción general, todo administrado, por su condición de tal, sin necesidad de título concreto, puede ser vinculado por los actos de la administración pública, lo cual incluye acuerdos ministeriales de aplicación general, tales como los que se dictan en materia de salud y trabajo;

Que mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Ministro del Trabajo, expidió las: «Directrices para la Aplicación del Teletrabajo Emergente durante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria»;

Que el licenciado Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo 1017, de 16 de marzo de 2020, decretó el estado de excepción y toque de queda en todo el territorio nacional, suspendiendo los servicios públicos, con excepción de aquellos establecidos en el referido decreto;

Que al ser el Consejo de la Judicatura el órgano de gobierno y administración de la Función Judicial, tiene la obligación constitucional y legal de emitir resoluciones tendientes a precautelar la salud y el bienestar de las y los servidores judiciales, así como de los usuarios de esta Función del Estado, debido a la emergencia sanitaria que en los actuales momentos atraviesa el país;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2020-2191-M, de 16 de marzo de 2020, suscrito por la Dirección General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-2020-0567-M, de 16 de marzo de 2020, suscrito por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el informe jurídico y el proyecto de resolución, para: «SUSPENDER LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA»; concluyendo: «(…) considera pertinente y oportuno suspender los plazos y términos de prescripción que se

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encuentran decurriendo dentro del régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura (…)’y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República y el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,

RESUELVE:

SUSPENDER LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE SE ENCUENTRAN

DECURRIENDO EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

DISCIPLINARIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Artículo 1.- Suspender los plazos y términos que se encuentran decurriendo en los procedimientos disciplinarios del Consejo de la Judicatura que son sustanciados por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y en las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura a nivel nacional.

Artículo 2.- Suspender los plazos de prescripción para el ejercicio de la acción disciplinaria, sean estos por denuncia, queja o de oficio.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La suspensión de los plazos y términos a los que se refiere la presente resolución durará hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura disponga lo contrario.

SEGUNDA.- En todo lo no previsto en la presente resolución, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitirá las aclaraciones o ampliaciones pertinentes.

TERCERA.- Agréguese a todos los procedimientos disciplinarios.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución y cumplimiento de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias de la Dirección General; la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica; Subdirección Nacional de Control Disciplinario; y, las Direcciones Provinciales a nivel nacional del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del 17 de marzo de 2020, sin perjuicio de la fecha de su publicación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

14 – Jueves 21 de mayo de 2020 Edición Especial Nº 592 – Registro Oficial

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Jueves 21 de mayo de 2020 (R.O 592- 21–mayo -2020) EDICIÓN ESPECIAL

Págs.

CONSEJO DE LA JUDICATURA

RESOLUCIONES:

028-2020 Restríngese el ingreso y atención al público en las dependencias judiciales en el territorio nacional, debido a la emergencia sanitaria relacionada por el COVID – 19

029-2020 Modifíquese el calendario de vacaciones para las y los servidores de las dependencias judiciales de las regiones costa e insular, debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID – 19

030-2020 Suspéndense los plazos y términos que se encuentran decurriendo en la sustanciación de los procedimientos disciplinarios del Consejo de la Judicatura

2 – Jueves 21 de mayo de 2020 Edición Especial Nº 592 – Registro Oficial

RESOLUCIÓN 028-2020

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «Son deberes primordiales del Estado: (…) 8.- Garantizar a sus habitantes (…) la seguridad integrar,

Que el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…) 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales / 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia»;

Que el artículo 32 del referido cuerpo normativo, determina que: «La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos (…) *

Que el artículo 178 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial;

Que el artículo 389 de la Carta Magna, señala que: «El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. (…) 3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión (…)5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. / 6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional»;

Que el artículo 259 de la Ley Orgánica de la Salud, determina que una emergencia sanitaria: «Es toda situación de riesgo de afección de la salud originada por desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico que favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con

Registro Oficial – Edición Especial Nº 592 Jueves 21 de mayo de 2020 – 3

movilización de recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de las poblaciones más vulnerables»;

Que el artículo 4 del Código Orgánico General de Procesos, establece que: «La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible’)

Que el artículo 76 del Código Orgánico General de Procesos, permite la suspensión de los plazos y términos por caso fortuito o fuerza mayor;

Que el artículo 563 numeral t del Código Orgánico Integral Penal, señala: «Audiencias.- Las audiencias se regirán por las siguientes reglas: 1. Se celebrarán en los casos previstos en este Código. En caso de que no pueda llevarse a cabo la audiencia, se dejará constancia procesal. Podrán suspenderse previa justificación y por decisión de la o el juzgador’¹,

Que conforme la doctrina, bajo la potestad de sujeción general, todo administrado, por su condición de tal, sin necesidad de título concreto, puede ser vinculado por los actos de la administración pública, lo cual incluye acuerdos ministeriales de aplicación general, tales como los que se dictan en materia de salud y trabajo;

Que mediante Acuerdo Ministerial 126-2020, de 11 de marzo de 2020, la

Ministra de Salud Pública, declaró el Estado de Emergencia Sanitaria para impedir la propagación del COV1D-19;

Que mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Ministro del Trabajo, expidió las: «Directrices para la Aplicación del Teletrabajo Emergente durante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria»;

Que al ser el Consejo de la Judicatura el órgano de gobierno y administración de la Función Judicial, tiene la obligación constitucional y legal de emitir resoluciones tendientes a precautelar la salud y el bienestar de las y los servidores judiciales, así como de los usuarios de esta Función del Estado, debido a la emergencia sanitaria que en los actuales momentos atraviesa el país;

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República y el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,

4 – Jueves 21 de mayo de 2020 Edición Especial Nº 592 – Registro Oficial

RESUELVE:

RESTRINGIR EL INGRESO Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LAS

DEPENDENCIAS

JUDICIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL, DEBIDO A LA EMERGENCIA

SANITARIA RELACIONADA POR EL COVID-19

Artículo 1.- Restricción al público.- Restringir por cinco días laborables, desde el 16 de marzo de 2020, el ingreso y atención al público en las dependencias judiciales y en los centros de mediación del Consejo de la Judicatura, en las condiciones que se establecen en esta resolución.

La restricción contenida en el presente artículo, no implica la suspensión de las actividades de las y los servidores en las dependencias judiciales, salvo aquellos que se encuentren en uso del período de vacaciones, licencias y permisos anteriormente otorgados.

Por efecto de la referida medida, las juezas, jueces y tribunales, en todas las causas, salvo las excepciones previstas en la presente resolución, conforme a la ley, dictarán las providencias para la suspensión de términos y plazos en general, incluida la interposición de demandas, recursos y otras actuaciones que tengan términos y plazos perentorios; así como, para el diferimiento de audiencias y su reprogramación.

Artículo 2.- Excepción conforme la materia.- La restricción prevista en el artículo 1 de la presente resolución, no aplicará para las unidades judiciales con competencia en materia de flagrancia: penal; violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar; tránsito; adolescentes infractores. Además unidades multicompetentes y garantías penitenciarias, para lo cual se sujetarán a los turnos preestablecidos.

Artículo 3.- Casos de prisión preventiva y hábeas corpus.- Se continuará con la sustanciación y la realización de las audiencias respectivas de todas las causas en las que exista el riesgo de caducidad de prisión preventiva y prescripción de la acción en materia penal; tránsito; adolescentes infractores: violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, así como en las acciones de hábeas corpus.

Artículo 4.- Restricción del carácter público de las audiencias.- En razón de la emergencia sanitaria, las y los jueces podrán restringir el carácter público de las audiencias, limitándose a la presencia de las y los servidores judiciales, partes procesales, sus abogados y personas cuya asistencia sea estrictamente necesaria para el desarrollo de los procedimientos, tales como testigos, peritos, entre otros.

Para la comparecencia de las partes procesales y de otras personas en las audiencias y/o diligencias, las y los jueces y demás servidores judiciales propenderán al empleo de medios telemáticos provistos por el Consejo de la Judicatura.

Registro Oficial – Edición Especial Nº 592 Jueves 21 de mayo de 2020 – 5

Artículo 5.- De los órganos autónomos.- Corresponderá a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría Pública determinar, en razón de la autonomía administrativa que les confiere la Constitución de la República del Ecuador, las medidas que correspondan en función de esta emergencia sanitaria.

Artículo 6.- De los órganos auxiliares.- En el caso de las notarías, las y los directores provinciales, bajo la supervisión del director general del Consejo de la Judicatura, establecerán horarios y turnos de atención al público, evitando la afluencia masiva de usuarios a sus dependencias,

En el caso de los peritos, continuarán con el cumplimiento de su función conforme lo disponga la o el juez, de acuerdo el artículo 4 de la presente resolución.

Articulo 7.- De los centros de mediación privados.- La Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, en coordinación con el director general del Consejo de la Judicatura, emitirá las directrices respecto a la atención al público en los centros de arbitraje y mediación de carácter privado.

Artículo 8.’ Actuaciones jurisdiccionales en la Corte Nacional de Justicia.–

La presidenta, las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, podrán disponer la realización de actuaciones jurisdiccionales que consideren necesarias o Indispensables.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las y los servidores jurisdiccionales, una vez justificada su condición y/o patologías crónicas e inmunodeprimidos que aumentan el riesgo de contagio del COVID-19, solicitarán las licencias respectivas y se procederá al reemplazo de conformidad con las disposiciones vigentes.

SEGUNDA.- El director general del Consejo de la Judicatura, conforme el artículo 280 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, adoptará las medidas y resoluciones que correspondan respecto del personal administrativo de la Función Judicial en el ámbito nacional, exceptuando el personal de los órganos autónomos.

TERCERA- En todo lo no previsto en la presente resolución, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitirá las aclaraciones o ampliaciones pertinentes.

CUARTA.- En el quinto día del término previsto en el artículo 1 de la presente resolución, el director general del Consejo de la Judicatura realizará una evaluación de las medidas adoptadas y presentará un informe, a fin de que el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelva sobre la ampliación o modificación de las mismas.

6 – Jueves 21 de mayo de 2020 Edición Especial Nº 592 – Registro Oficial

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución y cumplimiento de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General, en coordinación con la Secretaria General; las Direcciones Nacionales; y, las Direcciones Provinciales a nivel nacional del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del 16 de marzo de 2020, sin perjuicio de la fecha de su publicación.

Notifiquese, publíquese y cúmplase.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de marzo de dos mil veinte. 3/4-

Registro Oficial – Edición Especial Nº 592 Jueves 21 de mayo de 2020 – 7

RESOLUCIÓN 029-2020

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «Son deberes primordiales del Estado: (…) 8.- Garantizar a sus habitantes (…) la seguridad integral’)

Que el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «E/ ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…) 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales /5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia»;

Que el artículo 32 del referido cuerpo normativo, determina que: «La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos (…)»;

Que el artículo 178 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial;

Que el artículo 389 de la Carta Magna, señala que: «El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. (…) 3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión (…)5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. / 6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional»;

Que el artículo 4 del Código Orgánico General de Procesos, establece que: «La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y

8 – Jueves 21 de mayo de 2020 Edición Especial Nº 592 – Registro Oficial

diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible»;

Que el artículo 563 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, señala: «Audiencias.- Las audiencias se regirán por las siguientes reglas: 1. Se celebrarán en los casos previstos en este Código. En caso de que no pueda llevarse a cabo la audiencia, se dejará constancia procesal. Podrán suspenderse previa justificación y por decisión de la o el juzgador»;

Que el artículo 259 de la Ley Orgánica de la Salud, determina que una emergencia sanitaria: «Es toda situación de riesgo de afección de la salud originada por desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico que favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con movilización de recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de las poblaciones más vulnerables»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 205-2019, de 12 de diciembre de 2019, publicada en el Registro Oficial No. 113, de 3 de enero de 2020, aprobó el calendario de vacaciones para las y los servidores de las dependencias judiciales a nivel nacional;

Que mediante Acuerdo Ministerial 126-2020, de 11 de marzo de 2020, la Ministra de Salud Pública declaró el Estado de Emergencia Sanitaria para impedir la propagación del COVID-19;

Que conforme la doctrina, bajo la potestad de sujeción general, todo administrado, por su condición de tal, sin necesidad de título concreto, puede ser vinculado por los actos de la administración pública, lo cual incluye acuerdos ministeriales de aplicación general, tales como los que se dictan en materia de salud y trabajo;

Que mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Ministro del Trabajo expidió, las: «Directrices para la Aplicación del Teletrabajo Emergente durante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria»;

Que al ser el Consejo de la Judicatura el órgano de gobierno y administración de la Función Judicial, tiene la obligación constitucional y legal de emitir resoluciones tendientes a precautelar la salud y el bienestar de las y los servidores judiciales, así como de los usuarios

Registro Oficial – Edición Especial Nº 592 Jueves 21 de mayo de 2020 – 9

de esta Función del Estado, debido a la emergencia sanitaria que en los actuales momentos atraviesa el país;

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,

RESUELVE:

MODIFICAR EL CALENDARIO DE VACACIONES PARA LAS Y LOS

SERVIDORES DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LAS REGIONES

COSTA E INSULAR, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA

GENERADA POR EL COVID-19

Artículo único.- Modificar el calendario de vacaciones contemplado en el articulo 1 literal a) de la resolución 205-2019, de 12 de diciembre de 2019, publicada en el Registro Oficial No. 113, de 3 de enero de 2020, para las y los servidores de las dependencias judiciales de las regiones Costa e Insular, estableciéndose como nueva fecha de inicio el 16 de marzo de 2020 y como nueva fecha de finalización, el 30 de marzo de 2020.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Restringir, desde el 16 de marzo de 2020, por cinco días laborables, el ingreso y atención al público en las unidades con competencia en materia de familia, mujer, niñez y adolescencia; violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar; tránsito; y, adolescentes infractores en las regiones Costa e Insular, para lo cual se aplicarán las disposiciones contenidas en la Resolución 028-2019, de 14 de marzo de 2020.

SEGUNDA.- Estas disposiciones son susceptibles de revisión conforme el avance de la situación de emergencia.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La ejecución y cumplimiento de esta Resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General, en coordinación con la Secretaría General y las Direcciones Nacionales del Consejo de la Judicatura; además las Direcciones Provinciales de la región Costa e Insular

Notifíquese, publíquese y cúmplase,

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de marzo de dos mil veinte.

10 – Jueves 21 de mayo de 2020 Edición Especial Nº 592 – Registro Oficial

Registro Oficial – Edición Especial Nº 592 Jueves 21 de mayo de 2020 – 11

RESOLUCIÓN 030-2020

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «Son deberes primordiales del Estado: (…) 8.-Garantizar a sus habitantes (…) la seguridad integral»;

Que el artículo 178 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (…) «;

Que el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece como función del Pleno del Consejo de la Judicatura el: «Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial»;

Que el artículo 30 del Código Civil, determina: «Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.»;

Que el artículo 162 numeral 5 del Código Orgánico Administrativo, prevé que la suspensión del cómputo de plazos y términos en el procedimiento, así como los términos y plazos previstos en un procedimiento administrativo se suspenden, únicamente por el tiempo inicialmente concedido para la actuación en caso fortuito o fuerza mayor;

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Que el artículo 259 de la Ley Orgánica de la Salud, determina que una emergencia sanitaria: Es toda situación de riesgo de afección de la salud originada por desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico que favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con movilización de recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de las poblaciones más vulnerables»;

Que conforme la doctrina, bajo el principio de la sujeción general, todo administrado, por su condición de tal, sin necesidad de título concreto, puede ser vinculado por los actos de la administración pública, lo cual incluye acuerdos ministeriales de aplicación general, tales como los que se dictan en materia de salud y trabajo;

Que mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Ministro del Trabajo, expidió las: «Directrices para la Aplicación del Teletrabajo Emergente durante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria»;

Que el licenciado Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo 1017, de 16 de marzo de 2020, decretó el estado de excepción y toque de queda en todo el territorio nacional, suspendiendo los servicios públicos, con excepción de aquellos establecidos en el referido decreto;

Que al ser el Consejo de la Judicatura el órgano de gobierno y administración de la Función Judicial, tiene la obligación constitucional y legal de emitir resoluciones tendientes a precautelar la salud y el bienestar de las y los servidores judiciales, así como de los usuarios de esta Función del Estado, debido a la emergencia sanitaria que en los actuales momentos atraviesa el país;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2020-2191-M, de 16 de marzo de 2020, suscrito por la Dirección General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-2020-0567-M, de 16 de marzo de 2020, suscrito por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el informe jurídico y el proyecto de resolución, para: «SUSPENDER LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA»; concluyendo: «(…) considera pertinente y oportuno suspender los plazos y términos de prescripción que se

Registro Oficial – Edición Especial Nº 592 Jueves 21 de mayo de 2020 – 13

encuentran decurriendo dentro del régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura (…)’y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República y el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,

RESUELVE:

SUSPENDER LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE SE ENCUENTRAN

DECURRIENDO EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

DISCIPLINARIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Artículo 1.- Suspender los plazos y términos que se encuentran decurriendo en los procedimientos disciplinarios del Consejo de la Judicatura que son sustanciados por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y en las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura a nivel nacional.

Artículo 2.- Suspender los plazos de prescripción para el ejercicio de la acción disciplinaria, sean estos por denuncia, queja o de oficio.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La suspensión de los plazos y términos a los que se refiere la presente resolución durará hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura disponga lo contrario.

SEGUNDA.- En todo lo no previsto en la presente resolución, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitirá las aclaraciones o ampliaciones pertinentes.

TERCERA.- Agréguese a todos los procedimientos disciplinarios.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución y cumplimiento de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias de la Dirección General; la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica; Subdirección Nacional de Control Disciplinario; y, las Direcciones Provinciales a nivel nacional del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del 17 de marzo de 2020, sin perjuicio de la fecha de su publicación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

14 – Jueves 21 de mayo de 2020 Edición Especial Nº 592 – Registro Oficial

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Jueves 21 de mayo de 2020 (R.O 592- 21–mayo -2020) EDICIÓN ESPECIAL

Págs.

CONSEJO DE LA JUDICATURA

RESOLUCIONES:

028-2020 Restríngese el ingreso y atención al público en las dependencias judiciales en el territorio nacional, debido a la emergencia sanitaria relacionada por el COVID – 19

029-2020 Modifíquese el calendario de vacaciones para las y los servidores de las dependencias judiciales de las regiones costa e insular, debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID – 19

030-2020 Suspéndense los plazos y términos que se encuentran decurriendo en la sustanciación de los procedimientos disciplinarios del Consejo de la Judicatura

2 – Jueves 21 de mayo de 2020 Edición Especial Nº 592 – Registro Oficial

RESOLUCIÓN 028-2020

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «Son deberes primordiales del Estado: (…) 8.- Garantizar a sus habitantes (…) la seguridad integrar,

Que el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…) 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales / 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia»;

Que el artículo 32 del referido cuerpo normativo, determina que: «La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos (…) *

Que el artículo 178 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial;

Que el artículo 389 de la Carta Magna, señala que: «El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. (…) 3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión (…)5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. / 6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional»;

Que el artículo 259 de la Ley Orgánica de la Salud, determina que una emergencia sanitaria: «Es toda situación de riesgo de afección de la salud originada por desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico que favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con

Registro Oficial – Edición Especial Nº 592 Jueves 21 de mayo de 2020 – 3

movilización de recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de las poblaciones más vulnerables»;

Que el artículo 4 del Código Orgánico General de Procesos, establece que: «La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible’)

Que el artículo 76 del Código Orgánico General de Procesos, permite la suspensión de los plazos y términos por caso fortuito o fuerza mayor;

Que el artículo 563 numeral t del Código Orgánico Integral Penal, señala: «Audiencias.- Las audiencias se regirán por las siguientes reglas: 1. Se celebrarán en los casos previstos en este Código. En caso de que no pueda llevarse a cabo la audiencia, se dejará constancia procesal. Podrán suspenderse previa justificación y por decisión de la o el juzgador’¹,

Que conforme la doctrina, bajo la potestad de sujeción general, todo administrado, por su condición de tal, sin necesidad de título concreto, puede ser vinculado por los actos de la administración pública, lo cual incluye acuerdos ministeriales de aplicación general, tales como los que se dictan en materia de salud y trabajo;

Que mediante Acuerdo Ministerial 126-2020, de 11 de marzo de 2020, la

Ministra de Salud Pública, declaró el Estado de Emergencia Sanitaria para impedir la propagación del COV1D-19;

Que mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Ministro del Trabajo, expidió las: «Directrices para la Aplicación del Teletrabajo Emergente durante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria»;

Que al ser el Consejo de la Judicatura el órgano de gobierno y administración de la Función Judicial, tiene la obligación constitucional y legal de emitir resoluciones tendientes a precautelar la salud y el bienestar de las y los servidores judiciales, así como de los usuarios de esta Función del Estado, debido a la emergencia sanitaria que en los actuales momentos atraviesa el país;

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República y el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,

4 – Jueves 21 de mayo de 2020 Edición Especial Nº 592 – Registro Oficial

RESUELVE:

RESTRINGIR EL INGRESO Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LAS

DEPENDENCIAS

JUDICIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL, DEBIDO A LA EMERGENCIA

SANITARIA RELACIONADA POR EL COVID-19

Artículo 1.- Restricción al público.- Restringir por cinco días laborables, desde el 16 de marzo de 2020, el ingreso y atención al público en las dependencias judiciales y en los centros de mediación del Consejo de la Judicatura, en las condiciones que se establecen en esta resolución.

La restricción contenida en el presente artículo, no implica la suspensión de las actividades de las y los servidores en las dependencias judiciales, salvo aquellos que se encuentren en uso del período de vacaciones, licencias y permisos anteriormente otorgados.

Por efecto de la referida medida, las juezas, jueces y tribunales, en todas las causas, salvo las excepciones previstas en la presente resolución, conforme a la ley, dictarán las providencias para la suspensión de términos y plazos en general, incluida la interposición de demandas, recursos y otras actuaciones que tengan términos y plazos perentorios; así como, para el diferimiento de audiencias y su reprogramación.

Artículo 2.- Excepción conforme la materia.- La restricción prevista en el artículo 1 de la presente resolución, no aplicará para las unidades judiciales con competencia en materia de flagrancia: penal; violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar; tránsito; adolescentes infractores. Además unidades multicompetentes y garantías penitenciarias, para lo cual se sujetarán a los turnos preestablecidos.

Artículo 3.- Casos de prisión preventiva y hábeas corpus.- Se continuará con la sustanciación y la realización de las audiencias respectivas de todas las causas en las que exista el riesgo de caducidad de prisión preventiva y prescripción de la acción en materia penal; tránsito; adolescentes infractores: violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, así como en las acciones de hábeas corpus.

Artículo 4.- Restricción del carácter público de las audiencias.- En razón de la emergencia sanitaria, las y los jueces podrán restringir el carácter público de las audiencias, limitándose a la presencia de las y los servidores judiciales, partes procesales, sus abogados y personas cuya asistencia sea estrictamente necesaria para el desarrollo de los procedimientos, tales como testigos, peritos, entre otros.

Para la comparecencia de las partes procesales y de otras personas en las audiencias y/o diligencias, las y los jueces y demás servidores judiciales propenderán al empleo de medios telemáticos provistos por el Consejo de la Judicatura.

Registro Oficial – Edición Especial Nº 592 Jueves 21 de mayo de 2020 – 5

Artículo 5.- De los órganos autónomos.- Corresponderá a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría Pública determinar, en razón de la autonomía administrativa que les confiere la Constitución de la República del Ecuador, las medidas que correspondan en función de esta emergencia sanitaria.

Artículo 6.- De los órganos auxiliares.- En el caso de las notarías, las y los directores provinciales, bajo la supervisión del director general del Consejo de la Judicatura, establecerán horarios y turnos de atención al público, evitando la afluencia masiva de usuarios a sus dependencias,

En el caso de los peritos, continuarán con el cumplimiento de su función conforme lo disponga la o el juez, de acuerdo el artículo 4 de la presente resolución.

Articulo 7.- De los centros de mediación privados.- La Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, en coordinación con el director general del Consejo de la Judicatura, emitirá las directrices respecto a la atención al público en los centros de arbitraje y mediación de carácter privado.

Artículo 8.’ Actuaciones jurisdiccionales en la Corte Nacional de Justicia.–

La presidenta, las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, podrán disponer la realización de actuaciones jurisdiccionales que consideren necesarias o Indispensables.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las y los servidores jurisdiccionales, una vez justificada su condición y/o patologías crónicas e inmunodeprimidos que aumentan el riesgo de contagio del COVID-19, solicitarán las licencias respectivas y se procederá al reemplazo de conformidad con las disposiciones vigentes.

SEGUNDA.- El director general del Consejo de la Judicatura, conforme el artículo 280 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, adoptará las medidas y resoluciones que correspondan respecto del personal administrativo de la Función Judicial en el ámbito nacional, exceptuando el personal de los órganos autónomos.

TERCERA- En todo lo no previsto en la presente resolución, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitirá las aclaraciones o ampliaciones pertinentes.

CUARTA.- En el quinto día del término previsto en el artículo 1 de la presente resolución, el director general del Consejo de la Judicatura realizará una evaluación de las medidas adoptadas y presentará un informe, a fin de que el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelva sobre la ampliación o modificación de las mismas.

6 – Jueves 21 de mayo de 2020 Edición Especial Nº 592 – Registro Oficial

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución y cumplimiento de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General, en coordinación con la Secretaria General; las Direcciones Nacionales; y, las Direcciones Provinciales a nivel nacional del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del 16 de marzo de 2020, sin perjuicio de la fecha de su publicación.

Notifiquese, publíquese y cúmplase.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de marzo de dos mil veinte. 3/4-

Registro Oficial – Edición Especial Nº 592 Jueves 21 de mayo de 2020 – 7

RESOLUCIÓN 029-2020

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «Son deberes primordiales del Estado: (…) 8.- Garantizar a sus habitantes (…) la seguridad integral’)

Que el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «E/ ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…) 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales /5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia»;

Que el artículo 32 del referido cuerpo normativo, determina que: «La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos (…)»;

Que el artículo 178 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial;

Que el artículo 389 de la Carta Magna, señala que: «El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. (…) 3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión (…)5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. / 6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional»;

Que el artículo 4 del Código Orgánico General de Procesos, establece que: «La sustanciación de los procesos en todas las instancias, fases y

8 – Jueves 21 de mayo de 2020 Edición Especial Nº 592 – Registro Oficial

diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible»;

Que el artículo 563 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, señala: «Audiencias.- Las audiencias se regirán por las siguientes reglas: 1. Se celebrarán en los casos previstos en este Código. En caso de que no pueda llevarse a cabo la audiencia, se dejará constancia procesal. Podrán suspenderse previa justificación y por decisión de la o el juzgador»;

Que el artículo 259 de la Ley Orgánica de la Salud, determina que una emergencia sanitaria: «Es toda situación de riesgo de afección de la salud originada por desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico que favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con movilización de recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de las poblaciones más vulnerables»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 205-2019, de 12 de diciembre de 2019, publicada en el Registro Oficial No. 113, de 3 de enero de 2020, aprobó el calendario de vacaciones para las y los servidores de las dependencias judiciales a nivel nacional;

Que mediante Acuerdo Ministerial 126-2020, de 11 de marzo de 2020, la Ministra de Salud Pública declaró el Estado de Emergencia Sanitaria para impedir la propagación del COVID-19;

Que conforme la doctrina, bajo la potestad de sujeción general, todo administrado, por su condición de tal, sin necesidad de título concreto, puede ser vinculado por los actos de la administración pública, lo cual incluye acuerdos ministeriales de aplicación general, tales como los que se dictan en materia de salud y trabajo;

Que mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Ministro del Trabajo expidió, las: «Directrices para la Aplicación del Teletrabajo Emergente durante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria»;

Que al ser el Consejo de la Judicatura el órgano de gobierno y administración de la Función Judicial, tiene la obligación constitucional y legal de emitir resoluciones tendientes a precautelar la salud y el bienestar de las y los servidores judiciales, así como de los usuarios

Registro Oficial – Edición Especial Nº 592 Jueves 21 de mayo de 2020 – 9

de esta Función del Estado, debido a la emergencia sanitaria que en los actuales momentos atraviesa el país;

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,

RESUELVE:

MODIFICAR EL CALENDARIO DE VACACIONES PARA LAS Y LOS

SERVIDORES DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LAS REGIONES

COSTA E INSULAR, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA

GENERADA POR EL COVID-19

Artículo único.- Modificar el calendario de vacaciones contemplado en el articulo 1 literal a) de la resolución 205-2019, de 12 de diciembre de 2019, publicada en el Registro Oficial No. 113, de 3 de enero de 2020, para las y los servidores de las dependencias judiciales de las regiones Costa e Insular, estableciéndose como nueva fecha de inicio el 16 de marzo de 2020 y como nueva fecha de finalización, el 30 de marzo de 2020.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Restringir, desde el 16 de marzo de 2020, por cinco días laborables, el ingreso y atención al público en las unidades con competencia en materia de familia, mujer, niñez y adolescencia; violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar; tránsito; y, adolescentes infractores en las regiones Costa e Insular, para lo cual se aplicarán las disposiciones contenidas en la Resolución 028-2019, de 14 de marzo de 2020.

SEGUNDA.- Estas disposiciones son susceptibles de revisión conforme el avance de la situación de emergencia.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La ejecución y cumplimiento de esta Resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General, en coordinación con la Secretaría General y las Direcciones Nacionales del Consejo de la Judicatura; además las Direcciones Provinciales de la región Costa e Insular

Notifíquese, publíquese y cúmplase,

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de marzo de dos mil veinte.

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RESOLUCIÓN 030-2020

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «Son deberes primordiales del Estado: (…) 8.-Garantizar a sus habitantes (…) la seguridad integral»;

Que el artículo 178 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (…) «;

Que el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece como función del Pleno del Consejo de la Judicatura el: «Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial»;

Que el artículo 30 del Código Civil, determina: «Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.»;

Que el artículo 162 numeral 5 del Código Orgánico Administrativo, prevé que la suspensión del cómputo de plazos y términos en el procedimiento, así como los términos y plazos previstos en un procedimiento administrativo se suspenden, únicamente por el tiempo inicialmente concedido para la actuación en caso fortuito o fuerza mayor;

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Que el artículo 259 de la Ley Orgánica de la Salud, determina que una emergencia sanitaria: Es toda situación de riesgo de afección de la salud originada por desastres naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticos, ausencia o precariedad de condiciones de saneamiento básico que favorecen el incremento de enfermedades transmisibles. Requiere la intervención especial del Estado con movilización de recursos humanos, financieros u otros, destinados a reducir el riesgo o mitigar el impacto en la salud de las poblaciones más vulnerables»;

Que conforme la doctrina, bajo el principio de la sujeción general, todo administrado, por su condición de tal, sin necesidad de título concreto, puede ser vinculado por los actos de la administración pública, lo cual incluye acuerdos ministeriales de aplicación general, tales como los que se dictan en materia de salud y trabajo;

Que mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Ministro del Trabajo, expidió las: «Directrices para la Aplicación del Teletrabajo Emergente durante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria»;

Que el licenciado Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo 1017, de 16 de marzo de 2020, decretó el estado de excepción y toque de queda en todo el territorio nacional, suspendiendo los servicios públicos, con excepción de aquellos establecidos en el referido decreto;

Que al ser el Consejo de la Judicatura el órgano de gobierno y administración de la Función Judicial, tiene la obligación constitucional y legal de emitir resoluciones tendientes a precautelar la salud y el bienestar de las y los servidores judiciales, así como de los usuarios de esta Función del Estado, debido a la emergencia sanitaria que en los actuales momentos atraviesa el país;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2020-2191-M, de 16 de marzo de 2020, suscrito por la Dirección General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-2020-0567-M, de 16 de marzo de 2020, suscrito por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el informe jurídico y el proyecto de resolución, para: «SUSPENDER LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA»; concluyendo: «(…) considera pertinente y oportuno suspender los plazos y términos de prescripción que se

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encuentran decurriendo dentro del régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura (…)’y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República y el artículo 264 numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,

RESUELVE:

SUSPENDER LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE SE ENCUENTRAN

DECURRIENDO EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

DISCIPLINARIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Artículo 1.- Suspender los plazos y términos que se encuentran decurriendo en los procedimientos disciplinarios del Consejo de la Judicatura que son sustanciados por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y en las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura a nivel nacional.

Artículo 2.- Suspender los plazos de prescripción para el ejercicio de la acción disciplinaria, sean estos por denuncia, queja o de oficio.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La suspensión de los plazos y términos a los que se refiere la presente resolución durará hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura disponga lo contrario.

SEGUNDA.- En todo lo no previsto en la presente resolución, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitirá las aclaraciones o ampliaciones pertinentes.

TERCERA.- Agréguese a todos los procedimientos disciplinarios.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución y cumplimiento de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias de la Dirección General; la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica; Subdirección Nacional de Control Disciplinario; y, las Direcciones Provinciales a nivel nacional del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del 17 de marzo de 2020, sin perjuicio de la fecha de su publicación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

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