Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles, 25 de julio de 2018 (R. O.58, 25-julio -2018) Edición Constitucional

EDICIÓN CONSTITUCIONAL

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

Págs.

SENTENCIAS:

001-18-PJO-CC Emítese sentencia, dentro de la acción de hábeas corpus N° 199-2014

002-18-PJO-CC Emítese sentencia, dentro de la acción de hábeas corpus N° 00064-2015

2 – Miércoles 25 de julio de 2018 Edición Constitucional Nº 58 – Registro OficialCorte

Constitucional

DEL ECUADOR

Quito D.M., 20 de junio del 2018

SENTENCIA N.° 001-18-PJO-CC

CASO N.° 0421-14-JH

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

Trámite ante la Corte Constitucional

  1. Mediante oficio N.º 584-2014-SEFNAAI-CNJ de 24 de octubre de 2014, la doctora Patricia Velasco Mesías, secretaria relatora de la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia remitió a la Corte Constitucional copia certificada de la sentencia dictada el 17 de octubre de 2014, las 16:55, por la Sala antes referida, dentro de la acción de hábeas corpus N.º 199-2014, presentada por la doctora Vilma Marcela Andrade Gavilánez en calidad de abogada defensora los cónyuges Juan Manuel Anrango Tocagón y Virginia Anrango Vásquez. El caso ingresó a la Corte Constitucional y se le asignó el N.°0421-14-JH.
  2. La Primera Sala de Selección de la Corte Constitucional, integrada por los jueces constitucionales Patricio Pazmiño Freiré, Alfredo Ruíz Guzmán y Manuel Viteri Olvera, mediante auto de selección expedido el 24 de marzo de 2015, las 16:11, y conforme lo previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, procedió a seleccionar el presente caso.
  3. El 5 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional los jueces constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva Chicaíza y Francisco Butiñá Martínez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República del Ecuador.

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  1. Mediante la Resolución N.° 004-2016-CCE, adoptada por el Pleno del Organismo el S de junio de 2016, se designó a la abogada Manen Segura Reascos como jueza constitucional.
  2. La Tercera Sala de Revisión conformada por los jueces constitucionales Wendy Molina Andrade, Roxana Silva Chicaíza y Manuel Viteri Olvera en sesión de 16 de febrero de 2016, efectuó el sorteo de causas, correspondiéndole a la Dra. Wendy Molina Andrade como jueza ponente, quien avocó conocimiento de la causa el 31 de mayo de 2018.

Trámite de la garantía jurisdiccional

  1. La Dra. Vilma Marcela Andrade Gavilán en presentó acción de hábeas corpus a favor de los cónyuges Juan Manuel Anrango Tocagón y Virginia Anrango Vásquez, alegando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa durante el proceso de detención y dentro del dictamen de prisión preventiva ordenada por la Unidad Penal y de Tránsito de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el presunto delito de tráfico de explosivos.
  2. Los jueces que integran la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, mediante sentencia dictada el 19 de septiembre de 2014 rechazaron la acción de hábeas corpus, propuesta por los ciudadanos y cónyuges Juan Manuel Anrango Tocagón y Virginia Anrango Vásquez por improcedente al no evidenciarse la vulneración de ningún derecho o norma constitucional.
  3. Posteriormente, ante la interposición del recurso de apelación, la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, resolvió, mediante sentencia dictada el 17 de octubre de 2014, revocar la sentencia venida en grado y aceptar la acción de hábeas corpus por encontrarse vulnerado el derecho a la libertad, disponiendo la liberación inmediata de los detenidos y la adopción de medidas alternativas a la prisión preventiva. Decisión que se sustenta principalmente en que; a) La normativa constitucional analizada, ha

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establecido como garantía básica del debido proceso y del derecho a la defensa, que un ciudadano inmerso en cualquier procedimiento, sea comunicado en su propia lengua, cosa que no ha sucedido en el presente caso, por tanto, se comprueba la infracción al derecho efectivo a la defensa y al debido proceso al momento de la privación de la libertad, sabiendo que el derecho a ser informado de manera clara y precisa sobre las imputaciones que se realizan en contra de una persona, desde el inicio de su investigación, como en las fases posteriores de un procedimiento en el que se establece responsabilidad penal, constituye un elemento fundante del derecho a una defensa efectiva y adecuada, b) El constituyente ha establecida como parte de los derechos de protección de toda persona, y específicamente del derecho a la defensa, la garantía de que nadie podrá ser interrogado, ni siquiera con fines investigativos, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial, e incluso cualquier otra, sin contar con la presencia de un abogado particular o publico, en este sentido, se denotan deficiencias en la actuación policial al momento de la restricción de libertad de los cónyuges, por cuanto se ha realizado cuestionamientos a los procesados sin la presencia de un letrado, c) En el caso sub judice, el planteamiento de la funcionaría de Fiscalía al momento de solicitar al juez de garantías penales, la medida personal de prisión preventiva, no se ajusta al requisito legal de motivación, pues no se demuestra que las oirás medidas cautelares son ineficaces 0 insuficientes para las circunstancias de los hoy accionantes de la garantía constitucional, ya que, la agente Fiscal se limita a manifestar que en caso de no ordenarse la prisión preventiva, los procesados se fugarán, aún de contarse con instrumentos que acrediten arraigo, sin entregar ningún argumento que de fuerza a la solicitud, menos que demuestre ei aserto por ella vertido, d) Para la procedencia de la restricción de la libertad como medida cautelar, se deben contar con indicios claros y precisos acerca de la autoría o complicidad de la persona sobre la que va a pesar la medida restrictiva, por lo que, en el caso bajo análisis, la funcionaría de la fiscalía encargada de determinar el grado de participación de las personas en cuyo favor se plantea esta garantía, señala en la diligencia de calificación de flagrancia que será durante la etapa de instrucción donde se establecerá el grado de participación de los procesados, resultando un elemento más que.

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según la Corte Nacional de Justicia, deslegitima la orden de privación de libertad que pesa sobre los accionantes.

H. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 436, numeral 6 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 2> numeral 3 y 25 numeral S de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el pleno de la Corte Constitucional es competente para expedir sentencias que constituyen jurisprudencia vinculante o precedente con carácter erga omnes, en todos los procesos constitucionales que llegan a su conocimiento. Asimismo,, conforme a lo señalado en la sentencia N.° 001-10-PJO-CC, la Corte está facultada para efectuar la revisión del caso de aquellos supuestos en los que se constate en la sustanciación o decisión de la causa una vulneración a derechos constitucionales 1.

10.Sobre esta base, queda claro que la Corte Constitucional es competente para seleccionar casos derivados de procesos constitucionales, a fin de expedir precedentes con carácter vinculante, independientemente de la forma en que dichos procesos hayan concluido -auto o sentencia-atendiendo las particularidades de cada causa; en la medida en que a tales casos, subyacen consideraciones de orden jurídico constitucional tocante con los derechos y principios constitucionales que merecen el respectivo análisis y pronunciamiento por parte del máximo organismo de administración de justicia constitucional.

1 Corte Constitucional, para el período de transición, sentencia N.° 001-10-PJO-CC caso N.° 0999-09-JP.

Fuentes en las que se funda la decisión

11. Esta magistratura, para resolver, tendrá como base el artículo 77 numerales 1, 4 y 7 literal a) de la Constitución de la República, el cual consagra las diversas garantías que le asisten a lodo ciudadano en caso de la privación de libertad; el artículo 86 ibídem, que establece las disposiciones comunes a las garantías jurisdiccionales; y, el articulo 89 ibídem que recoge la acción de hábeas corpus, en concordancia con los criterios y reglas emitidas por este Organismo a través de su jurisprudencia; en concreto, las sentencias Nros. 00140-PJO-CC, 01748-SEP-CC, 24747-SEP-CC, 17145-SEP-CC, 237-15-SEP-CC, 239-15-SEP-CC, 249-16-SEP-CC y 38946-SEP-CC.

12. Adicionalmente, la Corte para resolver, considerará la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

13. Así también, es importante determinar que todas las decisiones emitidas por la Corte Constitucional contienen precedentes jurisprudenciales, que tienen el carácter de vinculantes; tanto así, que no solo las decisiones que devienen de] proceso de selección y revisión de sentencias y resoluciones constitucionales tienen dicho trato. En este sentido, es importante señalar que un precedente constitucional es fundamental para reafirmar el rol de los jueces y juezas constitucionales, y dar vida al texto constitucional a través de las decisiones, con el fin de materializar una democracia constitucional.2 Además, este Organismo, en la sentencia N.º 0001-16-PJO-CC del caso N.° 0530-10-JP, determinó lo siguiente:

… todos los criterios de decisiones jurisdiccionales, esto es sentencias de acciones extraordinarias de-protección, de incumplimiento, por incumplimiento, consultas de norma, control de constitucional)dad, de interpretación constitucional, dirimencia de competencias, y dictámenes constitucionales emanados por este órgano de administración de justicia son de obligatorio

: Corte Constitucional, sentencia N,0 0001-12-PJO-CC, caso N.° 0893-09-EP y acumuladas.

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cumplimiento, en virtud de que la Corte Constitucional al interpretar la Constitución al decidir cada caso crea normas jurisprudenciales que se ubican al mismo nivel que la Constitución.

Determinación y desarrollo del problema jurídico a resolver

14.En atención a lo manifestado, el Pleno de la Corte Constitucional procederá a sistematizar sus argumentaciones a partir del planteamiento del siguiente problema jurídico:

¿Los hechos que acontecieron durante la privación de la libertad de los ciudadanos Juan Manuel Anrango Tocagón y Virginia Anrango Vásquez, la convirtieron en ilegal, arbitraria o ilegítima?

15.La Corte, a partir de la resolución del problema jurídico en cuestión, procederá analizar la naturaleza, alcance y objeto de la acción de hábeas corpus, en relación con las normas que regulan su sustanciación, específicamente aquellas concernientes a las garantías en caso de privación de la libertad previstas en el artículo 77 de la Constitución de la República. En función de este análisis, esta Corte pretende determinar si los hechos que se suscitaron dentro de la detención y privación de la libertad de los cónyuges Juan Manuel Anrango Tocagón y Virginia Anrango Vásquez, ocasionan que la misma sea declarada por la justicia constitucional como ilegal, arbitraria o ilegítima.

16. En este escenario, el artículo 89 de la Constitución de la República dispone:

Art. 89.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad.

Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza o juez

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ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de libertad,

La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá de forma inmediata.

En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable.

Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia.

17. En igual senado, el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece;

La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona, tales como:

  1. A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria O ilegítima, protección que incluye la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia;
  2. A no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional;
  3. A no ser desaparecida forzosamente;
  4. Ano ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante;
  5. A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo político, no ser expulsada y devuelta al país donde teme persecución o donde peligre su vida, su libertad, su integridad y su seguridad;

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  1. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias;
  2. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya libertad haya sido ordenada por una jueza o juez;
  3. A la inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya caducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos sancionados con prisión y de un año en los delitos sancionados con reclusión;
  4. A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana;

10. A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detención,

18. En concordancia con aquello, el artículo 45 ibídem determina:

Reglas de aplicación.- Las juezas o jueces observarán las siguientes reglas:

En caso de verificarse cualquier forma de tortura se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad.

En caso de privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez declarará la violación del derecho, dispondrá la inmediata libertad y la reparación integral. La privación arbitraria o ilegitima se presumirá en los siguientes casos: (…)

La orden judicial que dispone la libertad será obedecida inmediatamente por los encargados del lugar de la privación de libertad, sin que sea admisible ningún tipo de observación o excusa.

En cualquier parte del proceso, la jueza o juez puede adoptar todas las medidas que considere necesarias para garantizar la libertad y la integridad de la persona privada de libertad, incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional.

19. En este contexto, esta Corte Constitucional, a] desarrollar la garantía de hábeas corpus, mediante sentencia N.° 171-15-SEP-CC emitida dentro del caso N.° 0560-12-EP, señaló: «…se convierte en una garantía y un derecho de las personas que se han visto detenidas o privadas de la

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libertad, a través de la cual, las autoridades competentes deben resolver la situación jurídica de ellas a efectos de determinar si la detención se realizó sobre la base de los preceptos legales y constitucionales pertinentes…»

20. De igual forma, la Corte ínter/americana de Derechos Humanos, mediante sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, dictada el 7 de septiembre de 2004, en el caso Tibi vs Ecuador, expresó;

US. Este Tribuna) estima necesario realizar algunas precisiones sobre este punto. En primer lugar los términos de la garantía establecida en el artículo 1.5 de la Convención son claros en cuanto a que la persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez o autoridad judicial competente, conforme a los principios de control judicial e inmediación procesal. Esto es esencial para la protección del derecho a la libertad personal y para otorgar protección a otros derechos, como la vida y la integridad personal.

21. Así también, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual, correspondiente al año de 1998, estableció que:

El recurso de habeas corpus es la garantía tradicional que; en calidad de acción, tutela la libertad física o corporal o de locomoción a través de un procedimiento judicial sumario, que se tramita en forma de juicio. Generalmente, el babeas corpus extiende su tutela a favor de personas que ya están privadas de libertad en condiciones ilegales o arbitrarias, justamente para hacer cesar las restricciones que han agravado su privación de libertad. La efectividad de la tutela que se busca ejercer con este recurso depende, en gran medida, de que su trámite sea sumario, a efecto de que, por su celeridad, se transforme en una vía idónea y apta para llegar a una decisión efectiva del asunto en el menor tiempo posible.

22. Por tanto, de conformidad con lo expuesto, esta Coite evidencia de forma clara, que la acción de hábeas corpus protege aspectos relacionados con la privación ilegal o ilegítima de la libertad de una persona, sino también aspectos relacionados con los derechos a la vida y la integridad física de las personas; evidenciándose de esta manera la existencia de tres derechos que protege la garantía en cuestión, que son la libertad, la vida y la integridad física.

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23. Dicho en otras palabras, el hábeas corpus está destinado a recuperar la libertad de una persona, cuando esta ha sido privada de la misma, de forma ilegal, ilegitima o arbitraria. Con relación a la privación de la libertad ilegal, esta puede ser definida como aquella ordenada o ejecutada en contravención a los mandatos expresos de las normas que componen el ordenamiento jurídico. La privación de la libertad arbitraria en cambio, es aquella ordenada o mantenida sin otro fundamento que la propia voluntad o capricho de quien la ordena o ejecuta. Y por último, la privación de la libertad ilegítima, es aquella ordenada o ejecutada por quien no tiene potestad o competencia para ello.3 De manera que, el juez constitucional que conoce la garantía de hábeas corpus, para resolver, se encuentra en la obligación de verificar que la privación de la libertad que se acusa, se haya realizado bajo los parámetros constitucionales y legales, pues, solo en la medida que se verifique este supuesto, y se dicte una resolución de fondo al respecto, se habrá tutelado los derechos a la libertad, integridad personal y a la vida. Para lo cual, resulta indispensable, en los casos que corresponda, la inmediación entre la autoridad encargada de juzgar y la persona que se encuentra privada de la libertad.

24. Ahora bien, en base a las consideraciones expuestas y tomando en consideración los elementos fácticos del caso materia de análisis, le corresponde a esta Corte efectuar la descripción respecto al derecho a la libertad protegido por la garantía jurisdiccional del hábeas corpus, dado que es este derecho en particular el que se vio amenazado ante la privación de la libertad de los cónyuges Juan Manuel Anrango Tocagón y Virginia Anrango Vásquez.

25. El primer derecho que protege la garantía jurisdiccional de hábeas corpus a favor de las personas, es la libertad. Al respecto, es menester expresar que el referido derecho se encuentra reconocido en el artículo 66 numeral 29 literales a) y c) de la Constitución de la República, en los siguientes términos: «El reconocimiento de que todas las personas nacen libres»; y, «Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas,

3 Corte Constitucional del Ecuador, caso N.° 0012-12-EP, sentencia N.° 247-17-SEP-CC

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multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias 11. En función de aquello, el artículo 77 ibídem, en general establece garantías básicas, en los procesos penales en los que se hubiere privado de la libertad a una persona;

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas:

  1. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley;
  2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos.
  3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio.
  4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.
  5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al representante consular de su país.
  6. Nadie podrá ser incomunicado.
  7. El derecho de toda persona a la defensa incluye:
  1. Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento.
  2. Acogerse al silencio.

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c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.

  1. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género, Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente.
  2. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión, Si se exceden estos planos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto,

La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad con la ley.

  1. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria. la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aún cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso.
  2. La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley.
  3. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley.
  4. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas,
  5. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que recurre.

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Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios.

Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley.

26. En el mismo sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos establece:

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
  2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y la las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parles o por las leyes dictadas conforme a ellas.
  3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
  4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
  5. Toda persona detenida 0 retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso- Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
  6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Panes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
  7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

27. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bayarri vs. Argentina, mediante sentencia de 30 de octubre de 2008, señaló:

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54. El artículo 7.2 de la Convención Americana establece que «nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas». Este Tribunal ha señalado que al remitir a la Constitución y leyes establecidas «conforme a ellas», el estudio de la observancia del artículo 12, de la Convención implica el examen del cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho ordenamiento. Si la normativa interna no es observada al privar a una persona de su libertad, tal privación será ilegal y contraria a la Convención Americana…

28. En base a lo expuesto, está claro que el primer derecho protegido por el hábeas corpus, se relaciona primordialmente con un control judicial de la privación de la libertad. Por lo que a través de esta garantía jurisdiccional, la persona privada de la libertad cuestiona la constitucionalidad o legalidad de tal privación, materializada a través de sus distintas formas como son: detención, arresto, prisión. Al respecto, esta Corte dentro de la sentencia N.° 247-17-SEP-CC, dictada en el caso N.° 0012-12-EP, manifestó en forma enfática que el control que, ejerce el hábeas corpus sobre la privación de la libertad no se refiere únicamente a la detención o aprehensión, sino que comprender «todos los hechos y condiciones en las que esta se encuentra desde que existe una orden encaminada a impedir que transite libremente -y por tanto, pase a estar bajo la responsabilidad de quien ejecute esta orden-, hasta el momento en que efectivamente se levanta dicho impedimento».

29. Como consecuencia de esta definición amplia del concepto, se puede afirmar que una medida de privación de la libertad que inició siendo constitucional mente aceptable, puede devenir en ilegal, arbitraria o ilegítima, o ser ejercida en condiciones que amenacen o vulneren los derechos a la vida o integridad de la persona, por hechos supervinientes. Por lo tanto, el juez constitucional que conoce la garantía de hábeas corpus, para resolver, se encuentra en la obligación de verificar que el acto que dio inicio a la privación de la libertad que se acusa, haya sido ordenado y ejecutado bajo los parámetros constitucionales y legales; así como, que ninguno de los hechos y condiciones acaecidos mientras el derecho en cuestión se vea afectado por la medida, constituyan motivo

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i 1

para considerar que el derecho se ve amenazado o vulnerado; y, en función de aquello, tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen medidas inmediatas respecto de la vulneración a este derecho; así conforme se señaló ut supra en el artículo 89 de la Constitución, $e establece que: «En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá de forma inmediata.»

30. Por otro lado, cabe observar que el derecho a la libertad constituye una condición y característica atribuible a todo ser humano, por el hecho de ser tal; esencia misma de la persona, que le permite elegir, dirigir y realizar su proyecto de vida, tanto en su esfera íntima como en un contexto social, sin más limitaciones que las establecidas en la constitución, la ley y los derechos de los demás. La libertad entonces, hace posible la autodeterminación personal, así como la materialización de la voluntad en el sentido de cuándo y a donde ir o permanecer, por ende, tiene un contenido personal, físico y de tránsito; siendo que, el Estado tiene que brindar la protección necesaria para su ejercicio.

31. Ahora bien, así como el Estado es el responsable de respetar y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la libertad a través de sus instituciones, y por ende, sancionar a través de sus órganos jurisdiccionales toda restricción o vulneración del mismo; no es menos cierto que, esta obligación es de doble vía, pues, al no ser la libertad un derecho de ejercicio absoluto, es susceptible de limitaciones. Así, los organismos públicos, en el ejercicio de sus competencias relacionadas con la labor de precautelar el orden público y mantener la armonía social y en el ejercicio de su poder punitivo, están facultados para establecer las limitaciones que sean estrictamente necesarias para conseguir sus fines. No obstante, deberán observar, al adoptar tales restricciones, los parámetros dados por el propio ordenamiento jurídico, el bloque de constitucionalidad y los sistemas universal y regional de protección de los derechos humanos.

32. En función de lo antes expuesto, queda clara entonces la trascendencia que adquiere el derecho constitucional a la libertad, al ser un derecho humano,

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inherente a cada persona por su condición; el mismo que permite a su titular realizar su proyecto de vida en función de su convicción y autodeterminación, y a su vez, permite la materialización de otros derechos constitucionales como por ejemplo el derecho a la vida y el ejercicio de todas las libertades como la libertad de asociación, de trabajo, entre otras.

33. Una vez que esta Corte ha abordó la garantía de hábeas corpus, corresponde retomar el análisis del caso concreto a fin de establecer, si las tres circunstancias que acontecieron durante la detención de los cónyuges fueron o no razones suficientes para establecer que la privación de libertad era ilegal, arbitrario o ilegítima, conforme lo determinó la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia por medio de su sentencia dictada el 17 de octubre de 2014. Para lo cual, analizaremos a detalle cada una de las tres garantías que fueron argumentadas por los jueces constitucionales, las cuales se encuentran reconocidas en el artículo 77 de la Constitución de la República.

Derecho a ser informado en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados:

34. Según se desprende de los antecedentes fácticos del caso, las personas que fueron detenidas ante el presunto cometimiento del delito son de origen otavaleño, cuyo idioma materno es el quichua. Tomando en cuenta ese factor, durante el proceso de hábeas corpus, los jueces de apelación, basándose en las declaraciones de los detenidos durante la audiencia, llegaron a la conclusión de que la pareja no hablaba el idioma español sino únicamente el quichua, circunstancia transcendental que no fue considerada por las autoridades policiales al momento en que aprehendieron a los sospechosos, lo cual dio como resultado, según lo sustentó la Sala de apelación, la vulneración de la garantía a ser informado «de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra», contemplada en el artículo 77 numeral 7 literal a de la Constitución de la República, el

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cual fue citado con antelación. Garantía que guarda relación con aquella prevista en el artículo 76 numeral 7 literal f de la Cana Suprema, que reconoce el derecho a; «ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no se comprende q no se habla el idioma en el que se sustenta el procedimiento».

35.Ahora bien, lomando en consideración los antecedentes del caso, esta Corte destaca la importancia que dentro de la Constitución se contemple como una garantía fundamental de la defensa en los casos de la privación de la libertad, el derecho a que la persona sea informada en forma clara y en su propio idioma, ya que precisamente de dicha información la persona toma conciencia respecto de las razones por las cuales se le está privando de su libertad, al igual que el proceso legal al que será sometido, según las circunstancias del caso, y finalmente, los derechos constitucionales que le asisten durante el desarrollo de dicho proceso. De ahí que esta necesidad de que el ciudadano reciba dicha información en su propio idioma y no en uno desconocido radica en la conservación y promoción de la diversidad cultural como parle esencia] de un Estado plurinacional e intercultural reconocido en el artículo 1 de la Constitución de la República; con lo cual, está claro que esta garantía procesal está vinculada con el derecho a la identidad cultural que poseen las personas como elemento de adhesión dentro de un grupo social, en donde se desarrolla un sentido de pertenencia hacia el grupo con el cual se identifica en función de los rasgos culturales comunes, entre ellos el idioma.

36.En consecuencia, esta garantía constituye un pilar fundamental para el ejercicio del derecho la defensa del procesado, toda vez que el desconocimiento o la dificultad de comprensión del idioma utilizado por la autoridad, sea este de la fuerza pública o una autoridad judicial, constituye, sin reparo alguno, un obstáculo para el ejercicio del derecho de defensa e incluso una eventual situación de desigualdad en el desarrollo de un proceso. De lo referido se infiere que el derecho del imputado de a ser informado en su propio idioma o a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma que utiliza la autoridad se constituye en un elemento esencial del derecho al debido.

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proceso, ya que de ello depende que la persona comprenda plenamente todo cuanto acontece en las diferentes actuaciones procesales,

Derecho a ser asistido por un abogado o defensor público desde el momento en que se le privó de su libertad:

37. Según se desprende de la sentencia de apelación dictada dentro de la garantía de babeas Corpus, de las declaraciones que fueron tomadas a los agentes policiales que intervinieron en la aprehensión de los dos ciudadanos, se evidenció el interrogatorio del que fueron objeto los procesados a fin de tener mayor información respecto al lugar de entrega de la mercadería, así como la identidad de la persona que les pagaría por el trabajo que debía realizar: interrogatorio que tuvo lugar en el instante de la aprehensión sin que se haya contado con la presencia de un abogado defensor. Circunstancia que, a decir de la Sala de apelación dentro de la garantía jurisdiccional;, afectó sustancialmente el derecho a la defensa de los dos implicados, en cuanto a la garantía de contar con un abogado defensor en el momento de su detención,

38. En tal sentido, esta garantía sustanciada dentro del debido proceso y del derecho a la defensa, está reconocida en nuestra Constitución tanto en el artículo 76 como una garantía del debido proceso, así como en el artículo 77 como una garantía a ser aplicada en la privación de la libertad:

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que Incluirá las siguientes garantías básicas:

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes, garantías básicas:

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4. En el momento de la detención, la agente o el agente informara a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada n abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.

39. Según se desprende de las normas citadas, el derecho a la asistencia de un abogado, representa sin duda un elemento fundamental dentro del ejercicio del derecho de defensa de quien resulta inculpado penalmente, constituyéndose en un elemento expositor del acceso a la justicia en sentido amplio, en tanto la intervención activa de un defensor posibilita que todos los derechos y garantías reconocidos en la Constitución, en tratados internacionales y en la ley, sean resguardados y ejercitados en forma efectiva. En consecuencia, si una persona es interrogada por la fuerza pública en el momento mismo de su detención, y en consecuencia no tiene la oportunidad de rendir su declaración en presencia de su abogado, resulta evidente que no se le garantizó el derecho de contar con abogado defensor.

40. Respecto a este tema, el jurista Sergio García Ramírez, refiriéndose a la función misma de defensa, así como al ejercicio de esta a través de distintos medios, destaca la figura y actuación del abogado defensor, quien contribuye a integrar lo que él denomina la «personalidad procesal del justiciable». Con lo cual, resalta el jurista, el derecho de defensa no se agota con la sola presencia de un abogado en las actuaciones policiales o judiciales, sino que se requiere que sea eficaz, es decir, que desarrolle- sus funciones no solo de manera formal, sino que Lleve efectivamente la defensa encargada; ello solo será posible si la persona detenida cuenta con el tiempo y lugar adecuado para entrevistarse con su defendido, sin ningún tipo de censura y en forma plenamente confidencial.4

41. Al respecto, dentro del caso Tibi vs Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce un caso claro de cómo un acto de nombramiento meramente formal o simbólico de un abogado defensor no

4 García Ramírez, Sergio. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 2006, p. 1138. En www.juridicas.unam.mx.

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da sustento a que la garantía en análisis se cumpla efectivamente. Así, en el párrafo 194 de la sentencia se indica que se tuvo por demostrado que: «…en el auto cabeza del proceso que declaró abierta la etapa de sumario, dictado el 4 de octubre de 1995, el juez designó un abogado de oficio para el señor Daniel Tibi y los otros sindicados. Ese abogado no visitó a la presunta víctima ni intervino en su defensa. Si bien el señor Tibi logró comunicarse posteriormente con un abogado particular, no pudo contratar sus servicios por falta de recursos económicos. Esta situación hizo que durante el primer mes de detención no contara con asistencia de un abogado (supra párr. 90,19), lo que le impidió disponer de una defensa adecuada.»5 En función a lo citado, la Corte manifestó que el derecho a la defensa se vería igual que quebrantado si el abogado, no tiene voluntad de ejercer una defensa en beneficio de su cliente o si el abogado tiene obstáculos para acceder a su defendido, así como a preparar dentro de un tiempo razonable una estrategia legal de defensa.

La privación de la libertad como medida cautelar de última ratio:

42. Finalmente, la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, resolvió, dentro del recurso de apelación, aceptar el hábeas corpus y con ello cambiar la privación de libertad por otra medida alternativa prevista en la ley de la materia, argumentando que el pedido por el cual el fiscal solicitó al juez que se dicte la prisión preventiva de los aprehendidos mientras dure las investigaciones, no se encontraba motivada, circunstancia que, a decir de los jueces constitucionales, rompía el principio de excepcional dad en la privación de libertad como una medida cautelar, vulnerándose con ello el artículo 77 numerales 1 y 11 de la Constitución de la República, que señalan:

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas:

5 Corte IDH. Caso Tibi vs Ecuador, Sentencia de 07 de septiembre de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

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1. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicara para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad can los casos. plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley.

(…)

11. La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley,

43. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 9 numeral 3, con relación a la excepcionalidad de la prisión preventiva señala: «La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto de juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales, y, en su caso, para la ejecución del fallo,»

44. Cabe manifestar que este principio referente a la privación de la libertad como ultima ratio, el cual es asimismo una garantía del debido proceso, según se desprende de las normas constitucionales citadas, ha sido desarrollado por la doctrina y jurisprudencia tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal de derechos humanos en torno al tema de la detención preventiva como medida cautelar dentro del proceso penal, que tiene como propósito asegurar el correcto desarrollo de las investigaciones, así como la comparecencia del procesado al juicio. No obstante, partiendo del hecho que 3a privación de libertad, representa en sí una medida extrema a través de la cual se desconocen momentáneamente los derechos esenciales del ser humano, aquello ha generado la idea que el uso de la detención preventiva debe ser la excepción y no la regla general como muchas veces sucede, por lo que solo podrá imponerse cuando estén

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dados los supuestos jurídicos y fácticos y sea necesaria para llevar a buen término el proceso penal, circunstancia que naturalmente deberá ser analizada y sustentada por quien ordena dicha privación. De igual forma, como consecuencia del principio de presunción de inocencia, se exige un límite temporal razonable de la medida.

45. Precisamente, a raíz de que este principio ha alcanzado una jerarquía constitucional, tal como se desprende del artículo 77 numerales 1 y 11 de la Norma Suprema, surgió la necesidad de modificar las normas legales concernientes a la materia y establecer dentro de ellas, medidas alternativas a la privación de la libertad, teniendo como resultado medidas cautelares de carácter personal, que en número de trece, constan detalladas en la norma adjetiva penal, destacando que la detención y la prisión preventiva, se encuentran como medidas de última ratio, De ahí que, en la norma constitucional transcrita, se evidencia de manera clara y precisa el fin del proceso penal; luego determina la autoridad que corresponde aplicar esta medida, y es la jueza o el juez de garantías penales, quienes están obligados a aplicar los fines del proceso y sobre todo la proporcionalidad entre el hecho cometido, la pena y la situación del procesado.

46. Conviene considerar el pronunciamiento que, sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva, desarrollo el jurista Mariano R. La Rosa, quien considera que la coerción personal será procedente cuando en tanto medida cautelar, existan suficientes pruebas de culpabilidad que muestren como probable la imposición de una condena cuyo justo dictado se quiere tutelar, ella sea imprescindible (máxima necesidad) y por tanto no sustituible por ninguna otra de similar eficacia, pero menos severa, para neutralizar el peligro grave por lo serio y por lo probable de que el imputado abuse de su libertad 6.

47. En definitiva y luego de los argumentos antes esgrimidos, esta Corte concluye que las circunstancias en las que se produjo la aprehensión de los

6 Mariano R. La Rusa, Exención de Prisión y Excarcelación, 2010, pág. 310.

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cónyuges Juan Manuel Anrango Tocagón y Virginia Anrango Vásquez, generaron la vulneración de garantías básicas con relación a la privación de la libertad, consagradas en el artículo 77 de la Constitución de la República. Esto en relación a que, según se desprende de los antecedentes del caso, a pesar de que los aprehendidos dieron señales que no hablaban español, los agentes policiales y fiscalía no cumplieron con su obligación de informar a los implicados en un lenguaje propio y claro, más aun, considerando que se trata de un idioma oficial en Ecuador. De igual manera, se ha advertido que las autoridades encargadas de la aprehensión, inobservaron el derecho que les asistía a los implicados a ser interrogados con la compañía de un abogado defensor, circunstancia que en el presente caso no aconteció, según se desprende del expediente. Finalmente, dentro del proceso judicial, se resolvió ordenar la detención preventiva sobre los indagados, sin que para ello haya existido un argumento claro y motivado sobre la aplicación de dicha medida cautelar de excepción, pues conforme se ha señalado dentro del presente fallo, está claro que la privación de la libertad procede en casos específicos y en forma excepcional, por lo que dentro del presente caso aquello no fue determinado.

48. En razón a dichas consideraciones, como puede evidenciarse en los antecedentes de la presente sentencia, el Tribunal de Apelación declaró con lugar la acción de hábeas corpus. Con lo cual, tal resolución, a la luz de las consideraciones jurídicas expuestas, guarda armonía con los derechos constitucionales de la persona privada de la libertad.

III. DECISIÓN

49.En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente:

SENTENCIA

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JURISPRUDENCIA VINCULANTE

50. El derecho a la defensa puede ser ejercido y debe ser garantizado desde el momento en que se ordena investigar a una persona o desde el momento en que esta es aprehendida ante el presunto cometimiento de un delito, por lo que el investigado, debe en primer orden ser informado sobre los motivos de su detención, sobre los derechos que le asiste como detenido y el proceso al que será sometido en su lenguaje propio y claro. En igual sentido, debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento, razón por la cual impedir a un ciudadano a contar con la asistencia de su abogado defensor implica limitar severamente el derecho a la defensa, lo que a su vez ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo.

51. En un Estado constitucional de derechos y de justicia, el respeto por los derechos humanos constituye un pilar fundamental, por lo tanto, es obligación del Estado abstenerse de intervenir arbitraria e innecesariamente en los derechos y libertades de los ciudadanos, así como garantizar su plena efectividad. En tal sentido, si tenemos presente la gran importancia que tiene el derecho a la libertad personal dentro de los derechos civiles y políticos y su reconocimiento en los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, es necesario reconocer que cualquier restricción o privación a la libertad deberá fundarse en motivos previamente establecidos en la ley y solo procederá cuando sea absolutamente necesaria. Esta orientación humanista y garantista de los derechos humanos de las personas penadas, configura un importante elemento de distinción entre un Estado autoritario y un Estado democrático, pues mientras el primero usa su poder punitivo como primera medida para reprimir conductas delictuosas, el segundo se asegura de que el ius puniendi y las penas privativas de la libertad se utilicen solo como último recurso, después de que quede plenamente establecido que el uso de otros mecanismos resultan insuficientes para sancionar las conductas delictivas más graves que afecten bienes jurídicos de la más alta importancia.

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52. Las reglas expedidas en la presente sentencia deberán ser aplicadas con efectos generales o erga omnes en casos similares o análogos,

REVISIÓN DEL CASO

53. La Corte Constitucional no ha decidido el caso concreto, en virtud ele que ya ha sido resuelto por la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia.

54. La presente sentencia será publicada en el Registro Oficial, en la gaceta constitucional y en el portal electrónico de la Corte Constitucional.

55. Notifíquese, publique se y cúmplase.

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, con cinco votos de las señoras juezas y señores jueces: Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade, Ruth Seni Pinoargote, y Alfredo Ruiz Guzmán. sin contar con la presencia de los jueces Tatiana Ordeñana Sierra, Manen Segura Reascos, Roxana Silva Chicaíza y Manuel Viteri Olvera, en sesión del 20 dé junio del 2018. Lo certifico.

RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor Alfredo Ruíz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día martes 17 de julio del dos mil dieciocho.- Lo certifico.

Corte

Constitucional

del ecuador

Quito D.M., 20 de junio de 2018

SENTENCIA N.° 002-18-PJO-CC

CASO N.º 0260-15-JH

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Trámite ante la Corte Constitucional

1. La Sala de Selección de la Corte Constitucional del Ecuador, conformada por la jueza y jueces constitucionales Roxana Silva Chicaiza, Patricio Pazmiño Freiré y Alfredo Ruiz Guzmán, designados por sorteo realizado en sesión ordinaria del Pleno de la Corte Constitucional de 11 de noviembre de 2015; mediante auto de selección de fecha 29 de marzo de 2016. de conformidad con los parámetros de selección previstos en el Art. 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, seleccionó el caso N.° 0260-15-JH referente a la sentencia de 28 de mayo de 2015 remitida por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de habeas corpus N.° 00064-2015, mediante la cual se resolvió negar la acción propuesta y fijó los parámetros de relevancia constitucional que justificaron la selección de la presente causa.

2. De conformidad al sorteo efectuado en sesión de la Tercera Sala de Revisión, conformada por el juez; doctor Manuel Viteri Olvera y las juezas constitucionales doctora Roxana Silva Chicaiza y doctora Wendy Molina Andrade, en sesión del 12 de abril de 2016, efectuó el sorteo de causas, correspondiendo a la doctora Wendy Molina Andrade corno jueza ponente, quien avocó conocimiento de la causa mediante providencia de 31 de mayo de 2018.

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Trámite de la garantía jurisdiccional

  1. El ab. .Antonio Patricio Cobos Cobos, en representación de Domingo Alberto Zambrano Muñiz y Marino Alberto Zambrano Barreiro presentó acción de hábeas corpus con fecha 26 de mayo de 2015, alegando que los mismos han sido condenados en sentencia de 06 de marzo de 2012 a cumplir una pena privativa de libertad de 12 y 8 años respectivamente, por lo que se encuentran privados de libertad cumpliendo su pena. No obstante, la normativa penal por la cual fueron sentenciados ha sido derogada y el delito por el que fueron condenados actualmente recogido por el Código Orgánico Integral Penal dispone una pena menor a la que se les impuso en el rango de 1 a 3 años, de esta en aplicación del principio de favorabilidad se entendería que han cumplido con su pena.
  2. Los jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, a quienes correspondió el conocimiento de la acción de hábeas corpus, mediante providencia dictada el 26 de mayo de 2015, convocaron a audiencia para el día 27 de mayo de 2015 a fin de que concurran ante la Sala, los detenidos Domingo Alberto Zambrano Muñiz y Marino Alberto Zambrano Barreiro,
  3. Con fecha 27 de mayo de 2015, se realiza la audiencia pública de hábeas corpus, en la cual se encuentran presentes los procesados Domingo Alberto Zambrano Muñiz y Marino Alberto Zambrano Barreiro, su abogado defensor y el juez Edgar Oswaldo Ojeda Jiménez, juez de ejecución de la pena.
  4. En sentencia dictada el 28 de mayo de 2015, por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, se niega el recurso de babeas corpus, en razón de que se encuentra pendiente el proceso de rebaja de pena presentado ante el juez penal.

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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 436, numeral 6 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 2, numeral 3 y 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el pleno de la Corte Constitucional es competente para expedir sentencias que constituyen jurisprudencia vinculante o precedente con carácter erga omnes, en todos los procesos constitucionales que llegan a su conocimiento a través del proceso de selección.

Así mismo, conforme a lo señalado en la sentencia N.° 001-10-PJO-CC, la Corte está facultada para efectuar la revisión del caso de aquellos supuestos en los que se constate en la sustanciación o decisión de la causa una vulneración a derechos constitucionales1.

8. Sobre esta base, queda claro que la Corte Constitucional es competente para seleccionar casos derivados de procesos constitucionales, a fin de expedir precedentes con carácter vinculante, independientemente de la forma en que dichos procesos hayan concluido -auto o sentencia- atendiendo las particularidades de cada causa; en la medida en que a tales casos, subyacen consideraciones de orden jurídico constitucional tocante con los derechos y principios constitucionales que merecen el respectivo análisis y pronunciamiento por parte del máximo organismo de administración de justicia constitucional.

Fuentes en las que se funda la decisión

9. Esta Magistratura, para resolver, tendrá como base los siguientes artículos de la Constitución de la República: 66 numerales 1, 3, 5 y 14, los cuales consagran los derechos a la inviolabilidad de la vida, a la integridad personal,

1 Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia N.° 001-10-PJO-CC caso N.° 0999-09-JP.

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al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de tránsito; 86, que establece las disposiciones comunes a las garantías jurisdiccionales; y, 89 que recoge la acción de hábeas Corpus; en concordancia con los criterios y reglas emitidas por este organismo a través de su jurisprudencia; en concreto, las sentencias N.° 001-10-PJO-CC, N.° 017-18-SEP-CC, N.° 247-17-SEP-CC, N.° 171-15-SEP-CC, 237-15-SEP-CC, 239-15-SEP-CC, 249-16-SEP-CC; y, 389-16-SEP-CC.

10. Adicionalmente, la Corte para resolver, considerará la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia.

11. En este contexto, es importante determinar que todas las decisiones emitidas por la Corte Constitucional contienen precedentes jurisprudenciales, los cuales tienen el carácter de vinculantes; tanto así, que no sólo las decisiones que devienen del proceso de selección y revisión tienen dicho trato, En este sentido, es importante señalar que un precedente constitucional es fundamental para reafirmar el rol de los jueces y juezas constitucionales y dar vida al texto Constitucional a través de las decisiones, con el fin de materializar una democracia constitucional.2 Además, este Organismo en la sentencia N.° 001- 16-PJO-CC del caso N.° 0530-10-JP, determinó lo siguiente:

De lo cual se colige entonces que todas los criterios de decisiones jurisdiccionales, esto es sentencias de acciones extraordinarias de protección, de incumplimiento, por incumplimiento, consultas de norma, control de constitucionalidad, de interpretación constitucional, dirimencia de competencias, y dictámenes constitucionales emanados por este órgano de administración de justicia son de obligatorio cumplimiento, en virtud de que la Corte Constitucional al interpretar la Constitución al decidir cada caso crea normas jurisprudenciales que se ubican al mismo nivel que la Constitución.

2 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 001-12-PJO-CC, caso N ° 0893-09-EP y acumulados.

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Determinación y desarrollo de los problemas jurídicos a resolver

¿Qué autoridad judicial es la competente para conocer la garantía de hábeas corpus respecto a hechos sucedidos durante la ejecución de una pena privativa de la libertad?

12. De este modo, la Corte a partir de la resolución del problema jurídico en cuestión, procederá a analizar la naturaleza, alcance y objeto de la acción de hábeas corpus, en relación con las normas que regulan su sustanciación. En este escenario, la Constitución de la República en el artículo 89 consagra la acción de hábeas corpus en los siguientes términos:

La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad.

Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que se deberá presentar la orden de detención con tus formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza o juez ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de libertad.

La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá de forma inmediata. En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable. Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia.

13. Queda claro entonces, que el derecho primigenio que tutela la acción de hábeas corpus, es el derecho a la libertad; y más concretamente, la libertad de tránsito. Al respecto, nuestra Constitución de la República, al desarrollar los derechos de libertad, reconoce entre otros, el derecho a la inviolabilidad de la vida, la integridad personal, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho

32 – Miércoles 25 de julio de 2018 Edición Constitucional Nº 58 – Registro Oficial

a asociarse, la libertad de tránsito3. Ahora, cabe señalar que el derecho a la libertad, a más del reconocimiento constitucional, es también objeto de protección a través de instrumentos internacionales. Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagra el derecho a la libertad personal en el artículo 7 que expresamente señala;

1. Toda persona tiene derecho a [a libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas… 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por si o por otra persona…

3 Constitución de la República, Art. 66 «‘Se reconoce y garantizará a las personas: 1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte (…) 3. El derecho a la integridad personal, que incluye:

  1. La integridad física, psíquica, moral y sexual
  2. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.
  3. La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos (…)

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás

(…)

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma Ubre y voluntaria.

14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente.

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa de su étnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser singularizados,

  1. Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.
  2. Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley…».

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  1. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 3, señala que: «Todo individuo tiene derecho a la vida, a La libertad y a la seguridad de su persona».
  2. Así las cosas, lo primero que cabe advertir es la múltiple dimensión o las diversas vertientes que adquiere, el derecho a libertad. Sin embargo, en un contexto general y amplio, podemos indicar que el derecho a la libertad constituye una condición y característica atribuible a todo ser humano, por el hecho de ser tal; esencia misma de la persona, que le permite elegir, dirigir y realizar su proyecto de vida, tanto en su esfera íntima como en un contexto social, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución, la ley y los derechos de los demás. La libertad entonces, hace posible la autodeterminación personal, así como la materialización de la voluntad en el sentido de cuándo y a dónde ir o permanecer, por ende, tiene un contenido personal, físico y de tránsito; siendo que, el Estado tiene que brindar [a protección necesaria para su ejercicio.
  3. Por su parte, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 43 establece que:

La acción de babeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y oíros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona, tales como:

  1. A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegitima, protección que incluye la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia;
  2. A no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional:
  3. A no ser desaparecida forzosamente;
  4. A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante;
  5. A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber -solicitado refugio o asilo político, no ser expulsada y devuelta al país donde teme persecución o donde peligre su vida, su libertad, su integridad y su seguridad;
  6. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias;
  7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya libertad haya sido ordenada por una jueza o juez;

S. A la inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya caducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos sancionados con prisión de un año en los delitos sancionados con reclusión;

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9. A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana;

10. A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detención.

17. En estas condiciones, queda claro que el hábeas corpus, que etimológicamente significa «cuerpo presente» o «persona presente»4«, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representa un control judicial de las detenciones5; constituyéndose en la garantía idónea para precautelar la libertad, la vida y la integridad de una persona. A través de esta acción, la persona privada de la libertad, precisamente, cuestiona la legalidad o constitucionalidad de tal privación, materializada a través de sus distintas formas, a saber: detención, arresto, prisión, desaparición forzada, u otras equivalentes.

18. Así mismo, esta Corte Constitucional ha determinado parámetros en torno a la garantía de hábeas corpus en algunas sentencias, de este modo, tenemos que mediante la sentencia N.° 17145-SEP-CC emitida dentro del caso N.° 0560-12-EP, ha señalado que:

… se convierte en una garantía y un derecho de las personas que se han visto detenidas a privadas de la libertad, a través de la cual, las autoridades competentes deben resolver la situación jurídica de ellas a efectos de determinar si la detención se realizó sobre la base délos preceptos legales y constitucionales pertinentes…

19. En este sentido, la acción de hábeas corpus es un control judicial de la privación de la libertad, constituyéndose en la garantía idónea para precautelar la libertad, la vida y la integridad de una persona. A través de esta acción, la persona privada de la libertad precisamente, cuestiona la constitucionalidad, legalidad de tal privación, materializada a través de sus distintas formas, a saber: detención, arresto, prisión, desaparición forzada, etc., así como, el tratamiento recibido durante la privación déla libertad.

4 Diccionario jurídico lexiccon, consultado en http://lexiccon.org/es/habeas-corpus.

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia dictada el 24 de junio de 2005, caso Acosta Calderón vs. Ecuador.

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  1. De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos- Humanos, mediante sentencia dictada el 7 de septiembre de 2004, en el caso Tibi vs Ecuador, señaló que: «los procedimientos de hábeas corpas y de amparo son aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 [de la Convención] y sirven, además, para preservar la legalidad, en una sociedad democrática».
  2. En síntesis, en un proceso de hábeas corpus se debe evitar la conclusión anormal del proceso; es decir, la adopción de resoluciones que omitan pronunciarse respecto al fondo del asunto controvertido -si la persona ha sido privada ilegal, arbitraria o ilegítimamente de la libertad-, en tanto esto, implicaría no tutelar los derechos a la libertad, a la vida y la integridad personal. Ello redundaría en restar eficiencia y eficacia a la garantía constitucional del hábeas corpus. Es pertinente recordar que la garantía en cuestión cuenta con las características de ser sumaria y efectiva. En función de ellas, el proceso de hábeas corpus, debe sustanciarse en plazos bastantes cortos y concluir con una decisión de fondo, que resuelva sobre la privación de la libertad demandada.
  3. Ahora bien, la acción de hábeas Corpus puede ser interpuesta en varios momentos y escenarios como es-desde la detención de una persona, durante el proceso penal o una vez que se encuentra cumpliendo su condena. Así mismo, se puede solicitar cuando se desconoce el paradero de una persona.
  4. De este modo, la Corte Constitucional en la sentencia N.° 017-18-SEP-CC determinó lo siguiente:

De aquello, conforme se detalló a lo largo de la presente sentencia, se establece que el hábeas corpus protege tres derechos -libertad, vida e integridad física-; en dicho sentido de la normativa establecida se dilucida que ante la alegación respecto a la vulneración de estos tres derechos, cuando la orden de privación de la libertad haya sido emitida en desarrollo de un proceso penal, serán competentes en primer lugar, las Cortes Provinciales, y la apelación conocerá cualquiera de las Salas de la Corte Nacional de Justicia.

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24. Siendo así, es preciso considerar que la acción de hábeas Corpus -en el contexto específico de órdenes de privación de libertad ordenada por autoridades jurisdiccionales en procesos penales-, constituye una forma de control de la actividad de juezas y jueces. De ahí, la denominación de «hábeas corpus judicial», utilizada en el borrador de primer debate del artículo en cuestión en la Asamblea Constituyente. En tal sentido, el artículo 89 inciso final de la referida Constitución, determina: «Cuando la orden de privación de libertad haya sido dispuesta en un proceso penal si recurso se interpondrá ante la Corte Provincial». Con este seguro, consistente en la jerarquía superior de la Judicatura que conoce este tipo de hábeas corpus, el constituyente pretendió que la Judicatura que haya ordenado la privación de la libertad esté subordinada jerárquicamente al juez o jueza constitucional que conozca la constitucionalidad y legalidad de dicha orden,

  1. Por otro lado, se evidencia que ante la presentación del hábeas corpus, cuando la orden de privación de libertad no hubiere sido dictada en un proceso penal, o a su vez, cuando el mismo hubiese terminado; se entenderá que es competente para el conocimiento del referido hábeas corpus, «cualquier jueza o juez del lugar donde se presuma está privada de libertad la persona. Cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o juez del domicilio del accionante»6.
  2. Por lo cual, se colige que el competente para el conocimiento del hábeas corpus cuando se ha terminado el proceso penal sin resolución de un recurso pendiente y la persona privada de la libertad se encuentre en el cumplimiento de la pena establecida es cualquier jueza o juez del lugar donde se presuma o se encuentre privada de libertad la persona; o a su vez, cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar ante cualquier jueza o juez del domicilio del accionante.
  3. En dicho sentido, con la finalidad de esclarecer cualquier posible confusión respecto a la competencia en el conocimiento de la garantía jurisdiccional del hábeas corpus, considerando que su ámbito protege principalmente tres

6 Corte Constitucional del Ecuador sentencia N.° 017-18-SEP-CC, caso N.° 513-16-EP

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derechos constitucionales, libertad, vida e integridad física, la Corte Constitucional del Ecuador conforme con los artículos 429 y 436 numeral 1 de la Constitución de la República, al ser el máximo Órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, dispuso en la sentencia N.° 017-18-SEP-CC, la siguiente interpretación conforme y condicionada de la normativa contenida en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional:

La garantía jurisdiccional de babeas corpus protege tres derechos que pueden ser alegados de forma individual o conjunta por la o los accionantes, -libertad, vida e integridad física-; en dicho sentido, cuando se alegue la vulneración de cualquiera de estos tres derechos, cuando no existe orden de privación de la libertad emitida dentro de un proceso penal, o a su vez, cuando el mismo hubiese concluido sin resolución de un recurso pendiente; es decir, se encuentre en ejecución la sentencia que ordene el cumplimiento de una pena privativa de la libertad, se enmendará que es competente para el conocimiento del referido hábeas corpus, de conformidad cotí el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: «cualquier jueza o juez del lugar donde se presuma está privada de libertad la persona. Cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o juez del domicilio del accionante».

28. En función de lo antes expuesto, queda clara entonces la trascendencia que adquiere el derecho constitucional a la libertad, al ser un derecho humano, inherente a cada persona por su condición; el mismo que permite a su titular realizar su proyecto de vida en función de su convicción y autodeterminación, y a su vez, permite la materialización de otros derechos constitucionales -derecho a la vida, por ejemplo- y el ejercicio de todas las libertades -libertad de asociación, trabajo, entre otras-.

29. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual, correspondiente al año de 1998, estableció que:

El recurso de habeas corpus es la garantía tradicional que. en calidad de acción, tutela la libertad física o corporal o de locomoción a través de un procedimiento judicial sumario, que se tramita en forma de juicio. Generalmente, el habeas corpus extiende su tutela a favor de personas que ya están privadas de libertad en condiciones ilegales o arbitrarias, justamente para hacer cesar las restricciones que han agravado su privación de libertad. La efectividad de la tutela que se busca ejercer con este recurso

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depende, en gran medida, de que su trámite sea sumario, a efecto de que, por su celeridad, se transforme en una vía idónea y apta para llegar a una decisión efectiva del asunto en el menor tiempo posible.

  1. Una vez que esta Corte abordó la garantía de hábeas corpus, y queda claro la competencia de las autoridades judiciales de acuerdo al momento o circunstancias en el cual se interponga la acción de hábeas corpus, corresponde examinar en el caso concreto la competencia de la autoridad judicial que resolvió la acción de hábeas corpus presentada por los señores Domingo Alberto Zambrano Muñiz y Marino Alberto Zambrano Barreiro.
  2. Para lo cual, es necesario realizar un recuento de los hechos y la situación actual de los accionantes, en el caso sub judice se desprende que los señores Domingo Alberto Zambrano Muñiz y Marino Alberto Zambrano Barreiro mediante sentencia de 19 de septiembre de 2012 dictada por el Primer Tribunal de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, fueron declarados como autores del delito de tenencia de sustancias estupefacientes tipificado en el artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (vigente al momento de los hechos), imponiéndoseles la pena de 12 años de reclusión mayor extraordinaria y multa de 60 salarios mínimos vitales generales al primero y al segundo una pena atenuada de S años de reclusión mayor extraordinaria con una multa similar al primero. Esta decisión fue ratificada por la Primera Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en sentencia de 21 de marzo de 2013.
  3. De este modo, los señores Domingo Alberto Zambrano Muñiz y Marino Alberto Zambrano Barreiro se encontraban cumpliendo su pena en el centro de privación de libertad, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, el cual derogó a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; no obstante, mantuvo la tipificación de la tenencia de drogas como delito, siendo modificada la pena, de forma menos rigurosa.
  4. Ante lo mencionado, el defensor público Dr. Juan Carlos Espinoza Méndez, en representación de los señores Domingo Alberto Zambrano Muñiz y Marino

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Alberto Zambrano Barreiro presenta una acción de habeas Corpus al considerar que, por el principio de favorabilidad, se ha emitido una normativa legal con una pena más benigna que beneficia a sus defendidos, alegando que se encontrarían privados de libertad de forma ilegal, ilegítima y arbitraria.

34. Dicha acción de habeas corpus fue conocida y resuelta por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en sentencia de 28 de mayo de 2012. Ahora bien, muy aparte de la decisión tomada por la Sala, según lo analizado anteriormente, esta Corte ha determinado que una vez culminado el proceso penal y la sentencia se encuentra ejecutada, corresponde la competencia para conocer una acción de hábeas Corpus a cualquier juez constitucional del lugar donde se encuentren privados de libertad.

  1. En este sentido, en el caso en concreto, la Corte Constitucional identifica que la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas no era la competente para conocer y resolver la acción de hábeas corpus propuesta a favor de los señores Domingo Alberto Zambrano Muñiz y Marino Alberto Zambrano Barreiro, de este modo, se dejaría sin efecto la sentencia dictada el 28 de mayo de 2015 por la Sala mencionada.
  2. Téngase en cuenta la siguiente interpretación conforme y condicionada de la normativa contenida en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional;

La garantía jurisdiccional de hábeas corpus protege tres derechos que pueden ser alegados de forma individual o conjunta por la o los accionantes, -libertad, vida e integridad física-; en dicho sentido cuando se alegue la vulneración de cualquiera de estos tres derechos, cuando no existe orden de privación de la libertad emitida dentro de un proceso penal, o a su vez, cuando el mismo hubiese concluido sin resolución de un recurso pendiente; es decir,, se encuentre en ejecución la sentencia que ordene el cumplimiento de una pena privativa de la libertad, se entenderá que es competente para el conocimiento del referido hábeas corpus, cualquier jueza o juez del lugar donde se presuma está privada de libertad la persona. Cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o juez del domicilio del accionante.

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¿La privación de libertad de Domingo Alberto Zambrano Muñiz y Marino Alberto Zambrano Barreiro es ilegal, arbitraria o ilegítima de acuerdo al artículo 89 de la Constitución de la República?

  1. La acción de hábeas corpus fue presentada por el Ab. Antonio Patricio Cobos Cobos, defensor público a favor de los señores Domingo Alberto Zambrano Muñiz y Marino Alberto Zambrano Barreiro, quienes se encuentran privados de libertad cumpliendo una sentencia condenatoria. No obstante, desde que fueron sentenciados a la fecha de presentada la acción, la norma punitiva ha modificado la pena de manera que ha disminuido la misma.
  2. De este modo, el argumento principal de su solicitud es la obligación de observar la Constitución de la República y aplicar del principio de favorabilidad, siendo que sus defendidos se encontrarían privados, de su libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima, vulnerándose así sus derechos constitucionales.
  3. Ante lo argumentado, corresponde a esta Corte determinar si el hecho de que una norma penal posterior a una condena establece una pena menos rigurosa debe ser aplicada a quienes se encuentran cumpliendo una condena, y de este modo, su pena debería ser ajustada a la normativa que les beneficia,
  4. De este modo, es necesario, en primer lugar, analizar lo correspondiente al principio de favorabilidad alegado dentro del hábeas corpus el mismo que la Constitución de la República en el artículo 76 numeral 5 lo establece de la siguiente manera:

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.

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41. En concordancia con la Norma Suprema, el Código Orgánico Integral Penal reconoce este principio en su artículo 5 numeral 2:

Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios:

2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción.

42. Respecto al principio de favorabilidad antes citado, la Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia, contenida en la sentencia N.° 265-15-SEP- CC, dentro del caso N.° 1204-12-EP, lo siguiente;

Además, en el ámbito pena), la duda debe resultar siempre a favor del reo, principio de favorabilidad que, entre otros, supone que hay dos normas aplicables pura una misma situación o caso, y que existen dos interpretaciones posibles para una misma norma, ante lo cual se aplicará aquella norma o interpretación que más favorezca el ejercicio de los derechos: «(…) Ante estas dos interpretaciones de una misma norma procesal, debe preferirse la que más favorezca la vigencia de los derechos; en este caso, debe optarse por la segunda opción porque beneficiaría a la persona que está exigiendo un derecho y que busca la tutela efectiva de parte del estado»7.

43. De esta manera, en el Ecuador, la normativa constitucional y penal establece la posibilidad de que una ley posterior se aplique con efecto retroactivo en todo lo que sea más favorable al procesado, es decir, el reo puede ser beneficiado por una ley posterior a su sentencia si la misma contiene una pena menos rigurosa a la que le fue aplicada al momento, de los hechos. De ser el caso de extinguirse el delito o la pena para la acción que generó su condena, esta persona debe recuperar su Libertad inmediatamente al entender que la necesidad de tipificar la conducta penal ya no es necesaria. Ello responde además, a una exigencia de coherencia en la aplicación del Ordenamiento jurídico, ya que si los hechos han dejado de ser desvalorados por el legislador o se les desvalora en menor medida, no tiene sentido que los

7 Ávila Santamaría, Ramiro (2012). Los derechos y sus garantías: ensayos críticos, Corte Constitucional para el Período de Transición, Quito, Ecuador-

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ciudadanos sigan padeciendo las consecuencias de unas leyes que han dejado de considerarse adecuadas8.

44. De esta manera, los principios constitucionales en los procesos penales deben interpretarse de forma sistémica, ante lo cual, la Corte Constitucional ha señalado que:

… sobre los mecanismos de impugnación procesal en materia penal, toda la normativa penal debe ser interpretada sistemáticamente en observancia de máximas jurídicas penales como el principio de favorabilidad, indubio pro reo y prohibición de interpretación extensiva o analógica (…) En otras palabras, y sin pretender realizar una interpretación de normativa infraconstitucional, las normas que rigen el derecho penal deben obedecer principios constitucionales rectores como el de favorabilidad, indubio pro reo, y prohibición de interpretación extensiva5,

  1. Lo cual ratifica el reconocimiento de que ante un conflicto de normas en materia penal, siempre se aplicará la más favorable al reo, aun cuando esta es posterior a la conducta que originó la sanción.
  2. También se puede observar que la Corte Constitucional colombiana ha desarrollado este principio en su jurisprudencia, de este modo, tenemos que en un caso análogo en el que se solicita la aplicación del principio de favorabilidad por la promulgación de una ley posterior a la condena, ha señalado:

El principio de favorabilidad constituye un elemento fundamental del debido proceso que no puede desconocerse bajo ninguna circunstancia. En tal sentido, no cabe hacer distinción entre normas sustantivas y normas procesales, pues el texto constitucional no establece diferencia alguna que autorice un trato diferente para las normas procesales10

El principio de favorabilidad como parte integrante del cuerpo dogmático de la Constitución, conserva pleno vigor y aplicabilidad respecto de la Ley 906 de 2004, no

8 Derecho Penal, Francisco Muñoz Conde, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 141

9 Corte Constitucional del Ecuador sentencia N.° G20-1Ó-SEP-CC, casos N.° 0610-11-EP y 0611-11-EP acumulado.

10 Ver entre otras las Sentencias C-252/2001 M.P. Carlos Gavina Díaz, C-200/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-922/01 y T-272/05 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. El inciso 2° del artículo 6° de la Ley, 906 de 2004, recoge esta concepción.

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obstante las normas de vigencia que ella consagra, orientadas a reafirmar el principio’ general de irretroactividad de la ley penal, el cual no es exclúyeme sino complementario de la favorabilidad. En tal sentido, reafirmó la aplicación de la Ley 906 de 2004, por vía de favorabilidad, a hechos acaecidos antes de su vigencia11.

El principio de favorabilidad se aplica tanto & los procesados como a los condenados. Al respecto se expresó en la Sentencia T-091 de 2006, que el inciso 3o del articulo 29 de la Constitución «prevé un concepto amplio e incluyente de favorabilidad, sin restricciones relativas a condenados, y sin ubicarlo en el estrecho margen de la norma sustantiva favorable, aspectos superados en el ámbito normativo y jurisprudencial, a partir de la amplia concepción constitucional.»

Así, en virtud del principio de favorabilidad, la Ley 906 de 2004, debe aplicarse a hechos sucedidos antes de su entrada en vigencia e independientemente del distrito judicial donde estos se presentaron, si ello redunda en beneficio del procesado.

  1. De este modo, es claro que el principio de favorabilidad implica que aún para hechos sucedidos con anterioridad a la promulgación de una norma se puede aplicar la pena por ser esta más favorable a la existente al momento de los hechos que originaron el proceso penal. Siendo así, el principio de favorabilidad es visto como una excepción a la irretroactividad de la ley penal como parte del principio de legalidad que comprende la imposibilidad de condenar a una persona por hechos no descritos en la Legislación vigente, lo cual, debe entenderse referida a todas aquellas que resulten perjudiciales, por fundamentar no sólo la existencia de la condena sino también, su concreta gravedad, «En este sentido, resulta indudable que las leyes penales que aumenten las penas, establezcan circunstancias agravantes o creen figuras agravadas del delito, no pueden ser aplicadas de modo retroactivo «n.
  2. Siendo así, una norma posterior que restringa derechos no podrá ser aplicada por considerarse inconstitucional, pero sí las normas que establezcan circunstancias eximentes, atenuantes o que disminuyan la gravedad de las penas, y por supuesto, las que despenalicen conductas pueden ser aplicadas a hechos sucedidos con anterioridad a su entrada en vigencia. Esto se da aun

11 Sentencias C-1092 de 2003 y C-252 de 2005, las cuales se pronunciaron sobre la exequibilidad del artículo 5º transitorio del A.L. No. 03 de 2002, y en el inciso 3° del artículo 6o de la Ley 906/04. Criterios ratificados en la sentencia T-091 de 2006.

12 Derecho Penal, Francisco Muñoz Conde, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 141

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cuando existe ya una sentencia condenatoria en firme .y se está ya cumpliendo la condena, como es el caso que se examina.

  1. Una vez analizado el principio constitucional de favorabilidad y evidenciado que es posible la aplicación de una pena menos rigurosa, promulgada en una ley posterior a la condena penal» es necesario determinar si los señores Domingo Alberto Zambrano Muñiz y Marino Alberto Zambrano Barreiro se encuentran privados de su libertad bajo estos supuestos.
  2. De este modo, en el presente caso independientemente de las razones por las que inició la privación de la libertad -cumplimiento de una pena por la comisión de una infracción tipificada en la ley penal-, efectivamente existió un hecho superviniente que modificó las condiciones de los señores Domingo Alberto Zambrano Muñiz y Marino Alberto Zambrano Barreiro, este hecho fue la derogatoria de una norma y la promulgación de otra, De este modo, cabe analizar, si los hechos señalados son suficientes para encasillar a la privación de la libertad actual dentro de los supuestos de la norma constitucional, esto es de ilegal, arbitraria o ilegítima.
  3. Respecto a la privación de libertad, esta Corte Constitucional ha señalado que es un concepto amplio que no se agota en la orden de aprehensión de una persona, de este modo, ha señalado en su jurisprudencia:

(…) la privación de la libertad comprende todos los hechos y condiciones en las que esta se encuentra desde que existe una orden encaminada a impedir que transite libremente -y por tanto, pase a estar bajo la responsabilidad de quien ejecute esta orden-, hasta el momento en que efectivamente se levanta dicho impedimento. Como consecuencia de esta definición amplia del concepto, se puede afirmar que una medida de privación de la libertad que inició siendo constitucionalmente aceptable, puede devenir en ilegal, arbitraría o ilegítima, o ser ejercida en condiciones que amenacen o violen los derechos a la vida o integridad de la persona, por hechos supervinientes13.

52. Del mismo modo, ha desarrollado lo que debe entenderse por ilegal, arbitraria o ilegítima, para comprender mejor, se cita lo siguiente:

11 Corte Constitucional del Ecuador sentencia N.° 247-17-SEP-CC, caso N.° 0012-12-EP

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Con relación a la privación de la libertad ilegal, esta puede ser definida como aquella ordenada o ejecutada en contravención a los mandatos expresos de las normas que componen el ordenamiento jurídico. La privación de la libertad arbitraria en cambio, es aquella ordenada o mantenida sin otro fundamento que la propia voluntad o capricho de quien la ordena o ejecuta. La privación de la libertad ilegítima por último, es aquella ordenada o ejecutada por quien no tiene potestad o competencia para ello14.

  1. En el caso concreto, tenemos que los señores Domingo Alberto Zambruno Muñiz y Marino Alberto Zambrano Barreiro, se encuentran detenidos desde el 06 de marzo de 2012 por el delito de tenencia y posesión ilegal de sustancias estupefacientes, por la cantidad de 120 gramos de base de cocaína y 100 gramos de marihuana cada uno, tipificado en el artículo 6215 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, con una pena de 12 a 16 años de reclusión mayor extraordinaria y multa de ocho a mil salarios mínimos vitales generales. De este modo, en sentencia condenatoria de 19 de septiembre de 2012, se impuso a Domingo Alberto Zambrano Muñiz la pena de 12 años de reclusión mayor extraordinaria y a Marino Alberto Zambrano Barreiro la pena atenuada de S años de reclusión mayor extraordinaria, con la multa antes señalada en ambos casos. Sentencia que fue ratificada en apelación en sentencia de 21 de marzo de 2013 por la Primera Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas,
  2. Ahora bien, la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas fue derogada el 10 de febrero de 2014, por la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, de este modo, la tipificación de la tenencia de sustancias sujetas a fiscalización se estableció en el artículo 220 determinando la pena según los siguientes niveles;

14 Corte Constitucional del Ecuador sentencia N.° 247-17-SEP-CC, caso N.° 0012-12-EP

15 Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas Art. 62.- Sanciones para la tenencia y posesión ilícitas.- Quienes sin autorización legal o despacho de receta médica previa, posean o tengan, con su consentimiento expreso o tácito, deducible de una o más circunstancias: sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en sus personas, ropas, valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u ocupantes a cualquier título, o que esté bajo su dependencia o control, serán sancionados con la pena de doce a diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.

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Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la normativa correspondiente:

1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente, será sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente manera:

  1. Mínima escala de uno a tres años.
  2. Mediana escala de tres a cinco años.
  3. Alta escala de cinco a siete años.
  4. Gran escala de diez a trece años.

55. De este modo, la Disposición Transitoria Décima Sexta del COIP, dispuso que el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP, emita la tabla de cantidades de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en las- escalas mínima, mediana, alta y gran escala para efecto de lo establecido en el artículo antes citado. Siendo así, el 14 de julio de 2014 se promulga en el Registro Oficial N.° 288 la siguiente Tabla de Sustancias Estupefacientes:

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES

Escala (gramos) Peso neto

Heroína

Pasta base de cocaína

Clorhidrato de cocaína

Marihuana

Mínim 0

Máxim 0

Mínim

0

Máxim

0

Mínim

0

Máxim O

Mínim

0

Máxim

0

Mínima escala

>0

1

>0

50

>0

50

>0

300

Mediana escala

>1

5

>50

500

>50

2.000

>300

2.000

Alta escala

>5

20

>500

2.000

12.000

5.000

>2.000

10.000

Registro Oficial – Edición Constitucional Nº 58 Miércoles 25 de julio de 2018 – 47

Alta escala

>205

>2.000

>5.000

>40.000

  1. De los hechos antes relatados, se verifica que se- encontró a los señores Domingo Alberto Zambrano Muñiz y Marino Alberto Zambrano Barreiro, en posesión de 120 gramos de base de cocaína y 100 gramos de marihuana, con lo cual corresponde ubicarlos en la mínima escala por marihuana y mediana escala por cocaína. Siendo que los juzgadores determinaron que por los hechos y las pruebas presentadas a Marino Alberto Zambrano Barreiro le correspondía la mínima de la pena y a Domingo Alberto Zambrano Muñiz se le determinó atenuantes, estos mismos criterios deben ser utilizados en la presente acción de hábeas corpus. De este modo, considerando que los accionantes se encuentran privados de su libertad desde el 06 de marzo de 2012, el tiempo de su condena habría sido superada, de este modo, se encontrarían privados de su libertad de manera arbitraria correspondiendo que recuperen su libertad inmediatamente.
  2. Es importante indicar que la presente acción de hábeas Corpus no estaba dirigida en contra de un acto jurisdiccional que contenga una medida privativa de libertad -orden de prisión- sino en contra de una omisión, concretamente, el hecho de no haberla puesto en libertad a los accionantes, pese a haber cumplido su pena respecto a la promulgación de la nueva normativa penal. Esta Corte Constitucional advierte que evidentemente, a la fecha de presentada la acción de hábeas corpus, esto es, el 26 de mayo de 2015, Marino Alberto Zambrano Barreiro, se encontraba privado de libertad de forma arbitraria, puesto que, ya había cumplido lo que le correspondía según la nueva normativa considerando que la misma era atenuada.
  3. Con las consideraciones expuestas esta Corte Constitucional evidencia en el proceso, que las autoridades judiciales accionadas se negaron a aplicar el principio constitucional de favorabilidad en el caso en estudio, y se limitaron a aplicar las normas procesales supletorias civiles para negar la acción, por lo que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto sustantivo. Esta

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Corte ya ha señalado que aún en los casos en los que se pueda solicitar en la justicia ordinaria una revisión o sustitución de la pena, per se no impide que pueda ser presentado una acción constitucional de hábeas corpas

59. En concreto, por ejemplo, el que una mujer embarazada pueda solicitar la sustitución de la medida de prisión ordenada en Su contra por medio de un procedimiento ordinario, como es la solicitud ante el juez competente para tramitar el procedimiento o ejecutar la pena, no excluye per se la posibilidad de lograr dicha sustitución a través de la acción de hábeas corpus si, como en el presente caso, se verifica que este procede, de acuerdo con su objeto establecido en la Constitución.

Reparación Integral

60. Finalmente, cabe considerar que la garantía de hábeas corpus, por aplicación de las normas generales recogidas en el artículo 86 de la Constitución de la República, tiene una naturaleza tanto tutelar como restaurativa; por tanto, su interposición y resolución -en el caso de ser procedente- no se agota con la sola disposición de poner en libertad al beneficiario de la garantía; sino que, ante la evidencia o presunción de que la privación de la libertad contravino el ordenamiento constitucional y legal, el juzgador deberá, atendiendo los elementos de hecho y de derecho puestos a su conocimiento, ordenar las medidas de reparación integral que según la naturaleza del caso correspondan. Más aún si se considera que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional16, establece que las garantías

18 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, «Art. 6.- Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación…» «Art. 17.- Contenido de la sentencia.- La sentencia deberá contener al menos; (…) 4. Resolución; La declaración de violación de derechos, con determinación de las normas constitucionales violadas y del daño, y la reparación integral que proceda y el inicio del juicio para determinar la reparación económica, cuando hubiere lugar…»

«Art. 18.- Reparación integral.- En caso de declararse la vulneración de derechos se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y

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jurisdiccionales persiguen como finalidad la declaración de vulneración de derechos constitucionales; por tanto, las sentencias dictadas dentro de estas garantías deben contener la declaración de violación de derechos, la determinación del daño y la reparación integral que proceda.

61. En el presente caso, esta Corte ha encontrado méritos para declarar vulnerados los derechos constitucionales a la inviolabilidad de la vida, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de tránsito por parte de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Ante tal evento, corresponde aceptar la acción de hábeas corpus; ordenar la inmediata libertad de los accionantes; conminar al director del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley Zonal S Guayas que informe de forma sustentada y aporte toda la información sobre la actual situación de los procesados y su libertad, dentro del término de 24 horas de haber sido notificado con la presente sentencia.

62. Ahora bien, analizada la actuación de los jueces que fallaron en contra del principio de favorabilidad en el hábeas corpus, se estima pertinente, como medida de satisfacción, que ofrezcan disculpas públicas a los afectados, para lo cual, en atención del principio de coordinación de la administración pública determinado en el artículo 226 de la Constitución, se requiere para el cumplimiento, la asistencia del Consejo de la Judicatura. Las disculpas públicas deberán ser publicadas en un lugar visible y de fácil acceso de las páginas principales de los portales web institucionales del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia, por el término de tres meses.

sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud.

La reparación por el daño material comprenderá la compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos de las personas afectadas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. La reparación por el daño inmaterial comprenderá la compensación, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, por los sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, da carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia del afectado o su familia. La reparación se realizará en función del tipo de violación, las circunstancias del caso, las consecuencias de los hechos y la afectación al proyecto de vida…»

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  1. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, los jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y el presidente del Consejo de la Judicatura o su delegado, deberán informar a esta Corte de manera documentada, dentro del término máximo de veinte días, el inicio de la ejecución de la medida y cinco días después de concluido el término de tres meses, sobre su finalización.
  2. Adicionalmente, esta Corte estima necesario establecer una medida de garantía de no repetición, con el objeto de evitar que las vulneraciones se repitan en casos posteriores en los que existan hechos similares. Por lo tanto, se dispone al Consejo de la Judicatura, a través de su representante legal, que efectúe una amplia difusión del contenido de la presente sentencia entre las juezas y jueces que tienen competencia para conocer garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales y más concretamente, la acción de hábeas corpus, además de los jueces competentes en materia penal. La difusión debe darse por medio de atento oficio a las judicaturas* con el contenido de la presente sentencia; así como, la publicación de la sentencia en su portal web institucional, por medio de un hipervínculo ubicado en un lugar visible y de fácil acceso de su página principal. Dicha publicación deberá permanecer por el plazo de seis meses. El presidente del Consejo de la Judicatura o su delegado deberá informar a esta Corte de manera documentada, dentro del término máximo de veinte días, el inicio de la ejecución de la medida y cinco días después de transcurrido el plazo de seis meses, respecto de su finalización.
  3. Así mismo, debido a la posible existencia de responsabilidades derivadas de las vulneraciones señaladas en la presente sentencia, es necesario establecer una medida de investigación, determinación de responsabilidades y sanción, Así, se dispone al Consejo de la Judicatura, a través de su representante legal, que ordene al órgano correspondiente la investigación y establecimiento de responsabilidades según corresponda conforme a la ley, por las vulneraciones a los derechos de la inviolabilidad de la vida, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de tránsito, al inobservarse el principio constitucional de favorabilidad. En caso de verificarse la existencia de infracciones que merezcan ser sancionadas, se deberá proceder con dichas

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sanciones. El presidente del Consejo de la Judicatura o su delegado «deberá informar a esta Corte de manera documentada, dentro de] plazo máximo de veinte días, el inicio de la ejecución de la medida, e informará mensualmente sobre los avances en su ejecución hasta su finalización.

66. Por último, la emisión de la presente sentencia y su publicación en el Registro Oficial constituyen en sí mismas, medidas de satisfacción. Ello pues, constituyen una muestra del reconocimiento de la existencia de las vulneraciones por parte de las Judicaturas encargadas de proteger los derechos de quienes acuden para recibir su tutela, por medio de decisiones fundamentadas en la Constitución, los instrumentos internacionales de los derechos humanos y la ley. Ambas medidas son ejecutadas por la propia Corte Constitucional y tienen efecto desde que la sentencia quede en firme y sea publicada en el Registro Oficial.

III. DECISIÓN

67. En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente;

SENTENCIA

Jurisprudencia vinculante

1. Respecto a la autoridad que debe conocer el hábeas corpus, téngase en cuenta la siguiente interpretación conforme y condicionada de la normativa contenida en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional:

La garantía jurisdiccional de hábeas corpus protege tres derechos que pueden ser alegados de forma individual o conjunta por la o los accionantes, -libertad, vida e integridad física-; en dicho sentido cuando se alegue la vulneración de cualquiera de estos tres derechos, cuando no existe orden de privación de la libertad emitida dentro de un proceso penal, o a su vez, cuando el mismo hubiese concluido sin resolución de un recurso pendiente; es decir, sé encuentre en ejecución la sentencia que ordene el

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cumplimiento de una pena privativa de la libertad, se entenderá que es competente para el conocimiento del referido hábeas corpus, cualquier jueza o juez del lugar donde se presuma está privada de libertad la persona. Cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o juez del domicilio del accionante,

Atendiendo la naturaleza, alcance y objeto de la acción de hábeas corpus, y al principio de favorabilidad constitucionalmente reconocido, se establece lo siguiente:

En ningún caso podrá ser aplicable una norma posterior que restringa derechos por considerarse inconstitucional, pero sí las normas que establezcan, circunstancias eximentes, atenuantes o que disminuyan la gravedad de las penas, y por supuesto las que despenalicen conductas, pueden ser aplicadas a hechos sucedidos con anterioridad a su entrada en vigencia.

  1. La presente sentencia será publicada en el Registro Oficial.
  2. En la fase de cumplimiento de las medidas dispuestas, el juzgador, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, está facultado para, en función de las circunstancias particulares de cada caso y con base en la información a su disposición, modificar las medidas dispuestas.
  3. Las reglas expedidas en la presente sentencia deberán ser aplicadas con efectos generales o erga omnes en casos similares o análogos.

Revisión del caso

1. En razón de los hechos expuestos en la presente sentencia, esta Corte Constitucional resuelve:

1.1 Dejar sin efecto la sentencia de 28 de mayo de 2015 dictada por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

2. De esta manera, corresponde aceptar la demanda de hábeas corpus propuesta.

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  1. Declarar vulnerados los derechos constitucionales de inviolabilidad de la vida, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de tránsito.
  2. Disponer la orden de libertad de Domingo Alberto Zambrano Muñiz y Marino Alberto Zambrano Barreiro.
  3. Disponer al director del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley Zonal 8 Guayas, informe a esta Corte en el término de 24 horas de notificada la presente sentencia, el cumplimiento de la orden de libertad dispuesta; o en su defecto, que demuestre de forma documentada que el derecho a la libertad de tránsito de los accionantes ya no se encuentra limitado.

Como medidas de reparación

  1. Que el director del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley Zonal 8 Guayas informe a esta Corte de forma sustentada y aporte toda la información sobre la actual situación de los procesados y su libertad, dentro del término le 24 horas de haber sido notificado con la presente sentencia,
  2. Disponer que la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ofrezca disculpas públicas a los señores Domingo Alberto Zambrano Muñiz y Marino Alberto Zambrano Barreiro, las mismas que deberán ser publicadas en un tugar visible y de fácil acceso de las páginas principales de los portales web institucionales del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia, por el término de tres meses. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, los jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y el presidente del Consejo de la Judicatura o su delegado, deberán informar a esta Corte de manera documentada, dentro del término máximo de veinte días, el inicio de la ejecución de la medida y cinco días después de concluido el término de tres meses, sobre su finalización.

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8. Como garantía de no repetición, con el objeto de evitar que las vulneraciones se repitan en casos posteriores en los que existan hechos similares, se dispone al Consejo de la Judicatura, a través de su representante legal, que efectúe una amplía difusión del contenido de la presente sentencia entre las juezas y jueces que, tienen competencia para conocer garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales y más concretamente, la acción de hábeas corpus, además de los jueces competentes en materia penal. La difusión debe darse por medio de atento oficio a las judicaturas, con el contenido de la presente sentencia; así como, la publicación de la sentencia en su portal web institucional, por medio de un hipervínculo ubicado en un lugar visible y de fácil acceso de su página principal. Dicha publicación deberá permanecer por el plazo de seis meses, El presidente del Consejo de la Judicatura o su delegado deberá informar a esta Corte de manera documentada, dentro del término máximo de veinte días, el inicio de la ejecución de la medida y cinco días después de transcurrido el plazo de seis meses, respecto de su finalización.

9, Como medida de investigación, se dispone al Consejo de la Judicatura, a través de su representante legal, que ordene al órgano correspondiente la investigación y establecimiento de responsabilidades según corresponda conforme a la ley, por las vulneraciones a los derechos de inviolabilidad de la vida, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de tránsito, al inobservarse el principio constitucional de favorabílidad. En caso de verificarse la existencia de infracciones que merezcan ser sancionadas, se deberá proceder con dichas sanciones. El presidente del Consejo de la Judicatura o su delegado deberá informar a esta Corte de manera documentada, dentro del plazo máximo de veinte días, el inicio de la ejecución de la medida, e informará mensualmente sobre los avances en su ejecución hasta su finalización.

10. Los efectos de la sentencia expedida en la revisión del presente caso seleccionado, tienen el carácter inter partes.

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11. Notifíquese, publíquese y cúmplase,

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, con cinco votos de las señoras juezas y señores jueces: Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade, Ruth «Seni Pinoargote y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de los jueces Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Roxana Silva Chicaíza y Manuel Viteri Olvera, en sesión del 20 de junio del 2018. Lo certifico.