Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Jueves, 18 de julio de 2018 (R. O. 56, 18-julio -2018) Edición Especial

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

SENTENCIA Nº 003-18-PJO-CC

EMÍTESE SENTENCIA EN LA

ACCIÓN DE PROTECCIÓN

PRESENTADA POR EL SEÑOR

MARCEL RENE RAMÍREZ RHOR

2 – Miércoles 18 de julio de 2018 Edición Constitucional Nº 56 – Registro Oficial

ImagenRegistro Oficial – Edición Constitucional Nº 56 Miércoles 18 de julio de 2018 – 3

Quito D. M. , 27 de junio de 2018

SENTENCIA N. ° 003-18-PJO-CC

CASO N. °0775-11-JP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

1. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

1. La Sala de Selección de la Corte Constitucional, para el período de transición, integrada por los jueces Alfonso Luz Yúnes, Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freiré con fecha 22 de junio de 2011, mediante auto y de conformidad con los parámetros de selección previstos en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, procedió a seleccionar el Caso N. ° 0775-11-JP (constante en sentencia expedida por el Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha) y fijó los parámetros de relevancia constitucional que justificaron la selección de la presente causa.
2. El 6 de noviembre de 2012, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional los jueces de la Primera Corte Constitucional integrada conforme lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República.
3. El 27 de febrero de 2013 en virtud del sorteo realizado en la Sala de Revisión N°. 2 le correspondió la sustanciación del caso signado con el N°. 0775-11-JP al juez constitucional Patricio Pazmiño Freiré. El 17 de octubre de 2013, el juez sustanciador avocó conocimiento de la causa.
4. El 5 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional las juezas constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva Chicaíza y el juez constitucional Francisco Butiñá Martínez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República del Ecuador.

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5. Mediante la resolución N. ° 004-2016-CCE, adoptada por el Pleno del Organismo el 8 de junio de 2016, se designó a la abogada Marien Segura Reascos como jueza constitucional, y se dispuso que todos los procesos que se encontraban en el despacho del juez constitucional, Patricio Pazmiño Freiré, pasen a conocimiento de la referida jueza constitucional.
6. Mediante oficio N. ° 086-2018-VPC-CC, la presidenta de la Segunda Sala de Revisión, Pamela Martínez, convoca a la sesión de Sala de Revisión, comunicado mediante oficio N. ° 1385-CCE-SG-2018, de 21 de marzo de 2018, asignado el caso N ° 0775-11-JP.

Antecedentes del caso

7. El 15 de marzo del 2011, el señor Marcel Rene Ramírez Rhor, en su calidad de presidente de la Fundación Ciudadana Papá por Siempre presenta acción de protección en contra de la campaña para prevenir el embarazo adolescente elaborada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, representado entonces por el doctor David Chiriboga Alnutt.
8. Según consta en la demanda, la acción de protección presentada por el señor Marcel Rene Ramírez Rhor tiene como punto de partida una campaña de prevención del embarazo adolescente llevada a cabo por el Ministerio de Salud Pública, que incluía la entrega de preservativos a las y los adolescentes en general y de manera especial, a los comprendidos en el grupo etario de los 12 a 14 años.
9. El demandante fundamenta su acción de protección en la vulneración de los artículos 83 numeral 16, 69 numeral 1 y 85 numeral 2 de la Constitución de la República, por considerar que el Ministerio de Salud ha omitido tener en cuenta el punto de vista de los padres antes de iniciar tal campaña; y por lo tanto, está menoscabando su deber constitucional de educar a sus hijos e hijas.

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10. El conocimiento de la acción de protección correspondió al Tribual Sexto de Garantías Penales de Pichincha, que en sentencia delude abril del 2011, resuelve rechazar la acción de protección propuesta, por considerar, entre otras razones, las siguientes:

1. Que el Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes no puede ser considerado ilegal o atentatorio de derechos constitucionales ya que con él, se pretende cumplir en forma efectiva con el Art. 32 de la Constitución, que consagra el derecho a la salud.
2. Que la acción de protección exige la protección frente a una lesión concreta, específica y fácilmente identificable, lo que en la especie no ocurre, pues no se ha determinado el daño real que puede causar la implementación del Plan Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes en el Ecuador. Las afirmaciones del accionante se basan en supuestos no determinados que permiten concluir que no existe violación real de derechos y garantías constitucionales ya que lo que se pretende es entregar información adecuada a la juventud en forma planificada, con el apoyo de los propios padres de familia a fin de garantizar a los mismos el derecho a una salud sexual digna y no promover, como afirma el accionante, que los adolescentes mantengan relaciones sexuales en forma abierta, sino todo lo contrario se busca proteger la salud de manera integral.
3. Que lo que se pretende con esta acción, es impedir que la información debidamente obtenida respecto a los fundamentos para implementar el Plan sea difundida a los menores de edad bajo la pretensión de que son únicamente los padres quienes deben educar sexualmente a los hijos cuando en realidad esto es un deber y obligación del Estado.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia

11. De conformidad con el artículo 436 numeral 6 de la Constitución de la República; en concordancia con el artículo 199 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte Constitucional a través de la Sala de Revisión, emite sentencias que contengan jurisprudencia vinculante o precedente con carácter erga

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omnes, en los casos que llegan a su conocimiento a través del proceso de selección.

12. Para efectos de la revisión de sentencias de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y resoluciones de medidas cautelares, la Corte Constitucional tendrá Salas de Revisión de procesos, compuestas, cada una, por tres juezas o jueces designados para cada caso por el Pleno, de manera rotativa y al azar. Cada una de estas Salas, estará presidida por una de las tres juezas o jueces de la respectiva Sala.

Fuentes que informan esta sentencia

13. La Corte Constitucional, luego de un análisis de las fuentes que informan esta sentencia, determina la inexistencia de precedente jurisprudencial vinculante relacionado con el caso objeto de análisis.

14. La Corte Constitucional, a partir del caso que procede a revisar y mediante su jurisprudencia, tiene la obligación constitucional de desarrollar los contenidos de los derechos y sus garantías reconocidos en la Constitución (Art. 11 numeral 8), dando respuestas concretas a los problemas surgidos a partir del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes.

Determinación de los problemas jurídicos

15. En atención a lo manifestado, el Pleno de la Corte Constitucional procederá a sistematizar sus argumentaciones a partir del planteamiento de los siguientes problemas jurídicos:

1. – ¿Cuáles son los alcances y límites de la posibilidad de intervención de los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se encuentran los y las adolescentes, en relación a sus derechos sexuales y reproductivos?

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2. – ¿En qué momento cesa la autoridad tuitiva de los padres y puede intervenir un «salvador externo» corno el Estado?

Resolución de los problemas jurídicos

1. – ¿Cuáles son los alcances y límites de la posibilidad de intervención de los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se encuentran los y las adolescentes, en relación a sus derechos sexuales y reproductivos?

16. Uno de los aspectos esenciales que se deben dilucidar con el fin de determinar cuál es el alcance y los límites de las posibilidades de decisión de los padres en relación con los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, es la determinación del contenido del término adolescente. Ahora bien, este aspecto solo puede ser concebido en base a conceptos técnicos, por lo que, esta Corte considera fundamental acudir a estas fuentes con el fin de esclarecer a qué alude la categoría adolescente.

¿Qué se entiende por adolescencia?

17. El término adolescencia no admite una conceptualización unívoca, al contrario, puede ser objeto de diversas interpretaciones, dependiendo de la concepción desde la que se parta. De hecho, la palabra adolescente deriva del término latino adolescere que significa crecer, hacerse mayor. Dada la amplitud del concepto, la adolescencia es una etapa difícil de limitar, complicada de ajustar a un único marco y duración precisa.

18. Una de las perspectivas desde la que suele conceptualizarse a la adolescencia es la cronológica. Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la adolescencia como una de las etapas de la vida y uno de los grupos poblacionales comprendido entre los 10 y 19 años de edad, en los que se distingue entre adolescencia temprana, que se inicia a los 10 y culmina a los 14 años de edad; y, la adolescencia tardía que va

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desde los 15 a los 19 años de edad. ¹ Adicionalmente, la OMS ha distinguido el término «juventud» para diferenciar a las personas cuya edad oscila entre los 15 y 24 años. Usualmente esta organización internacional suele utilizar «personas jóvenes» para referirse a ambos grupos poblacionales (adolescentes y jóvenes). ²

19. Desde una concepción biológica, la adolescencia es la etapa de la vida del ser humano que se inicia con la pubertad, la cual, se caracteriza por cambios fisiológicos como el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y la adquisición de la capacidad reproductiva (definición biológica). ³
20. Si bien las definiciones descritas anteriormente, se fundamentan en concepciones cronológicas y biológicas del asunto, la adolescencia no es una categoría ajena a aspectos psicológicos y socioculturales que influyen decisivamente en la construcción de este concepto. Así, la adolescencia se caracteriza por el surgimiento de aspectos

. . . como el desarrollo de la identidad, el sentido de autonomía, la capacidad para cuestionarse el sistema de referencia, la interacción con la sociedad. Es un período clave en el desarrollo humano porque se estructuran y se reestructuran las relaciones con uno mismo y con el mundo. Por ello, la adolescencia puede entenderse como el resultado de una construcción histórica y de un proceso social⁴.

21. De lo expuesto anteriormente, se deduce que el o la adolescente es la persona que se encuentra atravesando la etapa de transición de la infancia a la adultez, que incluye un proceso de maduración biológica, psicológica y social, y que se presenta entre los 10 y 19 años de edad. Sin embargo, lo anterior no debe guiar hacia la homogenización de los adolescentes; por el

¹Red Intersectorial de Adolescencia y Sexualidad RÍAS, Municipio Metropolitano de Quito, Ministerio de Salud Pública y otros. Género, adolescencia y derechos sexuales y reproductivos. Quito; Municipio Metropolitano de Quito, 2002, p. 11.

²Organización Mundial de la Salud. A picture of health?. Ginebra, 1995. En http://www. who. int/cs/. consultado el 09/Feb. /2012.

³Ibídem.

⁴Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Participación de niños, niñas y adolescentes. Buenos Aires: UNICEF, la ed. , 2006, p. 9.

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contrario, la conceptualización de la etapa de la adolescencia debe tener en cuenta la heterogeneidad de las personas que se encuentran atravesando esta fase pues cada ser humano la vive de manera distinta.

22. Bajo estas consideraciones, es imperativo que los ordenamientos jurídicos se ocupen de regular de manera específica los derechos y obligaciones de este grupo poblacional, visibilizando a los adolescentes como sujetos de derechos tanto en el ámbito nacional como internacional. De hecho, desde una perspectiva jurídica al o la adolescente se le debe considerar como «. . . ciudadano con derechos y obligaciones, con potencialidades y limitaciones similares a las de los adultos pero específicas de acuerdo a su grupo etario; con capacidad de disentir, de tomar decisiones, de proponer, con autonomía y autodeterminación V

23. A pesar de que la adolescencia es una etapa del ser humano que difiere notoriamente de la infancia, en el ámbito jurídico internacional, la cuestión ha sido abordada de una manera más general, incluyendo a los adolescentes en la categoría jurídica de niños. Así, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 1 ha optado por utilizar la palabra niño para referirse a «. . . todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad». ⁶
24. Es decir, los países signatarios de la Convención han ampliado la utilización del término niño o niña para designar al grupo poblacional cuya edad oscila entre los 0 y 18 años de edad. Con la salvedad de que el Estado signatario, en virtud de su legislación interna, podría establecer la mayoría de edad a una edad más temprana, sin vulnerar con ello, el contenido de la Convención.

⁵Red Intersectorial de Adolescencia y Sexualidad RÍAS, Municipio Metropolitano de Quito, Ministerio de Salud Pública y otros. Género, adolescencia y derechos sexuales y reproductivos, op. cit. , p. 12.

⁶La Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada por Decreto Ejecutivo N. ° 1330, publicado en Registro Oficial N. ° 400 de 21 de Marzo de 1990.

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25. Por lo tanto, en el ámbito internacional, la protección que se otorga a los niños y niñas como sujetos de derechos se extiende a todas aquellas personas que aún no han alcanzado la mayoría de edad de acuerdo a su legislación interna, o que todavía no han cumplido 18 años de edad.

26. En el caso del Ecuador, la normativa constitucional y legal sí se ha ocupado de hacer una diferenciación entre la categoría niño o niña y adolescente, así la Constitución de la República, en varios artículos se refiere a estos grupos poblacionales distinguiendo a la niñez de la adolescencia, lo cual no implica, en absoluto, una afectación a su condición de sujetos de derechos ni a la protección constitucional brindada a los menores de edad, pues, las mismas prerrogativas de los niños y niñas se aplican a los adolescentes, de hecho en los artículos 44, 45 y 46 se formulan una serie de principios y reglas aplicables a ambos grupos poblacionales.

27. Por su parte, el Código de la Niñez y la Adolescencia⁷ desarrollando el contenido de la Norma Suprema, regula de manera específica a quienes se aplica la categoría de niño o niña y a quienes de adolescente, así en el artículo 4 se establece:

Art. 4. – Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.

28. Con ello, la normativa legal ecuatoriana no deja duda respecto al contenido de los términos en análisis. Sin embargo, la distinción que hace la norma legal no debe interpretarse desde una perspectiva excluyente, pues dicha diferenciación no aparta a los adolescentes de la protección especial que les brindan la Constitución ecuatoriana y la Convención sobre los Derechos del Niño, en armonía con otros instrumentos internacionales. Se trata más bien, de distinciones ineludibles en la regulación legal sobre la protección de los menores de edad, que permiten sentar los lineamientos en el diseño y la ejecución de los planes y

⁷El Código de la Niñez y la Adolescencia entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial N° 737 del 3 de enero del 2003.

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programas gubernamentales sobre los niños en sentido estricto o restringido y sobre los adolescentes.

29. Así pues, esta Corte considera que la diferenciación entre niños y niñas, y adolescentes no tiene como fin brindar a estos últimos distinta protección, sino, considerando e] mayor grado de desarrollo biológico, psicológico, social y cultural respecto de los adolescentes, otorgarles mayor participación en los organismos públicos y privados que adopten decisiones que les conciernen, así como evidenciar que el contenido de los derechos de los adolescentes en ciertos ámbitos difiere del de los niños y niñas.

La protección constitucional de los adolescentes conforme el artículo 45 de la Constitución de la República

El primer inciso del artículo 45 de la Constitución señala:

Art. 45. – Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser . humano, además de los específicos de su edad.

30. La afirmación contenida en este artículo trae implícitas dos consecuencias de gran importancia. Por un lado, se reconoce a los adolescentes como sujetos de derechos y no únicamente como sujetos pasivos de medidas de protección u objeto de derechos.

31. Tradicionalmente, el parámetro normativo desde el que se abordaba la protección jurídica de las y los adolescentes partía de considerarlos un objeto de derechos de las personas encargadas de su cuidado, así, había una suerte de otorgamiento de prerrogativas a la o el adolescente que dependían directamente de lo que los adultos consideraban mejor para él o ella. En tal virtud, la regulación existente se limitaba al señalamiento de obligaciones del Estado, la sociedad y la familia para con el o la adolescente, poniendo énfasis en su vulnerabilidad y minoría de edad, pero sin reconocer su calidad de sujetos de derechos. Su existencia jurídica estaba, pues, limitada a ser el hijo o hija de, o estar a cargo de un

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adulto, invisibilizando su condición de persona con cierto grado de autonomía, capaz de emitir opiniones en los asuntos que le conciernen.

32. Actualmente, el y la adolescente, como sujeto de derechos, es titular de prerrogativas reconocidas en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, lo cual implica la consideración de que los derechos de las y los adolescentes no deben pasar por un proceso de concesión por parte de los adultos, sino que estos les son atribuibles por el sólo hecho de ser seres humanos.

33. Por lo tanto, la vulnerabilidad del adolescente ya no puede ser excusa para limitar sus derechos y su capacidad para ejercerlos, colocándolo en una «. . . condición de inferior categoría «^s ala de los adultos.

34. El adolescente como sujeto de derechos adopta una posición más activa en la sociedad garantizada por el ordenamiento jurídico, pues, las normas relativas a los adolescentes ya no se circunscriben a la enunciación de obligaciones del Estado, la sociedad y la familia respecto del adolescente, sino que contienen una serie de derechos que pueden ser ejercidos por los adolescentes en forma progresiva por su sola condición de seres humanos. Se abandona por lo tanto, la construcción normativa desde la afirmación «al niño, niña o adolescente se le dará. . . » (objeto de derechos) y se da paso a «el niño, niña y adolescente tiene derecho a. . . » (sujeto de derechos). ⁹

35. En este punto, la Corte considera importante aclarar que el reconocimiento de los adolescentes como sujetos de derechos no implica el abandono de su consideración como sujetos de protección especial y atención prioritaria, de conformidad con el artículo 37 de la Constitución de la República.

⁸Simón, Farith. Derechos de la Niñez y adolescencia: De la Convención sobre los Derechos del Niño a las Legislaciones Integrales. Quito: Editora Jurídica Cevallos, Tomo I, 2008, p. 126.

⁹Verhellen, E. Los Derechos del Niño en Europa. En Revista «Infancia y Sociedad». N° 15,1992, pp. 187 y 188, citado por Farith Simón, ibídem, p. 127.

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36. De hecho, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los adolescentes, y que van superando conforme se desarrollan, constituye la razón por la cual, se les considera sujetos de atención prioritaria. En este sentido, la proclama constitucional de priorización de su desarrollo integral contenida en el artículo 44, tiene una finalidad emancipadora del adolescente que promueve su autonomía y está orientada a la adopción de medidas que aporten positivamente en la defensa de sus derechos y que garanticen su ejercicio libre, autónomo y progresivo, de acuerdo a la evolución de sus facultades y su grado de madurez.
37. Una segunda consecuencia que se desprende de la afirmación consagrada en el artículo 47 de la Constitución, es el reconocimiento de la especificidad del contenido de los derechos de los adolescentes. Precisamente, al considerar a los adolescentes como sujetos de derechos también se vuelve necesario reafirmar que el contenido de los derechos cuando son ejercidos por un adolescente no tiene el mismo alcance que si su titular fuera un adulto, pues estos gozan de completa autonomía e independencia respecto de los primeros y se presume que han alcanzado el grado máximo de desarrollo físico, psicológico, cultural y social.
38. En efecto, el hecho de que las y los adolescentes gocen de los derechos comunes a las personas adultas, no debe dar pie a su homogenización, pues, aún persiste la necesidad de su protección especial La calidad de sujetos de derechos que la Constitución ecuatoriana otorga a los adolescentes va orientada a permitirles ejercer sus derechos de conformidad con la evolución de sus facultades y con la guía que las personas encargadas de su cuidado deben brindarles, siempre y cuando esa orientación no vulnere el contenido de sus derechos ni el principio de su interés superior consagrado en el artículo 44, inciso primero de la Norma Suprema. El contenido y el ejercicio de los derechos de los adolescentes están, pues, íntimamente ligados al principio de autonomía.

El principio de autonomía y la posibilidad de decisión de los padres u otras personas que tengan a su cargo el cuidado de los adolescentes

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39. A lo largo de su vida, la persona pasa de un estado de dependencia total a uno de autonomía completa, que se alcanza al llegar a la edad adulta. La autonomía no se trata de una condición que se da repentinamente, sino obedece a un proceso paulatino en el que el individuo avanza lentamente en el descubrimiento de sí mismo y en el reconocimiento y uso de sus potencialidades y capacidades. , identificándose como un ser independiente, singular y diferente.
40. Este desarrollo progresivo de la autonomía está íntimamente ligado con tres aspectos esenciales: la edad; el entorno social y familiar; y, el grado de madurez de la persona. Es por ello, que establecer el contenido de los derechos de los adolescentes no es tarea fácil ya que no existen parámetros matemáticos para hacerlo, y no se pueden establecer reglas absolutas al respecto; de ahí, la importancia de un análisis en cada caso concreto.

41. Dado que el desarrollo de la autonomía es paulatino, aquellas personas que aún no han culminado este proceso deben ser sujetos de protección especial, pues, se considera que su falta de madurez exige la adopción de medidas específicas que procuren la culminación de ese proceso de manera adecuada, de ahí que, de conformidad con la Constitución, el Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de promover de forma prioritaria su desarrollo integral y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos¹⁰.

42. Dentro de las obligaciones que la Norma Suprema ha impuesto para la protección de niños, niñas y adolescentes, se encuentran las consagradas en los artículos 69. 1 y 83. 16, que establecen la obligación que tienen los padres y las madres respecto del cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos.

¹⁰Constitución de la República/2008, Art. 44.

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43. Los adultos se convierten así en los garantes del adecuado desarrollo de las y los adolescentes, y por lo mismo, están legitimados para adoptar las decisiones pertinentes que posibiliten el ejercicio efectivo de sus derechos. Por tanto, son actores principales en la concreción de las normas consagradas en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos.

44. Es evidente que, mientras la persona no ha alcanzado el grado de autonomía necesario para ser considerada un adulto, los progenitores o las personas a cuyo cargo se encuentra, tienen la obligación de tomar decisiones respecto de su vida, siempre fundamentados en el principio del interés superior del menor de edad, y en el marco de sus derechos.

45. Sin embargo, esa potestad que tienen los adultos en relación con los adolescentes no puede entenderse absoluta ni uniforme. El grado de intervención que tienen los adultos en las decisiones que afecten a las y los adolescentes a cuyo cuidado se encuentran, debe ser proporcional al nivel de autonomía que tiene la persona, ya que no se puede considerar igual el nivel de injerencia que puede ejercer un adulto en una decisión respecto de su hijo de 8 años, que de aquel, que ha cumplido 17 años de edad.

46. En este caso, es razonable suponer que goza de menor autonomía un niño de 8 años que un adolescente de 17, y por ende, el grado de protección en ambos casos es distinto. El nivel de autonomía que tiene un adolescente de 17 años exige una injerencia mínima de los adultos en las decisiones que le conciernen. Por tanto, toda decisión adoptada en su nombre, por los padres, madres o las personas a cuyo cuidado se encuentra, que no considere el grado de autonomía del adolescente, y opte por obviar su punto de vista en asuntos que le conciernen, aún cuando está en plena capacidad de decidir por sí mismo, estaría afectando gravemente su autonomía, y por ende, la decisión adoptada por los adultos se consideraría una intervención ilegítima en el ejercicio de sus derechos.

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47. La decisión del adulto deja entonces de tener sentido para proteger el interés superior del adolescente y se convierte en una imposición coactiva al individuo que vulnera sus derechos constitucionales y su calidad de sujeto de derechos, lo cual, contradice el principio de autonomía y afecta gravemente su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad entendida como la potestad de la persona de autodeterminarse, autoposeerse y autogobernarse, es decir, sentirse como dueña de sí misma, de sus actos y de su entorno, derechos esenciales de nuestro ordenamiento jurídico.

48. En efecto, no es aceptable cualquier intervención en los derechos de los adolescentes por parte de sus padres, madres o las personas a cuyo cuidado se encuentran. De hecho, la propia Constitución ha establecido la finalidad que dicha interferencia debe perseguir: el desarrollo integral de los adolescentes, el cual, de conformidad con el segundo inciso del artículo 44 ibídem, debe entenderse como el «. . . proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales». Aclarando, sin embargo, que dicha finalidad no debe acompañar únicamente toda conducta de los padres, madres o cualquier persona encargada del cuidado de los adolescentes, sino que dicho principio debe fundamentar toda medida estatal, familiar o social relativa a la protección de los adolescentes, caso contrario pierde legitimidad y se convierte en una medida arbitraria y por ende inconstitucional.

49. Una vez que se ha delimitado constitucionalmente la finalidad que deben observar las medidas de intervención en los derechos de los adolescentes por parte de la familia, el Estado y la sociedad, esta Corte, considera oportuno referirse al contenido de los derechos que han motivado la acción de protección que dio origen a esta sentencia. Por lo que, a continuación, se pasa a analizar el alcance de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes.

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Los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes

50. El contenido de los derechos sexuales y reproductivos tiene relación directa con aspectos esenciales de los seres humanos: sus libertades, sus formas de comunicación y afectos. Así, el efectivo goce de estos derechos implica el ejercicio del principio de autonomía del cuerpo,¹¹ es decir de la potestad de las personas de sentar sus propias normas sobre su cuerpo, de ejercer una completa soberanía sobre el mismo, libre de principios normalizadores fundamentados en meras consideraciones médicas, histórico-políticas, legales o de otra índole distinta de la autonomía de la persona.

51. El principio de autonomía del cuerpo es condición básica para el ejercicio de los derechos de libertad e igualdad, ya que al reconocer a todas las personas la potestad de decidir sobre su cuerpo, se está reafirmando su condición de seres libres, autónomos y diversos que tienen derecho a vivir su sexualidad en igualdad de condiciones.

52. El tema de la sexualidad en la adolescencia y los derechos que se derivan de su ejercicio (derechos sexuales y reproductivos) ha sido abordado en diversos instrumentos internacionales a partir de los cuales se han sentado los lineamientos que deben observar los gobiernos con el fin de atender adecuadamente las necesidades de las y los adolescentes en el ámbito sexual y reproductivo.

53. Así, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el marco del reconocimiento del derecho a la salud integral, en el artículo 24 literal f) señala la necesidad de «. . . desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia».

¹¹ Cordero, María Isabel. Si al derecho a la vida. Si a los derechos sexuales y reproductivos. En Revista «Entre Voces» del Grupo Democracia y Desarrollo Local N° 13, edición septiembre y octubre, Quito, 2007, p. 38

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54. De igual forma, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer¹², al referirse a los derechos reproductivos en el artículo 16 literal e) establece como fundamental el «. . . acceso la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos…».

55. De manera concordante, la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional de Población y Desarrollo realizada en El Cairo en 1994, al analizar los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes determina:

. . . se exhorta a los gobiernos a que, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales, atiendan las necesidades especiales de los adolescentes y establezcan programas apropiados para responder a ellas. Estos programas deben incluir mecanismos de apoyo para la enseñanza y orientación de los adolescentes en las esferas de las relaciones y la igualdad entre los sexos, la violencia contra los adolescentes, la conducta sexual responsable, la planificación responsable de la familia, la vida familiar, la salud reproductiva, las enfermedades de transmisión sexual, la infección por el VIH y la prevención del sida. Deberían establecerse programas para la prevención y tratamiento de los casos de abuso sexual e incesto, así como otros servicios de salud reproductiva. ¹³

56. Precisamente, en el marco de la adecuada protección a los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas normativas, informativas, de salud, educación, entre otras, que les permita adoptar decisiones informadas, responsables y libres respecto a su sexualidad.
57. En tal virtud, la Constitución ecuatoriana al referirse a los derechos de libertad reconocidos en el artículo 66, ha consagrado por una parte, los derechos sexuales y por otra, los derechos reproductivos de las personas,

¹² La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer fue ratificada por Decreto Ejecutivo 2256, publicado en Registro Oficial 506 de 31 de enero del 2002.

¹³ Punto 7. 47 de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo llevada a cabo en El Cairo en septiembre de 1994.

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los mismos que engloban a los y las adolescentes por su consideradas sujetos de derechos de conformidad con el artículo 45 analizado ut supra.

58. De esta forma, la Norma Suprema, rompiendo la perspectiva reproductivista con la que se solía abordar el asunto de la sexualidad admitiendo su ejercicio únicamente para efectos de la reproducción, especialmente en el caso de la mujer, garantiza el ejercicio de una sexualidad libre, informada y responsable.
59. Aunque las disposiciones constitucionales han superado la identificación que existía entre derechos sexuales y reproductivos, es importante resaltar que, desde la perspectiva constitucional ecuatoriana, ambos parten de supuestos similares: la toma de decisiones libres, informadas y responsables.
60. Así el artículo 66 numeral 9 de la Norma Fundamental consagra los derechos sexuales de la siguiente forma:

66. Se reconoce y garantiza a las personas;

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras.

61. De manera concordante, el numeral 10 de la norma ibídem afirma:

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.

62. Los artículos transcritos anteriormente, parten de una condición fundamental del ser humano; su libertad, la misma que puede ser considerada como un atributo específico de la persona que se relaciona directamente con su capacidad de obrar y conducirse de forma independiente y de no ser conminada a hacer aquello que no desea. La libertad se considera como «. . . la posibilidad de la persona de determinar libremente su conducta, y de actuar, también libremente, de conformidad

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con dicha determinación sin que esa actuación, siempre que sea lícita, sufra interferencias o impedimentos por parte de terceros y, especialmente, por parte de los poderes públicos»¹⁴.

63. Bajo esta perspectiva, los derechos sexuales y reproductivos de las personas tienen como presupuesto básico la libertad de decidir, lo cual implica el derecho de toda persona a ejercer autonomía sobre su cuerpo, a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, y resolver sobre ellas, sin ser coaccionada ni sometida a discriminación o violencia de ninguna clase.

64. Las decisiones que las personas adopten sobre su cuerpo además de ser libres deben cumplir con ciertos requisitos adicionales de acuerdo con la Norma Constitucional.
65. La información, la responsabilidad y la voluntariedad se convierten en supuestos fundamentales que deben acompañar a las decisiones libres que ejerza la persona. Así, no basta con que la persona sea libre de decidir, sino que se requiere que esa decisión esté fundamentada en cierta información, que sea adoptada con responsabilidad, así como que sea voluntaria.
66. Cuando la Norma Constitucional hace mención a la toma de decisiones informadas se está refiriendo al acceso a conocimientos científicos, datos estadísticos, investigaciones médicas, jurídicas, sociológicas, psicológicas, culturales, históricas, entre otras, que sustancien posiciones de diversa índole respecto a un tema en particular. La información a la que tengan acceso las personas para la toma de decisiones debe ser veraz, oportuna, necesaria y suficiente, de manera que, la persona pueda formarse su propio criterio sobre un asunto en particular.

¹⁴ López Guerra, Luis; Espín, Eduardo y otros. Derecho constitucional Vol I, El ordenamiento constitucional Derechos y deberes de los ciudadanos. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2002, p. 257.

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67. En cuanto a la responsabilidad, implica la potestad defina persona de asumir los aciertos, así como las equivocaciones que se deriven de una decisión adoptada. La toma de una decisión de forma responsable requiere un proceso de concientización de las consecuencias positivas y negativas que devienen de la conducta adoptada y la capacidad de afrontar las mismas sin vulnerar los propios derechos ni los de terceros.

68. Por su parte, la voluntariedad a la que se refiere el artículo 66 numeral 9 se relaciona con la facultad de una persona para ordenar su propia conducta. Cuando una persona toma decisiones voluntariamente está dirigiendo su actuar conforme su potestad volitiva, de acuerdo a sus deseos y anhelos. La voluntad es un rasgo de los seres humanos que determina sus acciones, dirigiéndolas intencionalmente hacia la consecución del fin propuesto, libre de violencia o coacción o presión de ninguna clase, incluidas las sociales y culturales. Un acto se considera voluntario cuando se ejerce sin ningún tipo de coacción, pero, además cuando la persona puede comprender claramente las consecuencias de esa conducta. Una decisión voluntaria debe fundamentarse en la omisión de cualquier clase de discriminación, coacción o violencia en las decisiones que se adopten respecto a la sexualidad, capacidad reproductiva y a la vida y orientación sexual.

69. Una vez que se ha abordado el contenido de las decisiones libres, informadas, responsables y voluntarias, esta Corte considera oportuno sentar una dicotomía entre el contenido de los derechos sexuales, por un lado, y de los derechos reproductivos por otro, de manera que se comprenda a cabalidad a qué alude cada una de estas categorías.

Los derechos sexuales

70. El informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en septiembre de 1995, al referirse a los derechos sexuales, señala que estos incluyen:

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. . . derecho a tener control y decidir libremente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, sin verse sujetas a coerción, discriminación ni violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto a las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto a la integridad de la persona, exigen el respeto mutuo, el consentimiento y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual. ¹⁵

71. Por su parte y conforme a lo manifestado anteriormente, la Norma Fundamental, desde una perspectiva más general, afirma que los derechos sexuales implican la adopción de decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual
72. El abordaje de los derechos sexuales que hace la Constitución permite a esta Corte confirmar la conexión que existe entre el acceso a la información y la consecuente toma de una decisión libre y voluntaria, la misma que permitirá a su vez, enfrentar las consecuencias positivas o negativas que devengan de esas decisiones. Por lo tanto, existe una interdependencia entre la información, libertad, voluntariedad y responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad.
73. Así pues, el derecho de las personas de acceder a información en torno a su sexualidad les debe permitir conocer cada aspecto que interviene en su sexualidad, de manera tal, que puedan apreciar las consecuencias de las decisiones adoptadas y conocer exactamente los efectos para su salud, entendida como el completo bienestar físico, psicológico y social y no únicamente la ausencia de enfermedades¹⁶. El derecho de las personas a tomar decisiones informadas respecto a su sexualidad se concretiza en el acceso de toda persona, desde la infancia, a una educación integral para la vida afectiva y sexual de manera que posibilite el bienestar y desarrollo de la persona y el ejercicio de la sexualidad en forma plena, libre, voluntaria e informada.

¹⁵ Párrafo 96 del Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en septiembre de 1995.

¹⁶ Ley Orgánica de Salud/2006, Art. 3.

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74. Por su parte, las decisiones responsables en cuanto a la sexualidad devienen en la asunción de los impactos positivos o negativos que apareja la conducta sexual que una persona está ejerciendo. Pero además en la plena conciencia y conocimiento de que las consecuencias que se derivan de la conducta sexual son las mismas para todas las personas que participen de la relación sexual, sin discriminación de ninguna clase. Por lo tanto, una decisión responsable en torno al tema de la sexualidad debe fundamentarse en la igualdad y respeto mutuo al afrontar las consecuencias devenidas de la práctica de las relaciones sexuales tanto para hombres como para mujeres y en la capacidad de la persona de comprender y asumir el resultado de su conducta sexual.

75. Sólo el cumplimiento de todos estos supuestos en las decisiones que las personas adopten respecto a su sexualidad, su vida y su orientación sexual podrán garantizar el efectivo goce de los derechos sexuales, los mismos que, entre otros aspectos, implican: la posibilidad de decidir sobre el cuerpo (autonomía del cuerpo); vivir de manera sana y placentera la sexualidad (dar, sentir y recibir placer); decidir libremente la opción sexual sin miedos, estigmas ni discriminación; ejercer la sexualidad de manera independiente a la capacidad reproductiva; el acceso a una educación afectiva y sexual integral; el acceso a información respecto de métodos seguros, eficaces y asequibles que eviten el contagio de enfermedades de transmisión sexual; la igualdad en la asunción de las consecuencias de la conducta sexual, la capacidad para asumirlas¹⁷.

Los derechos reproductivos

76. La categoría «derechos reproductivos» fue introducida por primera vez en la Conferencia Mundial Sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo, en 1994, y se la utilizó para definir al conjunto de derechos humanos que tienen que ver con la salud reproductiva y más ampliamente con todos los derechos humanos que inciden sobre la reproducción

¹⁷ María Isabel Cordero, «Si al derecho a la vida. Si a los derechos sexuales y reproductivos», op. cit., p. 39. Véase también Derechos Sexuales y Reproductivos en Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, Segunda Edición, Santiago de Chile, 2006, pp. 16 y 17.

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humana así como aquellos que afectan el binomio población desarrollo sostenible ¹⁸.

77. Por su parte, la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, ha conceptualizado a la salud reproductiva como:

… un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia¹⁹.

78. Los derechos reproductivos aluden, entonces, al ejercicio de la potestad del ser humano para decidir las condiciones bajo las cuales, va a ejercer su capacidad reproductiva y la manera de hacerlo en caso de que optara por esa posibilidad.

79. En el ámbito nacional, conforme lo señalado ut supra la Constitución de la República en su artículo 66. 10 consagra los derechos reproductivos como el derecho de toda persona a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.

80. El alcance de esta disposición constitucional ha sido desarrollado de manera detallada en la Ley Orgánica de Salud, la misma que, a partir del artículo 20 se ocupa de regular lo relativo a la salud sexual y reproductiva, garantizando los siguientes derechos:

1, El acceso de hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de género, con enfoque pluricultural, y que contribuyan a erradicar conductas de riesgo, violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad.

¹⁸ Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Fondo de Población de las Naciones Unidas. Los derechos reproductivos son derechos humanos. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2007, p. 25.

¹⁹ Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995, párrafo 94.

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2. El acceso a los servicios públicos de salud sin cosió para madres y e infantes.
3. El derecho de hombres y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, responsable; autónoma, sin coerción, violencia ni discriminación sobre el número de hijos que puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas; así como a acceder a la información necesaria para ello.
4. El acceso a la atención en salud integral, sexual y reproductiva, dirigida a mujeres y hombres, con énfasis en los adolescentes, sin costo para los usuarios en las instituciones públicas.
5. La implementación obligatoria de programas educativos en los establecimientos de educación a nivel nacional, para la difusión y orientación en materia de salud sexual y reproductiva, a fin de prevenir el embarazo en adolescentes, VIH-SIDA y otras afecciones de transmisión sexual.
6. El fomento de la paternidad y maternidad responsable y la erradicación de la explotación sexual.
7. La planificación familiar, con responsabilidad mutua y en igualdad de condiciones.

81. Además de los derechos descritos anteriormente, en virtud de los parámetros internacionales de protección,²⁰ esta Corte, considera que el derecho de hombres y mujeres a la toma de decisiones libres, responsables e informadas respecto a su vida y salud reproductiva implica, además de los consagrados en la Ley Orgánica de Salud, y en ejercicio de la autodeterminación del cuerpo, el derecho a:

1. El acceso a información respecto de métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables de regulación de fecundidad,
2. El acceso a información respecto de sus derechos y obligaciones como padres y madres.

²⁰ Tanto la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995 como el Informe de la Conferencia Mundial Sóbrela Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994 establecen importantes parámetros de protección de estos derechos exhortando a los Estados a adoptar medidas urgentes que permitan suprimir toda forma de vulneración de estos derechos. Para mayor información véase también, Derechos Sexuales y Reproductivos en Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, op. cit, pp. 16 y 17.

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3. Recuperar la fertilidad cuando ésta ha sido dañada por falta de información y tratamientos inadecuados. ²¹

82. Por lo tanto, para comprender a cabalidad a qué se refieren los derechos reproductivos no basta con remitirse a la Ley Orgánica de Salud, sino será necesario estar a lo dispuesto en esta sentencia, así como, en instrumentos internacionales de derechos humanos, lo cual no excluye cualquier otro derecho que, sin haber sido expresamente determinado en el contenido de esta sentencia, derive del ejercicio de la libertad reproductiva de los seres humanos.

Derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes

83. Uno de los aspectos que marca el inicio de la adolescencia es el desarrollo de caracteres sexuales secundarios que habilitan fisonómicamente al cuerpo, tanto masculino como femenino, para mantener relaciones sexuales así como para procrear.

84. El desarrollo físico y psicológico que se alcanza a partir de la pubertad (12 años) provoca que las y los adolescentes se conviertan en actores sexuales. En efecto, «. . . los cambios fisiológicos que se presentan en el advenimiento de la adolescencia van acompañados por impulsos aumentados en diferentes aspectos, especialmente la conducta sexual»²¹.

85. Por ello, no debe sorprender que el espectro de protección de los derechos sexuales y reproductivos incluya a las y los adolescentes, pues además de ostentar la categoría de sujetos de derechos, están en plena capacidad anatómica y fisiológica de ejercer su sexualidad.

²¹ Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995, párrafo 94. Véase también, Derechos Sexuales y Reproductivos en Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, op. cit, pp. 16 y 17; y, Red Intersectorial de Adolescencia y Sexualidad RÍAS, Municipio Metropolitano de Quito, Ministerio de Salud Pública y otros, Género, adolescencia y derechos sexuales y reproductivos, op. cit., p. 65.

²² Red Intersectorial de Adolescencia y Sexualidad RÍAS, Municipio Metropolitano de Quito, Ministerio de Salud Pública y otros. Género, adolescencia y derechos sexuales y reproductivos, op. cit., p. 61.

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86. Precisamente, los derechos sexuales y reproductivos tienen por objeto dotar a los seres humanos de herramientas informativas que les permitan decidir libre, voluntaria y responsablemente acerca del manejo de su capacidad reproductiva y de su sexualidad en general.

87. En efecto, esta Corte considera que el derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de decidir libre, responsable e informadamente procrear o no, cuándo y con qué frecuencia, es un derecho que corresponde ejercer directamente a las y los adolescentes, como sujetos plenos de derechos y en virtud del principio de autonomía.

88. Es por ello que, dada la trascendencia de estos derechos, se debe poner especial énfasis en dotar a los y las adolescentes, como sujetos especiales de protección, de instrumentos normativos, científicos, educativos, de salud, informativos, que tengan por objeto la construcción de un criterio libre y responsable sobre cómo ejercer su sexualidad y controlar su capacidad reproductiva. Permitiéndoles vivir una adolescencia plena y feliz y garantizando su salud sexual y reproductiva.

89. En tal virtud, esta Corte considera que en un Estado constitucional de derechos y justicia, todas aquellas medidas adoptadas por el Estado, la sociedad o la familia en relación con los derechos sexuales de las y los adolescentes deben permitir una expresión normal de ese impulso sexual, dejando de lado las prohibiciones, represiones y sanciones que regían anteriormente este ámbito y por el contrario, en ejercicio del rol de garantes que ostentan, deben asegurar que las decisiones adoptadas por las y los adolescentes en el ámbito de su salud sexual sean efectivamente libres, responsables, informadas y voluntarias, con todo lo que ello implica.

90. Esta Corte reafirma que el derecho que tienen los y las adolescentes, de decidir autónomamente sobre su salud sexual, de expresar su opinión y su consentimiento de manera directa, sin la injerencia ilegítima del Estado, la sociedad o la familia. Reconociendo además que esa libertad en el

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ejercicio de sus derechos sexuales está íntimamente relacionada a su grado de autonomía, a partir del cual, conforme lo analizado ut supra, se legitima una mayor o menor intervención en sus derechos. Por lo tanto, la intervención del Estado, la sociedad y la familia en el contenido de estos derechos se legitima únicamente si observa su interés superior y respeta su libertad, dignidad y opinión.

91. Así, dicha intervención en los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes debe tender a la construcción de un grado de autonomía tal que les permita la elaboración de un plan de vida acorde a sus necesidades, anhelos y aspiraciones, libre de tabúes, sanciones y represiones.
92. Las afirmaciones descritas anteriormente, permiten a esta Corte concluir con el señalamiento de la siguiente regla jurisprudencial que tiene efectos erga omnes:

La intervención de los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se encuentran, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, debe encaminarse a dotarles de la guía y las herramientas necesarias y suficientes que les permitan adoptar decisiones libres, informadas y responsables. Por lo tanto, corresponde únicamente a la o el adolescente decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva, fundamentando sus decisiones en las herramientas otorgadas por el Estado, la sociedad y la familia, para la adopción de decisiones libres, informadas y responsables.

2. – ¿En qué momento cesa la autoridad tuitiva de los padres y puede intervenir un «salvador externo» como el Estado?

93. La Constitución ecuatoriana considera a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. ²³ La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, reconocen a la familia como «el elemento natural y fundamental de la sociedad», que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

²³ Constitución de la República /2008, Art. 67.

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94. Tradicionalmente, se consideraba a la familia como el grupo humano compuesto por una pareja de distinto sexo unida por matrimonio y los hijos o hijas concebidos por la pareja. Sin embargo, la normativa constitucional reconoce que el concepto es más amplio.

95. El artículo 61 de la Constitución de la República reconoce a la familia en sus diversos tipos y manifiesta que esta se constituye por vínculos jurídicos o de hecho. De manera concordante, el artículo 68 asimila a las familias constituidas por uniones de hecho con las fundadas en matrimonio.

96. La amplitud con la que la Carta Fundamental ecuatoriana regula a la familia, obedece a la necesidad de contar con un ordenamiento jurídico constitucional que se ajuste al dinamismo con el que evoluciona el contexto sociocultural.
97. A pesar de aquello, la Norma Suprema marca algunas pautas para identificar a ciertos grupos humanos como familia. Así, cuando el artículo 67 determina que la familia se constituye por vínculos jurídicos o de hecho, se está reconociendo que la esencia de la familia radica en asuntos diversos del compromiso contractual, como vínculos afectivos, económicos, la vida en común, una relación regular e intensa, extendiendo la protección a la familia, no únicamente para aquellos casos en los que priman vínculos biológicos o contractuales, sino para todas aquellas «. . . relaciones en las que, de hecho, se generen lazos de mutua dependencia equivalentes a los parentales»²⁴.

98. Por lo tanto, esta Corte considera que la Constitución del Ecuador reconoce como familia a todo grupo humano que tenga vida en común en

²⁴ Santolaya Machetti, Pablo. Derecho a la vida privada y familiar: un contenido notablemente ampliado del Derecho a la intimidad. En García Roca Javier y Santolaya Pablo (coords.), «La Europa de los Derechos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos». Madrid: Centra de Estudios Políticos y Constitucionales. 2005, p. 494.

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la que se formen vínculos afectivos y materiales de dependencia mutua sea cual sea su grado de formalidad y el sexo de sus miembros²⁵,

99. Además de establecer la conformación del círculo familiar por vínculos jurídicos o de hecho, la Carta Fundamental consagra otro aspecto esencial de la familia: la igualdad de derechos y oportunidades de sus miembros.²⁶ Las decisiones adoptadas en el seno de la familia deben tener en cuenta la diversidad de sus miembros y procurar el efectivo cumplimiento de los derechos de cada uno de ellos.

100. En el caso de familias conformadas por adultos y niños, niñas o adolescentes, esa igualdad de derechos y oportunidades de sus miembros debe interpretarse a partir de su igualdad material, conforme la cual, no todos los miembros de una familia tienen los mismos derechos y obligaciones, sino que estos dependen del rol que cada persona desempeña en la familia, lo cual no puede, bajo ningún concepto, traducirse en una degradación de la condición de sujeto de derechos de un miembro de la familia. Así mismo, esa igualdad a la que alude la Constitución, no debe ser entendida como la ausencia de la autoridad tuitiva de los adultos, pues, de conformidad con lo analizado ut supra, la condición de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes exige su protección especial, la misma que corresponde garantizar al Estado, la sociedad y la familia²⁷.
101. En el seno familiar, la protección especial de niños, niñas y adolescentes, es confiada a los adultos miembros de ese núcleo fundamental, los mismos que, dotados de una potestad tuitiva tienen la obligación de guarda, amparo y defensa de los niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos. El ejercicio de este deber implica la adopción de decisiones respecto del cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos ²⁸ de las personas menores de edad que conforman la familia, dado su grado de autonomía y vulnerabilidad.

²⁵ Ibídem.

²⁶ Constitución de la República/2008, Art. 67. ²⁷ Constitución de la Republica/2008, Art. 69. ²⁸ Ibídem.

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102. Este tipo de decisiones usualmente se abordan en el seno de la familia, en el que no deben tener injerencia terceros ajenos a ese vínculo. Es en ese marco de respeto a los asuntos privados familiares, que la Norma Suprema ha optado por consagrar el derecho a la intimidad familiar.

103. El derecho a la intimidad familiar está garantizado en el artículo 66. 20 de la Constitución de la República en los siguientes términos:

Art. 66. – Se reconoce y garantizará a las personas: 20. El derecho a la intimidad personal y familiar.

104. El derecho a la intimidad tiene como fundamento la protección de las personas contra toda injerencia ilegal o arbitraria en su vida privada o su vida familiar,²⁹ garantiza a las personas y su familia un lugar inquebrantable en el que pueden proyectar tranquilamente su personalidad, libre de intromisiones de terceros.

105. El derecho a la intimidad familiar tiene como eje de protección el ámbito personalísimo de cada familia, es decir, aquellas conductas, información y situaciones que están apartadas de la intromisión o el conocimiento de extraños. La sustracción de lo absolutamente privado de las personas y familias es un derecho fundamental del ser humano que garantiza la reserva de esa información por pertenecer a un ámbito no conocido, no sabido, no promulgado, a menos que las personas voluntariamente la divulguen a terceros.

. . . la intimidad familiar se presenta como un derecho que tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida coincidente con aquel en el cual se desarrollan las relaciones de esta naturaleza. No se garantiza una intimidad determinada, sino el

²⁹ Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ; artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 16 de la Convención sobre del Derechos del Niño,

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derecho a poseerla, con independencia del contenido de lo que se quiere mantener al abrigo del conocimiento público . . . ³⁰

106. A pesar de la consagración constitucional y la importancia fundamental que tiene el derecho a la intimidad familiar, su protección dentro del ordenamiento jurídico no tiene un carácter absoluto e ilimitado. Todos los derechos reconocidos en la Constitución de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos necesariamente deben armonizarse entre sí y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta Fundamental, caso contrario, la convivencia social sería imposible.
107. Precisamente, los requerimientos de un Estado Constitucional de derechos y justicia, exige la existencia de supuestos bajo los cuales, la intervención en el derecho a la intimidad familiar sea legítima. En virtud de garantías tales como el derecho a la intimidad personal y familiar (art. 66. 20 C. R.) y el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 66. 5), la intimidad familiar sólo puede ser limitada en los casos en los que haya razones suficientes que lo justifiquen, ya que de por medio se encuentran amenazados derechos constitucionales de quienes la componen.
108. Así, existen situaciones en las que el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y la prevalencia de sus derechos sobre los demás, legitima una intervención en el derecho a la intimidad familiar.
109. Si bien la familia es un espacio privado, ello no significa que sea impenetrable para el Estado. Aunque la Constitución confió a los padres y madres la educación y crianza de sus hijos e hijas (artículo 69. 1 y 83. 16) y les otorgó un amplio margen de decisión al respecto, ello no quiere decir que el Estado deba apartarse de aquellos asuntos que involucran a los miembros de una familia, más aún si la Norma Suprema ha consagrado su corresponsabilidad en la promoción de su desarrollo integral y la garantía del ejercicio pleno de sus derechos (art. 44 C.R.).

³⁰ Farnós Amorós, Esíher. Una intromisión consentida en la intimidad familiar. En Revista para el análisis del Derecho InDret, Barcelona, 2006, p. 4.

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110. Precisamente, esa autoridad tuitiva con la que cuentan los padres, madres y en general cualquier persona que tenga a su cargo el cuidado de un niño, niña o adolescente, no es absoluta, ni ilimitada. La potestad de guarda, amparo y defensa encuentra sus límites en el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, en el principio de prevalencia de sus derechos sobre los de los demás ³¹ y en su derecho a ser consultados en los asuntos que les afecten ³². Por lo tanto, aunque los adultos están legitimados a decidir sobre su cuidado, crianza, educación, entre otros, ello no implica que los niños, niñas o adolescentes estén conminados al cumplimiento de sus opiniones. Caso contrario, dicha obligación se convertiría en un derecho de los adultos de imponer sus decisiones frente a sus hijos, hijas o los niños, niñas o adolescentes bajo su cuidado, convirtiéndose en la herramienta perfecta para perpetuar relaciones de poder lo que deslegitimaría absolutamente la consideración de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, para retomar el viejo paradigma de ser objeto de derechos.
111. Justamente, con el fin de dotar de una efectiva protección a las y los adolescentes, la Norma Suprema ha incluido en su texto, la obligación del Estado de adoptar medidas especiales de su protección, potestad que debe ser ejercida aún cuando ello involucre una intromisión en la obligación de los adultos de crianza y educación de sus hijos y la consiguiente limitación en el derecho a la intimidad familiar.
112. De esa manera, el Estado se erigiría en un «salvador externo» al vínculo familiar que está legitimado a intervenir en pro de la efectiva vigencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
113. En el caso sub júdice, el accionante afirma que las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud para prevenir el embarazo adolescente estarían vulnerando su derecho a educar a sus hijos e hijas como mejor le parezca (art. 69 numeral 1 y art. 83 numeral 16 C. R.).

³¹ Ibídem.

³² Constitución de la República/2008, Art. 45.

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114. Al respecto, conforme lo manifestado ut supra, esta Corte considera que las disposiciones constitucionales que se sostiene que han sido vulneradas, no constituyen de ninguna manera, derechos de los padres y madres de familia. Por el contrario, las normas constitucionales invocadas consagran obligaciones para estos que tienen por objeto proteger los derechos de las y los hijos en su calidad de sujetos especiales de protección, pues debido a su condición de vulnerabilidad es fundamental garantizar su educación y crianza.
115. En efecto, a partir de lo manifestado, esta Corte concluye que la campaña en cuestión, tenía como objetivo dotar a las y los adolescentes de herramientas necesarias y suficientes que les permitieran ejercer de forma efectiva su derecho a adoptar decisiones libres, voluntarias y responsables acerca de su salud sexual y reproductiva garantizados en el artículo 66 numerales 9 y 10 de la Constitución de la República.
116. Por lo tanto, la intervención de ese «salvador externo» es absolutamente justificada, más aún cuando la normativa constitucional como internacional impone como obligación del Estado la adopción de medidas tendientes a garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes³³.
117. El ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos exige la adopción de medidas no únicamente desde el seno familiar, sino también desde la perspectiva social y estatal, pues la salud sexual y reproductiva es una cuestión de salud pública y educación, confiada no sólo a la familia, sino impuesta al Estado como garante del derecho a la salud (art. 32 C. R. ), a la educación (Art. 26 C. R.) y corresponsable del ejercicio pleno de los derechos de las y los adolescentes.

³³ Constitución de la República/2008, Art. 3 numeral 1.

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118. El Estado se erige pues como un «salvador externo» que está obligado a cumplir con su deber de otorgar a las y los adolescentes la información adecuada y necesaria para que ellos, en ejercicio del principio de autonomía de su cuerpo, puedan finalmente decidir sobre su salud sexual y reproductiva.
119. Esa intervención estatal no puede de ninguna manera entenderse como una injerencia indebida en la obligación de los adultos miembros de la familia de informar a sus hijos e hijas adolescentes sobre la salud sexual y reproductiva. De hecho, dada la condición de las y los adolescentes de actores sexuales, es fundamental que estos estén en la capacidad de asumir sus decisiones, para lo cual, tanto la familia, como la sociedad y el Estado deben otorgarles toda la información requerida, pero además, adoptar medidas efectivas que permitan el ejercicio pleno de esos derechos, en concordancia con el derecho a la salud (art. 32 C. R.) y a la educación (art. 26 C. R.) garantizados en la Constitución de la República.
120. La Corte Constitucional, conforme a estas consideraciones emite con carácter erga omnes, la siguiente regla jurisprudencial:

La autoridad tuitiva de los padres, madres o de cualquier persona encargada del cuidado de niñas, niños y adolescentes, cesa el momento en el que el ejercicio de la obligación de cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, vulnera su derecho a la información, a la educación y a la salud sexual y reproductiva, transgrediendo los principios constitucionales de su interés superior, su derecho a ser consultados en los asuntos que les afecten, y su calidad de sujetos de derechos, activando la intervención del Estado como un «salvador externo» que imponga medidas que operen a favor del efectivo ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

III. DECISIÓN

121. En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el numeral 6 del artículo 436 de la Constitución de la República, expide la siguiente:

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IV. SENTENCIA JURISPRUDENCIA VINCULANTE

Reglas

1. – ¿Cuáles son los alcances y límites de la posibilidad de intervención de los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se encuentran los y las adolescentes, en relación a sus derechos sexuales y reproductivos?

122. La intervención de los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se encuentran, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, debe encaminarse a dotarles de la guía y las herramientas necesarias y suficientes que les permitan adoptar decisiones libres, informadas y responsables. Por lo tanto, corresponde únicamente a la o el adolescente decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva, fundamentando sus decisiones en las herramientas otorgadas por la familia y el Estado, para la adopción de decisiones libres, informadas y responsables.

2. – ¿En qué momento cesa la autoridad tuitiva de los padres y puede intervenir un «salvador externo» como el Estado?

123. La autoridad tuitiva de los padres, madres o de cualquier persona encargada del cuidado de niñas, niños y adolescentes, cesa el momento en el que el ejercicio de la obligación de cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, vulnera su derecho a la información, a la educación y a la salud sexual y reproductiva, transgrediendo los principios constitucionales de su interés superior, su derecho a ser consultados en los asuntos que les afecten, y su calidad de sujetos de derechos, activando la intervención del Estado como un – «salvador externo» que imponga medidas que operen a favor del efectivo ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Registro Oficial – Edición Constitucional Nº 56 Miércoles 18 de julio de 2018 – 37

Efectos

124. La Corte considera que los pasajes de esta sentencia se deben aplicar con efecto inter pares a todos los casos en los que se encuentren en conflicto los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes con la obligación parental de educar a los hijos e hijas.

Decisión

125. La Corte Constitucional no ha decidido el caso concreto, en virtud de que ya ha sido resuelto por el Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha.
126. La presente sentencia será publicada en el Registro Oficial y en el portal electrónico de la Corte Constitucional.
127. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
128. 

129. Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, con cinco votos de las señoras juezas y señores

     38 – Miércoles 18 de julio de 2018 Edición Constitucional Nº 56 – Registro Oficial

     jueces: Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote y Pamela Martínez Loayza, sin contar con la presencia de los jueces Francisco Butiñá Martínez, Roxana Silva Chicaíza, Manuel Viteri Olvera y Alfredo Ruiz Guzmán, en sesión del 27 de junio del 2018. Lo certifico.

130. 

     Registro Oficial – Edición Constitucional Nº 56 Miércoles 18 de julio de 2018 – 39

     CASO Nro. 0775-11-JP

     RAZÓN. – Siento por tal, que la señora Pamela Martínez Loayza suscribió la presente Sentencia el día viernes 13 de julio del 2018, en calidad de presidenta (e) de la Corte Constitucional, al momento de expedirse la misma. – Lo certifico.

131.