Administración del Señor Guillermo Lasso Mendoza

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 07 de julio de 2021 (R. O.489, 07–julio -2021)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS:

  1. Deléguese al Viceministro de Finanzas como Delegado Permanente ante el Comité de Política Tributaria (CPT)… 3
  2. Deléguese al Viceministro de Finanzas como Delegado ante el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de abril de 2016

ACUERDO INTERMINISTERIAL:

MINISTERIO DE GOBIERNO Y DE

TURISMO:

0001…. Déjese sin efecto el artículo 2 del Acuerdo Interministerial 001 de 30 de Marzo de 2021

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

RESOLUCIONES:

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA – SEPS:

Declárense disueltas y liquidadas a las siguientes organizaciones:

SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0228 Asociación de Productores Agrícolas Pavón Chipe, domiciliada en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos

SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0229 Asociación de Montubios Autónomos San Pedro, domiciliada en el cantón Valencia, provincia de Los Ríos

Año II – N° 489 – 52 páginas

Quito, miércoles 7 de julio de 2021

Miércoles 7 de julio de 2021 Registro Oficial N° 489

Págs.

GOBIERNOS AUTÓNOMOS

DESCENTRALIZADOS

ORDENANZAS MUNICIPALES:

– Cantón Centinela del Cóndor: De aprobación de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y elaboración del Plan de Uso y Gestión del Suelo

– Cantón Centinela del Cóndor: Que regula el procedimiento para la emisión del informe en particiones judiciales

Registro Oficial N° 489 Miércoles 7 de julio de 2021

No. 054 EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

CONSIDERANDO:

QUE la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008, en su artículo 154 dispone que las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiere su gestión»;

QUE el artículo 71 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado el 22 de octubre de 2010 en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 306 determina: «La rectoría del SINFIP corresponde a la Presidenta o Presidente de la República, quien la ejercerá a través del Ministerio a cargo de las finanzas públicas, que será el ente rector del SINFIP»;

QUE la norma ibídem, en su artículo 75 dispone: «La Ministra (o) a cargo de las finanzas públicas podrá delegar por escrito las facultades que estime conveniente hacerlo (…)»;

QUE el Código Orgánico Administrativo COA, en su artículo 69 determina: «Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión (…)»;

QUE el artículo 82 del Código Orgánico Administrativo, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 31 de 07 de julio de 2017, vigente desde el 07 de julio de 2018, dispone: «Las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior (…)»;

QUE el segundo inciso del artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone: «Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios»;

QUE el artículo 3 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas manifiesta: «El Comité de Política Tributaria es la máxima instancia interinstitucional encargada de la definición y lineamientos de aspectos de política tributaria. Estará integrado por la máxima autoridad de la entidad a cargo de las finanzas públicas o su delegado, quien lo presidirá, la máxima autoridad de la entidad a cargo de la planificación nacional o su delegado, el ministro delegado del Presidente de la República que represente al sector de la producción o su delegado.»;

QUE mediante Decreto Ejecutivo No. 11 de 24 de mayo de 2021, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró como Ministro de Economía y Finanzas al doctor Simón Cueva Armijos;

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Miércoles 7 de julio de 2021 Registro Oficial N° 489

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154 de la Constitución de la República del Ecuador, 75 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y 69 del Código Orgánico Administrativo,

ACUERDA:

Art. 1.- Delegar al Viceministro de Finanzas, como delegado permanente de esta Cartera de Estado, ante el Comité de Política Tributaria (CPT).

Art. 2.- El delegado queda facultado para suscribir todos los documentos, participar en las diligencias, intervenir, votar, tomar las decisiones que crea pertinentes, en beneficio de los intereses estatales, con el fin de cumplir a cabalidad la presente delegación, respondiendo directamente de los actos realizados en ejercicio de la misma.

Art. 3.- Derogar todo acto administrativo de igual o menor jerarquía que se oponga a la presente delegación.

Disposición única.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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Dado, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 15 de junio de 2021

Registro Oficial N° 489 Miércoles 7 de julio de 2021

ACUERDO No. 055

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

CONSIDERANDO

QUE La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, en su numeral 1 del artículo 154 dispone que las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

QUE el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado el 22 de octubre de 2010, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 306, en su artículo 75 dispone: «La Ministra(o) a cargo de las finanzas públicas podrá delegar por escrito las facultades que estime conveniente hacerlo…»;

QUE el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva en sus artículos 17 y 55 faculta a los Ministros y autoridades del Sector Público delegar sus atribuciones y deberes;

QUE mediante Decreto Ejecutivo No. 1004 del 26 de abril del 2016, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 760 del 23 de mayo del 2016, el señor Presidente Constitucional de la República creó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016;

QUE de conformidad con las reformas al Decreto Ejecutivo No. 1004 del 26 de abril del 2016, que constan en el artículo 1 del Decreto 365 de fecha 09 de abril de 2018, el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo está integrado por los siguientes miembros permanentes, que actuarán con voz y voto: «3. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas o su delegado permanente»; y,

QUE mediante Decreto Ejecutivo No. 11 de 24 de mayo de 2021, el Presidente Constitucional de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza, designó al Doctor Simón Cueva Armijos, como Ministro de Economía y Finanzas.

En mérito de los antecedentes expuestos y, en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 75 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, el señor Ministro de Economía y Finanzas

ACUERDA:

Artículo 1.- Delegar al Viceministro de Finanzas, como delegado de esta Cartera de Estado ante el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de abril de 2016.

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Miércoles 7 de julio de 2021 Registro Oficial N° 489

Artículo 2.- El delegado queda facultado a suscribir todos los documentos, participar en las diligencias, intervenir, votar y tomar las decisiones que crea pertinentes, para el cabal cumplimiento de esta delegación, respondiendo directamente de los actos realizados en ejercicio de la misma.

Artículo 3.- Derogar todo acto administrativo de igual o menor jerarquía que se oponga a la presente delegación.

Artículo 4.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

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Comuníquese, publíquese y cúmplase.- Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 15 de junio de 2021.

Registro Oficial N° 489 Miércoles 7 de julio de 2021

ACUERDO INTERMINISTERIAL Nro. 0001

Cesar Monge Ortega

MINISTRO DE GOBIERNO

Niels Olsen Peet

MINISTRO DE TURISMO

Considerando:

Que el artículo 32 de la Constitución de la República expresa que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir;

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, específicamente su numeral 4 prescribe el deber de colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad, así como el numeral 7 establece el deber de promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir;

Que el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador establece, entre las atribuciones de las ministras y ministros de Estado:» 1. Ejercerla rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión»;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador instituye que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que el numeral 1 del artículo 261 de la Constitución de la República otorga la competencia exclusiva al Estado central sobre las políticas de protección interna y orden público;

Que el artículo 277 de la Constitución de la República establece los deberes generales del Estado para la consecución del buen vivir, entre los cuales constan: «1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades…»; y «3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento»;

Que según el artículo 15 de la Ley de Turismo, el Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana, el que tendrá, entre otras, la atribución de planificar y regular la actividad turística del país;

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Miércoles 7 de julio de 2021 Registro Oficial N° 489

Que el artículo 39 del Código Orgánico Administrativo dispone que las personas cumplirán, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general y las decisiones adoptadas por autoridad competente; y el artículo 43 determina que sus normas son de aplicación a los órganos y entidades que integran el sector público, de conformidad con la Constitución;

Que el artículo 45 del precitado Código señala que la Administración Pública central comprende, entre otras entidades, los Ministerios de Estado y sus entidades adscritas o dependientes;

Que el literal b) del artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado determina que, al Ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público, a través de la Policía Nacional, le corresponde la rectoría y ejecución de la protección interna, el mantenimiento y control del orden público;

Que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.2.3.2.3 del artículo 10 del Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Interior, actualmente denominado Ministerio de Gobierno, la gestión de control y orden público de esta entidad tiene como misión, coordinar, articular y disponer el cumplimiento de políticas, operativos y otros mecanismos autorizados por la autoridad competente, en materia de prevención, control y orden público; y realizar su monitoreo; y, según lo dispuesto en los numerales 4.2.1.1.1 y 4.2.1.1.3 del artículo 10 del mismo Estatuto, tanto las Intendencias Generales de Policía como las Comisarías Nacionales de Policía tienen atribuciones y responsabilidades inherentes al control del orden público;

Que el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 623, de 21 de diciembre de 2018, establece que el Ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público, a través de las Intendencias Generales de Policía de la jurisdicción correspondiente, otorgará el Permiso Anual de Funcionamiento de los locales y establecimientos donde se prestan servicios de alojamiento de huéspedes, permanentes o transeúntes, restaurantes, o en general lugares donde se consuman alimentos y/o bebidas alcohólicas, que no estén regulados por la Ley de Turismo y su reglamento;

Que mediante Resolución Nro. 0001-CNC-2016 de 11 de marzo de 2016, el Consejo Nacional de Competencias estableció las facultades y atribuciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales, metropolitanos, provinciales y parroquiales rurales, respecto al desarrollo de actividades turísticas, en su circunscripción territorial; dentro de la cual, en el artículo, 1 numeral 2, se establece que los GAD municipales y metropolitanos, en su respectiva circunscripción territorial, y con sujeción a la normativa nacional vigente, tendrán la atribución de regular los horarios de funcionamiento de los establecimientos turísticos, en coordinación con la Autoridad Nacional Competente;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 2018-053, de 17 de septiembre del 2018, el Ministerio de Turismo expidió el Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas;

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 69, de 25 de febrero de 2019, el Ministerio del Interior, actual Ministerio de Gobierno, cumpliendo con lo señalado en la Disposición

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Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo Nro. 623 de 21 de diciembre de 2018, expidió el Reglamento para la Intervención de las y los Intendentes Generales de Policía, Subintendentes de Policía y Comisarios de Policía del País;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2021, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, señor Guillermo Lasso Mendoza, designó como titular del Ministerio de Gobierno, al señor César Monge Ortega;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 20, de 24 de mayo de 2021, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, señor Guillermo Lasso Mendoza, designó como titular del Ministerio de Turismo al señor Niels Olsen Peet;

Que mediante Acuerdo Interministerial número 001 de 20 de Abril de 2021 se reguló la prohibición en todo el territorio nacional de forma expresa para todo establecimiento de los registrados y regulados por el Ministerio de Turismo y por el Ministerio de Gobierno la venta de bebidas alcohólicas de cualquier tipo, los días domingos.

Que el estado de excepción declarado en 16 provincias del país concluyó el 20 de mayo del año en curso; y no ha existido ningún tipo de evidencia que la limitación del expendio de alcohol los días domingos evite contagios de COVID-19, al ser un tema de corresponsabilidad en la aplicación de medidas de bioseguridad.

Que las libertades individuales y comerciales están consagradas en el sistema democrático ecuatoriano; y

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias:

ACUERDAN:

Artículo 1.- Dejar sin efecto el artículo 2 del Acuerdo Interministerial 001 de 30 de Marzo de 2021.

Artículo 2.- Todos los establecimientos deberán cumplir estrictamente con el distanciamiento social de al menos dos metros entre usuarios que no pertenezcan al mismo círculo familiar y entre mesas según su infraestructura lo permita.

Artículo 3.- Se mantendrán vigentes las disposiciones establecidas en el Acuerdo Interministerial Nro. 00010, de fecha 18 de septiembre de 2020 en lo que fuere aplicable, inclusive los horarios de funcionamiento, de conformidad con los planes piloto y los protocolos permitidos por las autoridades competentes.

Artículo 4.- Sin perjuicio de las facultades de control y supervisión del mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana que corresponden al Ministerio de Gobierno y a la Policía Nacional, se tendrán en consideración los horarios y restricciones que para el efecto, sean dispuestos por los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias cuando estas sean más restrictivas a lo señalado en el presente instrumento.

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Artículo 5.- Los propietarios y administradores de los establecimientos que se encuentran bajo en control del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Turismo, respectivamente, deberán cumplir con las medidas biosanitarias, aplicar los protocolos de bioseguridad dispuestos por la Autoridad Sanitaria Nacional, así como garantizar el mantenimiento de la distancia social, la utilización de mascarillas, y las restricciones atinentes al aforo máximo autorizado, a fin de evitar la proliferación de contagios por COVID-19, tanto para los usuarios como para los trabajadores del establecimiento y los funcionarios encargados del control.

Artículo 6.- El Ministerio de Gobierno, a través de las Intendencias, Subintendencias y Comisarías Nacionales de Policía, se encargará de la vigilancia y control del cumplimiento de las restricciones establecidas en el presente instrumento, así como de la aplicación de las respectivas sanciones, de conformidad al Acuerdo Ministerial Nro. 0069 exclusivamente a los establecimientos bajo su control; sin perjuicio del control que ejerzan y de las sanciones que impongan otras autoridades en el ámbito de sus competencias.

Artículo 7.- Será responsabilidad de los propietarios y administradores de los establecimientos descritos en el presente instrumento, adoptar todas las acciones indispensables para el cumplimiento efectivo de las medidas de bioseguridad, en especial el uso obligatorio de mascarilla -excepto en actividades deportivas cardiovasculares-, la higiene de manos, el distanciamiento social de al menos 2 metros y la desinfección de superficies; así como las restricciones atinentes al aforo máximo autorizado, a fin de contener la proliferación de contagios, tanto para los usuarios como para los trabajadores del establecimiento y los funcionarios encargados del control.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo Interministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial. De su ejecución encárguese el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Turismo, en el ámbito de sus competencias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de mayo del 2021.

Registro Oficial N° 489 Miércoles 7 de julio de 2021

RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0228

CATALINA PAZOS CHIMBO

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: «Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (…)»;

Que, el artículo 226 de la misma Norma Suprema establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo determina: «Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias»;

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: «Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, y por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto social (…)»;

Que, el artículo 57, literal e, numeral 3, de la citada Ley Orgánica establece: «Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas: (…) e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos: (…) 3. La inactividad económica o social por más de dos años (…)»;

Que, en el artículo 58 ibídem dice: «La Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una cooperativa que no hubiere operado durante dos años consecutivos. Se presume esta inactividad cuando la organización no hubiere remitido los balances o informes de gestión correspondientes (…) Si la inactividad persiste por más de tres meses desde la publicación, la Superintendencia podrá declararla disuelta y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público»;

Que, el artículo innumerado a continuación del 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: «A las asociaciones se aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan al sector

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cooperativo, considerando las características y naturaleza propias del sector asociativo»;

Que, el artículo 55 del Reglamento antes indicado dispone: «Resolución de la Superintendencia.- La Superintendencia, podrá resolver, de oficio, o a petición de parte, en forma motivada, la disolución y consiguiente liquidación de una organización bajo su control, por las causales previstas en la Ley (…)»;

Que, el artículo 56 del Reglamento citado dispone: «La resolución de disolución y liquidación de una cooperativa, será publicada, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y un extracto de aquella en un periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la organización»;

Que, el primer artículo innumerado posterior al 64 ibídem establece: «Liquidación sumaría.- (…) En los casos en que una organización no haya realizado actividad económica o habiéndola efectuado tuviere activos menores a un Salario Básico Unificado, la Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá disolver a la organización y liquidar a la misma en un solo acto, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, con base en las disposiciones que emita dicho Organismo de Control.- La liquidación sumaria también procederá respecto de las organizaciones que no hayan superado la causal de inactividad, dentro del plazo de tres meses contados desde la publicación de la Resolución que declare la inactividad, en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica (…)»;

Que, el tercer artículo innumerado agregado luego del artículo 64 del Reglamento invocado dice: «Art.- Procedimiento de Inactividad.- La Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una organización bajo su control y supervisión, que no hubiere operado durante dos años consecutivos o más (…).- Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la Resolución que declare la inactividad, las organizaciones deberán justificar documentadamente que se encuentran operando y realizando actividades económicas; esto es, que realizan actividades tendientes a cumplir con el objeto social principal, establecido en su estatuto social; y, que poseen activos registrados a nombre de la organización, de un salario básico unificado o superiores, como consecuencia de la actividad económica que realizan.- Es responsabilidad exclusiva de las organizaciones el documentar la superación de la causal de inactividad, únicamente dentro del plazo anterior. Las declaraciones de impuestos con valores en cero, que las organizaciones realicen ante la autoridad tributaria, no serán suficientes para superar la causal de inactividad.- (…) De no superarse la causal de inactividad, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores, a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará a un proceso de liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días contados a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad (…)»;

Que, el artículo 153 ejusdem determina: «Control.- El control es la potestad asignada a la Superintendencia, para vigilar el cumplimiento de la ley, este reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de las actividades económicas y sociales, por parte de las organizaciones sujetas a la misma.- La Superintendencia, ejercerá el control en forma objetiva, profesional e independiente»;

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Que, la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR- INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, en el artículo 1 dispone: «Ámbito: La presente resolución aplica a las cooperativas y asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, en lo sucesivo ‘organización u organizaciones’, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en adelante ‘Superintendencia'»;

Que, el artículo 6 ibídem dispone: «Liquidación sumaría de oficio o forzosa: La Superintendencia de oficio podrá disponer la disolución y liquidación sumaria en un solo acto de una organización, la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, en cualquiera de los siguientes casos: (…) 3) Si la organización no hubiera superado la causal de inactividad en el plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la resolución que declare dicho estado; en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica.- Para este efecto, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará en liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad. Luego de lo cual se incorporarán en los informes respectivos y en la resolución de extinción, la información presentada producto de la publicación, precisando que los posibles acreedores puedan ejercer sus derechos ante la instancia respectiva»;

Que, el artículo 7 de la Norma invocada manifiesta: «Procedimiento: La Superintendencia, previa la aprobación de los informes correspondientes, resolverá la disolución y liquidación sumaria de oficio o forzosa de la organización, dispondrá la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes»;

Que, la Disposición General Primera de la Norma indicada señala: «(…) En las liquidaciones sumarias voluntaria o de oficio o forzosa, no se designará liquidador»;

Que, mediante Resolución No. SEPS-ROEPS-2013-004913, de 02 de octubre de 2013, este Organismo de Control aprobó el estatuto de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS PAVÓN CHIPE;

Que, por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF- DNLSNF-2019-031, de 05 de agosto de 2019, conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, este Organismo de Control resolvió declarar inactivas a novecientas cuarenta y un (941) organizaciones de la economía popular y solidaria. En el artículo tercero de la indicada Resolución se dispuso lo siguiente: «(…) Prevenir a los directivos de las organizaciones antes mencionadas que si transcurridos tres meses desde la publicación de la presente Resolución, persisten en la inactividad, la Superintendencia podrá declararlas disueltas y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público, de conformidad con lo que dispone el cuarto inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, por lo cual dentro del plazo anteriormente enunciado deberán presentar los descargos que consideren pertinentes (…)» (énfasis agregado);

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Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1729, de 28 de agosto de 2019, la Intendencia General Técnica pone en conocimiento de la Intendencia del Sector No Financiero, así como de las Intendencias Zonales, que: «(…) Mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019, cuya copia acompaño, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, declaró inactivas a 941 organizaciones del sector no financiero, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Dentro del marco normativo antes citado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria procedió a publicar la Resolución referida en primer término, en el diario Metro, el 22 y 23 de agosto de 2019 (…) por tal motivo, solicito que dentro del ámbito de jurisdicción y conforme las disposiciones emitidas por este Organismo de Control, se realice el control y seguimiento de la ejecución del proceso de inactividad de las 941 organizaciones del sector no financiero de la Economía Popular y Solidaria.- En consecuencia de lo anterior, agradeceré que una vez haya culminado el tiempo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, contado a partir de la mencionada publicación, se sirvan comunicar a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte de las organizaciones a las disposiciones contenidas en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF- DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019 (…)»;

Que, por medio del Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, de 20 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 5 del Sector No Financiero, en atención al requerimiento previo, luego del análisis efectuado concluye y recomienda: «(…) D. CONCLUSIONES:.- Las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1 (…) se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica, por lo que no han superado la causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF- DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019.- Del levantamiento de información contenida en los Anexos 2, 3, 4, 5 y 6, se evidencia que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen activos a su nombre (…).- E. RECOMENDACIONES: Se recomienda el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1, de conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (…) concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la citada Ley (…) En virtud, del análisis de la información y toda vez que se ha identificado que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen bienes a su nombre, se solicita se proceda con la liquidación forzosa sumaria (…)». Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria que constan en el Anexo 1 al que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS PAVÓN CHIPE, con Registro Único de Contribuyentes No. 1291729246001;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-DZ5SNF-2020-0266, de 20 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 5 del Sector No Financiero pone en conocimiento de la Intendencia Zonal 5 «(…) el Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, de fecha 20 de febrero de 2020, por disolución y liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones detalladas en el Anexo 1.-‘Datos Generales’ adjunto al presente informe, en el cual se recomienda: ‘…el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1…’; por encontrarse incursas en lo establecido en el numeral 3) del literal e) del artículo 57) de la LOEPS,

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concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la misma Ley Orgánica; en virtud que (sic) se ha identificado que las mencionadas organizaciones no mantienen activos a su nombre (…)»;

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-2020-0267, de 20 de febrero de 2020, el Intendente Zonal 5 (E) pone en conocimiento del Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución «(…) el Informe Técnico No. SEPS- IZ5-UZMRL-2020-002, de fecha 20 de febrero de 2020, por disolución y liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones detalladas en el Anexo 1.-‘Datos Generales’ adjunto al presente informe, en el que se recomienda y con lo cual concuerdo: …el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1…’; por encontrarse incursas en lo establecido en el numeral 3) del literal e) del artículo 57) de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la misma Ley Orgánica; en virtud (sic) que se ha identificado que las mencionadas organizaciones no mantienen activos a su nombre (…)»;

Que, mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-022, de 23 de marzo de 2020, la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria concluye y recomienda: «(…) 4. CONCLUSIONES:.- (…) 4.2. En los cortes de información obtenidos de los años 2016 y 2017, las 171 organizaciones no remitieron al Servicio de Rentas Internas, información financiera en la Declaración de Impuesto a la Renta.- (…) 4.5. Ninguna organización mantiene bienes inmuebles catastrados a su nombre.-4.6. Ninguna organización mantiene activos en cooperativas de ahorro y crédito del sistema financiero popular y solidario; así como tampoco tienen depósitos a la vista en entidades del sector financiero nacional.- (…) 4.9. Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se concluye que 171 organizaciones de la EPS, han incumplido con lo establecido en el marco legal citado de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General; por lo que es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y la extinción de las organizaciones mencionadas anteriormente.-5. RECOMENDACIONES: 5.1. Declarar la liquidación forzosa sumaria de 171 organizaciones de la EPS, analizadas en el presente informe técnico, en razón que (sic) se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular (…); concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley (…); organizaciones entre las que se encuentra la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS PAVÓN CHIPE, con Registro Único de Contribuyentes No. 1291729246001;

Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2020-0192, de 24 de marzo de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria pone en conocimiento del Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-022, respecto de las organizaciones de la economía popular y solidaria entre las cuales consta la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS PAVÓN CHIPE, y concluye que: «(…) se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en su Reglamento General; y, en el Procedimiento para las Liquidaciones de Oficio de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, por lo cual es procedente declararla disolución y liquidación de oficio de las mismas (…)»;

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Que, con Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-0199, de 24 de marzo de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución concluye y recomienda: «(…) Esta Intendencia, sobre la base del Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-022 de 23 de marzo de 2020, emitido por la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, establece que 171 organizaciones de la EPS se encuentran incursas en el numeral 3, del literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; por lo cual, aprueba y recomienda declarar la liquidación sumaria forzosa de las mencionadas organizaciones y la extinción de la personalidad jurídica (…)»;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1380, de 12 de junio de 2020, desde el punto de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el respectivo informe;

Que, consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPS-SGD- IGJ-2020-1380, el 12 de junio de 2020 la Intendencia General Técnica emitió su proceder para continuar con el proceso referido;

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-2205, de 10 de diciembre de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución informa :»(…) que se realizó la publicación de llamamiento a posibles acreedores en Diario ‘Metro’ de circulación nacional, el 18 de noviembre de 2020 (…).- En ese sentido, ante el referido llamado debo comunicar que no se ha registrado ingreso documental u oficio alguno, ante posibles acreencias, de ninguna de las ciento setenta y uno organizaciones (171) (…)»;

Que, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedido mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGG-IGJ-037, de 21 de octubre de 2019, el Intendente General Técnico tiene entre sus atribuciones y responsabilidades, el suscribir las resoluciones de liquidación y extinción de las organizaciones controladas; y,

Que, conforme consta en la Acción de Personal No. 733, de 25 de junio de 2018, el Intendente General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía Popular y Solidaria, nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS PAVÓN CHIPE, con Registro Único de Contribuyentes No. 1291729246001, domiciliada en el cantón QUEVEDO, provincia de LOS RÍOS, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, literal e) numeral 3; y, 58, cuarto inciso, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en concordancia con el artículo 14 ibídem y primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 de su Reglamento General; así como de los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-

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INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS PAVÓN CHIPE, con Registro Único de Contribuyentes No. 1291729246001, extinguida de pleno derecho conforme al primer artículo innumerado a continuación del 64 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en concordancia con los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cancelación del registro de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS PAVÓN CHIPE.

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica y Social con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS PAVÓN CHIPE del registro correspondiente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer que la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de esta Superintendencia, publique un extracto de la presente Resolución en un periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la organización; y, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

SEGUNDA.- Los posibles acreedores podrán ejercer sus derechos ante la instancia respectiva, sin perjuicio de la publicación por la prensa previamente realizada por esta Superintendencia, con el fin de poner en su conocimiento que la organización entraría en un proceso de liquidación sumaria; de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 6 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR- INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020.

TERCERA.- Disponer a la Secretaria General de esta Superintendencia sentar la razón respectiva del presente acto administrativo en la Resolución No. SEPS-ROEPS-2013- 004913; y, la publicación de esta Resolución en el Registro Oficial, así como su inscripción en los registros correspondientes.

CUARTA.- Notificar con la presente Resolución al Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, para los fines legales pertinentes.

QUINTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución ponga en conocimiento de la Intendencia Nacional Administrativa Financiera y Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas el contenido de la presente Resolución, para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.

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SEXTA.- La presente Resolución regirá a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación. De la ejecución y del cumplimiento de la Resolución, encárguese la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.-

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Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 04 días de mayo de 2021.

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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0229

CATALINA PAZOS CHIMBO

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: «Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (…)»;

Que, el artículo 226 de la misma Norma Suprema establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo determina: «Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias»;

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: «Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, y por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto social (…)»;

Que, el artículo 57, literal e, numeral 3, de la citada Ley Orgánica establece: «Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas: (…) e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos: (…) 3. La inactividad económica o social por más de dos años (…)»;

Que, en el artículo 58 ibídem dice: «La Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una cooperativa que no hubiere operado durante dos años consecutivos. Se presume esta inactividad cuando la organización no hubiere remitido los balances o informes de gestión correspondientes (…) Si la inactividad persiste por más de tres meses desde la publicación, la Superintendencia podrá declararla disuelta y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público»;

Que, el artículo innumerado a continuación del 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: «A las asociaciones se aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan al sector

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cooperativo, considerando las características y naturaleza propias del sector asociativo»;

Que, el artículo 55 del Reglamento antes indicado dispone: «Resolución de la Superintendencia.- La Superintendencia, podrá resolver, de oficio, o a petición de parte, en forma motivada, la disolución y consiguiente liquidación de una organización bajo su control, por las causales previstas en la Ley (…)»;

Que, el artículo 56 del Reglamento citado dispone: «La resolución de disolución y liquidación de una cooperativa, será publicada, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y un extracto de aquella en un periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la organización»;

Que, el primer artículo innumerado posterior al 64 ibídem establece: «Liquidación sumaria.- (…) En los casos en que una organización no haya realizado actividad económica o habiéndola efectuado tuviere activos menores a un Salario Básico Unificado, la Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá disolver a la organización y liquidar a la misma en un solo acto, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, con base en las disposiciones que emita dicho Organismo de Control.- La liquidación sumaria también procederá respecto de las organizaciones que no hayan superado la causal de inactividad, dentro del plazo de tres meses contados desde la publicación de la Resolución que declare la inactividad, en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica (…)»;

Que, el tercer artículo innumerado agregado luego del artículo 64 del Reglamento invocado dice: «Art.- Procedimiento de Inactividad.- La Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una organización bajo su control y supervisión, que no hubiere operado durante dos años consecutivos o más (…).- Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la Resolución que declare la inactividad, las organizaciones deberán justificar documentadamente que se encuentran operando y realizando actividades económicas; esto es, que realizan actividades tendientes a cumplir con el objeto social principal, establecido en su estatuto social; y, que poseen activos registrados a nombre de la organización, de un salario básico unificado o superiores, como consecuencia de la actividad económica que realizan.- Es responsabilidad exclusiva de las organizaciones el documentar la superación de la causal de inactividad, únicamente dentro del plazo anterior. Las declaraciones de impuestos con valores en cero, que las organizaciones realicen ante la autoridad tributaria, no serán suficientes para superar la causal de inactividad.- (…) De no superarse la causal de inactividad, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores, a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará a un proceso de liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días contados a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad (…)»;

Que, el artículo 153 ejusdem determina: «Control.- El control es la potestad asignada a la Superintendencia, para vigilar el cumplimiento de la ley, este reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de las actividades económicas y sociales, por parte de las organizaciones sujetas a la misma.- La Superintendencia, ejercerá el control en forma objetiva, profesional e independiente»;

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Que, la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR- INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, en el artículo 1 dispone: «Ámbito: La presente resolución aplica a las cooperativas y asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, en lo sucesivo ‘organización u organizaciones’, sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en adelante ‘Superintendencia'»;

Que, el artículo 6 ibídem dispone: «Liquidación sumaría de oficio o forzosa: La Superintendencia de oficio podrá disponer la disolución y liquidación sumaria en un solo acto de una organización, la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, en cualquiera de los siguientes casos: (…) 3) Si la organización no hubiera superado la causal de inactividad en el plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la resolución que declare dicho estado; en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica.- Para este efecto, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará en liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad. Luego de lo cual se incorporarán en los informes respectivos y en la resolución de extinción, la información presentada producto de la publicación, precisando que los posibles acreedores puedan ejercer sus derechos ante la instancia respectiva»;

Que, el artículo 7 de la Norma invocada manifiesta: «Procedimiento: La Superintendencia, previa la aprobación de los informes correspondientes, resolverá la disolución y liquidación sumaria de oficio o forzosa de la organización, dispondrá la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes»;

Que, la Disposición General Primera de la Norma indicada señala: «(…) En las liquidaciones sumarias voluntaria o de oficio o forzosa, no se designará liquidador»;

Que, mediante Resolución No. SEPS-ROEPS-2013-004333, de 19 de agosto de 2013, este Organismo de Control aprobó el estatuto de la ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS AUTÓNOMOS SAN PEDRO;

Que, por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF- DNLSNF-2019-031, de 05 de agosto de 2019, conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, este Organismo de Control resolvió declarar inactivas a novecientas cuarenta y un (941) organizaciones de la economía popular y solidaria. En el artículo tercero de la indicada Resolución se dispuso lo siguiente: «(…) Prevenir a los directivos de las organizaciones antes mencionadas que si transcurridos tres meses desde la publicación de la presente Resolución, persisten en la inactividad, la Superintendencia podrá declararlas disueltas y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público, de conformidad con lo que dispone el cuarto inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, por lo cual dentro del plazo anteriormente enunciado deberán presentar los descargos que consideren pertinentes (…)» (énfasis agregado);

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Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1729, de 28 de agosto de 2019, la Intendencia General Técnica pone en conocimiento de la Intendencia del Sector No Financiero, así como de las Intendencias Zonales, que: «(…) Mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019, cuya copia acompaño, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, declaró inactivas a 941 organizaciones del sector no financiero, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Dentro del marco normativo antes citado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria procedió a publicar la Resolución referida en primer término, en el diario Metro, el 22 y 23 de agosto de 2019 (…) por tal motivo, solicito que dentro del ámbito de jurisdicción y conforme las disposiciones emitidas por este Organismo de Control, se realice el control y seguimiento de la ejecución del proceso de inactividad de las 941 organizaciones del sector no financiero de la Economía Popular y Solidaria.- En consecuencia de lo anterior, agradeceré que una vez haya culminado el tiempo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, contado a partir de la mencionada publicación, se sirvan comunicar a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte de las organizaciones a las disposiciones contenidas en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF- DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019 (…)»;

Que, por medio del Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, de 20 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 5 del Sector No Financiero, en atención al requerimiento previo, luego del análisis efectuado concluye y recomienda: «(…) D. CONCLUSIONES:.- Las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1 (…) se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica, por lo que no han superado la causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF- DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019.- Del levantamiento de información contenida en los Anexos 2, 3, 4, 5 y 6, se evidencia que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen activos a su nombre (…).- E. RECOMENDACIONES: Se recomienda el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1, de conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (…) concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la citada Ley (…) En virtud, del análisis de la información y toda vez que se ha identificado que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen bienes a su nombre, se solicita se proceda con la liquidación forzosa sumaria (…)». Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria que constan en el Anexo 1 al que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS AUTÓNOMOS SAN PEDRO, con Registro Único de Contribuyentes No. 1291730309001;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-DZ5SNF-2020-0266, de 20 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 5 del Sector No Financiero pone en conocimiento de la Intendencia Zonal 5 «(…) el Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, de fecha 20 de febrero de 2020, por disolución y liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones detalladas en el Anexo 1.-‘Datos Generales’ adjunto al presente informe, en el cual se recomienda: ‘…el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1…’; por encontrarse incursas en lo establecido en el numeral 3) del literal e) del artículo 57) de la LOEPS,

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concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la misma Ley Orgánica; en virtud que (sic) se ha identificado que las mencionadas organizaciones no mantienen activos a su nombre (…)»;

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-2020-0267, de 20 de febrero de 2020, el Intendente Zonal 5 (E) pone en conocimiento del Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución «(…) el Informe Técnico No. SEPS- IZ5-UZMRL-2020-002, de fecha 20 de febrero de 2020, por disolución y liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones detalladas en el Anexo 1.-‘Datos Generales’ adjunto al presente informe, en el que se recomienda y con lo cual concuerdo: ‘…el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1…’; por encontrarse incursas en lo establecido en el numeral 3) del literal e) del artículo 57) de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la misma Ley Orgánica; en virtud (sic) que se ha identificado que las mencionadas organizaciones no mantienen activos a su nombre (…)»;

Que, mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-022, de 23 de marzo de 2020, la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria concluye y recomienda: «(…) 4. CONCLUSIONES:.- (…) 4.2. En los cortes de información obtenidos de los años 2016 y 2017, las 171 organizaciones no remitieron al Servicio de Rentas Internas, información financiera en la Declaración de Impuesto a la Renta.- (…) 4.5. Ninguna organización mantiene bienes inmuebles catastrados a su nombre.- 4.6. Ninguna organización mantiene activos en cooperativas de ahorro y crédito del sistema financiero popular y solidario; así como tampoco tienen depósitos a la vista en entidades del sector financiero nacional.- (…) 4.9. Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se concluye que 171 organizaciones de la EPS, han incumplido con lo establecido en el marco legal citado de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General; por lo que es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y la extinción de las organizaciones mencionadas anterior mente.-5. RECOMENDACIONES: 5.1. Declarar la liquidación forzosa sumaria de 171 organizaciones de la EPS, analizadas en el presente informe técnico, en razón que (sic) se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular (…); concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley (…); organizaciones entre las que se encuentra la ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS AUTÓNOMOS SAN PEDRO, con Registro Único de Contribuyentes No. 1291730309001;

Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2020-0192, de 24 de marzo de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria pone en conocimiento del Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-022, respecto de las organizaciones de la economía popular y solidaria entre las cuales consta la ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS AUTÓNOMOS SAN PEDRO, y concluye que: «(…) se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en su Reglamento General; y, en el Procedimiento para las Liquidaciones de Oficio de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, por lo cual es procedente declararla disolución y liquidación de oficio de las mismas (…)»;

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Que, con Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-0199, de 24 de marzo de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución concluye y recomienda: «(…) Esta Intendencia, sobre la base del Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-022 de 23 de marzo de 2020, emitido por la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, establece que 171 organizaciones de la EPS se encuentran incursas en el numeral 3, del literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; por lo cual, aprueba y recomienda declarar la liquidación sumaria forzosa de las mencionadas organizaciones y la extinción de la personalidad jurídica (…)»;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1380, de 12 de junio de 2020, desde el punto de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el respectivo informe;

Que, consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPS-SGD- IGJ-2020-1380, el 12 de junio de 2020 la Intendencia General Técnica emitió su proceder para continuar con el proceso referido;

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-2205, de 10 de diciembre de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución informa :»(…) que se realizó la publicación de llamamiento a posibles acreedores en Diario ‘Metro’ de circulación nacional, el 18 de noviembre de 2020 (…).- En ese sentido, ante el referido llamado debo comunicar que no se ha registrado ingreso documental u oficio alguno, ante posibles acreencias, de ninguna de las ciento setenta y uno organizaciones (171) (…)»;

Que, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedido mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGG-IGJ-037, de 21 de octubre de 2019, el Intendente General Técnico tiene entre sus atribuciones y responsabilidades, el suscribir las resoluciones de liquidación y extinción de las organizaciones controladas; y,

Que, conforme consta en la Acción de Personal No. 733, de 25 de junio de 2018, el Intendente General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía Popular y Solidaria, nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS AUTÓNOMOS SAN PEDRO, con Registro Único de Contribuyentes No. 1291730309001, domiciliada en el cantón VALENCIA, provincia de LOS RÍOS, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, literal e) numeral 3; y, 58, cuarto inciso, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en concordancia con el artículo 14 ibídem y primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 de su Reglamento General; así como de los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-

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INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS AUTÓNOMOS SAN PEDRO, con Registro Único de Contribuyentes No. 1291730309001, extinguida de pleno derecho conforme al primer artículo innumerado a continuación del 64 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en concordancia con los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS- INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cancelación del registro de la ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS AUTÓNOMOS SAN PEDRO.

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica y Social con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS AUTÓNOMOS SAN PEDRO del registro correspondiente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer que la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de esta Superintendencia, publique un extracto de la presente Resolución en un periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la organización; y, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

SEGUNDA.- Los posibles acreedores podrán ejercer sus derechos ante la instancia respectiva, sin perjuicio de la publicación por la prensa previamente realizada por esta Superintendencia, con el fin de poner en su conocimiento que la organización entraría en un proceso de liquidación sumaria; de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 6 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR- INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020.

TERCERA.- Disponer a la Secretaria General de esta Superintendencia sentar la razón respectiva del presente acto administrativo en la Resolución No. SEPS-ROEPS-2013- 004333; y, la publicación de esta Resolución en el Registro Oficial, así como su inscripción en los registros correspondientes.

CUARTA.- Notificar con la presente Resolución al Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, para los fines legales pertinentes.

QUINTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución ponga en conocimiento de la Intendencia Nacional Administrativa Financiera y Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas el contenido de la presente Resolución, para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.

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SEXTA.- La presente Resolución regirá a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación. De la ejecución y del cumplimiento de la Resolución, encárguese la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.-

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Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 04 días de mayo de 2021.

Registro Oficial N° 489 Miércoles 7 de julio de 2021

ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

ELABORACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL

CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR

CONCEJO DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 1 de la Constitución de la República reconoce al Ecuador como Estado Constitucional de derechos y de justicia, esto es que la Constitución además de regular la organización de poder y las fuentes del derecho, genera de modo directo derechos y obligaciones inmediatamente exigibles, su eficiencia ya no depende de la interposición de ninguna voluntad legislativa, sino que es directa e inmediata.

Conforme al artículo 238 de la Constitución los Gobiernos Autónomos Descentralizado gozan de autonomía política, administrativa y financiera, en tanto que el artículo 240 ibídem reconoce a los Gobierno Autónomos Descentralizados el ejercicio de la facultad legislativa en el ámbito de sus competencias y su jurisdicción territorial, con lo cual los Concejos Cantonales están investidos de capacidad jurídica para dictar normas de interés y aplicación obligatoria dentro de su jurisdicción.

Conforme al artículo 264 de la Constitución prevé las competencias exclusivas de los gobiernos municipales, las que según dispone el artículo 260 ibídem, no impide el ejercicio concurrente en la gestión de los servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad de otros niveles de gobierno.

La Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo determinan que los Gobiernos Municipales deben ejercer su competencia exclusiva de planificar el desarrollo y el ordenamiento territorial, así como controlar el uso y ocupación del suelo, para lo cual deben contar con la participación activa y organizada de la ciudadanía por intermedio de sus representantes.

En los componentes de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se deben priorizar todos aquellos aspectos que son de transcendencia para el desarrollo Cantonal, por ello es necesario que la que la planificación guarde armonía y coherencia con la planificación de los distintos niveles de gobierno a fin de asegurar que todas las instituciones desarrollen sus actividades en la misma orientación y evitar

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la dispersión o duplicación de recursos, en el marco de las competencias y atribuciones de cada nivel de gobierno.

Es competencia privativa de los gobiernos municipales la regulación del uso y ocupación del suelo, en cuyo caso los demás niveles de gobierno deben respetar esas decisiones municipales, las que deben gozar de legitimidad expresada a través de los espacios de participación ciudadana como es el caso del Consejo Cantonal de Planificación.

Una adecuada y eficaz planificación del desarrollo, que goce de legitimidad expresada por los distintos actores sociales, son de mucha trascendencia local; sin embargo, esa participación ciudadana debe ser ordenada y organizada para evitar confusiones y caos, acorde con la realidad cantonal, en cuyo propósito se hace indispensable expedir normas regulatorias locales, con base en la normativa constitucional y legal aplicable al caso concreto.

Es obligación primordial de las municipalidades procurar el bienestar material de la colectividad, así como contribuir al fomento y protección de los intereses locales, criterio que debe primar en el concejo municipal al momento de dictar las normas relativas al ejercicio de sus competencias exclusivas y concurrentes.

CONSIDERANDOS

Que, es necesario contar con la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Plan de Gestión y Uso del Suelo, para poder establecer y articular las políticas, objetivos, estrategias y acciones como parte del diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos, en el ámbito de sus competencias y de su circunscripción territorial, en el marco del Sistema Nacional de Planificación;

Que, los gobiernos autónomos descentralizados municipales tienen capacidad para ejecutar, proveer, prestar, administrar y financiar las competencias exclusivas y concurrentes entre varios niveles de gobierno, según el modelo de gestión de cada sector, proceso que es participativo;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 6 del artículo 3 establece que es deber primordial del Estado: «promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización».

Que, el artículo 241 de la Constitución de la República, ordena que «la planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados’

Que, el artículo 264 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, determina como competencia exclusiva de los gobiernos

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municipales; «Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural».

Que, el artículo 54 literal e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece como competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal: «Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquia, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas»

Que, el artículo 57 literal e) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, establece como atribución del Concejo Municipal el «Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados participativamente con la acción del consejo cantonal de planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de los mismos»

Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que: «La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa».

Que, el artículo 13 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, define que: «El gobierno central establecerá los mecanismos de participación ciudadana que se requieran para la formulación de planes y políticas, de conformidad con las leyes y el reglamento de este Código.

El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los mecanismos definidos por el sistema de participación ciudadana de los gobiernos autónomos descentralizados, regulados por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y propiciará la garantía de participación y democratización definida en la Constitución de la República y la Ley.

Se aprovechará las capacidades y conocimientos ancestrales para definir mecanismos de participación».

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Que, el artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, indica que se constituirán, mediante acto normativo, los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Que, el artículo 29 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, indica las funciones específicas del Consejo de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal son.

  1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente;
  2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;
  3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial,
  4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;
  5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,
  6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.

Que, el artículo 44, literal b, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, control y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. Las decisiones de ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados.

Que, es necesario prever una periódica y progresiva actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, su articulación en el marco de la definición de propuestas asociativas con circunvecinos, así como la articulación y retroalimentación de la planificación local de desarrollo endógeno con la planificación nacional y sectorial, en el nivel intermedio de la planificación, para definir las prioridades, objetivos, políticas públicas locales, metas, resultados e indicadores de impacto, que definan una Estrategia Nacional de Desarrollo y Agendas Territoriales de inversión plurianual, de contribución al Plan Nacional de Desarrollo y a su efectiva implementación, con modelos de gestión intergubernamental.

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Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo prescribe que: «Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a todo ejercicio de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial, planeamiento y actuación urbanística, obras, instalaciones y actividades que ocupen el territorio o incidan significativamente sobre él, realizadas por el Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras personas jurídicas públicas o mixtas en el marco de sus competencias, así como por personas naturales o jurídicas privadas.»;

Que, el artículo 5 numeral 3 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo establece los principios para el ordenamiento territorial, uso y la gestión del suelo: los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán sus competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo dentro del marco constitucional, legal vigente y de las regulaciones nacionales que se emitan para el efecto, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales, que serán determinadas por los organismos competentes reconocidos en la Constitución.»;

Que, los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo prescriben la definición y el objeto del ordenamiento territorial;

Que, el artículo 24 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo señalan que: «La ocupación del suelo es la distribución del volumen edificable en un terreno en consideración de criterios como altura, dimensionamiento y localización de volúmenes, forma de edificación, retiros y otras determinaciones de tipo morfológicos. La ocupación de suelo será determinada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos mediante su normativa urbanística que comprenderá al menos el lote mínimo, los coeficientes de ocupación, aislamientos, volumetrías y alturas, conforme lo establecido en esta Ley.»;

Que, el artículo 27 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo establece que: «Además de lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos contendrán un plan de uso y gestión de suelo que incorporará los componentes estructurante y urbanístico».

Que, los artículos 238 de la Constitución de la República del Ecuador; los artículos 5 y artículo 6, literal (a) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), reconoce y

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garantiza a los gobiernos autónomos descentralizados autonomía política, administrativa y financiera;

Que, el artículo 56 del COOTAD determina que el Concejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización;

En ejercicio de las facultades establecidas en los Arts. 240, 264 de la Constitución de la República del Ecuador; Artículos 55 literal a); y, 57 literales a) y e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente:

ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

ELABORACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL

CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR

TÍTULO I.- DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

CAPÍTULO I. Naturaleza del (PDOT), Objeto del (PDOT), Ámbito,

Finalidad y Revisión

Artículo 1.- Naturaleza del PDOT.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor y su actualización, es una política pública y un instrumento de planificación de desarrollo que busca ordenar, conciliar y armonizar las decisiones estratégicas del desarrollo respecto de los asentamientos humanos; las actividades económicas-productivas; y, el manejo de los recursos naturales, en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, expedido de conformidad a las normas constitucionales vigentes y a las del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), ordenanzas municipales, reglamentos y otras normas legales.

Artículo 2.- Objeto del PDOT.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, busca el desarrollo socioeconómico de la localidad y una mejora en la calidad de vida; así como la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del ambiente, y la utilización racional del territorio. Los objetivos proponen la aplicación de políticas integrales, capaces de abordar la complejidad del territorio, su población y promover nuevas normas de cohesión y redistribución, en el marco del reconocimiento de la diversidad. Los grandes objetivos del Plan son:

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  1. Impulsar el uso sostenible del territorio cantonal, con énfasis en el manejo del recurso hídrico, potenciando su restauración y manejo mediante áreas de conservación, mediante el uso idóneo del suelo que garantice su gestión, integrando un enfoque de adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos.
  2. Fortalecer el desarrollo so ció-cultural del cantón a través del fomento y preservación de la interculturalidad y plurinacionalidad, democratizando el acceso a espacios públicos de salud, educación, deporte y cultura e incluyendo la participación ciudadana, la atención a grupos de atención prioritaria y los enfoques de igualdad como ejes transversales.
  3. Fomentar el desarrollo económico-productivo del cantón a través del fortalecimiento de los sistemas de producción, valor agregado, comercialización, financiamiento y turismo local con énfasis en la reactivación económica de pequeñas empresas y emprendimientos locales y un enfoque de producción limpia.
  4. Brindar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las distintas actividades de los habitantes del cantón, incluyendo la construcción y mejoramiento de los sistemas implementados en las áreas de saneamiento ambiental, energía, salud, educación, movilidad, telecomunicación y conectividad, con el fin de contribuir con el buen vivir de la población de Centinela del Cóndor.
  5. Impulsar procesos de planificación del desarrollo y ordenación del territorio ejerciendo el derecho a la participación ciudadana en todos los ámbitos del que hacer público.

Para alcanzar estos objetivos que favorecen la articulación armónica del sistema territorial, entendido como una construcción social que representa el estilo de desarrollo de la sociedad, el PDOT organiza y propone un modelo de gestión a futuro a partir de los componentes: biofísico, sociocultural, económico, asentamientos humanos, movilidad energía y conectividad; y, político institucional y participación ciudadana.

Artículo 3.- Finalidad del PDOT.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, responde a una política y estrategia nacional de desarrollo y ordenamiento territorial, que tiene como finalidad lograr una relación armónica entre la población y el territorio, equilibrada y sostenible, segura, favoreciendo la calidad de vida de la población, potenciando las aptitudes y actitudes de la población, aprovechando adecuadamente los recursos del territorio, planteando alianzas estratégicas y territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo; fomentando la participación activa de la ciudadanía, diseñando y adoptando instrumentos y procedimientos de gestión que permitan ejecutar acciones integrales y que articulen un desarrollo integral entre la población y su territorio en el contexto local, regional, nacional y mundial.

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El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, tiene como finalidad lograr el equilibrio entre los objetivos supremos que son: reducción de brechas, cambio de la matriz productiva y sustentabilidad patrimonial; y el objetivo principal del plan que es convertirse en el instrumento fundamental de gestión y promoción del desarrollo del cantón Centinela Del Cóndor, el cual establece las pautas, lincamientos y estrategias para alcanzar un desarrollo sostenible del territorio.

En este contexto, en la ejecución de la competencia exclusiva de regulación del uso y control del suelo que por Ley corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, teniendo como objetivos del ordenamiento territorial complementar la planificación económica, social y ambiental con dimensión territorial; racionalizar las intervenciones sobre el territorio; y, orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible.

Artículo 4.- Ámbito del PDOT.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, rige para la circunscripción territorial y jurisdicción del cantón.

Artículo 5.- Vigencia y publicidad del PDOT.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, tiene una vigencia temporal hasta el año 2023, pudiendo ser reformado cuando así lo considere el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, debiendo actualizarlo de manera obligatoria al inicio de cada gestión.

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, será público, y cualquier persona podrá consultarlo y acceder al mismo de forma magnética a través de los medios de difusión del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, así como de forma física en las dependencias municipales encargadas de su ejecución y difusión.

Artículo 6.- Ajustes y actualización del Plan.- Los ajustes futuros en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en su cartografía o en los estudios informativos o anteproyectos de infraestructuras o en los planes y programas, se podrán hacer con la justificación debida. Todos los planes de ordenación municipal deberán aplicar las normas y ajustarán los límites de las zonificaciones previstas en la FASE II del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de acuerdo a sus escalas cartográficas. La regularización de límites será posible, siempre que el

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resultado no suponga una disminución sustancial de la superficie de la zona afectada.

Se entiende por actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la inclusión en el mismo de las determinaciones que surjan en el futuro, cuando se considere necesario para la mejor comprensión de su contenido, basada en los informes pertinentes.

Los ajustes y la actualización serán efectuados por la entidad a cargo de la gestión y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, debiendo informar y someterse a aprobación dichos ajustes y actualizaciones, por parte del Departamento de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor y el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor.

Artículo 7.- Entidad para la gestión y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- Corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, sus Direcciones, en el ámbito de sus funciones y atribuciones; gestionar, impulsar, apoyar, realizar los estudios y ejecutar los programas y proyectos contemplados en el PDOT cantonal.

Los programas y proyectos de desarrollo, de ordenamiento territorial y de gestión, de competencia cantonal se constituyen en prioritarios para el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor.

Los programas y proyectos correspondientes a otros niveles de gobierno se gestionarán de acuerdo a los mecanismos establecidos en el artículo 260 de la Constitución, y las modalidades de gestión previstas en el COOTAD.

La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones, los recursos que les corresponden de su participación en el Presupuesto General de Estado, así como en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley.

Artículo 8.- Seguimiento y Evaluación.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, realizará un monitoreo periódico de las metas propuestas en el PDOT cantonal y evaluará su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran.

Reportará anualmente a la Secretaría Técnica de Planificación «Planifica Ecuador» el cumplimiento de las metas propuestas en el PDOT cantonal,

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en concordancia con lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

La Dirección de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor y la Secretaría Técnica de Planificación «Planifica Ecuador», coordinarán los mecanismos de seguimiento y evaluación del PDOT cantonal con las Secretarias Sectoriales.

Artículo 9.- Del control de la ejecución.- El control de la ejecución del PDOT del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, corresponde al Ejecutivo Cantonal, al Consejo de Planificación Cantonal de Centinela del Cóndor y a las instancias de participación establecidas que se hayan creado en el cantón en base a lo establecido en la legislación vigente.

Artículo. 10.- Aprobación Presupuestaria.- De conformidad con lo previsto en la ley, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, tiene la obligación de verificar que el presupuesto operativo anual guarde coherencia con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Centinela del Cóndor.

TÍTULO II.- PLAN DE USO Y GESTIÓN Y DEL SUELO

CAPÍTULO I: COMPONENTES DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

SECCIÓN I: CONTENIDO DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Artículo 11.- Definición del Plan de Uso y Gestión del Suelo.- Los

Planes de Uso y Gestión del Suelo son instrumentos de planificación y gestión que forman parte del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDOT. Permiten articular la norma urbanística con el PDOT con contenidos estandarizados y criterios generales, y a través de ellos los GAD municipales y metropolitanos pueden regular y gestionar el uso, la ocupación y transformación del suelo, conforme la visión de desarrollo y el modelo territorial deseado del cantón, garantizando la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Artículo 12.- Finalidad del PUGS.- El Plan de Uso y Gestión del Suelo tiene como objetivo determinar la estructura urbano-rural del cantón; establecer los modelos de gestión del suelo y financiación para su desarrollo en función de lo establecido en el PDOT y fortalecer sus vínculos e interdependencias; planificar el uso y aprovechamiento eficiente, equitativo, racional y equilibrado del suelo urbano y rural, especialmente del suelo rural de expansión urbana, que promueva el uso y aprovechamiento responsable de las vocaciones del suelo; generar suelo

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para vivienda especialmente de interés social y los sistemas públicos de soporte; hacer cumplir el régimen de derechos y deberes de la propiedad y el reparto equitativo de cargas y beneficios en el desarrollo urbano; establecer los instrumentos de planeamiento urbanístico; normar las decisiones sobre el uso y la ocupación del suelo, así como la prevención de nuevos riesgos, la reducción de los existentes y la gestión del riesgo residual.

Artículo 13.- Ámbito del PUGS.- El Plan de Uso y Gestión del Suelo del Cantón Centinela del Cóndor, rige para la circunscripción territorial y jurisdicción del cantón:

  1. A las edificaciones de todo tipo (residencial, comercial, industrial etc.) que se construyan sobre el suelo urbanizable establecido o de acuerdo a las normas urbanísticas de las áreas rurales.
  2. A los fraccionamientos o urbanizaciones en suelo urbano y/o rural;
  3. A los espacios públicos, parques, plazas, áreas deportivas, vías, senderos, etc.;
  4. A las intervenciones que se realicen sobre el patrimonio construido;
  5. A todas las actividades que se realicen o tengan incidencia sobre el suelo, tanto urbano como rural;

Artículo 14.- Vigencia del PUGS.- El componente estructurante del Plan de Uso y Gestión del Suelo del Cantón Centinela del Cóndor, estará vigente durante un período de doce (12) años a partir de la fecha de aprobación de la presente ordenanza; mientras que el componente urbanístico podrá actualizarse al inicio de cada período de gestión municipal.

Artículo 15.- Contenidos del PUGS.- El Plan de Uso y Gestión del Suelo del Cantón Centinela Del Cóndor consta de un componente estructurante, un componente urbanístico y planes urbanísticos complementarios.

Artículo 16.- Componente estructurante cantonal.- En concordancia con el Modelo Territorial Deseado y las categorías de ordenación del territorio, este componente facilita la comprensión de la estructura cantonal urbano – rural, a partir de un análisis de los asentamientos humanos, sus sistemas públicos de soporte, estructura biofísica, riesgos, y caracterización socioeconómica, y de los asentamientos humanos, canales de relación de infraestructuras; se define el suelo urbano y por exclusión el suelo rural del territorio cantonal.

Artículo 17.- Componente urbanístico cantonal.- Establecido el componente estructurante, el Plan de Uso y Gestión del Suelo de Centinela del Cóndor determina el uso y la edificabilidad de acuerdo a la clasificación del suelo, así como los instrumentos de gestión a ser

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empleados según los requerimientos específicos. (Concordancia Art. 29 delaLOOTUGS).

Artículo 18.- Instrumentos de planeamiento del suelo.- Los

instrumentos de planeamiento del suelo son herramientas que orientan la generación y aplicación de la normativa urbanística, y consisten en: 1) Polígonos de intervención territorial, 2) Tratamientos y 3) Estándares Urbanísticos. (Concordancia Art. 40 de la LOOTUGS).

Artículo 19.- Planes urbanísticos complementarios.- Son aquellos dirigidos a detallar, completar y desarrollar de forma específica las determinaciones del plan de uso y gestión de suelo, y se clasifican en:

  1. Planes maestros sectoriales;
  2. Planes parciales; y,
  3. Otros instrumentos de planeamiento urbanístico.

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA.- Son documentos habilitantes de la presente ordenanza, los instrumentos de planificación: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Centinela del Cóndor y Plan de Uso y Gestión del Suelo del Cantón Centinela del Cóndor; documentos que se constituyen en el anexo único del presente instrumento normativo.

SEGUNDA.- El Plan de Uso y Gestión del Suelo, sus actualizaciones y los instrumentos de gestión serán elaborados por la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, que realizará la aprobación técnica del instrumento a través de informe obligatorio, previa su aprobación por el cuerpo edilicio del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor.

TERCERA.- Todos los trámites iniciados antes de la vigencia de la presente Ordenanza y que al menos cuenten con anteproyectos de fraccionamiento, urbanización o de edificación, aprobados por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, continuarán el proceso para la obtención de los correspondientes permisos de acuerdo a la zonificación y trámites vigentes a la fecha de ingreso pese al cambio de la norma que instituye esta Ordenanza.

CUARTA.- Las actividades comerciales y de servicios correspondientes a COM-4 y SERV-17 y SERV-18 (referirse a la Tabla 73: Subclasificación de uso comercial y de servicio), que cuenten con permiso de funcionamiento y no sean infraestructura propia, que con la vigencia del Plan de Uso y Gestión del Suelo resulten con incompatibilidad de uso del suelo por pertenecer a la categoría «prohibidos», podrán seguir operando

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con permiso provisional de la autoridad competente durante un año siempre que cumplan con las normas y reglas de saneamiento, seguridad, insonorización y adecuadas condiciones de funcionalidad. Cumplido este plazo deberán reubicarse a los sitios permitidos.

QUINTA.- Las actividades comerciales y de servicios, centros de diversión en funcionamiento, que cuenten con permiso de funcionamiento y que sea infraestructura propia, que con la vigencia del Plan de Uso y Gestión del Suelo resulten incompatibles a los usos principales, deberán acogerse al artículo 83 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.

SEXTA.- Las actividades económicas: industrias, cultivos agrícolas bajo invernadero y planteles avícolas y porcinos que se encuentren funcionado con permiso o patente de funcionamiento en el cantón Centinela del cóndor y que, con la nueva asignación de usos del Plan de Uso y Gestión del Suelo, se encuentren incompatibles podrán seguir funcionando por un plazo máximo de dos años para lo cual presentarán un plan de cierre y reubicación. Se exceptúan las actividades extractivas que se rigen por la Ordenanza de áridos y pétreos.

SÉPTIMA.- No se renovarán los permisos a actividades que impliquen el acopio y gestión de desechos peligrosos y o especiales y las que en general ocasionen un evidente peligro para la seguridad de la población en usos principales vivienda y mixto.

OCTAVA.- Las actividades extractivas que están en funcionamiento y que tengan incompatibilidad de usos, podrán seguir funcionando previo informe favorable de la Dirección de Desarrollo Sostenible (Ambiente) y Unidad de Árido y Pétreos conjuntamente con los técnicos encargado en gestión de riesgos y gestión territorial; caso contrario el titular deberá presentar un proyecto de retiro definitivo. Para este efecto se contemplará el cierre y abandono de mina aprobado por la Autoridad Competente y la Dirección de Ambiente.

NOVENA.- Los informes de compatibilidad de usos de suelo emitidos previos a la vigencia del Plan de Uso y Gestión del Suelo deberán actualizarse obligatoriamente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La aplicación de la presente ordenanza se circunscribe al área urbana de la ciudad de Zumbi, Panguintza, El Dorado, zonas de expansión urbana, asentamientos humanos consolidados y en general a

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todo el territorio del Cantón Centinela del Cóndor. Los mismos que se determinan en la presente ordenanza, de acuerdo con los croquis y planos adjuntos en documento anexo.

SEGUNDA.- El Concejo Municipal en el plazo de doce meses desde la promulgación de esta Ordenanza aprobará las siguientes Ordenanzas: Áreas Patrimoniales; Plan de Movilidad; Usos y compatibilidad del suelo en zonas urbanas y rurales; Permisos de construcción, retiros, lotes mínimos, COS, COST, implantación y aprobación de planos en zona urbana y rural del cantón Centinela del Cóndor.

TERCERA.- A partir de la aprobación de la presente ordenanza se procederá a la retro alimentación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en función a la información que se vaya incorporando por parte de los organismos de los Gobiernos; Nacional, Provincial, Municipal y Parroquial.

CUARTA.- En el plazo de un año desde la promulgación de la presente Ordenanza, el área encargada a través del Departamento de Desarrollo Sostenible, actualizará el inventario de Bienes Patrimoniales del cantón para su correspondiente aprobación por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y elaborará un proyecto de Ordenanza de Gestión de los Bienes Patrimoniales para conocimiento y aprobación del Concejo Municipal.

QUINTA.- Los informes de regulación municipal, de compatibilidad de usos y geo portales con información de los PUGS, deberán incorporarse para consulta ciudadana en la página web oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor en el plazo de doce meses, por parte de la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial del Municipio del cantón Centinela del Cóndor.

SEXTA.- Para la explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en tierras comunales y que puedan afectarles ambiental o culturalmente una o varias comunas, se deberá realizar la consulta por parte de la autoridad municipal de manera obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Ley y a la Constitución.

SÉPTIMA, – A través del Departamento de Planificación y Desarrollo Territorial se definirá el sistema vial de las áreas urbanas del cantón que será sometido a conocimiento y aprobación por parte del Concejo Municipal e incorporado al Plan de Uso y Gestión del Suelo en un año calendario a partir de la aprobación de la Ordenanza.

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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Derogase todas las Ordenanzas y demás actos normativos municipales que se opongan a la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigencia el día siguiente de su publicación.

Es dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, a los nueve días del mes de diciembre del dos mil veinte.

Ing. Luis. A. Merino González. ALCALDE DEL GAD CENTINELA DEL CÓNDOR

Abg. Bolivar. X. Torres Vélez SECRETARIO GENERAL DEL GAD CENTINELA DEL CÓNDOR

El Secretario General CERTIFICA: Que la «ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR,» fue debatida por el Concejo del Gobierno Municipal de Centinela del Cóndor, en sesiones Ordinaria de fecha 04 de diciembre del 2020 y extraordinaria de fecha 09 de diciembre del 2020, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.-Lo Certifico.

Abg. Bolivar. X. Torres Vélez.

SECRETARIO GENERAL DEL GAD

CENTINELA DEL CÓNDOR

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Zumbi, 09 de diciembre del 2020, a las 17h00, conforme lo dispone el Artículo 322, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal pertinente, sanciono la «ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR», para su aplicación.

Ing. Luis Alberto Merino González.

ALCALDE DEL GAD

CENTINELA DEL CÓNDOR

Abg. Bolívar Xavier Torres Vélez

SECRETARIO GENERAL DEL GAD

CENTINELA DEL CÓNDOR.

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Sancionó y firmó la presente «ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR», conforme al Decreto que antecede, el Ingeniero Luis Alberto Merino González, Alcalde del Cantón Centinela del Cóndor, a los 09 días del mes de diciembre del 2020.-Lo Certifico.-

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ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN

DEL INFORME EN PARTICIONES JUDICIALES Y DE LA AUTORIZACIÓN

EN PARTICIONES EXTRAJUDICIALES DE BIENES INMUEBLES EN EL

CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De manera amplia se puede decir que las municipalidades de una u otra forma inciden en la vida diaria de miles de personas por cuanto se encuentran ligadas por tradición a la solución de los problemas ciudadanos cotidianos en materia de servicios básicos, infraestructura física, ordenamiento urbano entre otros. Siendo este nivel de gobierno el más cercano a la población, en aras de fortalecer el nuevo rol del Estado que propone al gobierno nacional, es imperioso que los municipios se consoliden marcando políticas públicas férreas cuyo único fin sea el progreso y crecimiento de las poblaciones.

Indudablemente la modernidad y el desarrollo que los pueblos desean alcanzar, exige cada vez más que los actos que emanan de los gobiernos municipales, fijen positivamente el horizonte que debe seguir un municipio. La Constitución del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, consagran a los gobiernos autónomos descentralizados municipales como personas jurídicas de derecho público que gozan de autonomía política, administrativa y financiera. Estos calificativos que le han sido asignados, figura que aquellos, a través del ejecutivo y el legislativo, puedan realizar los actos que les fuere necesarios para el cumplimiento de sus fines y funciones esenciales.

En el afán de cumplir esa meta, es necesario regular la organización y funcionamiento del órgano de legislación de los gobiernos municipales, estableciendo el procedimiento parlamentario a seguir en la toma de decisiones, todo esto en el contexto de aplicación de los principios de legalidad, democracia, participación, equidad, heterogeneidad y autonomía.

El Gobierno Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, pretendiendo asumir ese rol de «Estado moderno», en aras de dar atención eficiente a las necesidades del colectivo, debe iniciar regulando la organización y funcionamiento del órgano de legislación, pues, su labor, no solamente está direccionada al cumplimiento efectivo de los objetivos municipales, sino a regular temas institucionales específicos o a reconocer derechos particulares a través de ordenanzas, acuerdos o resoluciones.

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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN

CENTINELA DEL CÓNDOR

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el Art. 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que: «Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales»;

Que, el numeral 26 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas «El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas entre otras medidas»;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,

planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el artículo 321 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: «El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental»;

Que, el artículo 324 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: «El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la propiedad y en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal»;

Que, el último inciso del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 7, 57 y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece dentro de las competencias exclusivas de los gobiernos municipales la de, en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedir ordenanzas cantonales;

Que, el literal t) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dispone que: Al Concejo Municipal le corresponde: «Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa»;

Que, el artículo 473 de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que: «En el caso de partición judicial de inmuebles, los jueces ordenarán que se cite con la demanda a la

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municipalidad del cantón o distrito metropolitano y no se podrá realizar la partición sino con informe favorable del respectivo concejo. Si de hecho se realiza la partición, será nula. En el caso de partición extrajudicial, los interesados pedirán al gobierno municipal o metropolitano la autorización respectiva, sin la cual no podrá realizarse la partición»; y,

En uso de las atribuciones legales que le confiere el último inciso del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 7, 57 y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Descentralización.

EXPIDE LA:

ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL

INFORME EN PARTICIONES JUDICIALES Y DE LA AUTORIZACIÓN EN

PARTICIONES EXTRAJUDICIALES DE BIENES INMUEBLES EN EL

CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR.

CAPITULO I

GENERALIDADES

Art. 1.- Ámbito.- La presente ordenanza tiene aplicación en todos los actos judiciales y extrajudiciales de partición de bienes inmuebles urbanos y rurales ubicados dentro de la jurisdicción del Cantón Centinela del Cóndor.

Art. 2.- Objetivo.- Dotar al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor de una herramienta técnica-administrativa que permita una adecuada atención a la ciudadanía dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales referente a la partición de bienes inmuebles en el Cantón Centinela del Cóndor, de conformidad con lo establecido en el artículo 473 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Art. 3.- Definiciones.- Para la debida comprensión y aplicación de esta ordenanza se determinan las siguientes definiciones:

Acto judicial.- Constituye una acción que se lleva a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir determinados derechos.

Acto Extrajudicial.- Acto que se hace o se trata fuera de la vía judicial.

Partición.- Reparto o división de un todo en varias partes o cada una de las partes que resulta de este reparto. Para realizar la partición de la herencia o la división de una cosa común se lo puede hacer vía judicial y extrajudicial.

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CAPITULO II

EMISIÓN DEL INFORME Y AUTORIZACIÓN, DE LOS REQUISITOS, DEL PROCEDIMIENTO, INFORMES DE FUNCIONARIOS Y RESOLUCIÓN DEL

CONCEJO

Sección Primera

EMISIÓN DEL INFORME Y AUTORIZACIÓN

Art. 4.- Emisión del Informe y Autorización.- Para la emisión del informe y autorización, establecidos en el artículo 473 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en los casos de partición judicial y de extrajudicial de inmuebles, el Concejo Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, lo hará mediante resolución, previo el trámite y requisitos previstos en esta ordenanza.

Art. 5.- Requisitos.- Los requisitos esenciales para emitir el informe que refiere el artículo anterior son los siguientes:

5.1. Para particiones judiciales:

  1. Solicitud o disposición emitida por el señor Juez o Jueza de la causa.
  2. Copia certificada del acta o cualquier otro documento válido y legal que repose en el correspondiente proceso judicial, en el que conste la propuesta de partición de bienes, con las hijuelas correspondientes, y la propuesta técnica (levantamiento planimétrico plano), con indicación de: Ubicación, linderos, dimensiones y superficie de todo el predio a partirse; linderos, dimensiones y superficie de cada parte del bien que por efecto de la partición se ha fraccionado; e, indicación clara del beneficiario de cada parte fraccionada.
  3. Certificado de propiedad libre de gravámenes otorgado por el Registrador de la Propiedad, por cada uno de los bienes sujetos a partición.

d) Certificado de no adeudar al Municipio de todos los interesados que intervienen en el proceso judicial.

e) Certificación de avalúos y catastros, por cada uno de los bienes sujetos a partición, en el que se detalle lo siguiente: Si los bienes sujetos a partición constan en el catastro municipal; ubicación de los bienes sujetos a partición; cabida y superficie del bien sujeto a partición; y, titular del dominio del bien inmueble.

f) Copias de las cédulas de ciudadanía y papeleta de votación de los solicitantes.

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g) Partida de matrimonio del causante o los causantes o de los interesados en la partición.

h) Partidas de nacimiento de todos los herederos cuando se trate de herencia.

i) Copias de las escrituras públicas de propiedad con la razón de estar inscritas en el Registro de la Propiedad, de todos los inmuebles materia de partición.

j) Copia de las últimas cartas de pago del impuesto predial de los inmuebles materia de partición.

k) Partida de defunción del causante o los causantes cuando se trate de bienes hereditarios.

l) Copias certificadas del inventario de los bienes a partirse, esto es de la demanda, auto de aceptación a trámite a la misma, acta alistamiento y avaluó de los bienes y la sentencia con la razón de estar ejecutoriada.

m) Cuando se trate de sociedades conyugales o de hecho, se presentará la copia del documento legal que demuestre la disolución de tal o cual sociedad de bienes.

n) Si se hubiera disuelto la sociedad conyugal por divorcio, se presentará la sentencia del divorcio con la razón de estar ejecutoriada.

Una vez recibida la disposición o el oficio del señor Juez o Jueza de la causa en el cual se requiera de la emisión del informe para partición judicial de inmuebles contemplado en el Art. 473 del COOTAD, el interesado o los interesados deberán presentar los requisitos determinados en este artículo en el término máximo de diez días, de no ser así, el señor Alcalde dispondrá al señor Procurador Síndico, para que comunique por escrito de tal particular al señor Juez o Jueza de la causa.

5.2. Para particiones extrajudiciales:

  1. Solicitud en papel valorado de la municipalidad dirigida al Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, suscrita por cualquiera de los herederos o cónyuge sobreviviente interesados en la partición, en la que se solicite la autorización respectiva de acuerdo al artículo 473 del COOTAD.
  2. Minuta, en donde consta la forma cómo los interesados han procedido a partirse los bienes inmuebles o la propuesta de partición de bienes, con las hijuelas correspondientes, y la propuesta técnica (levantamiento planimétrico- plano), con indicación de: Ubicación, linderos, dimensiones y superficie de todo el predio a partirse; linderos, dimensiones y superficie de cada parte del bien que por efecto de la partición se ha fraccionado; e, indicación clara del beneficiario de cada parte fraccionada.

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  1. Certificado simple de propiedad libre de gravámenes otorgado por el Registrador de la Propiedad, por cada uno de los bienes sujetos a partición.
  2. Certificado de no adeudar al municipio, de cada una de las partes que intervienen en la partición extrajudicial.
  3. Certificado de Avalúos y Catastros, por cada uno de los bienes sujetos a partición, en el que se detalle lo siguiente: Si los bienes sujetos a partición constan en el catastro municipal; ubicación de los bienes sujetos a partición; cabida y superficie del bien sujeto a partición; y, titular del dominio del bien inmueble.

f) Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación de los solicitantes.

g) Partida de matrimonio del causante, los causantes o de los interesados en la partición, y en caso de unión de hecho legalizada el documento que demuestre tal particular.

h) Partidas de nacimiento de todos los herederos cuando se trate de herencia.

i) Sentencia o cualquier otro documento legal que demuestre la disolución de la sociedad conyugal o de hecho.

j) Copias de las escrituras públicas de propiedad con la razón de estar inscritas en el Registro de la Propiedad, de todos los inmuebles materia de partición.

k) Partida de defunción del causante o los causantes.

l) Copia de la última carta de pago del impuesto predial de los inmuebles materia de partición.

m) Copias certificadas del inventario de los bienes a partirse, esto es de la demanda, auto de aceptación a trámite a la misma, acta alistamiento y avaluó de los bienes y la sentencia con la razón de estar ejecutoriada, esto cuando se trate de bienes hereditarios; y, cuando se trate de sociedades conyugales o de hecho, se presentará en la minuta de liquidación de sociedad conyugal o de hecho el alistamiento y avalúo de los bienes.

n) Línea de fábrica de los bienes inmuebles en caso de ser predios urbanos.

Sección Segunda

DEL PROCEDIMIENTO, DE LOS INFORMES DE LOS FUNCIONARIOS Y

RESOLUCIÓN DEL CONCEJO

Art. 6.- Presentación de la solicitud con los requisitos requeridos.- La solicitud correspondiente dirigida al señor Alcalde con todos los requisitos establecidos en los dos artículos anteriores de esta ordenanza según sea el caso, se presentará en Secretaria General del GAD del cantón Centinela del Cóndor.

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Art. 7.- Informe técnico.- Con los documentos señalados en los artículos anteriores, se remitirá el expediente a la Dirección de Planificación junto con la disposición del señor Alcalde para que emita un informe técnico sobre la procedencia y factibilidad técnica de la propuesta de partición judicial o extrajudicial puesta a conocimiento de la institución municipal; en tal informe se hará constar lo siguiente: Si los predios a partirse se encuentran o no afectados por el Plan de Ordenamiento Territorial vigente en el cantón Centinela del Cóndor; si existen estudios realizados por el GAD del cantón Centinela del Cóndor que afecten a los predios a partirse; si las dimensiones y área del plano, corresponden a las constantes en los correspondientes títulos de propiedad; si el predio o los predios a partirse cumplen con las dimensiones mínimas vigentes en la municipalidad; y, la recomendación correspondiente para que el Concejo Municipal para emitir el informe o la autorización respectiva. Luego regresará el expediente junto con el informe técnico a Secretaría General.

Art. 8.- Informe Jurídico.- El expediente con el informe técnico referido en el artículo anterior, será remitido al señor Procurador Síndico junto con la disposición del señor Alcalde para de que emita un informe jurídico para conocimiento y resolución del Concejo Municipal, en el que se indicará si se ha cumplido con lo establecido en esta ordenanza, y se recomendará lo que corresponda al Concejo Municipal, de conformidad con lo dispuesto en la presente ordenanza y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Art. 9.- Caso de no cumplimiento de requisitos.- Si la solicitud no contiene todos los requisitos establecidos en esta ordenanza; en caso de partición extrajudicial se comunicará a la parte interesada para que la complete; y, en caso de partición judicial, el señor Procurador Síndico elaborará un escrito que será suscrito por él y el señor Alcalde, con el que se comunicará del particular al señor juez de la causa para los fines legales pertinentes.

Art. 10.- Conocimiento y Resolución del Concejo Municipal.- Con los informes técnico y jurídico, la petición de informe del respectivo concejo para particiones judiciales el artículo 473 del COOTAD, órgano que emitirá la resolución aprobando o negando el informe que presente el Procurador Síndico Municipal, y dispondrá a Secretaría General se entregue a los peticionarios en el caso de partición extrajudicial la resolución correspondiente contentiva del informe o de la autorización, y al señor Juez o Jueza de la causa en caso de partición judicial.

Art. 11.- Tasa por servicios administrativos.- Se establece una tasa por los servicios administrativos generados por esta ordenanza, cuyo avaluó de los bienes a partirse sea de:

ÍTEM

DESDE

HASTA

PORCENTAJE (%) SBU

1

$10.000,00

DIEZ POR CIENTO DE UN

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SALARIO BÁSICO UNIFICADO (10%SBU)

2

$ 10.000,01

$ 30.000,00

VEINTE POR CIENTO DE UN SALARIO BÁSICO UNIFICADO (20 % SBU)

3

$ 30.000,01

$ 60.000,00

CUARENTA POR CIENTO DE UN SALARIO BÁSICO UNIFICADO (40 % SBU)

4

$60.000,01

$ 100.000,00

SESENTA POR CIENTO DE UN SALARIO BÁSICO UNIFICADO (60 % SBU)

5

$ 100.000,01

$ 150.000,00

OCHENTA POR CIENTO DE UN SALARIO BÁSICO UNIFICADO (80 % SBU)

6

$ 150.000,01

$ 300.000,00

UN SALARIO BÁSICO UNIFICADO (1 SBU)

7

$ 300.000,01

$ 500.000,00

UNO Y MEDIO SALARIO BÁSICO UNIFICADO (1.5 SBU).

8

$ 500.000,01

EN ADELANTE

DOS SALARIOS BÁSICOS UNIFICADO (1.5 SBU).

El valor de la tasa será cancelado una vez que el Concejo, emita la correspondiente resolución, lo cual será verificado por el señor Secretario del Concejo, previa la entrega de la correspondiente certificación de autorización.

Disposición Final.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la aprobación por parte del Concejo Municipal y la correspondiente sanción del Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y en la página web de la institución.

Es dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, a los veintiocho días del mes de diciembre del dos mil veinte.

El Secretario General CERTIFICA: Que la «ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL INFORME EN PARTICIONES JUDICIALES Y DE LA AUTORIZACIÓN EN PARTICIONES EXTRAJUDICIALES DE BIENES INMUEBLES EN EL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR,» fue debatida por el Concejo del Gobierno Municipal de

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Centinela del Cóndor, en sesiones Ordinarias de fechas 29 de octubre del 2020 y 28 de diciembre del 2020, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.-Lo Certifico.

Abg. Bolívar. X. Torres Vélez.

SECRETARIO GENERAL DEL GAD

CENTINELA DEL CÓNDOR

Zumbi, 29 de diciembre del 2020, a las 10h00, conforme lo dispone el Artículo 322, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal pertinente, sanciono la «ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL INFORME EN PARTICIONES JUDICIALES Y DE LA AUTORIZACIÓN EN PARTICIONES EXTRAJUDICIALES DE BIENES INMUEBLES EN EL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR», para su aplicación.

Ing. Luis Alberto Merino González.

ALCALDE DEL GAD

CENTINELA DEL CÓNDOR

Sancionó y firmó la presente “ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL INFORME EN PARTICIONES JUDICIALES Y DE LA AUTORIZACIÓN EN PARTICIONES EXTRAJUDICIALES DE BIENES INMUEBLES EN EL CANTÓN CENTINELA DEL CONDOR”, conforme al Decreto que antecede, el Ingeniero Luis Alberto Merino González, Alcalde del Cantón Centinela del Cóndor, a los 29 días del mes de diciembre del 2020.-Lo Certifico. –