Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 29 de mayo de 2019 (R. O.497, 29–mayo -2019)

Año III – Nº 497

Quito, miércoles 29 de mayo de 2019

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE DESARROLLO

URBANO Y VIVIENDA:

016-19… Emítese el Reglamento para los incentivos en vivienda de interés social

017-19… Subróguense las funciones de Ministro, al ingeniero Adolfo Salcedo Gluckstadt, Viceministro Subrogante

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS:

0043 Subróguense las funciones de Ministro, al magíster Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo, Viceministro de Finanzas

0044 Deléguese al doctor Francisco Carrión Mena, Embajador de la República del Ecuador en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, suscriba con el BID, el contrato de préstamo, para el financiamiento parcial del «Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y la Prosperidad»…

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:

AGENCIA NACIONAL DE

REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA

SANITARIA – ARCSA:

ARCSA-DE-007-2019-JCGO Expídense las directrices para realizar actualizaciones a la notificación sanitaria obligatoria……. 13

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN –

SUPERCOM:

SUPERCOM-2019-005 Ratifíquese en todas sus partes el contenido y alcance de la Resolución No. SUPERCOM-2018-009, de 06 de septiembre de 2018

2 – Miércoles 29 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 497

Págs.

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

ORDENANZAS MUNICIPALES:

01-2019 Cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay): Que regula la prestación del servicio público de revisión técnica vehicular y que autoriza su concesión a la iniciativa privada

-…………. Cantón Chillanes: Para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras

No. 016-19

Xavier Torres Correa

MINISTRO DE DESARROLLO

URBANO Y VIVIENDA

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 30, dispone «(…) las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica (…).”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 57 numerales 4, 5 y 6; y en los artículos 58 y 59 de la Constitución de la República, se reconocen y garantizan a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblos montubios, los derechos colectivos a conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables e indivisibles; a mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales; y obtener su adjudicación gratuita; y a participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras;

Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República, dispone que dentro de las atribuciones de los Ministros de Estado está: «(…) Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera (…)”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;

Que, el artículo 260 de la Constitución de la República, determina que: «el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.”;

Que, el artículo 375 de la Constitución de la República, dispone «El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, (…) ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda.”;

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo – COA señala que «(…) La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley.”;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 3 publicado en el Registro Oficial No. 1 del 11 de agosto de 1992, se crea el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda;

Que, al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, le corresponde definir y emitir las políticas públicas de hábitat, vivienda, asentamientos humanos y desarrollo urbano, a través de las facultades de rectoría, planificación, regulación, control y gestión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 154 numeral 1, 226, 261 numeral 6, y 375 numerales 1, 2, 3, 4 y 5 inciso final de la Constitución, artículos 113, 114,115 y 116 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y artículo 90 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo;

Que, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, el artículo 71, señala que «la redistribución implica la transferencia de dominio de las tierras que han llegado a formar parte de las tierras rurales estatales a cualquier título. No incluye a las tierras rurales estatales que se encuentren en posesión agraria de conformidad con esta Ley. «, y en el inciso sexto, precisa que «El ente rector en materia de vivienda y desarrollo urbano y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, dentro de los programas de vivienda social, pueden realizar programas de vivienda rural en tales predios, de conformidad con la normativa vigente.”;

Que, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en la letra f) del artículo 81, señala que : «Para la construcción de infraestructura prevista en las políticas públicas de vivienda rural, servicios de

Registro Oficial N° 497 Miércoles 29 de mayo de 2019 – 3

salud y educación; y otros proyectos de infraestructura y servicios públicos, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades deberán ceder al Estado, el derecho de uso y usufructo de superficies determinadas de tierra en que se construirá la infraestructura correspondiente.

Sin embargo, estas tierras se mantendrán en propiedad comunitaria. Esta sesión será suficiente para que el Estado realice las inversiones necesarias”;

Que, el artículo 147 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, señala: «Ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda.- El Estado en todos los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica de las familias y las personas;

El gobierno central a través del ministerio responsable dictará las políticas nacionales para garantizar el acceso universal a este derecho y mantendrá, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, un catastro nacional integrado georreferenciado de hábitat y vivienda, como información necesaria para que todos los niveles de gobierno diseñen estrategias y programas que integren las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento, gestión del suelo y de riegos, a partir de los principios de universalidad, equidad, solidaridad e interculturalidad;

Los planes y programas desarrollarán además proyectos de financiamiento para vivienda de interés social y mejoramiento de la vivienda precaria, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jejas de hogar»;

Que, el artículo 85 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, establece: «(…) La vivienda de interés social es la vivienda adecuada y digna destinada a los grupos de atención prioritaria y a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad, en especial la que pertenece a los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y montubios. La definición de la población beneficiaría de vivienda de interés social así como los parámetros y procedimientos que regulen su acceso, financiamiento y construcción serán determinados en base a lo establecido por el órgano rector nacional en materia de hábitat y vivienda en coordinación con el ente rector de inclusión económica y social (…).”;

Que, la producción social de hábitat es el proceso de gestión y construcción de hábitat y vivienda, «que contará con el apoyo del sector público privado» conforme lo dispone el artículo 88 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo;

Que, el artículo 90 de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, dispone «la facultad para la definición y emisión de las políticas nacionales de hábitat, vivienda, asentamientos humanos y el desarrollo urbano, le corresponde al Gobierno Central, que la ejercerá a través del ente rector de hábitat y vivienda, en

calidad de autoridad nacional. Las políticas de hábitat comprenden lo relativo a los lineamientos nacionales para el desarrollo urbano que incluye el uso y la gestión del suelo. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, en sus respectivas jurisdicciones, definirán y emitirán las políticas locales en lo relativo al ordenamiento territorial, y al uso y gestión del suelo, de conformidad con los lineamientos nacionales.”;

Que, mediante Decreto N° 681 de fecha 25 de febrero de 2019, el Señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador expide el Reglamento para el acceso a subsidios e incentivos del programa de vivienda de interés social y público en el marco de la Intervención Emblemática «Casa para Todos», el mismo que regula: Artículo 4 «Segmentación de las viviendas de interés social»; Artículo 7 «Características y Valores de las Viviendas con Subsidio Total del Estado», Artículo 8 «Subsidio Parcial del Estado», Artículo 9 «Arrendamiento con opción a compra», Artículo 10 «Crédito Hipotecario con Subsidio Inicial», Artículo 11 «Crédito Hipotecario con Tasa de Interés Preferencial», y establece en la Disposición General Séptima: «(…) El ente rector de Desarrollo Urbano y Vivienda emitirá la normativa necesaria que regule la construcción y aplicación de subsidios e incentivos para las viviendas de interés social, previendo metrajes mínimos que garanticen una vivienda digna y adecuada como política pública para los proyectos de vivienda de interés social»;

Que, mediante Oficio Nro. SENPLADES-2018-1381-OF de fecha 30 de noviembre de 2018, emite el dictamen de prioridad al «Proyecto de Vivienda Casa Para Todos » del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 002-19 de fecha 22 de enero de 2019, el Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, identifica y declara al «PROYECTO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS», como proyecto emblemático de intervención Nacional;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 370 de fecha 17 de abril del 2018, se designa al señor Xavier Torres Correa, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda;

Que, es necesario que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, actualice la normativa secundaria adecuada al Decreto N° 681 de fecha 25 de febrero de 2019.

Que, mediante Memorando Nro. MIDUVI-SV-GVRUM-2019-0407-M, de fecha 15 de marzo del 2019 suscrito por la Gerencia de Vivienda Rural y Urbano Marginal, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se establecen las consideraciones de hacinamiento para vivienda.

En ejercicio de las facultades previstas en los artículos 154 número 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 47 del Código Orgánico Administrativo, COA; y, 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

4 – Miércoles 29 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 497

Acuerda:

Emitir: EL REGLAMENTO PÁRALOS INCENTIVOS EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.

CAPÍTULO I GENERALES

Artículo 1.- Objeto.- Establecer los requisitos y procedimientos para aplicar a favor de los beneficiarios calificados para acceder a los incentivos en la vivienda de interés social en terreno propio o del Estado, dentro de las competencias del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en concordancia con lo estipulado en el Decreto Ejecutivo No. 681 de fecha 25 de febrero de 2019, Título IV «Incentivos en proyectos de viviendas de interés social».

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- El ámbito de aplicación del presente Reglamento es a nivel nacional dirigido a los ciudadanos ecuatorianos beneficiarios.

Estos incentivos serán ejecutados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Oficinas Técnicas y de Prestación de Servicios del MIDUVI a nivel nacional, empresa/s pública/s ejecutora/s; y, otras entidades relacionadas a vivienda de interés social.

Artículo 3.- Incentivos en proyectos de vivienda de interés social.- Comprende la contribución económica a cargo del Estado, a favor de un beneficiario que lo requiera y cuya necesidad de vivienda en condiciones de habitabilidad y seguridad se identifique, necesidad que será atendida conforme las posibilidades del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; además se entenderá como incentivo al complemento a los tipos de Subsidios e Incentivos en Proyectos de Vivienda de Interés Social a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

CAPÍTULO II

MODALIDADES DE INCENTIVOS EN VIVIENDA

DE INTERÉS SOCIAL

Artículo 4.- TIPOS DE INCENTIVOS.- Formas de intervención o modalidades:

a) INCENTIVOS PARA AMPLIACIONES Y ADECUACIONES DE VIVIENDA

Destinado para ampliar y/o adecuar viviendas que requieran crecimiento de superficie (área habitable), reforzamiento estructural o similares; bajo selección y análisis socio económico de cada caso por el ente rector de desarrollo urbano y vivienda. Se considera un valor de hasta USD. $ 6.000 (USD. Seis mil dólares de los Estados Unidos de América) incluido IVA.

La intervención estará destinada al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y/o ampliación de la vivienda del beneficiario; y se lo realizará en una vivienda existente ejecutada por el Estado, que

hubiere sido calificada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la misma que puede encontrarse en área urbana o rural.

En aplicación de lo dispuesto en el Decreto N° 681 de fecha 25 de febrero de 2019, mediante el cual el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, expide el Reglamento para el acceso a subsidios e incentivos del programa de vivienda de interés social y público en el marco de la Intervención Emblemática «Casa para Todos», y establece las áreas mínimas habitables de hasta 50m2 para viviendas de hasta dos dormitorios; las viviendas ejecutadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, con anterioridad a la fecha de publicación en el Registro Oficial de la referida norma, que no cumplan con las condiciones que consideren: el número de integrantes, las características del núcleo familiar del beneficiario, y el área mínima habitable, podrán acceder a este incentivo, con el propósito de mejorar las condiciones de vida.

El incentivo para ampliaciones y adecuaciones de vivienda, aplica en los siguientes casos:

1. Beneficiario, cuando uno de los integrantes de su núcleo familiar tenga algún tipo de discapacidad; y/o exista hacinamiento, cuya vivienda tenga un área inferior a 49.99 m²;
2. Beneficiario mayor a 65 años que no cuente con núcleo familiar, cuya vivienda tenga un área inferior a 49.99 m²; y,
3. En el caso de adecuaciones de vivienda, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo realizará a través del informe técnico suscrito por el respectivo servidor público (Anexo 1).

Para la ejecución de los casos antes descritos, el informe técnico (Anexo 1) incluirá: levantamiento arquitectónico, y fotográfico de la/s área/s a intervenir, planos de la propuesta, presupuesto y cronograma valorado (físico y digital), en las siguientes modalidades:

1. Ampliación de vivienda: Es exclusiva para uso de vivienda, es decir, se exceptúa ampliación para uso comercial.
2. Adecuaciones de vivienda:

1. Estado estructural;
2. Instalaciones hidrosanitarias;
3. Cuarto de baño adaptado;
4. Implementación de accesibilidad universal; y,
5. Mejoramiento de habitabilidad de la vivienda.

Estado estructural.- Comprendido por elementos estructurales, reforzamiento estructural, cambio de cubierta, muros portantes, entre otros.

Registro Oficial N° 497 Miércoles 29 de mayo de 2019 – 5

Instalaciones hidrosanitarias- Comprende todas las instalaciones internas de la vivienda destinadas a cambio de tuberías hidrosanitarias.

Cuarto de baño adaptado.- Consiste en la adaptación de un cuarto que incluya: piezas sanitarias, accesorios, barras de apoyo, entre otros.

Implementación de accesibilidad universal. –

Se refiere a obras que permitan el acceso y el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida.

Mejoramiento de habitabilidad de la vivienda.-

Considera la instalación de puertas internas en caso de no existir, e instalación de revestimientos de pisos, mesón de cocina, entre otros.

b) INCENTIVOS PARA OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL:

Destinado a implementar obras y/o equipamientos para la dotación de agua, alcantarillado en los terrenos en donde se construirán viviendas de interés social: hasta por un valor de USD. $.1.500 (USD. Un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) incluido IVA.

Este tipo de incentivo estará destinado para la construcción e instalación de soluciones básicas de implementación de obras de agua y saneamiento ambiental tales como: biodigestores, pozos sépticos, cisternas, acometidas principales, entre otros. Para lo cual se requerirá un informe técnico (Anexo 2) que será realizado por el servidor público de las Oficinas Técnicas y de Prestación de Servicios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a nivel nacional, el mismo que deberá incluir el levantamiento fotográfico, diseño, presupuesto y cronograma valorado (físico y digital).

c) INCENTIVOS PARA TITULACIONES DE TERRENOS.

En casos necesarios y de excepción determinada por el Director de la Oficina Técnica y de Prestación de Servicios correspondiente, puede entregarse un valor de hasta USD. $.600 (USD. Seiscientos dólares de los Estados Unidos de América) incluido IVA, para los trámites y procesos de titulación en terreno propio donde se construyan viviendas de interés social.

Este incentivo está destinado a financiar o complementar, los costos de escrituración u otras modalidades de adquisición de dominio, e inscripción en el Registro de la Propiedad por la transferencia de dominio del inmueble; y, será aplicado para aquellas personas que se encuentren en condición de pobreza extrema o pobreza moderada.

En caso de que se generen valores adicionales al otorgado como incentivo para titulación de terreno, estos deberán ser asumidos por el beneficiario.

El proceso concluye con la inscripción y certificado del Registrador de la Propiedad del Cantón donde corresponda el predio.

d) INCENTIVOS EN CASOS DE EMERGENCIA, DESASTRES NATURALES, CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS IRRECUPERABLES Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS RECUPERABLES.

En estos casos el valor de la construcción o reconstrucción de una vivienda en terreno propio puede ser de hasta USD. $. 15.000 (USD. Quince mil dólares de los Estados Unidos de América) incluido IVA; y, en casos de reparación de viviendas recuperables de hasta USD. $. 7.500 (USD. Siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) incluido IVA.

La identificación del grupo poblacional afectado o damnificado será efectuada por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, y/o autoridad competente; que establezca la situación de emergencia, caso fortuito o desastres naturales; con lo cual, se procederá a realizar por parte de la Oficina Técnica y de Prestación de Servicios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en la/s provincia/s afectada/s, el levantamiento «in situ» para identificar la condición de afectación de la/s vivienda/s, mediante un informe técnico (Anexo 3), que recoja en una base de datos la condición del damnificado; así como, el criterio técnico para el otorgamiento del incentivo.

Este incentivo está destinado a financiar la habilitación de la infraestructura básica y/o construcción de la vivienda, para los grupos afectados por desastres naturales o fenómenos antrópicos; que se encuentren en condición de damnificados, calificados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda como beneficiarios, dando prioridad a aquellos damnificados que se encuentren ubicados en albergues o refugios.

En el informe técnico que desarrolle el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se deberá observar si existiese responsabilidad del gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano GAD, o del damnificado al tener construida su vivienda en zona de riesgo no mitigable.

El terreno donde se programe hacer la intervención, no debe estar localizado en una zona de riesgo no mitigable; para lo cual, el GAD solventará con el/los terreno/s para la construcción.

Podrán acogerse a este incentivo aquellas personas que habiendo sido previamente calificadas como beneficiarías por esta Cartera de Estado, no hayan culminado el trámite respectivo.

La ejecución de dicho incentivo, se lo realizará a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y/o la/s empresa/s pública/s ejecutoras.

6 – Miércoles 29 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 497

e) INCENTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR EN TERRENOS COMUNITARIOS Y/O ASOCIATIVOS, ASÍ COMO EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS

Destinados a la construcción participativa de la comunidad de viviendas adaptadas a la cosmovisión, al entorno natural y ambiental de las comunidades donde se asientan y habitan los pueblos y nacionalidades del Ecuador, en terrenos comunitarios y/o asociativos, así como en el Régimen Especial de Galápagos.

Los beneficiarios deberán demostrar la condición de pertenecer a dichos pueblos y nacionalidades, así como de ser colonos en el caso de Galápagos, con un documento otorgado por la entidad competente.

La Tipología/s de vivienda a ser implementadas, deberán cumplir las siguientes condiciones mínimas:

1. Área mínima habitable de 57 m².
2. Cuarto de baño (interior o exterior).
3. Cocina (interior o exterior).
4. Diseño acorde a la cultura, el entorno, ecológico, ambiental, paisajístico, sismoresistente y con criterios de sostenibilidad.
5. Privilegiar el uso de materiales de la zona, respetando la normativa para dicho efecto.
6. Los materiales a ser utilizados, deberá en lo posible evitar largas distancias de transportación.

De conformidad a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 681 de fecha 25 de febrero de 2019, Artículo 12, letra d); el presupuesto de la vivienda será elaborado por la Oficina Técnica y de Prestación de Servicios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda correspondiente, en base a un estudio de mercado, y un informe técnico de la visita «in situ», considerando las condiciones de acceso, geográficas de la zona y otras necesidades identificadas para el efecto; incentivo que estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Los procesos de contratación se sujetarán a lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General y de Aplicación.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, expedirá la normativa correspondiente para su aplicación.

CAPÍTULO III

OBLIGACIONES DE LOS ACTORES

Artículo 5.- Obligaciones de los Beneficiarios:

a) Conocer y regirse por los procesos y procedimientos establecidos en el Marco de la Intervención

Emblemática «Casa para Todos» y la normativa conexa;

2. Ingresar y entregar al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda la información y documentación confiable y veraz para la postulación a incentivos otorgados en proyectos de vivienda de interés social entregados por el Estado;
3. Suscribir las actas de entrega – recepción de la obra ejecutada;
4. Habitar la vivienda, por un periodo consecutivo de mínimo 3 años, a partir de la fecha del acta de entrega recepción definitiva de la obra;
5. Destinar la vivienda a usos permitidos por el ordenamiento jurídico;
6. Solicitar autorización a las autoridades competentes previo a la construcción de obras adicionales; una vez suscrita el acta de entrega y recepción de la obra;
7. Prestar la colaboración necesaria al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuando se realice el monitoreo y el seguimiento de los procesos;

h) Asistir a las reuniones convocadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para tratar temas relacionados con el incentivo a recibir.

Artículo 6.- Obligaciones del MIDUVI:

1. Elaborar los instructivos, guías, manuales técnicos, lineamientos y demás documentos relacionados, que se estimen necesarios para la operatividad de las Políticas de Vivienda y procedimientos establecidos en el Marco de la Intervención Emblemática «Casa para Todos”;
2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de postulación, calificar a los postulantes e informar a los beneficiarios conforme a la normativa vigente;
3. Administrar el registro de postulantes y beneficiarios de los incentivos en proyectos de vivienda de interés social;
4. Elaborar el informe técnico conforme a los Anexos 1, 2 y 3, a través de las Oficinas Técnicas y de Prestación de Servicios del MIDUVI a nivel nacional;
5. Registrar y actualizar la base de datos de los beneficiarios de los Incentivos de los Proyectos de Vivienda de Interés Social, a nivel nacional;
6. Seguimiento a los procesos de asignación a través de la Dirección de Gestión y Ejecución de Vivienda; y,
7. Seguimiento a la ejecución de los incentivos en proyectos de vivienda de Interés Social, a través de la Dirección de Control de Vivienda.

Registro Oficial N° 497 Miércoles 29 de mayo de 2019 – 7

CAPITULO IV

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y PRIORIZACIÓN

Artículo 7.- Criterios de Elegibilidad de Beneficiarios.- Se adoptan como criterios de elegibilidad las líneas y umbrales de pobreza conforme lo establece el Reglamento para la Selección de Beneficiarios de las Viviendas de Interés Social con Subsidio Total del Estado.

CAPÍTULO V

REQUISITOS Y DOCUMENTOS

Artículo 8.- Requisitos.- Los requisitos para postular a los incentivos en proyectos de vivienda de interés social, son los siguientes:Requisitos para acceder a un incentivo en vivienda de interés social.

Incentivos

para

ampliaciones

y

adecuaciones de vivienda

Incentivos para obras de agua y saneamiento ambiental

Incentivos para

titulación de terrenos

Incentivos para casos de emergencia, desastres naturales, casos fortuitos o de fuerza mayor que permitan la construcción de viviendas recuperables y reparación de viviendas recuperables

Incentivo para la construcción de viviendas de pueblos y nacionalidades del Ecuador en terrenos comunitarios y/o asociativos, así como en el Régimen especial de Galápagos

1. Ser ciudadano ecuatoriano.

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2. Postular en el sitio web institucional del MIDUVI www. habitatyvivienda.gob. ec en «Incentivos en Proyectos de Interés Social».

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3. Contar con representante legal o apoderado legal para los mayores de 15 y menores de 18 años, salvo las excepciones de ley; para las personas con discapacidad, si aplica.

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4. Estar domiciliado al menos dos años en el cantón donde se postula.

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Requisitos para acceder a un incentivo en vivienda de interés social

Incentivos

para

ampliaciones

y

adecuaciones de vivienda

Incentivos para obras de agua y saneamiento ambiental

Incentivos para

titulación de terrenos

Incentivos para casos de emergencia, desastres naturales, casos fortuitos o de fuerza mayor que permitan la construcción de viviendas recuperables y reparación de viviendas recuperables

Incentivo para la construcción de viviendas de pueblos y nacionalidades del Ecuador en terrenos comunitarios y/o asociativos, así como en el Régimen especial de Galpagos

8 – Miércoles 29 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 497

5. No ser propietario de otros bienes inmuebles destinados a vivienda en territorio nacional.

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6. Tener conformado un núcleo familiar; o, en su defecto ser mayor de 65 años, cuya vivienda tenga un área inferior a 50 m2.

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7. No haber sido beneficiario de cualquier otro tipo de incentivo para Vivienda.

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8. Ser propietario del inmueble, o título de propiedad, o estar en trámite de titularización; este deberá estar libre de todo gravamen, salvo el caso de patrimonio familiar.

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9. Constar en la base de datos del Registro Social, o condición de vulnerabilidad

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10. Tener uno de los integrantes de la familia tenga algún tipo de discapacidad, cuya vivienda tenga un área inferior a 50 m²

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Requisitos para acceder a un incentivo en vivienda de interés social

Incentivos

para

ampliaciones

y

adecuaciones de vivienda

Incentivos para obras de agua y saneamiento ambiental

Incentivos para

titulación de terrenos

Incentivos para casos de emergencia, desastres naturales, casos fortuitos o de fuerza mayor que permitan la construcción de viviendas recuperables y reparación de viviendas recuperables

Incentivo para la construcción de viviendas de pueblos y nacionalidades del Ecuador en terrenos comunitarios y/o asociativos, así como en el Régimen especial de Galápagos

11. Informe técnico (Anexo 1,2 y 3) elaborado por las Oficinas Técnicas y de Prestación de Servicios del MIDUVI a nivel nacional

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12. Ser identificado por parte de la Entidad Pública Competente.

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*Para el caso del incentivo de emergencia, desastres naturales, casos fortuitos o de fuerza mayor que permitan la construcción de viviendas recuperables y reparación de viviendas recuperables; es requisito la presentación de la escritura o ttulo de propiad.

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CAPÍTULO VI

IMPLEMENTACIÓN DE LOS INCENTIVOS EN

PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Artículo 9.- El registro del aspirante, la postulación, la revisión y validación de la información, la calificación, el tipo de incentivo a ser otorgado, será de conformidad a las directrices establecidas en el Reglamento para la Selección de Beneficiarios de las Viviendas de Interés Social con Subsidio Total del Estado.

Artículo 10.- Ejecución del Incentivo.- Los ejecutores de dichos incentivos, serán el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de las Oficinas Técnicas y de Prestación de Servicios a nivel nacional y/o la/s empresa/s pública/s ejecutoras, quienes se regirán acorde a lo determinado por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación; y. la Ley Orgánica de Empresas Públicas -LOEP.

En función de optimizar recursos para el caso de ejecución de obras, se deberá realizar paquetes de incentivos localizados en sectores concentrados o aledaños de mínimo 15 y máximo 50 beneficiarios.

Artículo 11.- Seguimiento y Control.- En cualquiera de las fases del proceso de emisión y ejecución del Incentivo, las Direcciones de Oficinas Técnicas y de Prestación de Servicios, realizarán el seguimiento y control a fin de asegurar el cabal cumplimiento de las normas correspondientes.

En cualquiera de las fases del proceso de emisión y ejecución del Incentivo, las Oficinas Técnicas y de Prestación de Servicios, realizarán el seguimiento y control a fin de asegurar el cabal cumplimiento de las normas correspondientes, y de forma aleatoria en el caso de viviendas de interés social con subsidio total del Estado construidas en terreno propio. Para el seguimiento y control del uso y ocupación de la vivienda, la Subsecretaría de Vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda – MIDUVI, o quien hiciera sus veces, desarrollará una Ficha de Seguimiento y Control al Uso y Ocupación de la Vivienda.

Las Direcciones Nacionales de la Subsecretaría de Vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, dentro de sus competencias, planificarán anualmente con las direcciones provinciales el seguimiento de habitabilidad y llevarán un archivo digital de información actualizada sobre el seguimiento de habitabilidad conforme la planificación y otras necesidades que identifiquen.

Artículo 12.- Acta Entrega Recepción del Incentivo Ejecutado.- Una vez ejecutadas las obras y rubros correspondientes al/los incentivo/s otorgado/s en los proyectos de vivienda de interés social en sus diferentes modalidades, se deberá suscribir el acta de entrega-recepción respectiva, por el beneficiario, contratista y la entidad contratante, acta que contendrá las condiciones en las que se recibe.

Para el incentivo de titulación, el acta entrega recepción, será suscrita por el abogado contratado y el beneficiario de las escrituras públicas, debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad.

En el Incentivo para casos de emergencia, desastres naturales, casos fortuitos o de fuerza mayor que permitan la construcción de viviendas irrecuperables y reparación de viviendas recuperables; posterior a la suscripción de las actas respectivas, podrá realizarse por parte del beneficiario, ampliaciones o adecuaciones, siempre que se cuente en forma previa con el respectivo permiso del Gobierno Autónomo Descentralizado GAD.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Si se detecta alguna inconsistencia en la información registrada por parte del beneficiario en la plataforma informática creada para el efecto, el incentivo de vivienda no será ejecutado, informándose de este particular al correo electrónico registrado, o por algún otro medio de comunicación establecido en la Ley, de ser el caso.

Segunda.- Si se detectare alguna inconsistencia susceptible de convalidación en la información generada (Anexo 1, 2 o 3) por parte de las Direcciones de Oficina Técnica del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a nivel nacional, la Subsecretaría de Vivienda, solicitará a la Oficina Técnica y de Prestación de Servicio del MIDUVI correspondiente, subsane las observaciones realizadas, en un término máximo de cinco (5) días contados a partir de la notificación.

Tercera.- Si se detectare algún tipo de anomalía, adulteración o falsedad en los presupuestos o en la información generada por parte de las Direcciones de Oficina Técnica del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a nivel nacional, se procederá a comunicar a la máxima Autoridad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda o su delegado, a fin de que arbitre las medidas necesarias y disponga a las unidades administrativas correspondientes, el inicio de las acciones administrativas, legales o de control que correspondan.

Cuarta.- En caso de existir incumplimiento comprobado del beneficiario, una vez recibida la vivienda, se aplicará los mecanismos previstos en las disposiciones legales para «Anulación del Incentivo» o «Reversión de Vivienda» del Reglamento para la Selección de Beneficiarios de las Viviendas de Interés Social.

Quinta.- De conformidad a lo dispuesto en la letra k) del artículo 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público, los/as servidores/as del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a nivel nacional, que acepten o reciban, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas condicionado a la generación de la información técnica.

10 – Miércoles 29 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 497

Si se detectaren actos o hechos de corrupción, se aplicará el régimen disciplinario interno y de ser el caso se dispondrá el inicio de las acciones legales o de control que correspondan, teniendo en consideración que los trámites en ésta Cartera de Estado, son gratuitos.

Sexta.- Los incentivos en proyectos de vivienda de interés social, podrán ser ejecutados directamente por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda o a través de la/s empresa/s pública/s ejecutoras.

Séptima.-El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, deberá registrar la información sobre los incentivos en el Sistema Integral de Información de Desarrollo Urbano y Vivienda – SIIDUVI.

Octava.- La contratación de los incentivos en proyectos de vivienda de interés social, se sujetarán a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación, y demás normativa legal conexa.

Novena.- Se prohíbe la enajenación de las viviendas en los casos de: Incentivos para casos de emergencia, desastres naturales, casos fortuitos o de fuerza mayor que permitan la construcción de viviendas recuperables e Incentivo para la construcción de viviendas de pueblos y nacionalidades del Ecuador en terrenos comunitarios así como en el Régimen Especial de Galápagos, durante diez (10) años a partir de la inscripción en el Registro de la Propiedad del justo título que acredite la propiedad del inmueble.

Décima- Por excepcionalidad, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda analizará los casos en las provincias afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, u otros eventos adversos similares posteriores a la precitada fecha, en los que exista demanda que aún no ha sido atendida, y procederá conforme a la normativa vigente.

Décima Primera.- Encárguese la aplicación del presente Reglamento, a la Subsecretaría de Vivienda, Oficinas Técnicas y de Prestación de Servicios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a nivel nacional, y a la/s empresa/s pública/s ejecutoras.

Décima Segunda.- La Subsecretaría de Vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, será la instancia técnica que coordine la difusión del presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 15 de mayo de 2019.

f.) Germán Xavier Torres Correa, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda.

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.- Certifico que este documento es fiel copia del original.-15 de mayo de 2019.- f) Ilegible, Documentación y Archivo.

ANEXOS

Anexo 1: Informe Técnico para ampliación y adecuaciones de vivienda.

Anexo 2: Informe Técnico para obra de agua y saneamiento ambiental.

Anexo 3: Informe Técnico de daños y afectación de la vivienda por emergencia.

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA- Certifico que este documento es fiel copia del original-15 de mayo de 2019.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

No. 017-19

Señor Germán Xavier Torres Correa

MINISTRO DE DESARROLLO

URBANO Y VIVIENDA

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución, conforme lo dispuesto en su artículo 226.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 227, señala: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.

Que, a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión, conforme lo dispuesto en el número 1 del artículo 154 de la normativa Constitucional ibídem.

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, COA, señala: «La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley».

Registro Oficial N° 497 Miércoles 29 de mayo de 2019 – 11

Que, el artículo 82 del Código Orgánico Administrativo, COA, dispone: «Las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior. La subrogación únicamente se aplicará en los casos previstos en la ley”.

Que, los servidores públicos pueden gozar de vacaciones, licencias y permisos de acuerdo con lo prescrito en la letra g) del artículo 23 de la Ley Orgánica de Servicio Público en concordancia con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público.

Que, el artículo 126 de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece que la autoridad competente podrá subrogar por escrito a un servidor o servidora el ejercicio de un puesto jerárquico superior, de conformidad al siguiente contenido textual: «Cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor debe subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente”.

Que, el número 2.2 del artículo 10 del Estatuto Orgánico General por Procesos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, emitido mediante Acuerdo Ministerial No. 051-15 de 27 de noviembre de 2015, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 515 de 26 de febrero de 2016, señala como atribución del Subsecretario de Vivienda, la siguiente: «r) Ejercer las demás atribuciones y deberes que determinen las leyes e instrumentos legalmente conferidos, así como, las demás atribuciones que el/la Ministro le delegue.”.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 370, de 17 de abril de 2018, se designa al señor Germán Xavier Torres Correa, Ministro de Desarrollo Urbano y vivienda.

Que, mediante Acción de Personal No. DATH-SUB-2019-0014 de 10 de mayo de 2019, se designa al ingeniero Adolfo Salcedo Gluckstadt, Viceministro Subrogante de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Que, mediante oficio S/N, el señor Fernando Quevedo en su calidad de representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador, invita al señor Xavier Torres, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la academia de Desarrollo Urbano de KRIHS-BID (KIUDA) en Corea, organizada conjuntamente entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Coreano de Investigación para Asentamientos Humanos (KRIHS), cuyo objetivo es lograr un intercambio de conocimientos entre Corea y los países de América Latina y el Caribe para discutir como promover mejores políticas en la región, mismo que se llevará a cabo en Seúl del 20 al 24 de mayo de 2019.

Que, el Señor Secretario General de la Presidencia, mediante Acuerdo Nro. 137 de 13 de mayo de 2019, autorizó al Señor Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Señor Xavier Torres Correa, para participar

en la academia de Desarrollo Urbano de KRIHS-BID (KIUDA) en Corea, cuya invitación se anuncia en el anterior considerando, organizada conjuntamente entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Coreano de Investigación para Asentamientos Humanos (KRIHS), cuyo objetivo es lograr un intercambio de conocimientos entre Corea y los países de América Latina y el Caribe para discutir como promover mejores políticas en la región, mismo que se llevará a cabo en Seúl del 20 al 24 de mayo de 2019; y,

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 154, número 1 de la Constitución de la República del Ecuador y, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, COA;

Acuerda:

Artículo 1.- Dispóngase al ingeniero Adolfo Salcedo Gluckstadt, Viceministro Subrogante de Desarrollo Urbano y Vivienda, subrogue al Señor Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, por el período comprendido desde el día jueves 16 de mayo de 2019 hasta el domingo 19 de mayo de 2019, inclusive, conforme lo dispuesto en la letra a) del número 2.1 del artículo 10 del Estatuto Orgánico Organizacional por Procesos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Orgánica de Servicio Público y 82 del Código Orgánico Administrativo, COA.

Artículo 2.- Disponer a la Coordinación General Administrativa Financiera, notifique el contenido del presente Acuerdo Ministerial, al Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Asesores Ministeriales y Viceministeriales, Coordinadores, Subsecretarios, Directores, Coordinadores Zonales, Directores de Oficina Técnica del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; y, Secretario General de la Presidencia de la República .

Artículo 3.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, encárguese a la Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa y Dirección de Administración de Talento Humano.

Artículo 4.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 de mayo de 2019.

Notifíquese y Cúmplase.

f.) Señor Germán Xavier Torres Correa, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda.

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.- Certifico que este documento es fiel copia del original.-15 de mayo de 2019.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

12 – Miércoles 29 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 497

No. 0043

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, en su artículo 154 dispone que, a las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que el artículo 82 del Código Orgánico Administrativo, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 31 de 07 de julio de 2017, vigente desde el 07 de julio de 2018, dispone: «Las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior (…)”;

Que el segundo inciso del artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de La Función Ejecutiva dispone: «Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las junciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delgado”;

Que la Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 294 de 6 de octubre de 2010, en su artículo 126 dispone que cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular;

Que el artículo 270 del Reglamento General a la invocada Ley Orgánica publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 de 1 de abril de 2011, dispone que la subrogación procederá de conformidad al anotado artículo 126, considerando que la o él servidor subrogante tendrá derecho a percibir la diferencia que exista entre la remuneración mensual unificada de su puesto y la del puesto subrogado, incluyendo estos los puestos que dependan administrativamente de la misma institución;

Que el señor Ministro de Economía y Finanzas se trasladará a París (Francia), por asuntos inherentes a sus funciones, por lo que corresponde que el magíster Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo, Viceministro de Finanzas, subrogue las

funciones de Ministro de Economía y Finanzas desde las 17h45 del domingo 19 de mayo de 2019, hasta las 16h00 del miércoles 22 de mayo; y.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 82 del Código Orgánico Administrativo, 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público y 270 del Reglamento General a la invocada Ley:

Acuerda:

Artículo único. – El magíster Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo, Viceministro de Finanzas, subrogará las funciones de Ministro de Economía y Finanzas desde las 17h45 del domingo 19 de mayo de 2019, hasta las 16h00 del miércoles 22 de mayo, inclusive.

Disposición única. – El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 17 de mayo de 2019.

f.) Econ. Richard Martínez Alvarado, Ministro de Economía y Finanzas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Certifico fiel copia del documento original que reposa en la Dirección de Certificación y Documentación.- fecha: 20 de mayo de 2019.- f.) Director de Certificación y Documentación, Ministerio de Economía y Finanzas.- 1 hoja

No. 0044

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, en su artículo 154 numeral 1 dispone que a las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado el 22 de octubre de 2010, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 306, en su

Registro Oficial N° 497 Miércoles 29 de mayo de 2019 – 13

artículo 75 dispone que, el o la Ministro (a) a cargo de las finanzas públicas, podrá delegar por escrito las facultades que estime conveniente hacerlo;

Que, el Comité de Deuda y Financiamiento, mediante Acta Resolutiva No. 009 de 17 de mayo de 2019, resolvió autorizar la contratación de deuda pública a través del Contrato de Préstamo a suscribirse entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República del Ecuador, representada por el Ministerio de Economía y Finanzas, por hasta USD 500.000.000,00; enmarcado bajo la categoría de Financiamiento Especial para el Desarrollo, de conformidad con la Constitución, las leyes, reglamentos y más normas pertinentes vigentes en el país;

y.

Que, a través de oficio No. MREMH-MREMH-2019-0300-OF, de 24 de abril de 2019, el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó al Ministro de Economía y Finanzas, que no existe impedimento alguno para que el doctor Francisco Carrión Mena, Embajador del Ecuador ante los Estados Unidos de América, sea delegado por esta Cartera de Estado para la firma del referido contrato de préstamo.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, y 75 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,

Acuerda:

Artículo único.- Delegar al señor doctor Francisco Carrión Mena, para que, en su calidad de Embajador de la República del Ecuador en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, a nombre y en representación del Gobierno de la República del Ecuador, suscriba con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Contrato de Préstamo, por el monto de hasta USD 500.000.000,00 (QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), para el financiamiento parcial del» Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y la Prosperidad»; enmarcado bajo la categoría de Financiamiento Especial para el Desarrollo (SDL por sus siglas en inglés).

Disposición única.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de sus suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de la Ciudad de San Francisco de Quito, a 20 de mayo de 2019.

f) Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo, Ministro de Economía y Finanzas, Subrogante.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Certifico fiel copia del documento original que reposa en la Dirección de Certificación y Documentación.- fecha: 20 de mayo de 2019.- f.) Director de Certificación y Documentación, Ministerio de Economía y Finanzas.- 1 hoja.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

No. ARCSA-DE-007-2019-JCGO

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA

NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL

Y VIGILANCIA SANITARIA-ARCSA, DR.

LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 361, prevé que: «El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector»;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 424, dispone que: «(…) La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica (…)”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 425, determina que el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: «(…) La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las re soluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos (…)»‘,

Que, la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 129, dispone que: «El cumplimiento de las normas de vigilancia y control sanitario es obligatorio para todas las instituciones, organismo y establecimientos públicos y privados que realicen actividades de producción, importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y expendio de productos de uso y consumo humano»;

Que, la Ley Orgánica de Salud en su Artículo 132, establece que: «Las actividades de vigilancia y control sanitario incluyen las de control de calidad, inocuidad y seguridad de los productos procesados de uso y consumo humano, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y sanitarios en los establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento, distribución, comercialización, importación y exportación de los productos señalados.”;

Que, la Ley Orgánica de Salud en su Artículo 137, establece que: «Están sujetos a la obtención de notificación sanitaria previamente a su comercialización, los alimentos procesados, aditivos alimentarios, cosméticos, productos higiénicos, productos nutracéuticos, productos homeopáticos plaguicidas para uso doméstico e industrial, y otros productos de uso y cosumo humano

14 – Miércoles 29 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 497

definidos por la Autoridad Sanitaria Nacional, fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su importación, comercialización y expendio (…)»;

Que, la Ley Orgánica de Salud en su Artículo 138, manda que «La autoridad sanitaria nacional a través de su organismo competente otorgará, suspenderá, cancelará o reinscribirá, la notificación sanitaria o el registro sanitario correspondiente, previo el cumplimiento de los trámites, requisitos y plazos señalados en esta Ley y sus reglamentos (…)”;

Que, la Ley Orgánica de Salud en su Artículo 139, establece que: «(…) Todo cambio de la condición en que el producto fue aprobado en la notificación o registro sanitario debe ser reportado obligatoriamente a la entidad competente de la autoridad sanitaria nacional. (…) Cuando se solicite una modificación de las notificaciones y registros sanitarios, la entidad competente no exigirá requisitos innecesarios. Únicamente se requerirán los directamente relacionados con el objeto de la modificación y aquellos indispensables y proporcionales para salvaguardar la salud pública.”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1290, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 788 de 13 de septiembre de 2012, y sus reformas, se escinde el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical «Dr. Leopoldo Izquieta Pérez» y se crea el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigaciones INSPI y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria; estableciendo la competencia, atribuciones y responsabilidades de la ARCSA;

Que, por medio de la Acción de Personal No. 401 del 02 de agosto del 2017, la Señora Ministra de Salud Pública, en uso de sus facultades que le confiere la Ley, expide el nombramiento al Ing. Juan Carlos Galarza Oleas como Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, responsabilidad que ejercerá con todos los deberes, derechos y obligaciones que el puesto exige;

Que, mediante Informe Técnico Nro. ARCSA-DTRSNSOYA-2019-009-M, contenido en el Memorando ARCSA-ARCSA-CGTC-DTRSNSOYA-2019-0188-M, de fecha 22 de abril de 2019, la Dirección Técnica de Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria y Autorización justifica el requerimiento de elaboración de una normativa que establezca acciones para la simplificación del análisis de solicitudes de modificación que no presenten un alto impacto en la calidad y seguridad del producto;

Que, mediante Informe Técnico Nro. ARCSA-DTEEMCNP-2019-006-XEQM, de fecha 23 de abril de 2019, la Dirección Técnica de Elaboración, Evaluación y Mejora Continua de Normativa, Protocolos y Procedimientos justifica el requerimiento de una normativa que establezca las directrices para actualizar la información contenida en el formulario que no tiene impacto en la calidad y seguridad del producto en cuestión;

Que, mediante Informe Jurídico Nro. ARCSA-DAJ-003-2019-MATL, contenido en el Memorando Nro. ARCSA-ARCSA-DAJ-2019-0004-MI, de fecha 23 de abril del 2019, la Dirección de Asesoría Jurídica determina que la Agencia tiene legalmente la capacidad para expedir la resolución «Directrices para realizar actualizaciones a la notificación sanitaria obligatoria de productos cosméticos, productos de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal», cuyas disposiciones deben efectuarse en concordancia con las demás normativas vigentes del ordenamiento jurídico nacional;

De conformidad a las atribuciones contempladas en el Decreto Ejecutivo No. 1290, publicado en el Registro Oficial Suplemento 788 de 13 de septiembre de 2012 y sus reformas, la Dirección Ejecutiva de la ARCSA;

Resuelve:

EXPEDIR LAS DIRECTRICES PARA REALIZAR

ACTUALIZACIONES A LA NOTIFICACIÓN

SANITARIA OBLIGATORIA

CAPÍTULO I

DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1.- Objeto.- La presente resolución tiene por objeto establecer el procedimiento para actualizar la información contenida en el formulario, que no tiene impacto en la calidad y seguridad del producto en cuestión.

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- El ámbito regulatorio de la presente resolución es de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que realicen actualizaciones a la información contenida en el formulario.

CAPÍTULO II

DE LAS ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

Art. 3.- Para efectos de la presente resolución, se entenderá por:

Actualización a la Notificación Sanitaria Obligatoria.– Son las comunicaciones que realiza el titular de la NSO a la ARCSA para actualizar la información contenida en el formulario que no tiene impacto en la calidad y seguridad del producto en cuestión; sin que la misma constituya una modificación.

La Agencia o la ARCSA.- Se refiere a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, Dr. Leopoldo Izquieta Pérez.

Producto cosmético.- Es toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales.

Registro Oficial N° 497 Miércoles 29 de mayo de 2019 – 15

Productos absorbentes de higiene personal. – Aquellos productos destinados a absorber o retener las secreciones, excreciones y flujos íntimos en la higiene personal.

Producto de higiene doméstica. – Es aquella formulación cuya función principal es remover la suciedad, desinfectar, aromatizar el ambiente y propender el cuidado de utensilios, objetos, ropas o áreas que posteriormente estarán en contacto con el ser humano independiente de su presentación comercial. Esta definición no incluye aquellos productos cuya formulación tiene por función principal el remover la suciedad, desinfectar y propender el cuidado de la maquinaria e instalaciones industriales y comerciales, centros educativos, hospitalarios, salud pública y otros de uso en procesos industriales.

Término. – Se entenderá por término a los días hábiles o laborables.

CAPÍTULO III

DE LAS ACTUALIZACIONES A LA

NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA DE

PRODUCTOS COSMÉTICOS, PRODUCTOS DE

HIGIENE DOMÉSTICA Y ABSORBENTES DE

HIGIENE PERSONAL

Art. 4.- El titular de la NSO podrá realizar las siguientes actualizaciones a la información contenida en el formulario del producto, mediante una notificación de actualización a la ARCSA, a través de la Ventanilla Única Ecuatoriana:

TIPO DE ACTUALIZACIÓN

Cambio de subpartida arancelaria.

Correcciones tipográficas de la notificación sanitaria obligatoria por parte del usuario.

Cambio de responsable técnico.

Cambio de representante legal.

Cambio de la dirección del titular de la notificación sanitaria obligatoria (siempre y cuando sea el mismo).

Actualización de interpretación de código de lote o sistema de codificación de lote.

Actualización del código de NSO acorde a resolución 1333.

2. En el formulario de solicitud, se debe detallar el tipo de actualización que requiera efectuar, conforme lo establecido en el artículo precedente;
3. El usuario escaneará e ingresará en la VUE todos los documentos que respalden la actualización a realizar en el formulario;
4. Una vez que el usuario ingrese el formulario de solicitud y los documentos adjuntos, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA, o quien ejerza sus competencias, revisará que esté acompañada de los requisitos exigidos en las Decisiones Andinas vigentes y sus reformas;
5. En caso de que la documentación de la solicitud de actualización no esté acompañada de los requisitos exigidos en las Decisiones Andinas vigentes y sus reformas, la ARCSA informará al interesado los requisitos faltantes mismos que deberán ser adjuntados por el solicitante en el término de cinco (5) días, tomando en cuenta que solo se podrá realizar dos rectificaciones a la solicitud inicial, caso contrario se dará por cancelado dicho proceso de forma definitiva y tendrá que iniciar nuevamente el proceso.

DISPOSICIÓN FINAL

Encárguese de la ejecución y verificación de cumplimiento de la presente resolución a la Coordinación General Técnica de Certificaciones a través de las Direcciones correspondientes de la ARCSA, dentro del ámbito de sus competencias.

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Guayaquil, el 23 de abril de 2019.

f.) Ing. Juan Carlos Galarza Oleas, Msc, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, Dr. Leopoldo Izquieta Pérez.

Art. 5.- Para actualizar la información contenida en el formulario que no tiene impacto en la calidad y seguridad del producto cosmético, producto de higiene doméstica y producto absorbente de higiene personal se debe seguir el siguiente procedimiento:

1. El usuario ingresará a través de la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE), utilizando el formulario de solicitud de información de cambios de notificación sanitaria obligatoria, correspondiente tanto para productos de origen nacional como los de fabricación extranjera;

No. SUPERCOM-2019-005

Econ. Juan Bernard Gambarrotti Rodríguez SUPERINTENDENTE – LIQUIDADOR

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Considerando:

Que, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: «Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención

16 – Miércoles 29 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 497

y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. (. ..)”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «

Que, el artículo 227 de la Norma Suprema, señala que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.”;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo consagra el principio de desconcentración el mismo que consiste en que: «La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas”;

Que, el artículo 9 del Código Orgánico Administrativo, establece el principio de coordinación que consiste en: «Las administraciones públicas desarrollan sus competencias de forma racional y ordenada, evitan las duplicidades y las omisiones. «

Que, el artículo 11 del Código Orgánico Administrativo desarrolla el principio de planificación, según el cual: «Las actuaciones administrativas se llevan a cabo sobre la base de la definición de objetivos, ordenación de recursos, determinación de métodos y mecanismos de organización.”;

Que, el artículo 69 número 1 del Código Orgánico Administrativo, respecto a la delegación de competencias, establece que: «Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. (…) La delegación de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia”;

Que, mediante Registro Oficial Suplemento No. 22 de 25 de junio de 2013, se publicó la Ley Orgánica de Comunicación, en cuyo artículo 55 se creó la Superintendencia de la Información y Comunicación como el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y Comunicación;

Que, mediante Registro Oficial Suplemento No. 432, de 20 de febrero de 2019, se publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, en cuyo artículo 42 derogó el artículo 55 de la Ley Orgánica de Comunicación, suprimiéndose de esta manera la Superintendencia de la Información y Comunicación;

Que, el segundo inciso de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, prescribe que: «SEGUNDA-(…) Durante el plazo previsto en el inciso anterior para la liquidación de la Superintendencia de la Información y Comunicación, la máxima autoridad ejercerá las funciones para la efectiva liquidación y se encargará de adoptar las acciones y medidas administrativas que fueran necesarias para concluir con el proceso de cierre de cuentas, activos y pasivos, con sus correspondientes inventarios. (…)”;

Que, el artículo 6 numeral 9^a de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sobre la delegación señala: «Es la traslación de determinadas facultades atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado. Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública.”;

Que, el artículo 61 de la LOSNCP dispone que: «(…) Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarías o empleados de otras del Estado, deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario publicarla en el Registro Oficial (…)”;

Que, el artículo 4 del Reglamento General de la LOSNCP establece que: «(…) En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como este Reglamento General, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance de la delegación (…)

Que, el artículo 16, numeral 1, sub numeral 1.1., letra (e) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Superintendencia de la Información y Comunicación,

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determina las atribuciones y responsabilidades de la máxima autoridad, entre ellas: «(e) Expedir las políticas, Reglamentos Institucionales, Resoluciones, Instructivos, Disposiciones y Normativa interna general necesaria para el cumplimiento de la misión institucional»;

Que, mediante Resolución No. SUPERCOM-2018-009, de 06 de septiembre de 2018, el entonces Superintendente de la Información y Comunicación Encargado, resolvió delegar atribuciones y responsabilidades a los Intendentes y Directores de la Superintendencia de la Información y Comunicación.

Que, con memorando No. SUPERCOM-PC-DSIC-0085-2018, de 24 de agosto de 2018, el doctor Edison Rene Toro Calderón, Superintendente de la Información y Comunicación Encargado en ese entonces, dispuso lo siguiente: «(…) en estricto apego a las políticas de austeridad decretadas por el Presidente de la República, por la presente emito las siguientes disposiciones: 1. A partir de la presente fecha, se suspende todo nuevo proceso de contratación por Régimen Especial y de ínfima Cuantía; estos últimos podrán ser aprobados únicamente por el Superintendente de la Información y Comunicación (E), previa justificación técnica y jurídica por parte del Intendente o Intendenta Zonal. 2. Los Planes Anuales de Contratación para el año 2019 de las Intendencias Zonales, serán puestos en conocimiento del Superintendente de la Información y Comunicación (E); (…)»;

Que, mediante memorando No. SUPERCOM-PC-DSIC-0087-2018, de 27 de agosto de 2018, el doctor Edison Rene Toro Calderón, Superintendente de la Información y Comunicación Encargado en ese entonces, delegó al economista Juan Bernard Gambarrotti Rodríguez, Intendente General de Gestión para que asuma las funciones y responsabilidades de la Dirección de Planificación, Control de Gestión y Procesos.

Que, mediante Resolución No. SUPERCOM-2019-003, de 21 de febrero del 2019, el señor Superintendente de la Información y Comunicación (E), dispuso lo siguiente: «Artículo 1.- APROBAR el Plan de Liquidación para el proceso de cierre de la Superintendencia de la Información y Comunicación, adjunto al presente, para dar cumplimiento a lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda, Tercera y Cuarta de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación, y las acciones y medidas administrativas necesarias para ejecutar el proceso de cierre de cuentas, activos y pasivos con sus respectivos inventarios; para lo cual, se encarga su ejecución a la Intendencia General de Gestión. (…)”;

Que, mediante Resolución No. PLE-CPCCS-T-E-415-08-05-2019, de 08 de mayo de 2019, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio resolvió designar al economista Juan Bernard Gambarrotti Rodríguez, como Liquidador de la Superintendencia de la Información y Comunicación;

Que, es indispensable garantizar la agilidad de los procedimientos técnico administrativos internos, a fin de que los mismos sean oportunos para un eficiente proceso de liquidación y cierre de la Superintendencia de la Información y Comunicación dentro del plazo establecido en la ley.

En ejercicio de las facultades y atribuciones previstas en la ley,

Resuelve:

Artículo 1.- Ratificar en todas sus partes el contenido y alcance de la Resolución No. SUPERCOM-2018-009, de 06 de septiembre de 2018.

Artículo 2.- Dejar sin efecto el memorando No. SUPERCOM-PC-DSIC-0087-2018, de 27 de agosto de 2018.

Artículo 3.- Delegar al Intendente General de Gestión, las facultades y atribuciones de la Dirección de Planificación, Control de Gestión y Procesos.

Artículo 4.- Dejar sin efecto el memorando No. SUPERCOM-PC-DSIC-0085-2018, de 24 de agosto de 2018, dictado por el Superintendente de la Información y Comunicación Encargado, que estableció directrices respecto a los procesos de contratación por Régimen Especial y de ínfima Cuantía, así como a los Planes Anuales de Contratación para el año 2019 de las Intendencias Zonales.

Artículo 5.- Las Intendencias Zonales de la Superintendencia de la Información y Comunicación, deberán reportar e informar a la máxima autoridad el detalle con el respectivo soporte documental de todos los procesos de contratación por Régimen Especial e ínfima Cuantía que fueren celebrados con personas naturales o jurídicas de derecho privado o público.

Artículo 6.- Las Intendencias Zonales efectuarán las contrataciones estrictamente necesarias para cumplir con el plan de liquidación y cierre institucional, observando para el efecto el marco constitucional y legal, garantizando la calidad del gasto público y su ejecución.

DISPOSICIÓN FINAL

Artículo Único.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los 08 de mayo de 2019.

Ejecútese y cúmplase.

f.) Econ. Juan Bernard Gambarrotti Rodríguez, Superintendente – Liquidador, Superintendencia de la Información y Comuicación.

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Certifico: Que el economista Juan Bernard Gambarrotti Rodríguez, Superintendente – Liquidador de la Superintendencia de la Información y Comunicación, suscribió la Resolución No. SUPERCOM-2019-005.

Quito, Distrito Metropolitano, a los 08 de mayo de 2019.

f.) Abg. Diego Bedoya, Secretario General (E).

No. 01-2019

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN

GRAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)

Considerando:

Que, el artículo 238 y 240 de la Constitución de la República, reconoce a los gobiernos autónomos descentralizados la autonomía política, administrativa y financiera, asumiendo facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, el numeral 6 del artículo 264 de la Constitución de la República y el artículo 55 letra f) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, a los gobiernos autónomos descentralizados municipales les asigna competencias exclusivas para planificar regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal;

Que, el artículo 30.5 letra j) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece como competencia de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de autorizar, concesionar o implementar los centros de revisión y control técnico vehicular, a fin de controlar el estado mecánico, los elementos de seguridad, la emisión de gases y el ruido con origen en medios de transporte terrestre;

Que, el Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución No. 006-CNC-2012 de fecha 26 de abril de 2012, transfirió la competencia para planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados municipales del país, progresivamente, en los términos de dicha Resolución; y de acuerdo al artículo 4 de este cuerpo normativo se estableció que el cantón GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) pertenece al modelo de Gestión A, teniendo a su cargo la planificación, regulación y control del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial;

Que, de acuerdo con el artículo 14 de la Resolución No. 006-CNC-2012, son facultades y atribuciones comunes a todos los modelos de gestión las de rectoría local,

planificación local, regulación local, control local y de gestión para mejorar la movilidad en sus respectivas circunscripciones territoriales;

Que, de acuerdo al artículo 20 numerales 2 y 3 de la Resolución No. 006-CNC-2012, son facultades y atribuciones específicas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales que se encuentran comprendidos dentro del modelo de Gestión A, las de autorizar, concesionar o implementar los centros de revisión y control técnico vehicular a fin de controlar el estado mecánico, los elementos de seguridad, la emisión de gases y el ruido con origen en medios de transporte terrestre; así como la de controlar el funcionamiento de estos centros;

Que, el artículo 8 inciso tercero de la Resolución No. 70-DIR-2015-ANT de 11 de diciembre de 2015, emitida por el Directorio de la Agencia Nacional de Transito determina que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales que asumen las competencias otorgadas por el Consejo Nacional de Competencias en materia de tránsito, podrán autorizar, concesionar o implementar los Centros de Revisión Técnica Vehicular; y, en su artículo 9 determina que los centros de Revisión Técnica Vehicular podrán ser delegados, concesionados, contratados o autorizados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en base a la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y su Reglamento, la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la Ley de Finanzas Públicas y demás leyes que sean pertinentes;

Que, la Disposición Transitoria Segunda de la Resolución anteriormente señalada, establece los plazos dentro de los cuáles los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deben poner en funcionamiento los centros de Revisión Técnica Vehicular en función de la fecha en la cual fueron acreditados;

Que, mediante Resolución No. 506-DE-ANT-2015 de fecha 14 de Septiembre de 2015, la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial emitió RESOLUCIÓN PARA CERTIFICAR LA EJECUCIÓN DE LA COMPETENCIA DE MATRICULACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GERAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY).

Que, el artículo 264 numeral 5 de la Constitución de la República en concordancia con artículos 55 letra e) y 186 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determinas que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tienen competencia para crear, modificar, exonerar o suprimir tasas y tarifas por el establecimiento o ampliación de los servicios públicos de su responsabilidad;

Registro Oficial N° 497 Miércoles 29 de mayo de 2019 – 19

Que, el artículo 283, inciso segundo del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, faculta a los gobiernos autónomos descentralizados de manera excepcional, delegar la prestación de servicios públicos de su competencia a la iniciativa privada, mediante acto normativo del órgano competente, cuando el gobierno autónomo descentralizado respectivo no cuente con capacidad técnica y económica de gestionar directamente un servicio público, y que dicha falta de capacidad deberá ser debidamente justificada por la autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado ante el órgano legislativo correspondiente; además, determina que la selección deberá realizarse mediante concurso público;

Que, el artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, Comercio de Inversiones dispone que la modalidad de delegación procesos podrá ser la concesión, asociación, alianza estratégica u otras formas contractuales de acuerdo a la Ley, observando para la selección del delegatario, determina que los procesos de desmonopolización, privatización y delegación se llevarán a cabo mediante varias modalidades, entre ellas, la de concesión de servicio público u obra pública;

Que, el artículo 43 de la Ley de Modernización del Estado, Prestación de Servicios Públicos y Delegación a la Iniciativa Privada, determina que los procesos de desmonopolización, privatización y delegación se llevarán a cabo mediante varias modalidades, entre ellas, la de concesión de servicio público u obra pública;

Que, de conformidad con el artículo 57 segundo inciso de la Ley indicada anteriormente, para efectos de los procesos de modernización del Estado, no serán aplicables las disposiciones de la Ley de Contratación Pública (ahora Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública), por lo que se vuelve necesario aplicar los procedimientos previstos en el Reglamento General a la Ley de Modernización del Estado, correspondiendo al Concejo Municipal de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), como órgano legislativo local, aprobar el modelo de gestión para la delegación de los servicios que en esta Ordenanza se regulan;

Que, La Agencia Nacional de Tránsito a la fecha ha emitido la siguiente normativa respecto a la Revisión Técnica Vehicular y que es de obligado cumplimiento para los GADM, Mancomunidades y Consorcios de Tránsito, Resoluciones R.070-2015-DIR-ANT, R.082-2015-DIR-ANT, R. 022-2016-DE-ANT, R. 066-2016-DIR-ANT, R. 095-2016-DIR-ANT, R. 097-2016-DIR-ANT y LA R-063-2017-DIR-ANT, así como los diferentes tarifarios.

Que, mediante Ordenanza No. 03-2015 de fecha 04 de febrero de 2015, el Concejo Municipal de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) creó La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GADM de GRAL. ANTONIO ELIZALDE

(BUCAY), que tiene a su cargo la ejecución la competencia conferida al GAD en materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial.

En ejercicio de la facultad normativa prevista en los artículos 240 de la Constitución y 57 letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

Expide:

LA ORDENANZA QUE REGULA LA PRESTACIÓN

DEL SERVICIO PÚBLICO DE REVISIÓN

TÉCNICA VEHICULAR EN EL CANTÓN GRAL.

ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) Y QUE AUTORIZA

SU CONCESIÓN A LA INICIATIVA PRIVADA

TÍTULO PRIMERO PRINCIPIOS GENERALES

Art. 1.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular la prestación del servicio público de Revisión Técnica Vehicular en el cantón GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) y su modelo de gestión.

El servicio regulado por esta Ordenanza, goza de las presunciones de constitucionalidad, legitimidad y ejecutoriedad.

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza es la circunscripción territorial del cantón GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), por tanto rige para todas las personas naturales o jurídicas que sean propietarias o tenedoras de unidades de transporte terrestre, públicas o privadas, y que deseen que sean matriculadas en la ciudad de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY).

Art. 3.- Conceptos básicos.- Para efectos de la presente Ordenanza, se establecen los siguientes conceptos:

a) Centros de Revisión Técnica Vehicular (CRTV): Son unidades técnicas diseñadas, construidas, equipadas y autorizadas para realizar el proceso de Revisión Técnica Vehicular obligatoria y emitir los documentos correspondientes en la materia; los cuales operan en base a la autorización concedida por la máxima autoridad del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) por intermedio de La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Segundad Vial del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) y demás Organismos competentes.

A efectos de la presente Ordenanza, se denominará a los Centros de Revisión Técnica Vehicular por sus siglas CRTV.

b) Delegación: Es el modelo de gestión por el cual se delega o concesiona a la iniciativa privada la

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prestación de un servicio público, teniendo el concesionario la obligación de prestar el servicio a su cuenta y riesgo; percibiendo por su labor la retribución correspondiente, que puede consistir en el precio pagado por los usuarios o las subvenciones otorgadas por el Estado, o ambas cosas a la vez.

3. Defecto Vehicular: Es un desperfecto, daño, inoperatividad, o ausencia de piezas o funcionalidades del vehículo, que constituye incumplimiento de las normas técnicas de Revisión Técnica Vehicular y que se sanciona de conformidad con la presente Ordenanza y con las normas aplicables expedidas por las autoridades competentes en materia de tránsito.
4. Normas Técnicas de Revisión Técnica Vehicular: Son las normas de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, del Instituto Ecuatoriano de Normalización y las normas de gestión de calidad ISO pertinentes. La norma ISO será exigible siempre que la Ordenanza y los Pliegos de Licitación así lo establezcan.
5. Pliego Tarifario: Es el listado detallado del servicio que prestará La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), con la respectiva tarifa que fija inicialmente el Concejo Municipal de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY).
6. Revisión Anticipada: Constituye la presentación del vehículo sujeto a la Revisión Técnica Vehicular, en fecha anterior a la fecha asignada por el cronograma de matriculación. La presente Ordenanza establece incentivos para fomentar la revisión anticipada.
7. Revisión Técnica Vehicular (RTV): Mecanismo de verificación mediante un conjunto de procedimientos técnicos normalizados, con la finalidad de determinar que los vehículos motorizados terrestres que transitan dentro del cantón GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), cumplan las normativas técnicas y mecánicas, así como condiciones mínimas de seguridad, calidad y protección ambiental. Este procedimiento comprende los procedimientos de revisión mecánica y de seguridad; control de emisión de gases contaminantes y ruido dentro de los límites máximos permisibles; y, revisión de especificaciones requeridas para el servicio público, comercial, cuenta propia y particular. Para efectos de la presente Ordenanza, se denominará a este proceso por sus siglas RTV.

Art. 4.- Organismo Responsable.- La gestión y control del servicio que por esta Ordenanza se regula, estará a cargo de La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), la cual será responsable de cumplir y hacer cumplir las normas previstas en esta Ordenanza y de ejecutar todas las atribuciones inherentes a dicho control, por intermedio de un operador contratado por los mecanismos que establece la Ley.

TÍTULO SEGUNDO

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y

MATRICULACIÓN

Capítulo I

Conceptos básicos

Art. 5.- Carácter Obligatorio de la RTV.- La Revisión Técnica Vehicular en el Centro de Revisión Técnica Vehicular de la ciudad de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), será de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas que sean propietarias o tenedoras de unidades de transporte terrestre (vehículos motorizados, remolques y/o semirremolques), públicas o privadas, y que sean matriculadas en la ciudad de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY).

Además, se requiere que se realice una revisión técnica vehicular cuando la autoridad judicial o de control de tránsito disponga su práctica, particularmente en los casos donde los vehículos han sufrido siniestros de tránsito, modificaciones en su estructura, apariencia o idoneidad, y también cuando han tenido adaptaciones como bolas de tiro para remolques o similares. De igual forma los vehículos que van remolcar sean remolques o semi-remolques para lo cual la autoridad de tránsito nacional o local realizará el correspondiente guía para la RTV de las reformas, adaptaciones y vehículos no motorizados de remolque.

No podrán circular dentro del cantón GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), los vehículos motorizados terrestres que no hayan sido sometidos a la Revisión Técnica Vehicular dentro de los períodos y bajo las condiciones establecidas en la presente Ordenanza o en las normas que se emitan para el efecto, y que no cuenten con los certificados y autoadhesivos que den constancia de su cumplimiento, emitidos por Unidad Operativa Responsable de Tránsito del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), u otro organismo legalmente autorizado para llevar a cabo el proceso de Revisión Técnica Vehicular fuera del cantón GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY).

Los vehículos matriculados en otras ciudades que circulen con frecuencia dentro de la ciudad de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), estarán obligados a someterse a una Revisión Técnica Vehicular si incumpliere en al menos 2 ocasiones dentro de un mismo año la normativa local o las leyes de tránsito relacionadas con la seguridad, emisión de gases, ruidos o demás aspectos que se definan en los Instructivos de Unidad Operativa Responsable de Tránsito del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY).

De ser comprobada la infracción a las normas antes citadas en un operativo en vía pública, al vehículo infractor le será retirado el adhesivo de aprobado, si lo tuviere, y si por la calendarización no le correspondiente todavía la RTV, será obligado a someterse a la RTV dentro del plazo de 30 días. Este particular será comunicado a todos los CRTV del país.

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Art. 6.- Normas Técnicas Aplicables al proceso de Revisión Técnica Vehicular.- El proceso de Revisión Técnica Vehicular se efectuará sujetándose a las normas de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento General de Aplicación; las Ordenanzas sobre la materia; las normas técnicas que expida la Agencia Nacional de Control y Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; los reglamentos, guías e instructivos técnicos que expida La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), que serán desarrollados, entre otras normas técnicas, en base a las normas contempladas en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULAS; y las normas que sobre la materia expida el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN y que La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), considere de aplicación necesaria.

Capítulo II

Elementos de la Revisión Técnica Vehicular

Art. 7.- Elementos de la Revisión Técnica Vehicular- El proceso de Revisión Técnica Vehicular comprenderá:

1. Verificación de la documentación que identifique al vehículo y su propiedad o tenencia;
2. Revisión mecánica y de seguridad;
3. Control de emisiones de gases contaminantes o de opacidad y ruido dentro de los límites máximos permisibles;
4. Revisión de idoneidad, en los casos específicos que se determinen; y,
5. Otros que se determinen por Unidad Operativa Responsable de Tránsito del GAD de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY).

Art. 8.- Legalidad, propiedad o tenencia del vehículo.–

Todo proceso de Revisión Técnica Vehicular iniciará con la verificación de la documentación del vehículo que avalen su legalidad, propiedad o tenencia, así como otros documentos que fueren necesarios presentarse. En caso de comprobarse que el vehículo reporta alguna irregularidad, como problemas aduaneros o judiciales que afecten el derecho a la revisión, o que se encuentra reportado como robado, el mismo será retenido y puesto a órdenes de las autoridades competentes.

Art. 9.- Revisión Mecánica y de Seguridad.- La revisión mecánica y de seguridad de los vehículos tiene por objeto verificar el correcto funcionamiento de sus mecanismos y sistemas, de tal forma que se garantice la vida, la seguridad y la integridad de sus ocupantes y de las demás personas.

La revisión mecánica se realiza sobre: el motor, sistema de dirección, sistema de frenos, sistema de suspensión, sistema de transmisión, sistema eléctrico, hidráulico, carrocería, neumáticos, chasis, sistema de escape,

velocímetro, taxímetro, elementos de seguridad y de emergencia, de los vehículos que transitan dentro del cantón GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY).

Art. 10.- Control de contaminación.- El control de las emisiones de gases contaminantes o de opacidad y ruido de los vehículos tiene por objeto verificar que éstos no sobrepasen los límites máximos permisibles establecidos dentro del cantón GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY).

Art. 11.- Normas aplicables al control de la contaminación.- El control de la contaminación se realizará en consideración a las siguientes normas técnicas s, las cuáles e declaran expresamente incorporadas a esta Ordenanza:

a. El Reglamento General de Aplicación de la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en específico las disposiciones contenidas en el Libro III, Título VI, Capítulo I «De la contaminación acústica», Capítulo II, «De la contaminación por emisión de gases de combustión»;

b. Las normas sobre la materia que constan en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria;

c. Las normas que sobre la materia expida el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN);

d. Los reglamentos e instructivos técnicos que expida La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) y otras que la Unidad considere de aplicación necesaria.

Art. 12.- Control de emisión de gases o de opacidad-

El control de la emisión de gases contaminantes o de opacidad se realizará considerando las siguientes normas técnicas, las cuáles se declaran expresamente incorporadas a esta Ordenanza:

a. La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 202:99 «Gestión Ambiental. Aire. Vehículos Automotores. Determinación de la Opacidad de Emisiones de Escape de Motores de Diesel Mediante la Prueba Estática. Método de Aceleración Libre», publicada en el Suplemento al Registro Oficial número 115 de 7 de julio del 2000 y sus correspondientes actualizaciones;

b. La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 203:99 «Gestión Ambiental, Aire, Vehículos Automotores. Determinación de la Concentración de Emisiones de Escape en Condiciones de Marcha Mínima o «Ralentí», Prueba Estática», publicada en el Suplemento al Registro Oficial número 115 de 7 de julio del 2000 y sus correspondientes actualizaciones;

c. La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 349:2003 «Revisión Técnica Vehicular. Procedimientos.»,

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publicada en el Registro Oficial No. 745 del 15 de enero del 2003 y sus correspondientes actualizaciones.

Art. 13.- Medición de la calidad del aire.- La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), establecerá la coordinación necesaria para implementar una red de monitoreo de la calidad del aire que permita determinar los niveles de sustancias tóxicas en el aire, directamente vinculadas a las emisiones de los vehículos automotores.

Art. 14.- Control del ruido.- El control del ruido se realizará considerando las normas que sobre la materia constan en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, así como las contenidas en el Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las cuáles se declaran expresamente incorporadas a esta Ordenanza:

Art. 15.- Idoneidad de los vehículos que prestan servicio público o comercial.- Para efectos de esta Ordenanza, se entenderá por idoneidad, el cumplimiento de requisitos mínimos con los que deben contar los vehículos que prestan servicio público o comercial dentro del cantón GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), a fin de identificar y clasificar los vehículos de transporte público o comercial, según el ámbito de servicio; y, prevenir fallas técnicas o mecánicas en resguardo de la seguridad de los usuarios, la población en general y el medio ambiente.

La revisión de idoneidad la realizará personal del GADM y se circunscribirá al examen de una serie de elementos y características propias del servicio o la actividad que desempeñen.

La revisión de estos vehículos se realizará de acuerdo a las disposiciones de la ANT y por su uso intensivo. Se entenderá por uso intensivo el vehículo que circule más de 30.000 kilómetros al año.

Serán aplicables en este aspecto, las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; los reglamentos e instructivos dictados por Unidad Operativa Responsable de Tránsito del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), y a lo determinado en las normas técnicas INEN referentes a la materia.

Capítulo III

Resultados de la Revisión Técnica Vehicular

Art. 16.- Oportunidades para aprobación de la Revisión Técnica Vehicular.- Todo vehículo tendrá hasta cuatro oportunidades para aprobar la Revisión Técnica Vehicular.

Las revisiones serán ordinariamente totales, y excepcionalmente parciales. Se podrá realizar una

revisión parcial de un vehículo, solamente cuando este se haya presentado a una revisión total en los treinta días anteriores y haya aprobado en el resto de parámetros.

Todas las revisiones sean estas totales o parciales, contarán a efecto de establecer el cumplimiento máximo de cuatro oportunidades dentro del mismo período de Revisión Técnica Vehicular.

Todas las revisiones, sean estas totales o parciales, tempranas, tardías o a tiempo, tendrán el mismo costo para el usuario, excepto la segunda revisión que se haga dentro de los treinta días de realizada la primera revisión, la cual será gratuita.

Art. 17.- Resultados.- Una vez finalizado el proceso de RTV, la aplicación de línea pasará los datos de la revisión que incluye: datos del vehículo, de la línea de inspección, código del defecto, valor medida, calificación, posición del defecto encontrado, a una aplicación informática de La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), con los adecuados niveles de seguridad que impida cualquier tipo de manipulación de la información incorporada, la que calificará las medidas comparándolas con una tabla de umbrales o rangos para defectos no visuales y con un sistema de valoración de defectos visuales. Una vez calificadas las medidas y generados los defectos, se procederá a discriminar el estado de la revisión e imprimir los documentos pertinentes.

El resultado de una revisión puede ser:

1. Aprobada: Con un conjunto de defectos con calificación menor al límite de no aprobación.
2. Condicional: Con un conjunto de defectos con calificación mayor al límite de no aprobación. El vehículo debe regresar a cualquiera de los Centros de Revisión y Control Vehicular, dentro de un tiempo perentorio determinado en las regulaciones vigentes, habiendo reparado al menos aquellos defectos que lo hicieron reprobar.
3. Rechazada: Cuando se han calificado 4 (cuatro) revisiones sucesivas como condicional, y se presupone que el vehículo no puede ser reparado presentando gran riesgo para la seguridad pública, por lo que el mismo debe ser retirado de circulación.

Estos criterios también se aplican al conjunto de valores y defectos pertenecientes a la categoría que regula los aspectos normados para vehículos de transporte público, tales como colores, tipografías, identificaciones, tacógrafos, carteleras, entre otros. Si la constatación física es superada se le extenderán los documentos habilitantes al vehículo, de otra forma el vehículo debe ser reparado o subsanado y regresar para ser objeto de una nueva constatación.

Art. 18.-Aprobación de la Revisión Técnica Vehicular. –

En caso de que el vehículo aprobare la RTV, La Unidad

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Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), entregará el adhesivo de aprobado, el mismo que contará con todas las seguridades para su destrucción en caso de que se intente retirarlo, y que cuente con dispositivos de identificación del vehículo. El vehículo deberá salir del CRTV con n el adhesivo colocado en el parabrisas o en un lugar visible en caso de motocicletas o similares, no pudiendo el propietario del vehículo exigir que el adhesivo no le sea colocado.

El adhesivo contará con un número secuencial único e incluirá tecnología que permita reconocer la identidad del vehículo mediante una metodología de detección moderna y automática.

Art. 19.- Aprobación Condicional de Revisión Técnica Vehicular.- En caso de que un vehículo no aprobare la revisión mecánica y de seguridad, en el control de la emisión de gases contaminantes o de opacidad o ruido dentro de los límites máximos permisibles, o en su idoneidad cuando ésta fuere del caso, y sea necesario que se someta a una nueva revisión, el Centro de Revisión Técnica Vehicular, deberá emitir un documento con las razones de la negativa de aprobación.

Art. 20.- Segunda Revisión.- Los vehículos que no fueren aprobados en los procedimientos de verificación de su estado mecánico y de seguridad, del nivel de emisiones de gases contaminantes o de opacidad y ruido dentro de los límites máximos permisibles, deberán ser sometidos a la reparación de los daños o deficiencias detectados, y solo luego de ello podrán ser revisados por segunda ocasión en la parte o partes que hubiere sido objeto de rechazo, a no ser que se verifique la necesidad de revisión de otras partes.

Si esta segunda revisión se la realiza dentro del plazo de treinta días posteriores a la primera revisión, no tendrá costo alguno. Si la segunda revisión se realiza vencido el plazo antes señalado, se pagará el 100% del valor de la Revisión Técnica Vehicular y ésta será integral. Además, y después de transcurridos los 30 días antes mencionados, se aplicará un recargo de US$10 acumulables por cada 7 días de retraso hasta un máximo de US $200.

El recargo será multiplicado por dos en caso de vehículos del servicio comercial, pudiendo acumularse hasta un máximo de 400 dólares de los Estados Unidos de América; y, se multiplicarán por 3 en caso de vehículos de transportación pública y vehículos pesados y extra pesados, que se acumularán hasta 600 dólares de los Estados Unidos de América.

Art. 21.- Tercera Revisión.- De no aprobar este segundo examen, los vehículos podrán ser revisados por tercera vez, dentro del plazo máximo de treinta días posteriores a la segunda revisión para no ser penalizado, previo el pago del cien por ciento de la tarifa de Revisión Técnica Vehicular. Solo será revisado aquello que hubiera sido

rechazado y que se hallare pendiente de aprobación, a no ser que se verifique la necesidad de revisión de otras partes.

Si la tercera revisión no se realizare dentro del plazo de treinta días subsiguientes, la Revisión Técnica Vehicular será integral, y se aplicará el recargo conforme a los parámetros establecidos en el artículo anterior.

Art. 22.- Cuarta Revisión.- Si la tercera revisión no fuere aprobada, el vehículo podrá ser revisado por cuarta ocasión, la cual deberá suceder dentro del plazo máximo de treinta días posteriores a la tercera revisión para no ser penalizado. En este caso, se volverá a practicar una revisión técnica completa, no solamente en aquellas partes que hubieren sido rechazadas, sino en forma integral, previo el pago del cien por ciento del monto de la tarifa vigente para la primera revisión.

Si el vehículo no superare la cuarta revisión técnica, será rechazado definitivamente, y no podrá ser matriculado ni circular dentro del territorio del cantón GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY). En consecuencia, serán retirados de circulación conforme al artículo 397 del COOTAD, salvo que, en coordinación con el CRTV, subsane el hecho materia de la infracción, mediante el procedimiento específico que para el efecto dictará Unidad Operativa Responsable de Tránsito del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY).

Si la cuarta revisión no se realizare dentro del plazo de treinta días subsiguientes, se aplicará el recargo conforme a los parámetros establecidos en los artículos precedentes.

Art. 23.- Emisión de certificados.- Los certificados de Revisión Técnica Vehicular aprobada, así como los documentos de rechazo o condicional en este proceso, deberán ser proporcionados y firmados por el Director de Tránsito de La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) o por el Jefe del CRTV quien será un Ingeniero o tecnólogo automotriz o similar, debidamente autorizado.

Art. 24.- Control en vía pública.- La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) tiene la facultad para realizar controles de Revisión Técnica Vehicular en la vía pública, para lo cual, el operador contará con analizadores de gases, opacímetros y demás equipos necesarios que podrá poner a disposición del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) fuera de horas de trabajo de los CRTVs.

En caso de detectarse vehículos que independientemente de que hayan acudido o no a la revisión técnica vehicular, no cumplan con los parámetros de emisiones exigidos o que tengan algún desperfecto visual, serán citados para que, dentro de los cinco siguientes días hábiles, se presente

24 – Miércoles 29 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 497

a una nueva Revisión Técnica Vehicular en cualquiera de los CRTV autorizados, previo pago del valor de la tarifa vehicular para su tipo de vehículo, independientemente de la contravención de tránsito que de acuerdo al COIP pudieran haber cometido.

El incumplimiento de la citación ocasionará un recargo de USD $50 y por cada siete días adicionales de retraso, se le incrementarán US $10, acumulables hasta un total de US $200 como máximo.

Estas multas serán multiplicadas por dos en caso de vehículos del servicio comercial, pudiendo acumularse hasta un máximo de 400 dólares de los Estados Unidos de América; y, se multiplicarán por 3 en caso de vehículos de transportación pública y vehículos pesados y extra pesados, que se acumularán hasta 600 dólares de los Estados Unidos de América.

Capítulo IV

Defectos Vehiculares

Art. 25.- Instructivo sobre Defectos.- La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), expedirá un instructivo donde regulará los criterios para la calificación de los defectos vehiculares, su categorización, el proceso de calificación de la RTV, así como los umbrales de aprobación. El instructivo a dictarse deberá cumplir con las normas técnicas aplicables.

Los umbrales de aprobación serán fijados por La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), de acuerdo con las políticas de tolerancia para determinados parámetros y condiciones del estado del vehículo, así como para inducir rasgos característicos en el parque automotor. Para la determinación de los umbrales de protección, se emplearán herramientas y modelos matemáticos elaborados técnicamente y los datos serán relevados durante el primer de operación que se lo realizará de forma gratuita y voluntaria, pero no se otorgará el certificado de RTV sino un documento que constate los defectos encontrados.

Art. 26.- Defectos Vehiculares.- Los defectos que presentaren los vehículos automotores serán calificados según su nivel de peligrosidad o riesgo:

1. Defectos Tipo L- Son aquellos que no involucran un riesgo inminente para la seguridad de los ocupantes del vehículo, para las demás personas y/o para el ambiente, pero que podrían, posteriormente, convertirse en defectos Tipo II o Tipo III, debido al deterioro natural o provocado. No son reconsiderados en las presentaciones subsecuentes del mismo período de revisión.
2. Defectos Tipo II.- Son aquellos que implican un riesgo potencial para la seguridad de los ocupantes del vehículo, para las demás personas y/o para el ambiente, si es que están sumados a otros defectos de la misma

especie. Serán reconsiderados en las presentaciones subsecuentes del mismo período de revisión pudiendo desaparecer o cambiar a Tipo I o III.

c) Defectos Tipo III.- Son aquellos que representan un riesgo inminente para la seguridad de los ocupantes del vehículo, para las demás personas y/o para el ambiente, lo que a su vez genera la obligación de llevar nuevamente el vehículo al Centro de RTV para comprobar que el defecto ha sido corregido. En esta nueva presentación podrían encontrarse nuevos defectos tipo III que no fueron considerados en presentaciones anteriores.

Art. 27.- Acumulación y dualidad de defectos, pruebas excluyentes.- La ocurrencia de varios defectos Tipo II en una subfamilia de acuerdo al instructivo de RTV, o en el conjunto total del vehículo puede aumentar el riesgo de falla mecánica en el mismo, por lo que se considera que la aparición de cuatro o más defectos calificados como Tipo II en una misma subfamilia se asemeja a un defecto Tipo III. De igual forma la acumulación de 10 defectos de tipo II equivale a un defecto de tipo III. El instructivo también establece la dualidad de defectos tipo II que generan un defecto tipo III y las pruebas excluyentes para ciertos tipos de vehículos muy especiales.

Capítulo V

Periodicidad y Calendario

Art. 28.- Periodicidad de Revisión Técnica Vehicular. –

Todos los vehículos serán revisados al menos una vez por año, mientras no cambie la norma nacional, caso de reducirse el periodo se procederá conforme con la disposición nacional.

Los vehículos nuevos serán revisados a partir del tercer año de fabricación (constante como año-matrícula), sin embargo, deberán cancelar en el CRTV anualmente los valores correspondientes por exoneración por tipo de vehículo y concurrir al CRTV para obtener el sticker de revisión exonerada.

Se considerarán vehículos de uso intensivo aquellos que recorren más de treinta mil kilómetros al año.

La autoridad judicial podrá disponer la realización de una Revisión Técnica Vehicular especial para aquellos vehículos que se hayan vistos inmersos en un siniestro de tránsito como prerrequisito para su reincorporación al tránsito vehicular.

Art. 29.- Calendario de Revisión Técnica Vehicular. –

La RTV se realizará de conformidad con el siguiente calendario de revisión:

a) Para vehículos que deben revisarse una vez al año:

DÍGITOS

MESES

1

Febrero

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2

Marzo

3

Abril

4

Mayo

5

Junio

6

Julio

7

Agosto

8

Septiembre

9

Octubre

0

Noviembre

Rezagados

Diciembre

b) Para vehículos que podrían llegar a revisarse dos veces al año:

DÍGITOS

MESES

1 -2

Febrero

3-4

Marzo

5-6

Abril

7-8

Mayo

9-0

Junio

1 -2

Julio

3-4

Agosto

5-6

Septiembre

7-8

Octubre

9-0

Noviembre

Rezagados

Diciembre

Art. 30.- Multa por incumplimiento del calendario.–

En caso de no cumplirse con el calendario, se cobrarán al usuario los siguientes valores:

1.- Multa por retraso a la Revisión Técnica Vehicular: El recargo por retraso en la presentación del vehículo dentro del calendario, contada a partir del primer día del mes siguiente al periodo que le corresponde, será de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (50,00 USD); y, por cada 7 días de retraso se incrementarán USD. $10,00 acumulables hasta un total de 200 dólares como máximo. Estas multas serán multiplicadas por dos en caso de vehículos del servicio comercial, pudiendo acumularse hasta un máximo de 400 dólares de los Estados Unidos de América; y, se multiplicarán por 3 en caso de vehículos de

transportación pública y vehículos pesados y extra pesados, que se acumularán hasta 600 dólares de los Estados Unidos de América.

El valor de estas multas y las ya indicadas respecto a la RTV, será compartido al 50% para las partes entre el GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) y el inversionista privado que realice la operación de la RTV mientras dure.

2.- Otras multas o recargos por no cancelación de valores de matrícula, no pertenecen al modelo de RTV y son recaudadas por otras instituciones diferentes al operador de RTV.

Al igual que en la matriculación, La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) podrá condonar las multas de calendarización o las de concurrencia a la RTV si el propietario del vehículo demuestra que el vehículo se excedió en la reparación justificándolo con una certificación aclaratoria y la factura de la reparación.

TÍTULO TERCERO CONCESIÓN DE SERVICIOS

Capítulo I

Atribuciones del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipalidad de GRAL. ANTONIO ELIZALDE

(BUCAY) y de La Unidad Municipal de Transporte

Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GADM DE

GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY)

Art. 31.- Atribuciones del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY).- La máxima autoridad del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) será la encargada y responsable de realizar el proceso de acuerdo a la normativa vigente para la selección del concesionario, o a quien ésta delegue, así como de realizar el control y fiscalización de la concesión o a quien delegue, en todas sus fases; actuará como Ente Concedente o Entidad Contratante, con todos los derechos y obligaciones inherentes al titular de los servicios públicos que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) le delega.

Art. 32.- Del Delegado de la Comisión de Obras Públicas.- La Comisión de Obras Públicas de este Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal designará a uno de sus Miembros como delegado para que realice el seguimiento del proceso en cada una de sus etapas.

Art. 33.- Conformación de la Comisión Técnico-Económica.- La Comisión Técnico- Económica se conformará con los siguientes miembros que serán designados por el Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY).

26 – Miércoles 29 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 497

1. El delegado del Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), que será un servidor del GAD, quien la presidirá;
2. Un delegado de Unidad Operativa Responsable de Tránsito del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) que será un servidor de dicha Unidad, designado por la máxima autoridad;
3. Un profesional del área técnica en la materia objeto de la contratación;
4. El Síndico Municipal de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) o su delegado; y,
5. El Director Financiero del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) o su delegado.

Los miembros de la Comisión Técnico-Económica tienen la obligación jurídica y moral de excusarse del ejercicio de la función de miembro de la Comisión, apenas conozca de alguna situación o circunstancia que razonablemente pueda considerarse que afecta o pudiere afectar su independencia o imparcialidad.

Art. 34.- Atribuciones de la Comisión Técnico-Económica.- La Comisión Técnico- Económica será responsable de realizar aclaraciones y responder a las preguntas del o de los oferentes, de la recepción de la o las ofertas, apertura del o de los sobres, evaluación y habilitación de la o las ofertas técnicas, evaluación de ofertas económicas y recomendación para la adjudicación o la declaratoria de desierto del proceso.

Todas las resoluciones en relación con el proceso precontractual serán tomadas por la Comisión Técnico-Económica por mayoría de votos, salvo su inicio, cancelación, declaratoria de desierto, adjudicación e impugnaciones, decisiones que le corresponden al Delegado de la máxima autoridad del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY).

Art. 35.- Secretaria (o), soporte administrativo y técnico.- La Comisión nombrará una secretaria o secretario quien ejercerá las funciones de Secretaría (o)de la Comisión Técnico-Económica conformada para llevar a cabo el concurso público de concesión y brindará todo el soporte administrativo necesario para llevar adelante el proceso. Además, podrán contratar algún especialista en la materia que les asesore técnicamente durante el proceso de selección.

Art. 36.- Marco Legal.- El proceso para la Concesión de los Servicios Públicos de Revisión Técnica Vehicular, se regulará por lo dispuesto y de aplicación en las diversas normas expedidas en la República del Ecuador como la Constitución de la República, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento, la Ley de Modernización del Estado y su Reglamento, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la Ley de Empresas

Públicas, la Ley Finanzas Públicas, la Resolución N° 006-CNC-2012, las Resoluciones No. 70-DIR-2015-ANT, No. 82-DIR-2015-ANT, la presente Ordenanza y otras normas que fueren aplicables.

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y las resoluciones expedidas por el Instituto Nacional de Compras Públicas se aplicarán al proceso de forma supletoria, siempre y cuando se trate de aspectos no regulados por las normas mencionadas en el inciso anterior, ya que se trata de un proceso sin erogación de recursos públicos.

Art. 37.- Etapas del Proceso.- Se lo ejecutará a lo dispuesto por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).

Art. 38.- Preguntas y Aclaraciones- Dentro del plazo establecido en el calendario del proceso, los oferentes podrán formular preguntas y solicitar aclaraciones. Las respuestas a las preguntas y aclaraciones podrán modificar el texto de los pliegos, aclarar el sentido de una o varias de sus disposiciones, completar información que estuviere incompleta, resolver contradicciones entre las disposiciones de los Pliegos, pero en ningún caso pueden modificar el objeto del proceso ni reformarlo en sus aspectos sustanciales.

La Comisión Técnico-Económica podrá realizar aclaraciones o precisiones de oficio, en caso que considerare indispensable hacerlo. Las respuestas a las preguntas y aclaraciones constarán en un acta, y las mismas serán notificadas al o los participantes.

Art. 39.- Cancelación del Procedimiento.- Hasta 48 horas antes de concluida la fecha para presentación de la o las ofertas técnicas, la máxima autoridad o su delegado del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), podrá cancelar el proceso de Licitación, por haberse encontrado errores insalvables en los Pliegos aprobados, por no convenir a los intereses institucionales seguir adelante con el proceso, o por causas debidamente justificadas. La cancelación del proceso no da derechos de indemnización de ningún tipo a los oferentes o potenciales oferentes.

Art. 40.- Presentación de las Ofertas.- Dentro del plazo señalado en el calendario del proceso, el o los oferentes presentarán sus ofertas en sobre cerrado el cual contendrá los documentos habilitantes generales, la propuesta técnica y la propuesta económica por separado, de igual manera en sobres cerrados.

Por ningún concepto se aceptarán ofertas luego de vencida la fecha y hora máxima de presentación de ofertas establecida en los pliegos.

Una hora después de la fecha y hora máxima de presentación de ofertas técnicas, se procederá a la apertura de los sobres presentados, en acto público donde estarán presentes los delegados de los oferentes y se procederá

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a entregar el sobre que contenga la documentación sobre requisitos mínimos para revisión de la Comisión Técnico-Económica.

Los sobres que contengan las propuestas técnica y económica serán entregados para custodia de la Secretaría de la Comisión, para que, en la etapa de evaluación correspondiente, convoque a los oferentes que continúen en el proceso para la apertura de los sobres en acto público; y, las ofertas que no hayan pasado a dichas fases, serán devueltas a los participantes en sobre cerrado.

Art. 41.- Etapa de verificación de requisitos mínimos.- La Comisión Técnico-Económica verificará que el o los participantes y sus ofertas cumplan los requisitos mínimos solicitados en los pliegos para proseguir en el proceso. Esta evaluación se realizará mediante la modalidad «cumple – no cumple».

Art. 42.- Etapa de convalidación de errores.- El o los oferentes cuyas ofertas tuvieren errores de forma, que puedan ser convalidados, serán notificados por la Secretaria de la Comisión Técnico-Económica que les otorgará un término prudencial para que procedan a realizar dicha convalidación.

En la notificación se señalará con precisión el error en que han incurrido, y se determinará las acciones a tomarse para convalidar los errores encontrados.

El o los oferentes notificados que no presentaren las convalidaciones solicitadas, o las presenten de manera incompleta, serán descalificados. Los oferentes que presenten las convalidaciones completas serán habilitados para la evaluación de la oferta técnica

Art. 43.- Evaluación de ofertas técnicas, financieras.- La o las ofertas técnicas recibidas serán evaluadas por la Comisión Técnico-Económica dentro del plazo señalado en el calendario del proceso. La Comisión Técnico-Económica podrá contar con subcomisiones de apoyo para efectos de la revisión de los distintos aspectos de las ofertas.

El o los oferentes que reunieren todos los requisitos exigidos en los Pliegos, serán inmediatamente habilitados para la evaluación de su propuesta económica.

Art. 44.- Evaluación de la oferta económica.- Para la evaluación de la oferta económica se tomarán en consideración el valor de la tarifa del servicio y el porcentaje de participación en dicha tarifa por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) aplicando la fórmula que asigna los puntajes.

Los aspectos que deberán tomar en consideración los oferentes para la estructura del valor de la tarifa, serán establecidos en los pliegos.

Art. 45.- Informe Final de la Comisión Técnico-Económica.- Concluida la etapa de evaluación de la oferta

económica, la Comisión Técnico-Económica presentará un informe final al Alcalde, en el cual consten los resultados y calificaciones de los oferentes participantes; y, en caso de convenir a los intereses institucionales, la Comisión recomendará la adjudicación al oferente que hubiere obtenido la máxima calificación, o en su defecto y por causas debidamente motivadas, recomendará la declaratoria de desierto del concurso.

Art. 46.- Adjudicación.- En base a lo establecido en el Art. 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y; Art. 24 del Reglamento a la Ley, la máxima autoridad de la Entidad contratante o su delegado, adjudicará el contrato mediante resolución motivada. Observando para el efecto lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de la Ley, y los parámetros objetivos de evaluación previstos en los pliegos.

Art. 47.- Impugnaciones.- Toda decisión de la Comisión Técnico-Económica o de los órganos responsables que resuelvan aspectos fundamentales del concurso público, podrá ser impugnada ante el alcalde o su delegado dentro del término de tres días hábiles de notificada, quien la resolverá dentro del término de diez días hábiles de recibida la impugnación.

La impugnación deberá contener todos los datos generales de ley, principalmente la identificación del oferente impugnante, expresar los fundamentos de hecho y de derecho y expresar la pretensión concreta que se persigue.

De la resolución que resuelve la impugnación cabe un recurso de alzada ante el Alcalde de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) o su delegado, para efectos de esta impugnación. En ningún caso la impugnación suspende la continuidad del concurso público.

Art. 48.- Suscripción del Contrato.- Dentro del término de quince días hábiles de notificada la Resolución de Adjudicación, el adjudicatario suscribirá el Contrato de Concesión que se incluya como modelo de contrato en las bases del concurso público, previa presentación de todos los documentos habilitantes que se exijan en las bases y de manera especial la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

En caso que resultare adjudicado un compromiso de asociación o consorcio, los oferentes comprometidos a asociarse o consorciarse, tendrán un término adicional de quince días hábiles para constituir el consorcio o asociación.

Si el oferente o uno de los miembros del consorcio o compromiso de consorcio fuere una persona jurídica extranjera, para la suscripción del Contrato de Concesión, designara un apoderado en el país, con todas las facultades para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión, incluyendo contestar las demandas o requerimientos realizados por el Ente Concedente.

Una vez suscrito el Contrato de Concesión, la persona jurídica extranjera tendrá un plazo de ciento veinte días

28 – Miércoles 29 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 497

para domiciliarse en el país, y en caso de incumplimiento de esta obligación, será sujeto de las sanciones que se prevean en las bases del concurso público y en el contrato.

Art. 49.- Inicio y plazo del Contrato.- El plazo de vigencia del contrato será de quince años con la posibilidad de extenderse cinco años más si realiza reinversiones que permitan que al revertir la concesión los equipos e instalaciones se encuentren perfectamente operativas y con una vida útil de al menos cinco años más, todo ello conforme a los pliegos de concesión. En todos los casos, la vigencia del Contrato de Concesión y los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del concesionario iniciarán conforme lo dispuesto en los Pliegos, es decir una vez se haya iniciado el proceso de revisión y cumplido el mínimo de vehículos a ser revisados. Por tanto, si el concesionario ha cumplido con las condiciones de reinversión propuestas en los Pliegos tendrá derecho a una extensión de la vigencia de su contrato de cinco años más.

Art. 50.- Dirimencia sobre asuntos técnicos en la prestación del servicio.- En caso de existir contradicciones en la aplicación de los procesos técnicos de Revisión Técnica Vehicular, será la máxima autoridad del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) o su delegado la que decida la manera de proceder.

TITULO CUARTO

TARIFAS POR SERVICIOS

Art. 51.- Tarifa por la prestación del servicio público.-

Los servicios a prestarse por medio del concesionario estarán gravados con la tarifa establecida por el Concejo Municipal de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) en esta Ordenanza.

La recaudación se realizará de forma directa en una o varias entidades bancarias asociadas, los cuales cobrarán sus valores de servicio de forma independiente a esta tarifa. La entidad bancaria realizará el reparto (Split) sobre los valores recibidos de forma directa y conforme al % de asignación para el GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) o canon de prestación, incluidas las multas o recargos. Los valores a ser depositados para el operador serán gravados con el IVA, si así la norma lo establece.

El pliego tarifario acorde a las resoluciones de la ANT, para la prestación del servicio público de Revisión Técnica Vehicular para los siguientes años, indexada al SBU del año en curso, será el siguiente:

Tipo de

Tarifa RTV

Valor del Sticker

Tarifa Total

Vehículo

(SBU) sin IVA

(SBU) sin IVA

(SBU) sin IVA

Livianos, taxi, buseta, furgonetas, camioneta

7,24%

1,30%

8,53%

Pesados

11,38%

1,30%

12,68%

Buses

9,57%

1,30%

10,87%

Motos y otros

4,32%

1,30%

5,61%

Exonerados

0,97%

1,30%

2,27%

Esta tarifa ya incluye el valor del sticker de revisado anual de la Resolución de la ANT.

Otros valores por servicios extraordinarios de Revisiones Técnicas Vehiculares serán autorizados posteriormente bajo solicitud motivada del concesionario seleccionado, detallando el tipo de servicio, su costo referencia, el valor de cobro propuesto y la repartición del mismo entre el concesionario y el GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY).

El costo y entrega de sticker de revisado vehicular estará a cargo del operador.

Art. 52.- Vigencia del Pliego Tarifario.- Las tarifas aprobadas por el Concejo Municipal de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) tendrán la vigencia del ejercicio fiscal anual y se reajustarán de forma automática hasta el 1 de enero de cada nuevo periodo fiscal, de acuerdo a la indexación del Salario Básico Unificado, SBU, que señale Ministerio de Trabajo del Ecuador.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Valor de las multas o recargos.- El valor de las multas o recargos presentado en esta ordenanza está indexado y se lo fija en la proporción del Salario Básico Unificado, SBU vigente del año 2019, por tanto las variaciones anuales de este indicador implicará variaciones en el valor de las multas, las mismas que serán reajustadas anualmente cuando el Banco Central del Ecuador o el INEC publique el valor del SBU.

SEGUNDA.- Reversión de la delegación.- Trascurrido el plazo de la vigencia del contrato de delegación y de sus contratos ampliatorios, si los hubiere, el concesionario deberá ceder la propiedad del equipamiento e infraestructura para la prestaón

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de la RTV en el Cantón GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) al GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) o quien la máxima autoridad disponga, de forma gratuita y en perfecto estado de operación, conservación y mantenimiento, así como con el stock de repuestos e insumos que se fije en el contrato.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Traspaso de terrenos.- Como parte del proceso de delegación de competencias de los servicios materia de esta Ordenanza, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), realizará el comodato del predio seleccionado, el mismo que debe estar sobre una vía con accesos carrozables, con cerramiento si fuera posible, servicios básicos, plano y sin vegetación, al concesionario para que realice la prestación del servicio durante el plazo de vigencia de la concesión y si hubiera plazos ampliatorios durante toda la vigencia de la ampliación.

SEGUNDA.- Custodia del archivo.-La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), custodiará el archivo tanto físico como digital de los documentos de propiedad de los vehículos registrados en la ciudad de GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), para lo cual implementará todas las medidas necesarias para el efecto.

TERCERA.- Recargo por no concurrencia con cita previa.- El operador podrá imponer un recargo equivalente al 50% de la tarifa completa del año en curso del tipo vehicular del usuario, cuando el vehículo, teniendo en firme una cita, no concurra a ser revisado, salvo casos de fuerza mayor demostrables.

CUARTA.- Convenios con otros GADMs.- Si el GADM DE GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) llegara a realizar convenios con otros GADs cercanos para que el proceso de RTV de dichos GADs se realice en las instalaciones del concesionario en GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), deberá percibir una regalía adicional por este esfuerzo que se deberá proponer en la oferta económica del concesionario, que se liquidará anualmente de acuerdo a una evaluación al cierre de la RTV de cada ejercicio y se calcularán los vehículos revisados de dicho ejercicio, y se restarán de los vehículos que pertenecen al cantón GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) estimados, considerando para el primer año 2020 la cifra de vehículos del estudio, con un incremento anual igual al porcentaje de ventas de vehículos nuevos de dicho periodo publicado por el INEC o por la AEADE. Esta regalía se compartirá con el GADM con el que se suscribió el convenio si éste lo solicitara.

QUINTA.- Operatividad.- Hasta que no se cuente con la infraestructura y equipo necesario para la revisión técnica vehicular se continuará prestando el servicio de revisión vehicular (visual) y matriculación.

Dado y suscrito en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay), a los seis días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.

f.) Lcdo. José Rubén Miranda Sacoto, Alcalde del cantón General Antonio Elizalde (Bucay).

f.) Ab. Kléber Cerezo Loor, Secretario del Concejo Municipal.

Secretaría Municipal, General Antonio Elizalde (Bucay), 08 de febrero del 2019.

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA QUE REGULA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE REVISIÓN TÉCNICA VAHICULAR EN EL CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), Y QUE AUTORIZA SU CONCESIÓN A LA INICIATIVA PRIVADA, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay), en dos Sesiones: Ordinaria del día lunes 04 de febrero y Extraordinaria del día miércoles 06 de febrero del año dos mil diecinueve, en primero y segundo debate respectivamente.

f.) Ab. Kléber Cerezo Loor, Secretario del Concejo Municipal.

Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay).

General Antonio Elizalde (Bucay), 11 de febrero del 2019.

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la presente ORDENANZA QUE REGULA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE REVISIÓN TÉCNICA VAHICULAR EN EL CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), Y QUE AUTORIZA SU CONCESIÓN A LA INICIATIVA PRIVADA, y; ordeno su PROMULGACIÓN en el Registro Oficial, Gaceta Oficial Municipal, dominio web de la institución y medios de comunicación local.

f.) Lcdo. José Rubén Miranda Sacoto, Alcalde del cantón General Antonio Elizalde (Bucay).

Secretaría Municipal, General Antonio Elizalde (Bucay), 12 de febrero del 2019.

El suscrito Secretario del Concejo Municipal: CERTIFICA que la presente ORDENANZA QUE REGULA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE REVISIÓN TÉCNICA VAHICULAR

30 – Miércoles 29 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 497

EN EL CANTÓN GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), Y QUE AUTORIZA SU CONCESIÓN A LA INICIATIVA PRIVADA, fue sancionada y firmada por el señor Lcdo. José Rubén Miranda Sacoto, Alcalde del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay), el día 11 de febrero del año dos mil diecinueve, y; ordenó su promulgación a través del Registro Oficial, Gaceta Oficial Municipal, dominio web de la institución y medios de comunicación local.

f.) Ab. Kléber Cerezo Loor, Secretario del Concejo Municipal.

EL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTÓN CHILLANES

Considerando:

Que, los gobiernos autónomos descentralizados municipales de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, tiene como competencia exclusiva el regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras, competencia que la ejerce en función de lo determinado en el artículo 238 de la Constitución;

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que los gobiernos autónomos descentralizados municipales en el ámbito de sus competencias tengan facultades legislativas;

Que, el numeral 2 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador determina que una de sus competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados municipales es ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo;

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, en lo relativo a los objetivos del régimen de desarrollo prevé recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) señala que la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y regímenes especiales prevista en la Constitución de la República del Ecuador comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de

gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria;

Que, el COOTAD establece en su artículo 54, literal k) que son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal articulada con las políticas ambientales nacionales;

Que, el COOTAD prescribe en su artículo 55, literales b): Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; j) Delimitar, regular el uso, de las riberas y lechos de los ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las riberas de ríos, lagos y lagunas; y, 1) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras;

Que, el artículo 141 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización faculta el ejercicio de la competencia, observando las limitaciones y procedimientos previstos en las leyes correspondientes y dispone que en el ejercicio de la capacidad normativa deban contemplar obligatoriamente la consulta previa y vigilancia ciudadana; remediación de los impactos ambientales, sociales y la infraestructura vial, que fueren provocados por la explotación de áridos y pétreos. Dispone que autoricen el acceso sin costo al aprovechamiento de los materiales necesarios para la obra pública;

Que, la Ley de Minería en su artículo 142 determina que cada Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, asumirá la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales de construcción en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras;

Que, El Reglamento General de la Ley de Minería en su artículo 8, literal d) habla de la jurisdicción y competencia de La Agencia de Regulación y Control Minero, dentro de las cuales está la de remitir a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en relación a la explotación de materiales de construcción, los dictámenes previos y obligatorios que les permitan expedir las autorizaciones para la explotación de este tipo de materiales;

Que, el artículo 44 de la norma ibídem señala que los gobiernos autónomos descentralizados municipales son competentes para autorizar, regular y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras, en concordancia con los procedimientos, requisitos y limitaciones que para el efecto se establezca en el Reglamento Especial dictado por el ejecutivo;

Que, el artículo 4 del Reglamento de Régimen Especial para el Libre Aprovechamiento de Materiales de Construcción

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para la Obra Pública, determina que el ministerio sectorial a pedido de una entidad o institución pública, otorgará la autorización de libre aprovechamiento de materiales de construcción para la obra pública en estricta relación con el volumen y plazo de vigencia de la ejecución de la obra;

Que, el artículo 8 del Código Tributario, en armonía con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y el Reglamento Especial de Explotación de los Materiales Áridos y Pétreos faculta a los gobiernos autónomos descentralizados municipales crear, modificar o extinguir tributos;

Que, la ley de Gestión Ambiental en su artículo 19 establece que los proyectos de inversión pública o privada que puedan causar impactos ambientales serán calificados previamente a su ejecución;

Que, la ley antes enunciada en su artículo 20 puntualiza que el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con licencia ambiental respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo;

Que, El Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución No. 00004-CNC-2014 del 06 de noviembre del 2014, publicada en el Registro Oficial No.411 de fecha 08 de enero del 2015, resolvió expedir la regulación para el ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras a favor de los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales; y,

Que, en uso de las atribuciones legales que le confieren los artículos 7 y 57 literales a, b y c y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y, en pleno goce del derecho de autonomía establecido en la Constitución de la República del Ecuador,

Expide:

LA ORDENANZA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS, LAGOS, LAGUNAS Y CANTERAS EXISTENTES EN EL CANTÓN CHILLANES.

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO Y COMPETENCIA

Artículo 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto establecer la normativa y el procedimiento para asumir e implementar la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras, dentro de la jurisdicción del cantón Chillanes y en sujeción al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Chillanes; desarrollar los procedimientos para la consulta previa y vigilancia ciudadana; y, prever la remediación de los impactos

ambientales, culturales, sociales y de la infraestructura vial, que fueren ocasionados por la explotación de dichos materiales áridos y pétreos.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- La Ordenanza autoriza, regula y controla las condiciones técnicas y ambientales de las actividades mineras de materiales áridos y pétreos, que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras ubicadas dentro de la jurisdicción del cantón Chillanes y además contiene las normas de las relaciones entre los sujetos inmersos en estas actividades, los requisitos, las limitaciones y los procedimientos con las personas naturales y jurídicas que se dedican a estas actividades.

Artículo 3.- Ejercicio de la competencia.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes en ejercicio de su autonomía asume la competencia de regular, autorizar y controlar la explotación de materiales de construcción en forma inmediata y directa. En cuanto a la regulación, autorización y control de la explotación de materiales de construcción se ejecutará conforme a los principios, derechos y obligaciones contempladas en la presente ordenanza y en la normativa nacional vigente. Sobre la regulación, autorización y control de la explotación de materiales áridos y pétreos se ejecutará conforme a las garantías, principios y derechos constitucionales del Buen Vivir, la Planificación del Desarrollo Cantonal, las normas legales, la Resolución del Consejo Nacional de Competencias y las de la presente ordenanza.

En caso de contradicción se aplicará la norma jerárquicamente superior, conforme prevé el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, tomando en consideración el principio de competencia por tratarse de una competencia exclusiva.

CAPÍTULO II DEFINICIONES

Artículo 4.- Definiciones.- Para una mejor comprensión y aplicación de la presente Ordenanza, se determinan las siguientes definiciones:

1. Material árido y pétreo.- Se entiende como materiales de construcción a las rocas y derivados de las rocas, sean estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica tales como: andesitas, basaltos, dacitas, riolitas, granitos, cenizas volcánicas, pómez, materiales calcáreos, arcillas superficiales; arenas de origen fluvial o marino, gravas; depósitos tipo aluviales, coluviales, flujos laharíticos y en general todos los materiales cuyo procesamiento no implique un proceso industrial diferente a la trituración y/o clasificación granulométrica o en algunos casos tratamientos de corte y pulido, entre su explotación y su uso final y los demás que establezca técnicamente el Ministerio Rector previo informe del Instituto de Investigación Nacional Geológico, Minero, Metalúrgico.
2. Clasificación de rocas.- Para fines de aplicación de la presente ordenanza, las rocas se clasifican como32 – Miércoles 29 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 497

de origen ígneo, resultantes de la cristalización de un material fundido o magma; de origen sedimentario formadas a partir de la acumulación de los productos de erosión, como de la precipitación de soluciones acuosas; y, metamórficas originadas en la modificación de rocas preexistentes, sean estas sedimentarias o ígneas, u otras metamórficas, o por efectos de temperatura o presión, o de ambos a la vez.

c) Lecho o cauce de ríos.- Se entiende como lecho o cauce de un río el canal natural por el que discurren las aguas del mismo, en el que se encuentran materiales granulares resultantes de la disgregación y desgaste de rocas de origen ígneo, sedimentario o metamórfico.

El lecho menor, aparente o normal es aquel por el cual discurre el agua incluso durante el estiaje, en tanto que, se denomina lecho mayor o llanura de inundación al que contiene el indicado lecho menor y es solo invadido por las aguas en el curso de las crecidas y en general en la estación anual en la que el caudal aumenta.

4. Lago.- Para fines de aplicación de la presente Ordenanza, se tiene como lago, a un cuerpo de agua dulce, asociada generalmente a un origen glaciar o devienen de cursos de agua.
5. Canteras y materiales de construcción.- Depósito de materiales de construcción, o macizo rocoso constituido por una o más tipos de rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas, que pueden ser explotados a cielo abierto y que sean de empleo directo en la industria de la construcción.

De igual modo, se entienden como materiales de construcción a las rocas y derivados de las rocas, sean estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica tales como: andesitas, basaltos, dacitas, riolitas, granitos, cenizas volcánicas, pómez, materiales calcáreos, arcillas superficiales; arenas de origen fluvial o marino, gravas; depósitos tipo aluviales, coluviales, flujos laharíticos y en general todos los materiales cuyo procesamiento no implique un proceso industrial diferente a la trituración y/o clasificación granulométrica o en algunos casos tratamientos de corte y pulido, entre su explotación y su uso final, y los demás que establezca el Ministerio Rector.

f) Operadores mineros.-Son personas naturales y las jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas o privadas, comunitarias y de autogestión, que realizan extracción de materiales áridos y pétreos bajo contratos celebrados con los titulares de concesiones mineras.

g) Transportistas de materiales áridos y pétreos.- Son las personas naturales y las jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas o privadas, comunitarias y de autogestión, que se dediquen a la transportación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren debidamente autorizados y registrados en la Unidad

de Áridos y Pétreos de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes.

CAPÍTULO III

GESTIÓN DE LA COMPETENCIA

Artículo 5.- Gestión.- En el ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de áridos y pétreos existentes en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes ejercerá las siguientes actividades de gestión:

1. Elaborar informes técnicos, económicos y jurídicos necesarios para otorgar, conservar y extinguir derechos mineros para la explotación de materiales áridos y pétreos;
2. Mantener un registro actualizado de las autorizaciones y extinciones de derechos mineros otorgadas dentro de la jurisdicción del cantón Chillanes e informar al ente rector en materia de recursos naturales no renovables;
3. Informar a los órganos correspondientes sobre el desarrollo de actividades mineras ilegales de áridos y pétreos, que se encuentren en la jurisdicción del cantón Chillanes.
4. Determinar y recaudar las tasas de conformidad con la presente ordenanza.
5. Recaudar las regalías por la explotación de áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de ríos, lagos, lagunas y canteras;

f) Las demás que correspondan al ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de áridos y pétreos existentes en lechos de ríos, lagos, lagunas y canteras de su jurisdicción;

CAPÍTULO IV REGULACIÓN TÉCNICA

Artículo 6.- Regulación.- Se denominan regulaciones a las normas de carácter normativo o técnicas emitidas por órgano competente que prevean lineamientos, parámetros, requisitos, límites u otros de naturaleza similar con el propósito de que las actividades se cumplan en forma ordenada y sistemática, observando los derechos ciudadanos y sin ocasionar afectaciones individuales o colectivas a: la propiedad pública, privada, comunitaria o al ambiente.

Artículo 7.- Asesoría técnica.- Los concesionarios de materiales áridos y pétreos mantendrán un profesional en Geología o en Minas, para que se encargue de velar por la correcta aplicación técnica del Plan de Desarrollo Minero aprobados por Gobierno Autónomo Descentralizado, Municipal, del cantón Chillanes; así mismo elaborar los informes de producción que deben presentar los concesionarios mineros.

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Artículo 8.- Denuncias de Internación.- Los titulares de derechos mineros para la explotación de áridos y pétreos, que se consideren afectados por la internación de otros titulares colindantes, presentarán la denuncia al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, acompañada de las pruebas que dispongan a fin de acreditar la ubicación y extensión de la presunta internación.

Inmediatamente de recibida la denuncia, la Comisaría Municipal, iniciará el expediente con la designación de un delegado encargado de cuantificar la cantidad de material de construcción extraído por internación; y, fijará fecha para la inspección que permita verificar la existencia de la internación, de cuya diligencia sentará el acta respectiva; de haber méritos ordenará el inmediato cese de las actividades mineras en el sitio de internación.

Sobre la base del informe pericial, la Comisaría Municipal dispondrá que el titular minero responsable de la internación pague la indemnización determinada en el informe pericial.

Artículo 9.- Orden de abandono y desalojo.- Cuando por denuncia de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, llegue a conocimiento de la administración municipal sobre el aprovechamiento de materiales áridos y pétreos no autorizados; que titulares autorizados ocasionen afectaciones ambientales o daños a la propiedad privada o pública; o cuando a pesar de preceder orden de suspensión temporal o definitiva de las actividades de explotación de áridos y pétreos, siempre que existan méritos técnicos y jurídicos suficientes, la Comisaría Municipal ordenará el inmediato abandono de las actividades mineras y el retiro de maquinaria y equipos; y, si dentro de los tres días siguientes no se hubiese cumplido dicha orden, dispondrá su desalojo, con el auxilio de la fuerza pública, de ser necesario.

Artículo 10.- Invasión de áreas mineras.- Cuando una o más personas invadan áreas mineras concesionadas a particulares o entidades públicas para la explotación de áridos y pétreos u ocupen indebidamente lechos de ríos, lagos, lagunas o canteras con fines de explotación de áridos y pétreos, la Comisaría Municipal, ordenará el retiro inmediato de las personas invasoras y de equipos o maquinaria de propiedad de los invasores, si no lo hicieren dentro de los tres días siguientes, ordenará su desalojo con la fuerza pública, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiere lugar.

Artículo 11.- Obras de protección.- Previa a la explotación de los materiales áridos y pétreos se ejecutarán las obras de protección necesarias en el sitio a explotar y en las áreas vecinas, garantizando que no habrá obstrucciones o molestias, peligro o grave afectación ambiental durante su explotación, cuyos diseños deberán incluirse en el Plan de Manejo Ambiental. En caso de que las obras de protección no se ejecutaren antes de iniciar la explotación, se anulará la autorización.

La Municipalidad por intermedio de la Unidad de Ambiente, Producción y Turismo, en cumplimiento del interés y

seguridad colectiva y la preservación del ambiente, podrá ejecutar las obras e instalaciones necesarias, cuando no las hubiere realizado el concesionario, cuyos costos serán de cargo de quien incumplió con esa obligación, con un recargo del veinte por ciento.

Si durante la explotación se detecta la necesidad de realizar obras de protección, antes de continuar las actividades mineras, el concesionario las ejecutará y de no hacerlo, las realizará la Municipalidad con un recargo del veinte por ciento.

En caso de incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, la Municipalidad ordenará la suspensión de las actividades de explotación de materiales de construcción, e informará a la Entidad Ambiental competente.

Artículo 12.- Participación comunitaria.- Los propietarios de inmuebles, las organizaciones comunitarias e instituciones colindantes con un área de explotación de materiales áridos y pétreos, o de las riveras, que se consideren afectados en sus inmuebles sin que hayan sido indemnizados por el concesionario, o que existan graves afectaciones ambientales producto de esa explotación, podrán solicitar en forma argumentada a la Municipalidad de Chillanes, la suspensión de la autorización, la nulidad de la concesión o la caducidad según corresponda.

Artículo 13.- Ambiente sano.- Los concesionarios de áreas de explotación de materiales áridos y pétreos cumplirán los planes de manejo ambiental e implantarán sus medidas, realizarán sus actividades utilizando técnicas, herramientas y materiales necesarios para evitar los impactos ambientales, de manera que no provoquen derrumbes de taludes por sí mismo o por efectos de la corriente de aguas; no provoquen la profundización o modificación de los cauces de los ríos por efectos de la sobreexplotación, no levanten polvareda durante las labores de extracción o de trituración, ni rieguen sus materiales durante la transportación.

Artículo 14.- Transporte.- Los vehículos de transporte de materiales áridos y pétreos, deberán utilizar lonas gruesas para cubrirlos totalmente, para evitar la caída accidental de material, así como para reducir el polvo que emiten. En caso de incumplimiento se impondrá la sanción respectiva.

Artículo 15.- Residuos.- Las personas autorizadas para la explotación de materiales áridos y pétreos no deben tener en sus instalaciones residuos tales como: neumáticos, baterías, chatarras, maderas, grasas usadas, aceites, etc.

Artículo 16.- Áreas prohibidas de explotación.- Las personas naturales o jurídicas, las instituciones públicas o sus contratistas, y aún la propia Municipalidad del cantón Chillanes, no podrán explotar materiales áridos y pétreos existentes en los ríos y canteras que se encuentren ubicadas:

a) En las áreas protegidas comprendidas dentro del sistema nacional de áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles;

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2. Dentro de las áreas protegidas y en áreas mineras especiales, otorgadas por los órganos competentes;
3. Dentro del perímetro urbano o de expansión urbana declarada por la Municipalidad, de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial;
4. En zonas de alto riesgo que pudieran afectar a las obras o servicios públicos, viviendas, cultivos, o captaciones de agua y plantas de tratamiento en un perímetro mínimo de 200 metros a la redonda;
5. En áreas de reserva futura declaradas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; y en áreas arqueológicas destinadas a la actividad turística.

Artículo 17.- Prohibición de trabajo de niños, niñas y adolescentes.- En ningún caso, los titulares mineros contratarán, ni permitirán la presencia de niños, niñas y adolescentes que realicen actividades laborales relacionadas con la explotación o transporte de materiales áridos y pétreos. La inobservancia de esta prohibición será sancionada con una multa equivalente a diez remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado y en caso de reincidencia será causa para la revocatoria de la autorización y la caducidad del título minero conforme lo determina la Ley de Minería.

Artículo 18.- Sistema de registro.- La Unidad de Áridos y Pétreos, mantendrá un registro de los titulares y propietarios de las autorizaciones, así como un registro de quienes hayan incumplido las normas sobre explotación de materiales áridos y pétreos, a fin de prohibir en el futuro autorizaciones y/o concesiones que solicitaren.

Artículo 19.- Taludes.- La explotación y tratamiento de los materiales áridos y pétreos, no deberá generar taludes verticales, mayores a diez metros de altura, los mismos que finalmente formarán bancos, que serán forestados con especies vegetales propias de la zona, para devolverle su condición natural e impedir su erosión, trabajos que serán realizados por las personas autorizadas para la explotación de áridos y pétreos.

Artículo 20.- Señalización.- Los titulares de las autorizaciones para explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos, conforme a los parámetros de seguridad minera, colocarán obligatoriamente a una distancia no mayor a cincuenta metros del frente de explotación, señalización de prevención que identifique plenamente el área minera.

Artículo 21.- Obras de mejoramiento y mantenimiento.–

Los titulares de autorizaciones para explotar y tratar materiales áridos y pétreos, deberán realizar obras de mejoramiento y mantenimiento permanente de las vías públicas y privadas de acceso en los tramos que corresponda, trabajos que estarán bajo la supervisión de la Dirección de Obras Públicas del cantón Chillanes.

APÍTULO V

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 22.- Derechos mineros.- Se entienden aquellos que emanan tanto de los títulos de concesiones mineras, los contratos de explotación minera, permisos de minería, autorización de libres aprovechamientos, licencias ambientales; y autorizaciones para instalar y operar plantas de procesamiento y trituración de materiales de construcción.

Las concesiones mineras serán otorgadas por la administración Municipal del cantón Chillanes, conforme al ordenamiento jurídico vigente, a todos los sujetos de derecho minero.

Artículo 23.- Sujetos de derecho minero.- Son sujetos de derecho minero las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas o privadas, comunitarias y de autogestión, que se encuentren debidamente calificadas por el Ministerio Sectorial; e inscritas en la Agencia de Regulación y Control Minero.

Artículo 24.- Derechos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes.- A través de la Jefatura de Gestión de Riesgos, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, garantizará los derechos de los autorizados de la explotación de materiales áridos y pétreos, en concordancia con las normas de la Ley de Minería, en cuanto concierne a los que emanen de los títulos de concesiones y tratamientos de materiales áridos y pétreos, así como también a los relativos a las denuncias de internación, amparo administrativo, ordenes de abandono y desalojo, de las sanciones a invasores de áreas mineras y a la formulación de oposiciones y constitución de servidumbres.

Artículo 25.- Obligaciones.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, a través de la Jefatura de Medio Ambiente, Producción y Turismo, velará que las actividades de explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos se desarrollen cumpliendo las disposiciones constantes en la ley de Minería, Gestión Ambiental y la presente Ordenanza.

CAPÍTULO VI

OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DE

AUTORIZACIONES PARA LA EXPLOTACIÓN Y

TRATAMIENTO

Artículo 26.- Solicitud para las autorizaciones.- La solicitud para la obtención de la autorización para la explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos se presentará en el formato diseñado por la Municipalidad del cantón Chillanes, la misma que contendrá los siguientes requisitos:

1) Para personas naturales, nombres y apellidos completos, copias de la cédula de ciudadanía, certificado de votación y domicilio del solicitante;

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2. Para el caso de personas jurídicas, nombre de la empresa, razón social o denominación, copia actualizada del RUC, nombramiento del representante legal o apoderado debidamente registrado y vigente, copia certificada de la escritura pública de constitución debidamente inscrita;
3. Nombre o denominación del área motivo de la solicitud;
4. Ubicación del área señalando lugar, parroquia, cantón y provincia;
5. Número de hectáreas mineras solicitadas;
6. Coordenadas en formato PSAD 56;
7. Copia de la escritura pública o derecho de posesión de la propiedad del predio donde se ubica el área de autorización solicitada; o la autorización del propietario del terreno mediante escritura pública donde libre y voluntariamente constituye servidumbre de uso y ocupación del predio a favor del solicitante, para la explotación de materiales áridos y pétreos y la renuncia a su derecho preferente para solicitar esta autorización;
8. Certificación de calificación como sujeto de derecho minero debidamente inscrita y otorgada por la Agencia de Regulación y Control Minero;
9. Informe de viabilidad técnico por parte de SENAGUA;
10. Declaración juramentada realizada ante Notario Público que exprese conocer que las actividades mineras no afectan caminos, infraestructura pública, redes de telecomunicaciones, instalaciones militares, infraestructura eléctrica o vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y cultural; y, que los linderos del predio de la Escritura Pública de la propiedad presentada corresponden al área de autorización solicitada;
11. Plan de explotación y cierre de cantera;
12. Declaración juramentada, incluida en el texto de la solicitud, de no encontrarse inmerso dentro de las prohibiciones para contratar con la Municipalidad del cantón Chillanes y de cumplir con las obligaciones económicas, técnicas, sociales, ambientales contempladas en la normativa nacional y ordenanzas municipales;
13. Designación del lugar en el que habrá de notificarse al solicitante; y,
14. Firma del peticionario o su representante o apoderado, según corresponda, su asesor técnico y del abogado defensor;

A la solicitud se acompañará:

1. Titulo minero vigente otorgado por autoridad competente;
2. La escritura pública que acredite la designación de procurador común, en casos de solicitudes formuladas por condóminos, o los nombramientos de los representantes legales de cooperativas y asociaciones;
3. Copia de la escritura pública o derecho de posesión de la propiedad del predio donde se ubica el área de autorización solicitada; o la autorización del propietario del terreno mediante escritura pública donde libre y voluntariamente constituye servidumbre de uso y ocupación del predio a favor del solicitante, para la explotación de materiales áridos y pétreos y la renuncia a su derecho preferente para solicitar esta autorización;
4. En los casos en que la explotación se realice en los lechos o cauces de ríos, lagos, lagunas o embalses, presentará títulos de propiedad o contratos de arrendamiento debidamente legalizados, de la propiedad frentista con el río;
5. Copia certificada del documento otorgado por el SENESCYT, con la que se acredite el título profesional del asesor técnico y del abogado patrocinador del peticionario;

f) Certificación de uso del suelo emitida por la Dirección de Planificación Municipal del cantón Chillanes.

g) Informe favorable de la Secretaria Nacional del Agua

(SENAGUA);

h) Memoria técnica del proyecto de explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos;

i) Número de hectáreas a explotarse y volumen de producción estimada por año;

j) Plano topográfico de la cantera en escala 1:1000 con curvas de nivel a 5 metros, referidas a las coordenadas WGS 84, en el que se identifique las construcciones existentes vecinas a la cantera, las cuales solamente podrán estar ubicadas a una distancia no menor de trescientos metros del perímetro de aquella. En el plano constarán las firmas del propietario y del profesional técnico responsable.

k) Recibo de pago de la tasa de servicios administrativos por autorización Municipal para explotación y tratamientos de materiales áridos y pétreos;

Artículo 27.- Inobservancia de Requisitos.- Las solicitudes que no cumplan los requisitos señalados en el artículo anterior, no se admitirá al trámite y, consecuentemente, no serán procesadas en el Catastro Minero Municipal.

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La Jefatura de Medio Ambiente, Producción y Turismo, del cantón Chillanes, hará conocer al solicitante de los defectos u omisiones de la solicitud y ordenará que lo subsane dentro del término de diez días a contarse desde la fecha de la notificación. El peticionario que no atendiere dicho requerimiento en el término señalado, la Jefatura de Medio Ambiente, Producción y Turismo, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes en el término de treinta días después de la notificación sentará la razón de tal hecho y remitirá su expediente para su archivo definitivo.

Artículo 28.- Informe Técnico.-En caso de que la solicitud cumpla con todos los requisitos o se haya enmendado las observaciones, la Jefatura de Medio Ambiente, Producción y Turismo conjuntamente con el Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, en el término de cinco días desde la fecha de recepción de la solicitud, emitirán al Alcalde los respectivos Informes Técnicos y Jurídicos.

Artículo 29.- Resolución.- El Alcalde una vez que recibe los Informes Técnicos y Jurídicos, emitirá la resolución aprobando o negando el permiso de explotación o tratamiento de materiales áridos y pétreos y que en lo principal deberá contener, los nombres y apellidos del peticionario, tratándose de personas naturales, o la razón social de la persona jurídica; la denominación del área, su ubicación geográfica, con mención del lugar parroquia, cantón y provincia; coordenadas de los vértices de la concesión, tiempo de duración de la misma y la superficie de explotación; las obligaciones del titular para con la Municipalidad del cantón Chillanes; el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, así como con la Agencia de Regulación y Control Minero y con el Ministerio de Ambiente.

Artículo 30.- Protocolización y Registro.- Las autorizaciones de la explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos, deberán protocolizarse en una Notaría Pública e inscribirlas en el Registro y Catastro Minero Municipal.

La falta de inscripción en el término de 30 días causará la invalidez y nulidad del pleno derecho de la autorización, sin necesidad de trámite o requisito adicional.

Artículo 31- Duración de la Autorización- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, otorgará la autorización para la explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos a favor de quienes hayan cumplido las regulaciones prescritas en esta Ordenanza. El plazo de tal autorización no será superior la 5 años), contados de la fecha de otorgamiento de la autorización.

Artículo 32.- Renovación de las autorizaciones.- Las autorizaciones para la renovación de la explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos, serán otorgadas por el Alcalde, podrán renovarse por períodos iguales a los de la primera autorización.

Para la renovación de la Autorización, el interesado deberá presentar los siguientes requisitos:

a. Solicitud de renovación de la autorización para la explotación de áridos y pétreos

b. Copia de la Certificación de Uso de Suelo emitida por la Dirección de Planificación

c. Copia de la Licencia Ambiental aprobada; y, el informe favorable de la Unidad de Ambiente, Producción y Turismo.

d. Si el inmueble en que se va a realizar la explotación no fuere de propiedad del solicitante, deberá presentar la autorización expresa del propietario, otorgada mediante Escritura Pública o Contrato de Arrendamiento debidamente legalizado;

e. Memoria Técnica actualizada del Proyecto de Explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos;

f. Determinación de la ubicación y número de hectáreas a explotarse;

g. Recibo de pago de la tasa de servicios administrativos por renovación de la autorización Municipal para explotación de materiales áridos y pétreos;

Artículo 33.- Informe Técnico de Renovación de Explotación.- Si la solicitud cumple los requisitos o se han subsanado las observaciones, la Unidad de Áridos y Pétreos, en el término de cinco días, desde la fecha de la recepción de la solicitud, emitirá el respectivo Informe Técnico de Renovación de Explotación

Artículo 34.- Resolución de Renovación de autorización para la explotación.- El Alcalde, en el término de veinte días de emitido el Informe Técnico de Renovación de Explotación, expedirá la resolución que acepte o niegue la renovación de la autorización de explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos.

Artículo 35.- Reserva Municipal.- La administración Municipal se reserva el derecho para conceder, negar o modificar la autorización para la explotación de materiales áridos y pétreos, además se reserva el derecho para fijar las áreas para reubicación de los sitios para la fase del tratamiento de áridos y pétreos.

CAPÍTULO VII

CONTROL DE LA ACTIVIDAD MINERA

Artículo 36.- Control.- Le corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, la comprobación, inspección, seguimiento, fiscalización o intervención a las actividades mineras autorizadas en materia de áridos y pétreos.

Artículo 37.- Competencia de Control.- En el marco de la competencia para regular, autorizar y controlar la

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actividad minera de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras, le corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, las siguientes actividades:

1. Otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros de materiales áridos y pétreos, en forma previa a la explotación de los mismos en lechos o cauces de los ríos, lagos, lagunas y canteras;
2. Autorizar el inicio para la ejecución de actividades mineras de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras, a favor de personas naturales o jurídicas titulares de derechos mineros y que cuenten con los actos administrativos determinados en el artículo 26 de la Ley de Minería;
3. Autorizar de manera inmediata el acceso sin costo al libre aprovechamiento de los materiales pétreos necesarios para las obras públicas de las instituciones del sector público;
4. Apoyar al ente rector de la competencia y a la entidad de control y regulación nacional en materia de minería, en las acciones que realicen inherentes al control y regulación bajo su competencia;
5. Controlar que las actividades mineras de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras, cuenten con los actos administrativos determinados en el artículo 26 de la Ley de Minería y la autorización para la ejecución de actividades mineras de materiales áridos y pétreos;
6. Sancionar a los concesionarios mineros de conformidad con las Ordenanzas emitidas para regular la competencia;
7. Sancionar a invasores de áreas mineras de explotación de materiales áridos y pétreos, de conformidad a las Ordenanzas que expidan para el efecto, conforme a la Ley y normativa vigente;
8. Ordenar el abandono y desalojo en concesiones mineras de conformidad con las Ordenanzas que expidan para el efecto, y en consonancia con la Ley y la normativa vigente;
9. Controlar las denuncias de internación, de conformidad con las Ordenanzas que expidan para el efecto, y en consonancia con la Ley y la Normativa vigente;
10. Formular oposiciones y constituir servidumbres de conformidad con las Ordenanzas que se expidan para el efecto, y en consonancia con la Ley y la normativa vigente;
11. Acceder a registros e información de los concesionarios para fines de control, de acuerdo con la normativa vigente;
12. Inspeccionar las instalaciones u operaciones de los concesionarios y contratistas de materiales áridos

y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras en fase de explotación conforme a la normativa vigente;

13. Otorgar licencias ambientales para actividades de explotación de materiales áridos y pétreos, siempre y cuando esté acreditado como autoridad ambiental de aplicación responsable ante el Sistema Único de Manejo Ambiental;
14. Emitir certificados de intersección con relación a las áreas protegidas, patrimonio forestal del estado o bosques protectores, siempre y cuando esté acreditado como autoridad ambiental de aplicación responsable en el Sistema Único de Manejo Ambiental;
15. Controlar el cierre de minas de acuerdo con el plan de cierre debidamente aprobado por la autoridad competente;
16. Controlar que los contratistas y concesionarios mineros tomen las precauciones que eviten la contaminación ambiental,
17. Controlar el cumplimiento de las obligaciones de los titulares de derechos de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras a fin de que ejecuten sus labores con adecuados métodos y técnicas que minimicen daños al medio ambiente de acuerdo a la normativa vigente;
18. Controlar el cumplimiento de la obligación que tienen los titulares de derecho mineros para la explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras, de realizar labores de revegetación y reforestación conforme lo establecido en la normativa ambiental y al plan de manejo ambiental, en el ámbito de su competencia;
19. Controlar la acumulación de residuos mineros y la prohibición que tienen los titulares de derechos mineros para explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras, de realizar descargas de desechos, de escombros provenientes de la explotación, hacia los ríos, quebradas, lagunas u otros sitios donde se presenten riesgos de contaminación conforme a la normativa vigente;
20. Controlar y realizar seguimiento orientado a mitigar, controlar y reparar los impactos y efectos ambientales y sociales derivados de las actividades de explotación de materiales áridos y pétreos, de conformidad con la Normativa Ambiental vigente;
21. Ejercer el seguimiento, evaluación y monitoreo de las obligaciones que emanen de los títulos de concesiones mineras; de las actividades de explotación de materiales áridos y pétreos en todas sus fases de materiales de construcción;
22. Controlar que los concesionarios mineros actúen en estricta observancia de las normas legales y

38 – Miércoles 29 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 497

reglamentarias vigentes en materia de patrimonio cultural;

23. Efectuar el control en la seguridad e higiene minera que los concesionarios y contratistas mineros de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras deben aplicar conforme a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes;
24. Controlar el cumplimiento de la obligación que tienen los concesionarios y contratistas mineros de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras de emplear personal ecuatoriano y mantener programas permanentes de formación y capacitación para su personal; además de acoger a estudiantes para que realicen pasantías respecto a la materia, conforme la normativa vigente;
25. Controlar el cumplimiento de la obligación que tienen de los titulares de derechos mineros para materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras de contratar trabajadores residentes y de las zonas aledañas conforme a la normativa vigente;
26. Controlar la prohibición del trabajo infantil en toda actividad minera, de conformidad con la normativa nacional y local vigente; y,
27. Las demás que estén establecidas en la Ley y la normativa nacional vigente.

Artículo 38.- Control de actividades de explotación.- La Jefatura de Medio Ambiente, Producción y Turismo, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, con el apoyo de las diferentes dependencias municipales, realizará seguimientos periódicos al concesionario de materiales áridos y pétreos, para determinar las cantidades efectivas de material de construcción extraído y revisará los libros en los cuales se incorpore las observaciones del técnico nombrado por el concesionario.

Artículo 39.- Control de la obligación de revegetación y reforestación.- La Jefatura de Medio Ambiente, Producción y Turismo del cantón Chillanes en el evento de que la explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras requiriera de trabajos que obliguen al retiro de la capa vegetal y la tala de árboles, controlará el cumplimiento de la obligación de los autorizados, de proceder a la revegetación y reforestación de dichas zonas, con especies nativas, conforme lo establecido en la normativa ambiental y al plan de manejo ambiental, e informará de tales actos al ministerio rector.

Artículo 40.- Control de la acumulación de residuos y prohibición de descargas de desechos.- La Jefatura de Medio Ambiente, Producción y Turismo del cantón Chillanes, controlará que los autorizados para explotar materiales áridos y pétreos, durante la acumulación de residuos mineros, tomen estrictas precauciones que eviten la contaminación de los lugares donde estos se depositan, cumpliendo con la construcción de instalaciones como

escombreras, rellenos de desechos, u otras infraestructuras técnicamente diseñadas y construidas que garanticen un manejo seguro y a largo plazo de conformidad con la autorización municipal.

Se prohíbe la descarga de desechos de escombros, provenientes de la explotación de áridos y pétreos, hacia los ríos, quebradas, u otros sitios donde se presenten riesgos de contaminación. El incumplimiento de esta disposición ocasionará sanciones que pueden llegar a la caducidad de la autorización.

Artículo 41.- Control sobre la conservación de flora y fauna.- La Jefatura de Medio Ambiente, Producción y Turismo del cantón Chillanes, controlará que los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental de la respectiva autorización para explotar áridos y pétreos, contengan información acerca de las especies de flora y fauna existente en la zona, así como la obligación de realizar estudios de monitoreo y las respectivas medidas de mitigación de impactos en ellas.

Artículo 42.- Seguimiento a las obras de protección. – La Jefatura de Medio Ambiente, Producción y Turismo del cantón Chillanes, será la encargada de verificar e informar al Alcalde sobre el cumplimiento en la ejecución de las obras de protección para evitar afectaciones, en caso de incumplimiento el Alcalde, suspenderá la explotación hasta que se ejecuten las obras de protección.

Si se negare o no hiciere en el plazo previsto, se procederá a la ejecución de las obras por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, las cuales serán cobradas con un recargo del 20% y se suspenderá definitivamente la autorización de la explotación de materiales pétreos.

Artículo 43.- Control del transporte de materiales.- La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, será la encargada de verificar el cumplimiento de las normas que aseguren, que la transportación de materiales áridos y pétreos tengan las seguridades necesarias para evitar que el material se riegue en las vías públicas, cuyo incumplimiento incurrirá en una multa que oscilara entre una a diez remuneraciones mensuales básicas unificadas del trabajador en general, según la gravedad. La reincidencia será sancionada con el máximo de la multa.

Artículo 44.- Atribuciones del comisario municipal-Previo a los informes de la Jefatura de Medio Ambiente, Producción y Turismo del Cantón Chillanes, el Comisario Municipal, será el encargado de establecer las sanciones cuando hubiere lugar, así como del cumplimiento de la suspensión de las actividades de explotación previa la instauración del debido proceso. De las multas impuestas comunicará a la Dirección Financiera para la recaudación.

Artículo 45.- Intervención de la fuerza pública. – Notificada la resolución de suspensión temporal o definitiva de la autorización, el Comisario Municipal, con el auxilio de la Policía Municipal y de la Policía Nacional de ser el caso, hará cumplir tal suspensión.

Registro Oficial N° 497 Miércoles 29 de mayo de 2019 – 39

CAPÍTULO VIII MINERÍA ARTESANAL

Artículo 46.- Explotación artesanal.- Se considera explotación artesanal aquella que se realiza mediante el trabajo individual, familiar o asociativo de quien efectúa labores mineras en áreas libres, única y exclusivamente como medio de sustento.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes podrá otorgar permisos para realizar labores de explotación artesanal, las que no podrán afectar ni interferir con los derechos que emanen de la titularidad minera. No obstante lo anterior, los concesionarios mineros podrán autorizar la realización de trabajos de explotación artesanal en el área de su concesión, mediante la celebración de contratos de operación regulados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, en los cuales se estipulará la obligación de los mineros artesanales de sujetarse a las instrucciones de los concesionarios en cuanto se refiere a normas de seguridad y salud minera, a la estricta observancia de la normativa ambiental y al aprovechamiento del recurso minero en forma técnica y racional.

Artículo 47.- Naturaleza especial.- Las actividades de minería artesanal, por su naturaleza especial de subsistencia, distintas de la actividad de la pequeña minería, mediana minería y minería a gran escala, no están sujetas al pago de regalías ni de patentes mineras, y solo pueden utilizar maquinaria y equipos con capacidades limitadas de carga y producción de conformidad con el Instructivo aprobado por el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero.

Artículo 48.- Plazo de la concesión.- El plazo de duración del permiso para la explotación artesanal, será hasta de cinco años, previo informe técnico, catastral, y legal de las Unidades respectivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, conforme los procedimientos y requisitos que se establezcan en el instructivo que para el efecto se expida. Se prohíbe en forma expresa el otorgamiento de más de un permiso a una misma persona, para actividades en explotación artesanal.

Artículo 49.- Características de la Explotación Minería Artesanal.- Las actividades de explotación artesanal se caracterizan por la utilización de aparatos manuales o maquinas destinadas a la obtención de áridos y pétreos, como medio de sustento, cuya comercialización en general permite cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo familiar que la realiza, únicamente, dentro de la circunscripción territorial respecto de la cual se hubiera otorgado el correspondiente permiso.

Artículo 50.- Derechos y obligaciones de los titulares de la explotación artesanal.- Se entienden por derechos mineros para la explotación artesanal, aquellos que se emanan de los permisos otorgados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, acorde a lo que establece la ley; las obligaciones que consten de manera expresa en los respectivos permisos y sean asumidos por sus titulares deben ser cumplidas

por estos, como condición para el goce de los beneficios establecidos en la normativa legal aplicable al régimen especial de explotación artesanal. En consecuencia, su inobservancia o incumplimiento, constituirán causales de extinción de derechos y fundamento para la revocatoria de tales permisos, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles, penales o ambientales a las que hubiere lugar.

Artículo 51.- Ejercicio de la potestad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes.- En ejercicio de la potestad estatal de regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras, con el informe técnico, económico y jurídico podrá adoptar las acciones administrativas que fueren necesarias respecto de la autorización otorgada bajo el régimen de la explotación artesanal.

Artículo 52.- Autorizaciones para la explotación artesanal.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes previo a la obtención del registro ambiental, otorgará autorizaciones para la explotación artesanal de materiales áridos y pétreos en áreas que se destinen para el efecto, según el Acuerdo Ministerial No 286 y cumpliendo los requisitos según el artículo 61 del Reglamento General a la Ley de Minería, las que se regirán por un instructivo en el que se estipularán los volúmenes de explotación, las condiciones de extracción, las actividades de remediación, entre otros, que será expedido por la máxima autoridad administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes.

Artículo 53.- Procedimiento para el otorgamiento del permiso para actividades de minería artesanal

Previo la obtención del permiso mencionado, el minero artesanal además de cumplir con lo estipulado en el artículo 50 de la presente Ordenanza, deberá presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud dirigida al Alcalde, en la que se singularice la ubicación del área, las coordenadas de la misma y forma de explotación, en el formulario correspondiente
2. Declaración juramentada, en la misma solicitud, de los materiales a explotarse, los montos de inversión, volúmenes y demás datos que acrediten su condición de minero artesanal;
3. De ser el caso, la identificación de las plantas de trituración y clasificación de los materiales producto de la explotación; y,
4. Registro Único de Contribuyentes y certificado de cumplimiento de las obligaciones tributarias.
5. Los beneficios del mismo estarán sujetos al cumplimiento de todas las obligaciones previstas en la Ley de Minería, su Reglamento y Ordenanza en cuanto fueren aplicables al Régimen Especial de Minería Artesanal.

40 – Miércoles 29 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 497

Artículo 54.- Capacidad de producción.- En función de los métodos de explotación y/o procesamiento técnicamente seleccionados para su aprovechamiento racional, se establece el siguiente rango de producción:

DEPÓSITO

VOLUMEN

CARACTERÍSTICAS

Aluviales

100 m³/día

Terrazas aluviales

Cantera

50 ton m³/ día

Roca dura

Artículo 55.- Áreas destinadas a realizar labores mineras artesanales.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, otorgará permisos para realizar labores artesanales de materiales áridos y pétreos en áreas cuya superficie se encuentre dentro de los parámetros establecidos en artículo 134 de la Ley de Minería y el Reglamento para Regularizar Labores de Minería Artesanal, la superficie no será superior a seis hectáreas en aluviales y en cielo abierto.

CAPÍTULO IX PEQUEÑA MINERÍA

Artículo 56.- Naturaleza de la pequeña minería.- Las actividades de pequeña minería, orientadas a promover procesos de desarrollo sustentable, constituyen alternativas para generar oportunidades laborales, capaces de generar encadenamientos productivos a partir de la activación de las economías locales en los sectores en los que se realiza, como medio para acceder al buen vivir.

Artículo 57.- Características de la pequeña minería.- Se considera pequeña minería aquella que, en razón de las características y condiciones geológico mineras de las canteras y/o aluviales de materiales de construcción, así como de sus parámetros técnicos y económicos, se hace viable su explotación racional en forma directa, pudiendo realizar simultáneamente labores de exploración y explotación.

Artículo 58.- Capacidad de Producción.- En función de los métodos de explotación y/o procesamiento técnicamente seleccionados para su aprovechamiento racional, se establece el siguiente rango de producción:

DEPÓSITO

VOLUMEN

CARACTERÍSTICAS

Aluviales

800 m³/día

Terrazas aluviales

Cantera

500 ton m³ / día

Roca dura

Artículo 59.- Oposición a concesión de títulos mineros.-

Durante el trámite de una autorización para la explotación de materiales áridos y pétreos, podrán oponerse motivadamente al otorgamiento de la autorización las siguientes personas:

1. Los titulares mineros que justifiquen que sobre esa misma superficie existe una concesión otorgada a su favor;
2. Los titulares de inmuebles colindantes, cuando acrediten que la actividad minera pudiera causarles afectaciones; y,
3. Cualquier persona natural o jurídica que justifique la inminencia de daños ambientales.

La Unidad de Áridos y Pétreos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, previa verificación y comprobación de las causas que motiven la oposición, adoptará las decisiones que mejor favorezcan al ejercicio de los derechos del titular minero y de los ciudadanos.

CAPITULO X

OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS

DENTRO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑA MINERÍA

HASTA 300 HECTÁREAS MINERAS.

Artículo 60.- Solicitud y Requisitos.- Cualquier persona natural o jurídica, que acredite su calidad de sujeto de derecho minero y que pretenda ser titular de una concesión minera para materiales áridos y pétreos, de hasta 300 hectáreas mineras, bajo el Régimen Especial de Pequeña Minería, deberá presentar una solicitud dirigida al técnico de la Unidad de Áridos y Pétreos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, con los siguientes requisitos:

a) Nombres y apellidos completos, copia de la cédula de ciudadanía, certificado de votación y domicilio del solicitante. En caso de personas jurídicas: nombre de la empresa, razón social o denominación, copia actualizada del RUC, nombramiento del representante legal o apoderado debidamente registrado y vigente, copia certificada de la escritura pública de constitución debidamente inscrita;

Registro Oficial N° 497 Miércoles 29 de mayo de 2019 – 41

2. Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes;
3. Certificación de Uso de Suelo emitida por la Jefatura de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes.
4. Certificado de gravámenes debidamente actualizado, emitido por el Registro de la Propiedad Municipal del cantón Chillanes, del que se desprenda la propiedad del terreno, donde se pretende realizar las labores mineras, superficie que debe coincidir con la superficie solicitada;
5. Si el inmueble en que se va a realizar las actividades mineras no fuere de propiedad del solicitante, deberá presentar la autorización expresa del propietario de terreno para el uso de su predio para una concesión, otorgada mediante escritura pública o contrato de arrendamiento debidamente legalizado; dicha autorización o contrato debe tener una duración de hasta veinticinco años, que es plazo efectivo de la concesión;

f) Memoria técnica del plan de prefactibilidad de actividades mineras para materiales áridos y pétreos; que contendrá la acreditación de solvencia técnica, económica, montos de inversión, plazos para el desarrollo de actividades de explotación y procesamiento;

g) Denominación del área, ubicación del área, señalando lugar, parroquia, cantón, provincia o circunscripción territorial y número de hectáreas mineras solicitadas;

h) Coordenadas catastrales, cuyos valores numéricos serán siempre múltiplos de cien tanto para las X como para las Y del punto de partida y de los demás vértices del polígono del área, de acuerdo con lo señalado en el artículo 32 de la Ley de Minería, en el sistema PSAD 56; además de un plano topográfico del área solicitada en escala 1:5000 con curvas de nivel a cinco metros, (5) en formato físico y digital (SHAPE)en el que se identifiquen las construcciones existentes vecinas al área minera, las cuales solamente podrán estar ubicadas en un área de influencia directa de cien hasta doscientos metros al perímetro de aquella; y a una distancia no menor a quinientos metros del área de influencia indirecta al perímetro de aquella. En el plano constarán las firmas del peticionario y del profesional técnico responsable;

i) Declaración juramentada de asumir la obligación de obtener la respectiva licencia ambiental y dar cumplimiento a las obligaciones generadas de esta; cumplir las obligaciones económicas, técnicas y sociales contempladas en la Ley de Minería y demás normativa aplicable y de no hallarse incurso en las inhabilidades previstas en el artículo 20 de la Ley de Minería y el artículo 153 de la Constitución de la República del Ecuador; además de declarar que no es titular de permiso s de minería artesanal a nivel nacional

y que no ha ingresado tramites de minería artesanal en otros gobiernos autónomos descentralizados municipales del país;

j) Comprobante de pago por derecho a trámite;

k) Nombre del Asesor Técnico, ingeniero en Geología o Ingeniero en Minas, así como del abogado patrocinador del peticionario y del consultor ambiental calificado por el Ministerio del Ambiente.

l) En caso de que el peticionario sea un condominio, cooperativas y asociaciones deberán acompañar la escritura pública en la que se designe un procurador común;

m) Lugar donde habrá de notificarse al peticionario; y,

n) Firmas del peticionario, asesor técnico, consultor ambiental y del abogado patrocinador.

Artículo 61.- Pago de derecho a trámite.-Por cada solicitud de concesión minera y por una sola vez, el peticionario deberá cancelar dos remuneraciones básicas unificadas.

El valor de este derecho no será reembolsable; para el efecto la Jefatura de Medio Ambiente, Producción y Turismo, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes elaborará la orden de emisión de título de crédito, haciéndose efectivo el cobro en Tesorería.

Artículo 62.- Plazo de la concesión minera.- El plazo de la concesión minera de materiales áridos y pétreos será de hasta veinticinco años los mismos que serán renovables previa solicitud hecha por el titular del derecho, antes del vencimiento del plazo.

Artículo 63.- Procedimiento para el otorgamiento de concesiones mineras.- Las solicitudes que no cumplan los requisitos señalados en el artículo 60 de la presente Ordenanza, no se admitirán a trámite.

La Jefatura de Medio Ambiente, Producción y Turismo, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes hará conocer al solicitante de la falta de requisitos u omisiones de la solicitud y ordenará que lo subsane dentro de diez días hábiles a contarse desde la fecha de la notificación en el domicilio señalado para el efecto. Si, a pesar de haber sido notificado el peticionario no atendiere dicho requerimiento en el término señalado, se sentará la razón de tal hecho y se dispondrá el archivo definitivo de la solicitud.

Artículo 64.- Informes Técnicos Previos.-Una vez que se reciba la solicitud tendrá quince días hábiles para su análisis. Cuando la solicitud cumpla los requisitos o se hayan subsanado las observaciones, la Jefatura de Medio Ambiente, Producción y Turismo, calificará la solicitud de clara y completa y la admitirá a trámite; en quince días hábiles emitirá el respectivo informe técnico de campo y técnico económico correspondiente. Además oficiará a la

42 – Miércoles 29 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 497

Agencia de Regulación y Control Minero para que en el término no mayor de treinta días emita el informe catastral correspondiente, de conformidad a lo establecido en el artículo 150 de la Ley de Minería, en concordancia con el Instructivo para el otorgamiento de concesiones mineras para minerales no metálicos o materiales de construcción, de hasta 300 hectáreas mineras, bajo el régimen de pequeña minería. Realizada la verificación se solicitará a la Unidad de Avalúos y Catastros realice el informe de factibilidad catastral dentro de quince días hábiles.

En el evento de que del informe catastral arroje que existe una superposición parcial al área solicitada, se deberá consultar al interesado si tiene interés por optar por el área disponible, para lo que se le otorgará ocho días hábiles contados a partir de la notificación, en caso de no recibir respuesta se sentará razón del hecho, y se dispondrá el archivo de la solicitud.

En caso de que el peticionario opte por el área disponible, deberá realizar un alcance a su solicitud inicial indicando las nuevas coordenadas catastrales, y la Jefatura de Medio Ambiente, Producción y Turismo, solicitará un nuevo informe catastral a la Agencia de Regulación y Control Minero previo el otorgamiento del derecho.

Artículo 65.- Resolución.- El Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes una vez recibido el informe técnico, en un tiempo no superior a veinte días hábiles de haber recibido los Informes técnicos de campo, económico y catastral, concederá o negará motivadamente el otorgamiento de la concesión minera.

En caso de otorgamiento del título minero deberá contener; la ubicación geográfica con mención del lugar, parroquia, cantón, provincia o circunscripción territorial; denominación del área; coordenadas de los vértices de la concesión; plazo; nombre y, apellidos completos del concesionario si es persona natural, por la denominación de la persona jurídica, de ser el caso y demás disposiciones que haga constar el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes con ajuste a la Ley de Minería, sus Reglamentos y la presente Ordenanza; además deberá disponerla protocolización e inscripción correspondiente.

Una vez otorgado el derecho, el titular de la concesión dentro de ciento ochenta días calendario, deberá presentar su solicitud con los requisitos referentes a obtener la autorización para ejecutar labores mineras, caso contrario se procederá a extinguir el derecho, archivarlo y ordenará se elimine del catastro minero nacional la graficación del área.

Artículo 66.- Protocolización y Registro.- La resolución mediante la cual se otorga una concesión minera de materiales áridos y pétreos, deberá protocolizarse en una Notaría Pública e inscribirse en la Agencia de Regulación y Control Minero, teniendo la obligación el titular de entregar un ejemplar del documento legalizado; en la

Jefatura de Medio Ambiente, Producción y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes.

CAPÍTULO XI

LIBRE APROVECHAMIENTO

PARA LA OBRA PÚBLICA

Artículo 67.- Libre aprovechamiento de materiales de construcción para la obra pública.-El Estado directamente o a través de sus contratistas podrá aprovechar libremente los materiales de construcción para la obra pública en áreas no concesionadas o concesionadas. La autorización del libre aprovechamiento es competencia del Ministerio Sectorial; y la autorización de inicio de ejecución de actividades mineras es competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, la misma que será inmediata y sin costo. Las autorizaciones emanadas por el cuerpo edificio, están sujetas al cumplimiento de todas las disposiciones de la presente Ordenanza, especialmente las de carácter ambiental. Los contratistas que explotaren los libres aprovechamientos, están obligados al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

Artículo 68.- Autorización.- En la resolución de autorización emitida por el Ministerio Sectorial constará la identificación de la entidad pública o del contratista, el lugar donde se extraerá el material con determinación de la cantidad de material y de hectáreas, así como el tiempo de aprovechamiento, la obra pública de destino y las coordenadas. Constará además la obligación de destinar única y exclusivamente a la obra pública autorizada.

Cuando se trate de áreas autorizadas se informará al autorizado, quien no podrá oponerse, pero se realizarán los ajustes necesarios para el cálculo del pago de regalías; la entidad pública o contratista por su parte se ajustará a las actividades previstas en el Estudio de Impacto Ambiental del titular de la autorización y responderán por las afectaciones ambientales por ellos provocadas.

Artículo 69.- Uso de materiales sobrantes.- Los materiales sobrantes o que por cualquier razón quedaren abandonados por los concesionarios por más de seis meses y se encuentren listos para ser transportados, serán dispuestos por la Municipalidad exclusivamente para la construcción de obras públicas, previa cuantificación de esos materiales.

CAPÍTULO XII

TASAS Y REGALÍAS POR

EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS Y PÉTREOS

Artículo 70.- Tasas.-El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, recaudará las tasas por servicios administrativos correspondientes al otorgamiento, administración, regulación, autorización, control, y extinción de derechos mineros de acuerdo a la siguiente tabla:

Registro Oficial N° 497 Miércoles 29 de mayo de 2019 – 43

SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

FRECUENCIA DE PAGO

VALOR

Derecho a trámite de obtención de Título de Concesión para actividades mineras bajo el régimen de pequeña minería.

Cada vez que se presente la solicitud del trámite

2 RBU

Derecho a trámite de renovación de Título de Concesión para actividades mineras bajo el régimen de pequeña minería.

Cada vez que se presente la solicitud de renovación

2 RBU

Autorización de inicio de ejecución de actividades mineras, concesiones mineras.

Anual

2 RBU

Autorización de inicio de ejecución de actividades mineras, concesiones mineras para pequeña minería.

Anual

1 RBU

Emisión Licencia Ambiental o Registro (Gastos Administrativos)

Una sola Vez

50% 1 RBU

Autorización de inicio de ejecución de actividades mineras artesanales

Autorizaciones anuales

Sin costo

Autorización de inicio de ejecución de actividades mineras «libre aprovechamiento»

Por el tiempo que dure la

autorización emitida por el

Ministerio Sectorial

Sin costo

Autorización para el transporte de materiales áridos y pétreos, por cada vehículo dedicado a la actividad.

Anual

50% RBU

Autorización para la instalación de plantas de procesamiento y trituración de materiales áridos y pétreos.

Una sola vez

2 RBU

Autorización para la operación de plantas de procesamiento y trituración de materiales áridos y pétreos.

Anual

3 RBU

Inspecciones de campo a petición de parte, a áreas de explotación de materiales áridos y pétreos.

Cada vez que se realicen

25 % RBU + gastos por subsistencias

Registro de contratos de operación minera entre particulares y concesionario mineros.

Cada vez que se realicen

50% RBU

Registro de Asesores Técnicos Mineros

Anual

1 RBU

Registro de Consultores Ambientales Calificados por el Ministerio del Ambiente.

Anual

1 RBU

Revisión del Plan de Cierre y Abandono de mina.

Una sola vez

1 RBU

Revisión y Calificación de Plan de Cierre y Abandono de Mina/ Técnico ambiental.

Una sola vez

1 RBU

Revisión y Calificación de Plan de Desarrollo Minero.

Una sola Vez

1 RBU

Revisión y Calificación de Proyecto de Desarrollo Minero. (Mineros Artesanales)

Una sola Vez

Sin costo

Copias Certificadas de documentos.

Cada vez que se solicite

0.50 centavos de dólar por cada hoja

Diligencias de Mensura y Alinderamiento

Cada vez que se solicite

1 R.B.U.

Diligencias de Internación de Labores Mineras

Cada vez que se solicite

1 R.B.U.

Diligencias de Amparos Administrativos

Cada vez que se solicite

1 R.B.U.

Diligencia de Servidumbre

Cada vez que se solicite

1 R.B.U.

Registro de Auditores Mineros Personas Naturales

Anual

1 R.B.U.

Registro de Auditores Mineros Personas Jurídicas

Anual

3 R.B.U.

Certificado de cumplimiento de obligaciones generadas del Plan de manejo ambiental

Cada vez que se solicite

10% R.BU.

Certificado de cumplimiento de obligaciones generadas del Plan o proyecto de desarrollo minero.

Cada vez que se solicite

10% R.BU.

Certificado de cumplimiento de obligaciones económicas.

Cada vez que se solicite

10% R.BU.

Artículo 71.-Regalías.-El autorizado para la explotación y procesamiento de Materiales Áridos y Pétreos, deberán pagar por concepto de regalía minera al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, el 3 % sobre la base de los costos de producción establecidas de conformidad con el inciso sexto y séptimo del artículo 93 de la Ley de Minería, concordante con el artículo 143 inciso último de la misma Ley.

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Se entenderá como costos de producción todos aquellos costos directos e indirectos incurridos en la fase de explotación hasta el límite de la mina, de conformidad al artículo 27 literal c) Ley Minería.

El pago de regalías se hará cada año de manera semestral, las correspondientes al primer semestre hasta el mes de septiembre y las correspondientes al segundo semestre hasta el mes marzo, de acuerdo a lo declarado en el informe auditado de producción, que reflejará los material áridos y pétreos que se han explotado, el costo de producción y el volumen explotado.

Artículo 72.- Recaudación de regalías, tasas y multas.-

Los valores correspondientes a regalías, tasas y multas, serán recaudados directamente por Tesorería.

Artículo 73.- Destino de las regalías.- Las regalías económicas serán destinadas exclusivamente a proyectos de inversión de acuerdo a las competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes en el territorio cantonal.

CAPÍTULO XIII

OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, CONTRAVENCIONES Y SANCIONES

Artículo 74.- Obligaciones Generales.- Los concesionarios mineros naturales o jurídicos, nacionales o extranjeros, que aprovechen de los materiales áridos y pétreos directa o indirectamente tienen la obligación de:

1. Pago en los términos y plazos establecidos por la Ley, las regalías por concepto del aprovechamiento de los materiales pétreos.
2. Cumplir y aplicar las normas de seguridad e higiene minera-industrial con el fin de preservar la salud mental y física del personal técnico y trabajadores, dotación de servicios de salud, condiciones de trabajo higiénicas, habitaciones cómodas en los campamentos según el caso. Así mismo, será obligatorio por parte del concesionario, la aprobación del Reglamento interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera.
3. Ejecutar las labores de explotación con métodos y técnicas que minimicen los daños al suelo, al medio ambiente, al patrimonio natural y cultural, a los concesionarios colindantes, y a resarcir cualquier daño o perjuicio que causen en la realización de sus trabajos.
4. Conservar los hitos demarcatorios de las concesiones mineras.
5. Mantener registros contables, financieros, técnicos, de empleo, datos estadísticos de producción, de avance de trabajo, consumo de materiales, energía, agua, y otros que reflejen adecuadamente el desarrollo de sus operaciones y que deberán llevarse obligatoriamente. Una vez que ésta información sea entregada al Ministerio Sectorial, deberá entregarse copias a la Unidad de Áridos y Pétreos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes.

f) Facilitar el acceso de funcionarios municipales debidamente autorizados, a los libros y registros referidos en el literal anterior, a efecto de evaluar la actividad minera realizada.

g) Facilitar la inspección de instalaciones.

h) Emplear personal ecuatoriano en una proporción no menor del 80% para el desarrollo de sus operaciones mineras.

i) Mantener procesos y programas permanentes de entrenamiento y capacitación para su personal a todo nivel.

j) Contrato de mano de obra local o residente en zonas aledañas a los proyectos mineros.

k) Presentar a la municipalidad semestralmente los informes de producción.

l) Obtener las servidumbres correspondientes o en su defecto acuerdos legalizados con los propietarios de terrenos superficiales para el ejercicio de su actividad y la instalación de campamentos, depósitos de acumulación de residuos, plantas de bombeo para el adecuado ejercicio de sus actividades.

m) Cumplir y hacer cumplir con todas las Ordenanzas y disposiciones emitidas por el Gobierno Municipal del cantón Chillanes respecto al ambiente; el desarrollo sustentable y en general garantizar la conservación de los recursos naturales.

n) Mantener limpias y sin desechos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otro tipo, las áreas de explotación y de influencia.

o) Cuidar y respetar los bienes nacionales de uso público, demostrando una actitud de conservación y conciencia ambiental permanente.

p) Velar por el buen funcionamiento mecánico de los equipos y vehículos utilizados para la explotación minera.

q) Cuidar y velar por el buen estado de los bienes públicos.

r) Cumplir con las leyes y normas vigentes para la adecuada explotación de los materiales de construcción.

s) Cumplir con las obligaciones tributarias y especialmente con aquellas emitidas por el Gobierno municipal del cantón Chillanes.

t) Regularizar ambientalmente el proyecto minero en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la emisión de la concesión, así como también cumplir con el Plan de Manejo Ambiental.

u) Nivelar los lechos secos en aquellas áreas que fueron sometidas a la explotación, así como la reforestación con especies nativas.

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v) Manejar los desechos generados en los campamentos y áreas mineras, implementando sistemas de clasificación de desechos, almacenamiento temporal, traslado y eliminación adecuada.

w) Cuidar y respetar los bienes nacionales de uso público, demostrando una actitud de conservación y consecuencia ambiental permanente.

x) Explotar los materiales áridos y pétreos de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por cada zona de explotación.

Artículo 75.- Prohibiciones.- Los concesionarios mineros naturales o jurídicos, nacionales o extranjeros, que aprovechen los materiales áridos y pétreos, estarán sujetos a las siguientes prohibiciones:

1. La explotación de materiales de construcción fuera de las áreas delimitadas para el efecto y sobre todo en zonas de protección ecológica.
2. Explotar materiales de construcción sin haber firmado el contrato de explotación.
3. El trabajo de niños, niñas o adolescentes a cualquier título en toda actividad minera, de conformidad a lo que estipula el numeral 2 del artículo 46 de la Constitución de la República.
4. La utilización de testaferros para acumular más de una concesión minera.
5. Alterar los hitos demográficos.Internarse o invadir áreas concesionadas o no

g) Explotar materiales de construcción por sobre los límites máximos de explotación que impongan el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes.

h) La construcción de campamentos cuyos planos no hayan sido autorizados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes.

i) Desviar el cauce o curso natural de los ríos

j) La contaminación ambiental de forma accidental o no cualquier tipo de desechos, afluentes, emanación o ruido.

k) Deforestar la flora nativa en riveras o en áreas no autorizadas para la explotación.

l) Explotación y comercialización de materiales de construcción que realicen los contratistas del estado de las autorizaciones de libre aprovechamiento y que no sean destinados para obra pública.

m) Depositar sin tratamiento residuos mineros, escombros y otros desechos directamente al agua, aire, suelo, ríos.

n) La explotación de materiales de construcción fuera de las áreas establecidas para el efecto.

o) La apertura de vías sin autorización municipal.

Artículo 76.- Contravenciones- Se establecen cuatro clases de contravenciones con sus respectivas sanciones, que se especifican a continuación:

1) CONTRAVENCIONES DE PRIMERA CLASE Y SUS SANCIONES; serán sancionados con multas equivalente a una remuneración básica unificada de un trabajador privador con las siguientes infracciones:

1. Emplear personal extranjero en una proporción mayor al 20% de la planilla total de trabajadores para el desarrollo de sus operaciones mineras.
2. Negar el libre acceso a las áreas de riberas de ríos.
3. Mantener al personal sin ningún programa de entrenamiento y/o capacitación durante más de un año.
4. Daños a la propiedad pública o privada.
5. Falta de palabra o de obra a los funcionarios municipales encargados del control, seguimiento y monitoreo ambiental de la explotación de materiales de construcción.

f) Realizar el lavado de los vehículos pesados en la vía pública.

g) Quienes presentaren denuncias infundadas.

2) CONTRAVENCIONES DE SEGUNDA CLASE Y SUS SANCIONES; serán sancionados con multa equivalente a dos remuneraciones básicas unificadas de un trabajador privador quienes comentan las siguientes contravenciones:

1. Incumplir con las normas de seguridad e higiene minera-industrial.
2. Incumplir con la implementación y aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo en el ámbito minero.
3. La contaminación ambiental accidental o no del suelo, flora o atmosfera con desechos sólidos y/o líquidos, gases o ruidos.
4. Circular en vehículos con escape libre o sin silenciador.
5. El manejo inadecuado de los desechos sólidos generados en el interior de los campamentos y áreas mineras.

f) Quemar desechos sólidos, líquidos o gaseosos al aire libre.

g) Realizar el mantenimiento de vehículos en la vía pública salvo en el caso de emergencia.

h) Realizar actividades o actos que contravengan a las normas establecidas para el uso del suelo.

i) Desviar intencionalmente el curso natural de un río.

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j) Incumplir con el pago de tasas establecidas en la presente Ordenanza.

k) Negar el ingreso al personal técnico municipal.

l) Negar la entrega de registros, estadísticas y otros informes al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes.

m) Negarse a la presentación de documentación relacionada con la explotación de los materiales pétreos.

3) CONTRAVENCIONES DE TERCERA CLASE Y SUS SANCIONES; serán sancionados con multa equivalente a tres remuneraciones básicas unificadas de un trabajador privador y/o suspensión temporal o permanente quienes cometan las siguientes contravenciones:

1. Sobrepasar el límite de profundidad máxima de explotación.
2. Realizar la explotación de materiales pétreos sin los estudios de impacto ambiental o licenciamiento ambiental.
3. Transportar los materiales de construcción sin las medidas de seguridad.
4. Depositar materiales de construcción en la vía pública sin autorización municipal.
5. Exceder el tiempo permitido para mantener materiales de construcción en la vía pública.

f) Circular con vehículos pesados dentro de la zona comercial en horarios no permitidos.

g) Utilizar la vía pública como parqueadero de vehículos pesados.

h) Carecer o llevar inadecuadamente los registros contables, financieros, técnicos, de empleo, datos estadísticos de producción, etc.

i) Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental o Plan de Explotación.

Las contravenciones de tercera clase serán motivo de evaluación y análisis de la vigencia del Contrato de explotación de materiales áridos y pétreos por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes.

4) CONTRAVENCIONES DE CUARTA CLASE Y SUS SANCIONES: Serán sancionados con multa equivalente a cuatro remuneraciones básicas unificadas de un trabajador privador y caducidad de la concesión minera a quienes cometan las siguientes contravenciones:

1. La construcción de campamentos sin la aprobación de los planos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes.
2. La explotación de materiales áridos y pétreos en sitios no autorizados, restringidos o prohibidos por el

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes.

3. Alterar y/o trasladar los hitos demarcatorios.
4. Internarse o invalidar concesiones ajenas a las otorgadas al concesionario.
5. Explotación de materiales de construcción sin haber firmado el contrato de explotación.

f) Explotación ilegal o comercio clandestino de materiales de construcción.

g) Comercializar los materiales productos de una autorización de libre aprovechamiento.

h) Contratación de trabajo infantil.

Artículo 77.- Reincidencias.- En caso de reincidencia se aplicara el doble de la multa y de reincidir en aquellos casos que corresponden la multa impuesta por el cometimiento de las contravenciones, no exonerará al infractor de los costos por remediación ambiental y restitución del ambiente natural que existía antes de la afectación.

Artículo 78.- Destino de las Multas.- Los dineros recaudados por el cometimiento de contravenciones y aplicación de sanciones servirán para crear un fondo ambiental para el manejo, recuperación y realización de campañas de concienciación ambiental sobre los bienes nacionales de uso público.

Artículo 79.- Recargos.- Cuando con el informe técnico se determine que la explotación de materiales de construcción ha causado daños materiales y ambientales a propietarios o en general, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, dispondrá la respectiva indemnización, así como su inmediata remediación.

Las obras que se constituyan una contravención de lo dispuesto en el presente artículo, serán destruidas a costas del infractor y se sujetarán a las sanciones establecidas en las diferentes leyes que existen en el país.

Artículo 80.- Acción Popular.- Se considerará acción popular para denunciar estas infracciones, las mismas que serán sancionadas con las estipulaciones prescritas en la presente Ordenanza y las demás leyes de la República.

Artículo 81.- Sanciones.- El incumplimiento de las normas de esta Ordenanza estará sujeto a las siguientes sanciones:

1. Suspensión temporal de la autorización y una multa de veinte y cinco salarios básicos unificados, por el incumplimiento de lo determinado en los artículos 15, 24 y los artículos del Capítulo IV de la presente Ordenanza. En caso de reincidencia con el doble de la multa impuesta y la clausura inmediata de la actividad hasta que se supere la causa que la motivó.
2. La inobservancia en cuanto a la suspensión temporal o definitiva de la autorización causará una multa de cien salarios básicos unificados.

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3. Las personas autorizadas a realizar actividades de explotación de áridos y pétreos que incumplan los Planes de Manejo Ambiental (PMA) contantes en las evaluaciones de Impacto Ambiental respectivas, serán sancionados, con una multa de cincuenta salarios básicos unificados, vigentes, y en caso de reincidencia con el doble de la multa impuesta y la clausura inmediata de la actividad hasta que se supere la causa que lo motivo, además se ejecutaran las garantías ambientales rendidas.
4. Las personas autorizadas para explotar materiales áridos y pétreos con concesiones de plazo vencido, serán sancionados con la suspensión de la explotación, hasta obtener la renovación de la concesión de ser el caso y el pago de una multa equivalente a ciento cincuenta salarios básicos Unificados, vigentes. En caso de reincidencia con el doble de la multa impuesta y la clausura definitiva de la actividad.
5. Las personas que realicen explotación de áridos y pétreos sin debida autorización municipal serán suspendidas inmediatamente las actividades de explotación de áridos y pétreos; y se notificara a las autoridades competentes.

Artículo 82.- Cobro de Sanciones- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, hará efectivas las sanciones indicadas en el artículo anterior por medio de la Comisaria Municipal, previo al debido proceso, autoridad que podrá solicitar la colaboración de la Policía Nacional, para el cumplimiento de sus atribuciones, y, en caso de falta de pago de las misma, mediante la emisión de títulos de créditos que serán cobrados por la vía coactiva.

CAPÍTULO XIV

CIERRE DE OPERACIONES

Artículo 83.- Comunicación- Las personas que estén haciendo la explotación de los materiales de construcción, si van a realizar el cierre del área autorizada deberán comunicar oportunamente a la Unidad de Áridos y Pétreos, para la verificación del cumplimiento con el plan de cierre que está comprendido en el plan de manejo ambiental.

Artículo 84.- Verificación.- La Unidad de Áridos y Pétreos, verificará que el autorizado haga un cierre técnico del área explotada con el objetivo de minimizar los impactos ambientales

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Todas las autorizaciones de explotación de materiales de construcción serán inscritas en el Registro de la Propiedad. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes llevará un registro actualizado de las áreas autorizadas, además el autorizado remitirá copia certificada de la autorización, a la Agencia de Regulación y Control Minero para el registro correspondiente.

SEGUNDA.- En la jurisdicción cantonal de Chillanes, ninguna entidad pública o sus contratistas podrán explotar materiales de construcción sin la autorización del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, caso contrario pagarán las multas fijadas en esta ordenanza.

TERCERA.- Cuando por causas naturales se produzcan el desvió de las aguas de los ríos o quebradas, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes podrá intervenir con sus equipos y maquinarias a fin de encausarlas por el lugar que corresponda sin que exista lugar a objeción del titular de la autorización o propietario de inmuebles afectados o beneficiarios.

CUARTA. – A partir de la vigencia de la presente ordenanza quedan expresamente derogadas todas las ordenanzas y resoluciones que se opongan a la presente.

QUINTA.- Una vez que se ha realizado el proceso legislativo por el Concejo Municipal del cantón Chillanes, la Dirección de Gestión Financiera dispondrá la elaboración de las especies valoradas y no valoradas que serán entregadas a la Tesorería, quienes son responsables del cobro de los permisos de explotación de materiales áridos y pétreos, de este recurso no renovable, en el caso de que el contribuyente no cancele a tiempo este valor se dará inicio al proceso coactivo.

SEXTA.- Las tasas fijadas por la Administración de la explotación de materiales áridos y pétreos que hayan sido otorgadas en el transcurso del año sólo pagarán la proporcionalidad del mismo.

SÉPTIMA.- El Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes en un plazo máximo de noventa días contados a partir de la publicación de la presente Ordenanza pondrá en conocimiento del Ministerio de Recursos No Renovables, Agencia de Regulación y Control Minero y Consejo Nacional de Competencias sobre la vigencia de la presente Ordenanza a efecto de implementar el convenio de transferencias.

OCTAVA- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes observará las normas contenidas en la Resolución del Consejo Nacional de Competencias No. 004-CNC-2014 publicada en el Registro Oficial No. 411 de 08 de enero de 2015, para la regulación del ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos y canteras, a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Metropolitanos y Municipales y la Normativa Minera como supletoria en caso de vacíos legales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Para el cabal cumplimiento de la presente ordenanza, el Alcalde del cantón Chillanes, en el plazo máximo de 30 días contados a partir de la publicación de la presente Ordenanza, dispondrá la creación de la Unidad Áridos y Pétreos o quien haga sus veces.

SEGUNDA.- Los Concesionarios de materiales áridos y pétreos que se encuentran actualmente explotando y que dispongan de permiso de funcionamiento emitido por la actual Agencia de Regulación y Control Minero deberán presentar su solicitud a la Unidad de Áridos y Pétreos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes dentro de los noventa días siguientes a la vigencia de esta Ordenanza para su regulación. Caso contrario una vez cumplido el plazo antes mencionado se procederá la suspensión de las actividades mineras hasta que se cumpla con la regularización y se impondrá la multa correspondiente.

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TERCERA.- Quienes hasta la expedición de la presente Ordenanza realizaren actividades de explotación de materiales áridos y pétreos que no disponga de permiso de funcionamiento emitido por la Agencia de Regulación y Control Minero, tendrán un plazo de treinta días a partir de la publicación de la presente Ordenanza, para solicitar a la Unidad de Áridos y Pétreos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes la autorización en los términos establecidos en el presente cuerpo legal; proceso que deberá ser cumplido en el plazo máximo de un año calendario.

CUARTA.- La Jefatura de Medio Ambiente, Producción y Turismo, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes deberá determinar en un plazo no mayor a noventa días desde la vigencia de la presente Ordenanza, las actividades de explotación de materiales áridos y pétreos que no pueden seguir funcionando por cuanto no es posible mitigar los impactos ambientales causados a los niveles técnicamente permisibles.

Los concesionarios de las canteras serán notificados de la imposibilidad de seguir con la explotación debiendo presentar un plan de abandono en un plazo no mayor de noventa días desde dicha notificación.

QUINTA.- Una vez publicado en el Registro Oficial el Convenio Tripartito de Transferencia de Competencias, suscrito entre Ministerio de Recursos Naturales n o Renovables, Agencia de Regulación y Control Minero y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes; los titulares de concesiones mineras para la explotación de materiales de construcción y permisos de minería artesanal para materiales de construcción deberán implementar el cumplimiento de la presente Ordenanza en los términos señalados en la Segunda Disposición Transitoria del presente acto normativo.

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chillanes, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial Municipal, Página Web de la institución y Registro Oficial.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y demás instrumentos de publicidad.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes a los 16 días del mes de enero del año 2017.

f.) Ec. Luis Arturo Montero Ruiz, Alcalde del cantón Chillanes.

f.) Ab. Geovany Moya Huilca, Secretario General de Concejo del GADM- cantón Chillanes.

CERTIFICACIÓN.- Certifico que la ORDENANZA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS, LAGOS Y CANTERAS EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓN DEL

CANTÓN CHILLANES, fue discutida y aprobada de conformidad a lo que dispone el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por el Ilustre Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes, en dos Sesiones Ordinarias de fechas, viernes seis, y lunes dieciséis de enero del dos mil diecisiete.

f.) Ab. Geovany Moyano H., Secretario General de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes.

TRASLADO.- Chillanes diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, a las diez horas, conforme lo dispone el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase la ORDENANZA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS, LAGOS Y CANTERAS EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN CHILLANES, para su respectiva sanción al señor Alcalde.

f.) Ab. Geovany Moyano H., Secretario General de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes.

SANCIÓN.- Chillanes, martes diecisiete de enero del dos mil diecisiete, a las diez horas. En uso de las facultades que me concede el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sanciono la ORDENANZA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS, LAGOS Y CANTERAS EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN CHILLANES por encontrarse enmarcada dentro del ordenamiento jurídico existente.

f.) Ec. Luis Arturo Montero Ruiz, Alcalde del cantón Chillanes.

EJECÚTESE.

PROMULGACIÓN- Ordeno su publicación tal como lo establece el artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

f.) Ec. Luis Arturo Montero Ruiz, Alcalde del cantón Chillanes.

SECRETARÍA MUNICIPAL- Chillanes diecisiete de enero del dos mil diecisiete, a las diez horas.- Sancionó, firmó y ordenó la publicación de la ORDENANZA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS, LAGOS Y CANTERAS EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN CHILLANES, hoy día martes diecisiete de enero del del año dos mil diecisiete, a las diez, horas treinta minutos, lo CERTIFICO.

f.) Ab. Geovany Moyano H., Secretario General de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes.