Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 08 de mayo de 2019 (R. O.483, 08–mayo -2019)

Año II – Nº 483

Quito, miércoles 8 de mayo de 2019

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DEL TRABAJO:

MDT-2019-049-A Deléguense facultades a la o el Director de Empleo y Reconversión Laboral

INSTRUMENTO INTERNACIONAL:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA:

CBF-MREMH-2019-006 Convenio Básico de Funcionamiento entre el Gobierno de la República del Ecuador y la Organización No Gubernamental Extranjera Agronomes ET Vétérinaires Sans Frontiéres (AVSF

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA:

0000045 Dese por terminadas las actividades en el Ecuador de la Organización No Gubernamental Extranjera «International Plant Nutrition Institute», autorizadas a través del Convenio Básico de Funcionamiento suscrito el 10 de julio de 2018…8

0000046 Suscríbese un Convenio Básico de Funcionamiento entre la República del Ecuador y la Organización No Gubernamental Extranjera Galápagos Conservancy

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN,

CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA –

ARCSA:

ARCSA-DE-0003-2019-JCGO Expídese el Reglamento para el ejercicio de la potestad de ejecución coactiva ARCSA., doctor Leopoldo Izquieta Pérez

SECRETARÍA DEL DEPORTE:

0013…… Déjense sin efecto las anteriores designaciones de la Federación Deportiva Provincial de Cañar y en su reemplazo nómbrese a la Ec. Patricia Valeria Luna Vargas, como Delegada Financiera

2 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

Págs.

0014 Disuélvese a la Fundación para el Desarrollo Deportivo «Fundeporte

0015 Revóquese y déjese sin efecto, la Resolución N° 0006 de 23 de enero de 2018

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

Y ECONÓMICO (UAFE):

UAFE-DG-2019-0054 Ratifíquese el índice temático por series documentales de los expedientes clasificados como reservados y secretos de la UAFE

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,

VALORES Y SEGUROS:

SCVS-INS-2019-006 Expídese la norma para el ejercicio de las actividades de los asesores productores de seguros, peritos de seguros e intermediarios de reaseguros

Nro. MDT-2019-049-A

Abg. Andrés Vicente Madero Poveda

MINISTRO DEL TRABAJO (E)

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 226 de la Constitución Ibídem señala que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley;

Que, el artículo 227 de nuestra Carta Magna, determina que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo, prescribe que la competencia es la medida en la que la

Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), en su artículo 17 determina que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministros sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en las leyes especiales;

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), prescribe que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional serán delegables en las autoridades u órganos de menor jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por ley o por decreto;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 635, de 11 de enero de 2019, el Presidente Constitucional de la República, señor licenciado Lenín Moreno Garcés, encarga al abogado Andrés Vicente Madero Poveda, como Ministro del Trabajo;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0173, publicado en el Registro Oficial No. 3 32 de 21 de septiembre de 2018, el Ministerio del Trabajo expidió el Instructivo de autorización laboral para personas extranjeras en el sector público y sus reformas mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-236 publicado en el Registro Oficial No. 379 de 30 de noviembre de 2018; y, Nro. MDT-2019-034, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 433 de 21 de febrero de 2019; y,

Que, el segundo y tercer inciso del artículo 5 del Instructivo de autorización laboral para personas extranjeras en el sector público determina que: «Las instituciones del Estado que por circunstancias debidamente justificadas no hubieren solicitado la autorización laboral dentro del tiempo establecido en el inciso anterior, por excepción dentro del término de 15 días posteriores al inicio de las labores, podrán solicitar la autorización laboral con el informe técnico respectivo.

Los casos de excepción serán aprobados por el Ministerio del Trabajo como ente rector en talento humano, previo el informe técnico de la UATH institucional que justifique las razones por las cuales no realizó en trámite en el tiempo establecido en el inciso anterior. «

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República y los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

Art. 1.- Delegar a la o el Director de Empleo y Reconversión Laboral para que a más de las atribuciones y responsabilidades inherentes a su cargo, y con el fin de que a nombre y representación del señor/a Ministro/a del Trabajo,

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previo el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, la ley y demás normativa aplicable, apruebe las excepciones que justifiquen las razones por las cuales las instituciones del Estado no realizaron el trámite previsto en el primer inciso del artículo 5 del Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0173, previo el informe técnico de la Unidad Administrativa del Talento Humano.

DISPOSICIÓN GENERAL

PRIMERA.- La o el servidor delegado de conformidad con el artículo 59 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en todo acto o resolución que vaya a ejecutar o adoptar en virtud de esta delegación, hará constar expresamente esta circunstancia y deberá observar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias; y como delegado, será responsable por cualquier falta por acción u omisión en el ejercicio de la misma.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 de febrero de 2019.

f.) Abg. Andrés Vicente Madero Poveda, Ministro del Trabajo, (E).

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA

N° CBF-MREMH-2019-006

CONVENIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR Y LA ORGANIZACIÓN NO

GUBERNAMENTAL EXTRANJERA AGRONOMES

ET VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÉRES (AVSF)

Comparecen a la suscripción del presente instrumento, por una parte, a nombre del Gobierno de la República del Ecuador, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA, debidamente representado por el Embajador Andrés Horacio Terán Parral, Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional y, por otra parte, la Organización No Gubernamental Extranjera (ONG) «Agronomes Et Vétérinaires Sans Frontiéres (AVSF)», persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, constituida al amparo de la legislación de Francia, debidamente representada en el Ecuador por el Sr. Sylvain Bleuze, en su calidad de Representante Legal. Las partes mencionadas acuerdan celebrar el Convenio Básico de Funcionamiento al tenor de las siguientes cláusulas:

ARTÍCULO 1

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio No. SB/115/2018, de 6 de diciembre de 2018, la Organización No Gubernamental Extranjera «Agronomes Et Vétérinaires Sans Frontiéres (AVSF)» solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la suscripción de un Convenio Básico de Funcionamiento.
2. Con Resolución N° 0000030, de 26 de marzo de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, resolvió proceder con la suscripción del Convenio Básico de Funcionamiento con la Organización No Gubernamental Extranjera «Agronomes Et Vétérinaires Sans Frontiéres (AVSF)».

ARTÍCULO 2

OBJETO DEL CONVENIO

Establecer los compromisos de obligatorio cumplimiento entre la Organización No Gubernamental Extranjera «Agronomes Et Vétérinaires Sans Frontiéres (AVSF)» que desarrolla actividades de cooperación internacional no reembolsable, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

ARTÍCULO 3

OBJETO DE LA ORGANIZACIÓN

3.1 De conformidad con la parte pertinente de sus estatutos, la ONG tiene como propósito:

«Actuar para el desarrollo rural en apoyo a las agriculturas campesinas en regiones desfavorecidas y contribuir a acciones de promoción en el Norte y el Sur, en beneficio de estas agriculturas, mediante el desempeño de competencias propias de sectores de la agricultura, la ganadería y la salud animal. «

3.2 En tal virtud, la Organización No Gubernamental «Agronomes Et Vétérinaires Sans Frontiéres (AVSF)», se compromete a desarrollar sus objetivos mediante programas de cooperación técnica y económica no reembolsable, de conformidad con las necesidades de los diferentes sectores a los que atiende, en el marco de las prioridades de las políticas de desarrollo del Estado ecuatoriano.

ARTÍCULO 4

PROGRAMAS, PROYECTOS

Y ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 La Organización podrá desarrollar sus programas, proyectos y actividades de cooperación con la participación de entidades del sector público y/o privado, con finalidad social o pública, que necesiten

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de cooperación técnica no reembolsable y/o asistencia económica, en la siguiente área de intervención:

• Acceso y gestión sostenible de los recursos naturales (tierra, agua, páramo, bosque) y de los territorios
• Desarrollo productivo agropecuario (cadenas productivas considerando factores ambientales, socioeconómicos, transformación y comercialización de productos agrícolas)
• Prevención y gestión de riesgos y choques climáticos
• Ciencia, tecnología e investigación agrícola (formación del talento humano ecuatoriano)

4.2 Los programas, proyectos y actividades de cooperación internacional no reembolsable se desarrollarán a través de una o varias de las siguientes modalidades:

1. Programas de investigación, asesoramiento y fortalecimiento institucional con entidades ejecutoras ecuatorianas;
2. Formación de talento humano ecuatoriano, a través de la cooperación técnica, organización y dirección de cursos, seminarios y conferencias a realizarse en el Ecuador y/o en el exterior.
3. Dotación, con carácter no reembolsable, de equipos laboratorios y, en general, bienes fungibles y no fungibles, necesarios para la realización de proyectos específicos.
4. Intercambio de conocimientos e información técnica, económica, social y científica con entidades ecuatorianas.

ARTÍCULO 5

OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN

La Organización deberá:

a. Ejecutar programas y proyectos dentro de los ámbitos de intervención contemplados en este Convenio.

b. Promover el desarrollo sostenible, para lo cual estructurará sus planes de trabajo alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y las agendas sectoriales y territoriales; y, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas, según corresponda.

c. Coordinar sus labores con el sector público y privado, a nivel nacional o local, según corresponda.

d. Planificar programas y proyectos con participación de los actores territoriales y las comunidades, y promover la armonización con organizaciones no gubernamentales nacionales y/o internacionales, así como con organismos de cooperación, que trabajen

en las mismas áreas temáticas y área geográfica de influencia.

e. Mantener los montos de cooperación necesarios para asegurar la ejecución de los programas y proyectos planificados.

f. Remitir anualmente a la o las carteras de estado que hayan emitido la no objeción a sus actividades en el país, así como al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, un informe de rendición de cuentas de los programas, proyectos y actividades de la organización. Igualmente se presentarán informes finales de programas y proyectos a las entidades señaladas así como a las entidades públicas nacionales o locales con las que haya trabajado en dichas intervenciones, así como a sus poblaciones o comunidades beneficiarías.

g. En caso de que la Organización recibiere fondos adicionales a la planificación aprobada, deberá presentar los certificados sobre la licitud del origen de dichos fondos, según corresponda.

h. Notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana los cambios y reformas efectuados en la Organización respecto a: cambio o sustitución de representante legal, cambio de la o el apoderado, reformas estatutarias, domicilio y datos de contacto.

i. Cumplir con las recomendaciones establecidas en los documentos de no objeción a sus actividades en el país, emitidos por la o las Carteras de Estado e informar a las entidades rectoras así como al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

j. Presentar anualmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana información relacionada con su talento humano nacional y extranjero, tanto de nómina, como voluntarios y expertos, que trabajen en la Organización o en sus proyectos; su periodo de trabajo en el país y las funciones que desempeñan. En caso de personal, expertos o voluntarios extranjeros, es responsabilidad de la organización la gestión del visado respectivo, exclusivamente para estas personas.

k. En el caso de bienes importados por la Organización, ésta deberá presentar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, un documento técnico que justifique y respalde que las donaciones están contempladas en el plan operativo, considerando: tipo de donaciones, licitud, donantes, beneficiarios, entidades de coordinación y justificación en términos socioeconómicos.

l. Remitir, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, información inherente a su gestión para efectos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la cooperación internacional.

m. Implementar el plan operativo plurianual conforme lo aprobado, y notificar, inmediatamente, con el debido respaldo documental, las modificaciones en la planificación presentada, extensión del iempo de

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ejecución del proyecto, modificaciones presupuestarias no contempladas en un inicio, cambio de fuentes de financiamiento, así como el detalle de nuevas intervenciones que lleve a cabo la Organización.

n. Mantener actualizada la información en la página web de la organización respecto a los programas, proyectos y actividades ejecutadas en el país, así como evaluaciones relativas a su gestión. La información deberá estar publicada en idioma español y deberá reflejar los resultados y efectos en los beneficiarios.

o. Establecer y actualizar un domicilio en el Ecuador, para efectos del presente convenio para notificación, control y seguimiento de sus actividades por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

p. Cumplir con las obligaciones laborales, seguridad social y prevención de los riesgos de trabajo de su personal. La organización tendrá responsabilidad frente a terceros de todo aquello que pueda derivar de estas contrataciones durante el ejercicio de las actividades del personal.

q. Promover la contratación prioritaria de personal ecuatoriano para la coordinación y ejecución de los programas, proyectos y actividades previstas en el presente convenio.

r. Responder ante las autoridades por las obligaciones que contraiga la organización, así como por el cumplimiento de los contratos derivados del ejercicio de sus actividades en el país.

s. Reportar mensualmente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico la información requerida conforme los términos previstos en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento del Delito.

t. Promover la continuidad y sostenibilidad de sus acciones, para lo cual deberá transferir capacidades y conocimientos a los actores involucrados en los programas y proyectos conforme la estrategia prevista para el efecto.

u. Una vez finalizada su gestión en el país, la Organización deberá entregar al MREMH y a la/s Cartera/s de Estado que hayan emitido la no objeción a sus actividades, un informe final que contenga los resultados de su intervención en Ecuador, las acciones, programas, proyectos, estudios e investigaciones

v. Ceder los derechos de propiedad intelectual que se generen en el marco de la implementación de los programas, proyectos y actividades relativos al presente convenio a la contraparte ecuatoriana, según corresponda.

w. Observar, respetar y cumplir la ética en la investigación científica y manejo en elementos de biodiversidad, así como lo dispuesto en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos.

x. Cumplir con lo determinado en el artículo 307 de la Constitución de la República del Ecuador, referido a contratos con personas naturales y jurídicas extranjeras con el Estado.

y. Informar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana cuando la ONG decida retirarse del territorio ecuatoriano, para lo cual deberá presentar una estrategia de salida que deberá incluir una propuesta de transferencia de capacidades y conocimientos a los actores involucrados en los programas o proyectos. Los bienes muebles e inmuebles que posea la organización deberán ser transferidos a los beneficiarios de los proyectos o a un socio local.

ARTÍCULO 6

OBLIGACIONES DEL MINISTERIO

DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se compromete a:

1. Publicar en su página electrónica institucional la información inherente a la Organización y a sus programas, proyectos y actividades.
2. Registrar a la Organización en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas – SUIOS.
3. Realizar el seguimiento correspondiente de las actividades autorizadas para el funcionamiento de la Organización en el país.

ARTÍCULO 7

PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN

1. El personal extranjero de la Organización, bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios, que deba actuar en los programas y proyectos de cooperación derivados de este Convenio, desempeñará sus labores exclusivamente dentro de las actividades previstas en el plan de trabajo plurianual de la organización de acuerdo a la legislación ecuatoriana, y a lo que le habilita su estatus migratorio.
2. La Organización es responsable de que su personal extranjero bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios, se encuentre de manera legal en el país de conformidad con lo establecido en este instrumento y en las disposiciones legales de extranjería y migración. La visa deberá ser acorde a las actividades que desarrolle dentro de la organización.
3. El personal extranjero de la Organización, de conformidad con este Convenio y la normativa nacional vigente, podrá obtener la visa que corresponda, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para la misma.

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1. La organización se compromete a notificar al MREMH la finalización anticipada de las actividades del personal extranjero bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios
2. La Organización se compromete a que su personal desempeñe sus labores conforme al ordenamiento jurídico del Ecuador.
3. La Organización deberá asumir todos los gastos relacionados con el traslado, retorno, instalación, manutención y seguros pertinentes del personal extranjero bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios.
4. En caso de fallecimiento de algún miembro del personal extranjero bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios, la Organización deberá asumir la repatriación al país de origen.

ARTÍCULO 8

PROHIBICIONES

1. Conforme lo establece el artículo 28 del Decreto Ejecutivo 193, de 23 de octubre de 2017, se prohíbe a la ONG realizar actividades diferentes o incompatibles con su naturaleza y, su personal autorizado para trabajar en el país, no podrá realizar actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, así como cualquier otra actividad que no le sea permitida de acuerdo a su categoría migratoria.
2. Se prohíbe, además, la compra de tierras de áreas naturales protegidas, así como otorgar recursos a personas naturales o entidades privadas para la adquisición de terrenos en dichas áreas, de conformidad con lo previsto en el artículo 405 de la Constitución de la República del Ecuador.
3. En caso de que uno o más miembros del personal de la Organización en el Ecuador incumplan cualquiera de las obligaciones o incurran en alguna de las prohibiciones establecidas en el presente Convenio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, procederá a la terminación del convenio según la normativa vigente.

ARTÍCULO 9

INFORMACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA

9.1 El o la representante legal de la Organización en el Ecuador presentará durante el primer trimestre de cada año, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana lo siguiente: un plan operativo anual para el año en curso; ficha de registro de programas y proyectos ejecutados durante el año pasado; reporte de grado de ejecución de esos programas y proyectos; ficha de voluntarios, expertos y personal que haya colaborado con la organización el año anterior; informes de evaluación de los programas y proyectos; e, informes

de auditoría externa de sus actividades en el Ecuador, según lo establecido en la propuesta de evaluación y auditoría presentadas por la organización y aprobadas por el MREMH, previo a la suscripción del presente instrumento.

9.2 El goce de los beneficios para la Organización establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y en la Ley de Régimen Tributario Interno estará condicionado al cumplimiento de las obligaciones estalecidas en este Convenio y a las normas de la legislación ecuatoriana.

ARTÍCULO 10

ACTIVIDADES AUTORIZADAS

La Organización No Gubernamental está autorizada para:

a. Abrir cuentas corrientes o de ahorros, mantener fondos y depósitos en dólares de los Estados Unidos de América o en moneda extranjera en entidades bancarias que efectúen actividades en la República del Ecuador, de conformidad con la legislación ecuatoriana vigente.

b. Celebrar actos, contratos y convenios encaminados al cumplimiento de sus objetivos, los que no podrán perseguir fines de lucro.

c. Todas las demás actividades permitidas por la Ley.

ARTÍCULO 11

RÉGIMEN TRIBUTARIO

11.1 La Organización deberá cumplir con todas las obligaciones tributarias y deberes formales de conformidad con la normativa tributaria vigente del Ecuador.

ARTÍCULO 12

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

12.1 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente Convenio, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán recurrir a la mediación, y se conviene en lo siguiente:

Toda controversia o diferencia relativa a este Convenio, a su ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado; en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se someten a la Jurisdicción Ordinaria.

12.2 Si las controversias persisten y se firmara un acta de imposibilidad de acuerdo o renuncia escrita por las partes al convenio de mediación, las partes se sujetarán a la legislación contenciosa administrativa que

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ejerce jurisdicción en la ciudad de Quito, conforme los procedimientos y jueces determinados por la legislación nacional.

ARTÍCULO 13

NOTIFICACIONES

13.1 Para efectos de comunicación o notificaciones las partes señalan como su dirección las siguientes:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

Dirección: Jerónimo Carrión El-76 y Av. 10 de Agosto (Quito)

Teléfono: (02) 299-3200

Correo electrónico: [email protected]

Página Web: www.cancilleria.gob.ec

AGRONOMES ET VÉTÉRTNAIRES SANS FRONTIÉRES (AVSF)

Dirección: Inglaterra N31-30 y Vancouver, Quito

Teléfono: 02 2567 475

Correo electrónico: [email protected]

Página Web: www.avsf.org

13.2 Las comunicaciones que oficialmente dirija la Organización se identificarán exclusivamente con la denominación: «Agronomes Et Vétérinaires Sans Frontiéres (AVSF)», y deberán ser suscritas por su representante legal o apoderado en el Ecuador.

ARTÍCULO 14

VIGENCIA

14.1 El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro (4) años y será válido a partir de la fecha de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

14.2 No existirá renovación automática del Convenio. El presente convenio, por una sola ocasión, podrá prorrogarse máximo por un año a través de la firma de un adendum, con aprobación expresa de las partes y bajo el procedimiento establecido para el efecto.

ARTÍCULO 15

TERMINACIÓN DEL CONVENIO

El presente Convenio terminará en los siguientes casos:

1. Por vencimiento de plazo estipulado en este CONVENIO.
2. Por solicitud expresa de la ONG.
3. Conforme lo establecido en el artículo 30 del Decreto Ejecutivo Nro. 193, de 23 de octubre de 2017: «Si la ONG Extranjera no cumpliere con las disposiciones de esta sección, así como con lo establecido en el

Convenio básico de Funcionamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana previo estudio del caso y resolución motivada, dará por terminadas las actividades de la ONG Extranjera en el Ecuador».

15.4 Por denuncia motivada por parte de un tercero que, luego de la correspondiente sustanciación de un proceso administrativo, arrojen responsabilidades por parte de la ONG. Sin perjuicio de las acciones penales, civiles y administrativas a cargo de la autoridad competente.

Para constancia, las partes suscriben el presente convenio en la ciudad de Quito D.M., el 04 de abril de 2019 en cuatro (4) originales de igual tenor y valor.

Por el Gobierno de la República del Ecuador

f.) Emb. Andrés Horacio Terán Parral, Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional.

Por la ONG

f.) Ing. Sylvain Bleuze, Representante Legal en Ecuador, Agrónomos ET Vétérinaires Sans Frontiéres (AVSF)

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

RAZÓN.- Siento por tal que las cuatro (04) fojas que anteceden, son copias del «CONVENIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL EXTRANJERA AGRONOMES ET VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÉRES (AVSF)». Convenio N° CBF-MREMH-2019-006, del 4 de abril de 2019, conforme el siguiente detalle fojas: 1-4, son copias originales, documentos que reposan en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO GUBERNAMENTAL.- LO CERTIFICO.-

Quito, D.M. 9 de abril de 2019.

f.) Emb. Francisco Augusto Riofrío Maldonado, Director de Gestión Documental y Archivo.

OBSERVACIÓN: Esta Dirección de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no se responsabiliza por el estado y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

8 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y

MOVILIDAD HUMANA

No. 0000045

VICEMINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, INTEGRACIÓN POLÍTICA Y

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Considerando:

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1202, de 13 de octubre del 2016, publicado en el Registro Oficial No. 876, de 8 de noviembre del 2016, se suprimió la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional y se dispuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ejerza la rectoría, planificación, regulación, control y gestión de la Cooperación Internacional, teniendo la atribución de suscribir, registrar y realizar el seguimiento a los convenios, programas y proyectos de cooperación internacional no reembolsable ejecutados por el sector público;

Que, el Acuerdo Ministerial No. 000040, de 2 de mayo de 2017, expidió el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mediante el cual se creó la Subsecretaría de Cooperación Internacional y la Dirección de Gestión de la Cooperación Internacional No Gubernamental;

Que, el numeral 1.2.1.5. literal i) del referido Estatuto establece como atribución de la Subsecretaría de Cooperación Internacional: «Verificar y articular con los actores de la cooperación los contenidos de los acuerdos, Convenios Básicos de Funcionamiento con Organismos no Gubernamentales Extranjeros; y demás instrumentos de cooperación internacional a ser suscritos”;

Que, entre las atribuciones de la Dirección de Gestión de Cooperación Internacional No Gubernamental, establecidas en el referido Estatuto, el literal d) señala: «Elaborar informes técnicos de cierre de actividades en el país de Organizaciones no Gubernamentales extranjeras»;

Que, conforme se desprende de los literales c) y d) del Artículo Primero del Acuerdo Ministerial No. 0000007, de 6 de febrero de 2019, el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana delegó al Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional: «(…) Autorizar, previo conocimiento del Ministro del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, los contenidos de los convenios, acuerdos, proyectos y demás documentos de cooperación internacional no reembolsable y suscribirlos»; así como: «Autorizar, previo conocimiento del Ministro del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, los contenidos de Convenios Básicos de Funcionamiento con las Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras (ONG), y suscribirlos (…) «;

Que, el 10 de julio de 2018, el Gobierno de la República del Ecuador, a través de Ministerio de Relaciones Exteriores y

Movilidad Humana y la Organización No Gubernamental extranjera ‘International Plant Nutrition Institute», suscribieron un Convenio Básico de Funcionamiento con vigencia de cuatro años;

Que, el artículo 15 del precitado Convenio Básico de Funcionamiento, establece lo siguiente: «El presente Convenio terminará en los siguientes casos: (…) 15.2 Por solicitud expresa de la ONG (…) «;

Que, mediante oficio s/n, de 3 de enero de 2019, el representante legal de la referida Organización No Gubernamental extranjera solicitó la terminación anticipada del Convenio Básico de Funcionamiento debido al cierre de operaciones de la ONG a nivel global;

Que, con memorando No. MREMH-DGCING-2019-0098-M, de 20 de marzo de 2019, la Dirección de Gestión de la Cooperación Internacional No Gubernamental emitió el Informe Técnico No. IT-MREMH-2019-001 a la Dirección de Asesoría Jurídica y Patrocinio en Derecho Nacional, a fin de continuar con el proceso para la terminación anticipada del Convenio Básico de Funcionamiento de la organización «International Plant Nutrition Institute» en el país;

Que, con memorando No. MREMH-DAJPDN-2019-0186-M, de 5 de abril de 2019, la Dirección de Asesoría Jurídica y Patrocinio en Derecho Nacional emitió criterio jurídico favorable para proceder con la terminación anticipada del convenio suscrito entre la Organización No Gubernamental extranjera ‘International Plant Nutrition Institute» y el Gobierno de la República del Ecuador;

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N°. 1202, de 13 de octubre de 2016; en el artículo 30 del Decreto Ejecutivo No. 193, de 23 de octubre de 2017; en el Artículo 15.2 del Convenio Básico de Funcionamiento suscrito entre el Gobierno del Ecuador y la Organización No Gubernamental Extranjera “International Plant Nutrition Institute», de 10 de julio de 2018; y, en el artículo primero de la Resolución No. 0000007, de 6 de febrero de 2019;

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Dar por terminadas las actividades en el Ecuador de la Organización No Gubernamental extranjera «International Plant Nutrition Institute», autorizadas a través del Convenio Básico de Funcionamiento suscrito el 10 de julio de 2018.

ARTÍCULO 2.- Disponer a la Dirección de Gestión de la Cooperación Internacional No Gubernamental notifique con el contenido de la presente resolución a la Organización No Gubernamental extranjera ‘International Plant Nutrition Institute».

ARTÍCULO 3.- Informar sobre la finalización de actividades en el Ecuador de la Organización No Gubernamental extranjera ‘International Plant Nutrition Institute» a las siguientes entidades:

Registro Oficial N° 483 Miércoles 8 de mayo de 2019 – 9

1. Secretaría Nacional de Gestión de la Política;
2. Superintendencia de Bancos y Seguros;
3. Servicio de Rentas Internas;
4. Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador;
5. Unidad de Análisis Financiero y Económico;
6. Ministerio del Trabajo;

g) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;

h) Ministerio de Agricultura; y,

i) Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

ARTÍCULO 4.- Disponer a la Dirección de Gestión Documental y Archivo de este Ministerio realice las gestiones pertinentes para la publicación en el Registro Oficial de este instrumento.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la ciudad de Quito, a 23 de abril de 2019.

f.) Embajador Andrés Horacio Terán Parral, Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y

MOVILIDAD HUMANA

RAZÓN- Siento portal que las dos (02)fojas que anteceden, son copias de la Resolución Administrativa No. 0000045 del 23 de abril de 2019, conforme el siguiente detalle fojas: 1-2, son copias del original, documento que reposa en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO- LO CERTIFICO.

Quito, D.M. 26 de abril de 2019.

f.) Emb. Francisco Augusto Ropfrío Maldonado, Director de Gestión Documental y Archivo.

OBSERVACIÓN: Esta Dirección de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no se responsabiliza por el estado y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y

MOVILIDAD HUMANA

No. 0000046

EL VICEMINISTRO DE RELACIONES

EXTERIORES, INTEGRACIÓN POLÍTICA Y

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Considerando:

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1202, de 13 de octubre del 2016, publicado en el Registro Oficial No. 876, de 8 de noviembre de 2016, se suprimió la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, y se dispuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ejerza la rectoría, planificación, regulación, control y gestión de la Cooperación Internacional, teniendo la atribución de suscribir, registrar y realizar el seguimiento a los convenios, programas y proyectos de cooperación internacional no reembolsable ejecutados por el sector público;

Que el Acuerdo Ministerial No. 000040, de 2 de mayo de

2017, publicado en Registro Oficial, Edición Especial 1033, de 23 de mayo de 2017, expidió el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mediante el cual se creó la Subsecretaría de Cooperación Internacional y la Dirección de Gestión de la Cooperación Internacional No Gubernamental;

Que el Art. 10, numeral 1.2.1.5, literal i) del referido Estatuto establece como atribución de la Subsecretaría de Cooperación Internacional: «Verificar y articular con los actores de la cooperación los contenidos de los acuerdos, Convenios Básicos de Funcionamiento con Organismos no Gubernamentales Extranjeros; y demás instrumentos de cooperación internacional a ser suscritos»;

Que entre las atribuciones de la Dirección de Gestión de Cooperación Internacional No Gubernamental, establecidas en el mencionado Estatuto, Art. 10, numeral 1.2.1.5.3, literal a) señala: «Elaborar informes técnicos para la suscripción de convenios básicos de funcionamiento de Organizaciones no Gubernamentales extranjeras en el país, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente y a las políticas nacionales «;

Que conforme literales c) y d) del artículo primero del Acuerdo Ministerial No. 000308, de 6 de diciembre de 2018, el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana delegó al Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional: «autorizar, previo conocimiento del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, los contenidos de los convenios, acuerdos, proyectos y demás documentos de cooperación internacional no reembolsable y suscribirlos «; así como: «autorizar, previo conocimiento del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, los contenidos de Convenios Básicos de Funcionamiento con las Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras (ONG) y suscribirlo «.

10 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 193, de 23 de octubre de 2017, el Presidente de la República expidió el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, cuyo artículo 25, reza: «Suscripción de Convenio.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, una vez revisada la documentación presentada, previa resolución motivada, suscribirá con la ONG Extranjera, un Convenio Básico de Funcionamiento y notificará por escrito a la ONG Extranjera la autorización para que pueda iniciar su funcionamiento y actividad en el país»;

Que la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos -ABG, mediante oficio No. ABG-ABG-2018-0763-O, de 1 de octubre de 2018; manifiesta que no tiene objeción para que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana continúe con el trámite del Convenio Básico de Funcionamiento.

Que el Ministerio del Ambiente, mediante oficio No. MAE-MAE-2018-1773-O, de 4 de octubre de 2018; manifestó que no tiene objeción para que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana continúe con el trámite necesario para la renovación del Convenio Básico de Funcionamiento.

Que el Parque Nacional Galápagos, mediante oficio No. MAE-PNG/DIR-2018-0568-O, de 27 de noviembre de 2018; manifestó que no tiene objeción para que el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, continúe con el trámite necesario para la renovación del Convenio Básico de Funcionamiento.

Que el Ministerio de Educación, mediante oficio No. MINEDUC-MINEDUC-2019-00112-OF, de 5 de febrero de 2019; manifestó que no tiene objeción alguna para que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, continúe con el trámite de renovación del Convenio Básico de Funcionamiento, siempre y cuando la organización en cuestión continúe y fortalezca el trabajo que se encuentra realizando en el ámbito educativo y de conservación, garantizando que dichas intervenciones estarán alineadas con la agenda sectorial y que constituirán un trabajo complementario al esfuerzo estatal.

Que, a través de Memorando Nro. MREMH-EECUUSA-2018-1085-M, de 1 de octubre de 2018, la Embajada del Ecuador ante Estados Unidos remite información general sobre la ONG en Estados Unidos.

Que mediante oficio s/n, el señor Miguel Cordero, representante legal de la organización Galápagos Conservancy, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la suscripción y renovación del Convenio Básico de Funcionamiento;

Que con memorando No. MREMH-DGCING-2019-0113-M, de 29 de marzo de 2019, la Dirección de Gestión de Cooperación Internacional No Gubernamental, notificó el informe técnico No. IT-MREMH-2019-001, de 28 de marzo de 2019, favorable para la suscripción del Convenio Básico de Funcionamiento con la Organización No Gubernamental extranjera Galápagos Conservancy.

Que con memorando No. MREMH-DAJPDN-2019-0187-M, de 5 de abril de 2019, la Dirección de Asesoría Jurídica y Patrocinio en Derecho Nacional, emitió Dictamen Jurídico favorable para la suscripción del Convenio Básico de Funcionamiento con la Organización No Gubernamental extranjera Galápagos Conservancy.

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N°. 1202, de 13 de octubre de 2016, en el artículo 25 del Decreto Ejecutivo No. 193, de 23 de octubre de 2017, y en el artículo primero de la Resolución No. 000308, de 6 de diciembre de 2018,

Resuelve:

Artículo 1.- Suscribir un Convenio Básico de Funcionamiento entre la República del Ecuador y la Organización No Gubernamental extranjera Galápagos Conservancy.

Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Gestión de Cooperación Internacional No Gubernamental que elabore el proyecto de Convenio Básico de Funcionamiento con la referida Organización No Gubernamental extranjera.

Artículo 3.- Disponer a la Dirección de Gestión de Cooperación Internacional No Gubernamental que notifique el contenido de la presente resolución al representante legal de la Organización No Gubernamental extranjera en el Ecuador, a fin de suscribir el Convenio Básico de Funcionamiento en el término de 15 días.

Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Gestión de Cooperación Internacional No Gubernamental que informe sobre la suscripción del Convenio Básico de Funcionamiento a las siguientes entidades:

1. Servicio de Rentas Internas;
2. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
3. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador;
4. Secretaría Nacional de Gestión de la Política;
5. Unidad de Análisis Financiero y Económico;
6. Superintendencia de Bancos
7. Ministerio de Trabajo
8. Agencia de Regulación y Control de la Biodiversidad y Cuarentena para Galápagos;
9. Ministerio del Ambiente
10. Parque Nacional Galápagos;
11. Ministerio de Educación

Artículo 5.- Disponer a la Dirección de Gestión Documental y Archivo de este Ministerio que realice las gestiones para la publicación de la presente resolución, en el Registro Oficial.

Registro Oficial N° 483 Miércoles 8 de mayo de 2019 – 11

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la ciudad de Quito, a 24 de abril de 2019.

f.) Emb. Andrés Terán Parral, Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y

MOVILIDAD HUMANA

RAZÓN.- Siento por tal que las dos (02) foj as que anteceden, son copias de la Resolución Administrativa No. 0000046 del 24 de abril de 2019, conforme el siguiente detalle fojas: 1-2, son copias del original, documento que reposa en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO- LO CERTIFICO.

Quito, D.M. 26 de abril de 2019.

f.) Emb. Francisco Augusto Riofrío Maldonado, Director de Gestión Documental y Archivo.

OBSERVACIÓN: Esta Dirección de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no se responsabiliza por el estado y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

No. ARCSA-DE-0003-2019-JCGO

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA

NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y

VIGILANCIA SANITARIA- ARCSA

Considerando:

Que, la Constitución de la República ordena: «Art. 361.-El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector»;

Que, la Ley Orgánica de Salud manda: «Art. 4. La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. «;

Que, el artículo 233 de la Ley Orgánica de Salud indica; «Una vez que la resolución esté ejecutoriada, se emitirá la orden de pago, la misma que de no ser pagada por el sujeto pasivo, será cobrada por la vía coactiva por el Ministerio de Salud Pública… «, en concordancia con el artículo 261 del Código Orgánico Administrativo, el cual establece que; «…las entidades del sector público son titulares de la potestad de ejecución coactiva cuando esté previsto en la ley. «

Que, el 07 de julio de 2017, se promulgó el Código Orgánico Administrativo (COA) y que conforme a su disposición final, entró en vigencia luego de doce meses, contados a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Que, el 07 de julio de 2018 entra en vigencia el Código Orgánico Administrativo, regulando el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público, entendiéndose como tales, las instituciones enumeradas en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador. El Título segundo del Código Orgánico Administrativo establece las reglas para el ejercicio de la potestad coactiva de las instituciones, que se encuentren previamente determinadas en la ley.

Que, mediante Decreto Ejecutivo 1290, publicado en el Registro Oficial No. 788 de fecha 13 de septiembre del 2012, se crea la Agencia Nacional de Regulación, control y vigilancia Sanitaria ARCSA, Doctor Izquieta Pérez, como persona jurídica de derecho público, con independencia administrativa, económica y financiera, adscrita al Ministerio de Salud Pública.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 544, publicado en Registro Oficial No. 428 de 30 de enero del 2015, se transfiere a la Agencia Nacional de Regulación, Control y vigilancia Sanitaria ARCSA la competencia para la imposición de infracciones que venían ejerciendo, según la Ley Orgánica de Salud, el Ministro de Salud Pública el Director General de Salud, los directores provinciales de salud y los comisarios de salud. Así, como consecuencia de esta reorganización, tienen jurisdicción y competencia para conocer, juzgar e imponer estas sanciones el Ministerio de Salud Pública, el Director Ejecutivo de la Agencia, las máximas autoridades zonales de la Agencia y los comisarios de la Agencia.

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 902, publicado en el Registro Oficial No. 704 del 3 de marzo del 2016 , incluye entre las competencias de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA: «18. Ejercer la jurisdicción coactiva en los casos de su competencia y por delegación del Ministerio de Salud Pública.»;

Que, el 22 de junio de 2017, entra en vigencia el Estatuto Orgánico de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, mediante el cual se otorga a la Dirección Técnica Sancionatoria, la misión de: «Dirigir, planificar, evaluar los procesos administrativos sancionatorios, mediante la sustanciación y resolución de los procesos sancionatorios y de coactiva, que asegure el cumplimiento de la normativa legal vigente en el ámbito de

12 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

competencia de la Agencia.»; así mismo, a las Direcciones Zonales Sancionatorias de ARCSA, entre las atribuciones y responsabilidades, en su literal d), lo siguiente: «… Ejecutar las acciones de coactivas en función de los fallos ejecutoriados;»

En uso de sus atribuciones determinadas en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, y en el artículo 11 literales a) y b), del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria-ARCSA.

Resuelve:

Expedir el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad de Ejecución Coactiva de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez.

REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA

POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DE

LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN,

CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA,

DOCTOR LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ.

TÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1.-El objeto del presente Reglamento es establecer el procedimiento y ámbito de aplicación para el ejercicio de la potestad coactiva en la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria- ARCSA, Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, de acuerdo a lo establecido en el Art. 233 de la Ley Orgánica de Salud y numeral 18 del artículo 10 del Decreto Ejecutivo 1290, publicado en el Registro Oficial N° 788 del jueves 13 de septiembre del 2012, reformado mediante Decreto Ejecutivo 544 publicado en Registro Oficial No. 428 de 30 de enero del 2015, para la recuperación de multas impuestas en aplicación de los procesos sanciónatenos así como cualquier obligación que se origine con los administrados, aquello en virtud de las competencias y facultades de la ARCSA determinadas en la ley, y que no hayan sido pagadas oportunamente por las personas naturales o jurídicas.

TÍTULO II

NORMAS PARA EL EJERCICIO

DE LA POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA

ART. 2- JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y DELEGACIÓN.- La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, tiene potestad coactiva a nivel Nacional, para la recaudación o cobro de las obligaciones que se le adeuden, conforme lo determina la normativa que le atribuye esta potestad.

La potestad coactiva de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria- ARCSA, Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, se ejercerá en virtud a lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley Orgánica de Salud y el artículo 10 numeral 18 del Decreto Ejecutivo 1290.

El ejercicio de la potestad coactiva establecida en la Ley Orgánica de Salud a favor de la Agencia se ejercerá conforme a las normas previstas en el Código Orgánico Administrativo, Código Orgánico General de Procesos, Código Tributario, y demás normas que rigen esta materia.

La competencia privativa en la acción coactiva será ejercida por el respectivo Funcionario Recaudador, conforme su correspondiente jurisdicción y delegación, quien se encargará de supervisar, coordinar y evaluar el aspecto procesal en las acciones que se lleven a efecto.

TITULO III

DE LA CONFORMACIÓN

DE LA UNIDAD DE COACTIVA

ART. 3.- CONFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE COACTIVA.- Las Unidades de Coactiva estarán conformadas por el Funcionario Recaudador de Coactiva, una o un Secretario de Coactiva, una o un Citador, una o un Depositario Coactivo y un liquidador de coactivas. Además contará con el personal auxiliar que se considere necesario para el cumplimiento de sus objetivos.

Los correspondientes funcionarios de la Unidad de Coactiva estarán obligados a guardar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso y contarán con credenciales que les permita ejercer sus funciones.

Capítulo I

DEL JEFE DE COACTIVA

ART. 4.- SON ATRIBUCIONES DEL FUNCIONARIO RECAUDADOR DE COACTIVA LAS SIGUIENTES:

1. Ejercer en el ámbito de su jurisdicción y por Delegación a nombre de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez, la potestad de ejecución coactiva;
2. Presentar los resultados de la gestión coactiva de su circunscripción territorial, en forma mensual, a la máxima autoridad o su delegado.
3. Supervisar el aspecto procesal y administrativo en las acciones de ejecución coactiva a nivel de su jurisdicción.
4. Llevar un inventario físico y actualizado de los procesos de coactiva a nivel de su jurisdicción;
5. Remitir a la Dirección Financiera las copias de documentación o informes que les sean requeridos;
6. Designar, de acuerdo a lo que se establece en el presente Reglamento, a los Secretarios – Abogados, Liquidadores, Citadores y Depositarios Judiciales, de entre los servidores que tengan nombramiento o contrato con la institución, para el desarrollo del proceso de ejecución coactiva a nivel nacional y demás personal auxiliar.
7. Las demás que le faculta la ley y este Reglamento.

Registro Oficial N° 483 Miércoles 8 de mayo de 2019 – 13

Art. 5.- La gestión del proceso de ejecución coactiva será apoyado por los servidores de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria- ARCSA, Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, cuando el funcionario recaudador así lo requiera, para que intervengan en el mismo sean contratados o designados para tal efecto, conforme a lo dispuesto en este Reglamento.

Art. 6.- El Funcionario Recaudador, deberá excusarse del conocimiento del procedimiento de ejecución coactiva por impedimento legal, cuando se verifiquen los siguientes motivos:

1. Ser cónyuge o conviviente en unión de hecho o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, del coactivado, de su representante legal o de su mandatario;
2. Ser acreedor, deudor, garante, asignatario, empleador o socio del coactivado, salvo cuando lo fuere de las entidades del sector público, de las instituciones del sistema financiero, o cooperativas que se haya iniciado juicio coactivo. Habrá lugar a la excusa establecida en este numeral sólo cuando conste tal calidad por documento público o por documento privado reconocido e inscrito, con fecha anterior al inicio del proceso coactivo;

En caso de impedimento o excusa será presentada al Director de Asesoría Jurídica y, le remplazará el servidor de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria- ARCSA, Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, que sea designado por esta Dirección.

Capítulo II

DE LOS SECRETARIOS – ABOGADOS

Art. 7.- En el ejercicio de la potestad de ejecución coactiva podrán actuar en calidad de Secretarios – Abogados internos de Coactiva, en virtud de su jurisdicción los abogados designados para el efecto y a nivel de Gestión Desconcentrada los abogados servidores que mantenga la calidad de abogados, quienes impulsarán los procesos de ejecución coactiva e informarán de sus actuaciones.

Por necesidad institucional, podrán también actuar como Secretarios Abogados impulsores del proceso de ejecución coactivo, los servidores que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria- ARCSA, Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez lo designe.

Art. 8.- Para los casos en los cuales la institución contrate Secretarios-Abogados Externos de Coactiva, mediante la modalidad de prestación de servicios profesionales por honorarios, le corresponde tal contratación o terminación contractual, a la Dirección de Talento Humano de la ARCSA, o sus delegados.

Dicha contratación, no generará relación laboral y/o de dependencia con la ARCSA, y percibirán honorarios de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento. Las condiciones contractuales serán fijadas por la Dirección de Talento Humano de la Agencia.

La Dirección de Talento Humano, establecerá los criterios y parámetros para la calificación de documentos presentados previo a la contratación de los Secretarios-Abogados Externos de Coactiva.

Art. 9.- Es obligación del Secretario-Abogado de Coactiva, guardar absoluta reserva y sigilo respecto a los procesos que conozca en razón de su gestión. En caso del Secretario-Abogado Externo de Coactiva, la obligación de reserva y sigilo no aplica con respecto a la información que debe ser proporcionada al Funcionario Recaudador, a los Secretarios de Coactiva y a los Administradores de los Contratos.

Art. 10.- La designación del Secretario-Abogado de Coactiva, tendrá vigencia hasta que el proceso de ejecución coactiva concluya o hasta que el Funcionario Recaudador de Coactiva correspondiente disponga el reemplazo del mismo. Para el caso específico de Secretarios Abogados Externos, el contrato por honorarios profesionales podrá terminarse en cualquier momento, por las causas que en dicho contrato se determinen.

Capítulo III

DEL LIQUIDADOR DE COACTIVA

Art. 11.- Actuarán en calidad de Liquidadores de Coactiva, los servidores nombrados para el efecto; y a nivel de Gestión Desconcentrada actuaran como liquidadores de Coactiva los servidores financieros.

Art. 12.- El Liquidador de Coactiva, entregará al Funcionario Recaudador de Coactiva, un informe de su gestión de forma mensual.

Capítulo IV

DEL DEPOSITARIO JUDICIAL

Art. 13.- Actuarán en calidad de Depositarios Judiciales Internos de la Unidad de Coactiva, los servidores nombrados para el efecto, los cuales tendrán responsabilidad administrativa, civil y penal, por el depósito, custodia y conservación de los bienes de toda clase que reciban en ejercicio de sus funciones.

Art. 14.- Los Depositarios Judiciales observarán las atribuciones y responsabilidades previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el Capítulo III del Reglamento para el Funcionamiento de las Oficinas de Alguaciles y Depositarios Judiciales, en las Normas para la Fijación de los Derechos que corresponden a los Depositarios Judiciales publicado en el Registro Oficial No. 453 de 24 de octubre del 2008, y demás normativa vigente.

Art. 15.- El Depositario Judicial entregará al Funcionario Recaudador de Coactiva correspondiente, un informe mensual de su gestión o cuando sea requerido.

Art. 16.- El Funcionario Recaudador de Coactiva, podrá suspender en forma inmediata, al Depositario Judicial Interno nombrado o designado, que haya actuado en forma negligente en el ejercicio de sus funciones; y, solicitará a

14 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

la Dirección de Talento Humano, inicie el proceso legal correspondiente para proceder a sancionar conforme a la normativa interna; Así también deberá informar a la Dirección de Asesoría Jurídica para que inicie las acciones legales pertinentes.

Para el caso de Depositarios Judiciales Externos, el Funcionario Recaudador de Coactiva, podrá dejar sin efecto la designación realizada, cuando el Depositario Judicial haya actuado negligentemente, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiere lugar.

TÍTULO IV

DEL TÍTULO DE CRÉDITO

Y LA ORDEN DE COBRO

Art. 17.- El procedimiento de ejecución coactiva se ejercerá aparejando el respectivo Título de Crédito y la Orden de Cobro legalmente emitido, el título de Crédito y la Orden de Cobro contendrán los requisitos establecidos en el artículo 268 del Código Orgánico Administrativo.

Art. 18.- Una vez emita la orden de pago de conformidad con lo que establece el artículo 233 de la Ley Orgánica de la Salud y siempre que el sujeto pasivo no haya cumplido con el pago de la obligación, o en su efecto se soliciten facilidades de pago, la autoridad correspondiente solicitará obligatoriamente a la Dirección Financiera se emita el Título de Crédito, para lo cual deberán enviar copias certificadas de los documentos requeridos por esta Dirección.

La Directora o Director Financiero, o quien haga sus veces, una vez que reciba la resolución sancionatoria ejecutoriada y demás documentos que justifiquen que se ha agotado esta etapa, y el sujeto pasivo no ha justificado el pago de la obligación, deberá generar el Título de Crédito.

El título de crédito deberá contener los siguientes requisitos:

1. Designación de la administración pública acreedora e identificación del órgano que lo emite;
2. Nombres, apellidos o razón social y número de registro, en su caso, que identifiquen al deudor y su dirección, de ser conocida.
3. Lugar y fecha de la emisión y un número que le corresponda.
4. Concepto por el que se emita el título con expresión de su antecedente.
5. Valor de la obligación que represente o de la diferencia exigible.
6. La fecha desde la cual se cobrarán intereses, si éstos se causaren.
7. La liquidación de intereses hasta la fecha de emisión; y.

8) La firma autógrafa o en facsímile del funcionario o funcionarios que lo autoricen o emitan, salvo en el supuesto de títulos de emisión electrónica, en cuyo caso, la autorización para su expedición se verificará de manera previa dentro del procedimiento administrativo pertinente.

La orden de cobro deberá contener los siguientes requisitos:

1. Denominación de la institución emisora de la orden de cobro «Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez » y del área que la emite, según corresponda»;
2. Número de código y año que le corresponda;
3. Lugar y fecha de emisión;
4. Determinación del Funcionario recaudador correspondiente al cual se remite;
5. Nombres y apellidos de la persona natural, razón social o denominación de la persona Jurídica de derecho privado o público que se identifique como deudor;
6. Valor de la obligación;
7. La indicación de que se cobrarán los intereses, y;
8. Firma original, digitalizada o electrónica, del Funcionario correspondiente

Una vez notificado el título de crédito y con fundamento en la orden de cobro, el Funcionario Recaudador, siempre que se haya agotado la etapa de recaudación extrajudicial o pago voluntario, procederán a iniciar la etapa coactiva de las personas naturales o jurídicas que tengan obligaciones pendientes con esta Cartera de Estado, debiendo previamente observar el cumplimiento de los requisitos de fondo y forma de los documentos que constituyen las obligaciones de cobro.

Art. 19.- El sujeto pasivo, podrá en cualquier momento incluso antes del inicio de la etapa de remate de los bienes embargados solicitar facilidades de pago, para lo cual se deberá previamente registrar al menos el 20% del monto adeudado y la rendición de garantías conforme los requisitos del artículo 275 del Código Orgánico Administrativo.

Siempre que se hayan concedido facilidades de pago en etapa extrajudicial o requerimiento de pago voluntario, el órgano competente no podrá iniciar el procedimiento de ejecución coactiva o si la suspensión ha sido dispuesta judicialmente.

Art. 20.- Le corresponde al órgano ejecutor de la sanción administrativa, de acuerdo a su competencia, otorgar o negar facilidades de pago a la o al deudor que las solicite.

Una vez recibida la solicitud, el órgano encargado, en el término de tres días desde el día siguiente a la fecha que conste en la correspondiente razón de recepción de la petición, procederá a otorgar o negar las facilidades de pago, siempre y cuando se haya emitido el Título de Crédito.

Registro Oficial N° 483 Miércoles 8 de mayo de 2019 – 15

En el caso que la obligación no esté representada a través de un Título de Crédito, el órgano correspondiente deberá solicitar el respectivo Título de Crédito a la Dirección Financiera, a fin de conceder o negar dichas facilidades.

Cuando la petición de facilidades de pago se realice dentro del proceso Coactivo, le corresponde al Funcionario Recaudador conceder o negar dicha petición.

Art. 21.- La petición de facilidades de pago contendrá:

1. Indicación clara y precisa de las obligaciones con respecto a las cuales se solicita facilidades para el pago.
2. Oferta de pago inmediato no menor a un 20% de la obligación.
3. La forma en que se pagará el saldo.
4. Indicación de la garantía por la diferencia no pagada de la obligación. Esta garantía puede ser autorizada mediante un título ejecutivo, como pagaré, letra de cambio, cheque u otros de especie cambiaría, pura, determinada, líquida y de plazo vencido.

ART. 22.- No es posible otorgar facilidades de pago cuando:

1. La garantía de pago de la diferencia no pagada de la obligación no sea suficiente o adecuada, en el caso de obligaciones por un capital superior a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general.
2. La o el garante o fiador de la o del deudor por obligaciones por un capital igual o menor a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, no sea idóneo.
3. Cuando en obligaciones por un capital igual o menor a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, en las que únicamente se ha ofertado mecanismos automatizados de débito, el monto de la cuota periódica a pagar supere el 50% de los ingresos de la o del deudor en el mismo período.
4. Las obligaciones ya hayan sido objeto de concesión de facilidades de pago.
5. A través de la solicitud de facilidades de pago se pretende alterar la prelación de créditos del régimen común.
6. La concesión de facilidades de pago, de conformidad con la información disponible y los antecedentes crediticios de la o del deudor, incremente de manera ostensible el riesgo de no poder efectuarse la recuperación.

Art. 23.- El órgano competente, al aceptar la petición que cumpla los requisitos determinados en los artículos precedentes, dispondrá que la o el interesado pague en diez días la cantidad ofrecida al contado y rinda la garantía por la diferencia.

El pago de la diferencia se puede efectuar en cuotas periódicas que cubran el capital, intereses y multas, según corresponda, en plazos que no excedan de doce meses contados desde la fecha de notificación del acto administrativo con la que se concede las facilidades de pago.

Queda a discrecionalidad de la autoridad competente conceder facilidades de pago que no excedan de 24 meses conforme lo dispone el Código Orgánico Administrativo.

Art. 24.- Presentada la solicitud de facilidades de pago no se puede iniciar el procedimiento de ejecución coactiva o se debe suspender hasta la resolución a cargo del órgano competente en la que se dispondrá:

1. La continuación del procedimiento administrativo, en el supuesto de que la solicitud de facilidades de pago sea desechada.
2. La suspensión del procedimiento administrativo hasta la fecha de pago íntegro de la obligación, si se admite la solicitud de facilidades de pago.

Si la petición es rechazada, se requerirá, el inicio o la continuación del procedimiento de ejecución coactiva y la adopción de las medidas cautelares que se estimen necesarias.

Capítulo I

DE LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO

Y LAS ÓRDENES DE COBRO

Art. 25.- El Funcionario Recaudador de Coactiva, receptará los Títulos de Crédito y las Órdenes de Cobro, y dispondrá al Secretario -Abogado Interno, que verifique que estos documentos contengan los requisitos formales establecidos en el Código Orgánico Administrativo y en el presente reglamento.

Una vez verificado lo anterior respecto a los Títulos de Crédito y las Órdenes de Cobro, el Funcionario Recaudador de Coactiva, el Secretario – Abogado Interno y el Director Financiero suscribirán conjuntamente el acta de entrega recepción respectiva o se enviaran a través de cualquier medio que justifique la entrega de dichos documentos.

TÍTULO V

DEL PROCEDIMIENTO

DE EJECUCIÓN COACTIVA

Capítulo I

ORDEN DE PAGO INMEDIATO

Art. 26.- Con fundamento en el Título de Crédito y la Orden de Cobro, el Funcionario Recaudador de Coactiva emitirá la Orden de Pago Inmediato, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 279 del Código Orgánico Administrativo.

16 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

Art. 27.- En la Orden de Pago Inmediato o en cualquier tiempo antes del remate, se podrá dictar las medidas cautelares tales como, el secuestro, la retención o la prohibición de enajenar bienes, de conformidad a lo previsto en el Artículo 281 del Código Orgánico Administrativo, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones, sin que precise trámite previo.

Las medidas cautelares podrán ser levantadas, si el coactivado demuestra con las respectivas certificaciones, que los bienes sobre los cuales recaen, son no embargables de acuerdo a lo que prescribe la Codificación del Código Civil y la Constitución de la República del Ecuador; así como en el caso de que el coactivado presente a satisfacción del Funcionario Recaudador, una póliza o garantía bancaria, incondicional y de cobro inmediato, por el valor total del capital, los intereses devengados y aquellos que se generen en el siguiente año y las costas del procedimiento.

Art. 28.- La Orden de Pago Inmediato contendrá:

1. Denominación de la institución Pública «AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA- ARCSA, DOCTOR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ»;
2. Número, código y año del procedimiento de ejecución coactiva que corresponda;
3. Identificación del Órgano Ejecutor, según corresponda;
4. Lugar, fecha y hora de emisión;
5. Determinación de la orden de cobro y del título de crédito;
6. Identificación del deudor o deudores;
7. Valor del capital adeudado;
8. Medidas cautelares;
9. Designación del Secretario-Abogado Impulsor de Coactiva;
10. Firma del Funcionario Recaudador de Coactiva; y,
11. Firma del Secretario-Abogado Impulsor de Coactiva.

Capítulo II

DE LA NOTIFICACIÓN AL COACTIVADO

Y NOTIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO

DE EJECUCIÓN COACTIVA

Art. 29.- Emitida la Orden de Pago Inmediato y establecidas las medidas cautelares, luego de que dichas medidas se cumplan, el Funcionario Recaudador de Coactiva, dispondrá al Secretario Abogado Impulsor se proceda con la notificación al coactivado, según lo dispuesto en el Libro Segundo, Capítulo Cuarto, artículo 164 y siguientes del Código Orgánico Administrativo. La misma que, podrá ser practicada por cualquier medio, físico o digital, que permita tener constancia de la transmisión y recepción de su contenido.

La notificación, por gestión directa o delegada, se efectuará bajo responsabilidad personal del servidor público determinado en los instrumentos de organización interna de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez, quien dejará constancia en el expediente del lugar, día, hora, año y forma de notificación. La notificación se llevará a efecto, conforme a las disposiciones establecidas en el Régimen General del Código Orgánico Administrativo, de la siguiente forma:

a) Notificación personal Se cumplirá con la entrega a la persona interesada o a su representante legal, en cualquier lugar, día y hora, el contenido del acto administrativo.

La constancia de esta notificación expresará:

1. La recepción del acto administrativo que la persona interesada otorgue a través de cualquier medio físico o digital.
2. La negativa de la persona interesada a recibir la notificación física, mediante la intervención de un testigo y el notificador.

La notificación a través de medios electrónicos es válida y produce efectos, siempre que exista constancia en el procedimiento, por cualquier medio, de la transmisión y recepción de la notificación, de su fecha y hora, del contenido íntegro de la comunicación y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario.

b) Notificación por boletas. Si no se encuentra personalmente a la persona interesada, se le notificará con el contenido del acto administrativo por medio de dos boletas que se entregarán en días distintos en su domicilio o residencia a cualquier persona de la familia. Si no se encuentra a persona alguna a quien entregarlas se fijarán en la puerta del lugar de habitación.

La notificación por boletas a la o el representante legal de una persona jurídica se hará en su domicilio principal, dentro de la jornada laboral, entregándolas a uno de sus dependientes o empleados, previa constatación de que se encuentra activo.

La notificación de las actuaciones posteriores se efectuará mediante una sola boleta, en caso de que la persona interesada haya fijado su domicilio de conformidad con el Código Orgánico Administrativo.

En los casos descritos en los literales a) y b), deberá sentarse la o las correspondientes razones de notificación en el proceso de ejecución coactiva, bajo responsabilidad del Secretario – Abogado Impulsor o por el Citador del Órgano correspondiente, según el caso.

Si el coactivado o su representante y/o socio o accionista, manifiestan que conoce determinada actuación, petición o providencia o se refiere a ella

egistro Oficial N° 483 Miércoles 8 de mayo de 2019 – 17

en escrito o en acto del cual quede constancia en el expediente, se considerará citado en la fecha de presentación del escrito o en la del acto al que haya concurrido.

c) Notificación a través de uno de los medios de comunicación. El acto administrativo se notificará a través de un medio de comunicación en los siguientes supuestos:

1. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.
2. Cuando las administraciones públicas estimen que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la notificación efectuada.
3. Cuando esté expresamente autorizado por ley.

La notificación a través de uno de los medios de comunicación es nula cuando la administración pública tiene o puede tener, por cualquier mecanismo legal, acceso a la identificación del domicilio de la persona interesada o es posible practicar la notificación por los medios previstos.

d) Forma de ejecutar la notificación a través de uno de los medios de comunicación. La notificación prevista en el artículo precedente se efectuará por:

1. Publicaciones que se realizarán en dos fechas distintas, en un periódico de amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán en un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia circulación. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación nacional. Las publicaciones contendrán el texto del acto administrativo y se agregarán al expediente.
2. Mensajes que se transmitirán en dos fechas distintas, por lo menos tres veces al día, en una radiodifusora de la localidad, en un horario de seis a veintidós horas y que contendrán el texto del acto administrativo. La o el propietario o la o el representante legal de la radiodifusora emitirá el certificado que acredite las fechas y horas en que se realizaron las transmisiones de mensajes y una copia del audio. La notificación por la radio se realizará cuando, a criterio de la administración pública, este sea el principal medio de comunicación del lugar.

Se puede publicar también a través de los medios de difusión institucionales. Esto no sustituirá a la notificación que deba hacerse a través de uno de los medios de comunicación.

Serán nulas las publicaciones que contengan un extracto del acto administrativo. El acto administrativo se considera notificado, transcurridos diez días después de su publicación.

e) Notificación en el extranjero En el caso de que la persona interesada se encuentre en el extranjero, la notificación se efectuará mediante carteles fijados en el consulado en el que se encuentra registrado.

Se dejará constancia en el expediente de la certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores que indique si la persona salió del país o consta en el registro consular.

i) Comunicación entre órganos o entidades. La comunicación entre órganos o entidades pertenecientes a una misma administración pública se efectuará directamente, sin traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios.

Puede efectuarse por cualquier medio, siempre que se asegure la constancia de su recepción. Para estas comunicaciones se utilizarán preferentemente medios electrónicos.

La notificación surte efectos desde la fecha que conste en la razón de recepción en el órgano de destino.

Art. 30.- El coactivado, al momento de comparecer al proceso, determinará dónde recibirá las notificaciones. Son idóneos los siguientes lugares: el casillero judicial, domicilio judicial electrónico, correo electrónico de una o un defensor legalmente Inscrito o el correo electrónico personal.

Capítulo III

DE LA DIMISIÓN DE BIENES

Art. 31.- Notificado con la Orden de Pago Inmediato, el coactivado o sus garantes pueden pagar o dimitir bienes; en este último caso, el Funcionario Recaudador de Coactiva, a su juicio y precautelando los intereses de la institución, se reserva la facultad de aceptar o no dicha dimisión de bienes de conformidad a lo previsto en el Código Orgánico Administrativo y este Reglamento.

Art. 32.- Previo a la aceptación de la dimisión de bienes, el Funcionario Recaudador de Coactiva, dispondrá el avalúo del bien o bienes a ser dimitidos; para el efecto, nombrará un perito avaluador, cuya designación se la realizará del listado de peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta la especialización y el bien materia del avalúo; para el pago de sus honorarios se aplicará la normativa que rige las Actuaciones y Tabla de Honorarios de los Peritos en lo Civil, dentro de la Función Judicial.

Capítulo IV

DE LA LIQUIDACIÓN, PAGO

Y DE LA RECAUDACIÓN

Parágrafo I

DE LA LIQUIDACIÓN

Art. 33.- El Liquidador del Órgano Ejecutor de Coactiva, practicará la correspondiente liquidación de los valores adeudados, que contendrá:

18 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

1. Denominación de la institución pública «Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez»;
2. Código, número y año de la Liquidación;
3. Nombres completos del coactivado;
4. Código, número y año del Título de Crédito, cuyo pago se persigue;
5. Fecha de vencimiento de la obligación;
6. Fecha de corte de la liquidación;
7. Detalle del valor del capital adeudado; h) intereses;
8. Honorarios profesionales;
9. Derechos y aranceles, de lo que corresponda;
10. Gastos procesales y costas, en lo que corresponda; y,
11. Otros valores adicionales que genere la obligación.

Parágrafo II

DEL PAGO

Art. 34.- El pago de la totalidad de los valores adeudados a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria- ARCSA, Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, por parte del coactivado, extingue la obligación.

Art. 35.- En aquellos casos en que el coactivado solicite se le concedan facilidades de pago, el Funcionario Recaudador de Coactiva procederá conforme a lo dispuesto en la Sección Segunda del Capitulo Segundo, Título II del Código Orgánico Administrativo.

Art. 36.- Las cuotas fijadas a través de las facilidades de pago autorizadas, se destinarán a los siguientes rubros, en el orden que se indica:

1. Intereses;
2. Valor por capital;
3. Honorarios profesionales;
4. Derechos y aranceles, de lo que corresponda;
5. Gastos procesales y costas; y,
6. Otros valores adicionales que genere la obligación.

Art. 37.- El pago de los valores adeudados por el coactivado, podrá ser en dinero en efectivo, cheque de Gerencia o certificado, girados a la orden de la «Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria

ARCSA, Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez», transferencia electrónica; u otros medios acepados por la ARCSA., la institución se reserva la facultad de aceptar otras modalidades de pago.

Parágrafo III

DE LA RECAUDACIÓN

Art. 38.- El Funcionario Recaudador de Coactiva, es el único competente para recibir todo ingreso dentro del Procedimiento de Ejecución Coactivo, a través de los depósitos realizados por los administrados en las cuentas que para efecto fije la Agencia. No podrán efectuar recaudaciones directas los Secretarios-Abogados de Coactiva, ni los demás encargados del procedimiento de ejecución coactiva. Los valores recaudados, serán depositados en la cuenta bancaria que para el efecto fije la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, y registrados en los sistemas transaccionales de la misma, dentro de las veinte y cuatro (24) horas contadas desde su recepción.

La ARCSA, podrá implementar otros procedimientos y canales de recaudación; y, acreditación de los valores adeudados. Para estos casos, el Recaudador de Coactiva verificará que los valores se encuentren acreditados en la cuenta bancaria de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA y registrados en los sistemas transaccionales de la institución y dispondrá la emisión del comprobante de recaudación respectivo.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo, además de las sanciones determinadas en la normativa interna de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, el Recaudador de Coactiva responsable, asumirá el interés por mora generado por cada día de retraso en la acreditación y registro de los valores recaudados.

Art. 39.- El Recaudador de coactiva dejará constancia de la recaudación, mediante el comprobante respectivo, el que contendrá:

1. Denominación de la institución pública «Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA. Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez «;
2. Número, código y año del Comprobante de Recaudación;
3. Número, código y año de la Liquidación;
4. Número, código y año del Procedimiento de Ejecución Coactiva;
5. Nombres del Coactivado y número de cédula o RUC;
6. Valor recaudado; y,

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g) Certificación de la acreditación de valores en la cuenta de Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez.

Capítulo V

DEL EMBARGO, AVALUÓ

Y REMATE DE BIENES

Sección I

DEL EMBARGO

Art. 40.- ORDEN DE EMBARGO.- El Funcionario Recaudador de Coactiva ordenará el embargo de los bienes que estime suficientes para satisfacer la obligación, con independencia y sin perjuicio del embargo que pueda disponer sobre los bienes dimitidos por la o el deudor, conforme lo establecido en la Sección segunda, Capítulo Tercero del Código Orgánico Administrativo.

1. Si la o el deudor no paga la deuda ni dimite bienes para el embargo en el término dispuesto en la orden de pago inmediato.
2. Si, ajuicio del órgano ejecutor, la dimisión de bienes es maliciosa o los bienes dimitidos por la o el deudor son manifiestamente inútiles para alcanzar su remate.
3. Si los bienes dimitidos se encuentran situados fuera del país o en general, son de difícil acceso.
4. Si los bienes dimitidos no alcanzan a cubrir el crédito.

Art. 41.- PRELACIÓN DEL EMBARGO: El órgano ejecutor, preferirá en su orden:

1. Los bienes sobre los que se haya ejecutado una medida cautelar.

2. Los de mayor liquidez a los de menor.

3. Los que requieran de menores exigencias para la ejecución.
4. Los que mayor facilidad ofrezcan para su remate o transferencia.

Se prohíbe la adopción de medidas cautelares o el embargo de bienes que manifiestamente excedan la deuda total a ser recaudada.

Art. 42.- EMBARGO DE BIENES MUEBLES.- El embargo de bienes muebles se practicará aprehendiéndolos y entregándolos a la o al depositario respectivo, para que queden en custodia de este.

El depósito de bienes muebles se hará formando un inventario de todos los objetos, con expresión de cantidad, calidad, número, peso y medida cuando sea el caso y el de los semovientes, determinando el número, clase, peso, género, raza, marcas, señales y edad aproximada.

El embargo de bienes muebles registrables se inscribirá en el registro correspondiente.

Art. 43.- EMBARGO DE BIENES INMUEBLES O DERECHOS REALES.- Para ordenar el embargo de bienes inmuebles o derechos reales, el Funcionario Recaudador requerirá a la o al correspondiente registrador de la propiedad el certificado del que conste la titularidad del bien afectado y los gravámenes o afectaciones que mantenga.

El certificado debe ser otorgado por el correspondiente registrador en un término de tres días, bajo la prevención de ser multado con el 10% de un salario básico unificado del trabajador en general por cada día de retraso.

Una vez verificado el dominio o la titularidad del derecho real, el órgano ejecutor ordenará y la o el registrador acatará la disposición sin ningún incidente y bajo su responsabilidad, la inscripción del embargo del bien inmueble o derecho real.

Ejecutado el embargo, la o el Funcionario Recaudador notificará a terceros acreedores, arrendatarios o titulares de derechos que aparezcan del certificado para que ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones.

El procedimiento para el embargo previsto en este artículo se aplicará para toda clase de bienes o derechos que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, deban constaren registros públicos.

Art. 44.- EMBARGO DE PARTICIPACIONES, ACCIONES, DERECHOS INMATERIALES Y DEMÁS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.- El embargo se ejecutará con su notificación al representante de la entidad en la que la o el deudor sea titular, momento desde el cual, bajo responsabilidad personal de la o del notificado, este efectuará el registro del embargo en los libros a su cargo o se notificará a la autoridad competente.

A partir de la fecha de notificación, con la orden de embargo, la o el depositario designado por el órgano ejecutor, ejerce todos los derechos que le correspondan a la o al deudor.

El órgano ejecutor, dispondrá además, las inscripciones que estime adecuadas en tutela de los intereses de terceros, en los registros correspondientes.

Art. 45.- EMBARGO DE CRÉDITOS.- El embargo de un crédito se practicará mediante notificación de la orden a la o al deudor del coactivado, para que se abstenga de pagarle a su acreedor y lo efectúe a la o al ejecutor.

La o el deudor de la o del ejecutado, notificado el embargo, es responsable solidario del pago de la obligación si, dentro de tres días de la notificación, no opone objeción admisible o si el pago lo efectúa a su acreedor con posterioidad a la notificcin.

20 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

Consignado ante la o el Funcionario Recaudador el valor total del crédito embargado, se declarará extinguida la obligación y se dispondrá la inscripción de la cancelación en el registro correspondiente. Pero si solo se consigna el saldo que afirma adeudar, el recibo de tal consignación constituye prueba del abono realizado a la deuda.

Art. 46.- EMBARGO DE DINERO Y VALORES.- Si el embargo recae en dinero de propiedad de la o del deudor, el pago de la obligación que se efectúa con el dinero aprehendido implica la conclusión del procedimiento de ejecución coactiva, siempre y cuando el valor sea suficiente para cancelar el capital, sus intereses y costas. En caso contrario, continuará por la diferencia.

Si el ordenamiento jurídico permite cancelar obligaciones con ellos y la aprehensión consiste en títulos, bonos y en general valores, previo el asiento correspondiente que acredite a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, acreedora como titular del valor por disposición del órgano ejecutor.

Una vez realizado el secuestro o embargo de títulos valores, el Depositario Judicial entregará a la Dirección Financiera, según corresponda, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, para que los mantenga en custodia. Cuando se aprehenda dinero, el Depositario Judicial entregará dicho valor al Recaudador del Juzgado de Coactiva, dentro de las veinte y cuatro (24) horas, de realizada la aprehensión.

El Recaudador de Coactiva dispondrá el depósito de estos valores, en la cuenta que fije la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, dentro de las siguientes veinte y cuatro (24) horas, se debe proceder como en el párrafo precedente, previo el asiento correspondiente que acredite a la administración pública acreedora como titular del valor por disposición del órgano ejecutor.

Si no está permitida esa forma de cancelación de las obligaciones que se están recaudando, los valores embargados serán negociados por el órgano ejecutor en la bolsa de valores. De su producto serán deducidos los costos y gastos de la negociación y se imputará al pago de las obligaciones ejecutadas.

De no obtenerse dentro de treinta días la venta de estos valores, según lo previsto en el párrafo anterior, se efectuará el remate en la forma común.

Art. 47.- EMBARGO DE ACTIVOS DE UNIDAD PRODUCTIVA. Cuando se ordene el embargo de los activos de cualquier unidad productiva o de las utilidades que estas han producido o produzcan en el futuro, la autoridad competente designará una o un depositario, quien estará a cargo de la gestión del negocio y tendrá las atribuciones y deberes de depositario previstas en la ley.

La o el depositario que administre el negocio embargado rendirá cuentas con la periodicidad que determine la o el Funcionario Recaudador y obligatoriamente al concluir su gestión. En caso de existir utilidad con la misma

periodicidad realizará los pagos correspondientes. El Depositario tendrá la obligación de mantener el negocio en marcha, rentable y con flujos permanentes hasta el remate o venta al martillo. La remuneración del Depositario, en caso de no ser un servidor de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez., será pagada por la utilidad de la Unidad Productiva; mientras que, si es servidor de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria- ARCSA, Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, que fueren designados como administradores, de ser el caso, no recibirán remuneración alguna por esta labor.

Las cuentas podrán ser impugnadas por los interesados dentro del término de diez días desde la fecha en que hayan sido notificadas.

Con las impugnaciones, la o el Funcionario Recaudador convocará a una audiencia en la que resolverá si acepta las impugnaciones y en este caso removerá de su cargo a la o al depositario y designará a otro que lo sustituya, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

Si se deniega la impugnación, se mantendrá la administración. La administración se mantendrá hasta que se convengan en una fórmula de pago, se cancelen los valores adeudados o se ordene el remate.

El embargo de los activos de una unidad productiva se notificará al organismo de control que corresponda.

En toda diligencia de embargo, el Depositario Judicial, procederá a suscribir tres ejemplares del acta respectiva sobre los bienes embargados, una que se incorporará al expediente; otra para el Depositario Judicial y la tercera para el coactivado.

Cuando se realice el embargo financiero mediante transferencia bancaria, no será necesaria la suscripción del acta indicada en el inciso anterior.

Art. 48.- AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA.- Las autoridades civiles y la fuerza pública prestarán los auxilios que los Órganos Ejecutores les soliciten para el ejercicio de su potestad.

Art. 49.- DESCERRAJAMIENTO Y ALLANAMIENTO.- Cuando la o el deudor, sus representantes o terceros no abran las puertas de los inmuebles en donde estén o se presuma que existen bienes embargables, el Funcionario Recaudador ordenará el descerrajamiento para practicar el embargo, previa autorización de allanamiento emitida por la o el juzgador de contravenciones del lugar donde se sustancie el procedimiento administrativo.

Sí se aprehenden muebles u otros bienes embargables, se los depositará sellados en las oficinas/bodegas designadas por la o el Funcionario Recaudador en donde serán abiertos dentro del término de tres días, con notificación a la o al deudor o a su representante. Si este no acude a la diligencia, se debe designar una o un experto para la apertura que se realizará ante la o el Funcionario Recaudador y la o el secretario, con la presencia de la o del depositario y de

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dos testigos, de todo lo cual se debe dejar constancia en acta firmada por los concurrentes y contendrá además el inventario de los bienes que deben ser entregados a la o al depositario.

Art. 50.- PREFERENCIA DE EMBARGO.- El embargo o la práctica de medidas cautelares, decretadas por las o los jueces ordinarios o especiales, no impide el embargo dispuesto por la o el Funcionario Recaudador en el procedimiento de ejecución coactiva. El órgano ejecutor oficiará a la o al juzgador respectivo para que notifique a la o al acreedor que haya solicitado tales medidas, a fin de que haga valer sus derechos como terceros en el procedimiento.

La o el depositario judicial de los bienes secuestrados o embargados, los entregará a la o al depositario judicial designado por el órgano ejecutor o los debe conservar en su poder a órdenes de este.

No se aplica lo dispuesto en este artículo cuando el crédito que dio origen al embargo o medida judicial tenga derecho preferente al que le corresponde a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, para el cobro de su crédito. En tal caso, la o el órgano ejecutor intervendrá en el proceso judicial como tercero.

Art. 51.- SUBSISTENCIA Y CANCELACIÓN DE EMBARGOS.- Las providencias de secuestro, embargo o prohibición de enajenar, decretadas por las o los juzgadores, subsisten no obstante el embargo practicado en el procedimiento de ejecución coactiva.

Si el embargo administrativo es cancelado antes de llegar a remate, se notificará a la o al juzgador que dispuso la práctica de esas medidas para los fines consiguientes.

Realizado el remate, las medidas preventivas, cautelares o de apremio, dictadas por la o el juzgador ordinario o especial, se consideran canceladas por el ministerio de la ley. Para su registro el Órgano Ejecutor notificará a la o al juzgador, que dispuso tales medidas y a la o al registrador con la orden de adjudicación.

Art. 52.- EMBARGOS PREFERENTES ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.- Los embargos practicados en procedimientos coactivos de una administración pública con crédito preferente de conformidad con el régimen común, no pueden cancelarse por embargos decretados posteriormente por otros órganos ejecutores.

Estas administraciones públicas tienen derecho para intervenir como terceros coadyuvantes en el procedimiento de ejecución coactiva y a hacer valer su prelación luego de satisfecho el crédito del primer órgano Ejecutor.

Sección II

REGLAS GENERALES PARA EL REMATE

Art. 53.- PROCEDIMIENTOS DE REMATE.- Según el tipo de bien y sin perjuicio de las reglas específicas previstas en el Código Orgánico Administrativo, se seguirán los siguientes procedimientos de remate:

El remate ordinario se aplicará a todo bien para el que no se haya previsto un procedimiento específico.

La venta directa se debe emplear cuando los bienes de los que se trate sean semovientes y el costo de su mantenimiento resulte oneroso, a juicio del órgano ejecutor; sean bienes fungibles o de artículos de fácil descomposición o con fecha de expiración y en cualquier tipo de bienes, cuando en el remate no se haya llegado a la realización del bien.

Art. 54.- AVALÚO.- Practicado el embargo, se procederá al avalúo de los bienes, con la participación de peritos y de conformidad con las normas técnicas.

1.- Si se ha designado un depositario, este comparecerá al avalúo y podrá formular observaciones.

2.- Si se trata de inmuebles, el avalúo pericial no será inferior al último practicado por el gobierno autónomo descentralizado competente, más un 33%. Este avalúo podrá ser impugnado.

Art. 55.- PERITOS.- El órgano ejecutor puede designar uno o varios peritos según la importancia y dificultad en la práctica del avalúo.

El órgano ejecutor determinará el lugar, fecha, día y hora para que, con juramento, se posesionen las o los peritos y concederá un plazo, no mayor a cinco días, que podrá ser prorrogado por una sola vez a petición de la o del perito, salvo casos especiales debidamente motivados, para la presentación de sus informes.

Los gastos, costas, valores de los peritajes, incurridos en la administración, custodia y control de los bienes embargados y secuestrados en el juicio coactivo, serán cargados a la cuenta del coactivado, lo que se informará al Liquidador para que se incluyan en la liquidación respectiva.

Art. 56.- DETERMINACIÓN DEL AVALÚO.- Practicado el embargo o secuestro de bienes muebles e inmuebles, el Funcionario Recaudador de Coactiva, designará al perito avaluador, seleccionándolo del listado de peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta la especialización y el bien materia del avalúo. Los honorarios de los Peritos se sujetarán a la Normativa que rige las Actuaciones y Tabla de Honorarios de los Peritos en lo Civil, dentro de la Función Judicial.

Con el informe o informes periciales, el órgano ejecutor notificará al deudor para que formule sus observaciones en un término de tres días.

Con el pronunciamiento de la o del deudor o sin él, el órgano ejecutor determinará el valor de los bienes para continuar con el remate.

El criterio de las o los peritos no será vinculante para el órgano ejecutor.

Art. 57.- REMATE DE TÍTULOS VALORES Y EFECTOS DE COMERCIO.- Los títulos valores y efectos de comercio, transables en bolsa de valores, se

22 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

venderán en condiciones de mercado por una casa de valores que resulte sorteada, de entre las que se hallen legalmente autorizadas, para operaren el mercado bursátil.

Sección III

REMATE ORDINARIO

Art. 58.- REMATE DE BIENES.- Él remate de los bienes de la persona ejecutada, sean estos muebles o inmuebles, se efectuará a través de una plataforma informática de alguna entidad del sector, observándose el procedimiento que se señala a continuación. La entidad pública encargada de la plataforma informática desarrollará los aplicativos necesarios.

Si son varios los bienes embargados, la subasta puede hacerse, unitariamente, por lotes o en su totalidad, según convenga a los intereses de la recaudación, debiendo constar este particular en los avisos respectivos.

Los bienes embargados también se podrán rematar en entidades públicas o privadas autorizadas por el órgano ejecutor.

Art. 59.- POSTURAS DEL REMATE.- El aviso del remate deberá ser publicado en la plataforma informática de la entidad, con el término de por lo menos veinte días de anticipación a la fecha del remate. La plataforma recibirá las ofertas desde las cero horas hasta las veinticuatro horas del día señalado para el remate.

Adicionalmente y con fines de publicidad, el aviso del remate será publicado en otros medios electrónicos, impresos o escritos.

La o el ejecutado podrá pagar la obligación con depósito bancario o transferencia bancaria electrónica dentro del mismo término.

En el remate en línea, las o los postores entregarán, mediante depósito bancario o transferencia bancaria electrónica el 10% de la postura realizada. Si la postura contempla el pago a plazo, se entregará el 15% de la postura realizada.

El órgano ejecutor podrá participar en el remate con cargo a su crédito estando exento del depósito del 10%, salvo que en la audiencia única se hayan admitido tercerías coadyuvantes, en cuyo caso participará en las mismas condiciones que las o los otros postores.

Art. 60.- REQUISITOS DE LA POSTURA.- Las posturas presentadas para primer y segundo señalamiento, no podrán ser inferiores al 100%) del avalúo pericial efectuado.

Art. 61.- FORMAS DE PAGO.- Las formas de pago de las posturas son las siguientes;

1. Al contado.
2. A plazo.

En el remate de bienes inmuebles no se admitirán posturas en que se fije plazos que excedan de cinco años contados desde el día del remate, ni las que no ofrezcan el pago de, por lo menos, el interés legal, pagadero por anualidades adelantadas.

La cosa rematada, si es bien inmueble, quedará en todo caso, hipotecada por lo que se ofrezca a plazo, debiendo inscribirse este gravamen en el correspondiente registro, al mismo tiempo que el traspaso de la propiedad. Del mismo modo, la prenda se conservará en poder de la o del acreedor prendario, mientras se cancele el precio del remate.

En el remate de bienes muebles, todo pago se hará al contado, sin que puedan admitirse ofertas a plazo, a menos que el órgano ejecutor y la o el ejecutado convengan lo contrario.

De existir posturas iguales se preferirá la que se haya ingresado en primer lugar, salvo que se trate de postura del órgano ejecutor.

Art. 62.- PROHIBICIÓN DE INTERVENIR EN EL REMATE.- Las personas que hayan intervenido en el procedimiento de ejecución, las y los servidores públicos de la respectiva administración, así como sus cónyuges, convivientes y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no podrán adquirir los bienes materia del remate.

Esta prohibición se extiende a las o los abogados y procuradores, a sus cónyuges, convivientes y parientes en los mismos grados señalados en el párrafo anterior y en general, a quienes de cualquier modo hayan intervenido en dichos procedimientos, salvo los terceros coadyuvantes.

Art. 63.- DERECHO PREFERENTE DE LOS ACREEDORES.- Las administraciones públicas acreedoras tienen derecho preferente para adjudicarse los bienes ofrecidos en remate, a falta de posturas por el 100%> del bien, caso contrario por el valor de la mejor postura presentada.

Este derecho puede ejercerse antes de la fecha de adjudicación en el remate ordinario.

Art. 64.- CALIFICACIÓN DE LAS POSTURAS.– Una vez acreditados los valores de las posturas, el órgano ejecutor señalará día y hora para la audiencia pública, en la que podrán intervenir las o los postores. El órgano ejecutor procederá a calificar las posturas teniendo en cuenta la cantidad ofrecida, el plazo y demás condiciones. Preferirá las que cubran al contado el crédito, intereses y costas del órgano ejecutor.

El acto administrativo de admisión y calificación de las posturas se reducirá a escrito, se notificará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al de la realización de la audiencia y debe comprender el examen de todas las que se hayan presentado, enumerando su orden de preferencia y describiendo con claridad, exactitud y precisión todas sus ondiciones.

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Art. 65.- POSTURAS IGUALES.- Si hay dos o más posturas que se conceptúan iguales, el órgano ejecutor, de considerar que son las mejores, dispondrá en la misma audiencia la adjudicación de la cosa al mejor postor. En este remate no se admitirán otras u otros postores que los señalados en este artículo y todo lo que ocurra se hará constar sucintamente en acta firmada por el órgano ejecutor y las o los postores que quieran hacerlo.

Art. 66.- POSTURA DEL ACREEDOR Y LOS TRABAJADORES.- La o el acreedor puede hacer postura con la misma libertad de cualquier persona y, si no hay tercerías coadyuvantes, podrá imputarla al valor de su crédito sin acompañar la consignación del 10%.

Las o los trabajadores pueden hacer postura con la misma libertad de cualquier otra persona e imputarla al valor de su crédito sin consignar el 10% aunque haya tercería coadyuvante,

Si el avalúo de los bienes embargados es superior al valor del crédito materia de la ejecución, consignará el 10% de lo que la oferta exceda al crédito.

Art. 67- RETASA Y EMBARGO DE OTROS BIENES.- En el caso en que no haya postores, la o el acreedor podrá solicitar la retasa de los bienes embargados y se reanudará el proceso de remate con el nuevo avalúo o pedir que se embarguen y rematen otros bienes liberando los bienes anteriormente embargados.

Si el valor ofrecido al contado no alcanza a cubrir el crédito de la o del ejecutante, se procederá a la venta directa.

Art. 68.- NULIDAD DEL REMATE.- El remate será nulo en los siguientes casos:

1. Si se verifica en día distinto del que sea señalado por el órgano ejecutor.
2. Si no se ha publicitado el remate en la forma ordenada por el órgano ejecutor.
3. Si la o el adjudicatario es una de las personas prohibidas de intervenir en el remate, siempre que no haya otra u otro postor admitido.
4. Si la o el adjudicatario es un sujeto que haya intervenido en colusión o para beneficio de la o del deudor o de cualquiera de las personas inhabilitadas para intervenir en el remate.

La nulidad en los casos del numeral 1 y 2, únicamente puede reclamarse con la impugnación del acto administrativo de calificación definitiva.

La nulidad por las causales previstas en los numerales 3 y 4 puede proponerse como acción directa ante las o los juzgadores competentes en razón de la naturaleza de la obligación ejecutada, dentro de seis meses de efectuado el remate. De las costas y los daños originados en la nulidad que se declare, responden solidariamente la o el adjudicatario y la o el deudor, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que haya lugar.

La nulidad podrá ser declarada de oficio o a petición de persona interesada en la audiencia De lo que se resuelva no habrá recurso alguno.

Si se declara la nulidad del remate se señalará nuevo día para el remate.

Art. 69.- ADJUDICACIÓN.- Dentro del término de diez días de notificado el acto administrativo de calificación de posturas, la o el postor preferente consignará el valor ofrecido de contado, hecho lo cual, el órgano ejecutor emitirá la adjudicación que contendrá:

1. Los nombres y apellidos completos, cédula de identidad o pasaporte, estado civil, de la o del deudor y de la o del postor al que se adjudicó el bien.
2. La individualización prolija del bien rematado con sus antecedentes de dominio y regístrales, si es del caso.
3. El precio por el que se haya rematado.
4. La cancelación de todos los gravámenes inscritos con anterioridad a su adjudicación.
5. Los demás datos que la o el ejecutor considere necesarios.

Los gastos e impuestos que genere la transferencia de dominio se pagarán con el producto del remate.

Las costas de la ejecución coactiva, que incluirán el valor de los honorarios de peritos, interventores, depositarios y abogados externos, regulados por el órgano ejecutor son de cargo de la o el ejecutado.

El órgano ejecutor dispondrá que una vez notificada la adjudicación se proceda a la devolución de los valores correspondientes a las posturas no aceptadas.

Si la cosa rematada es inmueble quedará hipotecada, por lo que se ofrezca a plazo, debiendo inscribirse este gravamen en el correspondiente registro, al mismo tiempo que el traspaso de propiedad. Del mismo modo, la prenda se conservará en poder de la o del acreedor prendario mientras se cancela el precio del remate.

Art. 70.- NO CONSIGNACIÓN DEL VALOR OFRECIDO.- Si la o el postor no consigna la cantidad que ofreció al contado, se mandará a notificar a la o al postor que siga en el orden de preferencia, para que consigne, en el término de diez días, la cantidad ofrecida y así sucesivamente.

En este caso, la o el anterior postor pagará las costas y la quiebra del remate ocasionadas por la falta de pago, con la cantidad que haya consignado al tiempo de hacer la postura y si falta, con otros bienes.

Art. 71.- QUIEBRA DEL REMATE.- Se llama quiebra del remate, la diferencia entre el precio aceptado por la o el postor cuya oferta se declaró preferente y el ofrecido por la o el postor a quien se adjudique lo rematado.

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Art. 72.- PROTOCOLIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN.- El acto administrativo de adjudicación se protocolizará para que sirva de título y se inscribirá en el registro que corresponda.

Art. 73.- TRADICIÓN MATERIAL.- La entrega material de los bienes rematados, se efectuará por la o el depositario de dichos bienes, de acuerdo con el inventario formulado al tiempo del embargo.

Las divergencias que ocurran se resolverán por el mismo órgano ejecutor. Esta decisión se puede impugnar ante las o los juzgadores competentes.

La tradición material se efectuará, de ser el caso, con la intervención de la Policía Nacional.

Art. 74.- CALIFICACIÓN DEFINITIVA E IMPUGNACIÓN JUDICIAL.- El órgano ejecutor, dentro de los tres días siguientes a la presentación de la postura única o del día señalado para la subasta expedirá el acto en el que se declare cuál es la mejor postura, prefiriendo la que satisfaga de contado el crédito de la administración pública y estableciendo el orden de preferencia de las demás.

Esta resolución puede ser impugnada por la persona ejecutada, tercerista coadyuvante o postor calificado, dentro de los tres días contados desde la fecha de su notificación, ante las o los juzgadores competentes. En este caso, la administración pública notificará la realización de la audiencia decretada a las o los intervinientes en el procedimiento para que hagan valer sus derechos.

Art. 75. – PAGO A LA O AL ACREEDOR. – De la cantidad que se consigne por el precio de la cosa rematada, se pagará a la o al acreedor inmediatamente los valores que se le adeuden en concepto del principal de su crédito, intereses, indemnizaciones y costas. El sobrante se entregará a la o al deudor, salvo que el órgano ejecutor haya ordenado su retención, a solicitud de otro órgano ejecutor o juzgador.

Art. 76.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- Serán apelables exclusivamente el acto administrativo de admisión y calificación de postura y el acto administrativo de adjudicación.

Capítulo VI

DE LAS RESPONSABILIDADES,

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

DE LOS BIENES EMBARGADOS

Art. 77.- El embargo de los bienes que se haya decretado por el Funcionario Recaudador de Coactiva, lo realizará el Depositario Judicial quien, previo inventario en el que se hará constar el estado en que se encuentran esos bienes, los mantendrá en su custodia, registro, mantención y cuidado.

Art. 78.- En relación a los bienes embargados dentro del procedimiento coactivo, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA Doctor. Leopoldo

Izquieta Pérez, a través del Funcionario Recaudador de Coactiva prestará las facilidades al Depositario Judicial, para preservar la integridad y buen estado de dichos bienes.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, según corresponda, será la responsable del control y seguimiento de las pólizas de seguros de los bienes embargados en los procedimientos de ejecución coactiva.

Art. 79.- Le corresponde al Depositario, la respon­sabilidad de elaborary mantener los inventarios actualizados de bienes embargados y secuestrados, su preservación, salvaguardia y protección adecuada.

TÍTULO VI

DEL JUICIO DE EXCEPCIONES

A LA COACTIVA Y DE LAS TERCERÍAS

EN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

COACTIVA

Sección I

EXCEPCIONES

Art. 80.- OPOSICIÓN DE LA O DEL DEUDOR.- La o el deudor únicamente puede oponerse al procedimiento de ejecución coactiva mediante la interposición oportuna de una demanda de excepciones ante las o los juzgadores competentes.

El conocimiento por parte del órgano ejecutor de la interposición de la demanda de excepciones interrumpe el procedimiento de ejecución coactiva únicamente en el caso de que la o el deudor justifique que:

1. La demanda ha sido interpuesta.
2. Las excepciones propuestas en la demanda corresponden a las previstas en el Código Orgánico Administrativo.
3. Se han rendido las garantías previstas.

Art. 81.- EXCEPCIONES.- Al procedimiento de ejecución coactiva a favor Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, únicamente puede oponerse las siguientes excepciones:

1. Incompetencia del órgano ejecutor.
2. Ilegitimidad de personería del ejecutado o de quien haya sido notificado como su representante.
3. Inexistencia o extinción de la obligación.
4. El hecho de no ser deudor ni responsable de la obligación exigida.
5. Encontrarse en trámite, pendiente de resolución, una reclamación o recurso administrativo con respecto

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al título crédito que sirve de base para la ejecución coactiva, en los casos en que sea requerido el título de crédito.

6. Hallarse en trámite la petición de facilidades para el pago o no estar vencido ninguno de los plazos concedidos, ni en mora de alguno de los dividendos correspondientes.
7. Encontrarse suspendida la eficacia del acto administrativo cuya ejecución se persigue.
8. Duplicación de títulos con respecto de una misma obligación y de una misma persona.

Art. 82.- OPORTUNIDAD.- La demanda de excepciones a la ejecución coactiva se interpondrá ante la o el juzgador competente, dentro de veinte días de conformidad con lo que establece el artículo 329 del Código Orgánico Administrativo.

Art. 83.- Los juicios de excepciones a la coactiva, serán patrocinados por los profesionales en derecho, en su respetiva jurisdicción y mantendrán informado periódicamente al Funcionario Recaudador de Coactiva, sobre las actuaciones y providencias emitidas en el juicio de excepciones a la coactiva.

Sección H

TERCERÍAS

Art. 84.- TERCERÍAS COADYUVANTES.- inter­vendrán como terceristas coadyuvantes en el procedimiento coactivo, las o los acreedores de una o un ejecutado, desde que se haya ordenado el embargo de bienes hasta antes del remate, acompañando el título en que se funde su acreencia, con el propósito de que se pague su crédito con el sobrante del producto del remate.

Art. 85.- TERCERÍAS EXCLUYENTES.- La tercería excluyente de dominio solo puede proponerse presentando título que justifique la propiedad o protestando, con juramento, hacerlo en un término no menor de diez días ni mayor de treinta.

Art. 86.- EFECTOS DE LA TERCERÍA EXCLUYENTE.- La tercería excluyente presentada con título de dominio suspende el procedimiento de ejecución

coactiva hasta que la o el juzgador competente, resuelva, salvo que la o el Funcionario Recaudador prefiera embargar otros bienes de la o del deudor, en cuyo caso debe cancelar el primer embargo y proseguir el procedimiento coactivo.

Si se la deduce con protesta de presentar el título posteriormente, no se suspende la coactiva, pero si llega a verificarse el remate, no surtirá efecto ni podrá ordenar la adjudicación, mientras no se tramite la tercería.

Art. 87.- Las tercerías excluyentes propuestas en el juicio coactivo, serán patrocinadas por los profesionales en derecho, en su respectiva jurisdicción.

Capítulo I

DE LOS GASTOS Y COSTAS JUDICIALES

Art. 88.- Los gastos y costas que se generen en el trámite del procedimiento de ejecución del procedimiento coactiva y los honorarios, sean estos de Abogados externos, peritos, depositarios y otros, serán cargados a la cuenta del respectivo deudor, debiendo en cada caso adjuntarse los justificativos legales correspondientes.

Los gastos en que incurran los Secretarios-Abogados Externos de Coactiva, necesarios para la gestión de cobro, solamente se consideran costas y gastos generados por el procedimiento de ejecución coactiva, a los siguientes justificativos: certificados, copias notariadas, certificadas y compulsas, derechos de certificación y de inscripción en los correspondientes registros; y, otros documentos de carácter legal, debidamente justificados.

Los justificativos originales por gastos y costas judiciales, deberán ser presentados al Juzgado de Coactiva, dentro de las veinte y cuatro (24) horas posteriores de haberse generado.

Capítulo II

DEL HONORARIO DEL SECRETARIO -ABOGADO EXTERNO

Art. 89.- El Secretario-Abogado Externo, percibirá como honorarios los valores correspondientes al porcentaje para cada uno de los niveles de la siguiente tabla y calculados en base al valor total recuperado por concepto de capital vencido e intereses, por cada proceso coactivo:

Valor Recuperado USD.

Honorario Fijo USD.

Honorario Fijo Porcentaje de Comisión por Honorarios

Mínimo

Máximo

10% sobre el valor recaudado

Desde 0,01

Hasta 500,00

25,00

10% sobre el valor recaudado

Desde 500,01

Hasta 5.000,00

75,00

9% sobre el excedente del valor mínimo

Desde 5.000,01

Hasta 10.000,00

480,00

8% sobre el excedente del valor mínimo

Desde 10,000,01

Hasta 50.000,00

800,00

7% sobre el excedente del valor mínimo

Desde 50.000,01

En adelante

3.700,00

6% sobre el excedente del valor mínimo

Si la recuperación se diere mediante fórmulas de arreglo como facilidades de pago a través de pagos parciales aceptados u otras a favor del sujeto pasivo, el valor del honorario se pagará, una vez ingresada la última cuota de los pagos parciales.

26 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en este Reglamento, estos valores y honorarios profesionales serán cancelados a la culminación del juicio coactivo, lo cual ocurrirá cuando la recuperación fuere de la totalidad de la deuda y siempre que se encuentren tales valores efectivamente ingresados en la cuenta designada por la ARCSA., y registrados en los sistemas transaccionales de la ARCSA., previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Archivo de la causa;
2. Oficios de levantamiento de medidas cautelares;
3. Presentación de la factura por concepto de honorarios;

y,

d) Presentación de la factura por concepto de reembolso de costas y gastos judiciales, con las copias de los justificativos correspondientes.

Las respectivas facturas por concepto de honorarios y reembolso de gastos, serán presentadas por los Secretarios-Abogados Externos de Coactiva y pagadas por la ARCSA., en la fecha fijada por esta última y de acuerdo a los parámetros fijados por la Gerencia de Gestión de Facturación, Recaudación y Cobranza y los procedimientos determinados en el correspondiente contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios.

No se pagarán los honorarios establecidos en la tabla anterior, al Secretario -Abogado impulsor externo de coactiva, en caso de que la deuda sea declarada como no exigible el órgano competente de la ARCSA.

Art. 90.- El pago de Honorarios Profesionales a los Secretarios Abogados Externos de Coactiva, por la efectiva, recuperación de cartera vencida, a través del ejercicio de la potestad coactiva, deberá realizarse, adjuntando los siguientes documentos:

1. Oficio suscrito por el Funcionario Recaudador de Coactiva, solicitando el pago y, adjuntando lo siguiente:
2. Comprobante de pago, suscrito entre el Responsable Financiero de Coactiva y el documento que será firmado por las partes a cargo.
3. En los órganos Ejecutores Provinciales de Coactiva, se requerirá la certificación emitida por el Secretario Abogado Interno en la que se establece que dentro de sus archivos y cada uno de los expedientes de juicios coactivos, consta toda la documentación que determina el Reglamento para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez.
4. Copias de las facturas que mantiene bajo su custodia el Funcionario Recaudador de Coactiva, o de quien haga sus veces, por concepto de honorarios profesionales, emitidas por los respectivos Secretarios Abogados Externos de Coactiva, para el coactivado.

5. Copias de las facturas que mantiene bajo su custodia el Funcionario Recaudador de Coactiva, o de quien haga sus veces, por concepto de costas y gastos judiciales, emitidas por los respectivos Secretarios Abogados Externos, para el coactivado.

Art. 91.- En la terminación de los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios, el Secretario-Abogado Externo de Coactiva, tendrá derecho al reembolso de gastos y costas judiciales, comprobados, justificados y presentados dentro del plazo establecido en este Reglamento; y, al cobro de honorarios profesionales de juicios que se hayan archivado por pago, hasta la fecha de devolución de la totalidad de los expedientes completos, mediante la respectiva Acta de Entrega Recepción Final, lo cual no podrá exceder del plazo de 15 días desde la fecha de notificación para la terminación contractual.

Art. 92.- Se prohíbe a los servidores de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, ordenar o autorizar pagos anticipados por concepto de honorarios, así como valores generados por gastos, costas judiciales y otros, a los Secretarios-Abogados Externos de Coactiva.

Capítulo II

DE LOS HONORARIOS, DERECHOS Y

ARANCELES DE DEPOSITARIOS JUDICIALES,

MARTILLADORES Y PERITOS

Art. 93.- El Depositario Judicial Externo, designado por el Funcionario Recaudador de Coactiva, percibirá en calidad de derechos y aranceles, por cada diligencia ejecutada de embargo o secuestro de bienes muebles o inmuebles, en la que intervenga dentro del proceso coactivo, los valores constantes en el Capítulo IV del Reglamento para el Funcionamiento de las Oficinas de Alguaciles y Depositarios Judiciales y Normas para la Fijación de los Derechos que corresponden a los Depositarios Judiciales, que se cargarán al Coactivado.

Cuando actúe el Depositario Judicial Interno, en el embargo de bienes muebles o inmuebles, se cargará el valor correspondiente al 10% de una remuneración básica unificada, por concepto de derechos y aranceles por depositario judicial, a cargo del coactivado. Este valor ingresará a las cuentas de la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, asignadas al Juzgado de Coactiva.

Para el caso de embargo financiero o de valores en cualquiera de las Entidades Financieras del país, retenidos en la o las cuentas del coactivado, que ejecute el Depositario Judicial Interno de la ARCSA no se cargará valor alguno por esta diligencia procesal, en la liquidación respectiva, por concepto de derechos y aranceles.

Art. 94.- Para el pago de honorarios a martilladores y a peritos, se estará a lo dispuesto en:

a) Reglamento de Martilladores; y,

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b) La tabla de honorarios que rige para los peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- No podrán ser contratados como Secretarios -Abogados Externos, Depositarios Judiciales Externos y Peritos, personas que tengan vinculación por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con los servidores Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez., a nivel nacional.

Segunda.- En el caso que un funcionario en el ejercicio de su potestad coactiva haya sido demandado y posteriormente cesado de sus funciones, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, continuarán con la defensa hasta la culminación del proceso. Por cuanto los mismos actuaron investidos de una potestad o ejercicio de un cargo, a nombre de la institución. Asimismo, patrocinarán los juicios de insolvencia o quiebra, y otros de naturaleza administrativa, judicial, constitucional e incluso arbitral, que se instauren como consecuencia del ejercicio de la potestad de ejecución coactiva.

Tercera.- En las obligaciones de tracto sucesivo o pagos parciales a favor de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, para la determinación del «plazo vencido», se establece que, con el vencimiento y no pago de una cuota, se entenderá por vencida la totalidad de la obligación.

Cuarta.- El Órgano Ejecutor de Coactiva, para efectos del trámite de los procedimientos de ejecución coactiva, observará las disposiciones del Reglamento sobre Arreglo de Procesos y Actuaciones Judiciales, expedido por la entonces Corte Suprema de Justicia y publicado en el Registro Oficial No. 20 de 19 de junio de 1981, en lo que fuere procedente y aplicable, especialmente en lo que se refiere al arreglo de los procesos, al desglose de documentos y actuaciones de jueces, secretarios, peritos y depositarios.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Los casos de duda que se presenten en la aplicación de este Reglamento, serán resueltos por la Dirección de Asesoría Jurídica, o por su Delegado.

Segunda.- Se dispone a la Secretaría General de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA Doctor. Leopoldo Izquieta Pérez, gestione la inmediata publicación en el Registro Oficial del presente Reglamento para el Ejercicio de la Potestad de Ejecución Coactiva de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA Dr. Leopoldo Izquieta Pérez; y, la publicación y distribución interna a nivel nacional.

DISPOSICIÓN VIGENCIA

El presente Reglamento para el Ejercicio de la Potestad de Ejecución Coactiva de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA Doctor. Leopoldo

Izquieta Pérez., entrará en vigencia a partir de la suscripción del mismo, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Deróguese el anterior Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Coactiva de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria- ACRSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez.

Comuníquese.

Dado en la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve.

f.) Ing. Juan Carlos Galarza Oleas, MSc, Director Ejecutivo de La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA.

Nro. 0013

Ec. Andrea Daniela Sotomayor Andrade

SECRETARIA DEL DEPORTE

Considerando:

Que, el artículo 154 de la Carta Magna determina que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…)»;

Que, el Art. 226 de la Carta Constitucional manifiesta que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el inciso segundo del artículo 297 de la Constitución de la República expresa que: «Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.»;

Que, la Constitución de la República en su artículo 381 señala que: «£7 Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación

28 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad.

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse deforma equitativa»;

Que, el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo, especifica que. «La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado. «

Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 69 manifiesta: «Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en:

1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes.
2. Otros órganos o entidades de otras administraciones.
3. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan.
4. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos. (…)»;

Que, el artículo 71 del Cuerpo Legal Ibídem, determina: «Son efectos de la delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda. «

Que, el artículo 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que: «El Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación; le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables. (…)»;

Que, el artículo 36 de la invocada norma señala: «El Directorio de las Federaciones Deportivas Provinciales sujetas al Régimen de Democratización y Participación será conformado de la siguiente manera: a) Dos dirigentes elegidos por la Asamblea General; b) Dos delegados del Ministerio Sectorial; especializados en materia financiera y técnica; c) Un representante de las y los deportistas inscritos en la federación deportiva provincial correspondiente; d) El Director Provincial de Salud o su delegado: e) Un delegado/a de la fuerza técnica; f Un representante de los gobiernos autónomos descentralizados que conforman el Consejo Provincial, elegido de entre los alcaldes cantonales de la provincia (…)»;

Que, el artículo 158 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, determina que: «El Ministerio de Deporte y Actividad Física, ejerce jurisdicción administrativa y competencia en el ámbito deportivo a nivel nacional, de acuerdo con las normas establecidas en esta ley y su reglamento «;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva determina que: «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales»;

Que, el artículo innumerado del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, manifiesta: «De las Secretarías.- Organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control sobre temas específicos de un sector de la Administración Pública. Estarán representadas por un secretario que tendrá rango de ministro de Estado.»;

Que, el art. 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE determina que: «Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial. (…)»;

Que, mediante el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 438 de 14 de junio de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, Licenciado Lenín Moreno Garcés, transforma el Ministerio del Deporte en Secretaría del Deporte, con autonomía administrativa y financiera;

Que, mediante el artículo 2 del Decreto antes señalado, manifiesta: «La Secretaría del Deporte asumirá las funciones establecidas para el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación, establecidas en la Ley del Deporte y demás normativa que rige el sector»;

Que, mediante el artículo 4 de la normativa mencionada, se determina que: «Todas las partidas presupuestarias y todos los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos, así como también los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o internacionales que le correspondían al Ministerio del Deporte, pasen a formar parte del patrimonio institucional de la Secretaría del Deporte «;

Que, mediante el artículo 6 del Cuerpo Legal Ibídem, el señor Presidente Constitucional de la República, Licenciado Lenín Moreno Garcés, nombra como Secretaria del Deporte a la Economista Andrea Daniela Sotomayor Andrade;

Que, mediante nota inserta de fecha 01 de febrero de 2019 en la hoja de vida de la Economista PatriciaValeri Luna

Registro Oficial N° 483 Miércoles 8 de mayo de 2019 – 29

Vargas, la Ec. Andrea Sotomayor Andrade, Secretaria del Deporte, aprueba la designación de la delegada financiera de la FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CAÑAR, la cual regirá partir del 01 de febrero de 2019;

En uso de las atribuciones conferidas en la Constitución de la República, Código Orgánico Administrativo, y Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva;

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Dejar sin efecto las anteriores designaciones de Delegados Financieros de la FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CAÑAR realizadas por esta Cartera de Estado y en su reemplazo nombrar a la Ec. Patricia Valeria Luna Vargas, con cédula de ciudadanía Nro. 0302394705 como DELEGADA FINANCIERA de la Secretaría del Deporte al Directorio de la Organización Deportiva mencionada.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar con la presente Resolución:

1. Al Sr. Johnatan Francisco León Calderón, presidente de la FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CAÑAR.
2. Al Ing. Rolando Eugenio Matute Cárdenas, Administrador de la Organización Deportiva mencionada.
3. Delegada Financiera designada.
4. Coordinación Zonal 6 de la Secretaría del Deporte.
5. Ex Delegada Financiera.

ARTÍCULO TERCERO.- Encárguese de la ejecución de la presente Resolución a la Coordinación Zonal 6.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 01 de febrero de 2019.

f) Ec. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Secretaria del Deporte.

Certifico que el documento que antecede, contenido en 04 fojas útiles que son fiel copia del original de la documentación que reposa en el Archivo Central de la Gestión de Secretaría General de la Dirección Administrativa, D.M., Febrero 05 de 2019.

f.) Ing. Alvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo.

Nro. 0014

Ec. Andrea Daniela Sotomayor Andrade

SECRETARIA DEL DEPORTE

Considerando:

Que, el artículo 76, numeral 7, de nuestra Carta Magna establece: «(…) En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas «;

Que, la Constitución de la República en su artículo 154, numeral 1 determina: «(…) A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que, el artículo 226 de la norma ut supra expresa: «(…) Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley»;

Que, la Constitución de la República en su artículo 381 indica: «El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación fisica y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y paralímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad»;

Que, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 3 determina que: Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias;

Que, el art. 65 del Código Orgánico Administrativo establece. – Competencia. La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado;

Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 69 manifiesta: «Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. 2. Otros órganos o entidades de otras administraciones. 3. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan. 4. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos. (…)»;

30 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

Que, el artículo 98 del Instrumento Legal indicado manifiesta que: Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo;

Que, el artículo. 175 del Código invocado, dice que: «Todo procedimiento administrativo podrá ser precedido de una actuación previa, a petición de la persona interesada o de oficio, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento «;

Que, el artículo 1 del Código Civil instituye que: «La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite»;

Que, el art. 577, del Cuerpo Legal ibídem establece: «Las corporaciones no pueden disolverse por sí mismas, sin la aprobación de la autoridad que legitimó su establecimiento. Pero pueden ser disueltas por ella, o por disposición de la ley… «;

Que, la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, publicada en el Registro No. 255 del 11 de Agosto del 2010; y su Reglamento General el cual fue promulgado mediante Registro Oficial No. 418 del 01 de Abril del 2011, en su artículo 13 determina: «El Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación; le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables «;

Que, la norma invocada en su artículo 14 establece las funciones y atribuciones del Ministerio Sectorial y en su literal c), indica: «Supervisar y evaluar a las organizaciones deportivas en el cumplimiento de esta Ley» («…») q) Resolver los asuntos administrativos del Ministerio Sectorial no previstos en la legislación deportiva;

Que, el artículo 158 de la Ley ibídem, expresa: «El Ministerio de Deporte y Actividad Física, ejerce jurisdicción administrativa y competencia en el ámbito deportivo a nivel nacional, de acuerdo con las normas establecidas en esta ley y su reglamento «;

Que, el artículo 160 de la Ley en mención, establece: «El Ministerio Sectorial, tendrá la facultad exclusiva en relación al control administrativo en materia deportiva «;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, determina: «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales «;

Que, el artículo innumerado del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva manifiesta: «De las Secretarías.- Organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control sobre temas específicos de un sector de la Administración Pública. Estarán representadas por un secretario que tendrá rango de ministro de Estado «;

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE determina que: «Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial. (…) «;

Que, el artículo 84 de la norma incoada, expresa: «La competencia administrativa es la medida de la potestad que corresponde a cada órgano administrativo. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se ejerzan en la forma prevista en este estatuto «;

Que, el art. 135, del ERJAFE señala: «Iniciación del procedimiento. Clases de iniciación. Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo 193 de 23 de octubre de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, expide el «REGLAMENTO PERSONALIDAD JURÍDICA ORGANIZACIONES SOCIALES», en el cual se deroga expresamente el Decreto Ejecutivo No. 16 de 4 de junio de 2013, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 19 del 20 de los mismos mes y año, y el Decreto Ejecutivo 739 de 3 de agosto de 2015, publicado en el Registro Oficial 570 de 21 de agosto de 2015;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 193 de fecha 23 de octubre de 2017 señala que: «El presente Reglamento tiene por objeto regular, simplificar y racionalizar los requisitos para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales ciudadanas que voluntariamente lo soliciten, por parte de las instituciones competentes del Estado..»;

Que, el artículo 4 del mismo Decreto Ejecutivo establece que: «Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar y obligarse, en ejercicio del derecho constitucional de libre asociación, podrán constituir: 1. Corporaciones; 2. Fundaciones; y, 3. Otras formas de organización social nacionales o extranjeras. «;

Que, el art. 7, del mencionado Decreto indica que: «Deberes de las instituciones competentes para otorgar personalidad jurídica.- Para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales sin fines de lucro, que voluntariamente lo requieran, las instituciones competentes del Estado, de acuerdo a sus competencias específicas, observarán que los actos relacionados con la constitución, aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución,

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liquidación, registro y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones sociales, se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y al presente Reglamento «;

Que, el art. 19, del Decreto Ejecutivo 193, dice: «Causales de disolución.- Son causales de disolución de las organizaciones sociales constituidas bajo este régimen, las siguientes:

1. Desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida;
2. Disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido en este Reglamento;
3. Finalización del plazo establecido en su estatuto;
4. Dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral;
5. Incurrir en actividades ilícitas o incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este Reglamento; y,
6. Las demás causales establecidas en los estatutos.

La disolución de la organización será declarada por la cartera de estado competente que aprobó los estatutos y otorgó el reconocimiento de personalidad jurídica, observando los procedimientos establecidos en la normativa aplicable «;

Que, el artículo 20 del Cuerpo Legal Ibídem manifiesta: «Disolución Voluntaria.- Las organizaciones sujetas a este Reglamento, podrán ser disueltas y liquidadas por voluntad de sus socios, mediante resolución en Asamblea General, convocada expresamente para el efecto y con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes»;

«Para el procedimiento de disolución y liquidación, la Asamblea General, en el mismo acto, deberá nombrar un liquidador, quien deberá presentar su informe en un plazo de 90 días, observando siempre las disposiciones que para el efecto determinen el estatuto y el Código Civil»;

«Los resultados de la disolución y liquidación se pondrán en conocimiento de la Cartera de Estado correspondiente, a fin de que se proceda a elaborar el Acuerdo Ministerial de disolución y liquidación «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N°. 8 de 24 de mayo de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República, Licenciado Lenín Moreno Garcés, nombra como Ministra del Deporte a la Economista Andrea Daniela Sotomayor Andrade;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 438 de 14 de junio de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, Licenciado Lenín Moreno Garcés, en su artículo 1 transforma el Ministerio del Deporte en Secretaría del Deporte, con autonomía administrativa y financiera»;

Que, mediante el artículo 2 del Decreto antes señalado, manifiesta: «La Secretaría del Deporte asumirá las funciones establecidas para el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación, establecidas en la Ley del Deporte y demás normativa que rige el sector. «;

Que, mediante el artículo 4 de la normativa mencionada, se determina que: «Todas las partidas presupuestarias y todos los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos, así como también los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o internacionales que le correspondían al Ministerio del Deporte, pasen a formar parte del patrimonio institucional de la Secretaría del Deporte «;

Que, mediante el artículo 6 del Cuerpo Legal Ibídem, el señor Presidente Constitucional de la República, Licenciado Lenín Moreno Garcés, nombra como Secretaria del Deporte a la Economista Andrea Daniela Sotomayor Andrade;

Que, Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 832 de 24 de junio del 2010, la Secretaría Nacional del Deporte, SENADER, aprueba la reforma de estatuto de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO «FUNDEPORTE»;

Que, el estatuto contenido en el Acuerdo Ministerial Nro. 832 de 24 de junio de 2010, de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO «FUNDEPORTE», en el artículo 16 literal d) señala: «Resolver en forma anticipada la liquidación de la liquidación de la Fundación, previo informe fundamentado del Directorio, con el voto de las dos terceras partes de los miembros activos vigentes, incluido el voto del representante del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito «;

Que, el artículo 24 literal d) del Cuerpo Legal Ibídem manifiesta: «…d) Por decisión voluntaria de la Asamblea General convocada exclusivamente con este objetivo. En el acta deberá constar los nombres de los asistentes y las firmas de éstos.

Cuando la organización incurriere en cualquiera de las causales de disolución, el Ministerio del Deporte – Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación, instaurará de oficio o a petición de parte, un procedimiento administrativo, en el que se contará exclusivamente con las partes involucradas. De comprobarse la existencia de la causal de disolución se procederá mediante Resolución motivada que será expedida por la Ministra del Deporte – Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación, disolver la organización. En dicha Resolución, designará también a un Liquidador, a costa de la Fundación y establecerá los mecanismos y procedimientos para llevar a cabo la liquidación… «;

Que, mediante Acta de Asamblea General de 14 de diciembre de 2018, los miembros de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO «FUNDEPORTE», resuelven la designación del Liquidado para la disolució

32 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

anticipada y liquidación de la Fundación, recayendo dicho nombramiento en la persona del señor GUILLERMO DAVID MALDONADO VITERI;

Que, con Oficio S/N, de 23 de enero de 2019, ingresado a esta Cartera de Estado con documento Nro. SD-DSG-2019-0880 de 23 de enero de 2019, suscrito por la señora Gloria Torres, en calidad de Secretaria Ad – Hoc, solicita se registre el nombramiento del Liquidador de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO «FUNDEPORTE»;

Que, con Memorando Nro. SD-DAD-2019-0172, de 31 de enero de 2019, la Dirección de Asuntos Deportivos remite el Informe de procedencia de Disolución de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO «FUNDEPORTE», a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado;

Que, con fecha 01 de febrero de 2019, la Eco. Andrea Sotomayor Andrade, Secretaria del Deporte, aprueba la recomendación contenida en el Memorando Nro. SD-DAD-2019-0172, de 31 de enero de 2019, correspondiente al Informe de procedencia de Disolución de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO «FUNDEPORTE»;

En el ejercicio de las facultades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Administrativo, la Ley del Deporte Educación Física y Recreación, su Reglamento General, el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y acogiendo la voluntad de la Asamblea de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO «FUNDEPORTE»;

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Disolver la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO «FUNDEPORTE», por haber cumplido los requisitos determinados en el Código Civil, Decreto Ejecutivo 193 de 23 de octubre de 2017, y el Estatuto vigente de la organización.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Registrar el nombramiento del señor GUILLERMO DAVID MALDONADO VITERI con cédula de ciudadanía Nro. 1711716819, como Liquidador de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO «FUNDEPORTE», a costa de la organización antes mencionada.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Dirección Administrativa de esta Cartera de Estado, notifique con la presente Resolución de Disolución a las siguientes personas e instituciones:

a) Sra. Gloria Jeaneth Torres Rosero, en calidad de peticionaria y Secretaria Ad-Hoc, para que ponga en conocimiento de todos los miembros de la Asamblea y del Directorio de la de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO «FUNDEPORTE».

2. Sr. Guillermo David Maldonado Viteri, en calidad de Liquidador nombrado por la Asamblea General de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO «FUNDEPORTE».
3. Sin perjuicio de que no se encuentre el representante legal, o persona encargada de la Fundación, se fijará por boletas, la presente resolución en el domicilio de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO «FUNDEPORTE», de lo cual se dejará constancia y fe de lo actuado, para dicho efecto lo realizará un analista de la Dirección de Asuntos Deportivos;

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer al señor liquidador de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO «FUNDEPORTE», realice el trámite de cierre del Registro Único de Contribuyentes (RUC) ante el Servicio de Rentas Internas; y, demás trámites necesarios ante entidades públicas y privadas de control, y ponga en conocimiento de los ex Directivos y miembros de la Fundación.

ARTÍCULO QUINTO.- Para el procedimiento de Liquidación se deberá observar lo dispuesto en el Código Civil, Decreto Ejecutivo 193 de 23 de octubre de 2017, y el Estatuto vigente de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO «FUNDEPORTE».

ARTÍCULO SEXTO.- Agregar a la denominación de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO «FUNDEPORTE», las palabras «en liquidación» en todos los actos contratos en que intervenga la Fundación antes mencionada.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Disponer a Secretaría General de esta Cartera de Estado anexe al expediente de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO «FUNDEPORTE», la documentación presentada por el organismo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Esta Resolución entrará en vigencia desde su aprobación y suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

SEGUNDA.- La presente Resolución, será documento habilitante suficiente para proceder a realizar las gestiones y modificaciones necesarias ante entidades como SERCOP, SRI, IESS y demás entidades públicas y privadas de control y supervisión.

TERCERA.- Las responsabilidades que se generan a través de este Acuerdo surtirán efecto desde la suscripción del presente instrumento.

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.

Dado en San Francisco de Quito D.M., 01 de febrero de 2019.

f) Ec. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Secretaria del Deporte.

Registro Oficial N° 483 Miércoles 8 de mayo de 2019 – 33

Certifico que el documento que antecede, contenido en 08 fojas útiles que son fiel copia del original de la documentación que reposa en el Archivo Central de la Gestión de Secretaría General de la Dirección Administrativa, D.M., Febrero 05 de 2019.

f.) Ing. Alvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo.

Nro. 0015

Ec. Andrea Daniela Sotomayor Andrade

SECRETARIA DEL DEPORTE

Considerando:

Que, el art. 82 de la Constitución de la República determina que: «El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes»;

Que, el art. 154 de la Carta Magna determina que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…)»;

Que, el art. 226 de la Carta Constitucional manifiesta que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el art. 227 de la Constitución de la República menciona: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, la Constitución de la República en su artículo 381 señala que: «El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad.

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse deforma equitativa.»;

Que, el Código Orgánico Administrativo en su art. 3 dice: «Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias «;

Que, el art. 42, del Cuerpo Legal invocado establece que: El presente Código se aplicará en: 1. La relación jurídico administrativa entre las personas y las administraciones públicas. 2. La actividad jurídica de las administraciones públicas («…»);

Que, el Art. 65 del Código Orgánico Administrativo, especifica que. «La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado. «;

Que, el Art. 98 del Código Orgánico Administrativo determina que: «El Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo».

Que, el Código Orgánico Administrativo en su art. 103, menciona las: Causas de extinción del acto administrativo. El acto administrativo se extingue por: («…») 2. Revocatoria, en los casos previstos en este Código. («…») 5. Ejecución de los derechos o cumplimiento de las obligaciones que se deriven de él, de conformidad con la ley, si no se ha previsto un régimen específico.

Que, el art. 117 del Cuerpo Legal Ibídem instituye: «Competencia y trámite. La competencia de revocatoria de actos favorables le corresponde a la máxima autoridad administrativa».

Que, el art. 164 del Instrumento Legal citado manifiesta: «Notificación. Es el acto por el cual se comunica a la persona interesada o a un conjunto indeterminado de personas, el contenido de un acto administrativo para que las personas interesadas estén en condiciones de ejercer sus derechos. La notificación de la primera actuación de las administraciones públicas se realizará personalmente, por boleta o a través del medio de comunicación, ordenado por estas. La notificación de las actuaciones de las administraciones públicas se practica por cualquier medio, físico o digital, que permita tener constancia de la transmisión y recepción de su contenido».

Que, el artículo 13 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, señala que: «El Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación; le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en

34 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables. (…)»;

Que, el artículo 158 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, determina que: «El Ministerio de Deporte y Actividad Física, ejerce jurisdicción administrativa y competencia en el ámbito deportivo a nivel nacional, de acuerdo con las normas establecidas en esta ley y su reglamento «;

Que, el artículo 160 de la Ley del ibídem manifiesta que: «El Ministerio Sectorial, tendrá la facultad exclusiva en relación al control administrativo en materia deportiva; En los casos que exista una resolución emitida por cualquier organización deportiva, que viole actos y normas administrativas, se iniciarán los procesos administrativos correspondientes, de conformidad con el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva «;

Que, el artículo 163 de la Ley del ibídem manifiesta que: «El Ministerio Sectorial podrá designar, dentro o fuera del personal de su dependencia, uno o más interventores para asegurar el normal desempeño del deporte, educación física y recreación, a fin de restablecer las condiciones óptimas para el normal funcionamiento de la organización, a través de elecciones efectuadas de conformidad con la Ley, Reglamento y Estatutos;

El interventor durará en su cargo 90 días como máximo, pudiendo ser prorrogado por una sola vez por 90 días adicionales, plazo durante el cual deberá resolverse la causa de la intervención, o convocarse a elecciones. La intervención además, deberá respetar las normas y reglamentos internacionales «;

Que, el artículo 165 de la Ley en mención establece que: «El Ministerio Sectorial, podrá intervenir a un organismo deportivo en el caso de que se verifique cualquiera de las siguientes causas: «a) En caso de acefalía en la representación legal de un organismo deportivo (…);»

Que, los artículos 91, 92, 93 y 94 del Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, regulan el proceso de intervención señalado en el considerando anterior;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva determina que: «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales»;

Que, el artículo innumerado del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, manifiesta: «De las Secretarías.- Organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control sobre temas específicos de un sector de la Administración Pública. Estarán representadas por un secretario que tendrá rango de ministro de Estado»;

Que, el art. 68 del ERJAFE, dice: «LEGITIMIDAD Y EJECUTORIEDAD. – Los actos administrativos se presumen legítimos y deben cumplirse desde que se dicten y de ser el caso, se notifiquen, salvo los casos de suspensión previstos en este estatuto «;

Que, el art. 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE determina que: «Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial. (…)»;

Que, el artículo 84 de la Norma ibídem dispone que: «La competencia administrativa es la medida de la potestad que corresponde a cada órgano administrativo. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se ejerzan en la forma prevista en este estatuto. «;

Que, el art. 90 del precitado Estatuto dice: «Los actos administrativos podrán extinguirse o reformarse en sede administrativa por razones de legitimidad o de oportunidad»;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva dice en su art. 91: «EXTINCIÓN O REFORMA DE OFICIO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD. – La extinción o reforma de oficio de un acto administrativo por razones de oportunidad tendrá lugar cuando existen razones de orden público que justifican declarar extinguido dicho acto administrativo. El acto administrativo que declara extinguida un acto administrativo por razones de oportunidad no tendrá efectos retroactivos. La extinción la podrá realizar la misma autoridad que expidiera el acto o quien la sustituya en el cargo, así como cualquier autoridad jerárquicamente superior a ella «;

Que, el artículo 98 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece: «Los errores de hecho o matemáticos manifiestos pueden ser rectificados por la misma autoridad de la que emanó el acto en cualquier momento… «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 438 de 14 de junio de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, Licenciado Lenín Moreno Garcés, en su artículo 1, «transforma el Ministerio del Deporte en Secretaría del Deporte, con autonomía administrativa y financiera»;

Que, mediante el artículo 2 del Decreto antes señalado, manifiesta: «La Secretaría del Deporte asumirá las funciones establecidas para el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación, establecidas en la Ley del Deporte y demás normativa que rige el sector»;

Que, mediante el artículo 4 de la normativa mencionada, se determina que: «Todas las partidas presupuestarias y

Registro Oficial N° 483 Miércoles 8 de mayo de 2019 – 35

todos los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos, así como también los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o internacionales que le correspondían al Ministerio del Deporte, pasen a formar parte del patrimonio institucional de la Secretaría del Deporte»;

Que, mediante el artículo 6 del Cuerpo Legal Ibídem, el señor Presidente Constitucional de la República, Licenciado Lenín Moreno Garcés, nombra como Secretaria del Deporte a la Economista Andrea Daniela Sotomayor Andrade;

Que, mediante Resolución 0085 de 19 de octubre de 2018, se intervino a la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE GIMNASIA, nombrando como interventor de dicha organización al Mgs. Nery Efraín Velástegui Gómez;

Que, mediante Resolución 0004 de 16 de enero de 2019, se resuelve Prorrogar el periodo de intervención de la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE GIMNASIA por el lapso de 90 días adicionales, conforme lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, en virtud de que la causal que dio origen al proceso administrativo de intervención y que se encuentra señalada en el literal a) del artículo 165 de la invocada Ley, no ha sido subsanada, esto es en caso de acefalía en la representación legal de un organismo deportivo, ratificando en Funciones al Mgs. Nery Efraín Velástegui en calidad de Interventor.

Que, mediante Resolución 0006 de 23 de enero de 2019, se resuelve Prorrogar el periodo de intervención de la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE GIMNASIA por el lapso de 90 días adicionales, conforme lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, en virtud de que la causal que dio origen al proceso administrativo de intervención y que se encuentra señalada en el literal a) del artículo 165 de la invocada Ley, no ha sido subsanada, esto es en caso de acefalía en la representación legal de un organismo deportivo, ratificando en Funciones al Mgs. Nery Efraín Velástegui en calidad de Interventor.

Que, al existir elementos, unívocos, concordantes, y de identidad sustancial en la parte dispositiva tanto de la Resolución N° 0004, de 16 de enero de 2018, y en la Resolución N° 0006, de 23 de enero de 2019, resulta imprescindible que ante el ordenamiento jurídico, esta Cartera de Estado, reconozca el instrumento legal, que surtirá los efectos amplios y suficientes, que resuelve prorrogar el periodo de Intervención de la Federación Ecuatoriana de Gimnasia, por lo tanto, y;

En uso de las atribuciones conferidas en la Constitución de la República, Código Orgánico Administrativo, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, y Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva;

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR Y DEJAR SIN EFECTO, la Resolución N° 0006, de 23 de enero de 2018, conforme lo prescrito en el artículo 117 del Código

Orgánico Administrativo, en armonía a los arts. 90,91 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las disposiciones constantes en el presente Instrumento, ratifican el total contendido de la Resolución N° 0004, por la cual y con fecha 16 de enero de 2019, se resolvió prorrogar el periodo de intervención de la Federación Ecuatoriana de Gimnasia, por incurrir en la causal a) del artículo 165 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, esto es por encontrarse en acefalía la representación legal de la mencionada Federación.

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría del Deporte, a través de su Máxima Autoridad se reserva el derecho de remover en cualquier momento al interventor designado.

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer que mediante la Dirección Administrativa de esta Cartera de Estado, notifique con la presente Resolución a:

1. Mgs. Nery Efraín Velástegui Gómez Interventor de la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE GIMNASIA;
2. Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).
3. Coordinación Zonal 8 de la Secretaría del Deporte.

ARTÍCULO QUINTO.- Disponer a todas las Coordinaciones Zonales de la Secretaría del Deporte y a sus Direcciones, brinden el contingente necesario para el normal y oportuno desenvolvimiento de la Prórroga de Intervención.

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución entrará en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Resolución será documento habilitante suficiente para proceder a realizar las gestiones necesarias ante entidades de como SERCOP, SRI, IESS y demás entidades públicas y privadas de control y supervisión;

ARTÍCULO OCTAVO.- Las responsabilidades que se generen a través de esta resolución surtirán efecto desde la suscripción del presente instrumento.

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.

Dado en San Francisco de Quito D.M., 04 de febrero de 2019.

f) Ec. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Secretaria del Deporte.

Certifico que el documento que antecede, contenido en 06 fojas útiles que son fiel copia del original de la documentación que reposa en el Archivo Central de la Gestión de Secretaría General de la Dirección Administrativa, D.M., Febrero 05 de 2019.

f.) Ing. Alvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo.

36 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

No. UAFE-DG-2019-0054

Ing. Edwin Aguilar Garnica

DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y

ECONÓMICO (UAFE)

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 18 numeral 2 establece: «(…) No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley»;

Que el numeral 19 del artículo 66 de la Norma Suprema reconoce y garantiza a las personas: «19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley»;

Que la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, fue publicada en el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 802, de 21 de julio de 2016;

Que los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 11 de la Ley Orgánica en referencia, dispone: «La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) solicitará y recibirá, bajo reserva, información sobre operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas para procesarla, analizarla y de ser el caso remitir un reporte a la Fiscalía General del Estado, con carácter reservado y con los debidos soportes. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), colaborará con la Fiscalía y los órganos jurisdiccionales competentes, cuando estos lo requieran, con toda la información necesaria para la investigación, procesamiento y juzgamiento de los delitos de lavado de activos y financiamiento de delitos. En forma excepcional y para luchar contra el crimen organizado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) atenderá los requerimientos de información de la Secretaría Nacional de Inteligencia o del órgano que asuma sus competencias, conservando la misma reserva o sigilo que pese sobre ella «;

Que los literales f) y h) del artículo 12 de la Ley ibídem, determinan como funciones de la UAFE: «f Remitir a la Fiscalía General del Estado el reporte de operaciones inusuales e injustificadas con los sustentos del caso, así como las ampliaciones e información que fueren solicitadas por la Fiscalía. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) queda prohibida de entregar información reservada, bajo custodia, a terceros con la excepción prevista en el artículo anterior; (…) h) Crear, mantener y actualizar, con carácter reservado, una base de datos con toda la información obtenida en el ejercicio de sus competencias «;

Que el artículo 15 de la citada Ley, ordena: «Las funcio­narías o funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero

y Económico (UAFE) están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de análisis financiero desarrolladas, aún después de diez años de haber cesado en sus funciones»;

Que la letra b) del artículo 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece: «No procede el derecho a acceder a la información pública, exclusivamente en los siguientes casos: (…) b) Las informaciones expresamente establecidas como reservadas en las leyes vigentes «;

Que el artículo 18 ibídem, en su cuarto inciso dispone: «Las instituciones públicas elaborarán semestralmente por temas, un índice de los expedientes clasificados como reservados. En ningún caso el índice será considerado como información reservada. Este índice de información reservada, detallará: fecha de resolución y período de vigencia de esta clasificación «;

Que El artículo 9 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prescribe: «De conformidad con la Constitución y la Ley, no procede el derecho de acceso a la información pública sobre documentos calificados motivadamente como reservados por el Consejo de Seguridad Nacional y aquella información clasificada como tal por las leyes vigentes, tal como lo dispone la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La elaboración, manejo, custodia y seguridad de la información calificada como reservada por el Consejo de Seguridad Nacional, se sujetará a las regulaciones emitidas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre la materia»;

Que El artículo 10 del referido Reglamento, en relación a la información reservada dispone: «Las instituciones sujetas al ámbito de este reglamento, llevarán un listado ordenado de todos los archivos e información considerada reservada, en el que constará la fecha de resolución de reserva, período de reserva y los motivos que fundamentan la clasificación de reserva. Este listado no será clasificado como reservado bajo ningún concepto y estará disponible en la página -web de cada institución»;

Que los incisos segundo y tercero del artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, respecto de la clasificación de la información de los organismos de seguridad, señalan: «La información y documentación se clasificará como reservada, secreta y secretísima. El reglamento a la ley determinará los fundamentos para la clasificación, reclasificación y desclasificación y los niveles de acceso exclusivos a la información clasificada. Toda información clasificada como reservada y secreta será de libre acceso luego de transcurridos cinco y diez años, respectivamente; y si es secretísima luego de transcurridos quince años»;

Que el artículo 28 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en lo concerniente a la clasificación de documentos prevé: «Reservado.- Es el documento o material que contiene información cuya utilización no autorizada podría perjudicar los intereses de la

Registro Oficial N° 483 Miércoles 8 de mayo de 2019 – 37

Secretarla Nacional de Inteligencia o de los organismos Integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia. Su acceso será permitido a los funcionarlos autorizados de la Secretarla Nacional de Inteligencia y de los Organismos Integrantes del Sistema. Secreto.- Es el documento o material que contiene Información cuya revelación no autorizada podría ocasionar daño a las Instituciones públicas y a los funcionarios que laboran en ellas. Su acceso es exclusivo a las máximas autoridades de los organismos de seguridad, de los coordinadores de área de la Secretarla, del Secretarlo Nacional de Inteligencia y del Ministerio de Defensa Nacional. Secretísimo.- Es aquel documento o material que contiene Información cuya revelación no autorizada podría Incidir en un peligro excepcionalmente grave para la Seguridad integral del Estado. Únicamente tendrán acceso a esta Información las máximas autoridades de los organismos de seguridad, el Secretario Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa Nacional y el Presidente de la República. Es responsabilidad del Secretario Nacional de Inteligencia la seguridad, el tratamiento y la custodia de la Información y documentación clasificada»;

Que mediante Suplemento del Registro Oficial No. 966 de 20 de marzo de 2017, entró en vigencia el Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, emitido con Decreto Ejecutivo No. 1331; y, reformado con Decretos Ejecutivos No. 1344 y 1386, publicados en el Suplemento del Registro Oficial No. 979 de 06 de abril de 2017; y, Registro Oficial No. 6 de 02 de junio de 2017, respectivamente, cuerpo reglamentario que en su artículo 30, dispone que: «índice temático.-De forma anual, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), elaborará un índice por temas de los expedientes clasificados como reservados y secretos. Esta reserva no se hará extensiva a los organismos de control, los mismos que deberán mantener la reserva frente a terceros»;

Que es necesario proteger la información generada y provista por los sujetos obligados a reportar a la UAFE, con la finalidad de evitar la posible utilización dolosa de información sensible, que podría alterar el mercado económico o perjudicar la gestión de las personas naturales y/o jurídicas de derecho privado en sus negocios lícitos;

Que la información generada por la UAFE debe ser protegida en virtud del mandato legal contenido en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos;

Que mediante Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0026 de 17 de agosto de 2017, se expidió el índice temático por series documentales de los expedientes clasificados como reservados y secretos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE);

Que mediante Resolución No. UAFE-DG-2018-0020 de 16 de abril de 2018, se expidió la: «Resolución Reformatoria a

la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0026 de fecha 17 de agosto de 2017. Publicada en Registro Oficial Suplemento No. 68 de 30 agosto de 2017, del índice temático por series documentales de los expedientes clasificados como reservados y secretos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); y, consecuentemente, excluirlos del acceso a la Información pública contemplado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública»; y,

En ejercicio de las atribuciones legales en referencia, especialmente de la facultad establecida en el artículo 30 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos;

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Ratificar el índice temático por series documentales de los expedientes clasificados como reservados y secretos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) contenido en la Resolución No. UAFE-DG-2018-0020 de 16 de abril de 2018 y consecuentemente excluirlos del acceso a la información pública; a excepción del numeral 15) del literal a) del artículo 1 de la Resolución No. UAFE-DG-2018-0020, que señala: «15. Resoluciones de índole sanclonatorlo que emita la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en virtud de su competencia».

ARTÍCULO 2.- Mantener el mismo período de vigencia de la clasificación de expedientes reservados y secretos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), contenido en la Resolución No. UAFE-DG-2018-0020 de 16 de abril de 2018.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Encargar a la Secretaría General que coordine con las Direcciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para que en un plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción de la presente Resolución, realice la valoración de series documentales, con la finalidad de analizar los niveles de acceso a la información que produce cada una de las unidades administrativas de la UAFE, en virtud de la legislación y normas internas que permiten la clasificación de la información en reservada y secreta.

SEGUNDA.- Disponer a la Secretaria General que una vez que cuente con la valoración de series documentales, proponga al Comité de Seguridad de la Información un nuevo índice temático, para que previa su aprobación se ponga a consideración de la Dirección General la Resolución del índice temático por series documentales de los expedientes clasificados como reservados y secretos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

DISPOSICIÓN GENERAL DEROGATORIA ÚNICA.- Deróguese la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0028 de 31 de agosto de 2017.

38 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- Publíquese en la página WEB de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) conjuntamente con la Resolución No. UAFE-DG-2018-0020 de 16 de abril de 2018.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Suscrito en tres (03) ejemplares originales que reposan en la Dirección General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en Quito, Distrito Metropolitano a, de 15 de abril de 2019.

f.) Ing. Edwin Aguilar Garnica, Director General Encargado, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

No. SCVS-INS-2019-006

Ab. Víctor Anchundia Places

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS,

VALORES Y SEGUROS

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 213, dispone que las Superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general;

Que, el artículo 78 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el ámbito de sus atribuciones, entre otras, ejercerá la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión del régimen de seguros, para lo cual se regirá por las disposiciones de la Ley General de Seguros, este Código y las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

Que, la Disposición General Segunda del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que todas las funciones en materia de política y regulación que las leyes vigentes a la fecha de promulgación del referido Código, otorgan a la Junta Bancaria, Directorio del Banco Central del Ecuador, Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario, Junta de Regulación el Mercado de Valores, Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos y Directorio del Fondo de Liquidez, serán asumidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, salvo los casos expresamente delegados a los organismos de control en dicho cuerpo legal;

Que, mediante Resolución No. 385-2017-A, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 22,

con fecha 26 de junio de 2017, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera aprobó la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, la cual fue publicada en la Edición Especial del Registro Oficial N° 44, de 24 de julio de 2017;

Que, en la referida codificación, en su Libro III: Sistema de Seguros Privados, Título I, contempla las Normas para el Ejercicio de las Actividades de Asesores Productores de Seguros, Intermediarios de Reaseguros y Peritos de Seguros, aprobada, en ese entonces, por la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Junta Bancaria;

Que, la Ley General de Seguros, contenida en el Libro III del Código Orgánico Monetario y Financiero, en su artículo 8, establece que el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros normará el ejercicio de las actividades de los asesores productores de seguros, señalando sus derechos y obligaciones como intermediarios entre el público y las empresas de seguros;

Que, el artículo 69 de la ley ibídem faculta a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros expedir, mediante resoluciones, las normas necesarias para la aplicación de esta Ley;

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo otorga a esta autoridad la competencia normativa de carácter administrativo, según las disposiciones citadas en los apartados anteriores;

Que, este organismo de control, mediante Resoluciones Nos. SCVS-INS-2018-0024 y SCVS-INS-2018-0026, publicadas en el Registro Oficial 262 y 304 del 14 de junio y 14 de agosto de 2018 respectivamente, expidió la Norma para el Ejercicio de las Actividades de Asesores Productores de Seguros, Intermediarios de Reaseguros y Peritos de Seguros y su correspondiente reforma;

Que, el Capítulo Primero del Código Orgánico Administrativo considera entre los principios de generales de aplicación, la eficiencia y eficacia de las actuaciones administrativas para el cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias;

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, señala que tiene por objeto, la optimización y simplificación de trámites administrativos, a fin de garantizar una Administración Pública eficiente y eficaz;

Que, esta autoridad, según lo dispuesto en los artículos 118 y 119 del Código Orgánico Administrativo, considera pertinente revocar las Resoluciones Nos. SCVS-INS-2018-0024 y SCVS-INS-2018-0026 y actualizar la normativa relacionada al ejercicio de las actividades de los Asesores Productores de Seguros, Intermediarios de Reaseguros y Peritos de Seguros;

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Compañías, publicado en el Registro Oficial Edición Especial 420 de 28 de marzo

Registro Oficial N° 483 Miércoles 8 de mayo de 2019 – 39

de 2013, faculta a esta autoridad ejercer las atribuciones y responsabilidades contempladas en la disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República del Ecuador y la Ley,

Resuelve:

EXPEDIR LA NORMA PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS, PERITOS DE SEGUROS E INTERMEDIARIOS DE REASEGUROS

Capítulo I

Ámbito de aplicación y definiciones

Art. 1.- La presente resolución se aplicará para el ejercicio de las actividades de los asesores productores de seguros, intermediarios de reaseguros y peritos de seguros, así como el mecanismo para otorgar, suspender y revocar las credenciales y certificados de autorización por cada seguro.

Art. 2.- A efectos de la presente norma, se entenderá por:

2.1.- Asesores productores de seguros.- Se clasifican de la siguiente forma:

a. Agentes de seguros sin relación de dependencia,

b. Agentes de seguros con relación de dependencia; y,

c. Agencias asesoras productoras de seguros.

Los agentes de seguros sin relación de dependencia son personas naturales que a nombre de una o varias empresas de seguros o de salud integral prepagada autorizadas a operar en el país, se dedican a gestionar y obtener contratos de seguros. Se regirán por el contrato mercantil de agenciamiento suscrito entre las partes.

Los agentes de seguros con relación de dependencia son personas naturales que a nombre de una o varias empresas de seguros o de salud integral prepagada autorizadas a operar en el país, se dedican a gestionar y obtener contratos de seguros. Se regirán por el contrato de trabajo suscrito entre las partes y no podrán prestar tales servicios en más de una entidad aseguradora por clase de seguros.

Las agencias asesoras productoras de seguros son personas jurídicas cuyo único objeto social es gestionar y obtener contratos de seguros para una o varias empresas de seguros o de salud integral prepagada autorizadas a operar en el país. Su denominación social deberá contener la expresión «Agencia Asesora Productora de Seguros».

2.2.- Peritos de seguros:

a. Los inspectores de riesgos; y,

b. Los ajustadores de siniestros.

os inspectores de riesgos que sean personas jurídicas tendrán como único objeto social examinar y calificar los riesgos en forma previa a la contratación del seguro y durante la vigencia del contrato. Su denominación social deberá contener la expresión «Inspectora de Riesgos».

Los ajustadores de siniestros que sean personas jurídicas tendrán como único objeto social examinar las causas de los siniestros y valorar la cuantía de las pérdidas en forma equitativa y justa, de acuerdo con las cláusulas de la respectiva póliza. Su denominación social deberá contener la expresión «Ajustadora de Siniestros».

2.3.- Intermediarios de reaseguros.-Son personas jurídicas cuyo único objeto social es gestionar y colocar reaseguros y retrocesiones para una o varias empresas de seguros o compañías de reaseguros. Su denominación social deberá contener la expresión «Intermediaria de Reaseguros».

2.4.- Desmaterialización electrónica de documentos.-Según lo definido en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, es la transformación de la información contenida en documentos físicos a mensajes de datos.

2.5.- Credencial.- Es el documento desmaterializado conferido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, previo cumplimiento de los requisitos determinados por el ordenamiento legal vigente y en esta norma, que habilita a los asesores productores de seguros, intermediarios de reaseguros y peritos de seguros a realizar sus actividades profesionales con las empresas que integran el sistema de seguro privado.

2.6.- Certificados de autorización por seguros.- Es el registro desmaterializado otorgado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, previo cumplimiento de los requisitos dispuestos por la ley y esta norma, que detalla los seguros en los que pueden operar los asesores productores de seguros, intermediarios de reaseguros y peritos de seguros, y que además constarán en la respectiva credencial.

2.7.- índice de credenciales y certificados de autorización por seguros.- Es la base de datos electrónica que controla y administra la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de llevar un registro cronológico de los actos relativos a las credenciales y los certificados de autorización de los asesores productores de seguros, intermediarios de reaseguros y peritos de seguros.

Capítulo II

De la credencial y registro por seguros

Art. 3.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros conferirá una credencial y certificados de autorización por seguros a los asesores productores de seguros, intermediarios de reaseguros y peritos de seguros, personas naturales y jurídicas, sin los cuales no podrán ejercer sus actividades.

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Art. 4.- La credencial y los certificados de autorización por seguros tienen el carácter de desmaterializados; es decir, su validez no está condicionada a la existencia de un documento físico.

El órgano de control mantendrá un listado de las personas naturales y jurídicas a quienes se haya otorgado credenciales y certificados de autorización por seguros para ejercer como asesores productores de seguros, intermediarios de reaseguros y peritos de seguros, denominado «índice de credenciales y certificados de autorización por seguros», que se publicará en el portal web institucional.

Art. 5.- Una vez procesada la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en esta norma, se señalará día y hora para que los peticionarios rindan la evaluación de conocimientos, de acuerdo con el cuestionario de preguntas elaborado y publicado en el portal web institucional por el organismo de control.

El puntaje mínimo requerido para aprobar será del setenta y cinco por ciento (75%).

Quienes reprueben las evaluaciones, podrán rendirlas nuevamente luego de un plazo no menor a 30 días, contado a partir de la fecha de la evaluación reprobada.

Si reprueban en la segunda oportunidad, podrán postular nuevamente luego de transcurridos por lo menos seis meses, contados a partir de la última evaluación reprobada.

Art. 6.- Las credenciales y los certificados de autorización por seguros tendrán una vigencia indefinida.

Sin embargo, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante resolución debidamente motivada, podrá disponer la actualización del registro de los certificados de autorización por seguros. Para el efecto, se realizará una convocatoria general, que será publicada en el portal web institucional.

A quienes no realicen el referido proceso de actualización se les revocará las credenciales y los certificados de autorización por seguros.

Art. 7.- Para ejercer la actividad como agentes de seguros con relación de dependencia, los interesados deberán obtener previamente las credenciales y los certificados de autorización por seguros en los cuales deseen operar, que deberán ser los mismos para los que la aseguradora esté autorizada.

Para el efecto, los representantes legales de la empresa de seguros deberán solicitarlos, adjuntando los correspondientes contratos de trabajo debidamente registrados ante la autoridad competente, así como el aviso de entrada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Art. 8.- Para obtener las credenciales y los certificados de autorización por seguros, los asesores productores de seguros e intermediarios de reaseguros deberán cargar a través del portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los siguientes documentos:

• Formulario de solicitud debidamente cumplimentado;
• Certificado de haber aprobado un programa de formación, sea presencial o virtual, en materia de seguros de por lo menos 258 horas de duración, dictado por un centro de educación superior o por un organismo legalmente reconocido, nacional o internacional; o, en su defecto, acreditación de experiencia equivalente a un tiempo mínimo de tres (3) años en el área técnica o de comercialización de seguros.
• La experiencia se acreditará con el historial de tiempo de trabajo por empresa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el certificado otorgado por el representante legal de la persona jurídica que integra el sistema de seguro privado o el funcionario competente de la entidad pública, según el caso, acerca del cargo y funciones desempeñadas.
• Autorización para laborar en el Ecuador, otorgada por autoridad competente, en caso de que el solicitante sea una persona extranjera y la requiera.
• No mantener obligaciones pendientes con este organismo de control.

La calificación de los asesores productores de seguros e intermediarios de reaseguros, personas jurídicas, se obtendrá a través de sus representantes legales.

En caso de haberse obtenido el certificado por un centro de educación superior o por un organismo legalmente reconocido a nivel internacional, deberá apostillarse según lo dispuesto por la Convención de La Haya sobre la Apostilla; o, legalizarse a través del agente consular extranjero debidamente acreditado en el Ecuador.

Capítulo III

De los asesores productores de seguros

Art. 9.- Los asesores productores de seguros tienen derecho a pactar libremente sus comisiones y forma de pago con las compañías de seguros, las que deben constar en los contratos de agenciamiento.

Las comisiones se pagarán de conformidad con las siguientes reglas:

1. Los asesores productores de seguros tendrán derecho al cobro de la comisión tanto en su contratación inicial como en los casos de renovación o restitución; o, en su caso, en las extensiones de vigencia de la póliza.
2. Si, por cancelación o anulación de la póliza a solicitud del asegurado o tomador del seguro, la empresa de seguros debiere devolver primas sobre las cuales ha pagado comisión, tendrá derecho a exigir al asesor productor de seguros el reembolso de la parte proporcional de dicha comisión, por el tiempo no devengado de la prima.
3. La comisión correspondiente a seguros colocados de común acuerdo por varios asesores productores de seguros se distribuirá en la proporción que éstos hayan acordado en el respectivo convenio.

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9.4 No hay derecho a comisión en los casos de rehabilitación de pólizas de vida caducadas, salvo que haya sido gestionada por el mismo asesor productor de seguros, dentro de los noventa días siguientes a la fecha de caducidad. En caso contrario, las empresas de seguros admitirán la gestión de otro asesor productor para la habilitación, a quien le corresponderá la comisión.

1. Las comisiones que genere la obtención de un contrato de seguro sólo podrán ser percibidas por el asesor productor de seguros que gestione la colocación de la póliza de seguros, sin perjuicio de que haya terminado unilateralmente el contrato de agenciamiento con la aseguradora.
2. Las comisiones, en el caso de pólizas de seguros con vigencia anual o de menor plazo, cuyo pago de prima se realice de acuerdo al plazo o condiciones pactadas en la póliza, serán pagadas al asesor productor de seguros que las haya gestionado inicialmente, aun cuando el asegurado haya designado otro asesor productor de seguros durante la vigencia de los contratos de seguros. Corresponderá al nuevo asesor productor de seguros percibir las comisiones que se generen a partir de las renovaciones o extensiones de vigencia, cuando ha fenecido el plazo de vigencia del contrato inicial.
3. Las comisiones, en el caso de pólizas de seguros plurianuales cuyo pago de prima se realice anualmente, serán abonadas al asesor productor de seguros que las haya gestionado inicialmente, al igual que para el caso de modificaciones al contrato de seguro, que generen primas extras durante la vigencia inicialmente pactada.
4. Para el caso en que el asegurado designe a un nuevo asesor productor de seguros durante la vigencia del contrato original y antes de iniciarse el segundo año de vigencia de las pólizas con vigencia plurianual, la comisión que se genere corresponderá al nuevo asesor productor de seguros. Igual regla se aplicará respecto de las renovaciones subsecuentes.
5. Cuando el asegurado extienda o renueve la vigencia del contrato inicial, la comisión que se genere por tal concepto corresponderá al nuevo asesor productor de seguros designado con antelación a la culminación del plazo de vigencia inicial.

1. En caso de que no se nombre a un nuevo asesor productor de seguros, las comisiones que se generen en las extensiones o renovaciones del contrato inicial corresponderán al asesor productor de seguros que gestionó y colocó el contrato de seguros inicialmente, siempre que haya efectuado actos de gestión para la extensión o renovación.
2. Las emisiones de pólizas, extensiones de vigencia e incremento de valor asegurado que se hagan en forma directa, sin participación de un asesor productor de seguros, la empresa de seguros no debe egresar por concepto de comisión valor alguno, ni aun en caso de que el asegurado designe expresamente un asesor productor de seguros, con antelación a la finalización del plazo de vigencia. Los asesores productores de seguros que actúen en las renovaciones, tendrán derecho únicamente al cobro de las comisiones por tal concepto, una vez pagada la prima.

Art. 10.- No podrán actuar como agentes de seguros sin relación de dependencia ni representantes legales, funcionarios o empleados de agencias asesoras productoras de seguros:

10.1 Los accionistas, directores, representantes legales, apoderados, administradores, comisarios, auditores internos, contralores, funcionarios y empleados de: instituciones financieras, empresas de seguros, compañías de reaseguros, intermediarios de reaseguros, peritos de seguros, otras agencias asesoras productoras de seguros y compañías de financiamiento integral de salud prepagada;

10.2 Los auditores externos calificados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, así como sus administradores y dependientes;

1. Los profesionales calificados para prestar servicios actuariales en compañías de seguros y de financiamiento integral de salud prepagada, ni sus administradores o dependientes en caso de ser personas jurídicas;
2. Los servidores públicos;
3. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo; y,
4. Las personas que estuvieren impedidas conforme a la normativa legal vigente.

Art. 11.- Son obligaciones de los asesores productores de seguros:

1. Comunicar inmediatamente por escrito a la empresa de seguros cualquier modificación del riesgo, si el asegurado le participó de aquello, o por tener conocimiento directo del hecho;
2. Responder ante la empresa de seguros por el correcto manejo de los documentos que le han sido confiados;
3. Cuidar que el contrato de seguro se mantenga vigente y gestionar la oportuna renovación, previa comunicación expresa de las condiciones al asegurado, tomador o beneficiario, con 30 días antes del vencimiento;
4. Devolver a las empresas de seguros los documentos y papelería que les pertenezcan, cuando dejen de prestar sus servicios;
5. Suscribir los contratos de agenciamiento de seguros con las empresas de seguros y/o de salud integral prepagada;
6. Mantener bajo estricta reserva toda cotización que fuere entregada por las empresas de seguros;

1. Remitir anualmente, adjunto a los estados financieros, la nómina de los socios o accionistas y representantes legales, así como mantener actualizados sus nombramientos;
2. Notificar por escrito a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el término de 10 días,

42 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

los cambios de dirección, números de teléfono, correo electrónico; así como también la apertura y cierre de sucursales y agencias y los cambios de administradores y apoderados o de la composición accionaria;

11.9 Firmar las propuestas o cotizaciones que tramiten y verificar que cumplan con las exigencias técnicas del riesgo que les sean aplicables;

11.10 Remitir en la forma señalada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, hasta el 30 de abril de cada año, los estados financieros, anexos y formularios del ejercicio económico anterior aprobados por la junta general de socios o accionistas, el formulario de declaración de impuesto a la renta una vez presentado a la autoridad tributaria y demás información, en caso de que fuere requerida por el órgano de control;

11.11 Llevar contabilidad de acuerdo a las normas emitidas o adoptadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y conservar todos los registros de ingresos y egresos de sus operaciones sobre el giro de sus negocios a disposición del órgano de control, de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente;

1. Mantener un archivo, bajo estricta reserva, de todas las comunicaciones mantenidas con sus clientes a efectos de entregarlas a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros cuando ésta lo requiera;
2. Actuar a nombre del cliente ante la empresa de seguros, cuando cuente con autorización escrita del asegurado o beneficiario;

1. Contar con una póliza de responsabilidad civil para cubrir errores y omisiones en el ejercicio de su actividad, cuya suma asegurada será determinada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;
2. Otras obligaciones que se deriven del giro propio de sus negocios de acuerdo a las normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
3. Cumplir con los principios de ética profesional y evitar la competencia desleal en la asesoría, gestión y colocación de contratos de seguros;
4. Asesorar al cliente en forma veraz, suficiente, detallada y permanente acerca de las condiciones del contrato, haciéndole conocer las mejores opciones según sus necesidades, el alcance de las coberturas, beneficios, exclusiones, primas, forma de pago, requisitos, plazos y procedimientos para reclamar el pago de indemnizaciones;

11.18 Cumplir las normas e instrucciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;

11.19 Pagar la contribución para el sostenimiento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y,

11.20 Recibir a los auditores y funcionarios de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y proporcionarles la información que les sea solicitada por ellos.

Art. 12.- A los agentes de seguros sin relación de dependencia y representantes legales, funcionarios o empleados de agencias asesoras productoras de seguros les queda prohibido:

12.1 Egresar valores por concepto de comisiones a favor de otros asesores productores de seguros. Se exceptúan los asesores productores de seguros que hubieren suscrito un convenio de asociación y participación, especificando los seguros en que cada uno de los asociados va a participar y la forma y porcentaje del pago de comisiones; a estos efectos, podrán celebrar convenio de asociación y participación únicamente los asesores productores de seguros que tengan aprobados los seguros en los cuales participarán;

1. Egresar valores por pago de comisiones o reconocimientos económicos a favor de personas naturales o jurídicas ajenas al asesor productor de seguros que de una u otra forma hubieren participado en la colocación de una póliza de seguro;
2. Realizar directa o indirectamente gestiones de intermediación de reaseguros, de representación de cualquier forma de compañías de reaseguros, de inspectores de riesgos ni de ajustadores de siniestros; tampoco podrán ser miembros del directorio, administradores, representantes legales ni apoderados, ni tener vinculación contractual de ninguna naturaleza con aquellas empresas;

1. Operar o ejercer actividades económicas ajenas a su objeto social;
2. Firmar, cancelar, anular, dejar sin efecto o modificar en cualquier forma el plazo, la cobertura o beneficio, exclusiones, prima o modalidad de pago de los seguros que intermedian, sin previa autorización escrita de la empresa de seguros;

1. Presentar reclamos administrativos ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a nombre del asegurado o beneficiario, a menos que cuenten con mandato especial legalmente conferido;
2. Ofertar o colocar seguros no autorizados en el Ecuador, o cuya gestión no esté comprendida en su certificado de autorización por seguro, así como ningún producto que implique captación de fondos de terceros;

1. Retener dinero o documentos de pago por concepto de primas;
2. Ofrecer, gestionar, o colocar pólizas de seguros de aseguradoras no constituidas ni establecidas legalmente en el país;

12.10 Recibir o retener valores por pago de indemnizaciones de siniestros sin contar con autorización escrita del asegurado;

12.11 Utilizar en su papelería nombres o términos que no sean los autorizados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;

Registro Oficial N° 483 Miércoles 8 de mayo de 2019 – 43

1. Realizar rebajas, ofrecer concesiones o conceder comisiones a los asegurados, o realizar actos de competencia desleal;
2. En el caso de agencias asesoras productoras de seguros, ejercer actividades económicas ajenas a su objeto social;
3. Operar en calidad de intermediario de reaseguros o perito de seguros y/o recibir remuneración por tales conceptos;
4. Gestionar y colocar contratos de seguros sin contar con los respectivos certificados de autorización por seguros; o, sin haber obtenido su revalidación, conforme a lo ordenado en esta norma;

12.16 Ofrecer seguros cuyas pólizas no hayan sido registradas en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y,

12.17 Desempeñar funciones de asesores, representantes legales, apoderados, directores, administradores, accionistas o funcionarios y empleados de las empresas de seguros, compañías de reaseguros y de compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada.

Capítulo IV

De los contratos

Art. 13.- Los agentes de seguros con relación de dependencia deben celebrar un contrato de trabajo con una empresa de seguros.

Art. 14.- El contrato de trabajo contendrá, además de lo exigido en el Código de Trabajo, lo siguiente:

1. La solidaridad de las empresas de seguros respecto de los actos ordenados y ejecutados por estos agentes, dentro de las facultades contenidas en el contrato;
2. La facultad de la empresa de seguros para controlar las actividades del agente; y,
3. Cualquier otra disposición necesaria para el normal desenvolvimiento de las relaciones de las partes y el cumplimiento del objeto contractual.

Art. 15.- Los agentes de seguros sin relación de dependencia, las agencias asesoras productoras de seguros y los intermediarios de reaseguros deben suscribir contratos de agenciamiento y de intermediación con las empresas de seguros y/o compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada, y con las compañías de reaseguros, según el caso, con reconocimiento legal de las firmas de los contratantes.

Art. 16.- El contenido de los contratos de agenciamiento de seguros y de intermediación de reaseguros será acordado libremente por las partes; no obstante, éstos deberán contener al menos las siguientes cláusulas:

16.1 Las comisiones sobre las primas que le corresponden al asesor productor de seguros e intermediario de reaseguros, durante la vigencia del respectivo contrato;

16.2 La responsabilidad solidaria del asegurador o reasegurador para responder por todos los actos ejercitados por los asesores productores de seguros e intermediarios de reaseguros dentro de las facultades contenidas en los respectivos contratos;

16.3 El plazo de duración del contrato de un año prorrogable automáticamente por períodos iguales;

16.4 La recopilación de información y documentación en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, resoluciones expedidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y, demás normativa aplicable;

16.5 La reserva del derecho de dar por terminado el contrato en cualquier momento mediante aviso por escrito con por lo menos treinta días de antelación, mencionando las causas de la decisión tomada por el contratante que le ponga fin.

Art. 17.- Las empresas de seguros deberán registrar los contratos de agenciamiento y los de intermediación de reaseguros, y sus anexos, dentro de los quince días siguientes a la fecha de suscripción, a través del portal web institucional y de conformidad con las instrucciones que para el efecto sean impartidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Capítulo V

De los peritos de seguros

Art. 18.- Para obtener las credenciales y los certificados de autorización por seguros, los peritos de seguros deberán cargar a través del portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros los siguientes documentos:

• Formulario de solicitud debidamente cumplimentado;
• Certificado de haber aprobado un programa de formación en materia de seguros de por lo menos 258 horas de duración, dictado por un centro de educación superior o por un organismo legalmente reconocido, y acreditación de experiencia equivalente a un tiempo mínimo de tres (3) años en el área técnica o en materia de reclamos (inspección, ajuste y liquidación);
• La experiencia se acreditará con el historial de tiempo de trabajo por empresa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el certificado otorgado por el representante legal de una aseguradora, reaseguradora o perito de seguros (persona jurídica), acerca del cargo y funciones desempeñadas, según el caso;

44 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

• Autorización para laborar en el Ecuador, otorgada por autoridad competente, en caso de que el solicitante sea una persona extranjera y la requiera; y
• No mantener obligaciones pendientes con este organismo de control.

La calificación de los peritos de seguros, personas jurídicas, se obtendrá a través de sus representantes legales.

Los peritos de seguros que deseen operar en el ramo de vida deben contar con el título de médico o doctor en medicina.

Art. 19.- Los honorarios por la prestación de servicios de carácter profesional de los peritos de seguros son de libre contratación.

Art. 20.- No podrán ser peritos de seguros ni actuar en tal calidad:

1. Los accionistas, directores, representantes legales, apoderados, administradores, comisarios, auditores internos, contralores, funcionarios y empleados de: instituciones financieras, empresas de seguros, compañías de reaseguros, intermediarios de reaseguros, agencias asesoras productoras de seguros y compañías de financiamiento integral de salud prepagada;
2. Los directores, representantes legales, apoderados, administradores, comisarios, auditores internos, contralores, funcionarios y empleados de una persona jurídica calificada como perito de seguros;

20.3 Los auditores externos calificados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, así como sus administradores y dependientes;

1. Los profesionales calificados para prestar servicios actuariales en compañías de seguros y de financiamiento integral de salud prepagada, ni sus administradores o dependientes en caso de ser personas jurídicas;
2. Los servidores públicos;

20.6 Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo;

1. Las personas que estuvieren impedidas conforme a la normativa legal vigente;
2. Los agentes de aduana y/u operadores de almacenes generales de depósito o recintos privados aduaneros; y,
3. Las personas naturales o jurídicas que se dedican directa o indirectamente al transporte de carga.

Art. 21.- Para el ejercicio de su actividad, los peritos de seguros deberán cumplir las obligaciones determinadas en el artículo 10 de la presente norma, en lo que fuere aplicable.

Art. 22.- Será aplicable para los peritos de seguros las prohibiciones determinadas en el artículo 12 de esta norma, según el caso.

Adicionalmente les queda prohibido:

1. Practicar inspecciones de riesgos o ajustes de siniestros en los que tengan interés propio, o su cónyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
2. Recibir de los asegurados, beneficiarios, empresas de seguros o compañías de reaseguros, beneficios pecuniarios o económicos distintos a su remuneración u honorarios profesionales;
3. Disponer la reparación de bienes siniestrados;
4. Adquirir o retener para sí o su cónyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, bienes o productos relativos a los ajustes en que haya intervenido o que sean parte de los salvamentos o recuperaciones que practiquen; y,
5. Gestionar la venta de salvamentos o recuperaciones de la empresa de seguros o compañía de reaseguros.

Sección I

Inspectores de Riesgos

Art. 23.- El informe de inspección de riesgos será redactado en idioma castellano y debe contener, como mínimo, lo siguiente:

1. La fecha y lugar en la que se realizó la inspección del riesgo;
2. La identificación del solicitante o asegurado y la de sus beneficiarios, en su caso;
3. La determinación de la póliza de que se trate y una síntesis de coberturas y exclusiones;

1. La individualización y características del bien a asegurarse o asegurado al momento de la inspección. En los casos de bienes inmuebles, la especificación exacta de su ubicación, dimensiones y límites geográficos. En los casos de bienes muebles, la determinación específica de cada uno;
2. En los seguros de personas, el formulario de declaración del estado de salud debidamente suscrito por el posible asegurado, acompañado de exámenes médicos de ser necesario;

23.6 Los informes sobre materias que requieran elementos más especializados en el objeto a asegurarse o asegurado, podrán contar con la participación de expertos, cuya opinión técnica deberá aparejarse como insumo.

A estos efectos, se entenderá por expertos a personas tituladas y con experiencia en la materia de que se trate; y,

Registro Oficial N° 483 Miércoles 8 de mayo de 2019 – 45

23.7 Conclusión y recomendación respecto del estado del riesgo propuesto o asegurado.

Los informes de peritaje que no cumplan las disposiciones del presente artículo no podrán sustentar las objeciones de pago de las aseguradoras.

Sección II

Ajustadores de Siniestros

Art. 24.- Los ajustadores de siniestros deberán cumplir, además, las siguientes obligaciones:

24.1 Investigar la fecha, hora y circunstancias del siniestro;

1. Determinar el monto de las pérdidas y el de las indemnizaciones; sin perjuicio del derecho del asegurado o beneficiario a probar la cuantía de la indemnización;
2. Proponer por escrito al asegurado las medidas urgentes que deban adoptarse para evitar que se propaguen los daños producidos por el siniestro;

1. Informar a la empresa de seguros sobre la posibilidad de perseguir la responsabilidad de terceros para las recuperaciones por los perjuicios sufridos como consecuencia de un siniestro;
2. Informar, en un tiempo razonable y dentro del término dispuesto en el siguiente inciso, por escrito a la empresa de seguros y al asegurado sobre las conclusiones de los ajustes practicados, y poner a disposición de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros sus informes oportunamente.

Las empresas de seguros no podrán, por ningún motivo, alegar ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, o al asegurado, que el incumplimiento del plazo de 30 días previsto en el artículo 42 de la Ley General de Seguros, se debe a la falta de presentación del informe del ajustador de siniestros.

1. Poner por escrito en conocimiento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dentro del término de cuarenta y ocho horas de haberlo detectado, las irregularidades que detecten con ocasión de su trabajo, sobre infracciones a la ley, reglamentos o disposiciones impartidas por el organismo de control;
2. Mantener actualizado y a disposición de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros un libro de avisos y liquidaciones de siniestros en el que conste el nombre de la empresa de seguros, del asegurado o de sus beneficiarios, el número de la póliza, el número asignado al siniestro por el ajustador, la fecha del siniestro y de la denuncia, la fecha de la designación del ajustador y la fecha de la emisión del informe de liquidación; y,
3. Emplear en la liquidación de siniestros que se les encomienden, el cuidado y reserva que se requiere ordinariamente en el manejo de los negocios propios.

Art. 25.- Para operar en la República del Ecuador, los ajustadores de siniestros del extranjero deben presentar un certificado de la autoridad competente del país de origen, acreditando que su actividad se ajusta a las leyes y reglamentos vigentes sobre la materia. El referido documento debe ser legalizado y traducido al idioma castellano.

Las empresas de seguros o las compañías de reaseguros nacionales que contrataren ajustadores de siniestros del exterior deben notificar de este particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dentro del término de tres (3) días siguientes a la fecha de suscripción del contrato de prestación de servicios profesionales y retener el porcentaje correspondiente a la contribución para atender los gastos del órgano de control.

Igualmente las empresas de seguros deben comunicar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dentro del mismo término, la intervención de un ajustador de siniestros del exterior, nombrado directamente por el reasegurador del exterior, para que ejerza su actividad respecto a un evento ocurrido en el Ecuador.

Art. 26.- El informe de ajuste de siniestros será redactado en idioma castellano y debe contener como mínimo:

1. El número de registro del siniestro y de su ajuste, la fecha de la denuncia y las fechas de inicio del proceso del ajuste y del informe final;
2. La identificación del asegurado y la de sus beneficiarios, en su caso;
3. La individualización de la póliza y una síntesis de las coberturas y exclusiones que ella contiene;
4. Los informes sobre materias que requieran elementos más especializados en el objeto del seguro en cuestión, podrán contar con la participación de expertos, cuya opinión técnica deberá aparejarse como insumo.

A estos efectos, se entenderá por expertos a personas tituladas y con experiencia en la materia de que se trate.

1. La relación del siniestro;
2. La determinación de los daños;

1. Conclusión y recomendación sobre las coberturas o exclusiones;
2. Las indemnizaciones que procedan, su cálculo, el valor de los bienes siniestrados y los procedimientos empleados para determinarlos, así como la documentación que los sustente;
3. Las gestiones realizadas durante el ajuste y una síntesis de los informes técnicos solicitados; y,

26.10 Las recuperaciones y salvatajes que a su juicio fueren procedentes.

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Los informes de peritaje que no cumplan las disposiciones del presente artículo no podrán sustentar las objeciones de pago de las aseguradoras.

Capítulo VI

De los intermediarios de reaseguros

Art. 27.- No podrán actuar como intermediarios de reaseguros, ni como sus representantes legales, administradores, funcionarios o empleados:

1. Los accionistas, directores, representantes legales, apoderados, administradores, comisarios, auditores internos, contralores, funcionarios y empleados de: instituciones financieras, empresas de seguros, compañías de reaseguros, agencias asesoras productoras de seguros, peritos de seguros y compañías de financiamiento integral de salud prepagada;
2. Los directores, representantes legales, apoderados, administradores, comisarios, auditores internos, contralores, funcionarios y empleados de otro intermediario de reaseguros;

27.3 Los auditores externos calificados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, así como sus administradores y dependientes;

1. Los profesionales calificados para prestar servicios actuariales en compañías de seguros y de financiamiento integral de salud prepagada, ni sus administradores o dependientes en caso de ser personas jurídicas;
2. Los servidores públicos;

27.6 Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo; y,

27.7 Las personas que estuvieren impedidas conforme a la normativa legal vigente.

Art. 28.- Son obligaciones de los intermediarios de reaseguros:

28.1 Comunicar inmediatamente por escrito a la compañía de reaseguros cualquier modificación del riesgo, si la cedente le participó de aquello, o por tener conocimiento directo del particular o viceversa;

28.2 Responder ante la cedente así como ante el reasegurador por el correcto manejo de los documentos que le han sido confiados;

1. Cuidar que el contrato de reaseguro se mantenga vigente y gestionar la oportuna renovación, previa comunicación expresa de la cedente;
2. Mantener bajo estricta reserva toda cotización que fuere entregada por las empresas de seguros, bajo las prevenciones de ley;

28.5 Remitir anualmente, adjunto a los estados financieros, la nómina de los socios o accionistas y representantes legales, así como mantener actualizados sus nombramientos;

28.6 Notificar por escrito a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el término de 10 días, los cambios de dirección, números de teléfono, correo electrónico; así como también la apertura y cierre de sucursales y agencias y los cambios de administradores y apoderados o de la composición accionaria;

1. Firmar las propuestas o cotizaciones que tramiten y verificar que cumplan con las exigencias técnicas del riesgo que les sean aplicables;
2. Remitir en la forma señalada por la Superin­tendencia de Compañías, Valores y Seguros, hasta el 30 de abril de cada año, los estados financieros, anexos y formularios del ejercicio económico anterior aprobados por la junta general de socios o accionistas, el formulario de declaración de impuesto a la renta una vez presentado a la autoridad tributaria y demás información, en caso de que fuere requerida por el órgano de control;
3. Llevar contabilidad de acuerdo a las normas emitidas o adoptadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y conservar todos los registros de ingresos y egresos de sus operaciones sobre el giro de sus negocios a disposición del órgano de control, de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente;

28.10 Asesorar a la cedente en las diligencias tendientes al cobro de la indemnización y actuar a nombre del reasegurador ante la empresa de seguros, cuando cuente con poder especial para ello;

1. Suscribir los contratos o convenios de intermediación para la colocación de los riesgos cedidos con las compañías de reaseguros nacionales; o con las compañías de reaseguros internacionales, respectivamente;
2. Cumplir con los principios de ética profesional y evitar la competencia desleal en el desempeño de sus funciones;
3. Asesorar a la cedente en forma veraz, suficiente, detallada y permanente acerca de las condiciones del contrato, haciéndole conocer las mejores opciones según sus necesidades, el alcance de las coberturas, condiciones de los contratos, beneficios, exclusiones, primas, forma de pago, plazos y procedimientos para reclamar el pago de indemnizaciones;
4. Contar con una póliza de responsabilidad civil para cubrir errores y omisiones en el ejercicio de su actividad, cuya suma asegurada será determinada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;

28.15 Cumplir las normas e instrucciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;

28.16 Pagar la contribución para el sostenimiento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;

28.17 Recibir a los auditores y funcionarios de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y proporcionarles la información que les sea solicitada por ellos;

Registro Oficial N° 483 Miércoles 8de mayo de 2019 – 47

1. Transferir al beneficiario definitivo en un plazo no mayor de 48 horas las primas cedidas, siniestros recuperados o comisiones que los intermediarios de reaseguros reciban de la cedente o reasegurador;
2. Responder solidariamente con la reaseguradora en el ámbito administrativo y judicial a las reclamaciones que puedan presentar las compañías de seguros cedentes de los riesgos;
3. Otras obligaciones que se deriven del giro propio de sus negocios de acuerdo a las normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y,

28.21 Cumplir las normas sobre las tarifas que les suministre la empresa de reaseguros o intermediario de reaseguros internacional.

Art. 29.- A los intermediarios de reaseguros les queda prohibido:

1. Ejercer actividades económicas ajenas a su objeto social;
2. Ofrecer, cotizar, gestionar o colocar coberturas de seguros en compañías de reaseguros extranjeras no registradas en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;
3. Firmar, cancelar, anular, dejar sin efecto o modificar en cualquier forma el plazo, la cobertura o beneficio, exclusiones, prima o modalidad de pago de los reaseguros que intermedian, sin previa autorización escrita de las partes;
4. Operar en calidad de asesor productor de seguros o perito de seguros y/o recibir remuneración por tales conceptos;
5. Utilizar en su papelería nombres o términos que no sean los autorizados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;

29.6 Egresar valores por pago de comisiones o reconocimientos económicos a favor de personas naturales o jurídicas que de una u otra forma hubieren facilitado, canalizado o permitido la colocación de una póliza de seguro;

29.7 Retener dinero o documentos de pago por concepto de primas;

29.8 Gestionar y colocar contratos de reaseguros sin contar con los respectivos certificados de autorización por seguros ni con los contratos de intermediación aprobados y registrados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y,

29.9 Recibir o retener valores por pago de indemnizaciones de siniestros sin contar con autorización escrita de la cedente.

Capítulo VII

De la cancelación voluntaria

Art. 30.- Los asesores productores de seguros, peritos de seguros e intermediarios de reaseguros podrán solicitar en cualquier tiempo la cancelación voluntaria de sus respectivas credenciales.

De no contar con obligaciones pendientes ni encontrarse bajo auditorías del órgano de control en curso, se procederá a la atención de su petitorio, para cuyo efecto remitirán los originales de las credenciales y certificados de autorización en los diferentes seguros, siempre que se los haya otorgado físicamente.

La cancelación no exonera del cumplimiento de obligaciones frente a terceros.

Capítulo VIII

De la revalidación de credenciales y certificados de

autorización por seguros de los asesores productores

de seguros, peritos de seguros e intermediarios de

reaseguros, personas jurídicas

Art. 31.- Los asesores productores de seguros, peritos de seguros e intermediarios de reaseguros, personas jurídicas, deberán revalidar las credenciales y los certificados de autorización por seguros, dentro del plazo máximo de treinta días, contados a partir de la fecha de renuncia o separación del representante legal que rindió la evaluación de conocimientos en los seguros registrados.

Para tal efecto, los asesores productores de seguros, peritos de seguros e intermediarios de reaseguros, personas jurídicas, comunicarán, de forma previa y dentro del plazo de quince días, la renuncia o separación del representante legal que rindió la evaluación de conocimientos en los seguros registrados.

Art. 32.- Para las revalidaciones de las credenciales y los certificados de autorización por seguros, los representantes legales de los asesores productores de seguros, peritos de seguros e intermediarios de reaseguros, personas jurídicas, darán cumplimiento a lo establecido en Capítulo II y artículo 18 de la presente norma, en lo que correspondiere.

Art. 33.- Los asesores productores de seguros, peritos de seguros e intermediarios de reaseguros, personas jurídicas, que incumplieren con los plazos establecidos en esta Sección, se les suspenderán las credenciales y los certificados de autorización en los seguros registrados.

Capítulo IX

De las sanciones

Art. 34.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en aplicación de los artículos 37, 38 y 40 de la Ley General de Seguros, podrá sancionar a los asesores productores de seguros, peritos de seguros e intermediarios de reaseguros que no cumplan con las disposiciones de la Ley General de Seguros, su reglamento general, la presente norma, las disposiciones emitidas por la Superintendencia

48 – Miércoles 8 de mayo de 2019 Registro Oficial N° 483

de Compañías, Valores y Seguros, la Ley Orgánica que Regula a las Compañías que Financien Servicios de Atención Integral de Salud Prepagada y a las de Seguros que Oferten Cobertura de Seguros de Asistencia Médica y la Ley de Compañías, según el caso.

Sección I

De la reincidencia

Art. 35.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de acuerdo a las disposiciones señaladas en el presente Capítulo, considerará reincidencia las acciones u omisiones que infrinjan los asesores productores de seguros, peritos de seguros e intermediarios de reaseguros.

Sección II

De las multas

Art. 36.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros podrá imponer multas a los asesores productores de seguros, peritos de seguros e intermediarios de reaseguros, conforme lo dispuesto en la Ley General de Seguros.

Para el cobro de las multas, este organismo de control ejercerá la potestad de ejecución coactiva.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Revocar las Resoluciones Nos. SCVS-INS-2018-0024 y SCVS-INS-2018-0026, publicadas en el Registro Oficial 262 y 304 del 14 de junio y 14 de agosto de 2018 respectivamente.

SEGUNDA.- Remitir a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la presente resolución en reemplazo de la contenida en el Título I del Libro III Sistema de Seguros Privados de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los asesores productores de seguros, peritos de seguros e intermediarios de reaseguros deberán contratar dentro de los quince primeros días del mes de enero de 2020, la póliza de responsabilidad civil para cubrir errores y omisiones cuya vigencia deberá ser mínima de un año, debiendo mantener la misma por el tiempo que dure el contrato. La identificación de dicha póliza deberá constar en los nuevos contratos de agenciamiento, o, como adendas en los contratos ya celebrados.

La suma asegurada de la póliza de responsabilidad civil será fijada por el órgano de control.

SEGUNDA.- Las personas jurídicas cuyas denominaciones sociales no contengan las expresiones «agencias asesoras productoras de seguros», «intermediarias de reaseguros», «inspectoras de riesgos» o «ajustadoras de siniestros», según su objeto social, deberán ajustarías a lo prescrito en el artículo 2 de la presente norma, dentro del plazo de 180 días, a partir de la publicación de la norma en el Registro Oficial.

TERCERA.- Las agencias asesoras productoras de seguros, intermediarias de reaseguros, inspectoras de riesgo y ajustadoras de siniestros, deberán ajustar su objeto social a lo prescrito en el artículo 2 letras a), b) y c) de la presente norma, dentro del plazo de 180 días, a partir de la publicación de la norma en el Registro Oficial.

CUARTA.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de facilitar a los usuarios el Formulario de solicitud señalado en los artículos 8 y 18 de la presente norma, encargará al área interna competente su elaboración y publicación en el portal web institucional, conforme a lo ordenado en el artículo 10 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, referente a las declaraciones responsables.

QUINTA.- Las peticiones que se encuentran en trámite a la fecha de vigencia de esta norma, continuarán atendiéndose hasta su conclusión conforme con la normativa vigente al momento de su inicio.

SEXTA.- Los procedimientos administrativos sancionatorios iniciados con anterioridad a la vigencia de esta norma, seguirán su sustanciación hasta su conclusión de acuerdo a las infracciones estipuladas en la resolución vigente al momento de su inicio.

SÉPTIMA.- Los Responsables Técnicos que ejercieren funciones, de forma simultánea, como representantes legales de las agencias asesoras productoras de seguros, intermediarios de reaseguros o peritos de seguros de personas jurídicas, comunicarán a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el término de noventa días a partir de la publicación de esta norma, que actuarán únicamente como representantes legales.

OCTAVA.- Las agencias asesoras productoras de seguros, intermediarios de reaseguros y peritos de seguros, personas jurídicas, cuyas credenciales o certificados de autorización que no fueron obtenidas a través de su representante legal, deberán cumplir con lo previsto en los artículos 8 y 18 de la presente norma, según corresponda.

NOVENA.- Las agencias asesoras productoras de seguros, intermediarios de reaseguros o peritos de seguros de personas jurídicas, en lo que fuere procedente, observarán lo establecido en el Código de Trabajo y legislación conexa, respecto de sus relaciones laborales con sus Responsables Técnicos.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigor a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada y firmada en la oficina matriz de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ubicada en la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del dos mil diecinueve.

f.) Ab. Víctor Anchundia Places, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.