Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 10 de abril de 2019 (R. O.465, 10–abril -2019)

Año II – Nº 465

Quito, miércoles 10 de abril de 2019

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDO:

MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS

NATURALES NO RENOVABLES:

MERNNR-MERNNR-2019-0011-AM Expídese el Reglamento interno de fedatarios administrativos

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

AGENCIA DE REGULACIÓN Y

CONTROL, FITO Y ZOOSANITARIO –

AGROCALIDAD:

0033…… Expídese la Regulación para el control de la movilización del suero de leche líquido

0035….. Establécese el periodo de 58 días para el Estudio Epidemiológico de Circulación Viral de Fiebre Aftosa en la Región Occidental del Ecuador

0036………… Establécense los requisitos fitosanitarios de cum­plimiento obligatorio para la importación de semillas de mostaza blanca (Sinapis alba) para la siembra originarias de Israel

0038…… Establécese la obligatoriedad de la implementación y certificación de las buenas prácticas agropecuarias a los proveedores de las empresas exportadoras

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS:

SUBSECRETARÍA ZONAL 7:

090-2019 Concédese personería jurídica a la Asociación de Conservación Vial «Lambunuma», domiciliada en el cantón y provincia de Loja

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL POSTAL:

ARCP-DE-2019-25 Actualícese el índice del Catálogo de Servicios Postales en Régimen de Libre Competencia

2 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

Págs.

SERVICIO DE GESTIÓN

INMOBILIARIA DEL SECTOR

PÚBLICO – INMOBILIAR:

INMOBILIAR-SGLB-2019-0042 Transfiérese a título gratuito y como cuerpo cierto, un inmueble, de propiedad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a favor de INMOBILIAR, ubicado en el cantón Archidona, provincia de Napo

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

DEFENSORÍA DEL PUEBLO:

015-DPE-CGAJ-2019 Deróguese la Resolución No. 046-DPE-CGAJ-2017 de 29 de junio de 2017

021-DPE-DD-2019 Expídense los criterios para la vigilancia del debido proceso en los procesos de consulta previa, libre, informada y de buena fe y de la consulta ambiental

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS:

Califíquense como peritos valuadores de bienes inmuebles a las siguientes personas:

SB-IRC-2017-53 Señor Miguel Marcelo Vásquez Jadan

SB-IRC-2017-56 Ingeniero Carlos Alberto Sigüencia Heras

SB-IRC-2017-74 Ingeniera Elena del Carmen Álvarez León

SB-IRC-2017-93 Ingeniero Carlos Daniel Vélez Jara… 37

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO:

SCPM-DS-2019-06 Expídese la política de seguridad y salud ocupacional en el trabajo

SCPM-DS-2019-07 Refórmese la Resolución N° SCPM-2013-027, de 30 de abril de 2013

SCPM-DS-2019-09 Desígnese a los miembros de la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la SCPM

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

ORDENANZA MUNICIPAL:

022-2019 Cantón Pedro Moncayo: Que crea el área de conservación y uso sustentable municipal «Mojanda

Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0011-AM

Sr. Ing. Carlos Enrique Pérez García

MINISTRO DE ENERGÍA Y RECURSOS

NATURALES NO RENOVABLES

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República confiere a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, la rectoría de las políticas del área a su cargo, así como la facultad de expedir acuerdos y resoluciones administrativas;

Que, el artículo 226 de la Carta Magna señala que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley debiendo coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.»;

Que, el artículo 97 del Código Orgánico Administrativo, publicado en Suplemento del Registro Oficial No. 31 de 07 de julio de 2017, dispone que las administraciones públicas determinarán en sus instrumentos de organización y funcionamiento, los órganos y servidores públicos con competencia para certificar la fiel correspondencia de las reproducciones que se hagan, sea en físico o digital en audio o vídeo (…);

Que, el último inciso del artículo 97 ibídem, señala que las administraciones no están autorizadas a requerir a las personas interesadas la certificación de los documentos aportados en el procedimiento administrativo, salvo en los casos expresamente determinados en el ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 117 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, publicado en Registro Oficial No. 536 de 18 de marzo de 2002, reformado por Decreto Ejecutivo No. 535, publicado en Registro Oficial Suplemento 364 de 9 de Noviembre del 2018, señala que cuando se establezcan requisitos de autenticación de documentos en los órganos y entidades que integran la Administración Pública Central e Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva, el administrado podrá acudir al régimen de fedatarios administrativos (…);

Que, el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 117 del Estatuto de Régimen Jurídico

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 3

Administrativo de la Función Ejecutiva determina que, cada órgano de la Administración Pública Central e Institucional determinará en su estatuto orgánico las competencias y titulares responsables de la expedición de copias auténticas de documentos públicos emanados de dicho órgano. La copia de cualquier documento público gozará de la misma validez y eficacia que éste, siempre que exista constancia de que es auténtica;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente de la República, Licenciado, Lenin Moreno, designa como Ministro de Hidrocarburos al Ing. Carlos Enrique Pérez García;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 372 de 23 de abril del 2018, el Sr. Presidente de la República, declara como política de Estado la mejora regulatoria y la simplificación administrativa y de trámites;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 399, de 15 de mayo de 2018 el Presidente Constitucional de la República decreta la fusión por absorción al Ministerio de Hidrocarburos, las siguientes instituciones: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio de Minería y la Secretaria de Hidrocarburos. Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, Modifíquese la denominación del Ministerio de Hidrocarburos a «Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables»;

Que, la Disposición General Segunda, del antedicho Decreto Ejecutivo manifiesta: «Una vez concluido el proceso de fusión por absorción en la normativa vigente en donde se haga referencia al «Ministerio de Electricidad y Energía Renovable», al «Ministerio de Minería», al Ministerio de Hidrocarburos»; y a la «Secretaría de Hidrocarburos», léase «Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables»;

Que, el señor Presidente Constitucional de la República, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 472 del 08 de agosto de 2018, dispone la creación adicional de los Viceministerios de Minas y de Electricidad y Energía Renovable, dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Hidrocarburos, excepcionando lo previsto en el Decreto Ejecutivo 1121 del 8 de julio de 2016;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MERNNR 2018-0025-AM de fecha 28 de septiembre del 2018, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el mismo que establece, entre otras atribuciones y responsabilidades a la Secretaría General, la de emitir copias certificadas de los documentos originales que reposan en los archivos de la institución;

Que el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, prevé en su estructura procesos desconcentrados y cuenta en su gestión con un portafolio de productos y servicios para usuarios externos;

Mediante oficio No. PR-SGPR-2018-0008-C de 25 de septiembre de 2018, suscrito por el señor Secretario General de la Presidencia de la República, recuerda la obligación a las Instituciones de la Función Ejecutiva que manejen servicios al ciudadano que requiera de la presentación de documentación contar con el personal de fedatarios administrativos de conformidad con las necesidades de atención derivadas de los servicios que presten;

Que, mediante memorandos individualizados, se designó como fedatarios administrativos a varios servidores de la Institución;

Que, es necesario contar con un reglamento que establezca las competencias y delimite las actuaciones de los fedatarios administrativos que sean designados, estableciendo normas y procedimientos para lograr de esta manera el eficiente desempeño de sus funciones y cumplir con los intereses y requerimientos de los usuarios externos y administrados en los trámites institucionales;

El Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 154 de la Constitución de la República del Ecuador y el Art. 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

EXPEDIR EL REGLAMENTO INTERNO DE FEDATARIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.

Art. 1.- Del Objeto.- El presente Reglamento de Fedatarios Administrativos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, tiene por objeto establecer normas complementarias que permitan una adecuada aplicación de las disposiciones del Artículo 97 del Código Orgánico Administrativo y del Articulo 117 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Art. 2.- Ámbito de Aplicación.- El presente Reglamento es aplicable al servidor o a la servidora que sea designado como fedatario administrativo institucional por parte de la autoridad nominadora del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

Art. 3. Designación de Fedatarios Administrativos.- La autoridad nominadora designará fedatarios administrativos, de acuerdo a las necesidades de las unidades operativas del Ministerio a nivel nacional; a petición de las autoridades relacionados con los procesos de atención a los servicios que prestan a la ciudadanía; y, para la atención de certificaciones internas.

Art. 4.- Competencia del Fedatario.- Los fedatarios administrativos tendrán competencia para certificar la fiel correspondencia de las reproducciones que se hagan, sea en físico o digital en audio o vídeo, que:

4 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

1.- Los usuarios externos de los portafolios de servicios institucionales, exhiban ante los fedatarios administrativos, los originales o copias certificadas, de los documentos que formen parte de los requisitos para la tramitación de los servicios requeridos.

2. Los administrados exhiban ante ellos en originales o copias certificadas, para su uso en los procedimientos administrativos o trámites de la Institución; de la documentación que se mantiene en los archivos de gestión.
3. Los administrados exhiban ante ellos en originales o copias certificadas, para su uso en los procedimientos administrativos o trámites para otra Institución; de la documentación que se mantiene en los archivos de gestión.

Las reproducciones certificadas por fedatarios administrativos tienen la misma eficacia que los documentos originales o sus copias certificadas.

Art. 5.- Normas Generales.- Las normas generales aquí descritas, son de aplicación y cumplimiento obligatorio para todos las y los servidores designados como Fedatarios Administrativos, quienes, para asegurar la práctica de certificación de documentos, deberán seguir las siguientes normas:

a. El fedatario administrativo tiene como labor personalísima, comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original y/o la copia certificada presentada que le exhibe el usuario externo o usuario interno, la fidelidad del contenido de esta última para su empleo en los procedimientos y trámites administrativos propios de la gestión y competencias del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables; cuando en la actuación administrativa sea exigida la agregación de los documentos como requisitos de los servicios para los usuarios externos o el administrado que desee agregarlos como prueba o sustento de trámite institucionales. A tal efecto, sentará la razón respectiva de que la copia presentada corresponde al original que le ha sido presentado, por el usuario externo o el administrado.

b. En caso de complejidad derivada del cúmulo o de la naturaleza de los documentos a autenticar, el fedatario consultará al usuario externo o del administrado sobre la posibilidad de retener los originales, para lo cual se expedirá una constancia de retención de los documentos al administrado, por el término máximo de dos días hábiles, para certificar las correspondientes reproducciones. Cumplido este término, se devolverá al usuario externo o al administrado los originales referidos.

c. Los fedatarios administrativos podrán certificar reproducciones efectuadas por los administrados con la presentación física del original y/o la copia certificada, en la que deberán asegurarse que la reproducción presentada es fiel en su cuerpo y contenido con el original. En este caso, también podrán

certificar reproducciones de documentos previamente certificados por otros organismos públicos o Notarías Públicas, previo presentación de los documentos originales.

d. Cuando se trate de usuarios externos, el interesado deberá presentar al fedatario administrativo el expediente completo del cual se ha obtenido el documento original o copia certificada, una vez que el fedatario compruebe la fidelidad entre reproducción y original, procederá con la certificación solicitada.

El fedatario administrativo asentará en la razón de certificación el nombre del cliente externo y/o del servidor y la unidad administrativa a la que pertenece.

El fedatario administrativo no podrá certificar copias de documentos de expedientes que no estén en custodia de la unidad administrativa a la que pertenece la o el servidor que solicita certificación de documentos; salvo el caso de que se acompañe una certificación de la unidad a donde corresponde el original del expediente o documento a certificar, de que se encuentre bajo su custodia.

e. El fedatario administrativo, adicional a la copia que certifica, deberá conservar otra copia para efectos de registro y control de la documentación que certifica, para lo cual deberá mantener un expediente y un registro de control; solo para el caso de los usuarios internos.

f. El Secretario General, bajo las atribuciones y competencias atribuidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la delegación emanada por la Autoridad Nominadora del Ministerio, certificará la autenticidad de los documentos que la institución haya emitido y que, de manera oficial, se los puso en custodia de la Secretaría General.

Art. 6.- Leyenda en la Certificación.- Las copias certificadas por el fedatario administrativo deberán tener la siguiente leyenda:

1. Cuando se trate de usuarios externos:

RAZÓN DE CERTIFICACIÓN: De conformidad con los artículos 97 del Código Orgánico Administrativo y 117 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en mi calidad de fedatario, certifico que las fotocopias que anteceden son iguales a los documentos originales que me fueron exhibidos en foja(s) útil(es). Para efectos del registro, se abrirá un registro de la documentación certificada.

La veracidad de su contenido del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo (las) utilizan en los trámites correspondientes.

Firma:

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 5

Fecha:___________

2. Cuando se trate de usuarios internos:

RAZÓN DE CERTIFICACIÓN: De conformidad con los artículos 97 del Código Orgánico Administrativo y 117 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en mi calidad de fedatario, certifico que las fotocopias que anteceden son iguales a los documentos originales que me fueron exhibidos en………foja(s) útil(es).

Para efectos del registro, se conserva una copia de ellas en el expediente de certificaciones.

La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo (las) utilizan en los trámites correspondientes; así como la responsabilidad de la custodia del documento exhibido por el – la…………………

de la Unidad……………

Firma:_____________

Fecha:______________

Art. 7.- Responsabilidad del Fedatario: Entiéndase que la responsabilidad de fidelidad del contenido de la copia que certifica, se refiere exclusivamente a la similitud que dicho documento debe tener con relación al documento original que se le presente.

De igual manera, cuando se trate de reproducción de documentos que son copias certificadas, la responsabilidad del fedatario administrativo se entiende por la similitud que dicho documento debe tener con relación al de la copia certificada que se le ha presentado.

En ambos casos, el fedatario administrativo no es responsable por la veracidad del documento original o de la copia certificada.

Art. 8.- Retención de Documentos Originales.- En caso de determinarse complejidad derivada del cúmulo o de la naturaleza de los documentos a certificar, el fedatario consultará al administrado sobre la posibilidad de retener los originales, para lo cual se expedirá una constancia de retención de los documentos al administrado, por el término máximo de dos días hábiles, para certificar las correspondientes reproducciones. Cumplido este término, se devolverá al administrado los originales referidos.

En caso de que al administrado manifieste su negativa de dejar los documentos originales, el fedatario no ejecutará la certificación de la fidelidad de la copia. Para estos casos la complejidad, por la cantidad o naturaleza de los documentos, será determinada exclusivamente por el director o jefe de la unidad en que labora el fedatario administrativo.

En caso de que el administrado acepte dejar los originales para la certificación correspondiente, la fecha de ingreso

formal de dicha documentación en la institución, para los plazos del trámite o procedimiento correspondiente, será la fecha de la constancia de retención: sin perjuicio de la posterior fecha de certificación y envío a la unidad correspondiente.

Art. 9.- Documentos no sometidos a certificación del fedatario administrativo.- Los documentos otorgados en el extranjero que se presenten para trámites administrativos o como prueba en procedimientos administrativos, deberán cumplir con la certificación establecida en las leyes vigentes en la materia.

Los fedatarios administrativos no podrán emitir certificaciones de fidelidad de copias simples, sino únicamente de documentos originales o de copias legalmente certificadas. Tampoco certificarán documentos en los trámites o procedimientos donde se requiera presentar documentos originales, ni intervendrán en actos de competencia exclusiva de notario, tales como declaraciones juramentadas, autenticación de firmas, protocolización de instrumentos públicos o privados, etc.

Art. 10.- Información en archivos del Ministerio.- Los servidores o las servidoras, que han sido designados como fedatarios administrativos, no solicitarán a los usuarios externos, documentación física que fuera emitida por cualquier unidad administrativa del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y que pueda ser consultada en las bases de datos propias o en los archivos de gestión o Secretaría General.

DISPOSICIÓN GENERAL

En todos los trámites o procedimientos regulados por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, donde se exija la presentación de copias notariadas, salvo lo señalado en los artículo 8 y 9 de la presente resolución el usuario podrá optar por ingresar los documentos que fueren pertinentes cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial o someterse al régimen de fedatarios de conformidad con el artículo 117 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

– Fedatario Administrativo: Funcionario que tiene competencia designada por la máxima autoridad para aprobar o confirmar la autenticidad de un documento, de conformidad a lo que se dispone en este Acuerdo Ministerial.

– Documento: Es un testimonio material de un hecho o acto realizado en funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte (papel, cintas, discos magnéticos, fotografías, etc.) en lengua natural o convencional.

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DISPOSICIÓN FINAL

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, D.M., a los 11 día(s) del mes de Marzo de dos mil diecinueve.

f.) Sr. Ing. Carlos Enrique Pérez García, Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.- Es fiel copia del original.- 20 de marzo de 2019.- f.) Ilegible, Secretaria General.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

No. 0033

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA

DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y

ZOOSANITARIO

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el artículo 281 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: «La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente»;

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: «Créase la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, entidad técnica de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, desconcentrada, con sede en la ciudad de Quito y competencia nacional, adscrita a la Autoridad Agraria Nacional (…)»;

Que, el artículo 13 literal r) de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece que una de las competencias y atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario es «n) Regular, controlar y supervisar el uso, producción, comercialización y tránsito de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias, artículos reglamentados e insumos agroquímicos, fertilizantes y productos veterinarios «;

Que, el artículo 13 literal r) de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece que una de las competencias y atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario es «(…) Regular y controlar el sistema fito y zoosanitario y el registro de personas naturales, jurídicas, agentes económicos, productores de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias, artículos reglamentados y de insumos agropecuarios, operadores orgánicos con fines comerciales (…)»;

Que, la Disposición General Sexta de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: «En virtud de la presente Ley el personal, patrimonio, activos y pasivos de la actual Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Agro- AGROCALIDAD- se integrarán a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, la misma que asumirá las representaciones, delegaciones, derechos, obligaciones, activos y pasivos de la primera»;

Que, mediante acción de personal No. 0890 CGAF/ DATH, de 28 de agosto de 2018, Sr. Xavier Enrique Lazo Guerrero, Ministro de Agricultura y Ganadería, nombra como Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, al Ing. Wilson Patricio Almeida Granja;

Que, el artículo 4 literal a) del Acuerdo Interinstitucional No. 036 de 27 de marzo de 2018 indica: «Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).- Será responsable de inspeccionar y controlar la inocuidad en la producción, acopio, transporte y la comercialización de la leche

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 7

cruda, incluido el suero de leche, para lo cual deberá: a) Implementar mecanismos de control en los procesos de ordeño, elaboración, recolección y transporte de leche cruda a los centros de acopio y/o plantas procesadoras, a través de AGROCALIDAD «;

Que, el artículo 48 del Acuerdo Interinstitucional No. 036 de 27 de marzo de 2018 indica: «Se prohíbe la comercialización del suero de leche sin desnaturalizar y suero que contenga colorante a excepción de aquellas plantas que han registrado bebidas a base de suero y para lo cual cuentan con la respectiva notificación sanitaria vigente o el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), inscrito en la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) (…) «

Que, el artículo 49 del Acuerdo Interinstitucional No. 036 de 27 de marzo de 2018 indica: «Se prohíbe la distribución y comercialización de la leche procesada y sus derivados que no cuenten con la respectiva notificación sanitaria vigente o el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), inscrito en la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)»;

Que, el artículo 56 del Acuerdo Interinstitucional No. 036 de 27 de marzo de 2018 indica: «Toda leche procesada y derivados lácteos (incluido el suero de leche), serán sometidos a control para verificar su estado sanitario y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa legal vigente, en cualquier etapa de producción, transporte o comercialización «;

Que, mediante Acuerdo Interinstitucional No. 032 de 25 de febrero de 2019, se acuerda articular acciones entre el MPCEIP y el MAG para garantizar la sostenibilidad de la cadena láctea;

Que, mediante Resolución 0180 de 15 de octubre de 2018, publicada en el Registro Oficial 369 de 16 de noviembre de 2018, en la cual se implementa el procedimiento de vigilancia y control de la producción de suero de leche líquido, de conformidad con los requisitos establecidos en la «Norma Técnica INEN 2594:2011: Suero de leche líquido;

Que, mediante Resolución 0181 de 15 de octubre de 2018, publicada en el Registro Oficial 371 de 20 de noviembre de 2018, en la cual dispone que las personas naturales o jurídicas que se dediquen al transporte de suero de leche líquido, deberán registrar su operación en la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, a través del Sistema Gestor Unificado de Información para Agrocalidad – GUIA;

Que, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/ CIA-2019-000122-M, de 26 de febrero de 2019, el

Coordinador General de Inocuidad de Alimentos (s) informa al Director Ejecutivo de la Agencia que «(…) me permito solicitar a Usted, autorice a quien corresponda, la derogación de las Resoluciones Técnicas antes mencionadas, ya que al existir un nuevo Acuerdo, el mismo se contrapone con lo establecido en las resoluciones de la Agencia, del mismo modo, comedidamente solicito la elevación a Resolución Técnica del articulado propuesto (adjunto), el mismo que facilitará la aplicación del Acuerdo antes indicado», el mismo que es aprobado a través del sistema documental Quipux por la máxima autoridad de la Institución, y;

En ejercicio de las atribuciones legales previstas en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro -AGROCALIDAD.

Resuelve:

EXPEDIR LA REGULACIÓN PARA

EL CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN DEL

SUERO DE LECHE LÍQUIDO

CAPÍTULO I

MOVILIZACIÓN DE SUERO DE LECHE LÍQUIDO

Artículo 1.- Se permite la movilización de suero de leche líquido, de industrias lácteas que cuenten con certificado vigente de Buenas Prácticas de Manufactura – BPM, cuyo destino sea exclusivamente para elaboración de pulverizados como:

1. Suero de leche en polvo
2. Suero de leche concentrado
3. Suero de leche aislado
4. Suero de leche fraccionado
5. Proteína concentrada de suero de leche

Artículo 2.- La movilización también será permitida en casos especiales de autoconsumo, es decir, cuando la industria láctea posea varias instalaciones y sea necesario movilizar el suero de leche líquido, desde el lugar de producción hasta su destino para procesamiento.

Artículo 3.- La movilización también será permitida en casos en los que el suero de leche líquido, sea destinado para consumo animal.

Artículo 4.- El control de la movilización se realizará de conformidad al catastro de Industrias lácteas con BPM, emitido por la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA.

8 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

CAPITULO II

REQUISITOS PARA MOVILIZACIÓN

DE SUERO DE LECHE LÍQUIDO

Artículo 5.- Para la movilización del suero de leche líquido, cuyos casos apliquen lo manifestado en los artículos 1 y 2 de la presente resolución, las industrias lácteas deberán emitir la guía de movilización, conforme al formato emitido por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, mismo que consta como Anexo 1 de la presente resolución.

Artículo 6.- Para la movilización del suero de leche líquido, en cuyo caso aplique lo manifestado en el artículo 3 de la presente resolución, deberá estar tinturado claramente (MENOS BLANCO), para evitar su mal uso.

CAPÍTULO III

DEL TRANSPORTE DE SUERO

DE LECHE LÍQUIDO

Artículo 7.- Para el transporte de suero de leche líquido, que cumplan con lo indicado en los artículos 1 y 2 de la presente resolución, se deberá contar con la guía de movilización conforme el formato emitido por la Agencia, mismo que consta como Anexo 1 de la presente resolución.

Artículo 8.- Para cumplir con lo establecido en los artículos 1, 2 de la presente resolución, los medios de transporte para la movilización del suero de leche líquido deberán registrarse ante la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, a través del Sistema Gestor Unificado de Información para Agrocalidad – GUIA.

Artículo 9.- Para cumplir con lo establecido en el artículo 3 de la presente resolución, los medios de transporte para la movilización del suero de leche líquido, deberán registrarse de manera manual conforme al formato emitido por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, mismo que consta como Anexo 2 de la presente resolución.

CAPÍTULO IV DEL CONTROL

Artículo 10.- La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, a través de las Direcciones Distritales y Articulación Territorial, Direcciones Distritales y Jefaturas de Sanidad Agropecuaria, ejercerán el control mediante operativos en carretera, de conformidad con los requisitos establecidos en la Norma Técnica INEN 2594:2011, en caso de incumplimiento se procederá al decomiso y disposición final, los gastos que se generen por la ejecución de ésta medida sanitaria será de responsabilidad de la persona natural o jurídica que al momento del control se encuentre con el producto.

Artículo 11.- La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, a través de las Direcciones Distritales

y Articulación Territorial, Direcciones Distritales y Jefaturas de Sanidad Agropecuaria, en coordinación con las autoridades correspondientes, ejercerán la supervisión al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Resolución.

Este control lo realizará mediante operativos en carretera, según la Agencia lo requiera, en conformidad con la DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA del Acuerdo Interministerial, 032 emitido el 25 de febrero de 2019.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.- Deróguese la Resolución 0180, de 15 de octubre de 2018, publicada en el Registro Oficial 369, de 16 de noviembre de 2018, en la cual se implementa el procedimiento de vigilancia y control de la producción de suero de leche líquido, de conformidad con los requisitos establecidos en la «Norma Técnica INEN 2594:2011: Suero de leche líquido.

Segunda.-Deróguese la Resolución 0181, de 15 de octubre de 2018, publicada en el Registro Oficial 371, de 20 de noviembre de 2018, en la cual dispone que las personas naturales o jurídicas que se dediquen al transporte de suero de leche líquido, deberán registrar su operación en la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, a través del Sistema Gestor Unificado de Información para Agrocalidad – GUIA.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Se prohíbe por un periodo de 6 meses la comercialización del suero de leche líquido a terceros, proveniente de las plantas que lo generen y cuenten con certificado BPM, para elaboración de productos lácteos incluida la bebida láctea, esto en conformidad con la DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA del Acuerdo Interministerial 032 de 25 de febrero de 2019.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- De la ejecución de la presente resolución encárguese a la Coordinación General de Inocuidad de Alimentos, Direcciones Distritales y Articulación Territorial, Direcciones Distritales y a las Jefaturas de Servicios de Sanidad Agropecuaria de la Agencia de Regulación y Control Fito Y Zoosanitario.

Segunda.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y PUBLÍQUESE

Dado en Quito, D.M. 13 de marzo del 2019.

f.) Ing. Wilson Patricio Almeida Granja, Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 9

ANEXO 1 GUÍA DE MOVILIZACIÓN DE TRANSPORTE DE SUERO DE LECHE LÍQUIDO

GUÍA N° AGRO-##-###-####

1. DATOS GENERALES

Lugar de Emisión:

Fecha de Emisión:

Fecha inicio de vigencia:

Hora inicio de vigencia:

Fecha fin de vigencia:

Hora fin de vigencia:

2. DATOS SITIO DE ORIGEN

Identificación de la industria láctea (RUC):

Provincia:

Razón Social de la industria láctea

Cantón:

Dirección:

Parroquia:

Referencia:

Teléfono:

Nombre de la persona de contacto

Correo electrónico:

3. DATOS SITIO DE DESTINO

Identificación del destinatario (RUC):

Provincia:

Razón Social del destinatario

Cantón:

Dirección:

Parroquia:

4. DATOS DE MOVILIZACIÓN

Tipo del Medio de transporte:

Identificación del conductor:

Placa del transporte:

Nombre del conductor:

5. DETALLE DEL SUERO DE LECHE LÍQUIDO A MOVILIZAR

Tipo de suero de leche líquido:

Dulce:

|Ácido:

Volumen en número (1):

Volumen en letras (1):

Uso:

6. FIRMAS Y SELLO DE RESPONSABILIDAD

Responsable de Emisión:

Transportista

Firma Nombre:

Firma

Sello de la industria láctea de origen

Cargo:

Nombre:

10 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

ANEXO 2

FORMATO DE SOLICITUD PARA REGISTRO DEL MEDIO DE

TRANSPORTE DE SUERO DE LECHE LÍQUIDO PARA

CONSUMO ANIMAL

Fecha…………………………..

Señor

Director Distrital y Articulación Territorial, Director Distrital o Jefe de Sanidad

Agropecuaria

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario

(AGROCALIDAD)

Presente.-

De mi consideración:

La empresa/interesado……………………………………………………………………………… a

través de su Representante Legal

Autorizado……………………………………….……………………..con cédula de identidad;

………………………………………………. mediante la presente me permito solicitar a Ud.

se realice la revisión documental para EL registro de medio de transporte de suero de leche líquido para consumo animal, con la finalidad de obtener el certificado oficial que autoriza operar en el territorio ecuatoriano.

Para motivos del proceso administrativo, adjunto la documentación respectiva.

Atentamente;

La empresa/interesado Representante Legal

Junto con la solicitud se deberá presentar la siguiente información:

• Nombre:
• Número de cédula de identidad
• Dirección:
• Ciudad:
• Teléfonos:
• Correo electrónico:
• Copia de la matrícula (blanco y negro) del medio de transporte o factura en caso de vehículos nuevos, contrato de alquiler o contrato de compra venta
• Tipo de vehículo:
• Tipo de tanque:
• Capacidad instalada:
• Ruta de operación:
• Lista de proveedores:

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 11

LISTA DE REVISIÓN DOCUMENTAL PARA EL REGISTRO DE

MEDIO DE TRANSPORTE DE SUERO DE LECHE LÍQUIDO

PARA CONSUMO ANIMAL

Nombre del solicitante:

Cédula de Identidad:

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

REQUISITOS DOCUMENTALES

SI

NO

OBSERVACIÓN

1

Solicitud de registro dirigida al Director Distrital o Jefe de Sanidad Agropecuaria de AGROCALIDAD.

2

Copia de la matricula (blanco y negro) del medio de transporte o factura en caso de vehículos nuevos, contrato de alquiler o contrato de compra venta

3

Lista de proveedores de suero líquido

4

Tipo de Vehículo

5

Tipo de Tanque

6

Capacidad instalada de transporte.

7

Rutas de operación establecidas por el medio de transporte.

12 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

LISTA DE VERIFICACIÓN: REQUISITOS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE SUERO DE LECHE LÍQUIDO PARA CONSUMO ANIMAL (CHECK LIST)

Nombre del solicitante:

Cédula de Identidad:

Provincia:

Cantón:

Parroquia:

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

Lista de Verificación – Requisitos del Medio de Transporte de Suero de Leche Líquido para consumo animal

Capacidad

Fecha:

Inspector:

Observaciones:

Lugar:

Placa:

Firma del inspector:

Objetivo:

Firma del transportista:

No.

Requisito

c

NC

N/A

Obs.

TANQUERO

BIDONES

1

El tanque y/o bidón de suelo de leche líquido se encuentra en buen estado, libre de lubricantes, ausencia de fugas o derrames de leche u otro tipo de agente contaminante?

5

5

2

Para los tanqueros de transporte de suero de leche líquido (camiones cisterna o de enfriamiento), las tuberías de carga y descarga que forman ángulos están provistas en su interacciones de uniones cruz o codos con tapa?

10

n/a

3

En el medio de transporte se establece la prohibición del transporte de otras materiales sólidos, líquidos y/o gaseosos junto con el suero de leche líquido?

15

16

4

En el medio de transporte (tanquero cisterna y/o bidones) los dispositivos de cierre (tapas) impiden el almacenamiento de residuos, son fáciles de operar y fáciles de lavar y desinfectar?

10

10

5

El diseño del medio de transporte permite la fácil evacuación de las aguas de lavado?

5

5

6

Se mantiene un procedimiento de limpieza y desinfección de los recipientes después de su utilización? Se cuenta con instrumentos y/o utensilios de limpieza únicos y específicos para este fin; y, son almacenados de forma que éstos mantengan sus condiciones para su uso?

10

10

55

45

Criterio de cumplimiento

Tanqueros

Bidones

Cumplimiento obligatorio para emisión certificado de registro y mantenimiento del registro

15

15

Cumplimiento obligatorio en un plazo acordado entre las partes

30

20

Cumplimiento obligatorio de un año (correspondiente o la Inspección de vigilancia)

10

10

Total

55

45

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 13

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

No. 0035

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA

DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y

ZOOSANITARIO

Considerando:

Que, el artículo 281 numeral 7 de la Constitución de la República, establece «La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del estado: precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean creados en un entorno saludable»;

Que, el artículo 281 numeral 13 de la Constitución de la República establece «La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado: Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos «;

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece: «Créase la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, entidad técnica de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, desconcentrada, con sede en la ciudad de Quito y competencia nacional, adscrita a la Autoridad Agraria Nacional. A esta Agencia le corresponde la regulación y control de la sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, con la finalidad de mantener y mejorar el estatus fito y zoosanitario de la producción agropecuaria (…) «

Que, el artículo 13 literal m) de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Supremo 27 de 3 de julio de 2017, determina que una de las competencias y atribuciones de la Agencia es : «Diseñar y mantener el sistema de vigilancia epidemiológica y de alerta sanitaria, así como de vigilancia fitosanitaria que permita ejecutar acciones preventivas para el control y erradicación de las enfermedades de los animales terrestres y de plagas de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados «;

Que, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento

27 de 3 de julio de 2017, establece: «Las acciones de regulación y control que ejerce la Agencia, son de obligatorio cumplimiento de conformidad con la ley. Toda autoridad o funcionario público deberá brindar el apoyo, auxilio o protección para el ejercicio de las mismas»;

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: «Dentro de la planificación de regulación y control, los inspectores fito y zoosanitarios cumplirán las siguientes funciones: inspeccionar, verificar, examinar y tomar muestras de plantas, productos vegetales, artículos reglamentados, animales, mercancías pecuarias, productos o cualquier material susceptible de transmitir plagas y enfermedades, y emitirán el informe técnico de la situación fito y zoosanitario correspondiente»;

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: «Verificada la existencia de una plaga o enfermedad, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, dispondrá las medidas sanitarias que hubiere lugar con el fin de evitar un daño inminente al estatus fito y zoosanitario del país»;

Que, el artículo 30 literal c) de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: «La Agencia de Regulación y control fito y zoosanitario con la finalidad de proteger la vida, salud y bienestar de los animales y asegurar el estatus zoosanitario implementará las siguientes medidas: Realizar campañas zoosanitarias y de bienestar animal de carácter preventivo, de control y erradicación de enfermedades (…) «;

Que, el artículo 34 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece: «La Agencia podrá adoptar medidas provisionales de emergencia, no necesariamente basadas en análisis de riesgo, ante la detección de una enfermedad que presente una amenaza para el país o la presunción fundamentada de un cambio de condición zoosanitario en el país de origen (…) «;

Que, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: «La Agencia regulará y controlará la movilización de animales que salgan de las unidades de explotación con destino a predios, ferias comerciales, exposiciones, mataderos, remates, subastas y otros sitios de concentración animal autorizados, que estén dentro de un programa de enfermedades de control oficial, como medida para evitar la diseminación de estas enfermedades»;

Que, el artículo 44 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece: «La Agencia de Regulación y Control fito y zoosanitario desarrollará e

14 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

implementará programas de vacunación y dará asistencia técnica a los productores, con el fin de prevenir, controlar, la propagación y erradicación de las enfermedades de control oficial (…) «;

Que, la disposición general sexta de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: «En virtud de la presente Ley del personal, patrimonio, activos y pasivos de la actual Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Agro-AGROCALIDAD se integrarán a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, la misma que asumirá las representaciones, delegaciones, derechos, obligaciones, activos y pasivos de la primera»;

Que, mediante Acción de Personal No. 0890 CGAF/ DATH, de 28 de agosto del 2018, Sr. Xavier Enrique Lazo Guerrero, Ministro de Agricultura y Ganadería, nombra como director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, al Ing. Wilson Patricio Almeida Granja;

Que, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/ CSA-2019-000278-M, de 11 de marzo de 2019, el Coordinador General de Sanidad Animal informa a la Directora Ejecutiva (s) de la Agencia que: «(…) dentro de la planificación anual se contempla efectuar el muestreo para la detección de la ausencia de transmisión del virus de la fiebre aftosa en la zona occidental del Ecuador 2019, como parte de los requisitos que solicita la Organización Mundial de Sanidad Animal – OIE, para el mantenimiento del estatus como «País libre de fiebre aftosa con vacunación». Por lo antes expuesto y con el objetivo de seguir adelante con las actividades que apuntalan el mantenimiento del estatus anualmente, solicito a usted AUTORICE la ejecución del muestreo (…)», lo que es autorizado por parte de la máxima autoridad de la institución, mediante sumilla inserta en el sistema de gestión documental Quipux, y;

En uso de las atribuciones legales que le concede la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de AGROCALIDAD.

Resuelve:

Artículo 1.- Establecer el periodo de 58 (cincuenta y ocho) días para el Estudio Epidemiológico de Circulación Viral de Fiebre Aftosa en la región Occidental del Ecuador (Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Cotopaxi, Bolívar, Guayas y Santa Elena), desde el 18 de marzo hasta el 14 de mayo de 2019.

Artículo 2.- El muestreo de circulación viral será exclusivamente de la especie bovina y no representará ningún cargo o costo alguno a los ganaderos.

Artículo 3.- La Agencia actuará durante todo el período de Investigación Epidemiológica con médicos veterinarios,

personal técnico y de laboratorio de Diagnóstico Animal, quienes estarán disponibles las 24 horas del día durante el periodo de investigación epidemiológica.

Artículo 4.- El muestreo de circulación viral estará a cargo de los médicos veterinarios de la Agencia distribuidos a nivel nacional, los mismos que cumplirán las disposiciones técnicas y administrativas, siendo supervisados por el personal de la Coordinación General de Sanidad Animal.

Artículo 5.- La Agencia mediante sus Direcciones Distritales de Articulación Territorial, Direcciones Distritales y Jefaturas de Sanidad Agropecuaria que se encuentran dentro del muestro, brindará todas las facilidades técnicas para la ejecución y aplicabilidad del muestreo epidemiológico, lo que incluye disponibilidad de vehículos, combustible, personal técnico previamente seleccionado, instalaciones y logística.

Artículo 6.- Las Direcciones Distritales de Articulación Territorial, Direcciones Distritales y Jefaturas de Sanidad Agropecuaria de la Agencia participantes en el muestreo, serán las responsables de ejecutar las directrices emitidas por la Coordinación General de Sanidad Animal, así como estricto cumplimiento de los parámetros de calidad, bioseguridad y control de la cadena de frío de las muestras.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- De la ejecución de la presente resolución encárguese a la Coordinación General de Sanidad Animal, a las Direcciones Distritales de Articulación Territorial, Direcciones Distritales y Jefaturas de Sanidad Agropecuaria que integran el muestreo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.

Segunda.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin prejuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLIQUE.

Dado en Quito, D.M. 13 de marzo del 2019.

f,) Ing. Wilson Patricio Almeida Granja, Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

No. 0036

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA

DE REGULACIÓN Y CONTROL, FITO Y

ZOOSANITARIO

Considerando:

Que, el inciso 2 del artículo 400 de la Constitución de la República del Ecuador declara: «Se declara de interés

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 15

público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país»;

Que, el artículo 401 de la Constitución de la República del Ecuador establece: «Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados (…)»;

Que, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fito sanitarias (AMSF), establece que los países miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y rito sanitarias por la autoridad competente, necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales;

Que, las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), como la NIMF No. 2 Directrices para el Análisis de Riesgo de Plagas, de 2007; NIMF No. 11 Análisis de Riesgo de Plagas para plagas cuarentenarias, del 2013, NIMF No. 21 Análisis de Riesgo de Plagas para plagas no cuarentenarias reglamentadas, del 2004 y la Resolución 025 del 13 de noviembre de 1997 de la Comunidad Andina (CAN), describen los procedimientos para realizar Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), mediante los cuales se establecen los requisitos rito sanitarios de productos vegetales de importación;

Que, de acuerdo a las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias NIMF No. 32 sobre «Categorización de productos según su riesgo de plagas», las semillas de mostaza blanca (Sinapis alba) para la siembra, se encuentran en categoría de Riesgo 4;

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece: «Créase la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, entidad técnica de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, desconcentrada, con sede en la ciudad de Quito y competencia nacional, adscrita a la Autoridad Agraria Nacional. A esta Agencia le corresponde la regulación y control de la sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, con la finalidad de mantener y mejorar el estatus fito y zoosanitario de la producción agropecuaria (…)»;

Que, el artículo 13 literal j) de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio del 2017 establece que una de las competencias y atribuciones de la Agencia

es: «Certificar y autorizar las características fito y zoosanitarias para la importación de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias y artículos reglamentados de manera previa a la expedición de la autorización correspondiente»;

Que, el artículo 13 literal o) de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio del 2017 establece que una de las competencias y atribuciones de la Agencia es: «Regular y controlar la condición fito y zoosanitario de la importación y exportación de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias y artículos reglamentados, en los puntos de ingreso autorizado que establezca»;

Que, el artículo 22 literal a) de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017 establece que «Para mantener y mejorar el estatus fito sanitario, la Agencia de Regulación y Control, implementará en el territorio nacional y en las zonas especiales de desarrollo económico, las siguientes medidas fitosanitarias de cumplimiento obligatorio: a) Requisitos fitosanitarios»;

Que, la Disposición General Sexta de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: «En virtud de la presente Ley el personal, patrimonio, activos y pasivos de la actual Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Agro- AGROCALIDAD- se integrarán a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, la misma que asumirá las representaciones, delegaciones, derechos, obligaciones, activos y pasivos de la primera»;

Que, mediante acción de personal No. 0890 CGAF/ DATH, de 28 de agosto de 2018, Sr. Xavier Enrique Lazo Guerrero, Ministro de Agricultura y Ganadería, nombra como Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, al Ing. Wilson Patricio Almeida Granja;

Que, en la Resolución N° 0305 de 30 de diciembre de 2016, la cual actualiza el procedimiento para elaborar estudios de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) por vía de ingreso, para el establecimiento de requisitos fito sanitarios de importación de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados;

Que, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/ CSV-2019-000119-M, de 12 de febrero de 2019, la Coordinadora General de Sanidad Vegetal (e) informa al Director Ejecutivo de la Agencia que: «(…) luego de finalizar el estudio de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) de semillas de mostaza blanca (Sinapis alba) para la siembra originarias de Israel, las medidas fitosanitarias de importación han sido acordadas con Plant Protection

16 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

and Inspection Services (PPIS), Organización Nacional de Protección Fitosanitaria de Israel, razón por la cual se solicita la autorización para la revisión y legalización del borrador de resolución del establecimiento de los requisitos fitosanitarios de importación, por parte de la Dirección General de Asesoría Jurídica (…)», el mismo que es aprobado mediante sumilla inserta por la máxima autoridad de la institución, a través del sistema de gestión documental Quipux, y;

En uso de las atribuciones legales que le concede la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario – Agrocalidad.

Resuelve:

Artículo 1.- Establecer los requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación de semillas de mostaza blanca (Sinapis alba) para la siembra originarias de Israel.

Artículo 2.- Los requisitos fitosanitarios para la importación son:

1. Permiso Fitosanitario de Importación, emitido por el área respectiva de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.
2. Certificado Fitosanitario de Exportación otorgado por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de Israel que consigne lo siguiente:

2.1. Tratamiento fitosanitario de desinfección pre embarque con Fludioxonil 2,5% + Metalaxyl-M 1% – FS, en dosis de 2 ml/kg de semilla u otro producto de similar acción en dosis adecuadas para Albugo candida, Hyaloperonospora parasítica y Leptosphaeria maculans.

3. El envío viene libre de suelo y cualquier material extraño.
4. El envío estará contenido en empaques nuevos de primer uso y deben estar libres de cualquier material extraño.
5. Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso.

DISPOSICIÓN GENERAL

Única.- La Coordinación General de Sanidad Vegetal conjuntamente con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica a través de la Gestión de Relaciones Internacionales de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario se encargará de notificar la presente

Resolución ante la Secretaria General de la Comunidad Andina (CAN) y a la Organización Mundial de Comercio (OMC).

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- De la ejecución de la presente Resolución encárguese a la Coordinación General de Sanidad Vegetal de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.

Segunda.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Quito, D.M. 13 de marzo del 2019.

f.) Ing. Wilson Patricio Almeida Granja, Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

No. 0038

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA

ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD DEL AGRO-AGOCALIDAD

Considerando:

Que, el artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador establece: «Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria»;

Que, el artículo 281, numeral 13, de la Constitución de la República del Ecuador establece «La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente, para ello es responsabilidad del Estado prevenir y proteger a la población del consumo de

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 17

alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos»;

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial, Suplemento 27, de 3 de julio de 2017, establece: «Créase la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, entidad técnica de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, desconcentrada, con sede en la ciudad de Quito y competencia nacional, adscrita a la Autoridad Agraria Nacional. A esta Agencia le corresponde la regulación y control de la sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, con la finalidad de mantener y mejorar el estatus fito y zoosanitario de la producción agropecuaria (…)»

Que, el artículo 13 literal v) de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece que una de las competencias y atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario es: «v) Regular, controlar y supervisar el cumplimiento de las buenas prácticas de sanidad agropecuaria, bienestar animal y la inocuidad de los productos agropecuarios en su fase primaria»;

Que, la disposición General Sexta de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial, Suplemento 27, de 3 de julio de 2017, establece: «En virtud de la presente Ley el personal, patrimonio, activos y pasivos de la actual Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Agro- AGROCALIDAD- se integrarán a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, la misma que asumirá las representaciones, delegaciones, derechos, obligaciones, activos y pasivos de la primera»;

Que, mediante acción de personal No. 0890 CGAF/DATH, de 28 de agosto de 2018, el Sr. Xavier Enrique Lazo Guerrero, Ministro de Agricultura y Ganadería, nombra como Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, al Ing. Wilson Patricio Almeida Granja;

Que, mediante resoluciones nros. 0108 de 17 de diciembre de 2009; 0182 de 20 de diciembre de 2012; 0183 de 20 de septiembre de 2012; 0173 de 7 de noviembre de 2013; 0281 de 27 de diciembre de 2013; 040 de 14 de marzo de 2014; 057 de 28 de marzo de 2014; 093 de 17 de abril de 2014; 091 de 17 de abril de 2014; 028 de 17 de marzo de 2015; 029 de 17 de marzo de 2015; 031 de 24 de marzo de 2015; 038 de 6 de abril de 2015; 037 de 06 de abril del 2015; 049 de 16 de abril de 2015; 0104 de 25 de mayo de 2015; 0105 de 26 de mayo de 2015; 0303 de 09 de noviembre de 2015; 073 de 18 de abril de 2016; 0111 de 22 de diciembre de 2010; 0217 de 12 de diciembre de 2011; 0217 de 23 de octubre de 2012; 060 de 4 de mayo de 2017; 0149 de 25 de octubre de 2013; 053 de 21 de

abril de 2015; 0244 de 20 de octubre de 2016; 0276 de 07 de diciembre de 2016; 041 de 19 de abril de 2017 y 028 de 30 de marzo de 2017, se expidieron las Guías de Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas Pecuarias;

Que, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/ CIA-2019-000117-M, de 19 de febrero de 2019, el Coordinador General de Registro de Inocuidad de Alimentos, informa al Director Ejecutivo de la Agencia que: «con la finalidad de que la Agencia pueda garantizar la condición de los productos agropecuarios primarios de origen nacional destinados a la exportación nace la necesidad imperiosa de obligatoriedad de la implementación de las Buenas Practicas de Producción Agropecuaria en los casos en los cuales han existido violaciones a los límites permitidos por los países de destino, por lo cual, me permito recomendar a Usted, salvo su mejor criterio, se eleve a resolución técnica el siguiente articulado «, el mismo que es autorizado por la máxima autoridad de la institución a través del sistema de gestión documental Quipux;

Que, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/ CIA-2019-000126-M, de 27 de febrero de 2019, el Coordinador General de Inocuidad de Alimentos (subrogante), informa al Director Ejecutivo de la Agencia que: «(…) dentro del proceso para la elaboración de normativa del Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia, se debe realizar la socialización con el sector involucrado para receptar aportes o cambios a la propuesta, motivo por el cual, en el año 2018, se organizaron socializaciones al público en general para exponer las diferentes temáticas que abordan este reglamento, en la que se incluyeron los articulados de obligatoriedad de las BPA, con el fin de que se aporten cambios y/o modificaciones al mismo (…) «, el mismo que es aprobado por la máxima autoridad de la institución a través del sistema de gestión documental Quipux, y ;

En ejercicio de las atribuciones legales que le confieren la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de AGROCALIDAD, publicado en el Registro Oficial Suplemento 168 de 18 de septiembre de 2014.

Resuelve:

Artículo 1.- Establecer la obligatoriedad de la implementación y certificación de las Buenas Prácticas Agropecuarias a los proveedores de las empresas exportadoras con el fin de precautelar el comercio internacional de los productos agropecuarios.

Artículo 2.- Para efectos de la presente resolución se entenderá por:

a) Acciones correctivas.- Medidas adoptadas para corregir un problema e identificar por qué ocurrió y prevenir que ocurra de nuevo.

18 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

2. Agencia.- Agencia de Regulación y Control Fito y Zoo sanitario.
3. Buenas Prácticas Agropecuarias.- Son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción y transporte de alimentos, orientadas a cuidar la salud humana, proteger al ambiente, procurar el bienestar animal y mejorar las condiciones de los trabajadores y su familia.
4. Contaminante.- Es cualquier sustancia no añadida intencionalmente al alimento, como resultado de la producción (incluidas las operaciones realizadas en agricultura, zootecnia y medicina veterinaria), fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento de dicho alimento o como resultado de contaminación ambiental. Este término no abarca fragmentos de insectos, pelos de roedores y otras materias extrañas.
5. Evento de Inocuidad.- Se considera como una situación generada por algún incidente de contaminación en los alimentos, que puede ser accidental o intencional, en la que se ha detectado un riesgo a la salud para la población.
6. Proveedor.- Toda persona natural o jurídica que suministre de un producto sea este agrícola o pecuario a una empresa para que sea comercializado.

Artículo 3: Las empresas exportadoras serán responsables de verificar la implementación y cumplimiento de las Buenas Prácticas Agropecuarias de sus proveedores.

Artículo 4: Las empresas exportadoras deben declarar a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, el listado de proveedores que conformaron los lotes de exportación.

Artículo 5: Todos los proveedores de las empresas exportadoras deberán estar registrados en el Sistema Gestionador Unificado de Información AGROCALIDAD – GUIA.

Artículo 6: Con el fin de establecer medidas de prevención del riesgo, los exportadores deben asegurarse que sus proveedores cumplan con la certificación en Buenas Práctica Agropecuarias asegurando así la inocuidad de sus productos.

Artículo 7: La Agencia certificará el cumplimiento de las Buenas Prácticas Agropecuarias – BPA a los proveedores declarados por las empresas exportadoras.

Artículo 8: Las empresas exportadoras deben cumplir con los límites y niveles máximos de contaminantes

establecidos por los mercados de destino para los productos agropecuarios y reportar periódicamente a la Agencia los análisis de laboratorio realizados.

Artículo 9: Los productos agropecuarios que se producen en Ecuador, sean estos para consumo local o para exportar deberán cumplir con los parámetros establecidos en el Plan Nacional de Vigilancia y Control de Contaminantes en la producción primaria.

Artículo 10: Una vez realizado la auditoría inicial por parte de la Agencia para la obtención de la certificación de Buenas Prácticas Agropecuarias, de acuerdo a las parámetros establecidos en la Resolución 041 de 19 de abril de 2017, en la cual se expide el «Manual de Procedimiento para la certificación de Unidades de Producción en Buenas Prácticas Agropecuarias», si se ha detectado incumplimientos, el productor presentará un plan de acción para subsanar lo requerido, dentro del plazo fijado por la Agencia.

Artículo 14: Aquellos proveedores que posean la certificación de GlobalGAP u otra certificación equivalente, deberán registrarse dentro de la base de datos de la Agencia para obtener la certificación en BPA; y, posteriormente serán sometidos a una auditoría de seguimiento de manera aleatoria.

DISPOSICIÓN GENERAL

Única.- Reemplácese en todas las Guías de Buenas prácticas agrícolas y Buenas Prácticas pecuarias emitidas por la Agencia en donde conste el término «voluntarias» por el término «obligatorias».

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- De la ejecución de la presente Resolución encárguese a la Coordinación General de Inocuidad de Alimentos a través de la Dirección de Inocuidad de Alimentos y a las Direcciones Distritales y de Articulación Territorial, Direcciones Distritales y Jefaturas de Sanidad Agropecuario de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.

Segunda.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Quito, D.M. 15 de marzo del 2019.

f.) Ing. Wilson Patricio Almeida Granja, Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 19

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

No. 090-2019

SUBSECRETARIO ZONAL 7

Considerando:

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 514, de fecha 20 de septiembre de 2018, el Licenciado Lenin Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador, designa al Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala como Ministro de Transporte y Obras Públicas;

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución del Ecuador, determina que además de las atribuciones de las Ministras y Ministros de Estado, están las de ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el numeral 13 y 17 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador consagra»… El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria»,

Que, el Título XXX, Libro I del Código Civil vigente, faculta la concesión de personería jurídica a corporaciones y fundaciones, como organizaciones de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro;

Que, en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se propicia, fomenta y garantiza el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y ciudadanos, comunidades y pueblos indígenas, montubios y afroecuatorianos y demás formas de Asociación lícita, con el propósito de fortalecer el poder ciudadano y sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como las iniciativas de rendición de cuentas y control social;

Que, el artículo 54 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece que la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentrados en otros jerárquicamente dependientes de aquellos;

Que, el artículo 1 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, manifiesta que el objeto del presente Reglamento es regular, simplificar y racionalizar los requisitos para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales ciudadanas que voluntariamente lo soliciten, por parte de las instituciones competentes del Estado;

Que, el Capítulo II, Art. 12 y 13 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, establece los requisitos y procedimientos para la aprobación de los Estatutos y otorgamiento de la Personalidad Jurídica.

Que, el Art. 7 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017 con respecto a los deberes de las instituciones competentes para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales sin fines de lucro que voluntariamente lo requieran, las instituciones competentes del Estado, de acuerdo a sus competencias específicas, observarán que los actos relacionados con la constitución, aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución, liquidación, registro y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones sociales, se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y al presente Reglamento

Que, El Art. 4 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016, autoriza a las Subsecretarías de Transporte Terrestre…., a administrar los expedientes y expedir los actos administrativos de personalidad jurídica, registros de directivas, disolución y liquidación entre otros….

Que, El numeral 3.5, Procesos Desconcentrados.- 3.5.1 Subsecretaría Zonal.- 3.5.1.1. Proceso Gobernante, numeral 9, del Acuerdo Ministerial Nro. 0059 de fecha 17 de julio de 2015, (Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas), está la de aprobar la conformación y otorgar personería jurídica de las organizaciones y asociaciones de conservación vial, con plena observancia de las normas legales y reglamentarias vigentes (microempresas) de los diferentes modos de transporte.

Que, mediante Acta Constitutiva de fecha 02 de marzo de 2019, se constituye la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «LANBUNUMA», con domicilio en el barrio Lambunuma, ubicado a 5Km. de Vilcabamba, vía que conduce de Vilcabamba a Yangana, volteando a Mazanamaca, parroquia Vilcabamba, cantón Loja, provincia de Loja, (domicilio Sr. Stalin Rodrigo Rodríguez Rojas, teléfono 0982520710, correo electrónico: srodriguez [email protected].

Que, mediante Actas de Asambleas Extraordinarias de fecha 09 y 16 de marzo de 2019, se realiza el primero y segundo debate, análisis, estudio y aprobación de los Estatutos.

20 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

Que, mediante oficio S/N de fecha 16 de marzo de 2019, registro Nro. MTOP-SUBZ7-2019-0115-EXT., el señor Stalin Rodrigo Rodríguez Rojas, en calidad de Secretario Ejecutivo Provisional de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «LAMBUNUMA», adjunta la documentación respectiva; y, solicita la aprobación de los Estatutos y la concesión de Personalidad Jurídica para la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «LAMBUNUMA», con observancia de las normas previstas para la aprobación de estatutos, reformas y condiciones; liquidación, disolución y registro de socios y directivas de las organizaciones previstas en el Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, en concordancia con el Título III del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016 del Ministerio de transporte y Obras Públicas, Código Civil y demás Leyes.

Que, mediante Memorando Nro. MTOP-AJSUB7-2019-0072-M, de fecha 19 de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Diego Cárdenas Chiriboga, Coordinador Jurídico Zonal, emite informe favorable para la aprobación de los estatutos y otorgamiento de personalidad jurídica, a la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «LAMBUNUMA».

En uso de las facultades que le confiere el Acuerdo Ministerial Nro. 0059 de fecha 17 de julio de 2015, (Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas) en su numeral 3.5, Procesos Desconcentrados.- 3.5.1 Subsecretaría Zonal.- 3.5.1.1. Proceso Gobernante, numeral 9, en concordancia con el Art. 6 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016. (Instructivo para normar los trámites de las Organizaciones Sociales bajo la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas).

Resuelve:

Art. 1.- Conceder la personalidad jurídica propia de derecho privado a la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «LAMBUNUMA», con domicilio en el barrio Lambunuma, ubicado a 5Km. de Vilcabamba, vía que conduce de Vilcabamba a Yangana, volteando a Mazanamaca parroquia Vilcabamba, cantón Loja, provincia de Loja, (domicilio Sr. Stalin Rodrigo Rodríguez Rojas, teléfono 0982520710, correo electrónico: srodriguez [email protected]., por un periodo indefinido a partir de la fecha de concesión de la personalidad jurídica, pudiendo disminuirse por resolución adoptada en Asamblea de Socios.

Art. 2.- Aprobar sin modificar el texto del Estatuto de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «LAMBUNUMA» a que se refiere el artículo precedente.

Art. 3.- Disponer que la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «LAMBUNUMA», una vez adquirida la personalidad jurídica, elegirán su directiva definitiva, la misma que tendrá una duración de DOS AÑOS; y, la remitirá mediante oficio a conocimiento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Subsecretaría Zonal 7), dentro del plazo de treinta (30) días para el registro pertinente, adjuntando la documentación establecida en el Art. 16 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, en concordancia con el Art. 14 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016 de fecha 17 de febrero de 2016 (Instructivo para Normar los Trámites de las Organizaciones Sociales que están bajo la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas), igual procedimiento se observará para posteriores registros de Directivas.

Art. 4- Disponer al funcionario encargado del custodio de los archivos de las Organizaciones de Conservación Vial de la Subsecretaría Zonal 7, registrar en el expediente y mantenerlo debidamente actualizado.

Art. 5.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Hágase conocer por escrito a los interesados, y se proceda a su publicación en el Registro Oficial a través del funcionario encargado de las organizaciones de conservación vial de la Subsecretaría Zonal 1.-COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de Loja, a los 20 de marzo de 2019.

f.) Ing. Jaime Calderón Ojeda, Subsecretaría Zonal 7.

Nro. ARCP-DE-2019-25

EL DIRECTOR EJECUTIVO, ENCARGADO, DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL POSTAL

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «Las instituciones del Estado,

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 21

sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la

ley (…)»;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;

Que, mediante Suplemento del Registro Oficial Nro. 603, de 07 de octubre de 2015, se promulgó la Ley General de los Servicios Postales, creando en su artículo 8: «a la Agencia de Regulación y Control Postal, como un organismo técnico-administrativo especializado y desconcentrado, adscrito al Ministerio rector del sector postal, con personalidad jurídica de derecho público, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio (…) encargada de regular y controlar a los operadores postales, así como también de velar el cumplimiento de las políticas y directrices dictadas por el Ministerio rector de los servicios postales. (…) La Agencia de Regulación y Control Postal contará con un Directorio y una Directora o Director Ejecutivo»;

Que, el numeral 5 del artículo 13 de la Ley General de los Servicios Postales determina dentro de las atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Postal la de expedir los reglamentos, normas técnicas y manuales para la regulación, control y desarrollo de la prestación del servicio postal;

Que, el inciso tercero del artículo 1 del Reglamento General a la Ley General de los Servicios Postales determina que: «Cuando se trate de un servicio postal que no conste en el catálogo de servicios, el interesado deberá solicitar su inclusión en el catálogo de la Agencia de Regulación y Control Postal. No obstante, cualquier servicio o actividad que realice un operador postal y que, de acuerdo con la Ley General de los Servicios Postales, el presente Reglamento y las normas y regulaciones que emita la Agencia de Regulación y Control Postal, tenga el carácter de servicio postal o esté relacionado con alguno de los procesos postales, estará sujeta a la regulación y control de la autoridad competente»;

Que, el artículo 28 del referido Reglamento determina: «La Agencia de Regulación y Control Postal determinará, clasificará, catalogará y regulará cada uno de los servicios específicos a través de normas técnicas y reglamentos, los cuales podrán ser ofrecidos en cualquiera de las categorías establecidas en el Art. 17 de la Ley. La Agencia de Regulación y Control Postal ejercerá el control respectivo de cada servicio postal catalogado»;

Que, el artículo 23 del Reglamento de los Servicios Postales en Régimen de Libre Competencia dispone que: «La Agencia de Regulación y Control Postal será la encargada de administrar el Catálogo de los Servicios Postales en Régimen de Libre Competencia, y la responsable de mantener actualizada y disponible la información para los operadores postales y público en general, en los medios de difusión de la institución»;

Que, mediante Resolución Nro. 03-DE-ARCP-2017 de 24 de enero de 2017, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 939 de 07 de febrero de 2017, la Agencia de Regulación y Control Postal, expidió el Reglamento de los Servicios Postales en Régimen de Libre Competencia que contiene el anexo denominado «Catálogo de Servicios Postales en Régimen de Libre Competencia»; anexo que fue actualizado con Resolución Nro. ARCP-DE-2017-44 de 22 de agosto de 2017, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 83 de 20 septiembre de 2017, habiéndose añadido la ficha técnica del Servicio de Comercio Electrónico al catálogo de Servicios Postales en Régimen de Libre Competencia según Resolución Nro. ARCP-DE-2017-45 de 15 de septiembre de 2017, publicada en el Registro Oficial Nro. 125 de 22 de noviembre de 2017; y, Actualizado el cuadro del servicio por el índice del Catálogo de Servicios Postales en Régimen de Libre Competencia según Resolución ARCP-DE-2018-28 de 26 de abril de 2018, publicada en el Registro Oficial Nro. 245 de 21 de mayo de 2018;

Que, mediante Resolución Nro. ARCP-DE-2017-41 de 01 de agosto del 2017, el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Postal emitió el procedimiento para la actualización del Catálogo de Servicios Postales en Régimen de Libre Competencia;

Que, mediante Resolución Nro. ARCP-DE-2019-13 de 25 de febrero de 2019, el Director Ejecutivo, Encargado de la Entidad, resolvió incorporar la Ficha Técnica del Servicio Postal por Aplicativo Móvil al Catálogo de Servicios Postales en Régimen de Libre Competencia;

Que, mediante Resolución Nro. DIR-ARCP-03-2018-005 de 28 de diciembre de 2018 el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Postal, designó al magister Javier Gómez Benavides como Director Ejecutivo, Encargado, de la Entidad;

Que, mediante Oficio Nro. CDE-CDE-EP-2019-0068-O de 28 de febrero de 2019, dirigido al Director Ejecutivo, Encargado, de la Agencia de Regulación y Control Postal, el Gerente General, Subrogante, de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE E.P, remite el Informe Técnico para la modificación de la Ficha Técnica del Servicio de Comercio Electrónico, dentro del cual concluyó: «El nombre del Servicio Comercio Electrónico debe ser reemplazado por ‘Trámites Operativos de Representación

22 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

de Envíos Postales’, el cual se define como: La representación que ejerce Correos del Ecuador CDE EP ante el SENAE por el Tiempo de Implementación: Los cambios solicitados se aplicarían de manera inmediata una vez aprobado por la Agencia de Regulación y Control Postal»; y, además recomendó: «Solicitar a la ARCP la actualización del nombre y características del Servicio Comercio Electrónico, por ‘Trámites Operativos de Representación de Envíos Postales’ y los siguientes cambios: Establecer dos tiempos de entrega para los paquetes que establece la ficha técnica de hasta 20 días término para paquetes con pago anticipado y hasta 30 días término para paquetes cuando el cliente pague luego de arribar al país»; y mediante sumilla inserta en el mismo Oficio dirigida a la Subdirección de Gestión Técnica, el Director Ejecutivo dispuso el conocimiento y el trámite pertinente; además la Subdirección de Gestión Técnica dispuso a la Dirección de Regulación el trámite correspondiente;

Que, mediante Memorando Nro. ARCP-DR-2019-0021-M de 13 de marzo de 2019, dirigido a la Subdirección de Gestión Técnica, el Director de Regulación remite para aprobación, el Informe Técnico para la Modificación de la Ficha Técnica del Servicio de Comercio Electrónico para el Operador Postal Designado, dentro del cual concluyó: » Una vez realizado el análisis, se determina que la actualización de la ficha técnica de comercio electrónico no afecta el normal desempeño del servicio en libre competencia, y dicha actualización contribuye a mejor la operatividad entre el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador – SENAE y la Empresa Pública Correos del Ecuador- CDE E.P.»; y, además recomendó: «(…) lo actualización del nombre y de las características del servicio de Comercio Electrónico por ‘Trámites Operativos de Representación de Envíos Postales’, dado que su ejecución no afectará la prestación del servicio postal»; y, mediante sumilla inserta dentro del mismo Memorando, la Subdirectora de Gestión Técnica, aprobó el respectivo informe y dispuso se continúe con el trámite respectivo;

Que, mediante Memorando Nro. ARCP-DR-2019-0022-M de 15 de marzo de 2019, dirigido al Director Ejecutivo, Encargado, el Director de Regulación solicitó: «(…) la aprobación para la modificación de la ficha técnica del servicio de servicio de comercio electrónico del Catálogo de Servicio Postales en Régimen de Libre Competencia de la ARC Postal, así como la modificación del índice de dicho Catálogo. Para lo cual, adjunto en físico el expediente respectivo «; y, mediante sumilla inserta dentro del mismo memorando el Director Ejecutivo, Encargado, dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica elaborar la Resolución; y,

El Director Ejecutivo, Encargado, en ejercicio de las atribuciones y facultades legales establecidos en los numerales 5 y 16 del artículo 13 de la Ley General de los Servicios Postales.

Resuelve:

Artículo 1.- Acoger la recomendación de la Dirección de Regulación constante en el Informe Técnico para la Modificación de la Ficha Técnica del Servicio de Comercio Electrónico para el Operador Postal Designado, en el Catálogo de Servicios Postales en Régimen de Libre Competencia, adjunto al Memorando Nro. ARCP-DR-2019-0021-M de 13 de marzo de 2019.

Artículo 2.- Actualizar el índice del Catálogo de Servicios Postales en Régimen de Libre Competencia, anexo al Reglamento de los Servicios Postales en Régimen de Libre Competencia, expedido mediante Resolución Nro. 03-DE-ARCP-2017 de 24 de enero de 2017 y reformado mediante Resolución Nro. ARCP-DE-2017-44 de 22 de agosto de 2017; y, Resolución Nro. ARCP-DE-2019-13 de 25 de febrero de 2019; de acuerdo al documento que se adjunta a la presente Resolución.

Artículo 3.- Incorporar la Ficha Técnica del Servicio Postal por Trámites Operativos de Representación de Envíos Postales, que se encuentra anexo al Reglamento de los Servicios Postales en Régimen de Libre Competencia, expedido mediante Resolución Nro. 03-DE-ARCP-2017 de 24 de enero de 2017; y, reformado mediante Resolución Nro. ARCP-DE-2017-44 de 22 de agosto de 2017 y Resolución Nro. ARCP-DE-2017-45 de 15 de septiembre de 2017, de acuerdo al documento que se adjunta a la presente Resolución.

Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Asesoría Jurídica la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial y a la Unidad de Comunicación Social su publicación en la página web institucional.

Artículo 5.- Disponer a la Subdirección de Gestión Técnica, Dirección de Regulación, Dirección de Títulos Habilitantes, se encarguen de la ejecución de la presente Resolución de conformidad con sus funciones y atribuciones.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Se deroga la Resolución Nro. ARCP-DE-2017-45 de 15 de septiembre de 2017 publicada en el Registro Oficial Nro. 125 de 22 de noviembre de 2017, que contiene la ficha técnica del Servicio de Comercio Electrónico al Catálogo de Servicios Postales en Régimen de Libre Competencia.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el 22 de marzo del 2019.

f.) Mg. Javier Gómez Benavides, Director Ejecutivo (E), Agencia de Regulación y Control Postal.

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 23

Índice del Catálogo de Servicios Postales en Régimen de Libre

Competencia

TIPO DE SERVICIO

TIPO OPERADOR

SERVICIO

CATEGORÍA

PRODUCTO

SERVICIO

P

1

1

L

D

Envíos express documentos local

P

1

1

N

D

Envíos express documentos nacional

P

1

1

1

D

Envíos express documentos internacional

P

1

1

L

M

Masivo local

P

1

1

N

M

Masivo nacional

P

1

1

L

V

Volanteo local

P

1

1

N

V

Volanteo nacional

P

1

2

L

P

Envíos express paquetería local

P

1

2

N

P

Envíos express paquetería nacional

P

1

2

1

P

Envíos express paquetería internacional

P

1

2

1

C

Casillero internacional

P

1

2

1

X

Valija diplomática internacional

P

1

2

1

E

Trámites operativos de representación de envíos postales

P

1

2

N

A

Aplicativo Móvil

P

1

3

L

T

Transporte local

P

1

3

N

T

Transporte nacional

P

1

3

I

T

Transporte internacional

P

1

3

L

A

Almacenamiento local

P

1

3

N

A

Almacenamiento nacional

F

1

4

N

G

Giros postales nacionales

F

1

4

1

G

Giros postales internacionales

Implementación**

Nota: (**) Se realizarán revisiones semestrales al plazo de entrega establecido.

Requisitos técnicos:

Internacional

Admisión

Registro de datos de envíos

X

Computadora con acceso a internet

X

Balanza

X

Etiquetadora***

X

Personal

X

Clasificación

Bastidor de clasificación***

X

Mesa de clasificación***

X

Cajas o gavetas

X

Distribución

Sacas o contenedores***

X

Precintos de seguridad

X

Vehículos

X

Guías de despacho

X

Entrega

Personal

X

Vehículos

X

Requisitos generales:

Rotulación sobre los valores finales de los servicios que prestan, cobertura, itinerarios, seguro de envío, indemnización y tiempos de entrega

X

Contrato con terceros para operaciones postales o certificación de la existencia de relación comercial para brindar el servicio postal

X

Página web para condiciones deservicio

X

Página web para quejas y reclamos en línea

X

Sistemas de seguridad para envíos internacionales

Sistema de seguimiento electrónico o equivalente

X

Nota: (***) Se podrá presentar una similar al requisito para validación de la ARCPostal

No. INMOBILIAR-SGLB-2019-0042

Abg. Hernán Alejandro Martínez Pérez

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN LEGAL DE BIENES

(S) DELEGADO DEL DIRECTOR GENERAL DEL

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL

SECTOR PÚBLICO.

Considerando:

Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece como deber de las instituciones públicas la coordinación de acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer electivo el goce y ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución.

Que, el Artículo 227 ibídem establece lo siguiente: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.

Que, el artículo 321 de la Carta Magna dispone, lo siguiente: «El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberá cumplir su función social y ambiental».

Que, el numeral 25 del Artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, establece, lo siguiente: «El

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 27

derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características”.

Que, el artículo 15 del Código Orgánico Administrativo «COA» publicado en el Registro Oficial Suplemento 31 de 07 de julio del 2017, que dispone: «Principio de responsabilidad. El Estado responderá por los daños como consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u omisiones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio de una potestad pública por delegación del Estado y sus dependientes, controlados o contratistas…”.

Que, el artículo 89 del mismo cuerpo legal establece:”… Actividad de las Administraciones Públicas. Las actuaciones administrativas son: 1. Acto administrativo 2. Acto de simple administración 3. Contrato administrativo 4. Hecho administrativo 5. Acto normativo de carácter administrativo…”.

Que, el artículo 101 del Código Orgánico Administrativo «COA» establece:”… Eficacia del acto administrativo. El acto administrativo será eficaz una vez notificado al administrado. La ejecución del acto administrativo sin cumplir con la notificación constituirá, para efectos de la responsabilidad de los servidores públicos, un hecho administrativo viciado…”.

Que, el Artículo 61 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone, lo siguiente: ‘Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público que lleguen a un acuerdo para el efecto, se requerirá resolución motivada de las máximas autoridades”.

Que, el segundo inciso del Artículo 159, del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e inventarios del Sector Público indica, lo siguiente: «[…] Cuando intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso sino transferencia gratuita y en este evento se sujetará a las normas establecidas para este proceso».

Que, el Artículo 4 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece: «Los órganos y entidades que comprenden la Función Ejecutiva deberán servir al interés general de la sociedad y someterán sus actuaciones a los principios de legalidad, jerarquía, tutela, cooperación y coordinación, según el caso, bajo los sistemas de descentralización y desconcentración administrativa. Las máximas autoridades de cada órgano y entidad serán responsables de la aplicación de estos principios”.

Que, el Artículo 8 ibídem dispone lo siguiente: «Las Administraciones Públicas, en el desarrollo de su

actividad propia y en sus relaciones recíprocas, deberán respetar las competencias de las otras Administraciones y prestar, en su propia competencia, la cooperación que las demás recabaren para el cumplimiento de sus fines”.

Que, mediante Decreto Ejecutivo número quinientos tres (503) de doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho ocho (2018), publicado en el Registro Oficial número trescientos treinta y cinco (335) de veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho ocho (2018), se derogó los siguientes Decretos Ejecutivos: Decreto Ejecutivo número setecientos noventa y ocho (798) de veintidós (22) de junio de dos mil once (2011), Disposición Derogatorias: PRIMERA.- Deróguese los siguientes Decretos Ejecutivos: Decreto 435 de 26 de julio de 2010 publicado en el Registro Oficial Suplemento 252 de 6 de agosto de 2010; Decreto Ejecutivo número cincuenta (50) de veintidós (22) de julio de dos mil trece (2013), Decreto Ejecutivo número seiscientos cuarenta y uno (641) de veinticinco (25) de marzo de dos mil quince (2015), Decreto Ejecutivo número ochocientos treinta siete (837) de veinticinco (25) de noviembre de dos mil quince (2015), Decreto Ejecutivo número mil trescientos setenta y siete (1377) de tres (03) de mayo de dos mil diecisiete (2017),”...Artículo 1.- El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, es un organismo de derecho público, dotado de personalidad jurídica, autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito. Ejercerá las facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión, administración y control de los bienes del sector público y de los bienes que disponga el ordenamiento jurídico, que incluye las potestades de disponerlos, distribuirlos, custodiarlos, usarlos, enajenarlos, así como disponer su egreso y baja…». En el Artículo cuatro (4) del referido Decreto Ejecutivo, se establece lo siguiente: «Artículo 4.- Son funciones del Comité de INMOBILIAR las siguientes: 1. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Gestión Inmobiliaria del Sector Público para lo cual contará con facultad normativa (…) Artículo 6.- El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, ejercerá las siguientes atribuciones: (…) Numeral 8. Gestionar los requerimientos de inmuebles, así como recibir la transferencia de dominio a título gratuito de las entidades detalladas en el artículo 2 de este decreto.»

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 135 de 01 de septiembre del 2017, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Suplemento 76 de ll-sep.-2017, se dispuso, lo siguiente: «Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente decreto, en lo correspondiente a gasto permanente, son de aplicación obligatoria para todas las instituciones descritas en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, incluidas las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva, con excepción de las entidades que integran el régimen autónomo

28 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

descentralizado y las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.

Que, mediante Resolución de Traspaso de Bienes Inmuebles a INMOBILIAR No. 0137 de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015) suscrita por la Dra. Ana Beatriz Tola Bermeo, Ministra de Inclusión Económica y Social, resolvió: «Artículo 1.- El Ministerio de Inclusión Económica y Social, traspasa a título gratuito los bienes inmuebles que se singularizan en este artículo, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, así con todos los derechos reales y obligaciones, sus usos, costumbres y servidumbres que le correspondan».”. Del terreno ubicado en el Barrio Piedra Grande, cantón Archidona, provincia de Napo, clave catastral Nro. 01-01-18-10, con una superficie de 683,53 m2.

Que, del certificado de avalúos y catastros del predio urbano emitido por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Archidona, se desprende que el Ministerio de Inclusión Económica y Social es propietario del siguiente inmueble, el cual cuenta con código catastral y avalúo predial según el detalle que a continuación se describe: Lote de Terreno, ubicado en el Barrio Piedra Grande, ciudad de Archidona, cantón Archidona, provincia de Napo; Código catastral número 01011810000000, valor del avalúo de la propiedad USD $ 34.177,00.

Que, según el certificado de gravamen del inmueble, emitido por el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Archidona, se desprende el siguiente inmueble: Inmueble Urbano, ubicado en la ciudad de Archidona, cantón Archidona, provincia de Napo, Sector Prado 2, comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con la calle 20 de enero, en una extensión de 24.50 metros; SUR.- Con la propiedad del Club Oriente Petrolero, en una extensión de 26.50 metros; ESTE.- Con propiedad de la Asociación de Empleados Municipales, en una extensión de 25.00 metros; y OESTE.- Con la calle sin nombre, en una extensión de 25.00 metros; ÁREA TOTAL.- 637,50 m2.

Que, con Oficio Nro. MIES-CGAF-2018-0073-O de fecha 08 de marzo de 2018, en relación al Oficio Nro. INMOBILIAR-DL-2018-0006-O de fecha 04 de enero de 2018 que en su parte pertinente indican «En virtud de lo expuesto, solicito se tome en consideración la recomendación emitida en Oficio Nro. INMOBILIAR-DL-2017-0227-O de 27 de noviembre de 2017, a fin de dar continuidad a la transferencia de dominio de dichos inmuebles, así como también la transferencia de los 62 inmuebles a nivel nacional a ser transferidos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector

Público, Inmobiliar, mediante Decreto Ejecutivo 435, en coordinación con el personal de las dos instituciones» indica lo siguiente: «[…] Considerando que la información requerida es imprescindible para cumplir con lo dispuesto en los Decretos Ejecutivos que nos ocupan, adjunto el pedido de cronograma, el mismo que se sujetará a la aprobación del presupuesto para la obtención, legalización y regulación de la documentación requerida y su ejecución”.

Que, con Oficio Nro. INMOBILIAR-DL-2018-0087-O de fecha 26 de marzo de 2018, la Dirección de Legalización solicitó a la Coordinadora General Administrativa Financiera del Ministerio de Inclusión Económica y Social lo siguiente: «[…]En virtud de lo expuesto, solicito se tome en consideración la recomendación emitida en el Memorando Nro. INMOBILIAR-CZ1-2018-0245-M de fecha 22 de marzo de 2018, a fin de dar cumplimiento al Cronograma de trabajo remitido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social mediante Oficio Nro. MIES-CGAF-2018-0073-O de fecha 08 de marzo de 2018 para la transferencia de los inmuebles a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar, mediante Decreto Ejecutivo 435, en coordinación con personal de las dos instituciones”.

Que, mediante Oficio N°. MIES-CGAF-2018-0103-O de fecha 12 de abril de 2018, la Coordinadora General Administrativa Financiera, informó a INMOBILIAR: «Con el antecedente expuesto y considerando que la información requerida es imprescindible para cumplir con lo dispuesto en los Decretos Ejecutivos que nos ocupan, informo a usted que esta Cartera de Estado se encuentra a la espera de la aprobación de presupuesto para la obtención, legalización y regulación de la documentación requerida y su ejecución, por lo que se comunicará a su representada de manera oportuna la reprogramación del cronograma propuesto para la consecución de los objetivos establecidos», mediante memorando Nro. INMOBILIAR-DL-2018-0270-M de fecha 30 de julio de 2018, la Dirección de Legalización, solicito a la Dirección de Administración, Análisis y Uso de Bienes, los Informes Técnico y Jurídico del inmueble ubicado en el Barrio Piedra Grande, ciudad Archidona, cantón Archidona, provincia de Napo, a ser transferido a INMOBILIAR por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Que, mediante memorando Nro. INMOBILIAR-DAAUB-2018-1496-M de fecha 31 de agosto de 2018, la Dirección de Administración, Análisis y Uso de Bienes, remitió a la Dirección de Legalización, el Informe Técnico Nro. Q-245-18 de fecha 08 de agosto de 2018 y Ficha de Situación Jurídica Nro. 013-2018, del inmueble ubicado en la calle 20 de Enero y calle N°. 5B, de propiedad del Ministerio de Inclusión Económica y Social a favor de INMOBILIAR.

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 2Que, mediante Informe Técnico Q-245-18, de 08 de agosto de 2018, la Dirección Nacional de Gestión y Análisis de Bienes Inmuebles del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, en relación a la inspección realizada al inmueble ubicado en la calle 20 de Enero y calle N°. 5B, sector Barrio Piedra Grande, cantón Archidona, provincia de Napo, en el acápite de las conclusiones indica: «l.-El área inspeccionada comprende un terreno de forma y topografía regular con un área de 683,53 m2 según certificado de avalúos y catastros del Gobierno Municipal del Cantón Archidona y según levantamiento en sitio. 2.-El bien inmueble se encuentra en regular estado de conservación. 3.- El bien inmueble actualmente se encuentra desocupado. 4. – El sector donde se encuentra ubicado el bien inmueble cuenta con todos los servicios básicos. 5.- A la fecha de la inspección el bien inmueble no evidencia afectación por efectos de caso fortuito o fuerza mayor. RECOMENDACIONES PARTICULARES. 1.- Técnicamente se considera viable la transferencia de dominio del bien inmueble por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público”.

Que, mediante Ficha Jurídica 013-2018 de fecha 27 de agosto de 2018, la Dirección de Administración Análisis y Uso de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, recomendó: «Finalmente amparado en la Constitución de la República del Ecuador respecto al Principio de Legalidad; al Decreto Ejecutivo No. 798 de 22 de junio de 2011, reformado parcialmente; a las atribuciones y responsabilidades contempladas en el artículo 9, numeral 1.2.2.2.1., literal c, numeral 1 de la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, al Decreto Ejecutivo No. 435 de 26 de julio de 2010; a la Resolución Nro. 0137 de fecha 24 de septiembre de 2015; además la documentación administrativa y jurídica de respaldo; y, a las recomendaciones y conclusiones que se derivan del Informe Técnico Nro. Q-245-18 de 08 de agosto de 2018; esta Dirección de Administración, Análisis y Uso de Bienes, recomienda realizar el procedimiento legal correspondiente para que el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR, reciba del Ministerio de Inclusión Económica y Social, mediante transferencia de dominio a título gratuito, del bien inmueble ubicado en la calle 20 de Enero y calle No. 5B, sector Barrio Piedra Grande, cantón Archidona, provincia de Napo, de propiedad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, a fin de que este Servicio como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, determine el uso correcto, eficiente y provechoso del mismo, conforme a las disposiciones prescritas en la normativa vigente aplicable al caso”.

Que, mediante RESOLUCIÓN número 01 de 02 de junio de 2017, el Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria

del Sector Público, INMOBILIAR, resolvió: ‘Artículo Primero.- Designar al señor Nicolás José Issa Wagner para que ejerza el cargo de Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR».

Que, mediante Acuerdo Nro. ACUERDO- INMOBILIAR -DGSGI-2019-0003 de 25 de febrero de 2019, el Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, resolvió lo siguiente: «[…] Artículo 4, literal d) delegó al titular de la Subdirección de Gestión Legal de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, para que en su nombre y representación, cumpla con las siguientes atribuciones: emitir y suscribir resoluciones de compra venta, traspasos, transferencias de dominio de los bienes inmuebles de propiedad del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, y de las instituciones públicas a nombre de las cuales INMOBILIAR, actúe; así como emitir Resoluciones de compraventa, de aceptación o extinción de bienes inmuebles en los que el beneficiario sea INMOBILIAR o de la Entidad Pública en las que INMOBILIAR actúe a su nombre y representación”.

Que, mediante Acción de Personal CGAF-DATH-2019-0588, de fecha 15 de marzo del 2019, se designó al Abg. Hernán Alejandro Martínez Pérez, como Subdirector de Gestión Legal de Bienes, Subrogante.

Con las consideraciones expuestas, en ejercicio de la función administrativa y en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, El Código Orgánico Administrativo (COA), el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo 503 de fecha 12 de septiembre de 2018, Decreto Ejecutivo N° 135 de 01 de septiembre del 2017, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Suplemento 76 de 11-sep.-2017, el Acuerdo Nro. ACUERDO-INMOBILIAR-DGSGI-2019-0003 de fecha 25 de febrero de 2019, el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público; y, la Resolución de Traspaso de Bienes Inmuebles a INMOBILIAR No. 0137 de fecha 24 de septiembre de 2015.

Resuelve:

Artículo 1. Aceptar la transferencia a título gratuito y como cuerpo cierto del Inmueble, de propiedad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, sin prohibiciones de enajenar, ni gravamen, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, incluyendo todos los bienes muebles que se reputen inmuebles por su destino, accesión o incorporación así como sus accesorios, sus usos, costumbres, entradas y salidas; mismo que se detalla a continuación:

30 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

PROPIETARIO:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

TIPO DE INMUEBLE:

Terreno

UBICACIÓN:

Barrio Piedra Grande, Sector Prado 2.

LINDEROS SEGÚN CERTIFICADO DE GRAVÁMENES:

POR EL NORTE: con la calle 20 de enero, en una extensión de 24.50 metros; POR EL SUR: con la propiedad del Club Oriente Petrolero, en una extensión de 26.50 metros; POR EL ESTE: con propiedad de la Asociación de Empleados Municipales, en una extensión de 25.00 metros; POR EL OESTE: con la calle sin nombre, en una extensión de 25.00 metros.

PROVINCIA:

Napo

CANTÓN:

Archidona

PARROQUIA:

Archidona

NÚMERO DE PREDIO:

12

CLAVE CATASTRAL:

01011810000000

ÁREA DE TERRENO:

683.534 m2 ( Según Avalúos) 637,50 m2 ( Según Escritura)

CÓDIGO GTD

112766

Artículo 2. Disponer que la Dirección de Legalización del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, coordine con el Ministerio de Inclusión Económica y Social los trámites legales, técnicos y administrativos que correspondan con el objeto de perfeccionar la transferencia de dominio del inmueble referido a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

Artículo 3. Disponer que el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, asuma los gastos que demande la presente transferencia de dominio, estableciéndose expresamente que estos actos jurídicos están exentos del pago de tributos, de conformidad con lo prevenido en los artículos 35 de la Codificación del Código Tributario; 534 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Artículo 4. Disponer que una vez que se perfeccione la transferencia de dominio, la Coordinación General Administrativa Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, suscriba la correspondiente acta entrega recepción y contabilice en los registros de la institución el inmueble recibido como activo de INMOBILIAR, de conformidad

con lo establecido en el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público.

Artículo 5. Disponer a la Dirección de Catastro de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, actualice e incorpore en su base de datos el inmueble antes descrito para mantener una información catastral de los bienes inmuebles que ingresen a INMOBILIAR.

Artículo 6. Notificar con el contenido de la presente Resolución al Ministerio de Inclusión Económica y Social, a efecto de que dicho Organismo viabilice eficazmente y a la brevedad posible el proceso de transferencia del inmueble objeto de esta Resolución, así como a la Subdirección de Administración de Bienes, la Subdirección Técnica Inmobiliaria; y, a la Coordinación General Administrativa y Financiera, para los fines consecuentes.

Artículo 7.- Disponer que se realicen las acciones necesarias para su publicación en el Registro Oficial, sin perjuicio de lo señalado, la presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción.

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 31

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción.

Dado y firmado en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de marzo de 2019.

f.) Abg. Hernán Alejandro Martínez Pérez, Subdirector de Gestión Legal de Bienes (S), Delegado del Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

No. 015-DPE-CGAJ-2019

Dra. Gina Morela Benavides Llerena DEFENSORA DEL PUEBLO ENCARGADA

Considerando:

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que; la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone que las instituciones del estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, y, tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 214 de la Constitución déla República en concordancia con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, establecen la autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa de la Defensoría del Pueblo;

Que, el artículo 215 de la Constitución de la República determina que la Defensoría del Pueblo tiene como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador, y, además ejercerá las atribuciones establecidas en la ley;

Que, el artículo 35 de la Constitución de la República, dispone que las personas con discapacidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado;

Que, el artículo 100 de la Ley Orgánica de Discapacidades otorga a la Defensoría del Pueblo, competencia para dictar medidas de protección de cumplimiento obligatorio en el sector público y privado;

Que, a través de la primera Disposición Reformatoria de la Ley Orgánica de Discapacidades, se incorporaron dos artículos, siguientes al artículo 24 de la ley Orgánica de la de la Defensoría del Pueblo, donde se le otorga a esta institución la competencia para ordenar medidas de protección para evitar o cesar la vulneración de derechos Constitucionales de personas y grupos de atención prioritaria, así como también determina las medidas de protección a ser aplicadas;

Que, en los artículos 102 al 113 de la Ley Orgánica de Discapacidades se ha previsto un procedimiento administrativo para que la autoridad administrativa, esto es, la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo, ejerza sus atribuciones y otorgue medidas de protección;

Que, el Defensor del Pueblo, mediante Resolución No. 046-DPE-CGAJ-2017 de 29 de junio de 2017, dictó las Reglas para el Trámite de Admisión, Conocimiento y Resolución de Peticiones de Medidas de Protección o de Cumplimiento Obligatorio de la Defensoría del Pueblo;

Que, revisado el contenido de la Resolución No. 046-DPE-CGAJ-2017 de 29 de junio de 2017, se concluye que las medidas de protección o de cumplimiento obligatorio a que se refiere esta norma reglamentaria, son aquellas que ya se encuentran previstas en la reforma realizada a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, por la Ley Orgánica de Discapacidades;

Que, por los considerandos expuestos se concluye que existen normas legales que regulan la aplicación de medidas de protección o de cumplimiento obligatorio, a favor de grupos de atención prioritaria, siendo éstas de mayor jerarquía que normas reglamentarias internas;

Que, de acuerdo con el artículo 8, literales a) y b) de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo ejerce la representación legal y la administración de la Defensoría del Pueblo, organiza la institución en todo el territorio nacional, para lo cual debe dictar los reglamentos y resoluciones que sean necesarias;

Que, el artículo 66 del Código Orgánico Administrativo faculta a los órganos administrativos delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión en otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes;

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Defensoría del Pueblo publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, 369 de 26 de noviembre de 2012 y reformado como consta en el Registro Oficial 113 de 6 de noviembre de 2017 entre los procesos agregadores de valor, incluye a la Dirección General Tutelar y a la Dirección Nacional de Atención Prioritaria y Libertades, esta última encargada de atender casos de grupos de atención prioritaria y derechos de libertad; y, que entre los procesos desconcentrados incluye las Coordinaciones Generales Defensoriales Zonales y las Delegacione Provinciales;

32 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

En uso de las atribuciones conferidas en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo,

Resuelve:

Artículo 1.- Derogar la Resolución No. 046-DPE-CGAJ-2017 de 29 de junio de 2017, en la que se resuelve expedir las reglas para el trámite de admisión, conocimiento y resolución de peticiones de medidas de protección o de cumplimiento obligatorio.

Artículo 2.- Delegar a la Dirección Nacional de Atención Prioritaria, a las Coordinaciones Generales Defensoriales Zonales y a las Delegaciones Provinciales, para que los titulares de estas áreas, ejerzan las atribuciones otorgadas a la Defensoría del Pueblo en el artículo 100 de la Ley Orgánica de Discapacidades, esto es, dictar medidas de protección en concordancia con los artículos innumerados siguientes al artículo 24 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, incorporados por disposición de la Ley Orgánica de Discapacidades, dentro del territorio que le corresponda ejercer su competencia.

Art. 3.- Los delegados, en el territorio que se le ha asignado ejercer su competencia, sustanciarán y resolverán el procedimiento administrativo para dictar medidas de protección conforme el trámite propio previsto en la Ley Orgánica de Discapacidades.

Art. 4.- De la ejecución de la presente Resolución que entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese la Dirección General Tutelar y la Dirección Nacional de Atención Prioritaria y Libertades, quienes emitirán las nuevas directrices y desarrollarán acciones encaminadas a generar competencias dentro de los equipos responsables del cumplimiento de estas atribuciones a nivel desconcentrado en las Delegaciones Provinciales y en las Coordinaciones Generales.

Dado en Quito, en el Despacho de la Defensora del Pueblo Encargada, a 04 de febrero de 2019.

f.) Dra. Gina Morela Benavides Llerena, Defensora del Pueblo Encargada.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO ECUADOR.- Estas copias son iguales al original que en 02 fs, reposan en el ARCHIVO de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y a las cuales me remito en caso necesario. LO CERTIFICO.-Quito a, 19 de marzo de 2018.- f.) Julio Zurita Yépez, Secretario General.

No. 021-DPE-DD-2019

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

DEL ECUADOR.

Considerando:

Que la Constitución de la República, en el artículo 57 numeral 7 reconoce el derecho a la consulta previa libre e informada de las comunas, comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas, los artículos 58 y 59 lo reconoce a los pueblos afro ecuatoriano y montubios, y en el artículo 398 dispone la realización de consultas previas a las comunidades en general por decisiones que puedan afectar al ambiente;

Que el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, establece que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda, y que esta desarrollado en el recientemente suscrito en Escazú, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que refuerza el contenido de los derechos constitucionalmente reconocidos, de acceso a la información, de participación y consulta, así como de justicia en materia ambiental, con mejores estándares en asuntos relacionados con el derecho a vivir en un ambiente y sano;

Que el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Ecuador, manda a que los estados consulten con los pueblos indígenas todas las decisiones administrativas y legislativas que pudieren afectar a estos y que esa consulta debe ser previa, de buena fe, con las organizaciones representativas de los pueblos consultados y orientada a conseguir el consentimiento de los mismos;

Que el artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, firmada por el Ecuador, ubica la consulta y el consentimiento previos, libres e informados, como un derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, que implica la libre determinación de su condición política y la libre determinación de su desarrollo económico, social y cultural;

Que dentro de los mecanismos de participación, el artículo 81 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, reconoce el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro ecuatoriano y montubio; y el artículo 82 prevé el derecho a la consulta ambiental, previa, amplia y oportuna a la comunidad, siendo el sujeto consultante, el Estado;

Que el Ecuador ha mantenido un déficit en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Convenio 169 que

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 33

se comprueba en las recomendaciones emitidas por la Organización Internacional del Trabajo, OIT en el año 2003;

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia en el caso Sarayaku vs Ecuador, dictada en el año 2012, condenó al Ecuador por violación de derechos del pueblo indígena de Sarayaku y dispuso, entre otras cosas, que en un plazo razonable, el Estado Ecuatoriano adopte las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha y hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas en el Ecuador y modificar aquellas que impidan su pleno y libre ejercicio, con la participación de las comunidades;

Que la sentencia No. 001-10-SIN-CC de 2010 de la Corte Constitucional, reconoció la especial relación de los pueblos indígenas con sus territorios como la consideración fundamental para el correcto entendimiento del deber estatal de consulta previa, libre e informada contemplado en el artículo 57, numeral 7; identificó una serie de criterios que deben ser cumplidos en todo proceso de consulta previa, libre e informada; y dispuso a la Asamblea Nacional que en el plazo de un año emitiera una ley de la materia bajo procedimientos de consulta pre-legislativa también establecidos en la sentencia.

Que el país aún no cuenta con una ley orgánica sobre esta materia, que regule la consulta previa, libre e informada, concertada en un proceso de consulta pre legislativa, como ha ordenado la Corte Constitucional en sentencia dictada en el año 2010, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante sentencia dictada en el año 2012, sin embargo la falta de ley no puede ser causa del incumplimiento del derecho a la consulta reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales/

Que según el artículo 215 de la Constitución de la República, la Defensoría del Pueblo tiene como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador, y el numeral 4, incluye funciones de ejercer y promover la vigilancia del debido proceso,

Que de acuerdo con el Estatuto Orgánico por Procesos, le corresponde a la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo, determinar las políticas institucionales, que permitan la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país;

Que la Defensoría del Pueblo debe establecer políticas para la protección del derecho a la consulta previa garantizado en el Constitución;

En uso de las atribuciones que le asigna la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y demás normativa aplicable;

Resuelve:

EXPEDIR: CRITERIOS PARA LA VIGILANCIA

DEL DEBIDO PROCESO EN LOS PROCESOS DE

CONSULTA PREVIA, LIBRE, INFORMADA DE

BUENA FE Y DE LA CONSULTA AMBIENTAL

Artículo 1.- Peticiones de Acceso a la Información.- La Defensoría del Pueblo hará las peticiones de acceso a la información en aquellos casos que considere necesario o en los relacionados, a los procedimientos de consulta en general como fuente para verificar los procedimientos.

Artículo 2.- Vigilancia del Debido Proceso.- La Defensoría del Pueblo, a través de la Dirección General Tutelar, realizará un informe de vigilancia al debido proceso de consulta previa, el mismo que tendrá informes parciales, en la fase preparatoria, durante la implementación y en la parte final, y serán entregados a la instancia administrativa que impulsa el proceso de consulta, al Ministerio de Ambiente de forma previa a la aprobación de la licencia ambiental para su consideración, y a los peticionarios.

Artículo. 3.- Proceso de Vigilancia al Debido Proceso.- La Defensoría del Pueblo hará la verificación del debido proceso de las consultas a petición de parte, bajo los siguientes criterios:

Para la fase preparatoria de la consulta:

Consulta previa sobre planes y programas de desarrollo que puedan impactar a comunidades, comunas, pueblos, nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias y otras.

Contexto y caracterización de la comunidad previo a los procesos de consulta, incluyendo la situación de cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales, de la Naturaleza y Colectivos e identificación de posibles conflictos preexistentes socio-ambientales-culturales en el área,

Existencia de normas y procedimientos propios en materia de las decisiones comunitarias.

Procesamiento e implementación de metodologías concertadas entre el Estado y las comunidades, las cuales en el caso de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, deberán ser culturalmente apropiadas y considerar los derechos específicos de los que son titulares,

Planificación y desarrollo de los procedimientos de consulta en tiempos razonables según la naturaleza del proyecto y las características culturales de las comunidades consultadas para que éstas puedan preparar una respuesta conforme a sus prácticas tradicionales y normas propias.

Realización de diálogos locales y nacionales con participación de organismos nacionales y locales de derechos humanos y de derechos de la naturaleza.

34 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

Se verificará además que los procedimientos y documentos generados tengan adecuada publicidad, claridad e información completa.

Para fase de implementación:

Identificación de posibles ofertas y negociaciones basadas en la realización de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales, de la Naturaleza y Colectivos a cambio de impulsar, desarrollar o concluir las consultas o concluir con el consentimiento o el acuerdo.

Identificación de posibles mecanismos de presión, chantaje, dádiva o criminalización de líderes y lideresas indígenas, afroecuatorianos, montubios u otras comunidades en contextos de oposición a la adopción de medidas administrativas en sus tierras y territorios

Verificación de la participación de mujeres, jóvenes y autoridades espirituales, sabedores y sabedoras de los pueblos y comunidades.

Verificación de la existencia y respeto los acompañantes técnicos independientes al Estado que contribuyan a identificar las repercusiones de la actividad para los pueblos, comunidades y naturaleza en la consulta para que coadyuven en el procesamiento y comprensión de la información suministrada, actúen en la vigilancia o veeduría del derecho a la consulta.

Identificación de posibles formas de afectación a la cohesión comunitaria como medio para viabilizar las negociaciones.

Verificación de que la información entregada es adecuada y completa sobre la propuesta y el proceso y que hay la necesaria y suficiente comprensión sobre la misma para tomar una decisión debidamente informada.

Procedimiento de las decisiones/acuerdos: condensado en un informe de vigilancia.

Verificación de los acuerdos sobre acceso a la información y grado de satisfacción de las comunidades en materia de información.

Verificación de la incorporación de las visiones de mujeres, jóvenes y autoridades tradicionales y espirituales, sabedores y sabedoras de los pueblos y comunidades en los escenarios de concertación y consulta.

Verificación de que se implementaron mecanismos de participación adecuados a las personas y su formas culturales.

Verificación de que existieron medidas judiciales y administrativas interculturales para procesar las preocupaciones y quejas en relación a las consultas.

Artículo 4.- Informe anual.- La Defensoría del Pueblo, a través de la Dirección de Investigación e ¿Incidencia

en Políticas Públicas realizará un informe anual sobre el cumplimiento del derecho a la consulta, tanto con la información de los procesos acompañados desde la Defensoría del Pueblo, como con la información otorgada por las instancias administrativas que realizaron los procesos de consulta, este informe se presentará junto al proceso de rendición de cuentas anual.

Artículo 5.- Contenido del Informe anual.- El informe previsto en el artículo precedente incluirá los siguientes elementos:

1. Existencia de normas que reconocen el carácter previo, libre, informado, culturalmente apropiado y de buena fe como un atributo fundamental para la satisfacción del derecho a la consulta
2. Existencia de instituciones del Estado que tengan la competencia legal de promover e implementar procesos de consulta previa, libre e informada.
3. Existencia de políticas públicas sobre consulta en tanto mecanismo de participación social, que permiten la participación activa de las comunidades en los temas que les interesan
4. Existencia de procedimientos claros y concertados con las comunidades para la consulta.

El informe presentará los resultados del cumplimiento de derechos a la consulta, así como recomendaciones y exhortos incluyendo:

1. Número de consultas y actos de concertación que se realizaron sin reclamaciones
2. Porcentaje de consultas que terminan con un acuerdo o el otorgamiento del consentimiento en comparación con las que terminan con una decisión unilateral del Estado y con las que concluyen con la anulación del proyecto.
3. Informes de veedores y observadores de organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza.
4. Recomendaciones y exhortos

Dado en Quito a los 20 días del mes de febrero de 2019.

f.) Dra. Gina Benavides Llerena, Defensora del Pueblo Encargada.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO ECUADOR.- Estas copias son iguales al original que en 03 fs. reposan en el ARCHIVO de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y a las cuales me remito en caso necesario. LO CERTIFICO.-Quito a, 19 de marzo de 2018.- f.) Julio Zurita Yépez, Secretario General.

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 35

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

No. SB-IRC-2017-53

Ab. Carmen Lucía Carrasco INTENDENTE REGIONAL DE CUENCA

Considerando:

Que el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los peritos valuadores;

Que la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso;

Que el artículo 4, del capítulo IV «Normas para la calificación y registro de peritos avaluadores», del título XXI «De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros», del libro I «Normas generales para las Instituciones del Sistema Financiero» de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y de la Junta Bancaria, establece los requisitos para la calificación de los peritos avaluadores;

Que con resolución No. SBS-INJ-2010-628 de 27 de septiembre de 2010, el señor Miguel Marcelo Vásquez Jadan, fue calificado para ejercer el cargo de perito avaluador de bienes inmuebles en las instituciones del sistema financiero; calificación que se dejó sin efecto mediante resolución No. SBS-INJ-DNJ-2013-448 de 21 de junio de 2013.

Que el señor Miguel Marcelo Vásquez Jadan, mediante comunicaciones ingresadas en este Organismo de control, el 18 de abril y el 9 y 24 de mayo de 2017, presenta y completa la documentación requerida para calificarse como perito valuador de bienes inmuebles de las entidades que se encuentran controladas por la Superintendencia de Bancos.

Que con memorando No. SB-IRC-2017-0186-M de 31 de mayo de 2017, se señala que, el señor Miguel Marcelo Vásquez Jadan, cumple con los requisitos establecidos en la norma citada; y a la presente fecha, no se halla en mora como deudor directo o indirecto y no registra cheques protestados ni cuentas corrientes cerradas, por lo que se ha emitido informe favorable para el cambio de calificación;

y.

En ejercicio de la delegación de atribuciones conferida por el señor Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2015-151 de 2 de marzo de 2015,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al señor Miguel Marcelo Vásquez Jadan portador de la cédula de ciudadanía No. 0101595395, para que pueda desempeñarse como perito valuador de bienes inmuebles, en las instituciones que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

ARTÍCULO 3.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de peritos valuadores, se le mantenga el número de registro No. PA-2010-1242 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Cuenca, a los treinta y un días de mayo del año dos mil diecisiete.

f.) Ab. Carmen Lucía Carrasco, Intendente Regional de Cuenca.

LO CERTIFICO.- Cuenca, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.

f.) Ab. Verónica Herrera Jaramillo, Secretaria AD-HOC.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA.- CERTIFICO: Que es fiel copia del original.- Cuenca, 19-02-2019.- f.) Ilegible.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

No. SB-HÍC-2017-56

Ab. Carmen Lucía Carrasco INTENDENTE REGIONAL DE CUENCA

Considerando:

Que el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los peritos valuadores;

Que la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone que las resoluciones

36 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

que constan en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso;

Que el artículo 4, del capítulo IV «Normas para la calificación y registro de peritos avaluadores», del título XXI «De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros», del libro I «Normas generales para las Instituciones del Sistema Financiero» de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y de la Junta Bancaria, establece los requisitos para la calificación de los peritos avaluadores;

Que el ingeniero Carlos Alberto Sigüencia Heras, mediante comunicaciones ingresadas en este Organismo de control, de 6 y 30 de junio de 2017, presenta y completa la documentación, con la finalidad de obtener la calificación como perito valuador de bienes inmuebles de las instituciones financieras controladas por la Superintendencia de Bancos;

Que a la presente fecha, el ingeniero Carlos Alberto Sigüencia Heras, no se halla en mora como deudor directo o indirecto y no registra cheques protestados ni cuentas corrientes cerradas;

Que mediante memorando No. SB-IRC-2017-0243-M de 10 de julio 2017, se ha emitido informe favorable para la calificación del ingeniero Carlos Alberto Sigüencia Heras;

y.

En ejercicio de la delegación de atribuciones conferida por el señor Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2015-151 de 2 de marzo de 2015,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero Carlos Alberto Sigüencia Heras, portador de la cédula de ciudadanía No. 010301443-7, para que pueda desempeñarse como Perito Valuador de Bienes Inmuebles, en las instituciones que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de peritos valuadores, se le asigne el número de registro No. P VC-2017-1850 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Cuenca, el diez de julio de dos mil diecisiete.

f.) Ab. Carmen Lucía Carrasco, Intendente Regional de Cuenca.

LO CERTIFICO.- Cuenca, diez de julio de dos mil diecisiete.

f.) Ab. Verónica Herrera Jaramillo, Secretaria AD-HOC.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.-INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA.- CERTIFICO: Que es fiel copia del original.- Cuenca, 19-02-2019.- f.) Ilegible.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

No. SB-IRC-2017-74

Ab. Carmen Lucía Carrasco INTENDENTE REGIONAL DE CUENCA

Considerando:

Que la ingeniera Elena del Carmen Álvarez León, mediante comunicación ingresada en este Organismo de control, presenta la documentación, con la finalidad de obtener la calificación como perito valuador de Bienes Inmuebles de las instituciones financieras controladas por la Superintendencia de Bancos;

Que el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los peritos valuadores;

Que el último inciso del artículo 62 de Código Orgánico Monetario y Financiero, establece que Superintendencia de Bancos podrá expedir las normas en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales ni regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

Que mediante resolución No. SB-2017-810 de veinte de septiembre de 2017, se aprobó la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos;

Que el literal b del artículo 4, del capítulo IV «Normas para la calificación y registro de peritos valuadores», del título XVII «De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos», del libro I «Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado» de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, establece los requisitos para la calificación de los peritos valuadores;

Que mediante memorando No. SB-IRC-2017-0358-M de 2 de octubre 2017, se señala que la ingeniera Elena

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 37

del Carmen Álvarez León cumple con los requisitos establecidos en la norma citada en el considerando precedente; y a la fecha, no se halla en mora como deudor directo o indirecto y no registra cheques protestados ni cuentas corrientes cerradas; y,

En ejercicio de la delegación de atribuciones conferida por el señor Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2015-151 de 2 de marzo de 2015,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR a la ingeniera Elena del Carmen Álvarez León, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0703748509, para que pueda desempeñarse como Perito Valuador de Bienes Inmuebles, en las instituciones que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de peritos valuadores, se le asigne el número de registro No. P VC-2017-1867 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Cuenca, el dos de octubre de dos mil diecisiete.

f.) Ab. Carmen Lucía Carrasco, Intendente Regional de Cuenca.

LO CERTIFICO.- Cuenca, dos de octubre de dos mil diecisiete.

f)Ab. Verónica Herrera Jaramillo, Secretaria AD-HOC.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS. – INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA.- CERTIFICO: Que es fiel copia del original.- Cuenca, 3-10-2017.- f.) Ilegible.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

No. SB-IRC-2017-93

Ab. Carmen Lucía Carrasco INTENDENTE REGIONAL DE CUENCA

Considerando:

Que el ingeniero Carlos Daniel Vélez Jara, mediante comunicaciones ingresadas en este Organismo de control, presenta y completa la documentación, con la finalidad

de obtener la calificación como perito valuador de Bienes Inmuebles de las instituciones financieras controladas por la Superintendencia de Bancos;

Que el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los peritos valuadores;

Que el último inciso del artículo 62 de Código Orgánico Monetario y Financiero, establece que Superintendencia de Bancos podrá expedir las normas en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales ni regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

Que mediante resolución No. SB-2017-810 de veinte de septiembre de 2017, se aprobó la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos;

Que el literal b del artículo 4, del capítulo IV «Normas para la calificación y registro de peritos valuadores», del título XVII «De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos», del libro I «Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado» de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, establece los requisitos para la calificación de los peritos valuadores;

Que mediante memorando No. SB-IRC-2017-527-M de 27 de diciembre 2017, se señala que el ingeniero Carlos Daniel Vélez Jara, cumple con los requisitos establecidos en la norma citada en el considerando precedente; y a la fecha, no se halla en mora como deudor directo o indirecto y no registra cheques protestados ni cuentas corrientes cerradas; y,

En ejercicio de la delegación de atribuciones conferida por el señor Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2015-151 de 2 de marzo de 2015,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero Carlos Daniel Vélez Jara, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1400519268, para que pueda desempeñarse como Perito Valuador de Bienes Inmuebles, en las instituciones que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de peritos valuadores, se le asigne el número de registro No. PVC-2017-1887 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

38 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL

REGISTRO OFICIAL- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Cuenca, el veinte y siete de diciembre de dos mil diecisiete.

f.) Ab. Carmen Lucía Carrasco, Intendente Regional de Cuenca.

LO CERTIFICO.- Cuenca, veinte y siete de diciembre de dos mil diecisiete.

f.)Ab. Verónica Herrera Jaramillo, Secretaria AD-HOC.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS. – INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA.- CERTIFICO: Que es fiel copia del original.- Cuenca, 28-12-2017.- f.) Ilegible.

No. SCPM-DS-2019-06

Danilo Sylva Pazmiño

SUPERINTENDENTE DE CONTROL

DEL PODER DE MERCADO

Considerando:

Que el artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador, en el número 5 dispone que: «Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice la salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. «

Que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado fue creada mediante la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 555 de 13 de octubre de 2011, como un organismo técnico de control, con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa;

Que el artículo 44 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, señala que «Son atribuciones y deberes del Superintendente, además de los determinados en la ley: (…) 11. Dirigir y supervisar la gestión administrativa, de recursos humanos, presupuestaria y financiera de la Superintendencia. (…) 16. Expedir resoluciones de carácter general, guías y normas internas para su correcto funcionamiento. (…) «;

Que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público, letra 1) señala como uno de los derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: «Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. «;

Que el artículo 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público señala como atribuciones y responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento Humano: «a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamento general y las resoluciones del Ministerio del Trabajo, en el ámbito de su competencia; b) Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de gestión del talento humano (…)»‘,

Que el artículo 228 del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, señala: «Las instituciones asegurarán a las y los servidores públicos el derecho a prestar sus servicios en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud ocupacional, comprendida ésta como la protección y el mejoramiento de la salud física, mental, social y espiritual, para lo cual el Estado a través de las máximas autoridades de las instituciones estatales, desarrollando programas integrales. Para este fin las instituciones contemplarán en sus respectivos presupuestos los recursos materiales y financieros necesarios. Por su parte las y los servidores públicos deben cumplir con las acciones de prevención y protección previstas y los programas que se establezcan»;

Que, el artículo 229 del Reglamento ibídem señala que: «Las instituciones que se encuentran comprendidas en el ámbito de la LOSEP deberán implementar un plan de salud ocupacional integral que tendrá carácter esencialmente preventivo y de conformación multidisciplinaria; este servicio estará integrado por los siguientes elementos: a) Medicina preventiva y del trabajo, b) Higiene ocupacional, c) Seguridad ocupacional, d) Bienestar social (…) «;

Que el artículo 232 del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, señala: «Las instituciones que se encuentran en el ámbito de la LOSEP, deberán elaborar y ejecutar en forma obligatoria el Plan Integral de Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos, que comprenderá las causas y control de riesgos en el trabajo, el desarrollo de programas de inducción y entrenamiento para prevención de accidentes, elaboración y estadísticas de accidentes de trabajo, análisis de causas de accidentes de trabajo e inspección y comprobación de buen funcionamiento de equipos, que será registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales»;

Que el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado señala como atribuciones de la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano: «i) Elaborar e implementar políticas, normas, reglamentos para el manejo del subsistema de seguridad, bienestar y salud ocupacional,» estableciendo como un producto de la gestión de seguridad, salud ocupacional y bienestar social: «i. Reglamento de seguridad y salud ocupacional y actualizaciones»;

Que el 06 de noviembre de 2018, la Asamblea Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y de Acuerdo a la Resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social No. PLE-CPCCS-T-O-163-23-10-2018, de 23 de octubre de 2018, según fe de erratas de 05 de noviembre de 2018,

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 39

posesiona al Dr. Danilo Ivanob Sylva Pazmiño como Superintendente de Control del Poder de Mercado;

Que mediante memorando No. SCPM-IGG-TNAF-2019-026-M, de 23 de enero de 2019, el Intendente Nacional Administrativo Financiero, remitió al Intendente General de Gestión, el formulario de normativa interna y el borrador de la resolución de Política de Seguridad y Salud Ocupacional, para su autorización y posterior elaboración por parte de la Intendencia Nacional Jurídica;

Que mediante disposición inserta en el Sistema Integral de Gestión Documental, SIGDO, ID 123475 de 28 de enero de 2019, el Intendente General de Gestión señala: «Por favor elaborar el proyecto de resolución. «, en relación a la resolución de Política de Seguridad y Salud Ocupacional;

Que es necesario emitir una Política de Seguridad y Salud Ocupacional mediante la cual se garantice la seguridad de los servidores en un ambiente laboral adecuado y sirva de base para la elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado; y,

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 16 del Art. 44 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado,

Resuelve:

EXPEDIR LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO DE LA

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER

DE MERCADO

Artículo 1.- Establecer como Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado las siguientes:

1. La Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, se inserta dentro de los lineamientos generales de la Institución, comprometida en formular una gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, en un marco eficaz y eficiente, apoyando el aprendizaje continuo, el bienestar socio laboral, previniendo y mitigando los riesgos laborales, las posibles afectaciones y promoviendo la seguridad en las actividades;
2. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, se compromete a dar cumplimiento a la normativa legal inherente al campo de la Seguridad y Salud Ocupacional;
3. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, fomentará una cultura de prevención en materia de Seguridad y Salud Ocupacional a sus servidores, proveedores, contratistas y usuarios;
4. La Política de Seguridad y Salud Ocupacional, será susceptible de revisión periódica y mejora continua.

Artículo 2.- La Política de Seguridad y Salud Ocupacional es de cumplimiento obligatorio para todos los servidores

que laboren bajo cualquier modalidad a escala nacional en la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- De la ejecución de la presente Resolución encárguese a la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano.

SEGUNDA.- Encárguese a la Secretaria General de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, la difusión de la presente Resolución.

TERCERA.- Publíquese la presente Resolución en la Intranet y Página WEB de la Institución.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público; a los artículos 228, 229, 232 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público y Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano en el plazo de 90 días, deberá elaborar el Plan Integral de Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos; y, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional; así como gestionar su aprobación y registro en el Ministerio de Trabajo.

Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el 06 de febrero de 2019.

f.) Danilo Sylva Pazmiño, Superintendente de Control del Poder de Mercado.

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO.- SECRETARIA GENERAL.- Es fiel copia del documento que reposa en el Archivo General de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.- Lo certifico.- f.) Ilegible.- Fecha: 25 de marzo de 2019.

No. SCPM-DS-2019-07

Danilo Sylva Pazmiño

SUPERINTENDENTE DE CONTROL

DEL PODER DE MERCADO

Considerando:

Que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado fue creada mediante la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, publicada en el Registro

40 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

Oficial Suplemento No. 555, de 13 octubre de 2011, como un órgano técnico de control, con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa;

Que el artículo 44 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado señala: «Son atribuciones y deberes del Superintendente, además de los determinados en esta Ley: (…) 8. Nombrar al personal necesario de acuerdo con la ley, para el desempeño de las funciones de la Superintendencia. (…) 16. Expedir resoluciones de carácter general, guías y normas internas para su correcto funcionamiento. (…)»‘,

Que la Resolución No. SCPM-2013-027, de 30 de abril de 2013, mediante la cual se expidió el Reglamento Interno de la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, señala: «Art. l.-La Comisión se integrará por tres Comisionados los cuales serán designados por el Superintendente de Control del Poder de Mercado. Art. 2.-La Comisión será dirigida por su presidente, el cual será designado entre sus miembros por el Superintendente de Control del Poder de Mercado. Junto con la designación del presidente se elegirá a un presidente subrogante para que actúe ante la ausencia del presidente titular. La Comisión contará con un secretario nombrado por el Superintendente de Control de Poder de Mercado, ante la falta de este la Comisión en pleno designará un secretario ad-hoc. «;

Que el 06 de noviembre de 2018, la Asamblea Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y de acuerdo a la Resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social No. PLE-CPCCS-T-O-163-23-10-2018, de 23 de octubre de 2018, según fe de erratas, de 05 de noviembre de 2018, posesiona al Dr. Danilo Sylva Pazmiño como Superintendente de Control del Poder de Mercado;

Que es necesario definir la forma en que la máxima autoridad institucional conformará la Comisión de Resolución de Primera Instancia;

En ejercicio de la atribuciones que le confieren los números 8 y 16 del artículo 44 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado,

Resuelve:

REFORMAR LA RESOLUCIÓN No. SCPM-2013-027, DE 30 DE ABRIL DE 2013, MEDIANTE

LA CUAL SE EXPIDIÓ EL REGLAMENTO

INTERNO DE LA COMISIÓN DE RESOLUCIÓN

DE PRIMERA INSTANCIA DE LA

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER

DE MERCADO

Artículo 1.- Reformar el Art. 2, por el siguiente:

‘Art. 2. – La Comisión será dirigida por su Presidente, el cual será designado entre sus miembros por el Superintendente de Control del Poder de Mercado. En

caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente, el Superintendente designará a su reemplazo el cual actuará en ausencia del presidente titular. «;

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Encargar la ejecución de esta Resolución a la Comisión de Resolución de Primera Instancia, Intendencia Nacional Administrativa Financiera y a la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano.

SEGUNDA.- Encárguese de la difusión de la presente Resolución a la Secretaría General.

TERCERA.- Publíquese en la página Web institucional.

Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 11 de febrero de 2019.

f.) Danilo Sylva Pazmiño, Superintendente de Control del Poder de Mercado.

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO.- SECRETARIA GENERAL.- Es fiel copia del documento que reposa en el Archivo General de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.- Lo certifico.- f.) Ilegible.- Fecha: 25 de marzo de 2019.

No. SCPM-DS-2019-09

Danilo Sylva Pazmiño

SUPERINTENDENTE DE

CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Considerando:

Que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado fue creada mediante la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 555, de 13 octubre de 2011, como un órgano técnico de control, con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa;

Que el artículo 44 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado señala: «Son atribuciones y deberes del Superintendente, además de los determinados en esta Ley: (…) 8. Nombrar al personal necesario de acuerdo con la ley, para el desempeño de las funciones de la Superintendencia. (…) 16. Expedir resoluciones de carácter general, guías y normas internas para su correcto funcionamiento. (…)»‘,

Registro Oficial N° 465 Miércoles 10 de abril de 2019 – 41

Que la Resolución No. SCPM-2013-027, de 30 de abril de 2013, mediante la cual se expidió el Reglamento Interno de la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, señala: «Art. l.-La Comisión se integrará por tres Comisionados los cuales serán designados por el Superintendente de Control del Poder de Mercado. Art. 2.- La Comisión será dirigida por su Presidente, el cual será designado entre sus miembros por el Superintendente de Control del Poder de Mercado. Junto con la designación del presidente se elegirá a un presidente subrogante para que actúe ante la ausencia del presidente titular (…)»‘,

Que mediante Resolución No. SCPM-DS-025-2016, de 31 de marzo de 2016 se designó a los miembros de la Comisión de Resolución de Primera Instancia;

Que el 06 de noviembre de 2018, la Asamblea Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y de acuerdo a la Resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social No. PLE-CPCCS-T-O-163-23-10-2018, de 23 de octubre de 2018, según fe de erratas, de 05 de noviembre de 2018, posesiona al Dr. Danilo Sylva Pazmiño como Superintendente de Control del Poder de Mercado;

Que la Resolución SCPM-DS-2019-07, de 11 de febrero de 2019, reformó la Resolución No. SCPM-2013-027, de 30 de abril de 2013, mediante la cual se expidió el Reglamento Interno de la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en lo siguiente: «Artículo 1.- Reformar el Art. 2, por el siguiente: «Art. 2.- La Comisión será dirigida por su Presidente, el cual será designado entre sus miembros por el Superintendente de Control del Poder de Mercado. En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente, el Superintendente designará a su reemplazo el cual actuará en ausencia del presidente titular»;

Que mediante memorando No. SCPM-2019-024-M, de 12 de febrero de 2019, el Superintendente de Control del Poder de Mercado, dispuso a la Intendencia Nacional Jurídica, elabore la Resolución correspondiente con la finalidad de que a partir del 12 de febrero de 2019, se conforme la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la siguiente manera: Presidente: Dr. Oswaldo Ramón, Comisionado: Dr. Marcelo Ortega, Comisionado: Dr. Agapito Valdez;

Que con la finalidad de mantener el correcto funcionamiento y gestión de la Comisión de Resolución de Primera Instancia, es necesario designar a los miembros de la misma.

En ejercicio de la atribuciones que le confieren los números 8 y 16 del Art. 44 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de mercado,

Resuelve:

Artículo 1.- Designar como miembros de la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado a los siguientes servidores:

Dr. Oswaldo Ramón Moncayo; Dr. Marcelo Ortega Rodríguez; y, Dr. Agapito Valdez Quiñonez.

Artículo 2.- Designar al doctor Oswaldo Ramón Moncayo, como Presidente de la Comisión de Resolución de Primera Instancia.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Encargar la ejecución de esta Resolución a la Intendencia Nacional Administrativa Financiera y a la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano.

SEGUNDA.- Encárguese de la difusión de la presente Resolución a la Secretaría General.

CUARTA.- Publíquese en la página Web institucional.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA: Deróguese la Resolución No. SCPM-DS-025-2016, de 31 de marzo de 2016.

Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 12 de febrero de 2019.

f.) Danilo Sylva Pazmiño, Superintendente de Control del Poder de Mercado.

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO.- SECRETARIA GENERAL.- Es fiel copia del documento que reposa en el Archivo General de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.- Lo certifico.- f.) Ilegible.- Fecha: 25 de marzo de 2019.

No. 022-2019

EL CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador en sus arts. 3 numeral 7, 14 y 66 numeral 27, establecen que es uno de los deberes primordiales del Estado, el de proteger el patrimonio natural y cultural del país; reconociendo el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay; así como el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armoní con la naturaleza.

42 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

Que el Artículo 12 de la Constitución de la República prescribe que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida;

Que el Artículo 71 inciso primero de la Constitución de la República señala que la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos;

Que el Artículo 73 inciso primero de la Constitución de la República reconoce los derechos de la naturaleza, al establecer que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales;

Que el Artículo 264 numeral 2 de la Constitución de la República, establece que una de las competencias exclusivas de los gobiernos municipales es la de ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

Que el Artículo 395 numeral 1 de la Constitución de la República señala que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras;

Que el Artículo 406 de la Constitución de la República establece que el Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros.

Que el Artículo 409 inciso primero de la Constitución de la República establece que es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión;

Que el Artículo 414 de la Constitución de la República dispone que el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo;

Que el Artículo 4 literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) como fines de los gobiernos autónomos

descentralizados, establece que: «(…) d). La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable»;

Que el Artículo 54 literales a) y k) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) como funciones de los gobiernos autónomos descentralizados, establece que: » a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial.

Que el Artículo 55 literal h) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) como Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados, establece que: a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; h). Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.

Que de acuerdo a lo establecido en el art. 225 de la Constitución de la República las entidades que componen el régimen descentralizado pertenecen al sector público o estatal, y de acuerdo al art. 238 del mismo cuerpo constitucional, constituyen gobiernos autónomos descentralizados entre otros los Concejos Municipales, los cuales en el ámbito de su competencia de acuerdo al artículo 240 de la Constitución tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

Que el Artículo 27 del Código Orgánico Ambiental reconoce a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales en materia ambiental en el marco de sus competencias ambientales exclusivas y concurrentes, el ejercicio de las facultades en concordancia con las políticas y normas emitidas por los Gobiernos Autónomos Provinciales y la Autoridad Ambiental Nacional: 1.- Dictar la política pública ambiental local; 14.- Insertar criterios de cambio climático en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación cantonal de manera articulada con la planificación provincial y las políticas nacionales;

Que mediante resolución 005-CNC-2014 publicada en el Registro Oficial del 13 de ener de 2015, el Consejo

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Nacional de Competencias expidió la regulación para el ejercicio de las competencias de gestión ambiental a favor de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos, municipales y parroquiales rurales,

Que en oficio No. 974-DGA-MPM del 22 de octubre de 2018, el Ing. Luis Catucuago, Director de Gestión Ambiental, dice: «Como es de su conocimiento, desde la perspectiva de la sustentabilidad ambiental, el GAD-MPM impulsa el propósito de conservar los recursos naturales del cantón, asegurando así la provisión de los servicios ambientales para la ciudadanía Pedromoncayense, es por ello que: en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Ordenamiento y Desarrollo del cantón Pedro Moncayo, se ha desarrollado un proceso participativo para la creación del área de conservación y uso sustentable municipal Mojando del cantón Pedro Moncayo»;

Que en Informe No. 005 SM-GADMPM-2019 del 22 de enero del 2019, el Doctor Rolando Laguna, Procurador Síndico Municipal, en el segundo inciso de sus conclusiones, dice: «(…) Tanto la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, así como el Código Orgánico del Ambiente, garantizan la protección de áreas sustentables, por lo que, el proyecto de ordenanza, se encuentra ajustada a la normativa legal vigente y en consecuencia el informe al presente trámite es favorable, a fin de que se dé el trámite que la ley contempla «;

Que en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, celebrado el 24 de enero del 2019, dentro del Quinto Punto del Orden del día, con 5 votos a favor, resuelven aprobar en Primer debate el Proyecto de ORDENANZA QUE CREA EL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE MUNICIPAL «MOJANDA»;

Que mediante Informe 01 RN GADM-PM del 7 de febrero del 2019, la Comisión de Recursos Naturales, firmado por los señores concejales Arturo Guasgua, Presidente de la Comisión; e, Isabel Cabascango, vocal de la Comisión, sugieren: «Se remita el expediente a la Alcaldía, a fin de que se considere dentro del orden del día de la próxima reunión del Concejo Municipal el segundo debate del proyecto de Ordenanza»; y,

En uso de las atribuciones constitucionales y legales de que se encuentra investido el Concejo Municipal:

Expide:

LA ORDENANZA QUE CREA EL ÁREA DE

CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE

MUNICIPAL «MOJANDA».

CAPÍTULO I

Objetivos y ámbito de aplicación

Art. 1.- Objetivo.- Declarar el sector denominado «Zona Lacustre Mojanda» como área de conservación y uso sustentable municipal, orientada a proteger, conservar y restaurar ecosistemas frágiles y amenazados

y prioritariamente aquellos espacios de importancia ecológica asociados al recurso hídrico.

Art. 2.- Ámbito de Aplicación.- Esta ordenanza se aplicará en el territorio que comprende el Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal denominado «Mojanda», que se encuentra delimitada en el Art. 4 de la presente ordenanza, dentro de la jurisdicción del cantón Pedro Moncayo y sus parroquias.

CAPITULO II

Creación del Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal

Art. 3.- Créase el Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal (ACUS) «Mojanda» en el sector denominado «Zona Lacustre Mojanda», ubicada en las parroquias: Tabacundo, Tupigachi, Malchinguí, La Esperanza y Tocachi, cantón Pedro Moncayo en la jurisdicción de la provincia de Pichincha.

Art. 4.- Los límites del Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal «Mojanda» son singularizados a través del respectivo Mapa e Informe de Linderación que constan en el Anexo 1 y 2 respectivamente, en la presente Ordenanza.

Art. 5.- El Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal «Mojanda», tiene una superficie de 6 094, 38 hectáreas.

Art. 6.- La presente declaratoria reconoce en forma general, los derechos originados en títulos de propiedad y los derechos adquiridos por posesión, sin embargo, establece limitaciones al derecho de dominio, en lo referente al uso de los recursos naturales existentes en el territorio comprendido dentro de los límites del Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal, especialmente los cuerpos hídricos relacionados a la Zona Lacustre Mojanda, se atendrán a lo dispuesto en esta ordenanza, a las leyes respectivas de la materia y al régimen comunitario sí fuese pertinente legalmente.

Art. 7.- Existirá una zona de amortiguamiento que será definida en el Plan de manejo cuya función es minimizar y evitar la presión e impactos negativos de actividades de desarrollo de la población colindante al ACUS Municipal de Pedro Moncayo.

CAPÍTULO III

Administración y Manejo

Art. 8.- Para su manejo y administración el área se sujetará a la categoría de manejo de Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal.

Art. 9.- En el ACUS Municipal objeto de esta ordenanza, las modalidades de uso y manejo de los recursos naturales estarán orientadas a:

a) Adoptar prácticas de conservación, uso y manejo sustentable de los ecosistemas y recursos naturales existentes especialmente en lo relativo a la fauna

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y flora nativa y al sistema lacustre, de manera que aporten al mantenimiento de la viabilidad ecológica, la funcionalidad hídrica, así como a la generación de bienes y servicios ambientales para las comunidades involucradas y la protección de muestras significativas del patrimonio natural del cantón;

2. Generar un modelo de desarrollo equitativo y ecológicamente sustentable que procuré la cogestión comunitaria, además de recuperar saberes y prácticas ancestrales, así como la incorporación de formas de trabajo con la tierra de manera orgánica, manejo de especies nativas, aprovechamiento de productos no maderables y sistemas de producción que aumenten la diversidad de cultivos, sin afectar la integridad de los ecosistemas; y,
3. Usar sustentablemente los recursos naturales en las actividades de producción, manejo, agregación de valor y comercialización con principios de buenas prácticas ambientales y comercio justo. Todo esto con el fortalecimiento de capacidades locales.

Art. 10.- Las actividades relacionadas con la gestión, administración y manejo del Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal serán potestad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Moncayo en cogestión y corresponsabilidad con las comunidades e instancias locales.

Art. 11.- En los espacios territoriales del Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal, cuyo dominio pertenezca a personas naturales y/o jurídicas, los legítimos propietarios podrán seguir ejercitando sus derechos, al igual que la administración y manejo de sus correspondientes propiedades, con las regulaciones de uso que se establezcan en el Plan de Manejo para la conservación del ACUS.

Art. 12.- Los legítimos propietarios de predios al interior del ACUS, seguirán conservando el dominio de sus propiedades, las cuales podrán ser vendidas sin fraccionarlas. La transferencia de dominio se realizará con las regulaciones de dominio, acceso, uso y aprovechamiento establecidas en esta ordenanza y en el Plan de manejo que se realice para su gestión y manejo.

Art. 13.- Mediante la figura del Comité de Gestión Ambiental Municipal, se podrá sumar esfuerzos y recursos entre los diversos actores involucrados con el ACUS Municipal, con el fin de aportar en su administración, gestión y manejo de manera mancomunada, el mismo estará conformado por personas naturales y jurídicas, públicas, comunitarias y privadas.

Art. 14.- Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ordenanza y la gestión del ACUS Municipal y para el ejercicio de las competencias municipales en esta materia, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Moncayo designa a su Dirección de Gestión Ambiental como responsable del mismo, la cual formulará los correspondientes estudios de alternativas de manejo del ACUS Municipal.

Art. 15.- Una vez definida las alternativas de manejo a implementarse, la Dirección de Gestión Ambiental del GAD de Pedro Moncayo elaborará y emitirá el correspondiente Plan de Manejo, que de ser el caso podría aprobarse ante el Ministerio del Ambiente. Este instrumento previa emisión será socializado y validado con la participación de los miembros del Comité de Gestión, comunidades y otros actores del ACUS.

Art. 16.- El plan de manejo elaborado y aprobado constituye la herramienta técnica operativa del ACUS Municipal, que necesariamente deberá contener, entre otros aspectos, los siguientes:

1. Actividades permitidas de conformidad a la zonificación establecida en el espacio territorial del ACUS Municipal;
2. Actividades no permitidas por la naturaleza del ACUS Municipal;
3. Limitaciones de uso de los predios de propiedad o posesión privada ubicados dentro del ACUS Municipal; y,
4. Programas y proyectos, para el cumplimiento de los objetivos de manejo del ACUS Municipal y de la presente Ordenanza.

Art. 17. – El plan de manejo será actualizado de conformidad a las necesidades operativas y a las recomendaciones técnicas, acogiéndose a la normativa ambiental vigente.

Art. 18.- Lo previsto en el plan de manejo del ACUS Municipal será vinculante y por lo tanto de cumplimiento obligatorio para toda persona natural y jurídica dentro de la jurisdicción del cantón Pedro Moncayo. En caso de irrespeto, inobservancia o vulneración por acción u omisión de las actividades prohibidas en el plan de manejo, se considerará como infracción a la presente ordenanza y se aplicará el procedimiento administrativo sancionador establecido desde el artículo 395 al artículo 403 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sin perjuicio de iniciar las acciones civiles y penales y administrativas a las que hubiere lugar.

Art. 19.- El plan de manejo del ACUS Municipal identificará, priorizará y determinará zonas de uso y ocupación del suelo con fines de conservación, prevaleciendo el interés general sobre el particular.

Art. 20.- La Zonificación del ACUS municipal considerará las fuentes y zonas de recarga hídrica u otros sitios de importancia natural, ecosistemas frágiles y demás componentes prioritarios para la conservación, mediante la aplicación de al menos los siguientes criterios:

1. Aptitud del suelo;
2. Cobertura vegetal;
3. Importancia hídrica;

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4. Interés colectivo;
5. Servicios ambientales e importancia para la conservación de la biodiversidad; y,
6. Amenaza a la integridad ecológica.

CAPÍTULO IV

Conformación del Comité de Gestión Ambiental Municipal

Art. 21.- El Comité de Gestión Ambiental se conforma, como un órgano exclusivamente de consulta y apoyo técnico al GAD Municipal de Pedro Moncayo para la implementación de las acciones a desarrollarse en el ACUS Municipal.

Art. 22.- El Comité de Gestión estará integrado por:

Comité Directivo:

1. El Alcalde del GAD Municipal de Pedro Moncayo o su delegado, quién lo presidirá;
2. Los Presidentes de los Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquiales o su delegado de las parroquias de La Esperanza, Malchinguí, Tocachi y Tupigachi;
3. El Presidente/a de la Comisión de Recursos Naturales;

y,

d) El Director de Gestión Ambiental del GADM de Pedro Moncayo, quien actuará como Secretario Técnico, con voz, pero sin voto en las sesiones del Comité Directivo.

Las funciones y objetivo del Comité Directivo es administrar el área de conservación en conocimiento de los diferentes actores locales.

Grupo Asesor Técnico:

1. Director de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Pedro Moncayo;
2. El vocal ambiental o su delegado de los GADs Parroquiales de La Esperanza, Malchinguí, Tocachi y Tupigachi;
3. Un delegado de la CODEMIA, TURUJTA, UCCIBT Y UCCOPEM;
4. Un delegado de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento básico de Pedro Moncayo (EP-EMASA-PM);
5. Un delegado de la Autoridad Nacional Ambiental y Agua;
6. Un delegado de la Autoridad Nacional Agraria;
7. Un representante elegido entre las comunidades de 24 de mayo (Barrio), Bellavista, Bellavista de Tocachi,

Chaupiloma, Cochasquí, Guaraquí, San Joaquín, San José Alto, Santa Mónica y Tocachi;

h) Un representante elegido entre los propietarios y posesiónanos privados dentro del ACUS; y,

i) Un representante elegido entre de las Juntas de Agua Potable de las comunidades asentadas en el ACUS Municipal.

Las funciones y objetivos del grupo Asesor Técnico están dirigidos a brindar asistencia especializada permanente que requiera la administración del ACUS Municipal, y a coordinar las actividades que realizan en la zona las organizaciones no gubernamentales, universidades, estaciones científicas u otras entidades afines.

Art. 23.- Sin perjuicio de las funciones que se puedan establecer en el Reglamento respectivo al funcionamiento del Comité de Gestión para el ACUS Municipal, serán funciones del mismo:

1. Apoyar en la ejecución del plan de manejo y el plan operativo anual del ACUS;
2. Apoyar a la administración del ACUS Municipal en tareas de control y vigilancia;
3. Conocer y recomendar sobre planes y proyectos que puedan ejecutarse en el ACUS Municipal;
4. Proponer alternativas de gestión aplicables para la obtención de presupuestos a ejecutarse en el ACUS Municipal;
5. Asegurar la participación democrática de sus miembros;
6. Apoyar la gestión integral y sistemática de los recursos hídricos;
7. Conocer y debatir sobre controversias que se generen entre los actores y sus competencias e interceder ante las autoridades competentes, para lograr una gestión articulada y coordinada entre los diferentes niveles de gobierno en relación al objetivo de esta ordenanza y del Plan de Manejo del ACUS; y,

h) Gestionar proyectos para el financiamiento a través de la cooperación nacional o internacional.

CAPÍTULO V

De la participación social y comunitaria

Art. 24.- Para la gestión del ACUS se promoverá la participación de los actores locales tanto en las estructuras de gestión y administración del área, así como en los procesos de consulta que se llevarán a cabo.

Art. 25.- Se generará intercambio de conocimientos entre los actores locales para la gestión del ACUS y de los recursos hídricos y naturales asociados al área,

46 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

principalmente entre el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo y las instancias comunitarias representativas, sea a nivel cantonal o parroquial.

Art. 26.- La presente declaratoria, reconoce el papel que las comunidades y barrios en cada una de las parroquias, desempeñan como corresponsables en la conservación y protección del ecosistema páramo como generador del recurso hídrico.

CAPÍTULO VI

Sostenibilidad Financiera

Art. 27.- El ACUS Municipal dispondrá de un Plan de Sostenibilidad Financiera, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las actividades de administración, manejo, restauración, protección y difusión de los bienes y servicios ecosistémicos, especialmente aquellos asociados al recurso hídrico y a la protección de la biodiversidad.

Art. 28.- En la elaboración del Plan de Sostenibilidad Financiera, así como para el financiamiento, el GAD Municipal de Pedro Moncayo comprometerá un porcentaje de su presupuesto, cuyo valor mínimo de referencia representa el 15% del presupuesto asignado anualmente a la Dirección de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

Estos recursos se complementarán con aportes voluntarios de personas naturales y/o jurídicas públicas y privadas interesadas en la protección de los recursos naturales existentes. Además, se gestionarán recursos de la Cooperación Internacional.

Art. 29.- Los recursos financieros previstos en el art. 23 de esta ordenanza, serán invertidos en la gestión del ACUS conforme al plan de manejo.

CAPITULO VII

De los Incentivos

Art. 30.- Los predios bajo el régimen de propiedad privada podrán acogerse a la excepción del pago del impuesto a propiedad rural en los términos del artículo 520 del COOTAD.

Art. 31.- Con la finalidad de estimular a las personas naturales y jurídicas propietarias de bienes inmuebles dentro del cantón que realicen nuevas inversiones para proteger y defender el ambiente dentro del ACUS Municipal tendrán una rebaja del 25% del pago del impuesto a la propiedad por un plazo de diez años improrrogables, previa la aprobación por parte de la Dirección de Gestión Ambiental del GADM de Pedro Moncayo sobre su pertinencia.

La inversión no será menor al porcentaje de la exención tributaria.

CAPÍTULO VIII De las Infracciones, Sanciones, Competencia y Procedimiento

Art. 32.- DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA. – Una vez constatada objetivamente la relación entre la conducta

infractora y el daño o riesgo causados, se sancionará al responsable, sin perjuicio de que, paralelamente, se entablen en su contra las acciones judiciales que sean pertinentes.

Art. 33.- Son infracciones dentro del ACUS Municipal, las siguientes:

1. Las actividades que se realicen dentro del ACUS Municipal, sin la respectiva autorización municipal o de la autoridad ambiental competente;
2. Las actividades que contravengan las regulaciones de uso de suelo dispuestas en la zonificación del área, en particular aquellas que atenten contra la integridad de los ecosistemas, flora y fauna silvestres y el sistema lacustre del ACUS; y,
3. En general, todas las actividades que se realicen dentro del ACUS Municipal que infrinjan las disposiciones del plan de manejo.

Art. 34.- DE LAS INFRACCIONES. – Las infracciones a la presente ordenanza se clasifican en leves y graves.

Son infracciones leves:

1. No informar a la Autoridad sobre riesgos de daños al patrimonio natural o a las áreas del ACUS, dentro de las setenta y dos horas de haberse constando el hecho;
2. No colaborar con la entrega de información a la autoridad competente de acuerdo a esta ordenanza, sobre el estado del patrimonio natural del ACUS Mojanda;
3. Impedir a los técnicos y autoridades del GADM de gestión ambiental, la ejecución de las actividades de gestión y conservación del ambiente en el ACUS; y,
4. Cualquier otra que no constituya un daño inminente al patrimonio natural o a los espacios que integran el ACUS Mojanda.

Las infracciones graves son:

1. Destinar los espacios que integran el ACUS Mojanda para fines que no sean los de conservación o de agricultura sostenible para consumo local; o fuera de las actividades previstas en el artículo No. 9 o del respectivo Plan de Manejo;
2. Afectar a las laderas, cuencas hidrográficas o quebradas del ACUS Mojanda, con actividades incompatibles que provoquen daños sobre las mismas;
3. Cazar, pescar, destruir o atentar de cualquier forma contra especies naturales de flora y fauna al interior del ACUS Mojanda o que se hallen en peligro de extinción o simplemente se hallen legalmente protegidas;
4. Reiterar la comisión de cualquier infracción leve; y,

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5) Toda conducta que implique destrucción y daño, por cualquier medio y de cualquier forma, al patrimonio natural ene 1 ACUS Mojanda, siempre y cuando no sean producto de fuerza mayor.

Art. 35.- Toda conducta que por su naturaleza constituya delito ambiental acorde a las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal.

Art. 36.- REPARACIÓN DE DAÑOS.- Colateralmente a la imposición de las sanciones pecuniarias y administrativas a que hubiere lugar, de haberse producido daños ambientales al entorno del ACUS Mojanda, como efecto de infracciones a esta ordenanza, se conminará al infractor a la reparación de los mismos, cuando fuere posible. En caso de no cumplirse con esta obligación, la Autoridad quedará facultada para realizar los trabajos respectivos y repetir por vía coactiva contra el infractor, el pago de los gastos incurridos en dichos trabajos más un diez por ciento.

El cumplimiento de esta obligación, no exime al infractor del pago de la indemnización por los daños y perjuicios causados con su infracción, que podrá demandarse ante el juez competente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La Dirección de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Pedro Moncayo en el plazo de 180 días contados desde la sanción de esta ordenanza por el Concejo Municipal, presentará los estudios de alternativas de manejo para el ACUS Municipal; así como el reglamento a la presente ordenanza.

SEGUNDA.- Al finalizar los estudios de alternativas de manejo se conformará el Comité de Gestión Ambiental Municipal del ACUS Municipal con la participación de los diferentes actores institucionales y comunitarios, y se expedirá el Reglamento de funcionamiento de dicho Comité.

TERCERA.- El Plan de Manejo del ACUS Municipal deberá estar listo para su socialización entre los diferentes actores del proceso, en un plazo no mayor a los 365 días contados desde la vigencia de esta ordenanza.

CUARTA.- Una vez declarada el ACUS Municipal, el GAD Municipal de Pedro Moncayo decidirá sobre la pertinencia de incorporarlo al Subsistema correspondiente del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en cuyo caso y de ser pertinente se autorizará a la Dirección de Gestión Ambiental del GADM de Pedro Moncayo realice el trámite correspondiente ante el Ministerio del Ambiente y Agua.

QUINTA.- Para facilitar la gestión del ACUS, el GAD Municipal de Pedro Moncayo dispone al Registro de la Propiedad del cantón, crear un registro especial para los bienes inmuebles que se localicen dentro del ACUS Municipal, para los fines consiguientes.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En el marco de la planificación del desarrollo cantonal, a partir de la vigencia de esta Ordenanza queda prohibido el cambio de uso del suelo que se contraponga a la zonificación del ACUS Municipal de Pedro Moncayo, así como la construcción en su interior de obras públicas o privadas que puedan causar mediano o alto impacto y riesgo ambiental.

SEGUNDA.- En los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial correspondientes a los diferentes niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados del cantón Pedro Moncayo, se incorporarán los límites de la presente declaratoria en la categoría de Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal «Mojanda», con el fin de singularizar su vocación o aptitud de conservación de recursos naturales y del sistema lacustre.

TERCERA.- EL GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo fomentará la coordinación interinstitucional con el GAD Provincial de Pichincha, los GADs Parroquiales de La Esperanza, Malchinguí, Tocachi, Tupigachi y otros sectores públicos y privados nacionales e internacionales para la gestión del ACUS Municipal «Mojanda».

CUARTA.- EL GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo impulsará la participación y coordinación con instancias comunitarias para la gestión del ACUS Municipal de Mojanda, bajo principios de cogestión y corresponsabilidad.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, la Gaceta Municipal; y, dominio web de la Municipalidad.

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Cantón Pedro Moncayo, el 7 de febrero del 2019.

f.) Sr. Nelson Marcelo Mora Zurita, Vicealcalde.

f.) Mgs. Rodrigo Pinango, Secretario General y de Concejo.

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN

El infrascrito Secretario General y del Concejo Municipal del cantón Pedro Moncayo, certifica que la ORDENANZA QUE CREA EL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE MUNICIPAL «MOJANDA», fue discutido y aprobado en dos debates, en sesiones ordinarias del 24 de enero del 2019; y, del 7 de febrero del 2019.-

Tabacundo, a 8 de febrero del 2019.

f.) Mgs. Rodrigo Pinango, Secretario General y de Concejo.

48 – Miércoles 10 de abril de 2019 Registro Oficial N° 465

ALCALDÍA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO– Tabacundo a 13 de febrero del 2019 –EJECÚTESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE:

f.) Ing. Frank Borys Gualsaqui Rivera, Alcalde del GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo.

CERTIFICO- Que la ORDENANZA QUE CREA EL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE MUNICIPAL «MOJANDA», fue sancionada por el Ing. Frank Borys Gualsaqui Rivera, Alcalde del GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo, el 13 de febrero del 2019. Tabacundo a 13 de febrero del 2019.f.) Mgs. Rodrigo Pinango, Secretario General y de Conejo.