Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Miércoles 03 de abril de 2019 (R. O.460, 03–abril -2019)
Año II – Nº 460
Quito, miércoles 3 de abril de 2019
SUMARIO:
Págs.
FUNCIÓN EJECUTIVA
ACUERDOS:
MINISTERIO DE CULTURA
Y PATRIMONIO:
DM-2018-068 Subróguense las funciones de Viceministro de Cultura y Patrimonio, al economista José Daniel Flores Cevallos, Director de Información del Sistema Nacional de Cultura
DM-2018-073 Legalícese la comisión de servicios con remuneración en el exterior de la funcionaría Isabel Monserrat Rohn Bazurto, Subsecretaría de Patrimonio Cultural
DM-2018-076 Refórmese el estatuto de la organización social Fundación Árbol Christian Communications, domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS:
0020 Deléguese al doctor Francisco Carrión Mena, Embajador de la República del Ecuador en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica, suscriba con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Contrato de Préstamo No. 4607/OC-EC
0023 Subróguense las funciones de Ministro, al economista Santiago Alejandro Caviedes Guzmán, Viceministro de Economía..
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO
EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA:
VICEMINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA:
MPCEIP-VAP-2019-0002-A Deróguese el Acuerdo Ministerial Nro. MPCEIP-VAP-2019-0001-A, de 31 de enero de 2019
2 – Miércoles 3 de abril de 2019 Registro Oficial N° 460
Págs. RESOLUCIONES:
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS:
SUBSECRETARÍA ZONAL 7:
089-2019 Concédese personería jurídica a la Asociación de Conservación Vial «Valle Hermoso», domiciliada en el cantón Gonzanamá, provincia de Loja
AGENCIA NACIONAL DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL:
ANT-NACDSGRDI18-0000081 Niéguese el recurso de apelación planteado por la Cooperativa Interprovincial Macuchi a la Resolución No. 168-2018, de 19 de marzo del 2018
ANT-NACDSGRDI18-0000103 Refórmese la Resolución No. 097-DIR-2016-ANT
ANT-NACDSGRDI18-0000104 Convalídese el informe de necesidades de servicio de transporte comercial mixto para la provincia de Loja
001-DIR-2019-ANT Emítense los insumos técnicos para establecer los rangos de consumo promedio de combustible de los vehículos del servicio de transporte terrestre comercial en la modalidad de taxis convencional y ejecutivo
JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA:
503-2019-F Refórmese la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros
SERVICIO DE GESTIÓN
INMOBILIARIA DEL SECTOR
PÚBLICO – INMOBILIAR:
INMOBILIAR-SGLB-2019-0041 Refórmese la Resolución N° INMOBILIAR-SGLB-2018-0081, de 19 de julio de 2018
SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES – SENADI:
001-2019-DNDAyDC-SENADI Expídese el régimen de delegaciones de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos
001-2019-DNOV-SENADI Deléguense facultades a varios funcionarios
Págs.
002-2019-DNOV-SENADI Expídese el Régimen de Delegaciones de la Dirección Nacional de Obtenciones vegetales
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS
RESOLUCIONES:
001-T-2018-CGA Cantón Cuenca: Apruébese el cambio de titular del Registro Ambiental N° MAE-SUIA-RA-MDA-2016-756, a favor de la señora Lorena Cecilia Loja Ochoa
002-T-2018-CGA Cantón Cuenca: Apruébese el cambio de titular del Registro Ambiental N° MAE-SUIA-RA-MDA-2016-651, a favor del señor Gustavo Orlando Malo Arízaga
No. DM-2018-068
Raúl Pérez Torres
MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO
Considerando:
Que el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.”;
Que el artículo 226 de la Norma Suprema, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (…)”;
Que el artículo 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece que: «Cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular»;
Registro Oficial N° 460 Miércoles 3 de abril de 2019 – 3
Que el artículo 270 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, prescribe: «La subrogación procederá de conformidad al artículo 126 de la LOSEP, considerando que la o el servidor subrogante tendrá derecho a percibir la diferencia que exista entre la remuneración mensual unificada de su puesto y la del puesto subrogado, incluyendo estos los puestos que dependan administrativamente de la misma institución. A efectos de la subrogación se deberá cumplir con los requisitos del puesto a subrogarse y en función de la misma se ejercerán las funciones correspondientes al puesto subrogado. El pago por subrogación correrá a partir del primer día y hasta cuando dure el tiempo de subrogación; y los aportes al IESS serán los que corresponda al puesto subrogado”;
Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, señala que: «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado (…).»;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 5, de 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 22, de 14 de febrero de 2007, se declaró como política de Estado el desarrollo cultural del país y creó el Ministerio de Cultura, como organismo rector del ámbito cultural, el cual mediante Decreto Ejecutivo No. 1507, de 8 de mayo de 2013, pasó a denominarse como Ministerio de Cultura y Patrimonio;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;
Que mediante Memorando Nro. MCYP-DV-18-0051-M de 07 de mayo de 2018, la Magister Andrea Nina Pereda, Viceministra de Cultura y Patrimonio, solicitó al señor Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio, la autorización de subrogación del Despacho Viceministerial, a favor del economista José Daniel Flores Cevallos, Director de Información del Sistema Nacional de Cultura, del 8 al 16 de mayo de 2018, en virtud de su asistencia como delegada de esta Cartera de Estado a la Cumbre de las Américas organizada por el Consejo de las Artes de Canadá en la ciudad de Ottawa.
Que, mediante el sistema de gestión documental Quipux, el señor Ministro de Cultura y Patrimonio, señaló: «Aprobado proceder»
En ejercicio de las atribuciones Constitucionales, legales y reglamentarias,
Acuerda:
Artículo 1.- Disponer la subrogación de funciones del cargo de Viceministro de Cultura y Patrimonio a favor del economista José Daniel Flores Cevallos, Director de Información del Sistema Nacional de Cultura, del 08 al 16 de mayo de 2018.
Artículo 2.- La subrogación será ejercida conforme a los principios que rigen el servicio público, siendo la magister Andrea Nina Pereda, personalmente responsable por los actos realizados en ejercicio de las funciones subrogadas.
Artículo 3.- Comuníquese este Acuerdo al señor Contralor General del Estado y a la Secretaria General de la Presidencia de la República.
Artículo 4.- Notifíquese con este Acuerdo al economista José Daniel Flores Cevallos, Director de Información del Sistema Nacional de Cultura.
El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, Comuníquese y publíquese.-
Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 07 de mayo de 2018.
f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.
MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.
N° DM-2018-073
Raúl Pérez Torres
MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO
Considerando:
Que el artículo 151 de la Carta Magna preceptúa que: «las ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo (…)»;
Que el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;
4 – Miércoles 3 de abril de 2019 Registro Oficial N° 460
Que el artículo 226 de la Norma Ibídem prescribe: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.”;
Que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que: «Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”;
Que el artículo 30 de la precitada Ley , en concordancia con los artículos 45, 46 y 47 de su Reglamento General, norma la declaratoria en comisión de servicios con remuneración al exterior de los servidores públicos;
Que el artículo 17 del Acuerdo No. MRL-2011-00051, con el cual se expide el Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior para las y los servidores y obreros públicos, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 392, de 24 de febrero de 2011, señala: «Las autorizaciones de viaje al exterior, para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de un puesto de las servidoras, servidores, obreras u obreros que laboren en entidades de la Función Ejecutiva y de las entidades adscritas a la misma, se las realizará a través del correspondiente acuerdo o resolución, según sea el caso, previa autorización de la Secretaría Nacional de la Administración Pública a través del sistema informático para viajes al exterior de la Presidencia. (…)”;
Que mediante oficio Nro. SNAP-SNADP-2016-000148-O de 16 de marzo de 2016, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, dispuso: «(…) a todas las entidades que conforman la Administración Pública central, institucional y que dependen de la Función Ejecutiva (APCID), la ejecución y cumplimiento de las siguientes políticas: (…) 3. Restringir las comisiones de servicios al exterior. Se autorizarán exclusivamente cuando las organizaciones anfitrionas financien los costos totales (pasajes, viáticos, inscripciones, entre otros gastos), a fin de que no representen erogación presupuestaria alguna para el Estado. Deforma excepcional, se podrán aprobar viajes cuyo costo deba asumir el Estado debidamente justificados y con la presentación posterior del informe de beneficios cuantificables para el Estado, aprobado por la máxima autoridad institucional, conforme la normativa expedida para el efecto. De igual forma, sin excepción, la comisión de servicios podrá integrarse por máximo dos personas por institución, tomando en consideración que de requerir cualquier tipo de apoyo, debe ser coordinado con las embajadas y consulados, dentro de su programación presupuestaria (…)»;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, e 1 Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;
Que mediante Decreto N°. 135 de 01 de septiembre de 2017, publicado en el Registro Oficial Suplemento N°. 76 de 11 de septiembre de 2017, se establecen: «Las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público» (…) Artículo 15.- Viajes al exterior.- Los viajes al exterior de los servidores públicos de la Función Ejecutiva cuyo objetivo sea la participación en eventos oficiales y en representación de la institución o del Estado, serán previamente calificados y autorizados por la Secretaría General de la Presidencia de la República. En el caso de las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva, será la máxima autoridad o su delegado, la que autorice los viajes al exterior de sus servidores públicos de conformidad con la dinámica del sector pero deberá informar sobre las autorizaciones a la Secretaria General de la Presidencia.
La Secretaria General de la Presidencia en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, emitirán la normativa para regular y autorizar viajes internacionales del personal del servicio exterior»;
Que constan las certificaciones presupuestarias Nro. 53 y 54 de 25 de enero de 2018, respectivamente, correspondientes a «Pasajes al exterior y al interior», cuya descripción es: Para cubrir la Adquisición y valor de IVA de los Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales en las rutas que no cubre TAME E.P;
Que con memorando Nro. MCYP-DRICI-18-0090-M de 20 de marzo de 2018, la magíster Lucía Pazmiño Castro, Directora de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional, informó al señor Ministro de esta Cartera de Estado, lo siguiente: «(…) la «IIReunión del Comité Técnico de Prevención y Combate al Tráfico Ilícito de Bienes Culturales», que tendrá lugar el día 4 de abril del 2018, en la ciudad de Encarnación-Paraguay me cumple indicar que la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional, sobre la base de otras experiencias en reuniones del MERCOSUR, considera primordial la particivación de un delegado de esta Cartera de Estado, en tanto se discutirán temas relevantes, entre ellos, la vrovuesta de Plan de Trabajo del Comité Técnico de Prevención y Combate al Tranco Ilícito de Bienes Culturales MERCOSUR-UNAUR (…) me vermito solicitar (…) informar a la Dirección a mi careo, sobre la particivación de uno o más delegados de esta Cartera de Estado en las reuniones presenciales del MERCOSUR (…)»; .
Que mediante «Informe de Justificación del Viaje», remitido a la Presidencia de la República del Ecuador con N° solicitud de viaje 62632 de 09 de abril del 2018, la magíster Isabel Monserratt Rohn Bazurto, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, señaló: «Resultados Esperados.- Participar en el II Seminario Internacional de patrimonio y Turismo-II SEMPAT, de la «VI Reunión Técnica de Patrimonio y Turismo-VI COMPAT»; y de la XVI de la Comisión de Patrimonio Cultural-XVI CPC”. Intercambiar experiencias en el seminario (…) Presentar y validar el proyecto de fortalecimiento de la coordinación ejecutiva de la Comisión de Patrimonio Cultural, que se elaboró con la colaboración de Paraguay Uruguay y Ecuador. Reconocimiento, protección, promoción y
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valorización de la memoria y del patrimonio cultural, material e inmaterial. Fortalecimiento de las instituciones y de las políticas públicas de cultura en los países de la región en el marco de la estructura del MERCOSUR»;
Que mediante oficio Nro. MCYP-MCYP-18-0677-O de 20 de abril de 2018, el señor Ministro de Cultura y Patrimonio, informó a la señora María Fernanda Espinosa, Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,
10 siguiente: «(…) la Comisión de Patrimonio Cultural- Mercosur envío la invitación al Ministerio de Cultura y Patrimonio y se delegó a la Magister Isabel Rohn, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, para que asista al
11 Seminario de Patrimonio y Turismo, VI Comité Técnico sobre Patrimonio y Turismo (COMPAT) y XVI Reunión de la Comisión de Patrimonio Cultural (CPC), en la ciudad de Encarnación-Paraguay los días 3,4,5 y 6 de abril de 2018 (…) //Esta Cartera de Estado considera que la participación del Ministerio en esta reunión es fundamental y prioritaria, ya que son estos espacios en los cuales se posesiona la gestión del país en temas de Patrimonio y Turismo (…) cabe indicar que la Comisión de Patrimonio Cultural es el órgano permanente de asistencia a la reunión de Ministros de Cultura en la que respecta al tema de Patrimonio Cultural»;
Que mediante Informe Técnico Nro. MCYP-DATH-0122-2017, de 25 de abril de 2018, la Directora de Administración del Talento Humano, Encargada, señaló: «Análisis Técnico (…) La Mgs. Isabel Monserrat Rohn Ba7.urto. Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura y Patrimonio, procede a realizar el ingreso de la solicitud de viaje al exterior en la página Sistema de Viajes al Exterior y en el Exterior (http:// viajes.administracionpublica.gob.ec/frame.php). adjunta la documentación habilitante y remite mediante el citado sistema de viajes, para ser avalado por su jefe inmediato.
La Dirección de Administración de Talento Humano procedió con la verificación de la documentación anexada por la Mgs. Isabel Monserrat Rohn Ba7.urto. que se detalla a continuación:
- Invitación al evento y/o requerimiento de viaje;
- Memorando Nro. MCYP-DRICI-18-0090-M; oficio Nro. MCYP-MCYP-18-0677-O
- Itinerario del viaje;
- Detalle de la agenda a cumplir;
- Informe de Justificación del viaje;
- Informe de Justificación de Ingreso Extemporáneo;
- Certificación Presupuestaria.
Esta Dirección en base a los justificativos técnicos expuestos, procede a elaborar el informe técnico correspondiente, para lo cual se tomo en consideración la autorización del señor Ministro, a favor de la indicada funcionaría quien se trasladó a la Ciudad de
Encarnación-Paraguay con las actividades programadas (…) CONCLUSIONES: La Dirección de Administración del Talento Humano en observancia a lo dispuesto por la autoridad nominadora de este Ministerio, emite informe técnico de validación para el ingreso del viaje de la Mgs. ISABEL MONSERRAT ROHN BAZURTO. Subsecretaría de Patrimonio Cultural de esta Cartera de Estado, quien participó en el «II SEMINARIO DE PATRIMONIO Y TURISMO (II SEMPAT)», del 02 al 08 de abril de 2018 (incluido ida y retorno) (…) FINANCIAMIENTO: Los organizadores asumieron los gastos relacionados a: alojamiento, alimentación y movilización durante los días de realización del evento; el transporte aéreo lo cubrió esta Cartera de Estado para dar cumplimiento a la Agenda del Evento”;
Que mediante «Solicitud de Viaje al Exterior y en el Exterior Ingreso Extemporáneo» Nro. 62632 de 02 de mayo de 2018, el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Subrogante justificó el ingreso extemporáneo de viaje de la magister Isabel Monserrat Rohn Bazurto, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, a la Ciudad de Asunción Paraguay, señalando lo siguiente: «(…) El 28 de marzo de 2018, se solicito (…) al Secretario General de la Presidencia de la República (…) la habilitación del sistema de Viajes al Exterior de la Mgs. Isabel Rohn Bazurto (…) De conformidad a lo establecido en el artículo 16, inciso tercero, del Acuerdo Ministerial N°. 0026 de 29 de agosto de 2017 (…) tengo a bien informar que la misma ha sido habilitada de conformidad a lo establecido en el artículo que antecede”. Se procede a finalizar emitiendo el informe de justificación con el anexo”;
Que con memorando Nro. MCYP-DATH-18-0346-M de 04 de mayo de 2018, la Directora de Administración de Talento Humano, Encargada solicitó a la Coordinación General Jurídica, la revisión de la documentación y expedición de Acuerdo Ministerial de legalización de viaje al exterior de la funcionaría Isabel Monserrat Rohn Bazurto, Subsecretaría de Patrimonio Cultural de esta Cartera de Estado.
En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,
Acuerda:
Artículo 1.- Legalizar la comisión de servicios con remuneración en el exterior entre los días 02 al 08 de abril de 2018, de la funcionaría Isabel Monserrat Rohn Bazurto, Subsecretaría de Patrimonio Cultural de esta Cartera de Estado, quien participó en el «II Seminario de Patrimonio y Turismo (II SEMPAT)», en la ciudad de Asunción Paraguay.
Artículo 2.- El Ministerio de Cultura y Patrimonio, con recursos de su presupuesto institucional, cubrió los gastos correspondientes a pasajes aéreos.
Artículo 3.- Encargar la ejecución de este Acuerdo Ministerial a la Coordinación General Administrativa Financiera.
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Artículo 4.- Ordenar que, la funcionaría Isabel Monserrat Rohn Bazurto, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, presente un informe de misión con los resultados logrados al Despacho Viceministerial de esta Cartera de Estado, con copia a la Coordinación General Administrativa Financiera.
Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.-
Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 11 de mayo de 2018.
f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.
MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.
No. DM-2018-076
Raúl Pérez Torres
MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO
Considerando:
Que el artículo 1 de la Constitución de la República establece que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”;
Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, consagra el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;
Que el artículo 96 de la Carta Magna manifiesta que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”;
Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las Ministras y Ministros de Estado además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y sus resoluciones administrativas que requieren su gestión (…)”;
Que el artículo 227 ibídem establece que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;
Que precitada norma constitucional en el artículo 377, determina que el Sistema Nacional de Cultura, tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las manifestaciones culturales, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales;
Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Cultura señala que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, será la entidad a cargo del Sistema Integral de Información Cultural;
Que el articulo 23 ibídem establece que el Sistema Nacional de Cultura: «Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades, organizaciones, colectivos e individuos que participan en actividades culturales, creativas, artísticas y patrimoniales para fortalecer la identidad nacional, la formación, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales”;
Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, respecto a las organizaciones sociales, establece que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión”;
Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, por su parte, dispone que: «El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes”;
Que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 32, prescribe que: «El Estado, en todos sus niveles de gobierno y funciones, promoverá y desarrollará políticas, programas y proyectos que se realicen con el apoyo de las organizaciones sociales, incluidos aquellos dirigidos a incentivar la producción y a favorecer la redistribución de los medios de producción; asimismo, propenderá a que las compras que realiza el sector
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público prioricen como proveedores a las organizaciones sociales, de acuerdo con los criterios de equidad, solidaridad y eficiencia”;
Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que: «Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación»;
Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, faculta a los Ministros de Estado para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre del 2017, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 109 del 27 de octubre del 2017, se expidió el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», con el cual quedaron derogados los decretos Nro. 16 de 04 de junio del 2013 y Nro. 739 de 03 de agosto del 2015; en el mismo se establecen los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de personalidad jurídica, aprobación de estatutos y sus respectivas reformas;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador Licenciado Lenin Moreno Garcés, designó al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;
Que mediante oficio s/n de fecha 13 de abril del 2018 ingresado en esta Cartera de Estado con trámite Nro. MCYP-DGA-18-1583-EXT de 17 de abril del mismo año, suscrito por el señor Edwin Patricio Gómez Vallejo en calidad de Director Ejecutivo de la Fundación Árbol Christian Communications, se solicitó la aprobación de la reforma del estatuto a favor de la organización enunciada;
Que la organización social Fundación Árbol Christian Communications, obtuvo su personería jurídica, mediante Acuerdo Ministerial No. DM-2016-088 de 28 de julio de 2016, otorgado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, domiciliada en en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador;
Que la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ha emitido el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0541-M de fecha 10 de mayo del 2018, del cual se desprende que la reforma cumple con los requisitos legales respectivos;
Que el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0541-M recomienda que: «Con los antecedentes expuestos y por las consideraciones jurídicas enunciadas, se recomienda señor Ministro la aprobación de la reforma del estatuto
de la organización social Fundación Árbol Christian Communications por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en la normativa vigente”;
Que en concordancia a lo enunciado, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en su artículo 11, literal k), contempla como parte de las atribuciones del Presidente de la República la delegación a los Ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones y el otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en los artículos 565 y 567 de la Codificación del Código Civil y mediante Decreto Ejecutivo Nro. 339 de 23 de noviembre de 1998, publicado en el Registro Oficial Nro. 77 de 30 de noviembre de 1998, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador de aquel entonces, delegó la facultad para que cada Ministerio de Estado, de acuerdo al ámbito de sus competencias, aprueben los estatutos y las reformas de los mismos, de las fundaciones y corporaciones;
En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,
Acuerda:
Artículo 1.- Aprobar la REFORMA DEL ESTATUTO de la organización social Fundación Árbol Christian Communications, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador; por haber cumplido los requisitos establecidos en los artículos 14 y 15 del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales».
Artículo 2.- La organización social Fundación Árbol Christian Communications se ajustará a lo establecido en el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», disposiciones legales aplicables y las directrices que emita en este ámbito el Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Artículo 3.- Autorizar a la Fundación Árbol Christian Communications para que realice las actividades estipuladas en los fines y objetivos constantes en su Estatuto Reformado; debiendo cumplir además con las disposiciones contenidas en «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales».
DISPOSICIÓN GENERAL.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los asociados en primer lugar buscarán como medios de solución el diálogo conforme a sus normas estatutarias; de persistir las discrepancias podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos o a través del ejercicio de las acciones que la Ley les faculta ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.
Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de la publicación de un extracto del
8 – Miércoles 3 de abril de 2019 Registro Oficial N° 460
mismo en el Registro Oficial. Notifíquese su contenido a la organización social Fundación Árbol Christian Communications.
Del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, encárguese la Coordinación General Jurídica.
Comuníquese y publíquese.-
Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes mayo del 2018.
f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.
MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.
No. 0020
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Considerando:
Que la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, en su artículo 154 dispone que las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;
Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado el 22 de octubre de 2010, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 306, en su artículo 75 dispone que, el o la Ministro (a) a cargo de las finanzas públicas, podrá delegar por escrito las facultades que estime conveniente hacerlo;
Que, el Ministro de Economía y Finanzas, mediante Resolución Ministerial No. 0018 de 14 de febrero de 2019, resolvió autorizar la contratación y aprobar los términos y condiciones financieras del Contrato de Préstamo No. 4607/OC-EC, que celebrará la República del Ecuador, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, en calidad de Prestataria, con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, en calidad de Prestamista, por el monto de hasta USD 50.000.000,00, (CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), para el financiamiento del «Programa de Inversión en calidad de Servicios de Desarrollo Infantil», cuyo Organismo Ejecutor será el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), sobre la base del Informe Técnico de la Subsecretaría de Financiamiento Público, contenido en el memorando No. MEF-SFP-2019-0019 de 30 de enero de 2019.
ue, mediante oficio MREMH-MREMH-2019-0084-OF de 29 de enero de 2019, el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Subrogante, informó a esta Cartera de Estado que no existe objeción alguna para que el doctor Francisco Carrión Mena, Embajador del Ecuador ante los Estados Unidos de América, sea delegado por el Ministerio de Economía y Finanzas para la Firma del Contrato de Préstamo 4607/OC-EC «Programa de Inversión en calidad de Servicios de Desarrollo Infantil», hasta por un monto de USD 50 millones, el cual se firmará en la ciudad de Washington.
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154 de la Constitución de la República del Ecuador y 75 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
Acuerda:
Art. único.- Delegar al señor Doctor Francisco Carrión Mena, para que, en su calidad de Embajador de la República del Ecuador en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica, a nombre y en representación del Gobierno de la República del Ecuador, suscriba con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Contrato de Préstamo No. 4607/OC-EC por un monto de hasta USD$ 50.000.000,00 destinado a financiar parcialmente el «Programa de Inversión en calidad de Servicios de Desarrollo Infantil.»
Disposición única.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de la Ciudad de San Francisco, a 22 de febrero de 2019.
f.) Econ. Richard Martínez Alvarado, Ministro de Economía y Finanzas.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
Certifico fiel copia del documento original que reposa en la Dirección de certificación y Documentación.- Fecha 18 de marzo de 2019.- f.) Director de Certificación y Documentación, MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS.
No. 0023
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Considerando:
Que la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008,
Registro Oficial N° 460 Miércoles 3 de abril de 2019 – 9
en su artículo 154 dispone que las Ministras y Ministros de Estado además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;
Que el artículo 82 del Código Orgánico Administrativo, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 31 de 07 de julio de 2017, vigente desde el 07 de julio de 2018, dispone: «Las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior (…)”;
Que el segundo inciso del artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva dispone: «Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes a¡ funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delgado”;
Que la Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 294 de 6 de octubre de 2010, en su artículo 126 dispone que cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular;
Que el artículo 270 del Reglamento General a la invocada Ley Orgánica, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 de 1 de abril de 2011, dispone que la subrogación procederá de conformidad al anotado artículo 126, considerando que la o él servidor subrogante tendrá derecho a percibir la diferencia que exista entre la remuneración mensual unificada de su puesto y la del puesto subrogado, incluyendo estos los puestos que dependan administrativamente de la misma institución;
Que el señor Ministro de Economía y Finanzas se trasladará a Francia, por asuntos inherentes a sus funciones, por lo que corresponde que el economista Santiago Alejandro Caviedes Guzmán, Viceministro de Economía, subrogue las funciones de Ministro de Economía y Finanzas desde el domingo 10 de marzo de 2019 a partir de las 17H30, hasta el miércoles 13 de marzo de 2019 hasta las 16H15; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 82 del Código Orgánico Administrativo, 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público y 270 del Reglamento General a la invocada Ley:
Acuerda:
Artículo único. El economista Santiago Alejandro Caviedes Guzmán, Viceministro de Economía, subrogará las funciones de Ministro de Economía y Finanzas desde el domingo 10 de marzo de 2019 a partir de las 17H30, hasta el miércoles 13 de marzo de 2019, las 16H15, inclusive.
Disposición única.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el Distrito Metropolitano de la Ciudad de San Francisco, a 08 de marzo de 2019.
f.) Econ. Richard Martínez Alvarado, Ministro de Economía y Finanzas.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
Certifico fiel copia del documento original que reposa en la Dirección de certificación y Documentación.- Fecha 18 de marzo de 2019.- f.) Director de Certificación y Documentación, MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS.
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA
Nro. MPCEIP-VAP-2019-0002-A
Sr. Abg. Guido Andrés Ferretti Trujillo VICEMINISTRO DE ACUACULTURA Y PESCA
Considerando:
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1 Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.”;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
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eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;
Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la contraloría General del Estado, determina que: «Los Ministros de Estado y las máximas autoridades de las instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanadas de su autoridad (…)”;
Que, el artículo 1 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, dispone que: «Los recursos biocuaticos existentes en el mar territorial, en las aguas marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y artificiales, son bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será regulado y controlado por el Estado de acuerdo con sus intereses.»;
Que, el artículo 13 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, señala: «El Ministro del ramo queda facultado para resolver y reglamentar los casos especiales y los no previstos que se suscitaren en la aplicación de esta Ley,
(…)»;
Que, el artículo 1.12 del Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, señala: «Los procedimientos administrativos que se efectúen en ejercicio de las disposiciones constantes en este Título, se realizarán conforme a lo prescrito en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva»;
Que, el artículo 67.1 del Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, dispone: «A potestad de la autoridad para sancionar administrativamente a los que infrinjan las disposiciones legales, reglamentarias y de otra índole, deviene de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y se ejercerá de conformidad con las disposiciones del presente capítulo y subsidiariamente, con los procedimientos, principios y plazos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. La facultad sancionadora la ejercerá el Subsecretario de Recursos Pesqueros y las demás instituciones señaladas en la ley, en el ámbito de sus competencias.”;
Que, el artículo 73.21 del Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, señala: «La concesión para la ocupación de zonas de playa y bahía y para ejercer la actividad acuícola en ellas se extinguirá por cualquier de las siguientes causas: Por fenecimiento del plazo de la concesión; Por solicitud del concesionado; Por muerte, con excepción del caso previsto en el artículo 73.16; Por insolvencia del concesionado; Por abandono de la superficie concesionado; Se presumirá que existe abandono en caso de comprobarse que la explotación de la superficie no está siendo llevada a cabo por el concesionado sino por un tercero de manera independiente; Por disolución, quiebra, finalización o cualquier forma de extinción de la persona jurídica autorizada. En caso de disolución, la concesión se terminará si la persona jurídica no hubiese obtenido su reactivación dentro de los 180 días posteriores a la fecha en la que se produjo la disolución; Por ceder
la concesión sin la autorización correspondiente; y, Por incumplir con su obligación de pagar tasa de ocupación de zona de playa y bahía durante dos años consecutivos»;
Que, el artículo 73.22 del Reglamento Ibídem, señala que «Producida cualquiera de las causales señaladas en el artículo precedente, la autoridad competente iniciará un expediente administrativo dentro del cual concederá al usuario el término de 15 días para que lo conteste y presente o solicite las prácticas de las pruebas de descargo de las que se crea asistido. Concluido el referido término y evacuadas todas las pruebas, se emitirá la resolución (…).”;
Que, los artículos 68 y 69 del Código Orgánico Administrativo, dispones sobre la transferencia y delegación de competencias en la administración pública;
Que, el artículo 72 del Código Orgánico Administrativo, establece la prohibición de delegación: «No pueden ser objeto de delegación (…) 2. Las Competencias que, a su vez se ejerzan por delegación, salvo autorización expresa del órgano titular de la competencia.”;
Que, el Código Orgánico Administrativo regula los reclamos administrativos aplicables a los procedimientos administrativos que las personas puedan plantear ante las administraciones públicas;
Que, los artículos 17, 55, 56, 57 y 59 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, disponen a los Ministros de Estado, dentro de la esfera de sus competencias, que podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 559 de 14 de noviembre de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, dispone la fusión por absorción al Ministerio de comercio Exterior e Inversiones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras y el Ministerio de Acuacultura y Pesca y, una vez concluido este proceso, se modificará la denominación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a «Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca»;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 636 de 11 de enero de 2019, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, dispuso la creación de los Viceministerios de Producción e Industrias, Promoción y Exportaciones e Inversiones, y Acuacultura y Pesca de manera adicional al Viceministerio de Comercio Exterior, en la estructura orgánica del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (…);
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MPCEIP-DMPCEIP-2019-0007 de fecha 30 de enero de 2019, el señor Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Mgs. Pablo Campana Sáenz, acuerdo delegar a el/la Viceministro/a de Acuacultura y Pesca o a su delegado, la competencia para la sustanciación y resolución délas impugnaciones y recursos interpuestos a
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los actos administrativos derivados de las decisiones del subsecretario de Recursos Pesqueros y del Subsecretario de Acuacultura dentro de los expedientes administrativos pesqueros y acuícolas.
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MPCEIP-VAP-2019-0001-A, de fecha 31 de enero de 2019, el suscrito acuerda delegar a el/la Director/a Jurídico/a de Acuacultura y Pesca del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, la competencia para que, dentro del marco constitucional y legal, a nombre y representación del titular de esta Cartera de Estado, pueda: «1 .-Sustanciar y resolver las impugnaciones y recursos interpuestos a los actos administrativos derivados de las decisiones del Subsecretario de Recursos Pesqueros y de las resoluciones de los expedientes administrativos pesqueros; 2.-Sustanciar y resolver las impugnaciones y recursos interpuestos a los actos administrativos derivados de las decisiones del Subsecretario de Acuacultura y de las resoluciones de los expedientes administrativos acuícolas”;
En ejercicio de las competencias otorgadas mediante el Acuerdo Ministerial Nro. MPCEIP-DMPCEIP-2019-0007 de fecha 30 de enero de 2019;
Acuerda:
Artículo 1.- Derogar el Acuerdo Ministerial Nro. MPCEIP-VAP-2019-0001-A, de fecha 31 de enero de 2019.
El presente Acuerdo regirá a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Manta, a los 04 día(s) del mes de Febrero de dos mil diecinueve.
Documento firmado electrónicamente
Sr. Abg. Guido Andrés Ferretti Trujillo, Viceministro de Acuacultura y Pesca.
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
No. 089-2019
SUBSECRETARIO ZONAL 7
Considerando:
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 514, de fecha 20 de septiembre de 2018, el Licenciado Lenin Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador, designa
al Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala como Ministro de Transporte y Obras Públicas;
Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución del Ecuador, determina que además de las atribuciones de las Ministras y Ministros de Estado, están las de ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;
Que, el numeral 13 y 17 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador consagra»… El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria»,
Que, el Título XXX, Libro I del Código Civil vigente, faculta la concesión de personería jurídica a corporaciones y fundaciones, como organizaciones de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro;
Que, en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se propicia, fomenta y garantiza el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y ciudadanos, comunidades y pueblos indígenas, montubios y afro ecuatorianos y demás formas de Asociación lícita, con el propósito de fortalecer el poder ciudadano y sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como las iniciativas de rendición de cuentas y control social;
Que, el artículo 54 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece que la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentrados en otros jerárquicamente dependientes de aquellos;
Que, el artículo 1 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, manifiesta que el objeto del presente Reglamento es regular, simplificar y racionalizar los requisitos para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales ciudadanas que voluntariamente lo soliciten, por parte de las instituciones competentes del Estado;
Que, el Capítulo II, Art. 12 y 13 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, establece los requisitos y procedimientos para la aprobación de los Estatutos y otorgamiento de la Personalidad Jurídica.
Que, el Art. 7 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017 con respecto a los deberes de las instituciones competentes para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales sin fines de lucro que voluntariamente lo requieran, las
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instituciones competentes del Estado, de acuerdo a sus competencias específicas, observarán que los actos relacionados con la constitución, aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución, liquidación, registro y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones sociales, se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y al presente Reglamento
Que, El Art. 4 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016, autoriza a las Subsecretarías de Transporte Terrestre…., a administrar los expedientes y expedir los actos administrativos de personalidad jurídica, registros de directivas, disolución y liquidación entre otros….
Que, El numeral 3.5, Procesos Desconcentrados.- 3.5.1 Subsecretaría Zonal.- 3.5.1.1. Proceso Gobernante, numeral 9, del Acuerdo Ministerial Nro. 0059 de fecha 17 de julio de 2015, (Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas), está la de aprobar la conformación y otorgar personería jurídica de las organizaciones y asociaciones de conservación vial, con plena observancia de las normas legales y reglamentarias vigentes (microempresas) de los diferentes modos de transporte.
Que, mediante Acta Constitutiva de fecha 09 de febrero de 2019, se constituye la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «VALLE HERMOSO», con domicilio en el barrio La Banda, entrada a Sacapalca, cantón Gonzanamá Provincia de Loja, teléfono 0986149069, correo electrónico: maximoveintimilla@ hotmail.com.
Que, mediante Actas de Asamblea Extraordinaria de fechas 16 y 23 de febrero de 2019, se realiza el primero y segundo debate, análisis, estudio y aprobación de los Estatutos.
Que, mediante oficio S/N de fecha 06 de marzo de 2019, registro Nro. MTOP-SUBZ7-2019-0100-EXT., el señor Máximo Juventino Veintimilla Maído nado, en calidad de Secretario Ejecutivo Provisional de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «VALLE HERMOSO», adjunta la documentación respectiva; y, solicita la aprobación de los Estatutos y la concesión de Personalidad Jurídica para la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «VALLE HERMOSO», con observancia de las normas previstas para la aprobación de estatutos, reformas y condiciones; liquidación, disolución y registro de socios y directivas de las organizaciones previstas en el Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, en concordancia con el Título III del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016 del Ministerio de transporte y Obras Públicas, Código Civil y demás Leyes.
Que, mediante Memorando Nro. MTOP-AJSUB7-2019-0067-M, de fecha 06 de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Diego Cárdenas Chiriboga, Coordinador Jurídico
Zonal, emite informe favorable para la aprobación de los estatutos y otorgamiento de personalidad jurídica, a la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «VALLE HERMOSO».
En uso de las facultades que le confiere el Acuerdo Ministerial Nro. 0059 de fecha 17 de julio de 2015, (Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas) en su numeral 3.5, Procesos Desconcentrados.- 3.5.1 Subsecretaría Zonal.- 3.5.1.1. Proceso Gobernante, numeral 9, en concordancia con el Art. 6 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016. (Instructivo para normar los trámites de las Organizaciones Sociales bajo la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas).
Resuelve:
Art. 1.-Conceder la personalidad jurídica propia de derecho privado a la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «VALLE HERMOSO», con domicilio en el barrio La Banda, entrada a Sacapalca, cantón Gonzanamá, Provincia de Loja, teléfono 0986149069, correo electrónico: má[email protected]., por un periodo indefinido a partir de la fecha de concesión de la personalidad jurídica, pudiendo disminuirse por resolución adoptada en Asamblea de Socios.
Art. 2.- Aprobar sin modificar el texto del Estatuto de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «VALLE HERMOSO» a que se refiere el artículo precedente.
Art. 3.- Disponer que la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «VALLE HERMOSO», una vez adquirida la personalidad jurídica, elegirán su directiva definitiva, la misma que tendrá una duración de DOS AÑOS; y, la remitirá mediante oficio a conocimiento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Subsecretaría Zonal 7), dentro del plazo de treinta (30) días para el registro pertinente, adjuntando la documentación establecida en el Art. 16 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, en concordancia con el Art. 14 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016 de fecha 17 de febrero de 2016 (Instructivo para Normar los Trámites de las Organizaciones Sociales que están bajo la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas), igual procedimiento se observará para posteriores registros de Directivas.
Art. 4- Disponer al funcionario encargado del custodio de los archivos de las Organizaciones de Conservación Vial de la Subsecretaría Zonal 7, registrar el expediente y mantenerlo debidamente actualizado.
Art. 5.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Hágase conocer por escrito a los interesados, y se proceda a su publicación en el Registro Oficial a
Registro Oficial N° 460 Miércoles 3 de abril de 2019 – 13
través del funcionario encargado de las organizaciones de conservación vial de la Subsecretaría Zonal 1 .-COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.
Dado en la ciudad de Loja, a los 07 días del mes de marzo de 2019.
f.) Ing. Jaime Calderón Ojeda, Subsecretaría Zonal 7.
No. ANT-NACDSGRDI18-0000081
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Considerando:
Que, el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador establece: «El Estado garantizará la libertad del transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte como prioritarias (…)”;
Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: «La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.”;
Que, el artículo 16 de la Ley citada, determina: «La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector (…)”;
Que, el numeral 12 del artículo 20 de la norma ibídem, faculta al Directorio de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a: «12. Conocer y resolver en segunda y definitiva instancia las resoluciones emitidas por el Director Ejecutivo (…)”;
Que, el numeral 10 del artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece como una de las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la siguiente: «Supervisar la gestión operativa técnica y
sancionar a las operadoras de transporte terrestre y las entidades prestadoras de servicios de tránsito y seguridad vial, previo el trámite correspondiente y observando los principios del debido proceso y el derecho a la defensa, en el ámbito de su competencia»;
Que, el artículo 54 de la Ley ibídem, señala: «La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes aspectos: a) La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores adolescentes, niñas y niños; b) La eficiencia en la prestación del servicio; c) La protección ambiental; y, d) La prevalencia del interés general por sobre el particular.»;
Que, el artículo 35 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señala: «(…) Los actos administrativos de carácter individual que según el ámbito de su competencia le corresponda expedir al Directorio de la ANT, serán susceptibles de los recursos de apelación, reposición y de revisión, ante el mismo Directorio, de conformidad con el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.”;
Que, el artículo 93 de la norma ibídem, determina que las infracciones establecidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, «serán sancionadas por la Agencia Nacional de Tránsito a través del Director Ejecutivo de la ANT, de conformidad con el procedimiento establecido en este Reglamento.»;
Que, el artículo 98 de la norma ut supra, prescribe: «(…) las sanciones impuestas por el Director Ejecutivo de la ANT, o por los Responsables de las Unidades Administrativas, en caso de que les fuere delegada esta atribución, ser{an directamente apelables ante el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito.”;
Que, el artículo 176 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva «ERJAFE» manifiesta: «Recurso de apelación. Objeto. 1. Las resoluciones y actos administrativos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración. El recurso de apelación podrá interponerse directamente sin que medie reposición o también podrá interponerse contra la resolución que niegue la reposición. De la negativa de la apelación no cabe recurso ulterior alguno en la vía administrativa. 2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directos del administrado.”;
Que, el artículo 192 de la norma ibídem señala: «Principio de legalidad. 1. La potestad sancionadora de la Administración Pública, reconocida por la Constitución se ejercerá cuando haya sido expresamente atribuida por una norma con rango de ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta norma.2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal. 3. Las disposiciones de este título no son de aplicación al ejercicio, por la Administración Pública
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Central, de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual.”;
Que, mediante Oficio S/N ingresó a la Agencia Nacional de Tránsito el trámite signado ANT-AC-2018-11407 de 11 de abril de 2018, mediante el cual, el representante legal de la operadora Cooperativa de Transportes Macuchi, interpone el recurso de apelación a la Resolución No. 168-2018 de 19 de marzo de 2018 misma que guarda relación con el expediente administrativo Nro-13-168-03-2017-JH en el que señala: «(…) b. EL ACTO QUE SE RECURRE Y LA RAZÓN DE SU IMPUGNACIÓN: Es la RESOLUCIÓN No. 168-2018 de fecha 19 de marzo de 2018 a las llhOO (…) en razón de que la resolución impugnada y dictada por su autoridad con las atribuciones que le otorga elArt. 29 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en franca violación de derechos y garantías constitucionales de mi representada, sin la debida motivación jurídica, que lo convierten en un acto nulo de nulidad absoluta y de pleno derecho. (…)Sanción autoritaria y nula de pleno derecho pues este expediente administrativo se tenía que sancionar una supuesta impericia de la unidad o su conductor en dicho accidente ut-supra mas no la falta de un listado de pasajeros el mismo que mediante Oficio No. CTIPM-G-009-2018, de fecha Quevedo 11 de enero de 2018, se envió por la presión de la Dirección Provincial de Tránsito de Los Ríos, dicha contestación sobre algunas interrogantes entre ellas se solicitó el manifiesto o listado de pasajeros del día 5 de marzo del 2016, de la unidad siniestrada el día del accidente materia de este expediente, a fin de determinar la tarifa cobrada por la operadora, por lo que conteste en ese momento lo que pudo recabar información por secretaria y a que el accidente había sucedido el 5 de marzo del 2016, es decir habían transcurrido casi 24 meses y al no tener la asesora legal en ese momento de mi abogado defensor indique que no existía lista de pasajeros ya que la unidad de placas MAT -0132, se encontraba prestando un servicio para el cual fue autorizado, además posee Título Habilitante y Revisión Vehicular vigente y cubría su ruta y frecuencia autorizada en un recorrido en línea corta esto es la Mana-Quevedo, y que no existía lista de pasajeros ya que como es de conocimiento público la Mana, aún no consta o tiene Terminal Terrestre, ni oficinas de boletería, (…) pero el oficial y el chofer profesional Milton Jovany Segovia Tovar, el mismo que se encontraba prestando el servicio para el cual fue autorizado, en estos casos llena un listado de pasajeros numerado el mismo que tenía impreso 20 nombres pasajeros que iban siendo recogidos en paraderos autorizados, a los cuales se les cobraba 0.85 centavos de dólares de Norteamérica, listado que en el momento de ayudar a los heridos se traspapelo, pero es que la cooperativa confecciono y usa en estos casos cuando no se compran boletos en oficinas y adjunto a este memorial una copia para su apreciación, es así que se reparó integralmente a los heridos que constaban en este listado (…)”;
Que, mediante providencia de 04 de mayo de 2018 a las 11 horas el Mgs. Álvaro Guzmán Jaramillo Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, Presidente del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito calificó el
recurso de apelación como claro y completo disponiéndose dar el trámite de rigor de conformidad con el artículo 177 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y dispuso el inició del término de prueba por 10 días, a fin de que el recurrente aportará o solicitara las pruebas. Providencia que fue notificada al recurrente el 11 de mayo de 2018;
Que, mediante ingreso signado con Nro. ANT-AC-2018-15601 de 23 de mayo de 2018 el recurrente dentro del término de prueba correspondiente señala: 1 .Téngase por impugnado redargüido de falso y objetada en su legitimidad todo cuanto en autos me sea adverso conforme a Derecho; 2.- Reproduzca todo cuanto de autos me sea favorable conforme a la Ley; 3. Como a prueba a mi favor y con notificación a la parte contraria, téngase como impugnado y objetada en su legitimidad la Resolución No. 168-2018 de fecha 19 de marzo de 2018, dictada por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Eco. Pablo Calle Figueroa, en razón de que la resolución impugnada y dictada en franca violación de derechos y garantías constitucionales de mi representada, sin la debida motivación jurídica que lo convierten en un acto nulo de nulidad absoluta y de pleno derecho; PRUEBA DOCUMENTAL. (…) reprodúzcase la Lista de Pasajeros que incorporo a este memorial de fecha 5 de marzo del 2016, del Bus de mi representada de Placas MAT-0132, Disco No. 14 donde constan los pasajeros que viajaban el día del lamentable accidente desde La Maná hasta Quevedo, no completando su recorrido.» Se anexa el listado de pasajeros Nro. 0010126 de disco Nro. 14 hora 8H30 de fecha 05 de Marzo del 2016, controlador Milton Segovia-Conductor; Viaja de La Maná a Quevedo, registrándose en el listado de pasajeros el nombre de diez ciudadanos sin que se haya hecho constar observación alguna. Se anexa una lista de pasajeros originales y la copia simple de la misma lista de pasajeros;
Que, mediante Informe Jurídico contenido en el Memorando Nro. ANT-DAJ-2018-2894 de 02 de Julio de 2018, suscrito por la Abg. Gladys Moran Ríos, Directora de Asesoría Jurídica indica: «(…)Dentro del recurso de apelación el representante legal de la operadora señala que la lista de pasajeros se traspapelo en el momento del accidente pero que constaban 20 nombres escritos en la misma, sin embargo dentro del término de prueba dentro del proceso administrativo la operadora adjuntan un listado de pasajeros con solo 10 nombres, que son coincidentes con los que constan en el parte policial, es decir hay contradicciones entre las afirmaciones de la operadora en su escrito de descargo y el documento presentado como lista de pasajeros, ya que de acuerdo a las propias afirmaciones de la operadora en principio estuvo traspapelada, luego indicaron que no la tenían, luego indicaron que una la lista constaban 20 personas y actualmente remiten un listado en la únicamente constan 10 personas, sin que se pueda desvirtuar con la sola presentación de un listado de pasajeros la falta administrativa, ya que la obligación de la operadora es tenerla dentro de la unidad de transporte, presentarla al momento en que la administración la solicite y más aún cuando esa fue la imputación sobre la cual se estableció el proceso administrativo que culminó con la sanción a
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la operadora por no demostrar la existencia del listado de pasajeros al momento del accidente ni cuando se lo requirió dentro del expediente»; y, recomienda: Negar el recurso de apelación planteado por la Cooperativa de Transportes Macuchi, en virtud de que del desarrollo del presente informe se colige que la sanción a la operadora mediante Resolución Nro. 168-2018 fue impuesta por la falta de presentación del listado o manifiesto de pasajeros que se requirió al momento del siniestro y dentro del período de prueba como parte de los descargos de la operadora, sin embargo en ninguna de las etapas se entregó el documento para que sea parte del proceso y más bien se ha manifestado en los escritos presentados por la operadora que el listado de pasajeros se traspapelo, o que no existía situación que hoy se pretende subsanar con la presentación de un listado de pasajeros sin explicar de ninguna forma como se la pudo obtener cuando ha transcurrido aproximadamente dos años desde la fecha del accidente, por lo que la apelación del recurrente no tienen sustento legal que permita desvirtuar la sanción impuesta a la operadora denominada Cooperativa Interprovincial Macuchi»;
Que, la Dirección Ejecutiva con fecha 13 de diciembre de 2018, en reunión previa autoriza que el informe jurídico Nro. ANT-DAJ-2018-2894 de 02 de julio de 2018 y el expediente Nro. 020-2018-AZ, sean puestos a consideración del Presidente del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a fin de que apruebe su inclusión en el orden del día de la próxima sesión;
Que, el Presidente del Directorio con fecha 14 de diciembre de 2018, autoriza que el informe No. ANT-DAJ-2018-2894 de 02 de julio de 2018, sea incluido en el orden del día y puesto en conocimiento del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;
Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conoció el expediente Nro. 020-2018-AZ. en relación al recurso de apelación interpuesto por la Cooperativa Interprovincial Macuchi a la Resolución Nro.-168-2018 de fecha 19 de marzo del 2018; y,
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,
Resuelve:
Artículo 1.- NEGAR el recurso de apelación planteado por la Cooperativa Interprovincial Macuchi a la Resolución No. 168-2018, de fecha 19 de marzo del 2018.
Artículo 2.- RATIFICAR en todas sus partes en la Resolución Nro. 168-2018 de 19 de marzo de 2018 que señala: «i.-Declarar a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES MACUCHI» responsable de haber incurrido en la infracción administrativa tipificada en el artículo 81 numeral 2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre; 2. Imponer a la COOPERATIVA
DE TRANSPORTES MACUCHI la multa de seis (6) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general es decir un valor de 2196 dólares.»
Artículo 3.- NOTIFICAR con el contenido de la presente Resolución al Representante Legal de la Cooperativa de Transporte Macuchi.
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la notificación a las partes.
Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 18 días del mes de diciembre de 2018, en la Sala Multiusos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
f.) Ing. Paúl Hernández Guerrero, Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario (E), Presidente del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
f.) Mgs. Alvaro Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Secretario del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO.- CERTIFICO que las fojas que anteceden de 01 a 03 son fiel copia de la información que reposa en los archivos y o sistemas informáticos de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.-Fecha: 12 de febrero de 2019.-Hora: 15:43.-f.)Dra. Myriam Ramírez Salas, Directora de Secretaría General.
No. ANT-NACDSGRDI18-0000103
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Considerando:
Que, el artículo 313 de la Constitución de la República dispone: «El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley»;
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Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, dispone: «La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y descentralización interculturalidad e inclusión apersonas con discapacidad.”;
Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial dispone: «La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito.»;
Que, los numerales 2 y 10 del artículo 20 de la Ley ibídem señala que entre las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial «2. Establecer las regulaciones de carácter nacional en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, controlar y auditor en el ámbito de sus competencias su cumplimiento por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de acuerdo al Reglamento que se expida para la presente Ley”; y, «10. Aprobar las normas de homologación, regulación y control de los medios y sistemas de transporte terrestre y tránsito, en el ámbito nacional», respectivamente;
Que, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, preceptúa: «El Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, emitirá sus pronunciamientos mediante resoluciones motivadas, las mismas que serán publicadas en el Registro Oficial»;
Que, el artículo 86 de la Ley Orgánica de Transporte, Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial contempla: «Los medios de transporte empleados en cualquier servicio definido en esta Ley, deberán contar obligatoriamente con el certificado de homologación conferido por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como requisito obligatorio previo al ingreso al país y su comercialización, de acuerdo al reglamento específico, el mismo que deberá prever las acciones de control y sanción sobre quienes no acaten la presente disposición»;
Que, el artículo 207 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial contempla que la Agencia Nacional de Tránsito «(…) adoptará las medidas necesarias para la homologación de materiales y dispositivos de tránsito y seguridad vial con el fin de homogeneizarlos y garantizar a los usuarios condiciones óptimas de operación, compatibilidad y cumplimiento de normas nacionales e internacionales, así como las
mejores prestaciones en su funcionamiento. Esta actividad la realizará en laboratorios especializados, propios o de terceros”;
Que, el artículo 10 del Reglamento de aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica: «Las características técnicas, operacionales y de seguridad, tanto de los vehículos como del servicio de transporte terrestre en cada uno de los tipos de transporte deberán guardar conformidad con las normas INEN y los Reglamentos que para el efecto expida la Agencia Nacional de Tránsito, los mismos que serán de aplicación nacional»;
Que, el artículo 118 del Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte, Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala: «(…) Los procesos de homologación referidos en el art. 86 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial los efectuará el Director Ejecutivo en coordinación con las entidades competentes, en base a las normas técnicas, con el objeto de garantizar un servicio de calidad, seguridad e integridad de los usuarios y operadores. El Director Ejecutivo podrá delegar la ejecución de los procesos de homologación a las entidades privadas que cuenten con las acreditaciones correspondientes para la ejecución de estos procesos. Queda prohibida la homologación, y por ende el uso o porte en vehículos, en el territorio ecuatoriano de partes, piezas, equipos, materiales, y en general de cualquier instrumento o aparato que pueda ser empleado para evadir los controles y el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, este Reglamento y demás normas relacionadas que expida la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. (…)»;
Que, mediante Resolución No. 011 -DIR-2011 -CNTTTS V, de 26 de enero de 2011, se emitió el «Reglamento General de Homologación para la Transportación Pública y Comercial», que en el numeral 2.2, indica que todos los vehículos deberán ser homologados por el ente regulador del transporte ANT previa a su comercialización, siendo este un requisito para la matriculación vehicular; esta Resolución fue reformada por la Resolución No. 081 -DIR-20 15-ANT de 29 de octubre de 2015 «Reglamento General de Homologación Vehicular y Dispositivos de Medición, Control y Seguridad» y posteriormente con la Resolución No. 097-DIR-2016-ANT de 27 de octubre de 2016 «Reglamento de Procedimiento General de Homologación Vehicular y Dispositivos de Medición, Control y Seguridad y Certificación de los Vehículos Comercializados», estableciéndose en esta norma un proceso específico para la homologación de vehículos automotores, dispositivos de medición, control y seguridad de transporte terrestre y carrocerías, importados, ensamblados o fabricados en el país, como requisito obligatorio previo al ingreso al Ecuador para la matriculación y comercialización de unidades, a fin de garantizar un servicio de calidad e integridad de los usuarios y operadores;
Que, mediante Resolución No. 108-DIR-2014-ANT de 02 de septiembre de 2014, se expidió el «Reglamento de
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Transporte Terrestre Turístico» el cual en su artículo 29 establece: «(…) Únicamente los vehículos de alta gama, cuyo modelo y marca no mantengan representación dentro del territorio nacional y sean importados directamente por su titular para ser habilitados en el respectivo permiso de operación de transporte turístico, no serán sujetos del proceso de homologación vehicular, sin embargo, deberán someterse a un proceso de certificación ante la Agencia Nacional de Tránsito con la finalidad de verificar su conformidad con las normas técnicas de seguridad y emisiones que le sean aplicables, previa a su habilitación en el respectivo permiso de operación y bajo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas por el área competente»; así también en el artículo 32 se indica: «Vehículos Especiales.- Son aquellos vehículos construidos o adecuados para realizar transporte turístico combinado con otras actividades turísticas recreativas como las de servicio de alimentos y bebidas y otras que en conjunto se consideran operación turística. Se podrán considerar vehículos especiales los buses de dos pisos, bus costa, limosinas, discotecas rodantes, restaurantes rodantes o cualquier otro que determine la ANT en coordinación con la Autoridad Nacional de Turismo, (…)”;
Que, mediante Resolución No. 097-DIR-2016-ANT de 27 de octubre de 2016, se expidió el «Reglamento Del Procedimiento General De Homologación Vehicular Y Dispositivos De Medición, Control, Seguridad Y Certificación De Los Vehículos Comercializados» el cual establece en su Disposición General Quinta: «Se exceptúan del proceso de homologación los vehículos diplomáticos, de menaje de casa, clásicos, uso público destinados a seguridad interna y externa del Estado, los vehículos importados para personas con discapacidad y de emergencia, y otros que la ANT considere que no requieren de homologación dada su naturaleza; construcciones únicas, o productos de especiales de características funcionales o de aplicación, la entidad responsable de la homologación, es decir la ANT fijará los criterios de evaluación, condición que deberá ser debidamente justificada con la documentación del régimen con el que la unidad fue importado o ensamblado»; Así como en su Disposición General Décimo Segunda especifica: «El cumplimiento ante la ANT de las normas y reglamentos INEN se demostrarán para efectos de la homologación de conformidad con lo que estas contemplen, sin perjuicio que la ANT disponga la constatación a través de ensayos e inspecciones que creyere convenientes en base a los reglamentos o normas técnicas vigentes, según contempla la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento General, y este Reglamento, para su comprobación”;
Que, mediante el numeral 25, artículo 9 de la Resolución No. 008-DIR-2017-ANT «Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Matriculación Vehicular» determina que: «25. Para todos los procesos de matriculación de vehículos nuevos se deberá verificar que se encuentren homologados, para lo cual se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Homologación vigente y sus reformas, emitido por la ANT»;
Que, mediante Resolución No. 068-DIR-2017-ANT de 22 de diciembre de 2017, se expidió la Reforma a la Resolución No. 097-DIR-ANT-2016 «Reglamento del Procedimiento General de Homologación Vehicular y Dispositivos de Medición, Control, Seguridad y Certificación de los Vehículos Comercializados”;
Que, mediante Resolución No. ANT-
NACDSGRDI18-0000064 de 17 de julio de 2018, se expidió la Reforma a la Resolución No. 097-DIR-ANT-2016 que contiene el «Reglamento Del Procedimiento General De Homologación Vehicular Y Dispositivos De Medición, Control, Seguridad Y Certificación De Los Vehículos Comercializados”;
Que, conforme la Resolución No. ANT-NACDSGRDI18-0000059 de «Delegación otorgada al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito por el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para la Aprobación de Reglamentos Internos» de fecha 17 de julio de 2018, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito resolvió: «Artículo 1.- Delegar al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la facultad para aprobar los reglamentos internos necesarios para el adecuado funcionamiento institucional»;
Que, mediante Oficio de ingreso No. ANT-DSG-2018-17095 de 14 de septiembre de 2018, la empresa AUSTRAL CÍA. Ltda., requirió se analice la excepcionalidad de homologación del vehículo marca: INTERNATIONAL, modelo: 4700 FE 225 HP, chasis No: 3HBAVAAR6JL572517, motor No: 470HM2U1622486, con carrocería marca: AUSTRAL, modelo: AUSTRO 1000;
Que, mediante Memorando ANT-DRTTTSV-2018-0544-M de fecha 20 de septiembre de 2018, la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica que se ha ingresado una solicitud de la empresa AUSTRAL CÍA. Ltda., en la que solicita la excepcionalidad de la homologación en relación de la Disposición General Quinta de la Resolución No. 097-DIR-2016-ANT de fecha 27 de octubre de 2016 del «Reglamento del Procedimiento General de Homologación Vehicular y Dispositivos de Medición, Control, Seguridad y Certificación de los Vehículos Comercializados», en la que indica:”… vehículos diplomáticos, de menaje de casa, clásicos, uso público, destinado a seguridad interna y externa del Estado, los vehículos importados para personas con discapacidad y de emergencia, y otros que la ANT considere que no requieren de homologación dada su naturaleza, construcciones únicas o productos de especiales características funcionales o de aplicación, la entidad responsable de la homologación, fijará los criterios de evaluación… «, por tales consideraciones solicita a la Dirección de Auditoría Interna un criterio para proceder con el levantamiento de criterios técnico legales para la excepcionalidad de la homologación;
Que, mediante Informe Técnico No. DRTTTSV- 001 de fecha 19 de septiembre de 2018, denominado
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«Informe técnico de inspección a vehículo de marca: International, modelo: 4700 FE 225 HP, chasis No. 3HBBAVAAR6JL572517, motor No. 470HM2U1622486, con carrocería marca AUSTRAL: Austral, Modelo: AUSTRO 1000», la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante Acta de inspección IN-SITU de fecha 18 de septiembre de 2018 en lo general concluye: «- El vehículo NO CUMPLE con los parámetros establecidos en la ficha técnica de inspección adjunta; – No se puede determinar el cumplimiento de la estructura del vehículo (soldaduras, materiales utilizados, anclajes, uniones, alteraciones en chasis), debido a que se realiza inspección en estado terminado de unidad; – El instrumento de medición utilizado para la obtención de las dimensiones no se encuentra calibrado por el organismo competente INEN; – El vehículo por su configuración, corresponde a un BUS de transporte de pasajeros, según lo establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN2656 «Clasificación Vehicular»; -Los técnicos que realizaron la inspección no forman parte de un organismo acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano -SAE o designado por el MIPRO para la verificación de la conformidad de los reglamentos y/o normativa INEN; sin embargo, la inspección se realiza en base a la experiencia y capacidad técnica que poseen en relación a la normativa y reglamentación vigente, la cual servirá de base para elaborar los parámetros que permitan categorizar a vehículos de construcciones únicas; -El presente informe, no certifica el cumplimiento de normas o reglamentos técnicos ecuatorianos INEN; – La inspección realizada al vehículo permite establecerla categorización del vehículo MARCA: INTERNACIONAL, MODELO: 4700 FE 225HP, CON CARROCERÍA MARCA. Austral, modelo: AUSTRO 1000; de la misma manera recomienda: «- Se recomienda establecer un proceso que permita determinar los vehículos automotores de características especiales de diseño y construcción; – Se recomienda establecer los requisitos para la verificación de los elementos mínimos de seguridad del vehículo, para lo cual dichas verificaciones podrán ser realizadas mediante organismos acreditados por el SAE o Designados por el MIPRO según lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad”,
Que, mediante Informe Técnico No. DRTTTSV-JB- 007 de fecha 14 de diciembre de 2018, referente al «Informe Técnico respecto vehículos de producción limitada Comunidad Europea y Fabricación Nacional’, la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, recomienda: «i. Se recomienda incluir dentro de la excepcionalidad de homologación a los vehículos certificados bajo la Regulación de la Comunidad Europea «Type Approval» de producción limitada (EC SSTA), o su equivalente, debido a que esta modalidad de vehículos presentan producción de hasta 1000 unidades al año y la disposición de sus partes y piezas no se las realiza mediante un stock sino bajo pedido; 2. Se recomienda establecer para la producción nacional una cuantía de hasta 10 unidades, una vez analizando las capacidades productivas y las necesidades de usuarios de este tipo de vehículos”;
Que, mediante sumilla inserta por la Coordinadora General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se aprueba y valida el informe No. DRTTTSV- 001 de fecha 19 de septiembre de 2018, referente al «Informe técnico de inspección a vehículo de marca: International, modelo: 4700FE225HP, chasisNo. 3HBBAVAAR6JL572517, motor No. 470HM2U1622486, con carrocería marca AUSTRAL: Austral, Modelo: AUSTRO 1000 » de la Dirección de Regulación de TTTSV;
y.
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:
Resuelve:
Expedir la siguiente:
«REFORMA A LA RESOLUCIÓN No. 097-DIR-2016-
ANT, REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO
GENERAL DE HOMOLOGACIÓN VEHICULAR
Y DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN, CONTROL,
SEGURIDAD Y CERTIFICACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS COMERCIALIZADOS Y
ESTABLECIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
DE LA EXCEPCIÓN A PARÁMETROS DE
HOMOLOGACIÓN»
Artículo 1.- Incorpórese a la Resolución No. 097-DIR-2016-ANT, «Reglamento del Procedimiento General de Homologación Vehicular y Dispositivos de Medición, Control, Seguridad y Certificación de los Vehículos Comercializados», el Capítulo Décimo Quinto del «Proceso de Excepciones a la Homologación, Generalidades, que señale:
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO
PROCESO DE EXCEPCIONES A LA
HOMOLOGACIÓN
GENERALIDADES
Artículo 60.- El proceso de Excepción a la Homologación tiene como alcance a los siguientes vehículos: diplomáticos, de menaje de casa, clásicos, uso público destinados seguridad ciudadana, protección interna y orden público del Estado y los vehículos importados para personas con discapacidad, de construcción única, uso especial y especiales de turismo.
Este proceso de excepción a la homologación permite registrar, validar, evaluar y autorizar los productos dentro del marco legal y técnico para su circulación dentro del territorio nacional, garantizando que estas unidades cumplan con las normas y reglamentos técnicos de seguridad y de protección al ambiente y los demás que apliquen según su actividad, enmarcados dentro de los procedimientos respectivos de evaluación de la Conformidad contemplados en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, para la obtención de la autorización para su matriculación y/o habilitación.
Los vehículos mencionados en el inciso anterior no podrán ser modificados ni alterados y servirán únicamente en la
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modalidad de su registro inicial, pudiendo ser transferidos de dominio de acuerdo a las regulaciones vigentes para cada actividad o condición de excepcionalidad.
Artículo 61.- Tipos de Excepcionalidad.- Se establece para el proceso de Excepciones a la Homologación los siguientes tipos:
Vehículos de construcciones únicas.- Considerados vehículos autopropulsados o remolcados, creados y construidos para realizar obras o servicios específicos, determinando su individualidad por ser un vehículo diseñado para una sola aplicación específica, cuya fabricación puede contener parámetros de construcción y características diferentes a los habituales de un vehículo convencional, los cuales deberán contar con la debida autorización emitida por el fabricante del chasis y que no constan dentro de la clasificación vehicular especificada en la Norma Técnica NTE INEN 2656 «Clasificación Vehicular»‘, siempre y cuando demuestre el cumplimiento de elementos mínimos de seguridad, emisiones vehiculares y condiciones técnicas que permitan su circulación.
Vehículos especiales de turismo.- Son aquellos vehículos construidos o adecuados para realizar transporte turístico combinado con otras actividades inherentes, como las de servicio de alimentos, bebidas y otras que en conjunto se consideran como parte de la operación turística. Se podrán considerar vehículos especiales los buses de dos pisos, bus costa, limusinas, discotecas rodantes, restaurantes rodantes o cualquier otro que determine la Agencia Nacional de Tránsito en coordinación con la Autoridad Nacional de Turismo.
Vehículos de uso especiales.- Vehículos diseñados para el transporte comerciales o público o privado (que celebren una concesión, contrato o acuerdo para la prestación de servicio) con una capacidad de carga desde 3.5 toneladas destinados para el transporte terrestre de mercancías o substancias peligrosas, asistencia social, pudiendo ser autopropulsados o remolcados, acoplados, teleféricos, funiculares, vehículos especiales de transporte férreo como: auto ferros, tranvías, monorriel, metros, trolebuses, buses articulados y buses biarticulados, los cuales podrán circular en las carreteras y vías públicas del país, sujetándose a las disposiciones establecidas en la Ley de Transponerte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su reglamento, resoluciones y regulaciones técnicas vigentes.
Vehículos de seguridad ciudadana, protección interna y orden público.- Vehículos diseñados para proporcionar servicios de logística para el desarrollo de operaciones y actividades destinadas a la ejecución de programas de seguridad, riesgos, así como en situaciones declaradas de emergencia. Estos pueden ser: ambulancias, vehículos motobombas y/o rescate, o aquellos utilizados por las instituciones de seguridad del Estado en cumplimiento de su misión específica.
Artículo 62.- De la Constatación de la Conformidad.- Las unidades vehiculares reglamentadas en la presente resolución deberán someterse a evaluación en los Organismos de Evaluación de la Conformidad, OEC,
con el objeto de verificar si sus condiciones técnicas de construcción, cuentan con garantías de seguridad, para lo cual se verificará:
a. De acuerdo a las necesidades propias de cada actividad, o respecto al uso que estará destinado el vehículo, la Agencia Nacional de Tránsito analizará las características del vehículo conforme a la matriz de requisitos mínimos de cumplimiento (elaborada por la ANT) y notificará a los Organismos de Evaluación de la Conformidad, para que puedan realizar la inspección de los requisitos conforme matriz antes definida;
b. Para lo cual los Organismos de Evaluación de la Conformidad acreditados podrán realizar las inspecciones parciales en función de los Reglamentos y Normas INEN vigentes, siguiendo el proceso regular para la obtención de los informes de inspección, los cuales detallarán las conclusiones y no conformidades del vehículo inspeccionado;
c. En caso de que el informe técnico del Organismo de la Evaluación de la Calidad, OEC, determine que la unidad cumple con los parámetros de seguridad de la unidad y no cuenta con observaciones, la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, emitirá un informe para conocimiento de la Dirección Ejecutiva o del delegado de la Agencia Nacional de Tránsito, para que se otorgue el Certificado de la excepción a la Homologación exclusivamente a la unidad;
d. Para los vehículos que cuenten con observaciones en el informe de inspección, el solicitante de la excepcionalidad tendrá un plazo no mayor de 60 días para volverse a presentar para la inspección ante el Organismo de Evaluación de la Conformidad, el cual deberá exigir la autorización por parte del fabricante o dueño de la representación de marca de chasis homologado, en el que detalle las modificaciones autorizadas;
Artículo 63.- Del Certificado de Excepcionalidad de la Homologación.- Los Vehículos especificados en el artículo 60 de la presente Resolución, que se exceptúan de la obligatoriedad de realizar la homologación, deberán obtener el certificado de excepción de la homologación el cual será emitido mediante oficio del Director Ejecutivo o su delegado de la Agencia nacional de Tránsito, que deberá especificar:
- Nombre completo o razón social.
- Nombre abreviado o siglas (si tuviere);
- Marca, modelo, versión (si aplica);
- Número VIN, número de motor;
- Datos generales: teléfonos, correo electrónico.
El Certificado de Excepcionalidad de Homologación será entregado al solicitante y el producto excepcionado de la
20 – Miércoles 3 de abril de 2019 Registro Oficial N° 460
homologación se publicará en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito.
Artículo 64.- Del Constructor de vehículos de excepción de homologación.- Para los vehículos construidos a partir de chasis, el fabricante deberá cumplir los requisitos normativos y de registro al igual que los de Fabricante de carrocerías de buses vigente en la Agencia Nacional de Tránsito, así como las recomendaciones y restricciones de modificación de chasis, de acuerdo a los manuales de carrozado.
Artículo 65.- De la Solicitud.- Las solicitudes para aplicar la Excepción a la Homologación, serán presentadas en la Agencia Nacional de Tránsito, por personas naturales o jurídicas que se acojan a:
1. Regulaciones que exceptúen del proceso de homologación o den un trato preferencial para vehículo s sujetos a la ley de diplomacia, ley de discapacidades, COESCOP, de menaje de casa, vehículos clásicos y ambulancias; emitidas por instituciones públicas en función de normativas como:
Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas y en la legislación aduanera;
Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público COESCOP;
Ley Orgánica de Discapacidades – CONADIS;
- Lo dispuesto en el artículo 61 de la presente Resolución, y artículos referentes a la homologación de carrocerías;
- Aquellos vehículos producidos y certificados bajo una aprobación de la Comunidad Europea «Type Approval” de producción limitada (EC SSTA), o su equivalente; y para el caso de fabricación nacional (los que no superen su producción anual de 10 unidades);
Artículo 2.- Remplácese la Disposición Quinta de la Resolución No. 097-DIR-2016-ANT, «Reglamento del Procedimiento General de Homologación Vehicular y Dispositivos de Medición, Control, Seguridad y Certificación de los Vehículos Comercializados», por el siguiente texto:
QUINTA.- Dadas las condiciones de uso o de ingreso al País de los vehículos diplomáticos, de menaje de casa, clásicos, uso público destinados a seguridad ciudadana, protección interna y orden público del Estado y los vehículos importados para personas con discapacidad, se exceptúan del proceso de homologación, sujetos a la obtención del Certificado de Excepción a la Homologación descrito en el presente reglamento.
Para las unidades que se vayan a construir o ya se encuentren ensambladas o importadas y sean consideradas conforme los parámetros dispuestos en el Capítulo Décimo Quinto de esta Resolución como
construcción única, uso especial, especiales de turismo, se deberá obtener una certificación de excepción a la Homologación, siempre y cuando demuestre el cumplimiento de elementos mínimos de seguridad y emisiones vehiculares, y los demás que correspondan de acuerdo a su actividad, mismos que serán avalados por un Organismo Evaluador de la Conformidad OEC, debidamente acreditado o designado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- La Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, llevará un control y registro de las unidades exceptuadas de la homologación, debiendo comunicar cada mes a la Coordinación General de Gestión y Control Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales, el listado de vehículos exceptuados de la homologación, para su respectiva habilitación dentro de una operadora de turismo y/o su matriculación según lo establecido en la Resolución No. 008-DIR-2017-ANT «Reglamento De Procedimientos Requisitos Para La Matriculación Vehicular».
SEGUNDA.- Los vehículos objeto de la excepcionalidad de la homologación, no podrán ser modificados ni alterados bajo ninguna circunstancia, y al no poder cumplir con toda la normativa vigente para vehículos de trasporte público o comercial de pasajeros, no podrán brindar servicio público o comercial a excepción del servicio de turismo, los mismos que no podrán realizar cambios entre modalidades, y servirán únicamente en la modalidad de su registro inicial, pudiendo ser transferidos de dominio de acuerdo a las regulaciones vigentes para cada actividad o condición de excepcionalidad, sin embargo deben cumplir con el acuerdo de pesos y medidas dispuesto por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
TERCERA.- Los Organismos de Evaluación de la Conformidad debidamente acreditados bajo normativa o reglamentos del INEN, no requerirán acreditarse bajo la actual resolución, ya que solamente se solicitará requisitos especificados bajo regulaciones y normas emitidas por el INEN, por lo que no se saldrá del alcance especificado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano.
CUARTA.- Los vehículos que se certifiquen y registren bajo el régimen de Excepción de Homologación deberán cumplir la Revisión Técnica Vehicular, únicamente en los aspectos establecidos en la ficha técnica de requisitos solicitados para su aprobación, de tal manera que se constate la vigencia y buen estado de los mismos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Una vez emitida la presente Resolución la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en un término de 90 días, elaborarán la matriz de requisitos mínimos de cumplimiento, mismos que será puesto en conocimiento de la Dirección Ejecutiva para su aprobación y posterior implementación.
Registro Oficial N° 460 Miércoles 3 de abril de 2019 – 21
SEGUNDA.- Para toáoslos trámites de los cuales se solicite la excepcionalidad de la homologación, presentados antes de la emisión de la presente resolución y de la emisión de la matriz de requisitos mínimos, se analizará el cumplimiento de la conformidad a través de un informe técnico elaborado por la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, siempre y cuando se pueda constatar el cumplimiento con las normas y reglamentos técnicos de seguridad y de protección al ambiente, será presentado a la Dirección Ejecutiva o del delegado de la Agencia Nacional de Tránsito, para que se otorgue el Certificado de la excepción a la Homologación exclusivamente a la unidad.
TERCERA.- La Coordinación General de Regulación Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, comunicará a los todos los representantes de marca, carrocerías, importadores y demás autorizados por la Agencia Nacional de Tránsito, la prohibición de construir vehículos denominados únicos o especiales, sin cumplir con el proceso determinado en la presente Resolución; y la prohibición de construir unidades que no cumplan con la norma técnica vigente o tengan el chasis modificado (alargue o disminución, sin la correspondiente autorización legalizada por parte del fabricante o representante del chasis).
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- En lo que respecta a la Resolución N° 008-DIR-2017-ANT de 16 de marzo de 2017, se encuentra vigente, en todo lo que no se contraponga con el contenido en la presente Resolución.
SEGUNDA.- Para la observancia, cumplimiento y ejecución de la presente reforma, notifíquese a través de la Dirección de Transferencias de Competencias de la Agencia Nacional de Tránsito, a las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito, a la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Policía Nacional y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos, Municipales y Mancomunidades, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de Industrias y Productividad, Servicio Ecuatoriano de Contratación Pública y en general a todas las instituciones del Estado.
TERCERA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional de Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los medios masivos que considere pertinente a fin de que los usuarios internos y externos conozcan el procedimiento contenido en la presente Resolución.
CUARTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de diciembre de 2018, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su novena Sesión Ordinaria de Directorio.
f.) Ing. Paúl Hernández Guerrero, Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, Presidente del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
f.) Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Secretario del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO.- CERTIFICO que las fojas que anteceden de 01 a 06 son fiel copia de la información que reposa en los archivos y o sistemas informáticos de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial-Fecha: 12 de febrero de 2019.-Hora: 15:44.-f.)Dra. Myriam Ramírez Salas, Directora de Secretaría General.
No. ANT-NACDSGRDI18-0000104
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Considerando:
Que, el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: «El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. «
Que, el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: «El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias.”;
22 – Miércoles 3 de abril de 2019 Registro Oficial N° 460
Que, el artículo 1 la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, preceptúa: » La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio -económico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos”;
Que, el artículo 6 de la precitada Ley dispone: «El Estado es propietario de las vías públicas, administrará y regulará su uso”;
Que, el artículo 16 de la Ley ibídem señala: «La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del tránsito en las vías de la red estatal
troncales, nacionales, en coordinación con los GAD ‘S y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito (…)»;
Que, los numerales 2 y 6 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entre las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito contempla: «2) Establecer las regulaciones de carácter nacional en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; (…) 6) Aprobar las normas técnicas en el marco de las políticas públicas nacionales para la aplicación de la presente Ley y su Reglamento General.”;
Que, la Resolución No. 045-DIR-2015-ANT de 4 de agosto de 2015 aprobada por el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito que contiene el «Informe de necesidades de servicio de transporte comercial mixto en la provincia de Loja» en su numeral 1 resuelve: «1. Aprobar el estudio de necesidades de servicio de transporte comercial mixto en la provincia de Loja a fin de satisfacer la demanda de transporte y brindar un adecuado servicio a los usuarios, conforme lo recomendado en el Informe Técnico No. 270-UAL-11-ANT-2015 de 04 de junio de 2015, y en la Revisión del proceso de 27 de julio de 2015 en base» al siguiente detalle:
CANTÓN
OFERTA AUTORIZADA
DEMANDA CALCUALDA
DEMANDA POR SATISFACER
CATAMAYO
209
218
9
CÉLICA
28
35
7
PUYANDO
8
28
20
Que, con fecha 23 de marzo de 2017, La Dirección Provincial de la ANT de Loja, reemite el Informe Técnico 063-DPL-ll-ANT-2017 denominado «Informe de Necesidades de Servicio de transporte comercial mixto para la provincia de Loja» con el estudio de necesidad del servicio en la modalidad de transporte comercial mixto para los cantones Catamayo, Célica y Puyango, en el que se recomienda autorizar los cupos para la demanda a satisfacer conforme el siguiente detalle:
No.
CANTÓN
CUPOS
1
Catamayo
6
2
Puyango
4
3
Célica
11
Que, con base en el incremento recomendado en el Informe Técnico 063-DPL-11-ANT-2017 de 23 de marzo de 2017, el cuadro de cupos totales para los cantones Catamayo, Célica y Puyango, debió ser el siguiente:
PROVINCIA
CANTONES
OFERTA AUTORIZADA
DEMANDA CALCUALDA
DEMANDA POR SATISFACER
LOJA
CATAMAYO
218
224
6
CÉLICA
35
46
11
PUYANGO
28
32
4
TOTAL
281
302
21
Registro Oficial N° 460 Miércoles 3 de abril de 2019 – 23
Que, con fecha 30 de marzo de 2017, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito emite la Resolución No. 019-DIR-2017-ANT, y en su numeral 1 resuelve: «1. Acoger la recomendación del estudio de necesidad del servicio en la modalidad de transporte comercial mixto para los cantones Catamayo, Célica y Puyango de la provincia de hoja, «, sin embargo se incluye un cuadro de totales que presenta varios errores numéricos que no se corresponden al informe técnico que sustenta el incremento de cupos, los cuales se reflejan a continuación:
PROVINCIA
CANTONES
OFERTA AUTORIZADA
DEMANDA CALCUALDA
DEMANDA POR SATISFACER
LOJA
CATAMAYO
218
224
6
CÉLICA
35
39
4
PUYANGO
8
19
11
TOTAL
261
282
21
Que, con la finalidad de rectificar los errores numéricos de la Resolución No. 019-DIR-2017-ANT, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito con fecha 15 de agosto de 2017 emite la Resolución Nro. 040-DIR-2017-ANT y en su numeral 1 resuelve: «1. Rectificar la Resolución de Informe de Necesidades de Servicio de Loja con No. 019-DIR-2017-ANT de 30 de marzo de 2017, en cuadro adjunto en el numeral 1» por el siguiente:
PROVINCIA
CANTONES
OFERTA AUTORIZADA
DEMANDA CALCUALDA
DEMANDA POR SATISFACER
LOJA
CATAMAYO
218
224
6
CELIA
8
19
11
PUYANGO
35
39
4
TOTAL
261
282
21
Que, mediante Memorando No. ANT-CGGCTTTSV-2017-0991-M de 15 de agosto de 2017, se informa que en el cuadro incluido en la Resolución Nro. 040-DIR-2017-ANT, existe un error en la transcripción del cuadro, ya que por un error de tipeo dice cantón Celia cuando lo correcto es Célica;
Que, mediante Resolución No. ANT-NACDSGRDI18-0000032 de 12 de abril del 2018 se realiza la rectificación de la Resolución Nro. 019-DIR-2017 ANT de 30 de marzo de 2017, y se remplaza por el siguiente cuadro:
PROVINCIA
CANTONES
OFERTA AUTORIZADA
DEMANDA CALCUALDA
DEMANDA POR SATISFACER
LOJA
CATAMAYO
218
224
6
CÉLICA
8
19
11
PUYANGO
35
39
4
TOTAL
261
282
21
Que, mediante Memorando Nro. ANT-UAL-2018-4934 de 25 de octubre de 2018 la Dirección Provincial de Loja solicita a la Dirección de Secretaria General: «La rectificación de la Resolución Nro. ANT-NACDSGRDI18-0000032, en base al Informe Técnico No. 063-DPL-11-ANT-2017 de 23 de marzo de 2017, en donde los cupos determinados son adicionales a la última resolución 045-DIR-2015-ANT para abastecer los servicios de transporte comercial que son contratados por medio de SERCOP para diferentes entidades públicas, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.”;
Que, dentro del mentado documento señala: «La demanda calculada en la Resolución Nro. 045-DIR-2015-ANT en los cantones analizados está determinado por el siguiente cuadro.
24 – Miércoles 3 de abril de 2019 Registro Oficial N° 460
Nro
CANTONES
Demanda Calculada RES. 045-DIR-ANT
1
CATAMAYO
218
2
PUYANGO*
28
3
CÉLICA
35
*En el caso del cantón Puyango está en proceso de regulación la Cía. Comixsanja, la misma fue notificada con 15 cupos en base de los compromisos presidenciales realizados en la ciudad de Célica, provincia hoja, y 13 cupos habilitados en la operadora Transselpetrino de la parroquia Mercadillo, dando un total de 28 cupos.
Con estos antecedentes la nueva oferta de partida para la nueva resolución de Regulación estaría dada de la siguiente forma:
Nro.
CANTONES
OFERTA AUTORIZADA
DEMANDA CALCUALDA
DEMANDA POR SATISFACER
1
CATAMAYO
218
224
6
2
CÉLICA
35
46
11
3
PUYANGO
28
32
4
Que, mediante memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2018-1407-M de 12 de noviembre de 2018, la Coordinación General de Gestión del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, acoge y valida la rectificación de la Resolución No. ANT-NACDSGRDI18-0000032 de fecha 12 de abril de 2018, en virtud a la información proporcionada por la Dirección Provincial de Loja en Memorando Nro. ANT-UAL-2018-4934 de 25 de octubre de 2018, de la siguiente manera:
PROVINCIA
CANTONES
OFERTA AUTORIZADA
DEMANDA CALCULADA
DEMANDA POR SATISFACER
LOJA
CATAMAYO
218
224
6
CÉLICA
35
46
11
PUYANGO
28
32
4
TOTAL
281
302
21
Que, el artículo 110 del Código Orgánico Administrativo dispone: «Reglas generales de convalidación. El acto administrativo con vicios subsanables se considera convalidado cuando, previa rectificación de los vicios, conste en el expediente la declaración de la administración pública, en este sentido o por preclusión del derecho de impugnación. La convalidación se efectúa respecto del acto administrativo viciado íntegramente, por lo que no cabe la convalidación parcial. Producida la convalidación, los vicios del acto administrativo se entienden subsanados y no afectan la validez del procedimiento o del acto administrativo. La convalidación produce efectos retroactivos desde la fecha en que se expidió el acto originalmente viciado.”;
Que, el artículo 112 del Código Orgánico Administrativo establece: «Oportunidad para la declaración de convalidación. Cuando la convalidación tiene por objeto un acto administrativo, se puede efectuar, de oficio o a petición de la persona interesada, en el procedimiento de aclaración o con ocasión de la resolución de un recurso administrativo»;
Que, es necesario corregir el error de origen en el Informe de necesidad de transporte mixto en los cantones Catamayo, Célica y Puyango de la Provincia de Loja, con la finalidad de continuar con el trámite de asignación de cupos; y,
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,
Resuelve:
Expedir la
CONVALIDACIÓN DEL INFORME DE NECESIDADES DE SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO PARA LA PROVINCIA DE LOJA
Registro Oficial N° 460 Miércoles 3 de abril de 2019 – 25
Artículo 1.- CONVALIDAR la Resolución Nro. 019-DIR-2017 ANT de 30 de marzo de 2017 y ACOGER de forma retroactiva la recomendación del estudio de necesidades de servicio en la modalidad de transporte comercial mixto para los cantones Catamayo, Célica y Puyango de la provincia de Loja, conforme el siguiente detalle:
PROVINCIA
CANTONES
OFERTA AUTORIZADA
DEMANDA CALCULADA
DEMANDA POR SATISFACER
LOJA
CATAMAYO
218
224
6
CÉLICA
35
46
11
PUYANGO
28
32
4
TOTAL
281
302
21
Artículo 2.- DELEGAR a la Dirección Provincial de Loja la elaboración de la respectiva matriz de asignación de cupos, de conformidad a lo establecido en la Resolución No. 056-DIR-2012-ANT de 26 de septiembre de 2012, la misma que será aprobada por la Dirección Ejecutiva.
Artículo 3.- DELEGAR a la Dirección Provincial de Loja la socialización de la presente Resolución con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) competentes y los organismos de control para los respectivos operativos.
Artículo 4.- DEROGAR la Resolución No. 040-DIR-2017-ANT de 15 de agosto de 2017 y la Resolución No. ANT-NACDSGRDI18-0000032 de 12 de abril del 2018; por contener errores sustanciales numéricos y tipográficos en la regulación del incremento de cupos por necesidad de transporte mixto en la provincia de Loja.
Artículo 5.- DEJAR SIN EFECTO en lo que aplique, acorde la presente resolución, la Resolución Nro. 019-DIR-2017 ANT de 30 de marzo de 2017, y para todos los fines legales se considerará la presente Resolución como el único acto administrativo vigente de necesidad de transporte mixto en los cantones Catamayo, Célica y Puyango de la provincia de Loja.
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su emisión, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 18 días del mes de diciembre del 2018, en la Sala de Sesiones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Novena Sesión Ordinaria de Directorio.
f.) Ing. Paúl Hernández Guerrero, Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario (E), Presidente del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
f.) Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Secretario del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO.- CERTIFICO que las fojas que anteceden de 01 a 04 son fiel copia de la información que reposa en los archivos y o sistemas informáticos de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial-Fecha: 12 de febrero de 2019.-Hora: 15:45.- f.) Dra. Myriam Ramírez Salas, Directora de Secretaría General.
No. 001-DIR-2019-ANT
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Considerando:
Que, el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. (…)”;
Que, el artículo 226 ibídem, dispone que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;
Que, el artículo 227 del cuerpo legal ut supra, establece que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;
26 – Miércoles 3 de abril de 2019 Registro Oficial N° 460
Que, el artículo 313 del citado cuerpo legal dispone: «El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”;
Que, el artículo 128, del Código Orgánico Administrativo, determina que: «Acto normativo de carácter administrativo. Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, que no se agota con su cumplimiento y de forma directa”;
Que, el artículo 16, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial determina que: «la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (en adelante para los efectos de esta normativa ‘Agencia Nacional de Tránsito » y/o «ANT»), es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector (…)”;
Que, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Trasporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial señala: «El Directorio emitirá sus pronunciamientos mediante resoluciones motivadas, las mismas que serán publicadas en el Registro Oficial»;
Que, el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos dispone: «Corresponde a la Función Ejecutiva la formulación de la política de hidrocarburos. Para el desarrollo de dicha política, su ejecución y la aplicación de esta Ley; el Estado obrará a través del Ministerio del Ramo y de la Secretaría de Hidrocarburos.”;
Que, el artículo 9 de ibídem, establece: «El Ministro Sectorial es el funcionario encargado de formular la política de hidrocarburos aprobados por el Presidente de la República, así como de la aplicación de la presente Ley. Está facultado para organizar en su Ministerio los Departamentos Técnicos y Administrativos que fueren necesarios y proveerlos de los elementos adecuados para desempeñar sus funciones. (…)”;
Que, el artículo 72, del citado cuerpo legal dispone: «Los precios de venta al consumidor de los derivados de los hidrocarburos serán regulados de acuerdo al Reglamento que para el efecto dictará el Presidente de la República.
(…)»;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en el Registro Oficial No. 73 de 2 de agosto de 2005, se expidió el Reglamento Sustitutivo para la Regulación de los Precios de los Precios de los Derivados de los Hidrocarburos;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 619, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 394 del 26 de diciembre del 2018, se reformó el Reglamento Sustitutivo para la Regulación de los Precios de los Precios de los Derivados de los Hidrocarburos, que dispone que la información de los vehículos beneficiarios del precio de la gasolina extra comercial, gasolina extra con etanol comercial, Diesel 2 y Diesel Premium que mantienen subsidio, comprende al «Transporte Terrestre Público y Transporte Comercial» conforme al «Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial»; dicha información será proporcionada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Agencia Nacional de Tránsito, en coordinación con las otras entidades que regulan a estos beneficiarios;
Que, mediante Memorando No. ANT-DEP-2019-0013 de 10 de enero de 2019, se remite el Informe Técnico No. 010-DEP-CE-2019-MTOP-ANT de 9 de enero de 2019, referente al «Estudio referente al recorrido y consumo promedio diario de combustible de las unidades de transporte de pasajeros en taxis en las ciudades de Ecuador»;
Que, mediante sumilla inserta de la Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, en el Informe Técnico No. 010-DEP-CE-2019-MTOP-ANT de 9 de enero de 2019, referente al «Estudio referente al recorrido y consumo promedio diario de combustible de las unidades de transporte de pasajeros en taxis en las ciudades de Ecuador», se aprueba y valida el contenido del referido informe y del proyecto de resolución, en consecuencia se presenta al Directorio de este organismo la presente Resolución;
Que, el Ministro de Transporte y Obras Públicas mediante Oficio Nro. MTOP-MTOP-19-43-OF de 11 de enero de 2019, dispone instrumentar las disposiciones de los Decretos Ejecutivos Nro. 619 y 632, a fin de establecer los posibles beneficiarios del precio de gasolina extra comercial y gasolina extra con etanol; y,
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:
Resuelve:
EMITIR LOS INSUMOS TÉCNICOS PARA
ESTABLECER LOS RANGOS DE CONSUMO
PROMEDIO DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE COMERCIAL EN LA MODALIDAD
DE TAXIS CONVENCIONAL Y EJECUTIVO
Art. 1.- Objeto.- La presente Resolución tiene como objeto viabilizar el cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo 619 publicado en el Registro Oficial número 394 de 26 de diciembre de 2018, mediante
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el establecimiento de lineamientos técnicos para la definición de los rangos de consumo promedio de gasolina extra comercial, gasolina extra con etanol comercial en la modalidad de taxis convencional y ejecutivo.
Art. 2.-Requerimientos que deben cumplirlas unidades vehiculares para acceder a la prestación del servicio público y comercial: Los criterios para la definición de posibles vehículos beneficiarios del precio de la gasolina extra comercial, gasolina extra con etanol comercial que mantienen subsidio, que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 619 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 394 del 26 de diciembre del 2018, serán definidos por el Ministerio de Obras Públicas y la Agencia Nacional de Tránsito, son los siguientes:
- Contar con el título habilitante vigente emitido por la entidad competente, que certifique que la unidad vehicular se encuentra activa dentro de la operadora.
- Tener registrada la unidad vehicular en el Servicio de Rentas Internas – SRI como contribuyente con el respectivo RISE o RUC activo.
- Matrícula de la unidad vigente.
- Haber aprobado la revisión técnica vehicular o Revisión vehicular de acuerdo a los cronogramas de calendarización.
- Estar al día en las obligaciones con la Agencia Nacional de Tránsito y el Servicio de Rentas Internas.
Art. 3.- Categorización de ciudades para determinar el rango de consumo de combustible para la aplicación del Decreto Ejecutivo 619 de 21 de diciembre de 2018, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 394 del 26 de diciembre del 2018.- En lo referente a la modalidad de transporte terrestre comercial en taxis convencional y ejecutivo, se categorizarán las ciudades del país y los vehículos dentro de cada una de ellas, de acuerdo a parámetros determinados por la Agencia Nacional de Tránsito, mediante un informe técnico que contenga un análisis de recorridos y consumo de combustible a nivel nacional, que tendrá validez de 90 días a partir de su emisión.
Las ciudades y vehículos se categorizarán conforme lo establece la siguiente tabla, que podrá ser modificada de acuerdo a los informes técnicos de monitoreo trimestrales detallados en el inciso anterior y en el artículo 5 de la presente Resolución, el cual deberá estar aprobado por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito:
CATEGORÍA CIUDAD
Nro. Galones/mes
TIPO A
hasta 270
TIPO B
hasta 240
TIPO C
hasta 210
Art. 4.- Evaluación constante del proceso.- La Agencia Nacional de Tránsito realizará un monitoreo permanente de
la información disponible y se emitirán Informes Técnicos debidamente sustentados que tendrán una validez de 90 días a partir de su emisión.
Dicho informe Técnico servirá de insumo para los ajustes correspondientes que se identifiquen necesarios en la tabla de categorización del artículo 3 de la presente Resolución, según el tipo de vehículo y su recorrido.
Art. 5.- Del mecanismo de entrega de información para gestión del subsidio: La Agencia Nacional de Tránsito viabilizará la información de consumo de combustible y posibles beneficiarios del subsidio a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, la que en el marco de su competencia empleará para su gestión una tarjeta electrónica o cualquier otro sistema que permita maximizar el control de la correcta asignación de los valores destinados al subsidio del transporte terrestre comercial en la modalidad de taxis convencional y ejecutivo en relación a la ciudad, recorrido y tipo de vehículo en concordancia lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo 619, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 394 del 26 de diciembre del 2018, que reformó el Reglamento Sustitutivo para la Regulación de los Precios de los Derivados de los Hidrocarburos.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA: Los propietarios de las unidades que cuenten con el kit de transporte seguro y/o aplicativo móvil calificado por la Agencia Nacional de Tránsito, deberán cerciorarse de que se éstos encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, que permitan a esta entidad contar con los insumos necesarios para el monitoreo permanente.
SEGUNDA: Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social la publicación de la presente resolución en la página web.
TERCERA: Dispóngase a la Dirección de Secretaría General, Dirección de Transferencias de Competencias; y, a las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito la socialización y comunicación de la presente Resolución a nivel nacional.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
A partir de los 90 días posteriores a la emisión de la presente Resolución, todos los taxis convencionales y ejecutivos, deberán contar con el kit de transporte seguro y/o aplicativo móvil y/o dispositivo de rastreo satelital, conforme los requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 14 días del mes de enero de 2019n
28 – Miércoles 3 de abril de 2019 Registro Oficial N° 460
la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Primera Sesión Extraordinaria de Directorio.
f.) Ing. Paúl Hernández Guerrero, Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, Presidente del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
f.) Mgs. Álvaro Nicolás Guzmán, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Secretario del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO.- CERTIFICO que las fojas que anteceden de 01 a 05 son fiel copia de la información que reposa en los archivos y o sistemas informáticos de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial- Fecha: 12 de febrero de 2019.- Hora: 15:40.- f.) Dra. Myriam Ramírez Salas, Directora de Secretaría General.
No. 503-2019-F
LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
Considerando:
Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014;
Que el artículo 14, numeral 4 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece como función de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, regular la creación, constitución, organización, operación y liquidación de las entidades financieras, de seguros y de valores;
Que los incisos primero y penúltimo del artículo 194 del Código Orgánico ibídem, establecen en su orden que las entidades financieras podrán realizar las operaciones descritas acorde con la autorización otorgada por el respectivo organismo de control; y, que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera definirá las acciones que comprenden las operaciones determinadas en este artículo;
Que con oficio No. SB-DS-2018-0223-O de 19 septiembre de 2018, la Superintendencia de Bancos presentó a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el proyecto de «Norma que regula los depósitos a la vista mediante cuenta básica en las entidades financieras bajo el
control de la Superintendencia de Bancos», que sustituye a la que fue expedida con resolución No. 319-2016-F de 28 de diciembre de 2016;
Que el artículo 45 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos establece que «Los contratos podrán ser instrumentados mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos»;
Que el artículo 46 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos dispone que:
«… El perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos y solemnidades previstos en las leyes y se tendrá como lugar de perfeccionamiento el que acordaren las partes.
La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no implica aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes…»;
Que mediante resolución No. 319-2016-F de 28 de diciembre de 2016, se expidió la «Norma que regula los depósitos a la vista mediante cuenta básica en las entidades financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos», que consta en el Capítulo XV, Título II «Sistema Financiero Nacional», del Libro I «Sistema Monetario y Financiero», de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros;
Que es necesario expedir una norma que determine los servicios y montos máximos que pueden ofrecer las entidades financieras a través de la cuenta básica, ampliando sus servicios, para así recoger de mejor manera los criterios establecidos en el Código Orgánico Monetario y Financiero;
Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria por medios tecnológicos convocada el 26 de febrero de 2019, con fecha 1 de marzo de 2019, conoció y aprobó la reforma al Capítulo XV «Norma que regula los depósitos a la vista mediante cuenta básica, en las entidades financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos», del Título II «Sistema Financiero Nacional», del Libro I «Sistema Monetario y Financiero», de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y,
En ejercicio de sus funciones,
Resuelve:
En el Libro I de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, efectuar la siguiente reforma:
ARTÍCULO 1.- Sustitúyase el Capítulo XV «Norma que regula los depósitos a la vista mediante cuenta
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básica, en las entidades financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos», por el siguiente:
CAPÍTULO XV.- NORMA QUE REGULA LOS DEPÓSITOS A LA VISTA MEDIANTE CUENTA BÁSICA EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS BAJO EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.
SECCIÓN L- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA BÁSICA
ARTÍCULO 1.- Definición.- La cuenta básica es un depósito a la vista, que se instrumenta mediante un contrato celebrado por cualquier medio permitido por la ley, entre una entidad financiera y una persona natural, que es la titular, mediante la cual puede disponer de los fondos depositados, así como acceder a otros servicios asociados, a través de los canales habilitados por la entidad financiera y que estarán especificados en dicho contrato.
ARTÍCULO 2.- Transacciones Permitidas.- El titular podrá ejecutar a través de la cuenta básica, las siguientes transacciones:
a. Depósitos, retiros y consultas;
b. Pago de servicios básicos;
c. Pago y/o cobro de salarios;
d. Compras o consumos en locales afiliados;
e. Pagos a la entidad financiera y a terceros (operaciones de crédito, tarjeta de crédito, créditos de almacenes, entre otros);
f. Envío y recepción de transferencias internas e interbancarias locales, remesas nacionales y giros locales;
g. Envío y recepción de transferencias y giros internacionales;
h. Cobro de los beneficios del sistema de la seguridad social; y,
i. Cobro de los subsidios y transferencias otorgados por el gobierno.
Las transacciones anteriormente descritas se realizarán dentro de los montos mínimos y máximos establecidos por las entidades financieras, con arreglo a lo dispuesto en la presente norma.
ARTÍCULO 3.- Servicios Adicionales.- Las entidades financieras también podrán brindar a través de la cuenta básica otros servicios adicionales, previa aceptación de sus costos por el titular, como son las referencias bancarias, cortes de estado de cuenta; y, otros que sean habilitados por las entidades financieras.
ARTÍCULO 4.- Saldos.- El saldo máximo que se podrá mantener mensualmente en una cuenta básica será de dos salarios básicos, sin perjuicio de que la entidad financiera fije montos inferiores en función de sus análisis de riesgo. El número, frecuencia y monto de transacciones permitidas será determinado por la entidad financiera.
ARTÍCULO 5.- Seguro de Depósitos.- Los saldos que se mantengan en la cuenta básica, estarán cubiertos por el Seguro de Depósitos, conforme lo establecido en la ley.
ARTÍCULO 6.- Intereses.- La entidad financiera reconocerá el pago de intereses sobre los saldos que se mantengan en la cuenta básica, de conformidad con lo previsto en el marco jurídico vigente.
ARTÍCULO 7.- Sobregiros.- La entidad financiera no podrá otorgar, en ningún caso, sobregiros en una cuenta básica.
ARTÍCULO 8.- Canales de atención y medios de pago.- Las transacciones y demás servicios asociados a las cuentas básicas podrán ser brindados en los canales físicos o electrónicos, propios o de terceros, habilitados por las entidades financieras.
Para su ejecución, los titulares podrán emplear los medios de pago permitidos por la normativa vigente y que las entidades financieras tuvieran disponibles, tales como tarjetas de débito con o sin chip, teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos.
Para el uso del teléfono celular como medio de pago, los titulares de cuentas básicas deberán registrar su número celular ante la entidad financiera siguiendo el procedimiento establecido en el contrato de cuenta básica, siendo de su exclusiva responsabilidad la actualización o modificación del número registrado.
La entidad financiera podrá emitir, a costo del titular, al menos una tarjeta de débito con chip.
SECCIÓN II.- DEL CONTRATO DE CUENTA BÁSICA
ARTÍCULO 9.- Contratación y apertura.- La contratación de una cuenta básica podrá realizarse a través de canales físicos o virtuales, habilitados para tales fines por las entidades financieras, incluidos los corresponsales no bancarios o equivalentes, bajo cualquiera de las siguientes modalidades:
a. Modo presencial.- La apertura de la «Cuenta Básica» puede darse en la entidad financiera, o a través de la red de corresponsales no bancarios o equivalentes.
En el primer caso, la entidad financiera verificará la identidad del solicitante a través del documento correspondiente, previsto en el marco jurídico vigente; y, si autoriza la creación de la «Cuenta Básica», entregará al cliente los respectivos contratos y los dispositivos electrónicos previstos para su manejo.
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En caso de que la creación de la «Cuenta Básica» se realice a través de la red de corresponsales no bancarios o equivalentes, éstos deberán estar previamente autorizados para recaudar y entregar, en nombre de las entidades financieras, la información y documentación relacionada a este tipo de producto. Para el efecto, los corresponsales no bancarios o equivalentes solicitarán a los interesados copia de sus documentos de identificación y, si la entidad financiera autoriza la creación de la «Cuenta Básica», entregará al cliente los respectivos contratos y los dispositivos electrónicos previstos para su manejo.
En el caso de refugiados, se requerirá el documento de identificación extendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana o quien hiciere sus veces, que le acredite poseer la visa 12-IV.
b. Modo no presencial por medios electrónicos.- La contratación de la cuenta básica también podrá realizarse a través de los canales virtuales no presenciales, habilitados por las entidades financieras, entre los que podrán estar incluidos los teléfonos celulares que dispongan de mensajería con protocolo USSD o aplicaciones tipo APP o WEB que hayan sido habilitadas con tal objetivo por la entidad financiera.
En este caso, el proceso de contratación y apertura de la cuenta se regirá por lo estipulado en el contrato y en el mismo canal, sin necesidad de que el solicitante entregue documentación física, siendo válida la aceptación de las condiciones contractuales mediante medios electrónicos. Aquellas personas que estén obligadas a presentar algún documento para abrir estas cuentas, deberán hacerlo necesariamente en modo presencial.
La entidad financiera se asegurará de que la instrumentación de los contratos por medios electrónicos, se cumpla al amparo de lo dispuesto en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, y demás normativa vigente.
Para el caso de las cuentas básicas abiertas bajo esta modalidad, la entrega de la tarjeta de débito será opcional para las entidades financieras.
ARTÍCULO 10.- Titular único.- Las cuentas básicas tendrán un titular único e individual, por lo que no se admitirá titulares conjuntos o alternativos, ni el registro de firmas autorizadas en cualquiera de sus modalidades, para el manejo de este tipo de cuentas.
ARTÍCULO 11.- Cuentas permitidas.- Los clientes de entidades financieras solo podrán abrir y operar hasta dos cuentas básicas en los sectores financieros público y privado.
ARTÍCULO 12.- Obligación de las entidades financieras.- Las entidades financieras se abstendrán de abrir nuevas cuentas básicas a favor del solicitante si superara el número de cuentas permitido, sin que dicha negativa dé lugar a reclamos por parte de éste.
or tanto, las entidades financieras deberán contar con los procedimientos apropiados a fin de cumplir con esta disposición, independientemente del deber del cliente de informar el número de cuentas básicas de las cuales es titular.
Si la Superintendencia de Bancos comprueba la existencia de cuentas básicas a nombre de una misma persona en más del número permitido, podrá ordenar su cierre inmediato.
La entidad financiera no tendrá responsabilidad alguna frente al titular por la disposición de cierre recibida de parte de la Superintendencia de Bancos.
ARTÍCULO 13.- Instrumentación del contrato.- El contrato de cuenta básica podrá ser instrumentado por medios físicos o electrónicos; y, en este último caso al amparo de lo dispuesto en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.
Cuando el contrato se instrumente por medios electrónicos, para todos los fines legales se entenderá perfeccionada la contratación de la cuenta básica desde el momento en que el interesado emita su aceptación a través de los medios de identificación electrónica proporcionados o dispuestos por la entidad financiera para tales fines.
Para la apertura de la cuenta básica no se requiere de un depósito inicial, por lo tanto, la entidad financiera podrá asignar al solicitante de una cuenta básica aprobada, el número secuencial determinado por la entidad, desde el momento en que exista la aceptación del titular de la cuenta, ya sea a través de la suscripción del contrato de apertura o de su emisión por medios electrónicos.
ARTÍCULO 14.- Términos y condiciones.- El contrato de cuenta básica, deberá contener como mínimo lo siguiente:
a. Indicación expresa de la plena responsabilidad de la entidad financiera frente al titular de la cuenta básica, por los servicios que prestará, montos depositados y confidencialidad de la información del solicitante;
b. Las obligaciones de las partes contratantes;
c. Los cargos de cada uno de los servicios que se prestarán a través de la cuenta básica y la forma de pago, mismos que podrán ser actualizados e informados mediante procesos electrónicos;
d. La determinación de si la cuenta es o no remunerada;
e. Los canales físicos y/o electrónicos y medios de pago, a través de los cuales los clientes podrán realizar las transacciones;
f. La determinación de montos máximos y mínimos que se pueden depositar o retirar, la cantidad de transacciones y su frecuencia, los que podrán ser actualizados e informados mediante procesos electrónicos;
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g. La determinación de los servicios adicionales que podría obtener a través de esta cuenta con sus respectivos cargos;
h. Indicación expresa de la plena responsabilidad del titular frente a la entidad financiera, por el uso de los canales a través de los cuáles realiza las transacciones;
e,
i. La determinación de causales y procedimiento de cierre o cancelación de la cuenta básica.
ARTÍCULO 15.- Información adicional.- La entidad financiera deberá acompañar al contrato, un instructivo redactado de forma clara, precisa, completa y pedagógica que incluya:
a. Indicaciones para el uso de la cuenta básica con la tarjeta electrónica con chip, dispositivos electrónicos, dispositivos móviles y en general de los canales o medios que la entidad financiera ponga a disposición para este tipo de cuentas.
b. Identificación de los posibles riesgos asociados en el uso de la cuenta básica;
c. Procedimiento para el reporte de pérdida o sustracción de la tarjeta electrónica con chip, dispositivos electrónicos o dispositivos móviles;
d. Procedimiento para la actualización de la información de los dispositivos móviles o electrónicos asociados a la cuenta; y,
e. Proceso para la presentación de reclamos asociados al uso de la cuenta básica.
ARTÍCULO 16.- Publicidad y disponibilidad.- El formato de contrato de cuenta básica y el instructivo estarán a disposición del público de manera electrónica en su página web u otros medios electrónicos que la entidad financiera habilite.
ARTÍCULO 17.- Cargos y costos por servicios.- Los cargos máximos asociados a la emisión, mantenimiento y transacciones de la Cuenta Básica y de la tarjeta de débito deberán sujetarse a lo dispuesto por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
ARTÍCULO 18.- Cierre de la cuenta.- La cancelación de la Cuenta Básica que se dé por pedido de su titular será inmediata; por decisión de la entidad financiera, con un plazo no menor a 30 días contado desde el preaviso de cancelación; en tanto que el cierre, por disposición de la Superintendencia de Bancos, se dará con hasta setenta y dos horas contadas desde la notificación. La notificación de cancelación o cierre se dará por cualquier medio, sea físico o electrónico.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Todas las operaciones que se realicen mediante las cuentas básicas tendrán un origen y un destino
lícito, debiendo los titulares cumplir en todo momento con la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del F inane ¿amiento de Delitos y demás normativa aplicable.
Las entidades financieras, en cumplimiento de sus obligaciones previstas en el marco jurídico vigente, implementarán y aplicarán los controles de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, conforme sus políticas en función del riesgo asignado para el producto, que se sujetarán en todo momento a las disposiciones que impartan la Superintendencia de Bancos y demás autoridades en el ámbito de sus competencias.
Las entidades financieras podrán requerir a los titulares, y éstos tendrán la obligación de entregar, toda la información y documentación necesaria para explicar y justificar las operaciones realizadas a través de las cuentas básicas.
Ante el incumplimiento de esta obligación por parte de los titulares, las entidades financieras podrán proceder a la cancelación de las cuentas básicas y prohibición de uso, sin perjuicio de los demás efectos legales previstos para estos casos.
SEGUNDA.- Las entidades financieras, reportarán a la Superintendencia de Bancos la información sobre cuentas básicas, en la forma y periodicidad que ésta determine.
TERCERA.- Las operaciones y funcionamiento de la cuenta básica, se someterán a las disposiciones previstas en el Código Orgánico Monetario y Financiero y al control y supervisión de la Superintendencia de Bancos.
CUARTA.- Los casos de duda en la aplicación de la presente norma, serán absueltos por la Superintendencia de Bancos.
QUINTA.- La Superintendencia de Bancos, emitirá la normativa que corresponda en aplicación de la presente resolución.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA: Queda derogada la resolución No. 319-2016-F de 28 de diciembre de 2016, y cualquier otra disposición que se oponga a la presente norma.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial.
COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 1 de marzo de 2019.
EL PRESIDENTE,
f.) Econ. Richard Martínez Alvarado.
Proveyó y firmó la resolución que antecede el economista Richard Martínez Alvarado, Ministro de Economía y Finanzas – Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito el 1 de marzo de 2019.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO
f.) Ab. Ricardo Mateus Vásquez.
32 – Miércoles 3 de abril de 2019 Registro Oficial N° 460
JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA.- SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.- Quito, 11 de marzo de 2019.- Es copia del documento que reposa en los archivos de la Junta.- Lo certifico.- f.) Ab. Ricardo Mateus Vásquez.
No. INMOBILIAR-SGLB-2019-0041
Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN LEGAL DE BIENES DEL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL
SECTOR PÚBLICO, INMOBILIAR
Considerando:
Que, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, emitió la Resolución INMOBILIAR-SGLB-2018-0081 de fecha 19 de julio de 2018, y en su Artículo 1 resolvió: «Aceptar la transferencia a titulo gratuito y como cuerpo cierto de los Siete Inmuebles, de propiedad del Banco Central del Ecuador, sin prohibiciones de enajenar, ni gravamen, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, incluyendo todos los bienes muebles que se reputen inmuebles por su destino, accesión o incorporación así como sus accesorios, sus usos, costumbres, entradas y salidas; mismo que se detalla a continuación:
«[…] PREDIO N°l
PROPIETARIO:
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
TIPO DE INMUEBLE:
EDIFICACIÓN
UBICACIÓN:
AVIO DE AGOSTO Y LUIS FELIPE BORJA.
LINDEROS SEGÚN CERTIFICADO DE GRAVÁMENES:
POR EL NORTE: CALLE ARENAS (ESCALINATA) EN UNA EXTENSIÓN DE TRECE METROS SESENTA Y CINCO CENTÍMETROS; POR EL SUR: CALLE ANTE, EN UNA EXTENSIÓN DE OCHO METROS TREINTA CENTÍMETROS; POR EL ESTE: CALLE LUIS FELIPE BORJA EN UNA EXTENSIÓN DE TREINTA Y CINCO METROS CINCUENTA Y SIETE CENTÍMETROS; POR EL OESTE: LA AVENIDA DIEZ DE AGOSTO, EN UNA EXTENSIÓN DE TREINTA Y CINCO METROS CINCUENTA Y CINCO CENTÍMETROS.
PROVINCIA:
PICHINCHA
CANTÓN:
QUITO
PARROQUIA:
ITCHMBÍA
NÚMEROS DE PREDIOS:
626784; 626785; 220797; 626786; 75983 Y 43630
CLAVES CATASTRALES:
1010204002001003001. 1010204002001003002. 1010204002001003004. 1010204002001003003. 1010204002001004003. 1010204002001004004.
ÁREA DE TERRENO:
395,00 SEGÚN IRM (SEGÚN INFORME TÉCNICO NRO. Q-199-18-DE FECHA 04 DE JULIO DE 2018).
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:
737,60 SEGÚN LEVANTAMIENTO (SEGÚN INFORME TÉCNICO NRO. Q-l 99-18-DE FECHA 04 DE JULIO DE 2018) […]»
Que, mediante oficio INMOBILIAR-DL-2018-0208-O de fecha 20 de julio de 2018, se procedió a notificar con la RESOLUCIÓN-INMOBILIAR-SGLB-2018-0081 de fecha 19 de julio de 2018 al Banco Central del Ecuador.
Registro Oficial N° 460 Miércoles 3 de abril de 2019 – 33
Que, el artículo primero de la Resolución Nro. 01 de fecha 02 de junio de 2017, emitida por el Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, resuelve: «Designar al señor Nicolás José Issa Wagner para que ejerza el cargo de Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR».
Que, mediante Acuerdo Nro. ACUERDO-INMOBILIAR-DGSGI-2017-0010 de fecha 22 de junio de 2017, el Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR en el Art. 8, literal e) delegó a la Subdirectora Legal de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, para que a nombre y en representación del Director General de INMOBILIAR, emita resoluciones de transferencias de dominio de los bienes inmuebles de propiedad del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR.
Que, mediante Acción de Personal CGAF-DATH-2017-1268, se designó a la Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo, como Subdirector de Gestión Legal de Bienes, desde el 12 de septiembre del 2017.
Que, el Artículo 82 la Constitución de la República del Ecuador señala: «El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes».
Que, el Artículo 64 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece que «De conformidad con lo que dispone la Ley de Modernización del Estado, la extinción o reforma de los actos administrativos se rige por lo dispuesto en este estatuto», el Artículo 90 determina que «Los actos administrativos podrán extinguirse o reformarse en sede administrativa por razones de legitimidad o de oportunidad», y el Artículo 91 señala que «La extinción o reforma de oficio de un acto administrativo por razones de oportunidad tendrá lugar cuando existen razones de orden público que justifican declarar extinguido dicho acto administrativo
Que, el Artículo 89 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece: «Los actos administrativos que expidan los órganos y entidades sometidos a este estatuto se extinguen o reforman en sede administrativa de oficio o a petición del administrado […]. También se podrán extinguir los actos administrativos surgidos como consecuencia de decisiones de otros poderes públicos que incidan en las instituciones u órganos administrativos sujetos al presente estatuto».
Que, el Artículo 90 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva determina que: «Los actos administrativos podrán extinguirse o reformarse en sede administrativa por razones de legitimidad o de oportunidad».
Que, el Artículo 91 del mismo cuerpo legal, señala que «La extinción o reforma de oficio de un acto administrativo por razones de oportunidad tendrá lugar cuando
existen razones de orden público que justifican declarar extinguido dicho acto administrativo. […] La extinción la podrá realizar la misma autoridad que expidiera el acto […]».
Que, el Artículo innumerado (agregado por el Artículo 13 del Decreto Ley 2000-1, R.O. 144 -S, 18-VIII-2000) a continuación del Artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, establece que «La formación, extinción y reforma de los actos administrativos de las instituciones de la Función Ejecutiva, se regirán por las normas del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva”.
Que, la jurisprudencia señala que «la oportunidad (conveniencia y mérito), que constituye la otra razón para extinguir actos administrativos, está referida a la justificación fáctica del acto. Cuando existen razones de orden público, la Administración está autorizada a declarar extinguido un acto administrativo en razón de su oportunidad (conveniencia y mérito). En este supuesto, no existen infracciones al ordenamiento jurídico que deban ser acusadas en el acto administrativo, sino únicamente una variación de la política a cargo de la Administración”.
Que, mediante Oficio Nro. BCE-CGAF-2019-0008-OF de 21 de enero de 2019, la Coordinación Admirativa Financiera, del Banco Central del Ecuador, solicita lo siguiente «[…] Por los antecedentes y consideraciones expuestas, y en vista que la Presidencia de la República, autorizó la ampliación de plazo improrrogable hasta el 15 de febrero de 2019, para concluir con la transferencia de los siete bienes inmuebles a favor de «INMOBILIAR «COMPROMISO PRESIDENCIAL No. 491» agradeceré a usted muy gentilmente, se sirva gestionar las siguientes acciones:
3.1. BIEN INMUEBLE: «EDIFICIO CASARES»:
Concluir con la transferencia del inmueble EDIFICIO CASARES, una vez que ha sido entregada físicamente la documentación legal actualizada del mencionado inmueble al Abg. Remigio Veloz; y, remitir a esta Coordinación la Escritura Pública de Transferencia debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, para finalmente proceder a suscribir la Acta de Entrega Recepción Definitiva del mencionado inmueble y excluir contablemente de los activos del Banco Central del Ecuador[…]».
Que, mediante oficio Nro. BCE-CGAF-2019-0047-OF, de 28 de febrero de 2019, el Banco Central del Ecuador informo a INMOBILIAR lo siguiente: «Por lo expuesto, y en vista que se han realizado los trámites administrativos y legales tanto en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Registro de la Propiedad, adjunto me permito remitir físicamente la siguiente documentación, con el objetivo de concluir transferencia del bien inmueble denominado «EDIFICIO CASARES» a favor de INMOBILIAR:
34 – Miércoles 3 de abril de 2019 Registro Oficial N° 460
- Certificado de gravámenes emitido el 28 de febrero de 2019.
- Escritura Pública de Propiedad Horizontal suscrita el 19 de mayo de 1976.
- Escritura Pública de Propiedad Horizontal (Cuadros Reformados) suscrita el 01 de diciembre de 1982.
- Escritura Pública de Dación suscrita el 26 de septiembre de 1986.
- Escritura Pública de Donación suscrita el 29 de octubre de 2010.
- Escritura Pública Aclaratoria de Propiedad Horizontal suscrita el 05 de febrero de 2019.
- (8) Cédulas Catastrales de las oficinas del Edificio Casares”.
Que, según el certificado de historia de dominio y gravámenes, emitido por el Director de Certificaciones del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, se describe lo siguiente: «1.-DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD:
OFICINA 1-1 (Primer Piso Alto) 117.45 4.322.
OFICINA 1-2 (Primer Piso Alto) 67.53. 2.485.
OFICINA 1-3 (Primer Piso Alto) 67.53. 2.485.
OFICINA 1-4 (Primer Piso Alto) 50.25 1.849.
OFICINA 1-5 (Primer Piso Alto) 155.74 5.732
OFICINA 2-8 (Segundo Piso Alto) 74.35 2.736
OFICINA 2-9 (Segundo Piso Alto) 57.08 2.101
OFICINA 2-10 (Segundo Piso Alto) 142.09 5.229, que forman parte del edificio Casares, situado en la acera oriental de la avenida Diez de Agosto y en la acera occidental de la calle Luis Felipe Borja, y cinco pisos altos; edificio que se levanta sobre el solar ubicado en el sector número seis, parroquia Santa Prisco, de este cantón”.
Con las consideraciones expuestas, en ejercicio de las facultades que le confiere el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en virtud de la Delegación conferida mediante el Acuerdo Nro. ACUERDO-INMOBILIAR-DGSGI-2017-0010 de fecha 22 de junio de 2017, oficio Nro. BCE-CGAF-2019-0008-OF de 21 de enero de 2019; oficio Nro. BCE-CGAF-2019-0047-OF, de 28 de febrero de 2019 y, demás atribuciones que le confiere la Ley.
Resuelve:
Artículo 1.- Reformar de oficio y por razones de oportunidad el artículo 1 de la RESOLUCIÓN-
INMOBILIAR-SGLB-2018-0081, de fecha 19 de julio de 2018, en lo referente al predio detallado como el N° 1, donde ya no constan seis inmuebles y se hace constar ocho inmuebles pertenecientes al «EDIFICIO CASARES» ubicados en la Avenida 10 de Agosto y Luis Felipe Borja, parroquia Itchimbía, cantón Quito, provincia de Pichincha, de propiedad del Banco Central del Ecuador a ser transferidos a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR, los mismos que detallamos a continuación predios: 626784; 626785; 220797; 626786; 75983; 43630; 262223; 3683147 y claves catastrales números 1010204002001003001;
1010204002001003002; 1010204002001003004;
1010204002001003003; 1010204002001004003;
1010204002001004004; 1010204002001001002 y 1010204002001002005.
Artículo 2.- Ratificar la resolución de transferencia de los restantes inmuebles detallados artículo uno de la resolución INMOBILIAR-SGLB-2018-0081 de fecha 19 de julio del 2018.
Artículo 3.- Notificar con el contenido de la presente Resolución al Banco Central del Ecuador, dentro del ámbito de sus competencias.
Artículo 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción.
Dado y firmado en San Francisco de Quito, D.M., a los 07 días del mes de marzo del 2019.
f.) Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo, Subdirector de Gestión Legal de Bienes, Delegado del Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.
No. 001-2019-DNDAyDC-SENADI
EL DIRECTOR NACIONAL DE DERECHO DE
AUTOR Y DERECHOS CONEXOS DEL SERVICIO
NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
-SENADI-
Considerando:
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;
Registro Oficial N° 460 Miércoles 3 de abril de 2019 – 35
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia}! evaluación.”;
Que, el artículo 69 numeral 1) del Código Orgánico Administrativo faculta a las diversas autoridades de la administración, la delegación a otros órganos o entidades de la misma administración pública jerárquicamente dependiente en los órganos de inferior jerarquía las atribuciones propias de sus cargos;
Que, el artículo 71 numeral 2) ibídem determina que: «Son efectos de la delegación: (…) 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda.”;
Que, según el artículo 10 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 899 del 09 de diciembre de 2016, la Autoridad Nacional Competente en Materia de de Derechos Intelectuales: «(…) Es el organismo técnico adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su cargo principalmente los servicios de adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como la protección de los conocimientos tradicionales. Además de las junciones inherentes a sus atribuciones, será la principal encargada de ejecutar las políticas públicas que emanen del ente rector en materia de gestión, monitoreo, transferencia y difusión del conocimiento. (…) La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales tendrá competencia sobre los derechos de autor y derechos conexos; propiedad industrial; obtenciones vegetales; conocimientos tradicionales; y, gestión de los conocimientos para incentivar el desarrollo tecnológico, científico y cultural nacional. Competencias que deberán ser consideradas al momento de reglamentar su conformación, atribuciones, organización e institucionalidad. (…) Adicionalmente, contará con jurisdicción coactiva para el cobro de los títulos de crédito así como cualquier tipo de obligaciones a su favor, de conformidad al ordenamiento jurídico aplicable (…).”;
Que, según la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicada en el Registro Oficial Suplemento Nro. 899 del 09 de diciembre de 2016: «(…) La nueva autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, encargada será la sucesora en derecho del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, asumiendo el patrimonio, presupuesto, derechos y obligaciones incluyendo las laborales, conforme los regímenes aplicables a cada caso (…).”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, publicado en Primer Suplemento del Registro
Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, como un organismo técnico de derecho público con rango de Subsecretaría General, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera;
Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto Ejecutivo mencionado en el acápite anterior, señala que la estructura orgánica del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual continuará funcionando hasta que se apruebe la estructura orgánica del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, facultando al Director General realizar las gestiones necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio;
Que, el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual faculta a los Directores Nacionales la delegación de funciones específicas a servidores subordinados, con la finalidad de propender a una adecuada desconcentración de funciones;
Que mediante Acuerdo No. SENESCYT-2018-039 de 18 de mayo de 2018, el entonces Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Dr. Augusto Barrera Guarderas, designó al Magíster Santiago Cevallos Mena como Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI;
Que, mediante Acción de Personal No. IEPI-UATH-2018-07-393 de 31 de julio de 2018, emitida por el Delegado del Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, se nombró como titular de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos al Magíster Ramiro Alejandro Rodríguez Medina;
Que, es necesario ejecutar los procesos institucionales acorde a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia que rigen a la Administración Pública, a fin de satisfacer las necesidades internas para así lograr una buena gestión y garantizar la eficiencia a nivel institucional;
En ejercicio de sus atribuciones legales,
Resuelve:
EXPEDIR EL RÉGIMEN DE DELEGACIONES DE
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE
AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
Artículo 1.- DELEGAR a Yadira Gisel Yacelga Pinto, servidora de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, las siguientes facultades:
1. Conocer, sustanciar, resolver y suscribir los procedimientos de observancia, así como las providencias orientadas a la sustanciación y prosecución de los mismos, con inclusión de su aceptación a trámite; de ser el caso, disponer la
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reposición o restitución de los expedientes extraviados o mutilados mediante la suscripción de la respectiva providencia;
- Firmar oficios relacionados con procedimientos de observancia relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos;
- Fijar, sustanciar, comparecer y dirigir las audiencias que se señalaren en procedimientos de observancia relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos;
- Ordenar y ejecutar las inspecciones que se dispongan en los procedimientos de observancia relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos, así como medidas cautelares y formación de inventarios de bienes, en caso de que, a criterio del director y de conformidad con la ley, sean procedentes; para este efecto la delegada deberá tener en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador;
- Calificar, conocer, sustanciar y resolver los recursos de reposición que se presenten dentro de procedimientos de observancia relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos;
- Admitir a trámite, conceder o negar los recursos administrativos previstos en la normativa vigente, según sean presentados dentro o fuera de término, y remitir los expedientes administrativos al Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales;
- Requerir a las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, según el caso, apoyo e información que permitan establecer la existencia o no de violaciones de derechos de propiedad intelectual;
- Sancionar e imponer multas de ser el caso en los procedimientos de observancia relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos;
- Posesionar a peritos, de ser el caso, para los procedimientos de observancia relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos; y,
- Autorizar el pago a peritos, previo el cumplimiento de los requisitos para el caso, dentro de los procedimientos de observancia relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos.
- Admitir a trámite, conocer y sustanciar las diligencias preparatorias, así como ordenar y ejecutar las diligencias orientadas a la sustanciación y prosecución de las mismas.
Artículo 2.- DELEGAR a Vanessa Fernanda Bastidas Villegas, servidora de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, las siguientes facultades:
1. Firmar los certificados de registro que emite la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos
Conexos, en concordancia con la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y las disposiciones contenidas en el Título II de los Derechos de Autor y Derechos Conexos del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, previo el análisis de los requisitos exigidos por la norma y la revisión de la documentación respectiva;
- Suscribir los recibos o constancias de presentación de los documentos que se deban receptar en el marco de las competencias señaladas en el literal anterior de este artículo;
- Firmar los demás documentos que, con relación a las funciones de registro de los actos relacionados con las sociedades de gestión colectiva materia de esta delegación, se genera en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la Institución; y,
- Emitir informes y actos administrativos dentro de los procesos relativos a las sociedades de gestión colectiva, tales como: aprobación de estatutos y sus correspondientes reformas; constitución; autorización de funcionamiento; realización de visitas de inspección y monitoreo, diligencias, sumarios, investigaciones e intervenciones; aprobación del valor mínimo de recaudación durante los doce últimos meses anteriores a la elección de miembros del Consejo Directivo o del Comité de Monitoreo; autorización del incremento de los gastos administrativos y de gestión; autorización de las tarifas de las sociedades de gestión colectiva; autorización para la constitución de las entidades recaudadoras únicas en los casos en que existan dos o más sociedades de gestión colectiva por género de obra; autorización del formato a través del cual las sociedades de gestión colectiva deben, al momento del reparto de las recaudaciones, suministrar información suficiente al socio para entender la forma de la liquidación respectiva; autorización de los actos y contratos para su validez, en caso de intervención de una entidad de gestión colectiva; medición solicitada por asociaciones, gremios o grupos representativos de usuarios constituidos formalmente con las sociedades de gestión colectiva, para alcanzar convenios de tarifas diferenciadas por el uso de las obras y objetos de protección de derechos conexos.
Artículo 3.- DELEGAR a Isidro Roberto Yunga Godoy, servidor de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, las siguientes facultades:
- Previa autorización de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, fijar, sustanciar, comparecer y dirigir las audiencias que se señalaren en procedimientos de observancia relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos; y,
- Ejecutar las inspecciones que se dispongan en los procedimientos de observancia relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos, así como medidas cautelares y formación de inventarios de bienes, e
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caso de que, a criterio del director y de conformidad con la ley, sean procedentes; para este efecto la delegada deberá tener en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.
Artículo 4.- DELEGAR a Andrea Patricia Bonilla Narváez, servidora de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, las siguientes facultades:
- Previa autorización de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, fijar, sustanciar, comparecer y dirigir las audiencias que se señalaren en procedimientos de observancia relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos; y,
- Ejecutar las inspecciones que se dispongan en los procedimientos de observancia relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos, así como medidas cautelares y formación de inventarios de bienes, en caso de que, a criterio del director y de conformidad con la ley, sean procedentes; para este efecto la delegada deberá tener en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador.
Artículo 5.- DELEGAR a María Antonieta Burbano, servidora de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, las siguientes facultades:
- Firmar los certificados de registro de obras relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos;
- Suscribir los recibos de depósito legal de obras relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos; y,
- Emitir los demás documentos que se requieran, con relación a los registros de obras relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos.
Artículo 6.- DELEGAR al Subdirector o Subdirectora Regional de Guayaquil y Cuenca del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, dentro del ámbito de competencia territorial de sus respectivas subdirecciones, las siguientes facultades:
- Conocer, sustanciar, resolver y suscribir los procedimientos de observancia, así como las providencias orientadas a la sustanciación y prosecución de los mismos, con inclusión de su aceptación a trámite; de ser el caso, disponer la reposición o restitución de los expedientes extraviados o mutilados mediante la suscripción de la respectiva providencia;
- Firmar oficios relacionados con procedimientos de observancia relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos;
- Fijar, sustanciar, comparecer y dirigir las audiencias que se señalaren en procedimientos de observancia relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos;
- Ordenar y ejecutar las inspecciones que se dispongan en los procedimientos de observancia relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos, así como medidas cautelares y formación de inventarios de bienes, en caso de que, a criterio del director y de conformidad con la ley, sean procedentes; para este efecto la delegada deberá tener en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador;
- Calificar, conocer, sustanciar y resolver los recursos de reposición que se presenten dentro de procedimientos de observancia relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos;
- Admitir a trámite, conceder o negar los recursos administrativos previstos en la normativa vigente, según sean presentados dentro o fuera de término, y remitir los expedientes administrativos al Comité de Propiedad Intelectual;
- Requerir a las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, según el caso, apoyo e información que permitan establecer la existencia o no de violaciones de derechos de propiedad intelectual;
- Sancionar e imponer multas de ser el caso en los procedimientos de observancia relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos;
- Firmar los certificados de registro que emite la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en concordancia con la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y las disposiciones contenidas en el Título II de los Derechos de Autor y Derechos Conexos del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, previo el análisis de los requisitos exigidos por la norma y la revisión de la documentación respectiva;
- Suscribir los recibos o constancias de presentación de los documentos que se deban receptar en el marco de las competencias señaladas en el literal anterior de este artículo;
- Firmar los certificados de registro de obras relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos;
- Suscribir los recibos de depósito legal de obras relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos;
y,
13. Emitir los demás documentos que se requieran, con relación a los registros de obras relativos a Derechos de Autor y Derechos Conexos.
Artículo 7.- El ámbito territorial de las atribuciones delegadas a la persona que desempeñe como titular de la Subdirección Regional de Guayaquil en el artículo anterior, comprenderá a las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Bolívar, Manabí y Galápagos.
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Artículo 8.- El ámbito territorial de las atribuciones delegadas a la persona que desempeñe como titular de la Subdirección Regional de Cuenca en el artículo 5 de la presente resolución, comprenderá a las provincias de Azuay, Cañar, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.
Artículo 9.- DELEGAR a Cristel Denisse González González, servidora del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales las siguientes facultades y atribuciones:
- Suscribir de certificados de obras en el ámbito territorial de la Subdirección Regional Guayaquil.
- Conocer, sustanciar, resolver y suscribir los procedimientos de observancia, así como las providencias orientadas a la sustanciación y prosecución de los mismos, con inclusión de su aceptación a trámite; de ser el caso, disponer la reposición o restitución de los expedientes extraviados o mutilados mediante la suscripción de la respectiva providencia;
- Suscribir oficios relacionados con procedimientos de observancia relativos a Derecho de Autor y Derechos Conexos;
- Fijar, sustanciar, comparecer y dirigir las audiencias y diligencias que se señalaren en procedimientos de observancia relativos a Derecho de Autor y Derechos Conexos;
- Ordenar y ejecutar las inspecciones que se dispongan en los procedimientos de observancia relativos a Derecho de Autor y Derechos Conexos, así como medidas cautelares y formación de inventarios de bienes, en caso de que, a criterio del director y de conformidad con la ley, sean procedentes; para este efecto el/la delegado/a deberá tener en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador;
- Sancionar e imponer multas de ser el caso, en los procedimientos de observancia relativos a Derecho de Autor y Derechos Conexos;
- Posesionar peritos de ser el caso, para los procedimientos de observancia relativos a Derecho de Autor y Derechos Conexos;
- Autorizar el pago a peritos, previo el cumplimiento de los requisitos para el caso, dentro de los procedimientos de observancia relativos a Derecho de Autor y Derechos Conexos.
Las atribuciones delegadas en el presente artículo aplican al ámbito territorial de la Subdirección Regional de la ciudad de Guayaquil.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Los servidores delegados a través de la presente resolución responderán directamente de los actos
realizados en el ejercicio de las funciones y atribuciones delegadas y deberán observar para el efecto las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.
SEGUNDA.- Los documentos emitidos en virtud de esta delegación serán de responsabilidad de la servidora delegada, quien actuará según lo establecido en el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, en los cuales, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerará dictados por el Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, para lo cual, se utilizará la siguiente frase: «Por delegación del Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos».
TERCERA.- El Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos se reserva el derecho de avocar las atribuciones delegadas, cuando lo estime pertinente.
CUARTA.- Publíquese esta Resolución en el Registro Oficial.
QUINTA.- Se ratifican y convalidan las actuaciones lícitas realizadas por los servidores públicos delegados a través de la presente resolución en virtud de los actos administrativos que esta resolución abroga, entre el 11 y el 21 de enero de 2019, siempre y cuando cuenten con el objeto y causa lícita del caso, así como de haber sido realizadas conforme al marco de su delegación.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Deróguese y déjese sin efecto la Resolución No. 013-2017- DNDAyDC-IEPI de 22 de octubre de 2017 y sus posteriores reformas, así como también a todas las normas de igual o inferior jerarquía que se opongan a la presente delegación.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito Distrito Metropolitano a, 23 de enero de 2019.
f.) Ramiro Alejandro Rodríguez Medina, MSc, Director Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI.
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Ilegible, Delegada de la Dirección de Gestión Institucional.- Quito, 30 de enero de 2019.
Registro Oficial N° 460 Miércoles 3 de abril de 2019 – 39
No 001-2019-DNOV-SENADI
EL DIRECTOR NACIONAL DE OBTENCIONES
VEGETALES ENCARGADO DEL SERVICIO
NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
-SENADI-
Considerando:
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»
Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que”…La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación…»
Que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 69 y 70 del Código Orgánico Administrativo, el Director Nacional de Obtenciones Vegetales se encuentra facultado para delegar el ejercicio de sus competencias a servidores del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales para la suscripción de actos administrativos, cuando lo estime conveniente;
Que según el artículo 10 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 899 del 09 de diciembre de 2016, la Autoridad Nacional Competente en Materia de Derechos Intelectuales: «(…)Es el organismo técnico adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su cargo principalmente los servicios de adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como la protección de los conocimientos tradicionales. Además de las funciones inherentes a sus atribuciones, será la principal encargada de ejecutar las políticas públicas que emanen del ente rector en materia de gestión, monitoreo, transferencia y difusión del conocimiento. (…) La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales tendrá competencia sobre los derechos de autor y derechos conexos; propiedad industrial; obtenciones vegetales; conocimientos tradicionales; y, gestión de los conocimientos para incentivar el desarrollo tecnológico, científico y cultural nacional. Competencias que deberán ser consideradas al momento de reglamentar su conformación, atribuciones, organización e institucionalidad. (…) Adicionalmente, contará con jurisdicción coactiva para el cobro de los títulos de crédito así como cualquier tipo de obligaciones a su favor, de conformidad al ordenamiento jurídico aplicable. (…)”;
Que, según el artículo 11 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación establece sobre las atribuciones «Serán atribuciones de la entidad responsable de la regulación, control y gestión de la propiedad intelectual y de la protección de los de los conocimientos tradicionales las siguientes: 8. Fijar las tasas y tarifas por los servicios prestados por la entidad responsable de la gestión de derechos de propiedad intelectual, de los conocimientos tradicionales;»
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, publicado en Primer Suplemento del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, como un organismo técnico de derecho público con rango de Subsecretaría General, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera;
Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto Ejecutivo en mención señala que la estructura orgánica del IEPI continuará funcionando hasta que se apruebe la estructura orgánica del SENADI, facultándose al Director General realizar las gestiones necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio;
Que el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, vigente hasta la expedición de los Reglamentos del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación faculta a los Directores Nacionales la delegación de funciones específicas a funcionarios subordinados, con la finalidad de propender a una adecuada desconcentración de funciones;
Que mediante Acuerdo No. SENESCYT-2018-039 de 18 de mayo de 2018, el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Doctor Augusto Barrera Guarderas, designó como Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales al Magíster Pablo Santiago Cevallos Mena;
Que mediante Acción de Personal No. IEPI-UATH-2018-10-179 del 10 de octubre de 2018, emitida por el Director General de Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, se encargó la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales al Ab. José Andrés Francisco Tinajero Mullo;
Que, mediante Resolución No. 007-2017-DNOV-IEPI, de 01 de noviembre de 2017, el Director Nacional de Obtenciones Vegetales, delegó atribuciones a servidores de la Dirección a su cargo;
Que, es necesario ejecutar los procesos acorde con los principios de celeridad, eficiencia y eficacia que rigen a la Administración Pública, a fin de satisfacer las necesidades internas para así lograr una buena gestión y garantizar la eficiencia a nivel institucional;
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Que, con el fin de agilitar la administración de los trámites que son competencia de la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales, resulta necesario implementar mecanismos para la delegación de funciones que se encuentren debidamente codificadas;
Que se deben armonizar, actualizar y codificar las delegaciones efectuadas a los servidores de la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales a fin de que no existan disposiciones oscuras o contradictorias;
En ejercicio de sus atribuciones legales,
Resuelve:
EXPEDIR EL SIGUIENTE RÉGIMEN DE DELEGACIONES
Artículo 1.- DELÉGUENSE, a Edison Aníbal Troya Armijos, en calidad de servidor del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales las facultades de:
- Firmar providencias tendientes a la sustanciación y prosecución de los trámites de competencia de la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales incluso las providencias de aceptación a trámite de solicitudes de derecho de obtentor y aceptación a trámites de recursos administrativos si lo hubiere;
- Firmar los certificados de Obtentor y descriptores;
- Firmar las providencias y certificados concernientes a las modificaciones de registro;
- Firmar resoluciones de concesión, negación, desistimiento, caducidad del Derecho de Obtentor.
- Firmar las providencias y certificados concernientes a rectificaciones de errores en resoluciones;
- Firmar providencias relacionadas al cumplimiento de las obligaciones del obtentor, tales como reposición de muestras vivas y mantenimiento de registro, así como aquellas encaminadas a iniciar acciones de cancelación; y,
- Realizar todos los actos necesarios, con el fin de llevar a cabo la emisión del Dictamen Técnico, correspondiente a variedades en trámite de registro.
- Conocer, aceptar, sustanciar, revocar y resolver los trámites de Tutelas Administrativas en materia de Obtenciones Vegetales así como suscribir las providencias y actos administrativos orientados a la sustanciación de tales trámites;
- Firmar oficios relacionados con trámites de Tutelas Administrativas en materia de Obtenciones Vegetales,
- Sustanciar, comparecer y dirigir las Audiencias que se señalan en los trámites de Tutelas Administrativas , en materia de Obtenciones Vegetales;
- Ordenar, delegar y/o ejecutar las inspecciones que se dispongan en los tramites de Tutelas Administrativas en materia de Obtenciones Vegetales, así como la toma de medidas cautelares, en caso de que, a criterio del delegado y de conformidad con la Ley estas sean procedentes;
- Calificar, conocer sustanciar y resolver los recursos de reposición que se presenten dentro de las Tutelas Administrativas;
- Requerir a las diferentes instituciones públicas como privadas el apoyo, información que permita establecer la existencia o no de violaciones de derechos de Propiedad Intelectual en materia de Obtenciones Vegetales.
Artículo 2.- DELEGAR a Andrea del Carmen Aguirre Moreno, en calidad de servidora del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales las siguientes facultades en cuanto a las tutelas administrativas:
- Conocer, aceptar, sustanciar, revocar y resolver todos los trámites de Tutelas Administrativas en materia de Obtenciones Vegetales así como suscribir las providencias y demás acto administrativos orientados a la sustanciación de tales trámites;
- Firmar oficios relacionados con trámites de Tutelas Administrativas en materia de Obtenciones Vegetales;
- Sustanciar, comparecer y dirigir las Audiencias que se señalan en los trámites de Tutelas Administrativas , en materia de Obtenciones Vegetales;
- Ordenar, delegar y/o ejecutar las inspecciones que se dispongan en los tramites de Tutelas Administrativas en materia de Obtenciones Vegetales, así como la toma de medidas cautelares, en caso de que, a criterio del delegado y de conformidad con la Ley estas sean procedentes;
- Calificar, conocer sustanciar y resolver los recursos de reposición que se presenten dentro de las Tutelas Administrativas;
- Requerir a las diferentes instituciones públicas como privadas el apoyo, información que permita establecer la existencia o no de violaciones de derechos de Propiedad Intelectual en materia de Obtenciones Vegetales.
Artículo 3.- DELEGAR a la lng. Andrea Carolina Enríquez Paredes, Lorena Paola Llumiquinga Jiménez, Carlos Danilo Bajaña Saldaña, Andrea Carolina Enríquez Paredes y Edison Aníbal Troya Armijos, servidores del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales la facultad de:
1. Realizar todos los actos necesarios, con el fin de llevar a cabo las diligencias de depósito de muestras vivas, correspondientes a variedades en trámite de registro o
Registro Oficial N° 460 Miércoles 3 de abril de 2019 – 41
registradas, lo que incluye realizar actas de depósito de muestra viva y suscribirlas a nombre del Director Nacional de Obtenciones Vegetales.
2. Realizar todos los actos necesarios, con el fin de llevar a cabo las diligencias de verificación de muestras vivas, correspondientes a variedades en trámite de registro o registradas, lo que incluye realizar actas de depósito de muestra viva y suscribirlas a nombre del Director Nacional de Obtenciones Vegetales
Artículo 4.- DELEGAR a Fernando Nogales, en calidad de servidor del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual las facultades de:
- Elaborar informes, memorias, relatarías o cualquier documento técnico o jurídico debidamente motivadas sobre cuestiones relacionadas con la gestión de la Unidad de Conocimientos tradicionales.
- Firmar oficios o memorandos relacionados con trámites de conocimientos tradicionales, asociados o no a los recursos genéticos.
- Firmar certificados de depósitos voluntarios de conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales.
- Realizar todos los actos necesarios, con el fin de llevar a cabo la emisión de los depósitos voluntarios de conocimientos tradicionales asociados o no a un recurso genético.
- Ordenar, delegar y/o ejecutar las visitas de campo para el levantamiento de los depósitos voluntarios de los conocimientos tradicionales asociados o no a los recursos genéticos en las distintas comunidades indígenas o locales del país.
- Participar en las distintas reuniones técnicas, relacionadas a los conocimientos tradicionales asociados o no a los recursos genéticos.
- Desarrollar el proceso de monitoreo y evaluación de los potenciales casos de acceso ilegal e ilegítimo sobre los conocimientos tradicionales asociados o no a los recursos genéticos.
- Ordenar, delegar y/o ejecutar el proceso de desarrollo de capacidades relacionados a los conocimientos tradicionales asociados o no a los recursos genéticos en las distintas comunidades indígenas o locales del país, así como también hacia la sociedad civil y la academia.
- Ejecutar y/o delegar las búsquedas de potenciales casos de acceso ilegal e ilegítimo sobre los conocimientos tradicionales y recursos genéticos del país.
- Organizar y desarrollar reuniones de posición país relacionados a los acuerdos internacionales: Convenios de la Diversidad Biológica (Grupo de trabajo 8 J), Protocolo de Nagoya, Comité Intergubernamental
sobre Propiedad intelectual, recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales y de Folklore, Decisión andina 391.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Los delegados a través de la presente resolución responderán directamente de los actos realizados en el ejercicio de las funciones y atribuciones delegadas y deberán observar para el efecto las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.
SEGUNDA.- Los delegados a través de la presente resolución responderán directamente de los actos realizados en el ejercicio de las funciones y atribuciones delegadas y deberán observar para el efecto las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.
TERCERA.- Los documentos emitidos en virtud de esta delegación serán de responsabilidad de la delegados, quienes actuarán según lo establecido en el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, en los cuales, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados por por el Director Nacional de Obtenciones Vegetales, para lo cual, se utilizará la siguiente frase: «Por delegación del Director Nacional de Obtenciones Vegetales».
CUARTA.- El Director Nacional de Obtenciones Vegetales se reserva el derecho de avocar las atribuciones delegadas, cuando lo estime pertinente.
QUINTA.- Dispóngase la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial.
SEXTA.- Se ratifican las actuaciones lícitas realizadas por los servidores delegados en la presente resolución que se hayan emitido entre el 10 de octubre del 2018 hasta el 3 de enero de 2019.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Deróguese y déjese sin efecto todas las normas de igual o inferior jerarquía que se opongan a la presente delegación.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito Distrito Metropolitano a, 4 de enero del 2019.
f.) Ab. José Andrés Francisco Tinajero Mullo, Director Nacional de Obtenciones Vegetales (E), Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.
INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Ilegible, Delegada de la Dirección de Gestión Institucional.- Quito, 30 de enero de 2019.
42 – Miércoles 3 de abril de 2019 Registro Oficial N° 460
No. 002-2019-DNOV-SENADI
LA DIRECTORA NACIONAL DE OBTENCIONES
VEGETALES DEL SERVICIO NACIONAL DE
DERECHOS INTELECTUALES -SENADI-
Considerando:
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución».
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que «(…) La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación (…)».
Que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 69 y 70 del Código Orgánico Administrativo, la Directora Nacional de Obtenciones Vegetales se encuentra facultada para delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, a otros órganos o entidades del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, jerárquicamente dependientes;
Que, según el artículo 10 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 899 del 09 de diciembre de 2016, la Autoridad Nacional Competente en Materia de Derechos Intelectuales: «(…) Es el organismo técnico adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su cargo principalmente los servicios de adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como la protección de los conocimientos tradicionales. Además de las funciones inherentes a sus atribuciones, será la principal encargada de ejecutar las políticas públicas que emanen del ente rector en materia de gestión, monitoreo, transferencia y difusión del conocimiento (…) La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales tendrá competencia sobre los derechos de autor y derechos conexos; propiedad industrial; obtenciones vegetales; conocimientos tradicionales; y, gestión de los conocimientos para incentivar el desarrollo tecnológico, científico y cultural nacional. Competencias que deberán ser consideradas al momento de reglamentar su conformación, atribuciones, organización e institucionalidad. (…) Adicionalmente, contará con jurisdicción coactiva para el cobro de los títulos de crédito así como cualquier tipo de obligaciones a su favor, de conformidad al ordenamiento jurídico aplicable. (…)”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, publicado en Primer Suplemento del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018, se creó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, como un organismo técnico de derecho público con rango de Subsecretaría General, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera;
Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Decreto Ejecutivo en mención señala que la estructura orgánica del IEPI continuará funcionando hasta que se apruebe la estructura orgánica del SENADI, facultándose al Director General realizar las gestiones necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio;
Que, el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, vigente hasta la expedición de los Reglamentos del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, faculta a los Directores Nacionales la delegación de funciones específicas a servidores subordinados, con la finalidad de propender a una adecuada desconcentración de funciones;
Que, mediante Acuerdo No. SENESCYT-2018-039 de 18 de mayo de 2018, el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Doctor Augusto Barrera Guarderas, designó como Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales al Magíster Pablo Santiago Cevallos Mena;
Que, mediante Acción de Personal No. SENADI-UATH-2019-008 de 08 de enero de 2019, emitida por el Director General de Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, se designó como titular de la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales ala Ab. Paulina Del Consuelo Mosquera Hidalgo;
Que, mediante Resolución No. 001-2019-DNOV-SENADI de 04 de enero de 2019, el Director Nacional de Obtenciones Vegetales Encargado delegó atribuciones a servidores de la Dirección a su cargo;
Que, es necesario ejecutar los procesos acorde con los principios de celeridad, eficiencia y eficacia que rigen a la Administración Pública, a fin de satisfacer las necesidades internas para así lograr una buena gestión y garantizar la eficiencia a nivel institucional;
Que, con el fin de agilitar la administración de los trámites que son competencia de la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales, resulta necesario implementar mecanismos para la delegación de funciones que se encuentren debidamente codificadas;
Que, se deben armonizar, actualizar y codificar las delegaciones efectuadas a los servidores de la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales a fin de que no existan disposiciones oscuras o contradictorias;
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En ejercicio de sus atribuciones legales,
Resuelve:
EXPEDIR EL RÉGIMEN DE DELEGACIONES DE
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE OBTENCIONES
VEGETALES
Artículo 1.- DELEGAR a Edison Aníbal Troya Armijos, en calidad de servidor del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales las facultades de:
- Firmar actos administrativos tendientes a la sustanciación y prosecución de los trámites de competencia de la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales, incluso los actos administrativos de aceptación a trámite de solicitudes de derecho de obtentor y aceptación a trámites de recursos administrativos, si los hubiere;
- Realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo las diligencias de depósito de muestras vivas, correspondientes a variedades en trámite de registro o registradas, lo que incluye realizar actas de depósito de muestra viva y suscribirlas a nombre de la Directora Nacional de Obtenciones Vegetales;
- Realizar todos los actos necesarios, con el fin de llevar a cabo las diligencias de verificación de muestras vivas, correspondientes a variedades en trámite de registro o registradas, lo que incluye realizar actas de verificación de muestra viva y suscribirlas a nombre de la Directora Nacional de Obtenciones Vegetales;
- Realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo la emisión del Dictamen Técnico correspondiente a variedades en trámite de registro;
- Emitir los Dictámenes Técnicos, correspondiente a variedades en trámite de registro;
- Firmar los actos administrativos y certificados concernientes a las modificaciones de registro;
- Firmar resoluciones de desistimiento de la solicitud de Derecho de Obtentor, así como las de concesión, negación, renuncia y caducidad del Derecho de Obtentor;
- Firmar los actos administrativos y certificados concernientes a rectificaciones de errores;
- Firmar los actos administrativos y certificados concernientes a la inscripción de contratos;
- Firmar actos administrativos relacionados al cumplimiento de las obligaciones de los titulares de Derecho de Obtentor, tales como reposición de muestras vivas y mantenimiento de registro, así como aquellas encaminadas a iniciar acciones de cancelación y nulidad del mismo, y remitir los expedientes administrativos al Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales;
- Conocer, aceptar, sustanciar, revocar y resolver los procedimientos de licencias obligatorias en materia de Obtenciones Vegetales, así como suscribir los actos administrativos orientados a la sustanciación, con inclusión de la aceptación a trámite, y resolución de tales procedimientos.
- Conocer, aceptar, sustanciar, revocar y resolver los procedimientos de observancia en materia de Obtenciones Vegetales, así como suscribir los actos administrativos orientados a la sustanciación, con inclusión de la aceptación a trámite, y resolución de tales procedimientos; de ser el caso, disponer la reposición o restitución de los expedientes extraviados o mutilados mediante la suscripción del respectivo acto administrativo;
- Firmar oficios relacionados con procedimientos de observancia en materia de Obtenciones Vegetales;
- Fijar y sustanciar las audiencias que se señalaren en procedimientos de observancia relativos a Obtenciones Vegetales;
- Ordenar las inspecciones que se dispongan en los procedimientos de observancia en materia de Obtenciones Vegetales, así como la toma de medidas cautelares y formación de inventarios de bienes, en caso de que, a criterio del delegado y de conformidad con la Ley, estas sean procedentes. Para este efecto el delegado deberá tener en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador;
- Calificar, conocer sustanciar y resolver los recursos de reposición que se presenten dentro de los procedimientos de registro y de observancia en materia de Obtenciones Vegetales;
- Admitir a trámite, conceder o negar los recursos administrativos previstos en la normativa vigente, según sean presentados dentro o fuera de término, y remitir los expedientes administrativos al Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales;
- Requerir a las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, según el caso, el apoyo e información que permitan establecer la existencia o no de violaciones de derechos de Propiedad Intelectual en materia de Obtenciones Vegetales.
- Sancionar e imponer multas, de ser el caso, en los procedimientos de observancia en materia de Obtenciones Vegetales.
- Posesionar a peritos, de ser el caso, para los procedimientos de observancia en materia de Obtenciones Vegetales.
- Autorizar el pago a peritos, previo el cumplimiento de los requisitos para el caso, dentro de los procedimientos de observancia en materia de Obtenciones Vegetales;
y.
44 – Miércoles 3 de abril de 2019 Registro Oficial N° 460
22. Admitir a trámite, conocer, y sustanciar las diligencias preparatorias en materia de Obtenciones Vegetales, así como ordenar y ejecutar las diligencias orientadas a la sustanciación y prosecución de las mismas.
Artículo 2.- DELEGAR a la Ing. Lorena Paola Llumiquinga Jiménez, servidora del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales la facultad de:
- Realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo las diligencias de depósito de muestras vivas, correspondientes a variedades en trámite de registro o registradas, lo que incluye realizar actas de depósito de muestra viva y suscribirlas a nombre de la Directora Nacional de Obtenciones Vegetales;
- Realizar todos los actos necesarios, con el fin de llevar a cabo las diligencias de verificación de muestras vivas, correspondientes a variedades en trámite de registro o registradas, lo que incluye realizar actas de verificación de muestra viva y suscribirlas a nombre de la Directora Nacional de Obtenciones Vegetales;
- Realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo la emisión del Dictamen Técnico, correspondiente a variedades en trámite de registro; y,
- Efectuar inspecciones técnicas en territorio a los ensayos de la Distinción, Homogeneidad y Estabilidad (DHE), que se encuentren en ejecución y evaluación, y suscribir los informes técnicos respectivos.
Artículo 3.- DELEGAR a Dayra Madeley Jaramillo Bahamonde, en calidad de servidora del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, las facultades de:
- Comparecer y dirigir las audiencias que se señalaren en procedimientos de observancia relativos a Obtenciones Vegetales;
- Ejecutar las inspecciones que se dispongan en los procedimientos de observancia en materia de Obtenciones Vegetales, así como la toma de medidas cautelares y formación de inventarios de bienes, en caso de que, a criterio del delegado y de conformidad con la Ley, estas sean procedentes. Para este efecto el delegado deberá tener en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador; y,
- Ejecutar las diligencias preparatorias en materia de Obtenciones vegetales.
Artículo 4.- DELEGAR a Silvia Katherine Gualacata Carvajal, en calidad de servidora del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, las facultades de:
1. Ejecutar las inspecciones que se dispongan en los procedimientos de observancia en materia de Obtenciones Vegetales, así como la toma de medidas cautelares y formación de inventarios de bienes, en caso de que, a criterio del delegado y de conformidad con la Ley, estas sean procedentes. Para este efecto
el delegado deberá tener en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador; y,
2. Ejecutar las diligencias preparatorias en materia de Obtenciones vegetales.
Artículo 5.- DELEGAR a Fernando Bayardo Nogales Sornoza, en calidad de servidor del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, las facultades de:
- Elaborar informes, memorias, relatarías o cualquier documento técnico o jurídico debidamente motivado sobre cuestiones relacionadas con la gestión de la Unidad de Conocimientos Tradicionales;
- Firmar oficios o memorandos relacionados con trámites de Conocimientos Tradicionales, asociados o no a los recursos genéticos;
- Firmar certificados de Depósitos Voluntarios de Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales Tradicionales;
- Realizar todos los actos necesarios, con el fin de llevar a cabo la emisión de los Depósitos Voluntarios de Conocimientos Tradicionales asociados o no a un recurso genético;
- Ordenar y ejecutar las visitas de campo para el levantamiento de los Depósitos Voluntarios de los Conocimientos Tradicionales asociados o no a los recursos genéticos, en las distintas comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, el pueblo afro-ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas legalmente reconocidas que habitan en el territorio nacional;
- Participar en las distintas reuniones técnicas, relacionadas a los Conocimientos Tradicionales asociados o no a los recursos genéticos;
- Desarrollar el proceso de monitoreo y evaluación de los potenciales casos de acceso ilegal e ilegítimo sobre los Conocimientos Tradicionales asociados o no a los recursos genéticos;
- Ordenar, y ejecutar el proceso de desarrollo de capacidades relacionados a los Conocimientos Tradicionales asociados o no a los recursos genéticos en las distintas comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, el pueblo afro-ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas legalmente reconocidas que habitan en el territorio nacional, así como también hacia la sociedad civil y la academia;
- Ejecutar las búsquedas de potenciales casos de acceso ilegal e ilegítimo sobre los Conocimientos Tradicionales y recursos genéticos del país.
- Organizar y desarrollar reuniones para la construcción de documentos de negociación para foros internacionales como: Convenio de la Diversidad
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Biológica (Grupo de trabajo 8j); Protocolo de Nagoya; Comité Intergubernamental sobre Propiedad intelectual, recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales y de Folklore de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; y, Comunidad Andina.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Los servidores delegados a través de la presente resolución responderán directamente de los actos realizados en el ejercicio de las funciones y atribuciones delegadas y deberán observar para el efecto las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.
SEGUNDA.- Los documentos emitidos en virtud de esta delegación serán de responsabilidad de los servidores delegados, quienes actuarán según lo establecido en el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, en los cuales, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados por la Directora Nacional de Obtenciones Vegetales, para lo cual, se utilizará la siguiente frase: «Por delegación de la Directora Nacional de Obtenciones Vegetales».
TERCERA.- La Directora Nacional de Obtenciones Vegetales se reserva el derecho de avocar las atribuciones delegadas, cuando lo estime pertinente.
CUARTA.-Dispóngase la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial.
QUINTA.-Se ratifican y convalidan las actuaciones lícitas realizadas por los servidores delegados en la presente resolución en virtud de los actos administrativos que esta resolución abroga, entre el 08 de enero y la fecha de suscripción de la presente, siempre y cuando cuenten con el objeto y causa lícita del caso, así como de haber sido realizadas conforme al marco de su delegación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
ÚNICA.- Deróguese y déjese sin efecto todas las resoluciones y sus posteriores reformas, así como también todas las normas de igual o inferior jerarquía que se opongan a la presente delegación, en especial la Resolución No. 001-2019-DNOV-SENADI de 4 de enero de 2019.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito Distrito Metropolitano a, 19 de febrero del 2019.
f.) Paulina Mosquera Hidalgo, MSc, Directora Nacional de Obtenciones Vegetales, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA
N° 001-T-2018-CGA
Arq. Sandra Catalina Alban Crespo
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN DE
GESTIÓN AMBIENTAL (S)
DELEGADA DEL ALCALDE DE CUENCA
Considerando:
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;
Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;
Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala como uno de los objetivos del régimen de Desarrollo, recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividad el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;
Que, de conformidad con lo establecido en el literal k), del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la regulación, prevención y control de la contaminación ambiental de manera articulada con las políticas ambientales nacionales;
Que, el artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, determina que para el otorgamiento de licencias ambientales, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deberán acreditarse obligatoriamente como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable en su Cantón;
Que, el numeral 11 del artículo 27 del Código Orgánico del Ambiente, faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales que en el marco de sus competencias realice el control de las autorizaciones administrativas otorgadas;
Que, el libro tercero del Código Orgánico del Ambiente, regula los instrumentos, procedimientos, mecanismos, actividades, responsabilidades y obligaciones públicas y privadas en materia ambiental;
46 – Miércoles 3 de abril de 2019 Registro Oficial N° 460
Que, el artículo 162 del Código Orgánico del Ambiente, obliga a todo proyecto, obra o actividad, toda ampliación o modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y principios que rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental;
Que, el artículo 172 del Código Ambiental vigente, determina que la regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales.
Que, el artículo 20 de la Ordenanza que regula los procesos relacionados con la prevención, control, seguimiento y sanción de la contaminación ambiental dentro de la jurisdicción del cantón Cuenca, determina que en el caso de realizarse el cambio de razón social de la actividad, obra o proyecto, es una obligación del sujeto de control poner en conocimiento del GAD Municipal de Cuenca.
Que, en los artículos 7, 8 y 9 del Acuerdo Ministerial No. 061, publicado con fecha cuatro de mayo de 2015, establece que la Autoridad Ambiental Nacional tiene la potestad de delegar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, metropolitanos y municipales que a través de un proceso de acreditación obtengan la calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, las competencias de evaluación de impacto ambiental, control, seguimiento de la contaminación ambiental y la emisión de licencias ambientales.
Que, el Acuerdo Ministerial No. 061, en su disposición general quinta, establece que las fichas y licencias ambientales otorgadas por la autoridad ambiental competente, hasta antes de la publicación de éste acuerdo, tiene la misma validez que los permisos ambientales previstos para el actual proceso de regularización ambiental.
Que, el Concejo Cantonal de Cuenca, en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2005, resolvió que la Comisión de Gestión Ambiental (CGA), sea la instancia municipal que ejerza la calidad de AUTORIDAD AMBIENTAL DE APLICACIÓN RESPONSABLE (AAAr), y la utilización del Sello del SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL (SUMA);
Que, mediante Resolución Ministerial N° 626, de fecha 12 de junio de 2015, el Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental Nacional, otorga al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca la renovación de la acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr), y la autorización de utilizar el sello del Sistema Único de manejo Ambiental (SUMA);
Que, el artículo 2 de la Resolución Ministerial No. 626 emitida el 12 de junio de 2015, faculta al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca llevar los procesos relacionados con la prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental, en su circunscripción con las limitaciones previstas en la normativa aplicable;
Que, Mediante Resolución No. SG-137-2018, emitida por el Ingeniero Marcelo Cabrera, Alcalde de Cuenca, de fecha 12 de septiembre de 2018, delega a la arquitecta Sandra Catalina Albán Crespo, Directora de la Comisión de Gestión Ambiental (CGA) Subrogante, para que a nombre de la máxima Autoridad, verificando el cumplimiento de las normas aplicables, suscriba las resoluciones mediante las cuales conceda, suspenda, revoque o extinga permisos ambientales; cambios de titular u operador y cambios de razón social;
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, en su calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) mediante Resolución No. MDA- 2016-13108, de fecha 7 de octubre de 2016, otorgó al Señor Wilson Geovanny Murillo Murillo, el Registro Ambiental No. MAE-SUIA-RA-MDA-2016-756 por el proyecto codificado como MAE-RA-2016-271204, mediante el cual se le facultó la ejecución de la actividad denominada «CAR WASH FAST», ubicada en la parroquia El Vecino, en el cantón Cuenca, provincia del Azuay.
Que, mediante oficio de fecha 12 de marzo de 2018, la Señora Lorena Cecilia Loja Ochoa, solicita a la Comisión de Gestión Ambiental el cambio de titular de la actividad «CAR WASH FAST»; por haberlo adquirido mediante compra venta.
Que, con fecha 5 de junio de 2018, el departamento de calidad ambiental de la Comisión de Gestión Ambiental del GAD Municipal del cantón Cuenca, emite informe técnico en el que se concluye que se aprueba el Informe Ambiental de Cumplimiento presentado y que la actividad regulada cumple con todas las medidas establecidas en el Plan de manejo ambiental presentado, por lo que se recomienda se proceda a realizar el cambio de titular en el permiso ambiental de Registro otorgado.
Que, Asesoría Legal de la Comisión de Gestión Ambiental, revisa los documentos habilitantes presentados y determina que éstos justifican el cambio de titular solicitado, y recomienda se proceda a realizar el cambio en el permiso ambiental otorgado en el año 2016.
En ejercicio de las atribuciones constantes en la Resolución del Ministerio del Ambiente No. 626, de fecha 12 de junio de 2015, y de la normativa vigente;
Resuelve:
Artículo 1.- Aprobar el cambio de titular del Registro Ambiental emitido por el GAD Municipal del cantón
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Cuenca, con el No. MAE-SUIA-RA-MDA-2016-756, mediante Resolución No. MDA-2016-13108, por el proyecto codificado como MAE-RA-2016-271204, a favor de la Señora Lorena Cecilia Loja Ochoa, en su calidad de actual propietaria de la actividad CAR WASH EAST, ubicada en la parroquia El Vecino, del cantón Cuenca, provincia del Azuay.
Artículo 2.- Disponer que la actual propietaria, Señora Lorena Cecilia Loja Ochoa, cumpla con todas las obligaciones adquiridas y constantes en el Registro Ambiental otorgado y detallado en el artículo anterior.
Comuníquese, y regístrese.
Dado en Cuenca, a los 30 días del mes de octubre de 2018.
f.) Arq. Sandra Catalina Albán Crespo, Directora General de la CGA (S).
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA
N° 002-T-2018-CGA
Arq. Sandra Catalina Alban Crespo
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN DE
GESTIÓN AMBIENTAL (S).
DELEGADA DEL ALCALDE DE CUENCA
Considerando:
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;
Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;
Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala como uno de los objetivos del régimen de Desarrollo, recuperar y conservar la
naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividad el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;
Que, de conformidad con lo establecido en el literal k), del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la regulación, prevención y control de la contaminación ambiental de manera articulada con las políticas ambientales nacionales;
Que, el artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, determina que para el otorgamiento de licencias ambientales, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deberán acreditarse obligatoriamente como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable en su Cantón;
Que, el numeral 11 del artículo 27 del Código Orgánico del Ambiente, faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales que en el marco de sus competencias realice el control de las autorizaciones administrativas otorgadas;
Que, el libro tercero del Código Orgánico del Ambiente, regula los instrumentos, procedimientos, mecanismos, actividades, responsabilidades y obligaciones públicas y privadas en materia ambiental;
Que, el artículo 162 del Código Orgánico del Ambiente, obliga a todo proyecto, obra o actividad, toda ampliación o modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y principios que rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental;
Que, el artículo 172 del Código Ambiental vigente, determina que la regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales.
Que, el artículo 20 de la Ordenanza que regula los procesos relacionados con la prevención, control, seguimiento y sanción de la contaminación ambiental dentro de la jurisdicción del cantón Cuenca, determina que en el caso de realizarse el cambio de razón social de la actividad, obra o proyecto, es una obligación del sujeto de control poner en conocimiento del GAD Municipal de Cuenca.
Que, en los artículos 7, 8 y 9 del Acuerdo Ministerial No. 061, publicado con fecha cuatro de mayo de 2015, establece
48 – Miércoles 3 de abril de 2019 Registro Oficial N° 460
que la Autoridad Ambiental Nacional tiene la potestad de delegar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, metropolitanos y municipales que a través de un proceso de acreditación obtengan la calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, las competencias de evaluación de impacto ambiental, control, seguimiento de la contaminación ambiental y la emisión de licencias ambientales.
Que, el Acuerdo Ministerial No. 061, en su disposición general quinta, establece que las ñchas y licencias ambientales otorgadas por la autoridad ambiental competente, hasta antes de la publicación de éste acuerdo, tiene la misma validez que los permisos ambientales previstos para el actual proceso de regularización ambiental.
Que, el Concejo Cantonal de Cuenca, en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2005, resolvió que la Comisión de Gestión Ambiental (CGA), sea la instancia municipal que ejerza la calidad de AUTORIDAD AMBIENTAL DE APLICACIÓN RESPONSABLE (AAAr), y la utilización del Sello del SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL (SUMA);
Que, mediante Resolución Ministerial N° 626, de fecha 12 de junio de 2015, el Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental Nacional, otorga al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca la renovación de la acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr), y la autorización de utilizar el sello del Sistema Único de manejo Ambiental (SUMA);
Que, el artículo 2 de la Resolución Ministerial No. 626 emitida el 12 de junio de 2015, faculta al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca llevar los procesos relacionados con la prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental, en su circunscripción con las limitaciones previstas en la normativa aplicable;
Que, Mediante Resolución No. SG-137-2018, emitida por el Ingeniero Marcelo Cabrera, Alcalde de Cuenca, de fecha 12 de septiembre de 2018, delega a la arquitecta Sandra Catalina Albán Crespo, Directora de la Comisión de Gestión Ambiental (CGA) Subrogante, para que a nombre de la máxima Autoridad, verificando el cumplimiento de las normas aplicables, suscriba las resoluciones mediante las cuales conceda, suspenda, revoque o extinga permisos ambientales; cambios de titular u operador y cambios de razón social;
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, en su calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) mediante Resolución No. MDA- 2016-8569, de fecha 22 de julio de 2016, otorgó a
la Señora MARITZA MARISHEL PEÑA CAÑIZARES, el Registro Ambiental No. MAE-SUIA-RA-MDA-2016-651 por el cual se le facultó la ejecución del proyecto, obra o actividad denominado lavadora y lubricadora «BLUU», ubicada en la parroquia Machángara, en el cantón Cuenca, provincia del Azuay.
Que, mediante oficio de fecha 5 de septiembre de 2018, la Señora Maritza Marishel Peña Cañizares, solicita a la Comisión de Gestión Ambiental el cambio de titular de la actividad Lavadora y Lubricadora «BLUU»; por haber procedido a su venta en favor del Señor Gustavo Orlando Malo Arízaga.
Que, con fecha 19 de septiembre de 2018, el departamento de calidad ambiental de la Comisión de Gestión Ambiental del GAD Municipal del cantón Cuenca, emite informe técnico en el que se concluye que se aprueba el Informe Ambiental de Cumplimiento presentado y que la actividad regulada cumple con todas las obligaciones ambientales a las que está supeditada, así como con la normativa ambiental vigente, por lo que se aprueba el informe ambiental de cumplimiento, mediante oficio No. DCGA-1977-201, de fecha 13 de agosto de 2018, por lo que se recomienda se proceda a realizar el cambio de titular en el permiso ambiental de Registro otorgado.
Que, Asesoría Legal de la Comisión de Gestión Ambiental, revisa los documentos habilitantes presentados y determina que éstos justifican el cambio de titular solicitado, por lo que recomienda se proceda a realizar el cambio de titular en el permiso ambiental otorgado en el año 2016.
En ejercicio de las atribuciones constantes en la Resolución del Ministerio del Ambiente No. 626, de fecha 12 de junio de 2015, y de la normativa vigente.
Resuelve:
Artículo 1.- Aprobar el cambio de titular del Registro Ambiental emitido por el GAD Municipal del cantón Cuenca, con el No. MAE-SUIA-RA-MDA-2016-651, mediante Resolución No. MDA-2016-8569, a favor del Señor Gustavo Orlando Malo Arízaga, en su calidad de actual propietario del proyecto, obra o actividad denominada lavadora y lubricadora «BLUU», ubicada en la parroquia Machángara, en el cantón Cuenca, provincia del Azuay.
Artículo 2.- Disponer que el propietario, Señor Gustavo Orlando Malo Arízaga, cumpla con todas las obligaciones adquiridas y constantes en el Registro Ambiental otorgado y detallado en el artículo anterior.
Comuníquese, y regístrese.
Dado en Cuenca, a los 30 días del mes de octubre de 2018.
f.) Arq. Sandra Catalina Albán Crespo, Directora General de la CGA (S).