Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Viernes 20 de marzo de 2020 (R. O.456, 20–de marzo -2020)EDICIÓN ESPECIAL

MINISTERIO DE CULTURA Y
PATRIMONIO
ACUERDOS:

DM-2019-255; DM-2019-256; DM-2019-257;
DM-2019-258; DM-2019-259; DM-2019-260;
DM-2019-261; DM-2019-262; DM-2019-263.
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ACUERDO MINISTERIAL No. DM-2019-245
Juan Fernando Velasco Torres MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO
CONSIDERANDO;
Que, el artículo 151 de la Constitución de la República del Ecuador determina -que; «Las ministras y los ministros -de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios, del ministerio a su cargo (…)»;
Que, el artículo 154 de la Carta Magna establece que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera sugestión (…)»;.
Que, el artículo 226 de la Constitución prescribe que: «Las instituciones del’ Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores, públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la-Constitución y la ley (…) «;
Que, el artículo 4 -de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que: «Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público «;
Que, el artículo 17 del Acuerdo No. MRL-2011-00051 con el-cual se expide el Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior para las y los servidores y obreros públicos, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 392, de 24 dé febrero de 2011, señala: «Las autorizaciones de viaje al exterior, para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados dé las funciones de un puesto de las servidoras, servidores, obreras u obreros que laboren en entidades de la Función Ejecutiva y de las entidades adscritas a la misma, se las realizará a- través del ¡correspondiente acuerdo o resolución, según sea el caso, previa autorización de Secretaría General de la Presidencia de la República a través del sistema informático que para el efecto establezca la mencionada entidad (…) «;
Que, mediante oficio No. SNAP-SNAP-2016-000148-0 de 16 de marzo de 2016, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, dispuso: «(..,.) a todas las entidades que conforman ía Administración Pública Central, institucional y que dependen de la Función Ejecutiva (APCID), la ejecución y cumplimiento de las siguientes políticas: (…) 3. Restringir las comisiones de servicios al exterior. Se autorizarán exclusivamente cuando las organizaciones anfitrionas financien los costos totales (pasajes, viáticos, inscripciones, entre otros gastos), afín de que no representen erogación presupuestaria alguna para él Estado. Deforma excepcional, se podrán aprobar viajes cuyo costo deba asumir’el Estado debidamente justificados y con la presentación posterior del informe de beneficios
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cuantificables para el Estado, aprobado por la máxima autoridad institucional, conforme la normativa expedida para el efecto. De igual forma, sin excepción, la comisión de servicios podrá integrarse por máximo dos personas por institución, tomando en consideración que de requerir cualquier tipo de apoyo, debe ser coordinado con las embajadas y consulados, dentro de su programación presupuestaria (…)”;
Que, mediante Decreto No. 135 de 01 de septiembre de 2017, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 76 de 11 de septiembre de 2017, se establecen; “Las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público ”, en cuyo artículo 15 se dispone: “Los viajes al exterior de los servidores públicos de la Función Ejecutiva cuya objetivo sea la participación en eventos oficiales y en representación de la institución o del Estado, serán previamente calificados y autorizados por la Secretaría General de la Presidencia de la República. En el caso de las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva, será la máxima autoridad o su delegado, la que autoricé los viajes al exterior de sus servidores públicos de conformidad con la dinámica del sector pero deberá informar sobre las autorizaciones a la Secretaria General de la Presidencia. La Secretaria General de la Presidencia en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad. Humana, emitirán la normativa para regular y autorizar viajes internacionales del personal del servicio exterior”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 27 de junio de 2019; el Presidente Constitucional de la República del Ecuador nombró sal Señor Juan Fernando Vetases Torres, como Ministró de Cultura y Patrimonio;
Que, mediante autorización No. 70415 suscrito el 05 de diciembre de 2019, el señor Dr. Víctor Paúl Gran da López. Presidente del Gabinete Sectorial Social autoriza el viaje de la señora Subsecretaría de Patrimonio Cultural. Yadhira Susana Álvarez Castellanos, a la ciudad de Bogotá. República de Colombia los días comprendidos entre el 09 al 13 de diciembre de 2019 con el fin de participar en la 14va Sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural;
Que, mediante memorando No, MCYP-DATH-19-039-M-E suscrito el 09 de diciembre de 2019 la Directora de Administración de Talento Humano del Ministerio de Cultura y Patrimonio solicita legalizar el viaje al exterior de la señora Viceministra;
EN EJERCICIO de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,
ACUERDA:
Artículo 1.- Declarar en comisión de servicios con remuneración en el exterior del 09 al 13 de diciembre del 2019, a la Señora Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Yadhira Susana Álvarez Castellanos, quien asistirá 14va Sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural a desarrollarse en la ciudad de Bogotá, República de Colombia.
Artículo 2.- Encargar la ejecución de este Acuerdo Ministerial a la Coordinación General Administrativa Financiera.

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Artículo 3.- Ordenar qué la señora .Subsecretaría, presente un informe de la comisión con los resultados logrados al Despacho Ministerial, con copia a la Coordinación- General Administrativa Financiera.
Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia .a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.-
Dado en la ciudad de Quito Distrito-Metropolitano, a 9 de diciembre de 2019:

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ACUERDO MINISTERIAL Nro. DM-2019-246
EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO SUBROGANTE
CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: «Se reconoce y garantizará a las personas: (…). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. (…)»;
Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de ¡a soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de lodos los niveles de gobierno, así como de tas entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión: deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas»;
Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: «A las ministras y ministros de Estado, además dé las atribuciones establecidas en la ley les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…) «;
Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: «La administración pública constituye un servicio, a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;
Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la Ubre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes «;
Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional dé Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias «;
Que el artículo 567 del Código Civil, en concordancia con el literal k) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, contempla como atribución del Presidente de la República, delegar a los ministros, de acuerdo con la materia dé que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica; y, Que el artículo 17 ibídem, establece que los Ministros» de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes á sus ministerios;
Que mediante Decreto Ejecutivo «Nro. 193 de 23 de octubre de 2017, se expide el Reglamento qué rige para las organizaciones sociales y demás ciudadanas y ciudadanos Que, en uso del derecho a la libertad de asociación y reunión, participan voluntariamente en las diversas manifestaciones y formas de organización de la sociedad; para las entidades u organismos competentes del Estado que otorgan personalidad jurídica a las organizaciones que lo soliciten en el ámbito de su gestión; para las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que realizan actividades en el Ecuador; y, para quiénes requieran de información o promuevan la participación y organización social:
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro, 811 de 27 de junio de 2019, se designa a Juan Fernando Velases Torres como Ministro de Cultura y Patrimonio;
Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0000106-DPBS-B de 28 de mayo de 2002, el Ministerio de Bienestar Social aprobó el estatuto y otorgó personalidad jurídica a la «Asociación de Barreristas Guanujeños»;
Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. DM-2019-241 de 09 de diciembre de 2019, el señor Juan Fernando
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Velasco Torres dispuso la subrogación de funciones del cargo de Ministro de Cultura y Patrimonio, a favor de José Daniel Flores Cevallos, del 12 al 13 de diciembre de 2019.
Que en Asambleas Generales celebradas el i3 y 27 de enero de 2019, los miembros de la «Asociación de Barreristas Guanujeños», resolvieron reformar el estatuto de la organización social, de acuerdo al proceso establecido en su norma estatutaria;
Que mediante oficio s/n recibido el 09 de diciembre de 2019 (trámite Nro. MCYP-DGA-2019-3320-EXT), el señor Milton Pilco Gaglay, solicita la aprobación de reforma al estatuto de la «Asociación de Barreristas Guanujeños»;
Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-19-I154-M de 13 de diciembre de 2019, el Coordinador General Jurídico emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para la aprobación de la reforma al estatuto de la «Asociación de Barreristas Guanujeños»;
Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.
ACUERDA:
Art. 1.- Aprobar la reforma al estatuto de la «Asociación de Barreristas Guanujeños», resuelta por las Asambleas Generales celebradas el 13 y 27 de enero de 2019. La codificación del estatuto de la organización social en mención, deberá incorporarse al expediente de la organización social, a cargo de la Coordinación General Jurídica.
Art. 2.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1, el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales»; y, en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio.
La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la organización social buscarán en primer lugar, el diálogo como medio de solución conforme a sus normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos; o, a través del ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico les faculte ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.
Art. 3.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.
Art. 4.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Registro Oficial – Edición Especial N° 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 7
ACUERDO MINISTERIAL Nro. DM-2019-247
EL MINISTRO DE CULTERA Y PATRIMONIO, SUBROGANTE
CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: «Se reconoce y garantizará a las personas: (…). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. (…)»:
Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece: «Se reconocen todas las formas de organización ile lit sociedad, cotilo expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y poli ticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas de presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas ele expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas»:
Que el numeral I del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: «A las ministras y ministros de listado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: I. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del arca a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…)»;
Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconecta ración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;
Que el artículo 30 de la lev Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Las organizaciones sociales.-Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de iodos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus firmas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de atentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la lev. así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o. en aquel/as, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva. Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano x montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la lev»:
Que el artículo 31 de la Lev Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes «:
Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Legalización y registro de las organizaciones sociales.- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estantíos. El registro de las organizaciones sociales se liara bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector público implementarán las medidas que fueren necesarias. Las organizaciones sociales regionales deberán registrarse de conformidad con la Constitución»;
Que el artículo 25 de la Lev Orgánica de Cultura, establece: «De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción

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afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias»‘,
Que el artículo 567 del Código Civil, en concordancia con el litera] k) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, contempla como atribución del Presidente de la República, delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica; y, que el artículo 17 ibídem, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017, se expide el Reglamento que rige para las organizaciones sociales y demás ciudadanas y ciudadanos que, en uso del derecho a la libertad de asociación y reunión, participan voluntariamente en las diversas manifestaciones y formas de organización de la sociedad; para las entidades u organismos competentes del Estado que otorgan personalidad jurídica a las organizaciones que lo soliciten en el ámbito de su gestión; para las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que realizan actividades en el Ecuador; y, para quienes requieran de información o promuevan la participación y organización social;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, se designa al señor Juan Fernando Velasco Torres como Ministro de Cultura y Patrimonio;
Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. DM-2019-241 de 9 de diciembre de 2019, el señor Juan Fernando Velasco Torres dispuso la subrogación de funciones del cargo de Ministro de Cultura y Patrimonio, a favor de José Daniel Flores Cevallos, del 12 al 13 de diciembre de 2019.
Que los miembros fundadores de la organización social en formación denominada «Fundación Voceros Comunitarios de Quito», se reunieron en Asamblea General Constitutiva el 19 de agosto de 2019, con la finalidad de constituirla;
Que mediante comunicación s/n ingresada en esta Cartera de Estado con trámite Nro. MCYP-DGA-2019-3272-EXT de 03 de diciembre de 2019, la señora María Belén Delgado solicita a esta Cartera de Estado, la aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica de la «Fundación Voceros Comunitarios de Quito»;
Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-19-1156-M de 13 de diciembre de 2019, el Coordinador General Jurídico, emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del AcueTdo Ministerial para el otorgamiento de la personalidad jurídica a favor de la «Fundación Voceros Comunitarios de Quito»;
Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.
ACUERDA:
Art. 1.- Aprobar el estatuto y otorgar la personalidad jurídica a la siguiente organización social:

Nombre: «Fundación Voceros Comunitarios de Quito»
Clasificación: Fundación.
Domicilio: Calles General Francisco Salazar E 15-17 y Sevilla, Barrio La Floresta, Parroquia La Mariscal, cantón Quito, Provincia de Pichincha.
Correo electrónico: [email protected]
Fundadores: Nombre Nacionalidad Nro. de documento de identidad

Aguinda Grefa Rosalía Verónica Isabel ecuatoriana 1711899672

Aldaz Guachamín Margarita del Carmen ecuatoriana 1706041595

Arcos Montalvo Leonardo Enrique ecuatoriana 1702915917

Bustamante Romero Marco Heriberto ecuatoriana 1703163863

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Bustamante Rosario Germania Eudocia ecuatoriana 1102768643

Cajas Espinoza Fabián Valerio ecuatoriana 1707440986

Coral Guerra Edwin Leonardo ecuatoriana 1712627833

Delgado Barahona María Belén ecuatoriana 1718008764

Dueñas Matute Beba Giselle ecuatoriana 1706509880

Marcillo Leime Verónica del Consuelo ecuatoriana 1708514383

Navarro Benavides Henry Alexander ecuatoriana 1718119637

Noboa Vinueza Marín Elena ecuatoriana 1707747976

Paredes Pérez Mirilla Silvana ecuatoriana 1705778908

Pazmiño Santos María de los Angeles ecuatoriana 1704608254

Pazmiño Santos Rocío Magdalena ecuatoriana 1704608213

Salazar Porras Luzmila Eufemia ecuatoriana 1707529424

Samaniego Miguel Emilio ecuatoriana 1706868583

Tandazo Tandazo Máximo Vinicio ecuatoriana 1102394374

Yépez Arteaga Washington ecuatoriana 1706293980

Acosta Cacay Xinicua Patricia ecuatoriana 1710989342

Moncayo Cevallos María de Lourdes ecuatoriana 1702694348
Art. 2.- Ordenar a la organización social descrita en el artículo 1, que en el plazo máximo de treinta (30) días, remita mediante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», que dé cuenta de la elección de su directiva.
Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1, el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales»; y. en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cada período de elección de la directiva, deberá ser registrado en esta Cartera de Estado, para los Unes legales que correspondan.
La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, ríe utilización de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y olios, determinados en las leves específicas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sajela al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de (‘altura y Patrimonio.
Para la solución de los conflictos y controversias hílenlas, los miembros de la organización social buscarán en primer lugar, el diálogo como medio de solución conforme a sus normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos; o, a través del ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico les faculte ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de listado.
Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.
Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a I 3 de diciembre de 20 19.

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ACUERDO MINISTERIAL Nro. DM-2019-248
EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO. SUBROGANTE
CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: «Se reconoce y garantizará a las personas: (…). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma Ubre y voluntaria. (…)»;
Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas»;
Que el numeral I del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…)»;
Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;
Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Las organizaciones sociales.-Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales señale, de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva. Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de genero, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley «;
Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes «;
Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Legalización y registro de las-organizaciones sociales.- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector público implementarán las medidas que fueren necesarias. Las organizaciones sociales regionales deberán registrarse de conformidad con la Constitución «;
Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 11
afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias»;
Que el artículo 567 del Código Civil, en concordancia con el literal k) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, contempla como atribución del Presidente de la República, delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica; y, que el artículo 17 ibídem, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017, se expide el Reglamento que rige para las organizaciones sociales y demás ciudadanas y ciudadanos que, en uso del derecho a la libertad de asociación y reunión, participan voluntariamente en las diversas manifestaciones y formas de organización de la sociedad; para las entidades u organismos competentes del Estado que otorgan personalidad jurídica a las organizaciones que lo soliciten en el ámbito de su gestión; para las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que realizan actividades en el Ecuador; y, para quienes requieran de información o promuevan la participación y organización social;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, se designa al señor Juan Fernando Velasco Torres como Ministro de Cultura y Patrimonio;
Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. DM-2019-241 de 09 de diciembre de 2019, el señor Juan Fernando Velasco Torres dispuso la subrogación de funciones del cargo de Ministro de Cultura y Patrimonio, a favor de José Daniel Flores Cevallos, del 12 al 13 de diciembre de 2019.
Que los miembros fundadores de la organización social en formación denominada Fundación «Centro Interdisciplinario de Investigación de Saberes-CIPACUNA», se reunieron en Asamblea General Constitutiva el 25 de octubre de 2019, con la finalidad de constituirla;
Que mediante comunicación s/n ingresada en esta Cartera de Estado con trámite Nro. MCYP-DGA-2019-3284-EXT de 03 de diciembre de 2019, la señora Katic Tamiana García Alvarado solicita a esta Cartera de Estado, la aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación «Centro Interdisciplinario de Investigación de Saberes-CIPACUNA»;
Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-19-1158-M de 13 de diciembre de 2019, el Coordinador General Jurídico, emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para el otorgamiento de la personalidad jurídica a favor de la Fundación «Centro Interdisciplinario de Investigación de Saberes-CIPACUNA»;
Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.
ACUERDA:
Art. 1.- Aprobar el estatuto y otorgar la personalidad jurídica a la siguiente organización social:

Nombre: Fundación «Centro Interdisciplinario de investigación de Saberes-CIPACUNA»
Clasificación: Fundación.
Domicilio: Calles Joaquín Játiva y Herrera y Cevallos S46-37, Barrio La Ecuatoriana, cantón Quito, Provincia de Pichincha. Código Postal 170707
Correo electrónico: [email protected]
Fundadores: Nombre Nacionalidad Nro. de documento de identidad

García Alvarado Katic Tamiana ecuatoriana 1711956068

Valencia Vélez Samir Mauricio ecuatoriana 1706041595
Art. 2.- Ordenar a la organización social descrita en el artículo 1, que en el plazo máximo de treinta (30) días,

12 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial Nº 456 – Registro Oficial
remita mediante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», que de cuenta de la elección de su directiva.
Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1, el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales»; y, en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cada período de elección de la directiva, deberá ser registrado en esta Cartera de Estado, para los fines legales que correspondan.
La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la organización social buscarán en primer lugar, el diálogo como medio de solución conforme a sus normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos: o. a través del ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico les faculte ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.
Art. 4,- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.
Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 13 de diciembre de 2019.

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 13
ACUERDO MINISTERIAL Nro. DM-2019-249
LA MINISTRA DE CULTURA Y PATRIMONIO SUBROGANTE
CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: «Se reconoce y garantizará a las personas: (…), 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria, (…)»;
Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece: «Se reconocen lodos las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y SUS formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas «;
Que el numeral I del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la lectoría de las políticos públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…) «;
Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»:
Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Las organizaciones sociales.-Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de lodos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición ¿le cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva, para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley»;
Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la Ubre asociación, así como, a sus formas de expresión: y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes»:
Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Legalización y registro de las organizaciones sociales.- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector público implementarán las medidas que fueren necesarias. Las organizaciones sociales regionales deberán registrarse de conformidad con la Constitución»:
Que el articulo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción

14 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial Nº 456 – Registro Oficial
afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias»;
Que el artículo 567 del Código Civil, en concordancia con el literal k) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, contempla como atribución del Presidente de la República, delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica; y, que el artículo 17 ibídem, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017, se expide el Reglamento que rige para las organizaciones sociales y demás ciudadanas y ciudadanos que, en uso del derecho a la libertad de asociación y reunión, participan voluntariamente en las diversas manifestaciones y formas de organización de la sociedad; para las entidades u organismos competentes del Estado que otorgan personalidad jurídica a las organizaciones que lo soliciten en el ámbito de su gestión; para las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que realizan actividades en el Ecuador; y, para quienes requieran de información o promuevan la participación y organización social;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, se designa a Juan Fernando Velasco Torres como Ministro de Cultura y Patrimonio;
Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. DM-2019-241 de 9 de diciembre de 2019, Juan Fernando Velasco Torres dispuso la subrogación de funciones del cargo de Ministro de Cultura y Patrimonio, a favor de Ana María Armijos Burneo, del 14 al 17 de diciembre de 2019.
Que los miembros fundadores de la organización social en formación denominada «Asociación de Artistas Juntos por Duran», se reunieron en Asamblea General Constitutiva el 3 de julio de 2019, con la Finalidad de constituirla;
Que mediante comunicación s/n recibida el 27 de noviembre de 2019 (trámite Nro. MCYP-CZ8-2019-0615-M), la señora Elvia Alexandra Rocha Correa, debidamente autorizado(a) por la «Asociación de Artistas Juntos por Duran», solicita a esta Cartera de Estado la aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización social en formación antes citada;
Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-I9-1162-M de 16 de diciembre de 2019, el Coordinador General Jurídico emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para el otorgamiento de la personalidad jurídica a favor de la »Asociación de Artistas Juntos por Duran»;
Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.
ACUERDA:
Art. 1.- Aprobar el estatuto y otorgar la personalidad jurídica a la siguiente organización social:

Nombre: Asociación de Artistas Juntos por Duran.
Clasificación: Corporaciones de primer grado.
Domicilio: Cooperativa 12 de Noviembre, Manzana B, Solar 3, parroquia Eloy Alfaro, cantón Duran, provincia del Guayas.
Correo electrónico: [email protected].
Fundadores: Nombre Nacionalidad Nro. de documento de identidad

Acuña Acuña José Vicente ecuatoriana 0922410063

Alarcón Muguerza Bertha Marlene ecuatoriana 1712329638

Castañeda Rocha Loida Damaris ecuatoriana 0941092181

Choez Mejía Maximiliano Roger ecuatoriana 0911438125

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 15

Estrada Delgado Edwin Mauricio ecuatoriana 0913432571

Fernández Mindiola Fausto Fortunato ecuatoriana 0905123055

lperti Amada Rudelina ecuatoriana 0906649041

Ladines Arjstega Roñal Richard ecuatoriana 0923587836

Luna Ochoa Elena Sania ecuatoriana 0907435937

Reyes Aviles Nelson Vidal ecuatoriana 09037 i 1877

Reyes Echeverría Georgina Miroslava ecuatoriana 0905108015

Rocha Correa Elvia Alexandra ecuatoriana 0918628629

Rodríguez Freiré Jenniffer Jazmín ecuatoriana 1716889470

Salazar Alvía Tyrone José ecuatoriana 0918433731

Segura Herrera Luis Alfredo ecuatoriana 0912376159

Tello Coello Pedro Julio ecuatoriana 1201785498
Art. 2.- Ordenar a la organización social descrita en el artículo 1, que en el plazo máximo de treinta (30) días, remita mediante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», que de cuenta de la elección de su directiva.
Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1, el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales»; y, en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Cada período de elección de la directiva, deberá ser registrado en esta Cartera de Estado, para los Unes legales que correspondan.
La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la organización social buscarán en primer lugar, el diálogo como medio de solución conforme a sus normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos; o, a través del ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico les faculte ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.
Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.
Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

16 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial Nº 456 – Registro Oficial
ACUERDO MINISTERIAL Nro. DM-2019-251
LA MINISTRA DE CULTURA Y PATRIMONIO, SUBROGANTE
CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: «Se reconoce y garantizará a las personas: (…). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. (…) «;
Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas»‘,
Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde; 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…) «;
Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;
Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Las organizaciones sociales.-Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva. Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley «;
Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes «;
Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Legalización y registro de las organizaciones sociales.- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de ¿as organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector público implementarán las medidas que fueren necesarias. Las organizaciones sociales regionales deberán registrarse de conformidad con la Constitución «;
Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 17
Afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la Republica, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias «;
Que el artículo 567 del Código Civil, en concordancia con el literal k) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, contempla como atribución del Presidente de la República, delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica; y, que et artículo 17 ibídem, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017, se expide el Reglamento que rige para las organizaciones sociales y demás ciudadanas y ciudadanos que, en uso del derecho a la libertad de asociación y reunión, participan voluntariamente en las diversas manifestaciones y formas de organización de la sociedad; para las entidades u organismos competentes del Estado que otorgan personalidad jurídica a las organizaciones que lo soliciten en el ámbito de su gestión; para las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que realizan actividades en el Ecuador; y, para quienes requieran de información o promuevan la participación y organización social;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, se designa al señor Juan Fernando Velasco Torres como Ministro de Cultura y Patrimonio;
Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. DM-2019-241 de 09 de diciembre de 2019, el señor Juan Fernando Velasco Torres dispuso la subrogación de funciones del cargo de Ministro de Cultura y Patrimonio, a favor de Ana María Armijos Burneo, del 14 al 17 de diciembre de 2019.
Que los miembros fundadores de la organización social en formación denominada Fundación «Cultural Cornejo Luis Enrique-CLÉ», se reunieron en Asamblea General Constitutiva el 12 de noviembre de 2019, con la finalidad de constituirla;
Que medíante comunicación s/n ingresada en esta Cartera de Estado con trámite Nro. MCYP-DGA-2019-3298-EXT de 04 de diciembre de 2019, el señor Marco cornejo Ubillus solicita a esta Cartera de Estado, la aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica de la Fundación Cultural Cornejo Luis Enrique-CLÉ;
Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-19-1164-M de 16 de diciembre de 2019, el Coordinador General Jurídico, emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para el otorgamiento de la personalidad jurídica a favor de la Fundación Cultural Cornejo Luis Enrique-CLÉ;
Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.
ACUERDA:
Art. 1.- Aprobar el estatuto y otorgar la personalidad jurídica a la siguiente organización social:

Nombre: Fundación Cultural Cornejo Luis Enrique-CLÉ;
Clasificación: Fundación.
Domicilio: Calles Blanca Benítez y Quitumbe Ñan, Parroquia Quitumbe, cantón Quito, Provincia de Pichincha.
Correo electrónico: [email protected]
Fundadores: Nombre Nacionalidad Nro. de documento de identidad

Cornejo Ubillus Marco Antonio ecuatoriana 1703873792

Cornejo Navarro Carla Tatiana ecuatoriana 1714820352

Cornejo Ubillus Jaime Gustavo ecuatoriana 1704465726

Shalagin Pavel Vladimirovich rusa 722804866

18 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial Nº 456 – Registro Oficial
Tapia Ochoa Leonardo Rommel ecuatoriana 1101492101
Art. 2.- Ordenar a la organización social descrita en el artículo 1. que en el plazo máximo de treinta (30) días, remita medíante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», que de cuenta de la elección de su directiva.
Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1, el cumplimiento irrestricto de su estatuto, de] «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales»; y, en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cada período de elección de la directiva, deberá ser registrado en esta Cartera de Estado, para los fines legales que correspondan.
La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y oíros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la organización social buscarán en primer lugar, el diálogo como medio de solución conforme a sus normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos; o, a través del ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico les faculte ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.
Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.
Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 16 de diciembre de 2019.

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 19
ACUERDO MINISTERIAL No. DM-2019-252
Ana María Armijos Burneo MINISTRA DE CULTURA Y PATRIMONIO (S)
CONSIDERANDO:
Que el artículo 3, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que «Son deberes primordiales del Estado: (…) 7) Proteger el patrimonio natural y cultural del país (…)»;
Que el articulo 21 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: «Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural. (…) a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas»;
Que el artículo 83, numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley (…) 13) Consentir el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos (…)»;
Que el articulo 264, numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: «8) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines (…)»;
Que, el articulo 276, numeral 7 determina que «El régimen da desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 7). Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e intercambio; recuperar, presentar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural»;
Que el artículo 377 de la Norma Suprema, expresa que: «El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional: proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales: y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural, Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales»;
Que el artículo 379, numeral 2 de la norma ibídem, señala que: «Son parte del patrimonio cultural tangible a intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: (…) 2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico»;
Que el artículo 380, numeral 1 ibídem, expresa que: «Serán responsabilidades del Estado: i) Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador»;
Que el artículo 2 de la Ley Orgánica de Cultura, señala que: «La ley es aplicable a todas las actividades vinculadas al acceso, fomento, producción, circulación y promoción de la creatividad, las artes, la innovación, la memoria social y el patrimonio cultural, así como a todas las entidades, organismos e instituciones públicas y privadas que integran el Sistema Nacional de Cultura: a las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales que forman parte del Estado plurinacional e intercultural ecuatoriano

20 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial Nº 456 – Registro Oficial
Que el articulo 7, literal c) de la Ley Orgánica de Cultura, dispone que: «Todas las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen los siguientes deberes y responsabilidades culturales: (…) c) Poner en conocimiento de la autoridad competente, para fines de registro e inventario, la posesión, tenencia o hallazgo de bienes del patrimonio cultural nacional»;
Que el artículo 24 de la Ley ibídem, expresa que: «Integran el Sistema Nacional de Cultura todas las instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, y los colectivos, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, entidades, actores y gestores de la cultura que siendo independientes, se vinculen voluntariamente al sistema»;
Que el artículo 26, literal f), de la Ley en mención, determina que: «La entidad rectora del Sistema Nacional de Cultura tiene los siguientes deberes y atribuciones: (…) f) Dictar la normativa, reglamentos, instructivos, directrices y otros instrumentos de regulación y control para las entidades, organismos e instituciones del Sistema Nacional de Cultura, para garantizar la calidad de los servicios culturales»;
Que el artículo 42 de la Ley en mención, señala; «El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC es una entidad pública de investigación y control técnico del patrimonio cultural, con personería jurídica propia y competencia nacional, adscrita al ente rector de la Cultura y el Patrimonio, con capacidad de gestión financiera y administrativa «;
Que el articulo 43 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tiene como finalidad el desarrollo de la investigación y el ejercicio del control técnico del patrimonio cultural, para lo cual deberá atender y coordinar la política pública emitida por el ente rector de la Cultura y el Patrimonio «;
Que el artículo 44 de la Ley Orgánica de Cultura dispone que entre los deberes y atribuciones del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural están: «El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, tiene entre sus atribuciones y deberes lo siguiente: (…) d) Registrar e inventariar el patrimonio cultural nacional, así como supervisar que los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, desarrollen este registro e inventario de manera técnica y responsable a través del procedimiento y metodología que establezca este Instituto. Esta información formará parte del Sistema Integral de Información Cultural SMC; e) Coordinar, supervisar y orientar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, de manera técnica, en el ejercicio de sus competencias; (…) i) Formular y proponer para aprobación del ente rector de la Cultura y el Patrimonio las normas técnicas correspondientes a su gestión y competencia para la protección y conservación del patrimonio cultural»;
Que el artículo 50 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: «Los bienes que conforman el patrimonio cultural del Ecuador son tangibles e intangibles y cumplen una función social derivada de su importancia histórica, artística, científica o simbólica, así como por ser el soporte de la memoria social para la construcción y fortalecimiento de la identidad nacional y la interculturalidad»;
Que el artículo 51 de la Ley ibídem, determina que: «Son bienes del patrimonio cultural nacional los reconocidos como tales por esta Ley y, los declarados por acto administrativo del ente rector de la Cultura y el Patrimonio. Estos bienes del patrimonio cultural nacional se sujetan al régimen de protección establecido en esta Ley y su Reglamento»;
Que el articulo 54, literal e) de la Ley ibídem, señala que: «En virtud da la presente Ley se reconocen como patrimonio cultural nacional y por tanto no requieren de otra formalidad, aquellos bienes que cumplan con las siguientes consideraciones: (…) e) Las edificaciones y conjuntos arquitectónicos como templos, conventos, capillas, casas, grupos de construcciones urbanos y rurales como centros históricos, obrajes, fábricas, casas de hacienda, molinos, jardines, caminos, parques, puentes, líneas férreas de la época colonial y republicana construidos hasta 1940, que contengan un valor cultural e histórico que sea menester proteger»:

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 21
Que el artículo 55 de la Ley ibídem, establece que: «En todos los casos no previstos para el reconocimiento de bienes de patrimonio cultural nacional por disposición de la Ley, deberá mediar una declaratoria por parte del ente rector de la Cultura y el Patrimonio. La declaratoria como bien del patrimonio cultural nacional conlleva la incorporación del mismo a un régimen de protección y salvaguarda especial por parte del Estado, en sus diferentes niveles de gobierno y en función de sus competencias.»;
Que el artículo 56 de la Ley ibídem, señala que: «El proceso de declaratoria es de carácter reglado, técnico y metodológico, emitido por el ente rector de la Cultura y el Patrimonio: se realizará sobre la base de un informe técnico emitido por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el que considerará el carácter progresivo y dinámico de los conceptos y bienes emergentes que se califican como patrimonio cultural por cada sociedad y tiempo»;
Que el artículo 57 de la Ley ibídem, determina que: «Las declaratorias de los bienes del patrimonio cultural nacional permiten la protección inmediata de los mismos, por lo que el organismo competente deberá ocuparse de manera prioritaria de aquellos que se encuentren en riesgo o vulnerabilidad, emitiendo medidas de protección o salvaguarda «;
Que el articulo 61 de la Ley ibídem señala que: «Cuando se trate de declaratoria del patrimonio cultural sobre bienes tangibles o materiales; el proceso comenzará de oficio o a petición de parte y necesariamente con la individualización del bien a través de un registro de bienes de interés patrimonial por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Dicho acto podrá conllevar la aplicación del régimen general de protección de manera transitoria hasta por dos años, tiempo en el cual deberá definirse su incorporación o no al patrimonio cultural nacional»;
Que el articulo 63 de la Ley Orgánica de Cultura, establece que: «Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, para precautelar los bienes patrimoniales en su jurisdicción territorial que se encuentren en riesgo, podrán declararlos de utilidad pública y expropiarlos, para lo cual de no mediar reconocimiento nacional, podrá realizar declaratoria de patrimonio cultural sobre aquellos inmuebles históricos o culturales «;
Que el artículo 65 de la Ley ibídem, indica que: «Los bienes del patrimonio cultural nacional en propiedad o posesión privada, a excepción de los objetos arqueológicos y paleontológicos cuya titularidad la mantiene el Estado, por efecto de esta Ley podrán ser objeto de transferencia de dominio, debiendo registrar este acto bajo la normativa que se dicte para el efecto. (…) El Estado tendrá derecho de prelación para la adquisición de los bienes del patrimonio cultural nacional»;
Que el artículo 78 de la Ley Orgánica de Cultura, señala que: «El ente rector de la Cultura y el Patrimonio podrá resolver de manera sumaria la desvinculación y pérdida de calidad de un bien como parte del patrimonio cultural nacional, ya sea porque no mantiene valores culturales, históricos, artísticos o científicos a pesar de cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley, o por haber perdido las características que sustentaron su declaratoria, sin que sea factible su restauración. Para ambos casos se requerirá el informe técnico sustentado del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural»;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 92 de la Ley ibídem: «Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial tienen la competencia de gestión del patrimonio cultural para su mantenimiento, conservación y difusión. En el marco de dicha competencia tienen atribuciones de regulación y control en su territorio a través de ordenanzas que se emitiera en fundamento a la política pública cultural, la presente Ley y su Reglamento»;
Que el artículo 94 de la Ley ibídem dispone que: «Es responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, en los ámbitos de su jurisdicción, la identificación, registro e inventario de los bienes reconocidos o declarados como patrimonio cultural nacional por el ente rector de la Cultura y el Patrimonio. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tendrá la obligación de acompañar técnicamente y supervisar este proceso, así como establecer procedimientos normados y regulados»;

22 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial Nº 456 – Registro Oficial
Que el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina que entre las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados municipales está: «(…) h) preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicas para estos fines
(-)»;
Que el primer inciso del artículo 144 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización prevé que para el ejercicio de la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural «corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir los espacios públicos para estos fines»;
Que el quinto inciso del artículo 144 del Código ibídem, establece que: «Será responsabilidad del gobierno central, emitir las políticas nacionales, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural y natural, por lo cual le corresponde declarar y supervisar el patrimonio nacional y los bienes materiales e inmateriales (…)»:
Que el artículo 7 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, señala que la función social y ambiental de la propiedad, tiene entre otras implicaciones las siguientes: respetar el uso de los predios establecido en la ley o planeamiento urbanístico; el control de las prácticas especulativas sobre bienes inmuebles y el estímulo a un uso socialmente justo y sustentable; la promoción de condiciones que faciliten el acceso a los servicios a la población de ingreso medios y bajos; y, la protección del patrimonio cultural y natural;
Que el artículo 9, numeral 2) de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Uso y Gestión de Suelo, establece que el ordenamiento territorial tiene por objeto: «(…) 2. La protección del patrimonio natural y cultural del cantón (…)»;
Que el artículo 18, numeral 3) de la Ley ibídem establece que, el suelo urbano de protección «(…) es el suelo urbano que por sus especiales características biofísicas, culturales, sociales o paisajísticas, o por presentar factores de riesgo para los asentamientos humanos, debe ser protegido, y en el cual se restringirá la ocupación según la legislación nacional y local correspondiente. Para la declaratoria de suelo urbano de protección, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial municipales o metropolitanos acogerán lo previsto en la legislación nacional ambiental, patrimonial y de riesgos»:
Que el artículo 39 del Reglamento a la Ley Orgánica de Cultura señala que: «Se establece el Sistema da Información del Patrimonio Cultural del Ecuador como herramienta de gestión e información del patrimonio cultural a nivel nacional, el mismo que estará articulado al Sistema Integral de Información Cultural del Ecuador. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural – INPC-, es la entidad responsable de la gestión y administración del Sistema de información del Patrimonio Cultural del Ecuador, para lo cual establecerá la norma técnica para el levantamiento, clasificación, incorporación, desvinculación y difusión de información referente al registro de bienes de interés patrimonial e inventarío de los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural nacional»;
Que el artículo 40 del Reglamento a la Ley Orgánica de Cultura señala que: «Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar la información referente al registro de bienes de interés patrimonial e inventarío de bienes y manifestaciones del patrimonio cultural de su jurisdicción al Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador, para lo cual deberán emplearlas herramientas metodológicas que señale el INPC»;
Que el artículo 44, literal d) del Reglamento ibídem señala que: «El Director del INPC es su representante legal, judicial y extrajudicial, designado por el Directorio para un período de cuatro años y tendrá las siguientes atribuciones y deberes: (…) d) Someter para la aprobación del ente rector la normativa técnica vinculada al patrimonio cultural conforme a la Ley y su Reglamento

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 23
Que el artículo 47 del Reglamento mencionado señala que: «Para la declaratoria de un bien como parte del patrimonio cultural nacional, se procederá, de oficio o a petición de parte, mediante solicitud presentada al MCYP, que deberá contener un expediente técnico de acuerdo a normativa técnica que se dicte para el efecto. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial podrán realizar el expediente de investigación técnica para posibilitar la declaratoria de patrimonio cultural sobre un bien o conjunto de bienes bajo su jurisdicción, con el apoyo y orientaciones técnicas del INPC. El Ministerio de Cultura y Patrimonio emitirá la declaratoria mediante Acuerdo Ministerial (…)»;
Que el artículo 51 del Reglamento a la Ley Orgánica de Cultura señala que: «El registro de bienes de interés patrimonial es una identificación de carácter preliminar sobre bienes que podrían mantener valores arquitectónicos, históricos, científicos, tecnológicos o simbólicos. Dicha identificación, podrá estar acompañada con una medida de protección transitoria hasta que se defina si pertenecen a no al patrimonio cultural. Para efectos de cumplimiento del Art. 61 de la Ley, relativo a la protección transitoria de los bienes que conforman el registro, la autoridad técnica nacional definirá si implementa su protección transitoria hasta por dos años, de acuerdo a los parámetros establecidos en la normativa técnica; tiempo en el cual no podrá realizarse o autorizarse su derrocamiento parcial o total por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (…);
Que el artículo 52 del Reglamento a la Ley Orgánica de Cultura señala que: «Todos los bienes del patrimonio cultural inventariados se incorporarán al Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador, de acuerdo a la norma técnica establecida. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados o de Régimen Especial deberán integrar la condición patrimonial de los bienes inmuebles a los instrumentos de gestión de suelo, de acuerdo a la normativa vigente. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, en el ámbito de su jurisdicción, deberán identificar e inventariar los bienes y objetos del patrimonio cultural nacional y actualizar dicho inventario de acuerdo a la norma técnica dictada para el efecto. El inventario de bienes y objetos del patrimonio cultural deberá ser actualizado periódicamente; sin perjuicio de que dicha actualización se realice de inmediato en el caso de intervenciones, desclasificación y desvinculación de bienes patrimoniales»;
Que el artículo 13, literal e) del Reglamento ibídem establece que el componente estructural del Plan de Uso y Gestión del Suelo contendrá las siguientes determinaciones: «(…) e) La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, productivos y paisajísticos, de los conjuntos históricos y culturales, y de las áreas apuestas a amenazas y riesgos, conforme a lo establecido en la legislación sectorial o nacional correspondiente (…)»;
Que el artículo 16, literal j) del Reglamento mencionado, dispone que: «Para incorporar suelo rural al suelo rural de expansión urbana o al suelo urbano, los gobiernos autónomos descentralizados deberán excluir suelo ocupado por actividades agrícolas-productivas, de conservación, de protección, de riesgos, ambientales, patrimoniales, acogiendo lo previsto en la legislación nacional y sectorial competente «;
Que el artículo 18, literal d) del Reglamento ibídem dispone que: «Para la identificación de zonas homogéneas donde se aplicarán los tratamientos urbanísticos se deberá tomar en cuenta por lo menos lo siguiente: (…) d) Protección del patrimonio natural, cultural o construido (…)»:
Que el artículo 20 literal f) y artículo 21 literal e) del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo establecen que la norma urbanística para bienes y servicios públicos y privados, respectivamente, deberá considerar la normativa específica de patrimonio cultural;
Que el artículo 22 literal d) del Reglamento ibídem establece que «Para la asignación de la norma de aprovechamientos urbanísticos se tomará en cuenta de manera obligatoria al menos lo siguiente: (…) d) Características paisajísticas o necesidad de conservación del paisaje o patrimonio urbano-arquitectónico y/o natural»;

24 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial Nº 456 – Registro Oficial
Que el artículo 24 literal k) del Reglamento ibídem establece que: «para la definición de la norma urbanística de usos de suelo se debe tomar en cuenta por lo menos lo siguiente: (…) k) Patrimonio construido y natural (…)»;
Que el Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución No. 0004-CNC2015 publicada en el Registro Oficial Nro. 514 de 03 de junio del 2015 , resolvió transferir la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios públicos para estos fines, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales; y Que mediante Resolución No. 006-CNC-2017 de fecha 30 de agosto de 2017, publicada en el Registro Oficial Nro. 91 de fecha 2 de octubre del 2017, resolvió reformar la Resolución 0004-CNC2015 Del 14 de mayo del 2015;
Que el Ministerio de Cultura fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 5 de 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial Nro. 22 de 14 de febrero del mismo año, hoy denominado Ministerio de Cultura y Patrimonio, de conformidad con el Artículo 5 del Decreto Ejecutivo Nro. 1507 de fecha 8 de mayo de 2013;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 27 de junio de 2019, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador nombró como Ministro de Cultura y Patrimonio al señor Juan Fernando Velasco Torres;
Que mediante Acuerdo Ministerial No. DM-2019-241 el Ministro de Cultura y Patrimonio, señor Juan Fernando Velasco Torres, resuelve: «Artículo 1.-Subrogaren el cargo de Ministro de Cultura y Patrimonio a José Daniel Flores, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación, los días 12 y 13 de diciembre de 2019. Artículo 2- Subrogar en el cargo de Ministra de Cultura y Patrimonio a Ana María Armijos Burneo, Viceministra de Cultura y Patrimonio, los días del 14 al 17 de diciembre de 2019»
Que mediante Oficio Nro. INPC-INPC-2019-1031-O de 08 de agosto de 2019, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural remitió a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de esta Cartera de Estado, el texto que se transcribe a continuación: «se ha identificado que existen cambios a la propuesta remitida por el INPC. En este sentido, adjunto sírvase encontrar el cuadro comparativo, con el fin de que se considere la actualización de este instrumento normativo. Cabe indicar que en el cuadro comparativo constan únicamente los Artículos sujetos a modificación e incorporación (nuevos).»,
Que mediante Memorando No. MCYP-SPC-19-0445-M de 8 de octubre de 2019, la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, arquitecta Yadira Álvarez Castellanos, remite a la Viceministra de Cultura y Patrimonio «ley Informe de Viabilidad y la propuesta de reforma a la Normativa Técnica para el Inventarío, Declaratoria, Delimitación, Desvinculación y Pérdida de Calidad de Bienes Inmuebles Patrimoniales, para los trámites pertinente».
Que mediante Memorando No. MCYP-SPC-19-0486-M de 29 de octubre de 2019, la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, arquitecta Yadira Álvarez Castellanos señala que remite el informe técnico de la propuesta para la Normativa remitida en el memorando MCYP-SPC-19-0445-M de 8 de octubre de 2019.
Que mediante Memorando No. MCYP-CGJ-19-1141-M de 4 de diciembre de 2019, la Coordinación General Jurídica solicita a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural solicite la autorización de la máxima autoridad para la emisión del Acuerdo Ministerial.
Que mediante Memorando No. MCYP-SPC-19-0548-M de 11 de diciembre de 2019, la Subsecretaría de Patrimonio Cultural subrogante, arquitecta Paulina de las Mercedes Moreno Peralta, solicita al señor Ministro la Autorización previa a la emisión del Acuerdo Ministerial, documento que se entrega a la Coordinación General Jurídica con nota marginada Inserta de fecha 13 de diciembre de 2019 para el trámite pertinente.

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 25
Que mediante Memorando No. MCYP-SPC-19-0548-M de 11 de diciembre de 2019, la Subsecretaría de Patrimonio Cultural subrogante, arquitecta Paulina de las Mercedes Moreno Peralta, requiere al señor Ministro la Autorización previa a la emisión del Acuerdo Ministerial, documento que se entrega a la Coordinación General Jurídica con nota marginada inserta de fecha 13 de diciembre de 2019 con la Autorización para el trámite pertinente.
EN EJERCICIO de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,
ACUERDA:
Artículo 1.-Actualizar la Normativa Técnica para el Inventario, Declaratoria, Delimitación, Desvinculación y Pérdida de calidad de bienes inmuebles patrimoniales, con base en los informes emitidos por la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de esta Cartera de Estado y los documentos generados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural e incorporar la Normativa Técnica señalada al presente instrumento.
Artículo 2.-Derogar Normativa Técnica para el Inventario, Declaratoria, Delimitación, Desvinculación y Pérdida de calidad de bienes inmuebles patrimoniales emitida en el Acuerdo Ministerial No, DM-2019-094 de 10 de junio de 2019, y en el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 3.- Encárguese del cumplimiento y ejecución del presente Acuerdo Ministerial a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural y al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
Artículo 4.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.-
Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 17 de diciembre de 2019.

26 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial Nº 456 – Registro Oficial
ACUERDO MINISTERIAL Nro. DM-2019-253
LA MINISTRA DE CULTURA Y PATRIMONIO, SUBROGANTE
CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: «[…] se reconoce y garantizará a las personas: (…). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. (…) «;
Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión: deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas «;
Que el numeral I del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: «[…] las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley les corresponde: I. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…) «;
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe «[…] l as instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad esta/al ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»:
Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: «[…] la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración. Descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;
Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece que: «[…] se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir: que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de atenías y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la lev, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en las cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres: o, en aquel/as, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva. Para el caso de las comunas, comunidades, pueblas y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley»;
Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «[…] el Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y. genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes»:
Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «[…] las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 27
estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector público implementarán las medidas que fueren necesarias. Las organizaciones sociales regionales deberán registrarse de conformidad con la Constitución «;
Que el articulo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «[…] de la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias «;
Que el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo (COA) dispone: ‘»[…f la máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley»;
Que el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo (COA) señala: «‘[…] la competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado»;
Que el artículo 12 del Decreto Ejecutivo Nro. 193, publicado mediante Registro Oficial Suplemento No. 109 del 27 de octubre de 2017, mediante el cual se expide el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, dispone: «[…] sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para aprobar los estatutos de las corporaciones o fundaciones previstas en el Código Civil, el representante de la organización que presente la solicitud de aprobación del estatuto y de reconocimiento de la personalidad jurídica a la cartera de Estado competente […] «;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Lic. Lenin Moreno Garcés, designa como Ministro de Cultura y Patrimonio al señor Juan Fernando Velasco Torres;
Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. DM-2019-241 de 09 de diciembre de 2019, el señor Juan Fernando Velasco Torres dispuso la subrogación de funciones del cargo de Ministro de Cultura y Patrimonio, a favor de Ana María Armijos Burneo, del 14 al 17 de diciembre de 2019.
Que los miembros fundadores de la organización social en formación denominada «Full Fundación Arte y Cultura Linchua de Sordos de Shushufindi», se reunieron en Asamblea General Constitutiva el 16 de noviembre de 2019, con la finalidad de constituirla;
Que mediante comunicación s/n ingresada en esta Cartera de Estado con trámite Nro. MCYP-DGA-2019-3319-EXT de 09 de diciembre de 2019, el señor Milton Alejandro Ajila solicita a esta Cartera de Estado, la aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica de la «Full Fundación Arte y Cultura Linchua de Sordos de Shushufindi»;
Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-19-1174-M de 17 de diciembre de 2019, el Coordinador General Jurídico, emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para el otorgamiento de la personalidad jurídica a favor de “Full Fundación Arte y Cultura Linchua de Sordos de Shushufindr;
Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el

28 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial Nº 456 – Registro Oficial
cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia: En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.
ACUERDA:
Art. 1.- Aprobar el estatuto y otorgar la personalidad jurídica a la siguiente organización social:

Nombre: «Fu 11 Fundación Arte y Cultura Linchua de Sordos de Shushufindí»
Clasificación: Fundación
Domicilio: Urb. Via Doch. Barrio La UNE, Parroquia Shushufindi, cantón Shushufindi. Provincia de Sucumbíos.
Correo electrónico: fulIsordoshushufnidifí@hotmail.com
Fundadores: Nombre Nacionalidad Nro. de documento de identidad

Ajila Milton Alejandro ecuatoriana l 500292295

Arcos Ordóñez Lourdes Mariela ecuatoriana 2100329123

Rodríguez Carranza Rema Maribi ecuatoriana 1314103068

Sánchez Chimborazo Aytom Hermanyn ecuatoriana 21005G4950
Art. 2.- Ordenar a la organización social descrita en el artículo 1, que en el plazo máximo de treinta (30) días, remita mediante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el «‘Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», que de cuenta de la elección de su directiva.
Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1. el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales»: y, en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cada período de elección de la directiva, deberá ser registrado en esta Cartera de Estado, para los fines legales que correspondan.
La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la organización social buscarán en primer lugar, el diálogo como medio de solución conforme a sus normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos; o, a través del ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico les faculte ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.
Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.
Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 17 de diciembre de 2019.

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 29
ACUERDO MINISTERIAL Nro. DM-2019-254
LA MINISTRA DE CULTURA Y PATRIMONIO, SUBROGANTE
CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: «[…] se reconoce y garantizará a las personas: (…). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. (…)»;
Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece: «Sé reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas»;
Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: «[…] las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…) «;
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe «[…] las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras O servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;
Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: «[…] la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;
Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece que: «[…] se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva. Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley «;
Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «[…] el Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes»;
Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «[…] las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus

30 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial Nº 456 – Registro Oficial
estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector público implementarán las medidas que fueren necesarias. Las organizaciones sociales regionales deberán registrarse de conformidad con la Constitución»;
Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «[…] de la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias «;
Que el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo (COA) dispone que: «[…] la máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en lodos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley»‘,
Que el artículo 65 del COA señala que: «[…] la competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado»;
Que el Decreto Ejecutivo Nro. 193, publicado mediante Registro Oficial Suplemento No. 109 del 27 de octubre de 2017, mediante el cual se expide el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, en donde su artículo 12 dispone que: «[…] sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para aprobar los estatutos de las corporaciones o fundaciones previstas en el Código Civil, el representante de la organización que presente la solicitud de aprobación del estatuto y de reconocimiento de la personalidad jurídica a la cartera de Estado competente […] «;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Lic. Lenin Moreno Garcés, designa como Ministro de Cultura y Patrimonio al señor Juan Fernando Velasco Torres;
Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. DM-2019-241 de 09 de diciembre de 2019, el señor Juan Fernando Velasco Torres dispuso la subrogación de funciones del cargo de Ministro de Cultura y Patrimonio, a favor de Ana María Ar mijos Burneo, del 14 al 17 de diciembre de 2019.
Que los miembros fundadores de la organización social en formación denominada Asociación de Artistas Profesionales «Yovigildo Córdova», se reunieron en Asamblea General Constitutiva el 21 de noviembre de 2019, con la finalidad de constituirla;
Que mediante comunicación s/n ingresada en esta Cartera de Estado con trámite Nro. MCYP-DGA-2019-3324-EXT de 09 de diciembre de 2019, el señor Segundo Roberto Ramos Zambrano solicita a esta Cartera de Estado, la aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica de Asociación de Artistas Profesionales «Yovigildo Córdova»;
Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-19-1173-M de 17 de diciembre de 2019, el Coordinador General Jurídico, emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para el otorgamiento de la personalidad jurídica a favor de Asociación de Artistas Profesionales «Yovigildo Córdova»;
Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 31
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.
ACUERDA: Art. 1.- Aprobar el estatuto y otorgar la personalidad jurídica a la siguiente organización social:

Nombre: Asociación de Artistas Profesionales «Yovigildo Córdova»
Clasificación: Corporación
Domicilio: Calle Simón Bolívar y Gonzalo Albarracín, Barrio Central, Parroquia Matriz La Maná, cantón La Maná, Provincia de Cotópaxi, Código Postal 050201.
Correo electrónico: [email protected]
Fundadores: Nombre Nacionalidad Nro. de documento de identidad

Aulestia Aulestia César Orfay ecuatoriana 1703178291

Bravo Intriago Moisés Hermencio ecuatoriana 1306774777

Briones Pacheco Ripardo Ernesto ecuatoriana 1200564910

Castillo Carrillo Sylvia Beatriz ecuatoriana 1802243236

Cuenca Córdova Julio Marcelo ecuatoriana 0913124905

Fernández Martínez Mariuxi Mireya ecuatoriana 1205637885

Figueroa Peralta Bacilio Gregorio ecuatoriana 0502189996

Gutiérrez Vargas Gerardo Liberato ecuatoriana 1202136808

Gutiérrez Vargas Pablo Hilario ecuatoriana 1202136790

Ibarra Casanova Héctor Marciano ecuatoriana 0801240417

Ibarra Ruiz Anthony Israel ecuatoriana 1208937803

Macías Holguín Santos Dionicio ecuatoriana 1201704135

Marcaba Chiliquínga Jenny Elizabeth ecuatoriana 1205197468

Mena Jiménez Manuel Ramiro ecuatoriana 1704368610

Morante Briones César Juventino ecuatoriana 1201115464

Panta Avila José Leli ecuatoriana 0906872825

Peñafiel Monsalve Teófilo Alberto ecuatoriana 1205809716

Pina Loor Marcelo Arnaldo ecuatoriana 1712148517

Ramos Zambrano Segundo Roberto ecuatoriana 1802202349

Romero López Edgar Patricio ecuatoriana 1713523 i 30

Tuarez Vera Holger Ricardo ecuatoriana 1200647780

Vargas Miranda César Evangelio ecuatoriana 0200647089

Valencia Ganchozo Pablo Agustín ecuatoriana 1205838723

Vera Enrique/ Mártires Josefina ecuatoriana 1200759411

Vera Pacheco Víctor Manuel ecuatoriana 1201072038
Art. 2.- Ordenar a la organización social descrita en el artículo 1, que cu el plazo máximo de treinta (30) días, remita mediante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», que de cuenta de la elección de su directiva.
Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1, el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales»; y, en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cada periodo de elección de la directiva, deberá ser registrado en esta Cartera de Estado, para los fines legales que correspondan.
La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicas, de orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la organización social buscarán en primer lugar, el diálogo como medio de solución conforme a sus normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos; o, a través del ejercicio de

32 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial Nº 456 – Registro Oficial
las acciones que el ordenamiento jurídico les faculte ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.
Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.
Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 17 de diciembre de 2019.

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 33
ACUERDO MINISTERIAL Nro. DM-2019-255
EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO
CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: «Se reconoce y garantizará a las personas: (…). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. (…) «;
Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer- el poder ciudadano y sus formas de expresión: deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas «;
Que el numeral I del articulo 154 de la Constitución de la República, establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: l. Ejercer la lectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…) «;
Que el artículo 226 de la Constitución de la República, establece: «/.as instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;
Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía. Desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;
Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Las organizaciones sociales.’ Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular (pie contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución tic problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir: que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de lodos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión, las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres: o. en aquellas, en cava integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva. Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley»:
Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión: y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes «:
Que el articulo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Legalización y registro de las organizaciones sociales,- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bufo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales: para tal efecto, las instituciones del sector público implementarán las medidas que fueren necesarias Las organizaciones sociales regionales deberán registrarse de conformidad con la Constitución «;

34 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial Nº 456 – Registro Oficial
Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias «;
Que el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Representación legal de las administraciones públicas. La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia, lista autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley»;
Que el articulo 65 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Art. 65.- Competencia. La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado»;
Que el artículo 567 del Código Civil, establece: «Las ordenanzas o estatutos de las corporaciones, que fueren formados por ellas mismas, serán sometidos a la aprobación del Presidente de la República, que se la concederá si no tuvieren nada contrario al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres «;
Que el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017, establece: «Sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para aprobar los estatutos de las corporaciones o fundaciones previstas en el Código Civil, el representante de la organización que presente la solicitud de aprobación del estatuto y de reconocimiento de la personalidad jurídica a la cartera de Estado competente. (…);
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, se designa a Juan Fernando Velasco Torres como Ministro de Cultura y Patrimonio;
Que los miembros fundadores de la organización social en formación denominada «Centro de Formación de Artes AMART», se reunieron en Asamblea General Constitutiva el 1 de diciembre de 2019, con la finalidad de constituirla;
Que mediante comunicación s/n recibida el 12 de diciembre de 2019 (trámite Nro. MCYP-DGA-2019-3377-EXT), el señor Wilmer Efrén Santacruz Ortiz, debidamente autorizado por el «Centro de Formación de Artes AMART», solicita a esta Cartera de Estado la aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización social en formación antes citada;
Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-19-1181-M de 19 de diciembre de 2019, el Coordinador General Jurídico emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para el otorgamiento de la personalidad jurídica a favor del «»Centro de Formación de Artes AMART»;
Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.
ACUERDA:
Art. 1.- Aprobar el estatuto y otorgar la personalidad jurídica a la siguiente organización social:

Nombre: Centro de Formación de Artes AMART.
Clasificación: Corporaciones de primer grado.
Domicilio: Av. Jaime Rolos Aguilera y Elisita, parroquia La Concordia, cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 35

Correo electrónico: [email protected].
Fundadores: Nombre Nacionalidad Nro. de documento de identidad

Andrade Vélez Francisca Elizabeth ecuatoriana 0802 113498

Ángulo Manzaba Carmen Herminda ecuatoriana 0802718973

Pinzón Torres Esteban Leonardo ecuatoriana 1716018286

Riera Andrade Shaden Yudessy ecuatoriana 0803854827

Santacruz Ortiz Wilmer Efrén ecuatoriana 1716487739
Art. 2.- Ordenar a la organización social descrita en el artículo 1, que en el plazo máximo de treinta (30) días, remita mediante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, que de cuenta de la elección de su directiva.
Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1, el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales: y. en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cada período de elección de la directiva, deberá ser registrado en esta Cartera de Estado, para los fines legales que correspondan.
La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la organización social buscarán en primer lugar, el diálogo como medio de solución conforme a sus normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos; o, a través del ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico les faculte ante la justicia ordinaria, sin perjuicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.
Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.
Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.

36 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial Nº 456 – Registro Oficial
ACUERDO MINISTERIAL Nro. DM-2019-256
EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO
CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: «Se reconoce y garantizará a las personas: (…). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. (…)»:
Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece: «Se reconocen tocias las formas ele organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de iodos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles pan: fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de atentas»;
Que el numeral I del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: L Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdas y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…)»;
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe «[…] las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;
Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;
Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece que: «[…] se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de lodos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva. Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley»;
Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes «;
Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «[…] las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector público implementarán las medidas que fueren necesarias. Las organizaciones sociales regionales deberán registrarse de

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 37
conformidad con la Constitución»;
Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias «;
Que el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo (COA) dispone que: «[…] la máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley»;
Que el artículo 12 del Decreto Ejecutivo Nro. 193, publicado mediante Registro Oficial Suplemento No. 109 del 27 de octubre de 2017, mediante el cual se expide el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, dispone: «[…] sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para aprobar los estatutos de las corporaciones o fundaciones previstas en el Código Civil, el representante de la organización que presente la solicitud de aprobación del estatuto y de reconocimiento de la personalidad jurídica a la cartera de Estado competente […] «;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Lic. Lenin Moreno Garcés, designa como Ministro de Cultura y Patrimonio al señor Juan Fernando Velasco Torres;
Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. DM-2014-151 de 25 de noviembre de 2014, el Ministerio de Cultura y Patrimonio aprobó el estatuto y otorgó personalidad jurídica a la organización social «Asociación Sumak Kawsay»;
Que en Asambleas Generales celebradas el 13 de septiembre y 17 de octubre de 2019 respectivamente, los miembros se reunieron con la finalidad de discutir y aprobar la disolución y liquidación voluntaria de la organización social Asociación Sumak Kawsay», de acuerdo al proceso establecido en su norma estatutaria;
Que mediante Oficio s/n recibido el 14 de noviembre de 2019 (trámite Nro. MCYP-CZ7-2019-0621-EXT), el señor José Francisco Ávila Gualán debidamente autorizado, solicita la disolución y liquidación de la organización social «Asociación Sumak Kawsay»;
Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-19-1182-M de 19 de diciembre de 2019, el Coordinador General Jurídico emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para la disolución y liquidación voluntaria a favor de la organización social «Asociación Sumak Kawsay»;
Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.
ACUERDA:
Art. 1.- Declarar la disolución y liquidación voluntaria de la organización social «Asociación Sumak Kawsay», con domicilio en el cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, constituida medíante Acuerdo Ministerial No. DM-2014-151 de 25 de noviembre de 2014.

Nombre de la organización: «Asociación Sumak Kawsay»
Tipo: Corporación primer grado
Domicilio: Parroquia Guadalupe, Cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe,

38 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial Nº 456 – Registro Oficial

República del Ecuador.
Corteo electrónico; [email protected]
Art. 2.- Conocer el resultado del informe de liquidación de la organización social «Asociación Sumak Kawsay», presentado por el liquidador el 17 de octubre de 2019, la veracidad y el contenido del informe emitido es de exclusiva responsabilidad de liquidador de la organización
Art. 3.-A partir de la presente fecha de cierre de la actividad legal por disolución de la organización y por ende la pérdida de la personería jurídica, ni los miembros de la organización ni sus representantes podrá utilizar la razón social «Asociación Sumak Kawsay», para ejercer derechos ni contraer obligaciones a nombre de ésta.
Art. 4.- Notifiquese a la organización social «Asociación Sumak Kawsay» sobre este Acuerdo Ministerial y Disolución y Liquidación Voluntaria.
Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.
Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 19 de diciembre de 2019.

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 39
ACUERDO MINISTERIAL Nio. DM-201 9-257
EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO
CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: «Se reconoce y garantizará a las personas: (…). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse enferma Ubre y voluntaria. (…) «;
Que el artículo 96 de la Constitución de la República, establece: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de lodos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas»;
Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: I. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión, (…) «:
Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;
Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Las organizaciones sociales.-Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechas individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salva en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o. en aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva. Vara el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarias a la Constitución y la ley «:
Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes «;
Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Legalización y registro de las organizaciones sociales.- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad Jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas (pie correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus dalos conforme a sus estólidos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector público implementaron las medidas que fueren necesarias. Las organizaciones sociales regionales deberán registrarse de conformidad con la Constitución»:
Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción

40 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial Nº 456 – Registro Oficial
afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias «;
Que el artículo 567 del Código Civil, en concordancia con el literal k) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, contempla como atribución del Presidente de la República, delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica; y, que el artículo 17 ibídem, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 201 7, se expide el Reglamento que rige para las organizaciones sociales y demás ciudadanas y ciudadanos que, en uso del derecho a la libertad de asociación y reunión, participan voluntariamente en las diversas manifestaciones y formas de organización de la sociedad; para las entidades u organismos competentes del Estado que otorgan personalidad jurídica a las organizaciones que lo soliciten en el ámbito de su gestión; para las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que realizan actividades en el Ecuador; y, para quienes requieran de información o promuevan la participación y organización social;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, se designa a Juan Fernando Velasco Torres como Ministro de Cultura y Patrimonio;
Que los miembros fundadores de la organización social en formación denominada «Fundación Cultural de Investigación y Desarrollo de las Raíces Afro- Ecuatorianas Sierra Norte FUCIDRAE-SN», se reunieron en Asamblea General Constitutiva el 24 de noviembre de 2019, con la finalidad de constituirla;
Que mediante comunicación s/n recibida el 29 de noviembre de 2019 (trámite Nro. MCYP-DGA-2019-3250-EXT), el señor Jorge Vilca Quilumba, debidamente autorizado por la «Fundación Cultural de Investigación y Desarrollo de las Raíces Afro – Ecuatorianas Sierra Norte FUCIDRAE-SN», solicita a esta Cartera de Estado la aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización social en formación antes citada;
Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-19-l 189-M de 20 de diciembre de 2019, el Coordinador General Jurídico emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para el otorgamiento de la personalidad jurídica a favor de la «Fundación Cultural de Investigación y Desarrollo de las Raíces Afro – Ecuatorianas Sierra Norte FUCIDRAE-SN»;
Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio. al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.
ACUERDA:
Art. 1.-Aprobar el estatuto y otorgar la personalidad jurídica a la siguiente organización social:

Nombre: Fundación Cultural de Investigación y Desarrollo de las Raíces Afro – Ecuatorianas Sierra Norte FUCIDRAE-SN.
Clasificación: Fundaciones.
Domicilio: Calle S39-A Número OE10-65, ciudadela [barra, barrio 2 de Febrero, parroquia Chillogallo, cantón Quito, provincia de Pichincha.
Correo electrónico: [email protected],
Fundadores: Nombre Nacionalidad Nro. de documento de identidad

VILCA QUILUMBA JORGE RAÚL ecuatoriana 1711670016

MINDA MONTALVO IRENE MARGOTH ecuatoriana 1002368007

MINDA ARCE JUAN JOSÉ HOMERO ecuatoriana 1703832251

GUBIO BARRIGA CHRISTIAN DANIEL ecuatoriana 1002379913

QUIÑÓNEZ TADEO MARÍA ANTONIA ecuatoriana 1002696225

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 41

ESPINOZA CONGO ANA LUCIA ecuatoriana 1715282933

VILCA ROSERO VERÓNICA ALEJANDRA ecuatoriana 1752973162
Art. 2.- Ordenar a la organización social descrita en el artículo 1, que en el plazo máximo de treinta (30) días, remita mediante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales»», que de cuenta de la elección de su directiva.
Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el articulo I. el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales»; y. en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cada período de elección de la directiva, deberá ser registrado en esta Cartera de Estado, para los fines legales que correspondan.
La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la organización social buscarán en primer lugar, el diálogo como medio de solución conforme a sus normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos; o. a través del ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico les faculte ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.
Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.
Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.

42 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial Nº 456 – Registro Oficial
ACUERDO MINISTERIAL Nro. DM 2019-258
EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO
CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: «Se reconoce y garantizará a las personas: (..,). 13. El derecha a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. (…) «;
Que el artículo 06 de la Constitución de la República, establece: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de lados los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigen/es i la rendición de cuentas»:
Que el numeral 1 del articulo 154 de la Constitución de la República, establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley les corresponde: l. Ejercer la redaría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…) «;
Que el artículo 226 de la Constitución de la República, establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;
Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia r evaluador»;
Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Las organizaciones sociales.-Se reconocen (odas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y confítelos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir: que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres: o, en aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva. Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley «;
Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión: y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes «;
Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Legalización y registro de las organizaciones sociales.- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales: para tal efecto, las instituciones del sector público implementarán las medidas que fueren necesarias. Las organizaciones sociales regionales deberán registrarse de conformidad con la Constitución «:

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 43
Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura- La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias «;
Que el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Representación legal de las administraciones públicas. La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley»;
Que el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Art. 65.- Competencia. La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado «;
Que el artículo 567 del Código Civil, establece: «Las ordenanzas o estatutos de las corporaciones, que fueren formados por ellas mismas, serán sometidos a la aprobación del Presidente de la República, que se la concederá si no tuvieren nada contrario al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres»;
Que el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017, establece: «Sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para aprobar los estatutos de las corporaciones o fundaciones previstas en el Código Civil, el representante de la organización que presente la solicitud de aprobación del estatuto y de reconocimiento de la personalidad jurídica a la cartera de Estado competente, (…):.
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, se designa a Juan Fernando Velasco Torres como Ministro de Cultura y Patrimonio;
Que los miembros fundadores de la organización social en formación denominada «Sociedad de Estudios Históricos Rumiñahui», se reunieron en Asamblea General Constitutiva el 30 de agosto de 2019, con la finalidad de constituirla;
Que mediante comunicación Nro. 002-P-SEHR-2019 recibida el 18 de diciembre de 2019 (trámite Nro. MCYP-DGA-2019-3426-EXT), el señor Luis Cevallos Mejía, debidamente autorizado por la «Sociedad de Estudios Históricos Rumiñahui”, solicita a esta Cartera de Estado la aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización social en formación antes citada;
Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-19-1193-M de 20 de diciembre de 2019, el Coordinador General Jurídico emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para el otorgamiento de la personalidad jurídica a favor de la «Sociedad de Estudios Históricos Rumiñahui»;
Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarías.
ACUERDA:
Art. 1.- Aprobar el estatuto y otorgar la personalidad jurídica a la siguiente organización social:

Nombre: Sociedad de Estudios Históricos Rumiñahui.
Clasificación: Corporaciones de Primer Grado.
Domicilio: España 219 y Eloy Alfaro, parroquia Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha.

44 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial Nº 456 – Registro Oficial

Correo electrónico: [email protected].
Fundadores: Nombre Nacionalidad Nro. de documento de identidad

CEVALLOS MEJIA LUÍS EDUARDO ecuatoriana 1710455781

VENEGAS DE LA TORRE LUIS ARTURO ecuatoriana 0600888952

GÓMEZ JURADO ZEVALLOS JAVIER GUSTAVO ecuatoriana 1705083630

BATALLAS PAUCARIMA JOSÉ HUMBERTO ecuatoriana 1703191229

HINOJOSA FIGUEROA ÁNGEL LEONARDO ecuatoriana 1700354.190

VINUEZA PÉREZ SAÚL BOANERGES ecuatoriana 1700324344

MOSCOSO PEÑAHERRERA DIEGO RAMIRO ecuatoriana 1700697723

GUAMÁN FREIRÉ ANDRÉS SEBASTIÁN ecuatoriana 1713639878
Art. 2.- Ordenar a la organización social descrita en el artículo 1, que en el plazo máximo de treinta (30) días. remita mediante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, que de cuenta de la elección de su directiva.
Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1, el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales: y. en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cada período de elección de la directiva, deberá ser registrado en esta Cartera de Estado, para los fines legales que correspondan.
La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes especíticas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la organización social buscarán en primer lugar, el diálogo como medio de solución conforme a sus normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos: o. a través del ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico les faculte ante la justicia ordinaria, sin perjuicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.
Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.
Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 45
ACUERDO MINISTERIAL Nro. DM-2019-259
EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO
CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: «Se reconoce y garantizará a las personas: (…). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. (…)»:
Que el artículo % de la Constitución de la República, establece: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de lodos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicio* públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cítenlas «;
Que el numeral I del articulo 154 de la Constitución de la República, establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde; I. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión, (…) «:
Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «:
Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Las organizaciones sociales. Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir: que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna. la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley. así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres: o. en aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva. Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución r la ley»‘,
Que el artículo 3l de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes «:
Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Legalización y registro de las organizaciones sociales.- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector público implementarán las medidas que fueren necesarias. Las organizaciones sociales regionales deberán registrarse de conformidad con la Constitución «:
Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «Dé la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción

46 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial Nº 456 – Registro Oficial
afirmativa y flemas preceptos estaoieciúos en la (_ onstitticion ae la Kepimiica. en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias «;
Que el artículo 567 del Código Civil, en concordancia con el literal k) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, contempla como atribución del Presidente de la República, delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica; y, que el artículo 17 ibídem, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017, se expide el Reglamento que rige para las organizaciones sociales y demás ciudadanas y ciudadanos que, en uso del derecho a la libertad de asociación y reunión, participan voluntariamente en las diversas manifestaciones y formas de organización de la sociedad; para las entidades u organismos competentes del Estado que otorgan personalidad jurídica a las organizaciones que lo soliciten en el ámbito de su gestión; para las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que realizan actividades en el Ecuador; y, para quienes requieran de información o promuevan la participación y organización social;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, se designa a Juan Fernando Velasco Torres como Ministro de Cultura y Patrimonio;
Que los miembros fundadores de la organización social en formación denominada «Corporación Valores y Principios Humanos», se reunieron en Asamblea General Constitutiva el 24 de octubre de 2019, con la finalidad de constituirla;
Que mediante comunicación s/n recibida el 03 de diciembre de 2019 (trámite Nro. MCYP-DGA-2019-3286-EXT), el doctor Augusto Duran Ponce, debidamente autorizado por la «Corporación Valores y Principios Humanos», solicita a esta Cartera de Estado la aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización social en formación antes citada;
Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-19-1191-M de 20 de diciembre de 2019, el Coordinador General Jurídico emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para el otorgamiento de la personalidad jurídica a favor de la «Corporación Valores y Principios Humanos»;
Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.
ACUERDA:
Art. 1.-Aprobar el estatuto y otorgar la personalidad jurídica a la siguiente organización social:

Nombre: Corporación Valores y Principios Humanos.
Clasificación: Corporaciones de Primer Grado.
Domicilio: Avenida 6 de Diciembre y Angélica Carrillo 143 -N370, parroquia Iñaquito, cantón Quito, provincia de Pichincha.
Correo electrónico: [email protected].
Nombre Nacionalidad Nro. de documento de identidad
ÁLVAREZ VILLAGOMEZ ADOLFO HERNÁN ecuatoriana 1700719691
Fundadores: AGUILAR HINOJOSA EDMUNDO RAMIRO ecuatoriana 1701256008
CÁRDENAS ESPINOZA RUBÉN GERMÁN ecuatoriana 0200006385
COCIOS JARAMILLO EFREN ALFONSO ecuatoriana 1700906835
GARCIA PUMA JOSÉ FRIDOLIN ecuatoriana 1701806158
DURAN PONCE AUGUSTO PACIFICO ecuatoriana 1701505859

Registro Oficial – Edición Especial Nº 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 47
Art. 2.- Ordenar a la organización social descrita en el artículo 1, que en el plazo máximo de treinta (30) días, remita mediante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el «‘Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», que de cuenta de la elección de su directiva.
Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1, el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales»: y. en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cada período de elección de la directiva, deberá ser registrado en esta Cartera de Estado, para los fines legales que correspondan.
La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la organización social buscarán en primer lugar, el diálogo como medio de solución conforme a sus normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos; o, a través del ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico les faculte ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.
Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.
Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrara en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.

48 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial N° 456 – Registro Oficial
ACUERDO MINISTERIAL Nro. DM-2019-260
EL MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO
CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, establece: «.Ve reconoce y garantizará a las personas: (…). 13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. (…)»:
Que el articulo 96 de la Constitución de la República, establece: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas «;
Que el numeral I del artículo 154 de la Constitución de la República, establece: «A las ministras y ministros de listado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: i. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (…) «;
Que el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;
Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Las organizaciones sociales.-Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de lodos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva. Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley»;
Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Promoción de las organizaciones sociales.- El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión: y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes «;
Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece: «Legalización y registro de las organizaciones sociales.- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las ¿aferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se liará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado de información de organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector público implementarán las medidas que fueren necesarias. Las organizaciones sociales regionales deberán registrarse de conformidad con la Constitución «;
Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, establece: «De la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción

Registro Oficial – Edición Especial N° 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 49
afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias «;
Que el articulo 567 del Código Civil, en concordancia con el literal k) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, contempla como atribución del Presidente de la República, delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica; y, que el artículo 17 ibídem, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017, se expide el Reglamento que rige para las organizaciones sociales y demás ciudadanas y ciudadanos que, en uso del derecho a la libertad de asociación y reunión, participan voluntariamente en las diversas manifestaciones y formas de organización de la sociedad; para las entidades u organismos competentes del Estado que otorgan personalidad jurídica a las organizaciones que lo soliciten en el ámbito de su gestión; para las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que realizan actividades en el Ecuador; y, para quienes requieran de información o promuevan la participación y organización social;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 de 27 de junio de 2019, se designa a Juan Fernando Velasco Torres como Ministro de Cultura y Patrimonio;
Que los miembros fundadores de la organización social en formación denominada «Full Fundación Arte y Cultura Linchua de Sordos de Sucumbíos (FFACLSS)», se reunieron en Asamblea General Constitutiva el 09 de noviembre de 2019, con la finalidad de constituirla;
Que mediante comunicación s/n recibida el 09 de diciembre de 2019 (trámite Nro. MCYP-DGA-2019-3318-EXT), el señor Carlos Rolando Beltrán Moran, debidamente autorizado por la «Full Fundación Arte y Cultura Linchua de Sordos de Sucumbíos (FFACLSS)», solicita a esta Cartera de Estado la aprobación del estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización social en formación antes citada;
Que mediante Memorando Nro. MCYP-CGJ-19-1189-M de 20 de diciembre de 2019, el Coordinador General Jurídico emite el informe motivado, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente, recomendando a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la expedición del Acuerdo Ministerial para el otorgamiento de la personalidad jurídica a favor de la «Full Fundación Arte y Cultura Linchua de Sordos de Sucumbíos (FFACLSS)»;
Que de conformidad al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al Ministro le corresponde suscribir los actos administrativos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su competencia;
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.
ACUERDA:
Art. 1.- Aprobar el estatuto y otorgar la personalidad jurídica a la siguiente organización social:

Nombre: Full Fundación Arte y Cultura Linchua de Sordos de Sucumbíos (FFACLSS).
Clasificación: Fundaciones.
Domicilio: Urbanización Velasco Ibarra SN PB Manabí Nueva Esperanza, parroquia El Eno, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios.
Correo electrónico: [email protected].
Fundadores: Nombre Nacionalidad Nro. de documento de identidad

BELTRAN MORAN CARLOS ROLANDO ecuatoriana 2100063359

DELGADO BALDA KLEVER EUCLIDES ecuatoriana 2101324636

PIEDRA NOLE JUAN CARLOS ecuatoriana 1712369675

SHIGUANGO ANDI ÍTALO EDUARDO ecuatoriana 2100167861
Art. 2.- Ordenar a la organización social descrita en el artículo 1, que en el plazo máximo de treinta (30) días,

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remita mediante oficio dirigido a esta Cartera de Estado, la documentación exigida en el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», que dé cuenta de la elección de su directiva.
Art. 3.- Disponer a la organización social descrita en el artículo 1. el cumplimiento irrestricto de su estatuto, del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales»; y, en general, de las disposiciones legales aplicables y directrices emitidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cada periodo de elección de la directiva, deberá ser registrado en esta Cartera de Estado, para los Unes legales que correspondan.
La organización social estará sujeta a los controles de funcionamiento, de utilización de recursos públicos, de orden tributario, patronal, aduanero, y otros, determinados en las leyes específicas sobre la materia, a cargo de las entidades competentes. De igual manera, estará sujeta al seguimiento de la consecución de su objeto social, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la organización social buscarán en primer lugar, el diálogo como medio de solución conforme a sus normas estatutarias. De persistir las discrepancias, podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos; o. a través del ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico les faculte ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.
Art. 4.- Encargar la ejecución del presente instrumento legal a la Coordinación General Jurídica.
Art. 5.- Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 20 de diciembre de 2019.

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ACUERDO MINISTERIAL No. DM-2019-261
Juan Fernando Velasco Torres MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO
CONSIDERANDO:
Que el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) determina: «son deberes primordiales del Estado: […] 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.»:
Que el artículo 21 ibídem señala: «las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones: a la libertad estética: a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural: a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas»:
Que el artículo 22 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de las personas a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, entre otros derechos culturales:
Que el numeral 13 del artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza «[…] a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: […] 13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto.»;
Que, la Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 83 numeral 13 como deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley. el siguiente: «13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos1′;
Que, el artículo 226 ibídem dispone que «fijas instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»:
Que, el numeral 8 del artículo 264 de Constitución de la República del Ecuador señala que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: «8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines»:
Que, el artículo 377 de la Constitución de la República del Ecuador determina que «el Sistema Racional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y

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promover la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales»;
Que, el artículo 379 ibídem, determina que «son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: 1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológicos, 3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas […].”
Que, los numerales 5 y 6 del artículo 380 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que es responsabilidad del Estado apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas y garantizar fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural;
Que, el numeral 2 del artículo 387 de la Constitución de la República dispone que es deber del Estado fomentar la investigación científica y tecnológica para así contribuir a la realización del buen vivir, el sumak kawsay;
Que, el Ecuador es signatario de diferentes Convenciones internacionales sobre patrimonio cultural elaborados por la UNESCO, así también se ha comprometido a implementar mecanismos que posibiliten sensibilizar y concientizar a la ciudadanía en la necesidad de promover y proteger el patrimonio cultural del país, así también de reconocer los aportes significativos que la ciudadanía, las entidades publicas y privadas realicen con dicho propósito;
Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica de Cultura señala que el «[…] Sistema Nacional de Cultura. Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades, organizaciones, colectivos e individuos que participan en actividades culturales, creativas, artísticas y patrimoniales para fortalecer la identidad nacional, la formación, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales»;
Que, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Cultura señala que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) forma parte del Sistema Nacional de Cultura dentro del subsistema de la memoria social y patrimonio cultural;
Que, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Cultura dispone que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural -INPC «[…] es una entidad pública de investigación y control técnico del patrimonio cultural, con personería jurídica propia y competencia nacional, adscrita al ente rector de la Cultura y el Patrimonio, con capacidad de gestión financiera y administrativa»;

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instituciones que por sus méritos y acciones trascendentes destaquen en la investigación, protección, conservación, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural en general.
El reconocimiento será otorgado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural;
ARTÍCULO. 2.- El reconocimiento al que se refiere el artículo 1 del presente Acuerdo Ministerial se lo hará a través de la expedición del correspondiente acto administrativo suscrito por las máximas autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Dicho reconocimiento es de carácter gratuito, es decir, no genera erogación alguna de recursos públicos a favor de quien se extienda dicho reconocimiento.
ARTÍCULO. 3.- De conformidad a lo establecido en el artículo 1 del presente Acuerdo Ministerial, podrán ser sujeto de reconocimiento las personas naturales, comunidades o instituciones jurídicas de derecho público o privado, siempre y cuando, estas últimas se hallaren domiciliadas en el territorio nacional, con las excepciones previstas en la presente normativa. El reconocimiento podrá ser otorgado a petición de parte o de oficio, previo el cumplimiento del procedimiento establecido en el presente Acuerdo Ministerial.
ARTÍCULO. 4.- En el caso de que el reconocimiento sea a petición de parte, la solicitud deberá ser dirigida a la máxima autoridad del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, quien a su vez deberá comunicar por escrito a la máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio sobre la recepción de una solicitud para reconocimiento a la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, para lo cual deberá adjuntar el informe técnico detallado en el párrafo siguiente.
La máxima autoridad del INPC dispondrá a la Dirección Regional o aquellas sustantivas del domicilio de la persona natural o jurídica o del lugar en donde se hallan realizado las acciones conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, la verificación y elaboración del informe técnico correspondiente, mismo que deberá, al menos, contener lo dispuesto en el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo.
ARTÍCULO. 5.- La Subdirección Técnica del INPC deberá validar el informe según corresponda. En el caso de que el informe técnico motivado sea desfavorable, la máxima autoridad del INPC deberá comunicar por escrito al Ministro de Cultura y Patrimonio para que se informe al interesado sobre su negativa.
En el caso de ser favorable, la máxima autoridad del INPC comunicará al Ministerio de Cultura y Patrimonio para que se proceda con la elaboración de la resolución correspondiente. El acto administrativo de reconocimiento será suscrito en conjunto por las máximas autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, pudiendo ser entregada en acto público.
ARTÍCULO. 6.- Para la elaboración de los informes técnicos para otorgar el RECONOCIMIENTO A LA CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL, los criterios de valoración se basarán en las siguientes categorías:

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Que, el artículo 43 de la Ley Orgánica de Cultura señala como finalidad del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural- INPC «[…] el desarrollo de la investigación y el ejercicio del control técnico del patrimonio cultural para lo cual deberá atender y coordinar la política pública emitida por el ente rector de la Cultura y el Patrimonio»;
Que, el artículo 99 de la Ley Orgánica de Cultura dispone que «Los ciudadanos, en uso de su derecho de participación y control social son corresponsables del cuidado y protección del patrimonio cultural. Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, en uso de sus derechos colectivos y de participación, compartirán con el Estado la responsabilidad de la protección, custodia y administración de los bienes del patrimonio cultural que les pertenezcan históricamente y se encuentren en sus territorios»;
Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo (COA) señala que «‘la máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley»;
Que, el artículo 65 ibídem dispone que «La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado»;
Que, el artículo 44 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura establece que «El Director del INPC es su representante legal judicial y extrajudicial, designado por el Directorio para un período de cuatro años y tendrá las siguientes atribuciones y deberes: […] d) Someter para la aprobación del ente rector la normativa técnica vinculada al patrimonio cultural conforme a la Ley y su Reglamento […]»
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 05 de 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 22 de 14 de febrero de 2007, se declaró como política de Estado el desarrollo cultural del país y creó el Ministerio de Cultura, como organismo rector del ámbito cultural, hoy denominado Ministerio de Cultura y Patrimonio, conforme consta en el Decreto Ejecutivo No. 1507 de 8 de mayo de 2013;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 887 suscrito el 27 de junio de 2019, el licenciado Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Juan Fernando Velasco, como Ministro de Cultura y Patrimonio;
EN EJERCICIO de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.
ACUERDA:
EXPEDIR EL «INSTRUCTIVO PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL»
ARTICULO. 1.- El presente instructivo tiene por objeto establecer el procedimiento para el reconocimiento a personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, comunidades,

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a) Investigación del Patrimonio Cultural: Que se reconocerá a los investigadores o entidades académicas o de investigación, que hayan contribuido destacadamente al conocimiento científico del patrimonio cultural en los diferentes ámbitos
b) Trayectoria en el ámbito de Patrimonio Cultural: Se otorgara a los gestores patrimoniales, que hayan dedicado su vida al proceso de defensa, investigación, debate, protección, conservación y salvaguarda del patrimonio cultural en los diferentes contextos sociales, políticos, culturales, educativos.
c) Buenas Prácticas Patrimoniales: Se concederá a Gobiernos Autónomos Descentralizados o de Régimen Especial, a las Instituciones y empresas del sector público y privado, colectivos y comunidades, por la generación de instrumentos y estrategias innovadoras y replicables para la defensa, conservación, reducción de riesgos y puesta en valor social del patrimonio cultural.
d) Portadores de Saberes: A personas individuales, colectivos, comunidades, pueblos o nacionalidades que sean portadoras de manifestaciones consideradas como patrimonio cultural inmaterial por la ley ecuatoriana o por las Convenciones Internacionales, que sean ejemplo de lucha por la diversidad, la interculturalidad, la inclusión y reproduzcan los valores de solidaridad y reciprocidad. También se incluyen a gestores comunicatorios del patrimonio cultural inmaterial. Esta designación deberá ser debidamente consentida por los portadores que serán reconocidos, previo a cualquier acto público en razón a la normativa vigente. Podrá ser entregado también a personas. comunidades o colectivos ecuatorianos en situación de movilidad internacional.
e) Mejor Intervención e Innovación el Patrimonio Cultural: Será entregada a los profesionales, técnicos o especialistas responsables en los ámbitos de las restauración y puesta en valor del patrimonio material mueble o inmueble, o a los museógrafos y museólogos quienes han plasmado un concepto creativo, innovador y pedagógico sobre el diseño e implementación de propuestas expositivas del patrimonio cultural
f) Reconocimiento «Amigos del Patrimonio»: A todas aquellas personas naturales e instituciones de derecho privado, que han aportado significativamente a la conservación, restauración, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural en todos sus ámbitos, así aquellos que hayan donado o entregado sus bienes patrimoniales para procurar su accesibilidad pública. Este reconocimiento también podrá ser otorgado a Gobiernos e Instituciones publicas y privadas internacionales que por medio de la cooperación internacional hayan contribuido a la preservaciones de los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural del Ecuador.
g) Reconocimiento al Emprendimiento patrimonial: A todas aquellas personas naturales e instituciones de derecho privado nacionales o extranjeros domiciliados en el Ecuador que han emprendido negocios o emprendimientos de economía popular y solidaria sobre componentes patrimoniales, ya sea materiales o inmateriales, que seas representativos o demostrativos del aporte del patrimonio cultural al desarrollo económico y social. Se consideraran igualmente a las actividades productivas basadas en tradiciones locales, así como en manejo de técnicas que se han transmitido de generación en generación, mantienen o aportan al desarrollo respetando la identidad y la memoria, cumplen una función social y generan trabajo e ingresos.
h) Reconocimiento a «Mujeres del Patrimonio» para visibilizar al aporte de las mujeres en la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural, como parte de una política de lucha contra la violencia de genero.

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i) Reconocimiento a periodistas, programas y reportajes de comunicación relativos a patrimonio cultural, que han aportado a empoderar a la ciudadanía en la reflexión y cuidado del patrimonio cultural.
ARTICULO 7: Los reconocimientos se entregarán cada año en la sesión de conmemoración del año de creación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural pudiendo, por razones de oportunidad, entregarse antes, durante o posterior ese evento.
ARTICULO 8: El reconocimiento podrá fundamentarse en uno o varios de los criterios señalados en el Art. 6 del presente instructivo.
ARTICULO 9: La entrega de los reconocimientos podrá realizarse directamente por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, como presidente del Directorio del INPC, por la Dirección Nacional o las Direcciones Regionales o las autoridades que se designen para al efecto.
DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA
De la ejecución de la presente resolución encárguese al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en lo que le corresponde.
Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.-

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ACUERDO MINISTERIAL No. DM-2019-262
Juan Fernando Velasco Torres MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 151 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: las ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo (…)»;
Que el artículo 154 de la Norma Suprema, establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)»;
Que, el artículo 226 de la Carta Magna, dispone: las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (…)»;
Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, manifiesta: la máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley»;
Que, el artículo 82 del Código Orgánico Administrativo, señala que «las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior. La subrogación únicamente se aplicará en los casos previstos en la ley»;
Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo señala que: Vas máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública (…)»;
Que, el artículo 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público, indica: «cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular»;
Que, el artículo 270 del Reglamento General a la Ley en referencia, manifiesta: «la subrogación procederá de conformidad al artículo 126 de la LOSEP, considerando que la o el servidor subrogante tendrá derecho a percibir la diferencia que exista entre la remuneración mensual unificada de su puesto y la del puesto subrogado, incluyendo estos los puestos que dependan administrativamente de la misma institución. A efectos de la subrogación se deberá cumplir con los requisitos del puesto a subrogarse y en función de la misma se ejercerán las funciones correspondientes al puesto subrogado. El pago por subrogación correrá a partir del primer día y hasta cuando dure el tiempo de subrogación; y los aportes al IESS serán los que corresponda al puesto subrogado»;

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Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 5 de 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 22 de 14 de febrero de 2007, se declaró como política de Estado el desarrollo cultural del país y creó el Ministerio de Cultura, como organismo rector del ámbito cultural, el cual mediante Decreto Ejecutivo No. 1507 de 8 de mayo de 2013, pasó a denominarse como Ministerio de Cultura y Patrimonio;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 27 de junio de 2019, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Juan Fernando Velasco Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;
Que, mediante oficio No. MCYP-MCYP-19-1791-0 suscrito el 26 de diciembre de 2019 el señor Ministro de Cultura y Patrimonio solicita a la Secretaria General de la Presidencia, Encargada, licencia por asunto personal los días jueves 2 y viernes 3 de enero de 2020;
Que, mediante memorando No. MCYP-DV-19-0210-M suscrito el 27 de diciembre de 2019 por la señora Viceministra de Cultura y Patrimonio, Ana María Armijos Burneo, solicita al señor Ministro permiso con cargo a vacaciones los días 2, 3 y 4 de enero de 2020;
Que, mediante memorando No. MCYP-MCYP-19-0446-M de fecha 27 de diciembre de 2019, el señor Ministro de Cultura y Patrimonio dispone a la Coordinación General Jurídica la elaboración del correspondiente Acuerdo Ministerial de subrogación; y,
EN EJERCICIO de las atribuciones Constitucionales, legales y reglamentarias,
ACUERDA:
Artículo 1.- Subrogar en el cargo de Ministro de Cultura y Patrimonio a José Daniel Flores Cevallos, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación, los días jueves 2 y viernes 3 de enero de 2020.
Artículo 2.- Subrogar en el cargo de Viceministra de Cultura y Patrimonio a la Arq. Yadhira Susana Álvarez Castellanos, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, los días jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de enero de 2020.
Artículo 3.- Subrogar en el cargo de Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación a Daniela Fuentes Moneada, Directora de Política Pública de Emprendimientos, Artes e Innovación, los días jueves 2 y viernes 3 de enero de 2020.
Artículo 4.- Subrogar en el cargo de Subsecretaría de Patrimonio Cultural a Paulina de las Mercedes Moreno Peralta, Directora de Política Pública de Patrimonio Cultural, los días jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de enero de 2020.
Artículo 5.- Disponer a la Coordinación General Administrativa Financiera, la publicación del presente Acuerdo Ministerial en el Registro Oficial.
Artículo 6.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, comuníquese y publíquese.-

Registro Oficial – Edición Especial N° 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 59
ACUERDO MINISTERIAL No. DM-2019-263
Juan Fernando Velasco MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO
CONSIDERANDO:
Que el artículo 388 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos concia-sables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo»;
Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, dispone: «Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. La rectoría comprende la formulación, ejecución, moni/oreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos; así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo los criterios ele descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y en otras normas relacionadas. El Ministerio de C ‘altura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias»:
Que el artículo 105 ibídem, dispone que: «Del Fomento. Comprenderá todas aquellas acciones encaminadas a generar condiciones favorables para el desarrollo de la creación artística, la producción la circulación de bienes y servicios culturales y creativos. Ningún incentivo, aporte, financiamiento, apoyo, estimulo o patrocinio, reembolsable o no reembolsable, que se genere desde el Estado en el marco de las disposiciones de fomento a las artes y la cultura establecidas en la presente Ley, se asimilará a las modalidades de pago o desembolso dispuestas en los regímenes de compra o de contratación pública. Dichos incentivos deberán otorgarse a los beneficiarios por medio de sistemas normados, con mecanismos de postulación y evaluación técnicos, transparentes, incluyentes y sostenibles, preferentemente concursos públicos de proyectos, y respetando criterios de calidad, eficiencia y democratización. Para ejecutar proyectos de interés cultural nacional, el ente rector de la cultura podrá suscribir directamente convenios de cooperación con cámaras, asociaciones gremiales, entidades especializadas, instituciones de educación superior, gobiernos autónomos descentralizados y de régimen especial, o colectivos de gestores o de artistas, con el fin de lograr para dichos proyectos una ejecución acorde con las realidades y las necesidades del sector cultural»;

60 – Viernes 20 de marzo de 2020 Edición Especial N° 456 – Registro Oficial
Que el artículo 110 de la ibídem, dispone: «Créase el Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación de conformidad con lo previsto en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Este fondo asignará recursos, de carácter no reembolsable, a los creadores, productores y gestores culturales, de conformidad a la normativa que se emita para el efecto, buscando el fortalecimiento artístico, cultural y creativo de nuestra sociedad, con criterios de calidad, diversidad, equidad territorial e interculturalidad. El Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación tendrá las siguientes líneas de financiamiento: a) la Línea de Financiamiento de las Artes y la Creatividad, administrada por el Instituto de Fomento de las Artes, la Innovación y la Creatividad; b) La Línea de Financiamiento de la Creación Cinematográfica y Audiovisual, administrada por el Instituto del Cine y la Creación Audiovisual; y. e) Otras líneas de financiamiento que podrán ser establecidas por el eme rector de la cultura, destinadas a los ámbitos de la Memoria Social y el Patrimonio y otros, conforme a sus competencias»;
Que el artículo 113 de la Ley Orgánica de Cultura dispone: «El Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación tendrá los siguientes usos: a) El fomento, la promoción y difusión de las actividades de creación artística y producción cultural; y de la creación y producción cinematográfica y audiovisual nacionales independientes; b) El desarrollo, producción y sostenibilidad de emprendimientos e industrias Culturales; c) El incentivo para el uso de la infraestructura cultural por parte de los creadores y gestores culturales; d) La formación de públicos a través del acceso de los ciudadanos a dicha infraestructura y el disfrute de una programación artística y cultural diversa y de calidad: e) La investigación de la creación artística y producción cultural; f) El fomento para la investigación, promoción y difusión de la memoria social y el patrimonio; g) El desarrollo de planes, programas y proyectos que promuevan el acceso a la educación y formación continua en artes, cultura y patrimonio; y, h) Las demás que se establezcan en la presente Ley»;
Que el artículo 131 de la Ley Orgánica de Cultura, dispone: «De la distribución de los recursos. Los fondos reembolsables y no reembolsables, así como toda ayuda o financiamiento en el sector artístico, creativo y de innovación, deberán otorgarse a los beneficiarios por medio de sistemas de concurso público de proyectos y respetando criterios de calidad, eficiencia y democratización. El Instituto de Fomento para las Artes, Innovación y Creatividad deberá realizar el seguimiento y control correspondiente del uso de los recursos por parte de los beneficiarios»;
Que el artículo 139 de la Ley Orgánica de Cultura dispone: «Los fondos reembolsables y no reembolsables, así como toda ayuda o financiamiento en el sector cinematográfico y audiovisual deberán otorgarse a los beneficiarios por medio de sistemas de concurso público de proyectos y respetando criterios de calidad, eficiencia y democratización. El Instituto de Cine y Creación Audiovisual deberá realizar el seguimiento y control correspondiente del uso de los recursos por parte de los beneficiarios».

Registro Oficial – Edición Especial N° 456 Viernes 20 de marzo de 2020 – 61
Que el artículo 81 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura dispone: «El fomento de las artes, la cultura y la innovación social en cultura busca fortalecer los procesos de libre creación artística, investigación, producción y circulación de obras, bienes y servicios artísticos y culturales; así como de las industrias culturales v creativas, con las siguientes finalidades: a) Incentivar la diversidad de las expresiones artísticas y culturales a disposición de la ciudadanía; b) Promover el acceso de artistas, productores y gestores culturales a medios de producción y circulación de obras, bienes y servicios artísticos y culturales: c) Fortalecer los procesos de innovación y sostenibilidad en la producción cultural y creativa nacional; d) Promover el acceso de la ciudadanía al libro y la lectura, e) Incentivar las prácticas y procesos asociativos y la formación de redes; así como formas de organización vinculadas a la economía popular y solidaria en los emprendimientos e industrias culturales y creativas: f) Impulsar la circulación de las obras, bienes y servicios artísticos y culturales de producción nacional en circuitos locales, nacionales. regionales e internacionales: g) Fortalecer la presencia internacional de la cultura ecuatoriana, a través de la difusión y promoción de su creación artística y de las expresiones de su diversidad e interculturalidad; así como del intercambio y cooperación internacional en el ámbito de la creación artística y la producción cultural y creativa; h) Promover el acceso libre de la ciudadanía a las expresiones, contenidos y acervos culturales y patrimoniales nacionales, mediante su difusión en la esfera digital a través de herramientas innovadoras; i) Promover medidas para la inserción de los productos culturales de la creación artística y literaria en los circuitos comerciales, tanto nacionales como internacionales; j) Incentivar la investigación sobre artes, cultura, patrimonio y memoria social; k) Impulsar la apertura, sostenimiento y mejoramiento de la infraestructura cultural a nivel nacional»:
Que el artículo 83 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura dispone: «El ente rector de la cultura será el encargado de generar los lincamientos necesarios para la administración del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación en sus diferentes Líneas de Financiamiento, garantizando el buen manejo de los recursos por parte de las entidades encargadas de su administración. Para la administración del Fondo, las-entidades administradoras de sus recursos deberán emitir la normativa respectiva; que se alineará a la política cultural que desarrolle el ente rector y a los criterios que definan los respectivos directorios, priorizando la implementación de sistemas de concurso público, siguiendo consideraciones de calidad, diversidad, equidad territorial e interculturalidad»,
Que el artículo 84 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura dispone: «El ente rector de la cultura gestionará con las instancias correspondientes la entrega de los recursos para el Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. Los recursos de dicho Fondo serán depositados en la entidad de la banca pública»;

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Que el artículo 85 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura dispone: «El ente rector de la cultura aprobará los montos de las Líneas de Financiamiento establecidas en la ley de acuerdo al Plan Operativo de Fomento que cada entidad formule, conforme al procedimiento que se expida para el efecto. El ente rector de la cultura definirá la asignación y distribución de los recursos, atendiendo de manera parcial o total a los momos solicitados, en cumplimiento de la política cultural vigente y de la disponibilidad presupuestaria»;
Que el artículo 86 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura, dispone: «De los recursos del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, un máximo del 10% será destinado para cubrir rubros operativos de la gestión del Fondo, tales como difusión de las bases y convocatorias, contratación de evaluadores y jurados, movilización de los mismos y realización de las entrevistas con los postulantes, entreoirás»;
Que el artículo 87 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura dispone: «De la asignación de recursos a los beneficiarios.- La asignación de los recursos a los beneficiarios de los incentivos se realizará de acuerdo a las bases emitidas por las entidades administradoras del Fondo, conforme a lo dispuesto en el segundo inciso del Art.105 de la ley».
Que mediante Acuerdo Ministerial No. DM-2018-046 de 04 de abril de 2018, esta Cartera de Estado expide el Reglamento de Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, el cual está publicado en el Registro Oficial No. 251 de 30 de mayo de 2018;
Que el artículo 8 del indicado Reglamento, establece: «Son responsabilidades del Administrador General del Fondo de Fomento las siguientes: (…) g) Conocer y aprobar con base en los recursos existentes, el Plan Operativo de Fomento de las Entidades e instancias Administradoras de las Líneas de Financiamiento del Fondo de Fomento. (… ) i) Aprobar los montos para las Líneas de Financiamiento establecidas en la Ley Orgánica de Cultura, de acuerdo al Plan Operativo de Fomento de cada Entidad o instancia Administradora de las Líneas de Financiamiento(…)»;
Que mediante Oficio Nro. ICCA-DE-2019-0419-OF, de 19 de diciembre de 2019, el señor Jan Vandierendonck, Director Ejecutivo del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, solicita al señor Ministro de Cultura y Patrimonio, la aprobación del Plan Operativo Anual de la Línea de Financiamiento 2020, bajo la administración del ICCA, conocido y aprobado en la Sesión del Directorio del ICCA, del 13 de diciembre de 2019;
EN EJERCICIO de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,
Acuerda
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo de Fomento del Instituto de Cine y Creación Audiovisual 2020, por el monto de dos millones trescientos veinte y un mil ciento sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cero centavos (USD $2’321.167).

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INSTITUTO DE CINE Y CREACIÓN AUDIOVISUAL
Línea de Fomento Monto
Producción Cine y Audiovisual $ 1.809.000
Desarrollo y participación del cine y el audiovisual ecuatorianos en espacios internacionales $ 120.000
Encuentro de Guiones $ 70.000
Mercados de Cine Documental $ 25.000
Adquisición licencias REA $ 100.000
Subtotal $ 2.124.000
Gasto operativo $ 197.167
Total $ 2.321.167
Artículo 2.- El Directorio del Instituto de Cine y Creación Audiovisual podrá realizar reformas de sus Planes Operativos de Fomento sin que estos representes incrementos de su techo asignado.
Artículo 3.- Autorizar al Instituto de Cine y Creación Audiovisual, como Administrador del Fondo de Fomento, la elaboración, suscripción y lincamientos del Convenio con el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., que permita la administración délos recursos aprobados en el Plan Operativo de Fomento .
Artículo 4- En todo lo no previsto en este Acuerdo, se estará a lo dispuesto en la la Ley Orgánica de Cultura, su Reglamento General, el Reglamento de Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, y los demás instrumentos legales que se establecieran para el efecto.
Artículo 5.- El Instituto de Cine y Creación Audiovisual será el responsable de ejecutar su Plan Operativo de Fomento, ejecutar las convocatorias, selección de beneficiarios, suscripción de convenios, seguimiento y cierre, conforme los lineamientos establecidos en los diferentes cuerpos legales para su ejecución.
Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 27 de diciembre de 2019.

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