Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 06 de febrero de 2019 (R. O.422, 06 –febrero -2019)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL:

040…….. Expídese el Plan Nacional de Prevención de la Violencia contra la Niñez y Adolescencia y de Promoción de Parentalidades Positivas

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS:

Acéptese la solicitud de repatriación de los siguientes ciudadanos:

MJDHC-CGAJ-2019-0021-A Winston William Espinoza Estupiñán

MJDHC-CGAJ-2019-0022-A Orlin Guillermo Estupiñán Perea

MJDHC-CGAJ-2019-0023-A Ronald Gabriel Fuentes Quiroz

MJDHC-CGAJ-2019-0024-A Fausto Mario Gaspar González

ACUERDO INTERMINISTERIAL

MINISTERIOS DEL INTERIOR

Y DE TURISMO:

0005…… Autorícese a nivel nacional la ampliación de los horarios de funcionamiento, del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos y locales sujetos al control de los ministerios del Interior y de Turismo

RESOLUCIONES:

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO:

ARCH-2019-0021-RES Modifíquese las siguientes resoluciones Nos. ARCH-DE-2015-0044-RES de 29 de julio de 2015, ARCH-DE-2016-0079-RES de 09 de noviembre de 2016, ARCH-2017-0008-RES de 16 de marzo de 2017; y, ARCH-2018-0248-RES de 17 de octubre de 2018

ARCH-2019-0022-RES Fíjense las tarifas para flete del transporte terrestre de combustible, para las rutas principales y emergentes

2 – Miércoles 6 de febrero de 2019 Registro Oficial N° 422

Págs.GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

ORDENANZA MUNICIPAL:

-…………. Cantón Olmedo: Que establece el Régimen Administrativo para la prestación del servicio de taxi convencional

No. 040

Lourdes Berenice Cordero Molina

MINISTRA DE INCLUSIÓN

ECONÓMICA Y SOCIAL

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el acápite relativo a los Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, en su artículo 35, establece: que «Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad».;

Que, la Carta Magna del Estado, en la sección relativa a las niñas, niños y adolescentes, determina: «Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivoemocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. Art. 45.-Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. 4.- Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. Las acciones y las penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niñas, niños y adolescentes serán imprescriptibles. 5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. 7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. «;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 154, numeral 1, establece que: «A las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 226, del capítulo correspondiente a la Administración Pública, establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 3

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 276, determina que: «El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución «;

Que, el artículo 340 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo «;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo, 341 manifiesta que: «El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad»;

Que, la Convención de los Derechos del Niño fue ratificada por Ecuador en 1990. A partir de ese momento, el país asumió la obligación de, por un lado, aplicar y observar los mandatos contenidos en dicho instrumento internacional y, por otro, presentar informes periódicos sobre los avances en cuanto al ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia.;

Que, en diciembre de 2017, los miembros del Comité de los Derechos del Niño, expusieron las observaciones al último informe presentado por el Estado ecuatoriano ante el Gabinete Sectorial Social, las mismas que incluyen preocupaciones en cuanto a: la falta de garantía de un sistema especializado para los niños, la ausencia de un ente rector nacional en materia de niñez y adolescencia, la violencia, malos tratos y abuso sexual contra los niños, la salud de los adolescentes, justicia juvenil, la situación de los niños de minorías étnicas y/o grupos indígenas y la modalidad de adopciones en el país.;

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia, respecto al interés superior del niño, en su artículo 11, prescribe: «Art. 11.- El interés superior del niño. El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El interés

superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla»‘.;

Que, el Código ibídem, en su artículo 12, determina: «Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años. En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás. «;

Que, la ley Orgánica de Consejos de Igualdad, en sus DISPOSICIONES REFORMATORIAS, establece: «Primera.-En los artículos 47, letra b; 9, 15, 43 agregados luego del articulo 125; 170 inciso final, 183, 188, 195, 300 y 388 del Código de la Niñez y Adolescencia Sustitúyase la frase «Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia » por «Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social», en su calidad de rector de la política pública de protección social integral. «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 242, de 13 de diciembre de 2017, se nombró a la señora Lourdes Berenice Molina, como Ministra de Inclusión Económica y Social.

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MIES, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 000080, de 9 de abril de 2015, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 329, de 19 de junio de 2015, establece: «Art. 5.- Misión.- Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria. GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL. Misión: Proponer y dirigir las políticas públicas direccionadas a promover, proteger, prevenir y contribuir a la restitución de derechos sociales de las personas en todo su ciclo de vida, a través de la prestación de servicios correspondientes a desarrollo infantil, juventud, adultos mayores, protección especial y discapacidades con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad y grupos de atención prioritaria. GESTIÓN DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. Misión: Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas a través de la ejecución de planes, programas, estrategias, proyectos y servicios para el desarrollo infantil integral, dirigidos a niñas y niños hasta los tres años de edad, con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad y grupos de atención prioritaria.»;

4 – Miércoles 6 de febrero de 2019 Registro Oficial N° 422

Que, el 4 de febrero de 2018 se realizó el Referéndum, en el que se consultó a la ciudadanía, a través de la pregunta No. 4, respecto a enmendar la Constitución de la República del Ecuador a efectos de que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, la ciudadanía se pronunció, mayoritariamente, a favor de dicha reforma con el 73,53% de los votos válidos;

Que, es necesario expedir un «Plan Nacional de Prevención de la Violencia Contra la Niñez y Adolescencia y de Promoción de Parentalidades Positivas del Ministerio de Inclusión Económica y Social»;

Que, mediante informe técnico, la Subsecretaría de Protección Especia, recomendó a la máxima Autoridad, la suscripción de un Acuerdo Ministerial que contenga el «Plan Nacional de Prevención de la Violencia Contra la Niñez y Adolescencia y de Promoción de Parentalidades Positivas del Ministerio de Inclusión Económica y Social».

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,

Acuerda:

ARTÍCULO ÚNICO: Expedir el: «PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE PROMOCIÓN DE PARENTALIDADES POSITIVAS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL».

Documento que consta anexo y forma parte del presente Instrumento.

DISPOSICIÓN GENERAL

Primera: El «PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DE PROMOCIÓN DE PARENTALIDADES POSITIVAS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL», constituye un documento de aplicación general y observancia obligatoria para los funcionarios del MIES.

Segunda: De la ejecución del presente acuerdo, encárguese al Viceministerio de Inclusión Social a través de la Subsecretaría de Protección Especial.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a los 05 de octubre de 2018.

f) Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social.

MIES.- MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.- SECRETARÍA GENERAL.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.-18 de enero de 2019.- f.) Ilegible.

Contenido

1. Introducción
2. Contexto
3. Fundamentos

3.1 Marco Conceptual

4. Marco Institucional
5. Marco Legal
6. Marco Programático

1. El Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres
2. Plan Nacional de Desarrollo
3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

7. Análisis de la Situación de Violencia
8. Enfoques
9. Plan contra la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes y Promoción de Parentalidades Positivas

1. Objetivo General del Plan
2. Meta
3. Ejes

10. Hoja de Ruta para la Implementación del Plan a Cuatro Años.
11. Bibliografía

Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 5

1. Introducción

La Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada por Ecuador en 1990. A partir de ese momento, el país asumió la obligación de, por un lado, aplicar y observar los mandatos contenidos en dicho instrumento internacional y, por otro, presentar informes periódicos sobre los avances en cuanto al ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia.

En este marco, en diciembre de 2017, los miembros del Comité de los Derechos del Niño, expusieron las observaciones al último informe presentado por el Estado ecuatoriano ante el Gabinete Sectorial Social, las mismas que incluyen preocupaciones en cuanto a la falta de un sistema especializado para la protección de los niños, niñas y adolescentes, la ausencia de un ente rector nacional en materia de niñez y adolescencia, la violencia, malos tratos y abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes, la salud de los adolescentes, la situación de la justicia juvenil, la situación de los niños, niñas y adolescentes indígenas y la modalidad de adopciones en el país.

Con este antecedente, el Gobierno Nacional, a través de la Vicepresidencia de la República, propuso la suscripción de un «Pacto con niños, niñas y adolescentes», con el fin de:

• Expresar la decisión del Gobierno Nacional de velar por el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de los niños niñas y adolescentes en el ámbito público como en el privado.
• Consolidar los avances en el ejercicio y garantía de los derechos de los niños niñas y adolescentes.
• Establecer el proceso de restitución de derechos conculcados a niños niñas y adolescentes
• Mitigar los efectos que genera la violencia en el desarrollo y autonomía de niños niñas y adolescentes.
• Convocar a los distintos actores de la sociedad a resignificar el paradigma de niñez y adolescencia promoviendo espacios de participación y libre expresión para su inclusión en condiciones de igualdad con el resto de sujetos sociales.
• Garantizar la inversión pública en los programas y servicios que propendan al desarrollo y garantía de los derechos de los niños niñas y adolescentes.

Adicionalmente, en febrero de 2018 en el país se convocó a un referéndum, en el que entre otros temas se consultó a la ciudadanía a través de la pregunta 4 sobre la necesidad de enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes. La ciudadanía se pronunció, mayoritariamente, a favor de dicha reforma con el 73,53% de los votos válidos.

En este marco, el Plan Nacional de Prevención de la Violencia contra la Niñez y Adolescencia y de Promoción de Parentalidades Positivas del Ministerio de Inclusión Económica y Social responde a: i) las observaciones del

Comité sobre los Derechos del Niño y ii) a la pregunta 4 del referéndum de 2018¹, y su ejecución es un compromiso del «Pacto con niños, niñas y adolescentes» firmado por la Vicepresidencia de la República a nombre del Gobierno del Ecuador.

Este Plan ha sido construido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social en cumplimiento a su misión de definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad. Su implementación será coordinada por la Subsecretaría de Protección Especial a fin de cumplir su misión dirigida a planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios en el ámbito de la protección especial, a través de, entre otras iniciativas, la prevención de la vulneración de derechos.

Este Plan ha sido retroalimentado con los aportes de las y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, gobiernos autónomos descentralizados, instituciones públicas que están construyendo la Red Nacional Contra la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes.

La violencia contra niñas, niños y adolescentes es una vulneración a los derechos humanos y, por ende la implementación de este Plan requiere la participación activa de importantes actores políticos y sociales; principalmente, a los gobiernos autónomos descentralizados, las organizaciones no gubernamentales, las agencias de Naciones Unidas y otros organismos de cooperación internacional, con los que el Ministerio de Inclusión Económica y Social promoverá el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.

El Plan Nacional de Prevención de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Promoción de Relaciones Parentales Positivas del Ministerio de Inclusión Económica y Social implica grandes desafíos para la institucionalidad pública; no solo porque se busca prevenir el abuso del poder y el uso de mecanismos autoritarios instalados en la familia sino porque busca propiciar nuevas formas parentales, desde la redefinición del parentesco, reconociendo que las estructuras familiares están insertas en contextos cambiantes.

Las formalidades tradicionales de la maternidad y paternidad, se han venido cuestionando a medida que avanzan contextos de sociedades donde confluyen construcciones sociales de una modernidad clásica y una modernidad contemporánea, atravesados por el fenómeno de la globalización; por ende, los cambios en la conformación y sinergias dentro de los núcleos familiares es un hecho irrefutable. Esta realidad exige cambios en la conceptualización y narrativa de la normativa, políticas, de las intervenciones estatales y la profesionalización de su personal.

¹ La pregunta 4 consultaba a la ciudadanía: «¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el Anexo 4?»

6 – Miércoles 6 de febrero de 2019 Registro Oficial N° 422

En suma, este Plan busca prevenir el trato violento contra niñas, niños y adolescentes a fin de que sus derechos humanos no sean vulnerados. Las personas adultas tienen la responsabilidad de construir las condiciones necesarias para que los niños, niñas y adolescentes puedan gozar plenamente de sus derechos; dicha responsabilidad debe ser asumida como una corresponsabilidad Estado-sociedad civil, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia.

2. Contexto

Antes de analizar el contexto social en que se inscribe este Plan, es pertinente mencionar brevemente la crisis de la modernidad. Zygmunt Bauman acuñó en el año 2003, el término de modernidad líquida como un estado civilizatorio de cambio y transitoriedad que conlleva contradicciones sociales y existenciales que se generan en la interacción humana debido a la pérdida de la solidaridad, de la explotación del ser humano por el ser humano y el consumismo.

Se vive una época de cambios constantes en que la sociedad debe replantearse nuevas formas de existencia. El problema actual es el modo de cambio, inscrito en la enorme fascinación que la globalización ha creado por el consumo incesante. Al hablar de crisis de la modernidad es necesario confrontar el individuo con el poder. Para Michael Foucault, el poder atraviesa la vida cotidiana del individuo a través de la microfísica del poder y lo convierte en un ser reprimido, asumiendo la sociedad la función normalizadora, restrictiva, basada en el autoritarismo.

La definición de familia en el caso de la niñez y adolescencia incluye otra dimensión: el lugar de refugio y protección frente a circunstancias externas que pueden ser agresivas para su desarrollo y seguridad. Sin embargo, las relaciones al interior de la familia también pueden tornarse en fuente de inestabilidad y riesgo.

El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) destaca que la familia es el espacio natural para el desarrollo integral de la niñez y adolescencia… Los caminos en la conformación de las familias evidencia la modernidad, la urbanización creciente, muestra de ello es la tendencia a conformar familias más pequeñas…» (CARE, CNII, Observatorio Social et al, 2016).

Los procesos de socialización y educación han sido menoscabados por prácticas, ritos, creencias y actitudes de irrespeto, imposición y maltrato hacia el otro; ese otro/ otra a quien no se le considera igual a una/o; a quien se le ha colocado en un lugar de sumisión o subordinación. Son relaciones de poder desiguales propias de un sistema inequitativo en el goce de los derechos y acceso a oportunidades.

Fenómenos como la violencia provocan una clara contradicción entre el discurso moderno y el nuevo paradigma de la civilidad; contradicción latente bajo el supuesto de que la modernidad vino a eliminar lo dado, lo tradicional; no obstante, dejó intactas las relaciones de poder entre los sexos y en las relaciones intergeneracionales. Se mantuvieron los modos de exclusión y violencia,

que se fueron perfeccionando en el tiempo, con la ayuda del avance vertiginoso de las tecnologías y las comunicaciones.

3. Fundamentos

3.1 Marco Conceptual

La violencia contra niñas, niños y adolescentes es un fenómeno latente en la región y el país. Pese a ello, tiene un limitado registro debido a su naturalización, escasa información que dé cuenta de su magnitud y poca consciencia sobre las consecuencias del mismo (Katsberg, 2007). Enfrentar la violencia requiere del reconocimiento de esta como un fenómeno complejo y multicausal, determinado por factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos; es decir, como un fenómeno que se da en un entorno y en un contexto histórico (OMS, 2002).

La Violencia

La violencia es un fenómeno que presenta diversas manifestaciones y comprensiones culturales, y ha sido estudiado desde distintas áreas del conocimiento, cuyos ámbitos enfatizan más en ciertos aspectos específicos que en otros. Así, algunos autores emplean en sus conceptos elementos como: uso de la fuerza, relaciones de poder, daño causado, imposición de alguien sobre otro, coerciones morales, coerciones psicológicas, entre otros (Martínez Pacheco, 2016).

Con este antecedente, para los fines de este documento se retoma la definición formulada por la Organización Mundial de la Salud en el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (2002), que constituye un acercamiento comprensivo al concepto. En este marco, violencia es:

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, 2002).

Independientemente de que la violencia esté dirigida a una persona o grupo, esta se da en un marco de relaciones e implica la negación de la persona como sujeto de derechos, como actor. Esta negación, no solo se da contra quien es víctima de violencia; muchas veces es también la que impulsa a un agresor a cometer actos de violencia; por lo tanto, es un motor para la reproducción de este fenómeno que afecta a las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto (Martínez Pacheco, 2016).

El investigador noruego Johan Galtung incorpora en el concepto de violencia a aquellos aspectos que, siendo evitables, obstruyen el desarrollo de las capacidades de los seres humanos, como la satisfacción de necesidades básicas, que implica una limitación del ejercicio de los derechos humanos fundamentales (Galtung, 2016). Es decir, existe violencia cuando las «realizaciones afectivas, somáticas y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales» (Jiménez—Bautista, 2012).

Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 7

Con estos elementos propone una tipología en la que diferencia la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural o simbólica, entendidas como:

• Violencia directa, es aquella que se manifiesta como verbal, psicológica y física. Ésta es visible y se concreta con comportamientos agresivos y actos de violencia. (Galtung J.,2016).
• Violencia estructural, se caracteriza porque la acción que produce violencia se realiza de forma indirecta, «a través de mediaciones institucionales o estructurales» (Jiménez—Bautista, 2012). Es aquella que no permite la satisfacción de necesidades humanas debido a la organización y funcionamiento del Estado y la sociedad; en consecuencia, está íntimamente ligada a la presencia de injusticias sociales y a la reproducción de condiciones de desigualdad (Jiménez-Bautista, 2012).
• Violencia cultural, se refiere a los aspectos de la cultura o elementos simbólicos que se emplean para legitimar los otros tipos de violencia, tales como la religión, el lenguaje, la educación, entre otros. Es así, que esta genera que la violencia estructural y directa se perciban como admisibles en la sociedad (Galtung, 2016).

Gráfico 1: Clasificación de Galtung

La clasificación de Galtung permite examinar a la violencia más allá de los aspectos individuales, pues coloca a los elementos estructurales (como las normas) y simbólicos como causas y, específicamente, a lo simbólico como un medio para la legitimación de la misma; es decir, permite una lectura de la violencia desde el análisis de la sociedad.

La Organización Mundial de la Salud (2002) realizó una clasificación de la violencia desde sus diversas formas de manifestación, en tres grandes grupos: violencia auto infligida, violencia interpersonal y violencia colectiva.

La violencia, según su naturaleza, puede clasificarse en: física, sexual, psicológica y de privaciones o desatención. En el caso específico de niñas, niños y adolescentes, es definida de la siguiente forma:

• Violencia física, se refiere al uso intencionado de la fuerza física contra una niña, niño o adolescente, que provoca daños en su salud, supervivencia, desarrollo o dignidad. En esta clasificación se incluyen ciertas prácticas para castigar cuando se cometen faltas o no se obedece (OMS, 2009).

• Violencia sexual, es la participación de una niña, niño o adolescente «en actividades sexuales que no comprende plenamente, en las que no puede consentir con conocimiento de causa o para las que no está suficientemente desarrollado o que transgreden leyes o tabúes sociales.» (OMS, 2009). La violencia sexual puede ser perpetrada por personas adultas y por otros niños cuando existe una situación de responsabilidad, confianza o poder en la relación (OMS, 2009).
• Violencia psicológica, son comportamientos que afectan de forma negativa la salud física, mental, espiritual, moral y social de niñas, niños y adolescentes, como son, por ejemplo: amenazas, desvalorización, culpabilización, discriminación, entre otros. Este tipo de violencia puede ser esporádica o permanente (OMS, 2009).
• Violencia generada por privaciones o desatención, se trata de incidentes aislados o permanentes de desatención generados por un progenitor o miembro de la familia en los ámbitos de salud, educación, desarrollo emocional, nutrición y hogar, y condiciones de vida seguras; que se dan cuando existen las condiciones para proveer a la niña, niño o adolescente (OMS, 2009), considerando que la normativa nacional «reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente» y establece que «corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.» (Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 9).

Las tipologías y definiciones antes descritas permiten situar a la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en un marco de gran complejidad; son víctimas de sus diferentes tipos, en sus diferentes manifestaciones (según su naturaleza) y por diversos motivos, según el contexto en el que se desenvuelven. Así, un grupo de niñas a quienes se niega el derecho a la educación son víctimas de violencia simbólica y estructural, que se concreta en violencia interpersonal—en su comunidad—debido a las normas sociales vigentes.

Reconociendo la complejidad de este fenómeno, a continuación, se presenta el modelo ecológico, como una herramienta conceptual para comprender el fenómeno de la violencia (en sus diferentes tipos) contra niñas, niños y adolescentes, desde un análisis contextualizado y multidimensional.

Modelo ecológico: un marco para explicar y actuar frente a la violencia. Propuesta empleada por la Organización Mundial de Salud para, por un lado, identificar los factores que incrementan o reducen la probabilidad de ser víctima o perpetrador/a de violencia, a partir del análisis de condiciones, actores y sus interrelaciones en cuatro niveles y, por otro, generar acciones en estos mismos niveles para transformar condiciones y prevenir dicho fenómeno. Los niveles establecidos para el análisis son:

Primer nivel, estudia las características del individuo, ya sean biológicas o de su trayectoria personal, que inciden

8 – Miércoles 6 de febrero de 2019 Registro Oficial N° 422

en la presencia, o no, de violencia: edad, estado de salud mental, nivel de escolaridad, haber sufrido maltrato en algún momento de la vida, entre otros.

Segundo nivel, analiza la forma en que las relaciones más cercanas incrementan los riesgos de violencia; es decir, aquellas que se entabla con personas que son parte del núcleo familiar, amigas/os cercanos, especialmente.

Tercer nivel, examina el ámbito comunitario; es decir, las características de escuelas, vecindarios y otros que pueden incrementar los riesgos de violencia.

Cuarto nivel, indaga los aspectos de la estructura de la sociedad que incitan a la violencia, como son las normas sociales y culturales: adulto centrismo, machismo, castigos corporales a niñas, niños y adolescente, por ejemplo (OMS, 2002).

El modelo parte de que los distintos niveles están vinculados, así, lo que sucede en la estructura de la sociedad refuerza los factores que inciden en la violencia de la comunidad, los de la comunidad en las relaciones más cercanas y aquellos de las relaciones más cercanas en el individuo.

Factores de riesgo y protección de violencia contra niñas, niños y adolescentes

En los cuatro niveles propuestos por el modelo ecológico: individual, de relaciones más cercanas, de la comunidad y de la sociedad, se pueden identificar factores que incrementan la probabilidad de existencia de situaciones de violencia y que inciden favorablemente en las capacidades de niñas, niños y adolescentes para enfrentar condiciones que incrementan las probabilidades de ser víctimas y/o perpetradores/as de violencia. Los primeros se denominan factores de riesgo y los segundos factores de protección (Tabla 1). (Vainstein & Rusler, 2011).

Conocer los factores de riesgo se considera esencial pues de existir varios de ellos, se puede prevenir y detectar la violencia. Por otro lado, la identificación de factores de protección, ante la presencia de factores de riesgo o de violencia, permite generar estrategias para prevenir y atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes, potenciando los factores existentes o creando las condiciones para que estos florezcan.

Tabla 1: Factores de riesgo de violencia contra niñas, niños y adolescentes

Primer nivel: características individuales de niñas, niños y adolescentes

Factores de riesgo

Factores de protección

• Embarazos no deseados o expectativas distintas de la familia con respecto al recién nacido.

• Edad: a menor edad, mayor dependencia.

• Sexo: las niñas tienen mayor probabilidad de sufrir abuso sexual, son más propensas a la negligencia en sociedades patriarcales; mientras los niños tienen más probabilidad de sufrir violencia física grave cuando está naturalizado el castigo físico.

• Nacimiento prematuro, hospitalización prolongada, discapacidad mental o física (transitoria o permanente).

• Presencia de enfermedades crónicas.

• Conducta irritable e hiperactiva que constituyen un problema para la/el progenitor.

• Llanto persistente, sin causa fácilmente identificable.

• Dificultades iniciales y sostenidas para la alimentación y el sueño.

• Parto múltiple o más niños/as de edad cercana en el núcleo familiar que generan dificultades para ser atendidos.

• Ausencia de los/as progenitores/as; adopción ilegal.

• Presenta o es propenso/a presentar problemas de comportamiento peligrosos: violencia hacia su pareja, comportamiento delictivo, auto abusos, abusos a animales, o agresividad persistente hacia otros/as niños/as.

• Confianza en sí mismo/a.

• Capacidad para tomar decisiones.

• Competencias individuales para la interacción social.

Segundo nivel: relaciones más cercanas – familia más cercana

Factores de riesgo

Factores de protección

• Antecedentes de maltrato o privación

• Vínculos sólidos y afectivos desde el nacimiento

Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 9psicoafectiva en su infancia.

• Dificultades para establecer vínculos con un recién nacido.

• Baja tolerancia al estrés y la frustración.

• Poca socialización y baja autoestima.

• Padres/madres adolescentes o jóvenes, dependientes.

• Necesidades básicas insatisfechas, no cuentan con condiciones para atender a la niña o niño.

• Precariedad laboral y económica.

• Aislamiento de padre o madre del núcleo familiar o soledad en la crianza de la persona cuidadora.

• Alteraciones en el sistema de vinculación afectiva padres/madres- hijos/as.

• Estructura sociocultural que desvaloriza lo afectivo y estimula valores materiales e individuales.

• Desconocimiento acerca del desarrollo de niños/as con expectativas distorsionadas frente a ellos/as, lo que produce rechazo e incomprensión sobre su comportamiento.

• Uso de castigos físicos como medios para disciplinar.

• Entorno próximo en el que se naturaliza la violencia como forma de relación, y/o violencia de pareja.

• Hacinamiento.

• Situaciones traumáticas en la familia.

• Migración en condiciones precarias.

• Convivencia del padre o la madre con una pareja que no es progenitor o progenitura de los hijos e hijas.

• Problemas psicopatológicos o de personalidad en algún miembro de la familia conviviente (depresión, ansiedad, trastornos somáticos).

• Problemas de salud física o mental de los progenitores.

• Consumo inadecuado de alcohol u otras drogas.

• Participación en actividades delictivas.

de las niñas/os con un familiar adulto.

• Atención receptiva: capacidad de responder ante las necesidades de niñas/os y de reconocer situaciones que las/os afectan.

• Buena atención de padres, madres y personas cuidadoras desde la infancia.

• Parentalidades saludables, equitativas y que fomentan la confianza en sí mismos/as.

• Actitud positiva hacia personas que prestan ayuda: profesionales de servicios de consejería y /o atención directa.

Tercer nivel: comunidad

Factores de riesgo

Factores de protección

• Medio en el que la violencia es común y aceptada como forma de relación entre las

• Presencia de redes sociales de apoyo.

• Existencia de personas adultas/os de confianza que sean significativas para las niñas, niños y

10 – Miércoles 6 de febrero de 2019 Registro Oficial N° 422

• Hábitat carente de calidad: inexistencia de servicios básicos y prácticas inadecuadas de higiene.

• Pobreza.

• Medios de comunicación: contenidos que legitiman la violencia como modelo a seguir en las actitudes, las costumbres, los hábitos, los estilos de vida y los modos de socializar o resolver conflictos. Esta es una forma más de violencia cultural, coherente con la que generan otras instituciones sociales (educación, ciencia, fuerzas de seguridad, familia e iglesia).

• Desigualdad de género o social en la comunidad.

• Alto desempleo.

• Fácil acceso a alcohol y estupefacientes.

adolescentes. • Entornos en los que la violencia no está naturalizada como forma de relación entre las personas.

Cuarto nivel: estructura de la sociedad

Factores de riesgo

Factores de protección

• Políticas públicas, particularmente, sociales y económicas que favorecen la persistencia de desigualdades.

• Maltrato institucional: violencia ejercida por funcionarios/as públicos y trabajadores privados que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes.

• Normas sociales y culturales que promueven o reivindican la violencia hacia los/as otros/as, programas y publicidad de radio y televisión, música, celebraciones, entre otros.

• Normas sociales y culturales reproducen estereotipos de género.

• Normas sociales y culturales adulto centristas, en las que la importancia de niñas, niños y adolescentes está dada por ser potenciales adultos/as.

• Presencia de «pornografía infantil», «prostitución infantil» y/o trabajo infantil.

• Escases de servicios de apoyo a grupos de atención prioritaria y personas bajo la línea de pobreza.

• Sociedades en las que se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y se comprende el «interés superior del niño».

• Servicios públicos y privados basados en el respeto a las familias y que respondan a las necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes.

• Sociedades en las que se fomenta la corresponsabilidad entre familia, comunidad y Estado, para el cuidado a las niñas, niños y adolescentes.

• Marco normativo que protege y garantiza el ejercicio de los derechos específicos de niñas, niños y adolescentes.

• Recursos públicos asignados para la ejecución de políticas públicas específicas para niñez y adolescencia.

• Mecanismos de denuncia y de respuesta eficaz ante la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

• Coordinación interinstitucional que propicie atención integral a las niñas, niños y adolescentes.

Fuente: (OMS, 2009); (Vainstein & Rusler, 2011); (Sérgio Pinheiro, 2010).

Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 11

La Parentalidad

Es un enfoque integral del desarrollo del niño, los padres y la familia, propuesto en Francia por el psiquiatra infantil Serge Lebovici, a finales de los 70. Parentalidad viene de la palabra en francés parents (padres). Está relacionada con el término «parentela», que se refiere al conjunto de parientes. En el campo de la psicología, la Parentalidad es una nueva corriente del pensamiento psicoanalítico, es el proceso psicológico de convertirse en padre o madre de su hijo y supone un trabajo que cada persona realiza en su interior día a día. Es una aplicación del psicoanálisis a la prevención y tratamiento oportuno de los trastornos psíquicos de padres e hijos. Este nuevo término incluye factores como las relaciones entre padres e hijos, la alimentación, los cuidados de la madre y la convivencia diaria².

El Estado debe universalizar la cobertura de trabajo con padres y madres de familia, sobre modalidades alternativas de crianza que superen el patriarcado, que establezcan la corresponsabilidad comunitaria en la crianza, que promuevan la solidaridad, la formación de redes interfamiliares, construidas y sostenidas desde el respeto a los derechos y la ternura. Para ello, es necesario impulsar paralelamente varias acciones y mecanismos.

Prevención de la violencia en contra de las niñez y adolescencia y promoción de parentalidades positivas

La violencia no es producto del instinto humano, se aprende; por lo tanto, se puede evitar mediante un trabajo sostenido en sus factores de riesgo (Jiménez-Bautista, 2012). En este contexto y partiendo del modelo ecológico, se considera esencial el abordaje de la promoción y la prevención, como dos elementos fundamentales para construir una sociedad (en todos sus niveles) en la que se desnaturalice la violencia como forma de relacionamiento.

Promoción de derechos de las niñas, niños y adolescentes

La promoción se entiende como un conjunto de acciones para cambiar pensamientos, comportamientos y actitudes que afectan negativamente al pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así, incluye acciones de difusión, sensibilización y educación.

La promoción se ejecuta con el fin último de que las niñas, niños y adolescentes, como sujetos de derechos que son, participen directamente en procesos que les permitan mejorar su situación y contribuir al desarrollo. Adicionalmente, da lugar a que las familias, comunidades y la sociedad en general se involucren e interioricen nuevas prácticas y concepciones sobre el relacionamiento con niñas, niños y adolescentes. Modifica, además, las condiciones de los entornos y reduce factores de riesgo de la violencia en todos los niveles (individual, de relaciones más cercanas, comunitario y estructural) y produce efectos en la violencia estructural y cultural. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, s/f).

Prevención

Existen tres tipos de prevención según la población a la que se dirige y los objetivos de la misma:

²http://toquedemujer.com/mujer-familia/parentalidad-un-nuevo-concepto-familiar

Prevención primaria, se orienta a la población en general y busca la reducción de factores de riesgo y, por lo tanto, de la ocurrencia de nuevos casos de violencia. Entre las estrategias que emplea se encuentra la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Prevención secundaria, se dirige a la población que presenta alto riesgo de violencia y consiste en su detección temprana, en la potenciación de los factores de protección y la reducción de los factores de riesgo. (Morales & Costa, 2001).

Prevención terciaria, busca reducir las consecuencias de los actos que la violencia ha generado sobre quienes han sido víctimas, por tanto, contempla actividades de atención y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, cuyos derechos han sido vulnerados (Morales & Costa, 2001).

4. Marco Institucional

El Ecuador cuenta, actualmente, con los siguientes tipos de servicios para atender casos de violencia.

Tabla 2: Capacidad Institucional Social³

ENTIDAD RESPONSABLE

TIPO DE SERVICIO

Ministerio de Justicia (*)

25 servicios de protección especial.

24 programas en convenio y cinco oficinas de atención ciudadana.

Ministerio de Salud

1.985 centros de salud; 280 psicólogos clínicos en centros de salud; 284 psicólogos itinerantes; 564 centros de salud con servicio de psicología y 396 profesionales en funciones operativas.

Ministerio de Educación

1768 Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE).y 140 Juntas Distritales de mediación de conflictos

Ministerio del Interior

Responsable del Plan contra la trata de personas. Mantiene, a nivel nacional 1584 UVC

GAD municipales

177 Juntas cantonales de protección de derechos 221 CCPD

147 Consejos Consultivos

Defensoría del Pueblo,

Defensorías comunitarias (Se desconoce el número).

35 oficinas nacionales y seis oficinas en cuatro países.

Defensoría Pública

195 oficinas en todo el país.

Fiscalía General del Estado

24 oficinas, en cada cabecera provincial y 180 puntos de atención en todo el país (cabeceras cantonales).

³ Sánchez Cobo, Fernando. Política Pública para prevenir, atender y proteger de toda forma de violencia a niñas, niños y adolescentes. Ecuador Decide. Grupo FARO. Quito, 2017.

12 – Miércoles 6 de febrero de 2019 Registro Oficial N° 422

Unidades judiciales

158 de unidades judiciales de la familia, mujer, niñez y adolescencia en 40 cabeceras cantonales. Dos unidades judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia y un juzgado cuarto de familia, mujer, niñez y adolescencia. Más 36 unidades judiciales multicompetentes.

Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades: CNII; CONADIS; Género, Nacionalidades y Pueblos; Movilidad Humana,

Formulación, seguimiento y observancia de políticas públicas, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil que ejecutan proyectos y brindan atención directa.

Ministerio de Defensa

Dirección de Derechos Humanos

(*) En proceso de transición y traspaso de servicios.

En general, se apreciaría que hay una buena oferta de servicios institucionales pero al carecer de una política articuladora y sin la suficiente difusión, los esfuerzos resultan insuficientes. De igual manera, el reto clave es la capacitación y formación de los operadores de servicios, para lo cual este Plan deberá aterrizar su implementación a nivel cantonal para su efectiva y eficiente implementación.

Aliados clave son la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública. Ambas instituciones pueden incrementar la atención legal de los casos y fortalecer el sistema de protección de derechos en el ámbito local. Además, pueden brindar capacitación sobre procedimientos legales.

De igual forma, se debe coordinar con la Fiscalía General del Estado para que en el marco de sus atribuciones y competencias, se alinee con este Plan y tramite con celeridad las causas que recibe.

5. Marco Legal

La Convención sobre los Derechos del Niño

La Convención recoge principios éticos aceptados internacionalmente sobre los derechos de la niñez y adolescencia y la prioridad que tienen en función del interés superior de la niñez y adolescencia a gozar de todos los derechos humanos, adecuados a sus necesidades específicas. En esta virtud, se les reconoce como sujetos de derecho y se convierte a las personas adultas, a cargo de su cuidado, en sujetos de responsabilidades.

Principios generales de la Convención

Los principios generales de la Convención aportan la óptica con la que debe examinarse el proceso de aplicación y sirven de guía a fin de determinar las medidas necesarias para garantizar que se hagan efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Comité de los Derechos del Niño

Observación general núm. 20 (2016) sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia⁴

5. El Comité reconoce que la adolescencia no es fácil de definir y que los niños alcanzan la madurez a diferentes edades. Los niños y las niñas entran en la pubertad a distintas edades, y diversas funciones del cerebro se desarrollan en diferentes momentos. El proceso de transición de la infancia a la edad adulta está influenciado por el contexto y el entorno, como se observa en la gran diversidad de expectativas culturales que hay en relación con los adolescentes en las legislaciones nacionales, que prevén distintos umbrales para comenzar a desempeñar actividades de la vida adulta, y en los diferentes órganos internacionales, que definen la adolescencia en función de diferentes franjas etarias. Esta observación general no pretende, por tanto, definir la adolescencia, sino que se centra en el período de la infancia que va desde los 10 años hasta que el niño cumple 18 para facilitar la coherencia en la reunión de datos.

8. El Comité señala a la atención de los Estados partes las razones de peso en favor de centrar la atención en los adolescentes para promover que se hagan efectivos sus derechos, reforzar su posible contribución a una transformación social positiva y progresiva, y superar los problemas a los que se enfrentan en la transición de la infancia a la edad adulta en un mundo cada vez más globalizado y complejo.

Entorno difícil

12. La llegada de la adolescencia puede conllevar la exposición a una serie de riesgos, intensificados o exacerbados por el entorno digital, como el consumo de drogas y las adicciones, la violencia y el maltrato, la explotación sexual o económica, la trata, la migración, la radicalización o el reclutamiento en bandas o milicias. A medida que se acercan a la edad adulta, los adolescentes necesitan la educación y el apoyo adecuados para afrontar problemas locales y mundiales, como la pobreza y la desigualdad, la discriminación, el cambio climático y la degradación ambiental, la urbanización y la migración, el envejecimiento de las sociedades, la presión para tener un buen rendimiento académico y la intensificación de las crisis humanitarias y de seguridad. Crecer en sociedades cada vez más heterogéneas y multiétnicas, producto del aumento de la migración mundial, también requiere una mayor capacidad de comprensión, tolerancia y coexistencia. Es necesario invertir en medidas que fortalezcan la capacidad de los adolescentes para superar o mitigar estos problemas, aborden los factores sociales que contribuyen a excluirlos y marginarlos, y los preparen para desenvolverse en entornos sociales, económicos y digitales difíciles y cambiantes.

Período de riesgos para la salud

13. Si bien la adolescencia se caracteriza en general por una mortalidad relativamente baja en comparación con

⁴ CRC/C/GC/20. 6 de diciembre de 2016

Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 13

otras franjas etarias, el riesgo de muerte y enfermedad durante la adolescencia es real, entre otras razones por causas evitables, como partos, abortos peligrosos, accidentes de tránsito, infecciones de transmisión sexual, como el VIH, violencia interpersonal, enfermedades mentales y suicidios, todas las cuales están asociadas con determinados comportamientos y requieren una colaboración intersectorial.

19. El Comité hace hincapié en que el derecho a ejercer niveles cada vez mayores de responsabilidad no anula las obligaciones que incumben a los Estados de garantizar protección. El abandono gradual de la protección de la familia u otro entorno de cuidado, junto con la relativa inexperiencia y la falta de poder, pueden exponer a los adolescentes a violaciones de sus derechos. El Comité destaca que promover la identificación de riesgos potenciales por parte de los adolescentes y elaborar y aplicar programas para mitigarlos aumentará la eficacia de la protección. Garantizarles el derecho a ser escuchados, impugnar las violaciones de sus derechos y obtener reparación permite a los adolescentes ir haciéndose cargo progresivamente de su propia protección.

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha indicado que niños y niñas LGBT se encuentran entre los grupos de niños más vulnerables a la violencia, y la Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre violencia contra los niños ha indicado que todos los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia sin importar su orientación sexual u otro estatus. Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño ha afirmado que la orientación sexual y la identidad de género constituyen causales prohibidas de discriminación en virtud del artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.⁵

Observaciones del Comité de los Derechos del Niño respecto de la violencia

El Comité examinó los informes periódicos quinto y sexto combinados del Ecuador (CRC/C/ECU/5-6) y aprobó en su 2251^a sesión, del 29 de septiembre de 2017, las observaciones finales al Estado ecuatoriano. En este informe el Comité señala estar profundamente preocupado por las siguientes situaciones: «a) La prevalencia de diversas formas de violencia, entre ellas la violencia física, sexual y psicológica, y los malos tratos contra niños de todas las edades en el hogar, la escuela, el transporte público y los espacios públicos infligidos por padres, docentes, parejas, cuidadores y/o compañeros de clase, así como su incidencia desproporcionada en niños con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, y entre niños de pueblos y nacionalidades indígenas y niños afro ecuatorianos».⁶

⁵ ONU Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 24), 17 de abril de 2013, parr. 8; ONU Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 15, sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 24), U.N. Doc. CRC/C/ GC/15 (2013)., párr. 8.

⁶ CRC/C/ECU/5—6 2017, 9

En el ámbito de la violencia contra la niñez, el Comité insta a Ecuador a adoptar las siguientes medidas:

1. Prohibir legalmente el castigo físico en todos los ámbitos, incluido el hogar.
2. Aprobar «una estrategia para prevenir y eliminar todas las formas de violencia, malos tratos y descuido contra los niños en todos los entornos, teniendo en cuenta particularmente las medidas para prevenir y eliminar la violencia contra los niños de pueblos y nacionalidades indígenas y los niños afro ecuatorianos, con un plazo y asignaciones presupuestarias y recursos humanos y técnicos suficientes para alcanzar los objetivos»; y,⁷
3. Adoptar «normas claras para ofrecer vías de recurso y reparación a las niñas víctimas de violencia sexual y malos tratos, como reparación y asesoramiento psicosocial, resarcimiento, indemnizaciones y garantías de no repetición;…».⁸

Violencia contra los niños (arts. 19, 24 (párr. 3), 28 (párr. 2), 34, 37a)y 39)

Castigos corporales

23. En relación con su observación general núm. 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes, el Comité insta al Estado parte a que acelere la aprobación del proyecto de ley de orgánica para una infancia y una adolescencia libres de castigos físicos y tratos degradantes, que penaliza los castigos corporales en todos los entornos, incluido el hogar.
24. El Comité sigue profundamente preocupado por:

1. La prevalencia de diversas formas de violencia, entre ellas la violencia física, sexual y psicológica, y los malos tratos contra niños de todas las edades en el hogar, la escuela, el transporte público y los espacios públicos infligidos por padres, docentes, parejas, cuidadores y/o compañeros de clase, así como su incidencia desproporcionada en niños con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, y entre niños de pueblos y nacionalidades indígenas y niños afro ecuatorianos;
2. La prevalencia de distintas formas de violencia, acoso, hostigamiento y malos tratos en la escuela;
3. El uso continuado de la violencia y el castigo corporal contra los niños como una forma de disciplina en el hogar, la escuela y otros entornos;
4. La falta de medidas para reunir datos oficiales sobre la incidencia de todas las formas de violencia contra los niños en el Estado parte;

⁷ CRC/C/ECU/5—6 2017, 10

⁸ CRC/C/ECU/5—6 2017, 10

14 – Miércoles 6 de febrero de 2019 Registro Oficial N° 422

e) La insuficiente información sobre las medidas que ofrecen acceso a la justicia, vías de recurso y formas de reparación para los niños víctimas de la violencia, adaptadas en función de la edad y el sexo y accesibles en todo el país, tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

25. En relación con su observación general núm. 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, y tomando nota de la meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para poner fin, entre otras cosas, a los malos tratos y la violencia contra los niños, el Comité insta a que el Estado parte:

1. Adopte una estrategia integral para prevenir y eliminar todas las formas de violencia, malos tratos y descuido contra los niños en todos los entornos, teniendo en cuenta particularmente las medidas para prevenir y eliminar la violencia contra los niños de pueblos y nacionalidades indígenas y los niños afro ecuatorianos, con un plazo y asignaciones presupuestarias y recursos humanos y técnicos suficientes para alcanzar los objetivos;
2. Establezca un marco y unos mecanismos de supervisión específicos que incluyan la presentación periódica de informes por las autoridades responsables, así como por parte de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones de niños, de mujeres y de pueblos indígenas;
3. Vele por que las escuelas establezcan, con carácter prioritario, programas y actividades de sensibilización contra la violencia, los malos tratos, el acoso y el hostigamiento en la escuela, promuevan el respeto de la vida y la integridad física entre los niños y difunda entre los niños, los padres, los cuidadores, los docentes y el personal que trabaja con niños información sobre los mecanismos de denuncia y las vías de recurso existentes en casos de hostigamiento, acoso y malos tratos en el entorno escolar;
4. Refuerce el sistema de protección especializada para los niños y establezca políticas públicas para combatir y eliminar todas las formas de violencia utilizadas como forma de educar a los niños;
5. Cree una base de datos nacional para reunir sistemáticamente información y datos desglosados por edad, sexo, tipo de violencia y relación entre la víctima y el autor en todos los casos de violencia contra los niños en las familias, las escuelas y las instituciones de cuidados, y realice un análisis completo del alcance, las causas y la índole de dicha violencia;
6. Cree dependencias especializadas para procesar los casos de violencia y malos tratos contra niños, y realizar investigaciones rápidas y exhaustivas que conduzcan a que los autores sean sancionados, al tiempo que se garantiza que los niños tengan acceso a canales de denuncia adecuados para ellos, asesoramiento físico y psicológico y servicios de rehabilitación y de salud, incluidos servicios de salud mental;

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem do Para)

Es un instrumento de alcance regional y único en el mundo dedicado a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. La Convención define como un derecho humano la vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado; propone el desarrollo de mecanismos específicos de protección y defensa de los derechos esenciales para luchar contra el fenómeno de la violencia en sus distintas manifestaciones.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la protección a la población LGBTI

301. Los Niños, las niñas y las/los adolescentes que son lesbianas, gay, bisexuales, trans o intersex, o que son percibidos como tales enfrentan estigmatización, discriminación y violencia por su orientación sexual o identidad de género, reales o percibidas, o porque sus cuerpos difieren de las definiciones típicas de cuerpos femeninos y masculinos. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia («UNICEF» por sus siglas en inglés), el alcance de esta discriminación y violencia incluye: aislamiento por parte de compañeros y compañeras en la escuela, en la casa o en la comunidad; marginalización y exclusión de servicios esenciales como educación y asistencia médica; abandono por parte de la familia y la comunidad; acoso y matoneo escolar (bullying) e intimidación y, violencia física y sexual, incluyendo violaciones sexuales «correctivas.» Asimismo, la Comisión se refirió en el capítulo anterior a la situación de violencia que enfrentan niños, niñas y adolescentes en el contexto de centros en los que se intenta «modificar» su orientación sexual y/o identidad de género.⁹

Constitución de la República

La Constitución determina que niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad (artículo 45). Su artículo 35 garantiza una atención prioritaria y especializada a personas menores de 18 años que han sufrido maltrato o violencia. El artículo 44 señala que el Estado, la sociedad y la familia, en función del principio de interés superior de la niñez, deberán garantizar su desarrollo integral y el ejercicio real de sus derechos, que prevalecerán sobre los de las demás personas. Para ello, el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar prestaciones relacionadas con su bienestar: nutrición, salud, educación y cuidado diario, así como protección especial contra toda forma de explotación, abandono o maltrato. La protección comienza desde la concepción (artículo 45).

Es deber del Estado adoptar medidas para proteger a la niñez y adolescencia contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole o contra la negligencia que provoque tales situaciones (artículo 46).

⁹ Violencia contra personas LGBTI. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2015.

Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 15

En el artículo 66 se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, especialmente la ejercida contra niñas, niños y adolescentes, entre otros.

Tabla 3: Artículos relacionados con violencia de La Constitución del Ecuador – 2008

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR

Artículo. 46.4

Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.

Artículo 66.3.b

Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia

Artículo

75

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

Artículo

172

Los jueces y juezas administrarán la justicia con sujeción a la Constitución, y a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley, y tiene la responsabilidad de aplicar el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia, y serán responsables de los perjuicios que causare por negligencia, denegación o quebranto de la ley.

Artículo.

175

Los niños, niñas y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada así como a operadores de justicia debidamente capacitados que aplicarán los principios de protección integral.

Código de la Niñez y Adolescencia

Este cuerpo normativo tuvo la gran virtud de poner a tono al país en la discusión sobre el papel que cumplen niñas, niños y adolescentes en la sociedad, eliminando la categoría colonial de minoría de edad y, reconociendo su carácter de sujetos plenos de derecho. El Código de la Niñez y la Adolescencia regula el goce y ejercicio de sus derechos y define cuáles son los instrumentos con que cuenta la familia, la sociedad y el Estado para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, en el marco del principio del interés superior del niño y de la doctrina de la protección integral. El artículo 15, del Código, dispone que: «Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y como tales gozan de todos los que las leyes contemplan a favor de las personas además de aquellos específicos de su edad».

En relación a la violencia, el Código regula, en su Título IV, las distintas expresiones de violencia patriarcal contra niñas, niños y adolescentes. En este apartado de la ley define y regula las políticas públicas dirigidas a evitar, mitigar y reparar cualquier forma de maltrato infantil, definida como toda conducta que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de una niña, niño o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, cualquiera sea el medio utilizado para el efecto y sus consecuencias. Se incluyen en esta calificación la negligencia en el cumplimiento de las obligaciones; especialmente, aquellas relacionadas con la manutención, la alimentación, atención médica, educación o cuidados diarios.

Incorpora también el maltrato institucional como una nueva categoría de violencia cuando el acto violento o la omisión es perpetrada por una servidora o servidor público o una persona particular que cumpla funciones públicas, como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas -expresa o tácitamente por la institución y cuando sus autoridades lo hayan conocido y no hayan adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo.

El otro gran apartado del Código se refiere a la violencia sexual; lo define como todo contacto físico o sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete a un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas o cualquier otro medio. Dispone, también, que cualquier forma de abuso sexual será puesta a conocimiento de la Fiscalía con independencia de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan al caso. Otras formas de violencia sexual, consideradas por el Código, abarcan la explotación sexual y pornografía infantil.

Finalmente, el Código se refiere, en el artículo 70, el tráfico de niños, niñas y adolescentes y entiende por tal su sustracción, traslado o retención, dentro o fuera del país y por cualquier medio, con el propósito de utilizarlos en la explotación sexual o laboral, pornografía, narcotráfico, tráfico de órganos, servidumbre, adopciones ilegales u otras actividades ilícitas.

Código Orgánico Integral Penal

La expedición del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pretende modernizar el derecho penal ecuatoriano, acogiendo las últimas tendencias de la teoría penal contemporánea. La principal modificación teórica que incluye el Código es la protección especial a las víctimas, seguida de la garantía reforzada a través del derecho penal de los derechos humanos de ciertas personas consideradas objeto de especial protección del Estado, entre las que se destacan niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Entre los nuevos delitos se encuentran aquellos que sancionan la violencia física, psicológica y sexual en contra de la mujer u otro integrante del núcleo familiar. Se incorpora, como delito al femicidio, para expresar el reproche social al patriarcado y sus efectos, en materia de violencia contra las mujeres.

16 – Miércoles 6 de febrero de 2019 Registro Oficial N° 422

El COIP hace un esfuerzo especial en la protección de la integridad sexual de las personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes, introduciendo nuevos delitos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Por otra parte, el COIP tipifica los delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar:

Art. 178.- Violación a la intimidad.- La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y vídeo en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley.

Art. 180.- Difusión de información de circulación restringida.- La persona que difunda información de circulación restringida será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Es información de circulación restringida:

1. La información que está protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente prevista en la ley.
2. La información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa.
3. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según lo previsto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres

Ley de reciente expedición, publicada en el Registro Oficial No. 175, de 5 de febrero de 2018, busca prevenir la violencia de género contra las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital así como atender y reparar a las víctimas para que, en un mediano y largo plazo, se logre erradicar efectivamente la violencia patriarcal, en todos los ámbitos de la vida social.

La ley establece directrices, planes y políticas para la prevención, atención, protección y reparación integral de las víctimas, así como también, la reeducación de los agresores o agresoras. La finalidad de la ley se enmarca en la necesidad de transformar los patrones socio- culturales y estereotipos que naturalizan, reproducen y perpetúan la violencia de género.

La principal innovación de la ley es la creación del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra

las Mujeres, que coordinará el trabajo de las instituciones públicas y privadas y administrará el Registro Único de Violencia y un Observatorio Nacional, que se encargará de la elaboración de estudios y propuestas para prevenir y erradicar las manifestaciones de violencia patriarcal.

Código Orgánico De Organización Territorial, COOTAD¹⁰

Artículo 54

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales;

Artículo 249.- Presupuesto para los grupos de atención prioritaria.- No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria.

Artículo 598.- Consejo cantonal para la protección de derechos.- Cada gobierno autónomo descentralizado metropolitano y municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán como atribuciones las formulaciones, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Los Consejos de Protección de derechos coordinarán con las entidades así como con las redes interinstitucionales especializadas en protección de derechos. Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos se constituirán con la participación paritaria de representantes de la sociedad civil, especialmente de los titulares de derechos; del sector público, integrados por delegados de los organismos desconcentrados del gobierno nacional que tengan responsabilidad directa en la garantía, protección y defensa de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; delegados de los gobiernos metropolitanos o municipales respectivos; y, delegados de los gobiernos parroquiales rurales. Estarán presididos por la máxima autoridad de la función ejecutiva de los gobiernos metropolitanos o municipales, o su delegado; y, su vicepresidente será electo de entre los delegados de la sociedad civil.

Ley Orgánica de Comunicación

Artículo 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen. Se prohíbe:

¹⁰ Registro Oficial Suplemento 303 de 19-oct.-2010 Ultima modificación: 16-ene.-2015

Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 17

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad;
2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso;
3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso;
4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrollan; y,
5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores acusados o sentenciados por delitos o faltas.

Aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de su representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los derechos de su representado.

Los artículos 32, 66 y 67 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) están relacionados con la prevención de la violencia y la protección a las víctimas.

Art. 32. Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos, acciones desde sus propias formas y espacios en su lengua natal, sin discriminación ni estigmatización alguna.

Art. 66.- Contenido Violento- (…) se entenderá por contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física, psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad

Art. 67.- Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso.

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no pueden suplir a la ley.

Art. 10.- Normas deontológicas- Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para difundir información y opiniones:

1. Referidos a la dignidad humana:

1. Respetar la honra y la reputación de las personas;
2. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y,
3. Respetar la intimidad personal y familiar.
4. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud;
5. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías o discapacidades;
6. Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde se haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas;
7. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad competente;

h) Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia; y,

i) Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento.

El incumplimiento de las normas deontológicas estable­cidas en este artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley.

Acuerdo Ministerial No. 006, Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES –

El Acuerdo No. 006, de estricto cumplimiento para las/os funcionarias/os del MIES, entró en vigencia el 22 de enero del 2018 a fin de determinar las directrices, principios y lineamientos que regularán la actuación de quienes detecten violencia física, psicológica y sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, en cualquier modalidad de servicio de atención intra y extra-mural, público o privado bajo regulación del MIES.

18 – Miércoles 6 de febrero de 2019 Registro Oficial N° 422

El principio rector del interés superior de la niñez; la confidencialidad, el principio pro persona, la importancia del relato, la irrelevancia del consentimiento y, el síndrome de adaptación a la violencia, se constituyen en los principales fundamentos de este Acuerdo.

Al respecto, es importante que en todo momento se garantice el derecho del niño, niña o adolescente a que sus relatos y opiniones sean escuchados y tomados en cuenta en todas las etapas de un proceso legal, lo que supone crear medios adecuados para así hacerlo; sin embargo, es imperativo considerar que el consentimiento —en el caso de delitos sexuales— es irrelevante para una persona menor de 18 años, de acuerdo con lo que determina la legislación penal.

El Acuerdo pone de relevancia el proceso de naturalización de la violencia en las mismas víctimas, quienes pueden adaptarse, lo que imposibilita la toma de decisiones que logren alejarlas/os de sus agresores/as y denunciarlos, generando estados de sumisión y miedo.

6. Marco Programático

6.1 El Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres

Se estableció como política de Estado la erradicación de la violencia de género en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Este plan articula las instituciones y generación de acciones y medidas de política pública para lograr este objetivo. El Decreto No. 620 dispuso la creación de una Comisión de Coordinación Interinstitucional del más alto nivel, presidida por el Ministro o Ministra del Interior.

Con la expedición de la Ley de los Consejos de Igualdad (2014), se incluyó a los Consejos de Igualdad de Género e Intergeneracional en la que se establece en sus Disposiciones Reformatorias: «Primera.- En los artículos 47, letra b; 9, 15, 43 agregados luego del artículo 125; 170 inciso final, 183,188,195, 300 y 388 del Código de la Niñez y Adolescencia Sustitúyase la frase «Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia» por «Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social», en su calidad de rector de la política pública de protección social integral» y, finalmente, mediante Decreto No. 438, de 1 de septiembre de 2014, se dividió la competencia de coordinación del Plan entre el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Ministerio del Interior. Se entregó al MJDH las atribuciones de definir y coordinar la política de violencia de género, mientras que, al Ministerio del Interior se le atribuyeron las funciones de gestión y control de la política pública de seguridad ciudadana. En el año 2015, se integró a la Comisión de Coordinación, al Consejo de la Judicatura y a la Asamblea Nacional.

En aplicación de estos mandatos se delineó un Plan de Acción con cuatro ejes estratégicos:

1. La transformación de patrones socioculturales;
2. El fortalecimiento del Sistema de Protección Integral;
3. El Sistema Único de Registro e Información e Institucionalidad y;

4. El fortalecimiento del acceso a la justicia; ejes que fueron recogidos por la Ley de Violencia contra las Mujeres, recientemente promulgada, pero que requiere un esfuerzo muy grande de coordinación para asegurar el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de prevenir, atender y reparar a las víctimas de la violencia.

6.2 Plan Nacional de Desarrollo

El artículo 280 de la Constitución establece que el Plan Nacional de Desarrollo «es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores».

Instrumento de obligatorio cumplimiento para el sector público que reconoce la importancia de «promover el desarrollo integral de los individuos durante todo el ciclo de vida»; considera a los sujetos titulares de derechos como primera prioridad para el desarrollo del país. Los principios de transparencia, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación encaminan a, entre otros aspectos, plantear acciones para la reafirmación y ejercicio pleno de derechos de niños, niñas, adolescentes y de más grupos considerados de atención prioritaria, en el reconocimiento pleno de su diversidad.

El Plan considera prioridad la erradicación «de diferentes formas de violencia, principalmente respecto a mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, promoviendo un sistema de prevención, protección, atención integral». Contempla, también, la creación de un Sistema de Protección Integral que contribuya a erradicar la pobreza, hasta lograr la justicia y la equidad, a prevenir la «vulneración de derechos, a proteger y apoyar a la restitución de los derechos de quienes más lo necesitan, entre quienes sobresalen… niños, niñas y adolescentes…».

El Plan Nacional de Desarrollo determina el fortalecimiento del”…Sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y adolescencia; así como la institucionalidad cuya gestión responde a la garantía de derechos para este grupo de atención prioritaria.

Corresponde en este sentido a las entidades competentes el diseño de política pública específica que responda a las distintas problemáticas planteadas por los colectivos en defensa de la niñez y la adolescencia» (SENPLADES, 2017). Este Plan debe articularse al Plan Nacional de Desarrollo «Toda una vida», para asegurar su ejecución, presupuestación y debido monitoreo y seguimiento.

6.3 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Este Plan se enmarca en el objetivo de desarrollo sostenible 16: «Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles». A partir de ahí, se orienta a lograr las

Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 19

siguientes metas: «Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños.»

Para la implementación del objetivo 16, el Ecuador debe asumir como importante insumo la Estrategia Inspire (2016), liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y otros organismos internacionales, con la cual se hace un llamado a poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia desde una perspectiva de salud pública. Esto permitirá alinear los objetivos nacionales a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), optar por fuentes de financiamiento, cooperación y asesoría técnica, e impulsar conjuntamente reformas legales e institucionales y asistencia técnica y tecnológica. Inspire pretende ayudar a los países y a las comunidades a alcanzar diversas metas fijadas por los (ODS), en particular las siguientes: Meta 16.2: «poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños». Meta 5.2: «eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación». Y meta 16.1: «reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo».

7. Análisis de la Situación de Violencia

Para el 2021, el INEC estima que 5.990.030 ecuatorianos tendrán menos de 18 años, lo que implica que un alto número de ecuatorianos y ecuatorianas serán menores de edad.

En nuestro país, una investigación realizada en 1998 por el Instituto Nacional del Niño y la Familia, reportó que un 20% de los niños víctimas de maltrato habrían sufrido discapacidad temporal o definitiva, producto de la violencia. 21,4% de niñas, niños y adolescentes (NNA) en el Ecuador han sido víctimas de alguna forma de abuso sexual.

El 47%) de los niños y adolescentes afrodescendientes es golpeado por sus progenitores cuando cometen una falta, frente al 29%> de los mestizos y al 42%> de los indígenas. El maltrato por parte de profesores registra un 26%> en el 2015, mientras que en el 2010 era de 30% (ENAI, 2016).

En la Encuesta de Niñez y Adolescencia desde la intergeneracionalidad se evidencia el traspaso intergeneracional de la violencia, así, el 19% de los padres, madres o cuidadores indicaron que fueron maltratados en su niñez.

El 39% de los niños y adolescentes que viven en hogares donde sus progenitores fueron en el pasado maltratados, hoy son golpeados. Esta cifra se reduce al 27% en aquellos niños y niñas que viven en hogares donde sus cuidadores no sufrieron maltrato en el pasado (ENAI, 2016).

En el año 2000, el 40% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años eran golpeados por sus padres y madres. En el 2015 la cifra es del 33% (ENAI, 2016). En 15 años apenas se ha disminuido en un 7%.

Respecto de la violencia entre enamorados, se observó en la ENAI 2015 que el 29% de niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años tiene pareja. De esto, el 21% dice que ha sufrido maltrato físico o psicológico, independientemente del sexo del agresor y del agredido.

Seis de cada diez estudiantes han sido víctimas de violencia escolar. 26% de quienes sufren acoso escolar afirma que han intentado suicidarse. (OP, World Vision y UNICEF, 2016).

Según datos del INEC, entre 2009 y 2014, alrededor de 6.700 niñas entre 12 y 16 años, conviven en unión libre o están casadas (Rosero y Fariña, 2016) lo que significa que el 3% de adolescentes vive o ha vivido en pareja o en situación de matrimonio infantil forzado. A esto se suman más de 45 mil adolescentes mujeres que son madres. Del total de muertes maternas, el 14% corresponde a adolescentes. 5.200 niñas y adolescentes son víctimas de trata con fines de explotación sexual.¹¹

Como se indicó arriba, 21,4% de niños, niñas y adoles­centes en el Ecuador han sido víctimas de alguna forma de abuso sexual; según expertos, una víctima de abuso requiere por lo menos 20 sesiones de terapia psicológica continua para recuperar el equilibrio emocional. Esto implicaría que todas las víctimas de abuso sexual (21,4% equivalente a 1.277.971,00 niños, niñas y adolescentes aproximadamente, requerirían 25.559.420 de sesiones). Si el costo promedio de una sesión de terapia es de USD $40,00 el país requeriría invertir 1.022.376.800,00 para reparar los derechos de las víctimas.

Según las dos encuestas realizadas en Ecuador sobre abuso sexual, en el 80% de los casos, el abusador es alguien allegado a la víctima.

La Policía Nacional ha informado que el mayor número de niños reportados como perdidos, escapan de sus casas por ser víctimas de violencia o abusos.

Por otra parte, la DINASED reporta que en 2016 ocurrieron 80 femicidios en el Ecuador. Lo que no se reporta es cuántos niños, niñas y adolescentes quedan en situación de orfandad, pues sus padres están presos, prófugos o se han suicidaron.

De otro lado, el «Atlas de las Desigualdades» señala «Cabe destacar, sin embargo, que avances significativos se registraron a partir del año 2009, cuando el MIES-INFA, creó y puso en funcionamiento la primera red pública de servicios especializados para atender a las víctimas del maltrato infantil y el abuso sexual. Actualmente el país cuenta con 83 Centros de Protección de Derechos que actúan en coordinación estrecha con la justicia, atendiendo a cerca de 30.000 casos anuales» (SENPLADES).

Punto aparte requiere el análisis de la administración de justicia, pues en el contexto de cambios institucionales, se

¹¹ Rosero, Rocío. Prevención, atención y erradicación de las violencias de género contra mujeres y niñas en Ecuador. ECUADOR DECIDE. Grupo FARO, 2017.

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perdió la especialidad en el tratamiento a las violaciones de los derechos de la niñez y adolescencia que tenían los 35 Juzgados de Niñez y Adolescencia al crearse las Unidades Judiciales de Niñez, Mujer y Familia.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado, a través de su Departamento de Política Criminal, levantó un informe que detalló: en el 2015 se presentaron 79 denuncias por contactos con menores de 18 años con finalidad sexual a través de medios electrónicos; en el 2016 la cantidad de denuncias subió a 102 y para el año 2017 a 157. Respecto de pornografía infantil, para 2015 se presentaron 64 denuncias, en 2016 un total de 96 y para 2017 existieron 107 denuncias.

La violencia en los medios de comunicación

A pesar de las prohibiciones y sanciones expresas tanto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia como en el Código Integral Penal y de la Ley Orgánica de Comunicación, múltiples son las noticias y reportajes sobre violencia a niñas, niños y adolescentes que irrespetan el marco normativo, la identidad y el derecho al buen nombre, como también los colocan en situación de mayor vulnerabilidad.

Además de crear un imaginario equívoco, se re victimiza a los sujetos de derechos y a sus familias al hacer públicos hechos que llegan a conocerse en sus comunidades y barrios donde habitan.

Además de las campañas de educomunicación que se deben iniciar para cambiar el paradigma cultural adulto céntrico, se debe superar el tratamiento de crónica roja que dan algunos medios.

8. Enfoques

La naturalización de los distintos tipos de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes ha sido una constante preocupación que ha llegado a establecer acuerdos internacionales para combatirla. En la implementación de la Convención, el Comité de los Derechos del Niño planteó a los Estados parte, a través de la Observación General No. 8, tomar las medidas necesarias, legislativas, educativas y otras, a fin de prohibir y eliminar todos los castigos corporales y demás formas de castigo crueles o degradantes de los niños, niñas y adolescentes, «para ello se requiere de enfoques y principios que contribuyan a la definición de criterios conceptuales y metodológicos que articulen el conjunto de leyes, políticas, regulaciones y servicios requeridos (…) Estos enfoques interpelan a todas las políticas, los planes y programas destinados a los niños, niñas, adolescentes y sus familias, donde el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de los mismos identifican el impacto en el desarrollo de ellos(as) y en el cumplimiento de los principios de la Convención; resguardando así que la niñez y la adolescencia sean una prioridad efectiva» (Consejo Nacional de la Infancia. Gobierno de Chile., 2015).

Enfoque de derechos

El reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos determina el cambio de algunas

convenciones sociales que fomentan la desigualdad y las relaciones de poder, mismas que soslayan su desarrollo integral.

Desde una perspectiva integral con enfoque de derechos, el reconocimiento, como sujetos plenos, deberá:

Considerar a las personas menores de 18 años como competentes en la vida familiar y social, por lo que, su derecho a participar, a ser escuchado o escuchada y a incidir en la construcción de la sociedad, en consonancia con la evolución de sus facultades, su edad y su madurez, debe ser respetado y protegido.

Reconocer que todos los niños, niñas y adolescentes tienen el mismo derecho a crecer y desarrollarse en condiciones de igualdad, a expandir sus potencialidades y a contribuir a la evolución de la sociedad.

Reconocer que los niños, niñas y adolescentes son seres integrales y, como personas demandan acciones de parte del Estado y organizaciones de la sociedad civil en materia de políticas y programas (…) Por tanto, constituye un programa de acción para los Estados que la ratifican, porque implica ajustar el ordenamiento jurídico interno del Estado a los derechos enunciados en dicho instrumento internacional. (Consejo Nacional de la Infancia. Gobierno de Chile., 2015).

Desde este enfoque, las políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia son instrumentos idóneos para el cumplimiento efectivo de sus derechos, siendo éste el referente y fin último para su diseño e implementación.

Este enfoque permite el análisis desde dos aristas, aquella que promueve acciones destinadas a evitar que los derechos sean vulnerados y fomenta, en todos los ámbitos, su desarrollo integral y, la actuación específica cuando han sido violentados.

Enfoque de resiliencia (Conducta humana basada en resiliencia)

La resiliencia potencializa determinadas características en los seres humanos; constituye la capacidad de enfrentar momentos difíciles, conflictos personales y superarlos. Permite generar actitudes y conductas vitales, fortalecer las capacidades y moldear el temperamento. Desde la teoría, la resiliencia debe ser comprendida como «un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad», (Luthar, S. & Cushing, G.), lo anterior, a partir del reconocimiento de tres elementos fundamentales: 1) la noción de la adversidad misma; 2) la manera positiva de adaptación a esa adversidad y; 3) la interacción entre mecanismos emocionales, cognitivos y culturales, que permitan sobrellevar situaciones de crisis. La finalidad de la resiliencia es llegar a tener una vida «sana» en un ambiente «nocivo».

La resiliencia es un forma de adaptación eficaz al entorno; parte del proceso evolutivo y de madurez de los individuos. Mientras más pronto se procure el desarrollo de las características resilientes en niñas, niños, más pronto serán

Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 21

personas capaces de afrontar y superar adversidades. El enfoque de resiliencia no resuelve únicamente problemas a través de la prevención, permite que las personas, a lo largo de sus vidas, se preparen para nuevos retos, aprendan de la experiencia y planeen estrategias de superación. (Cristina, Villalba Quezada).

Enfoque de Género

Implica el análisis de las brechas de desigualdad existentes entre hombres y mujeres, sus relaciones y los roles asignados socialmente de acuerdo al sexo. Este análisis permite comprender la influencia de las distinciones en el quehacer social y por ende la evolución de la sociedad misma. Incluir el enfoque de género en políticas públicas implica el reconocimiento de la discriminación, violencia y desigualdades en razón del sexo o de la representación de lo femenino y masculino.

Enfoque de diversidad sexo genérica

Es un enfoque diferencial, cuyo objetivo es transversalizar en todas las actuaciones e intervenciones las necesidades particulares de la población cuya orientación sexual e identidad genérica no es heterosexual. Los prejuicios, estereotipos socioculturales y patologías sociales como la LGBTIfobia, incrementan el nivel de vulnerabilidad de la población LGBTI. Este enfoque está orientado a promover el respeto a las diferencias y reducir los niveles de discriminación.

Enfoque Generacional¹²

Todos los seres humanos nacemos con dignidad y merecemos respeto a nuestra integridad. Entre la niñez y la adultez deben establecerse relaciones de respeto, diálogo e intercambio de ideas, opiniones, en la búsqueda de un consenso que sin ignorar las responsabilidades de cuidado y protección de los adultos hacia las niñas y niños se establezcan espacios sociales, familiares y comunitarios propicios para el desarrollo de identidades infantiles independientes, propositivas y activas.

La política pública promoverá relaciones de respeto de las generaciones adultas hacia las niñas y niños y a la inversa, para que todas y todos nos tratemos bien, con dignidad y humanidad, sin autoritarismos, ni violencia, sino con cariño y amor.

Enfoque territorial

El conjunto de políticas, programas y servicios que articula esta política pública en función de la niñez y adolescencia debe considerar la realidad del área rural y urbana, la pertenencia cultural; así como las especificidades de las diferentes zonas. La Política Pública deber ser flexible y adaptable a cada territorio en función de los derechos e interés de la niñez.

¹² Sánchez Cobo, Fernando. Principios y enfoques en la formulación de políticas públicas. Mimeo. Managua. 2013.

Enfoque de Ciclo de Vida

Cada uno de las acciones en educación, salud, estimulación temprana, protección especial, protección emergente y otras áreas del desarrollo debe considerar las características de niñas y niños. Todos los programas que articule la política pública en sus procesos de implementación considerarán cada etapa evolutiva del desarrollo sicomotor, psicoafectivo y sociocultural.

Enfoque de prevención de riesgos y emergencias

Incorpora la responsabilidad de construir e implementar los servicios en una infraestructura segura en cuanto a normas técnicas antisísmicas, normas técnicas sobre instalaciones eléctricas, sanitarias, disposición de energía para cocinas, disposición de basuras. Con la debida capacitación a los madres y padres de familia para prevenir accidentes y riesgos en el hogar.

Interculturalidad

Ecuador comparte una identidad rica en su diversidad. La política pública debe promuever en las niñas y niños el respeto y desarrollo de su identidad cultural: indígena y mestiza, étnica y afro descendiente. Esta política se fundamenta en el respeto y rescate de las identidades culturales de las niñas y los niños, y la promoción del diálogo y el intercambio entre las diversas identidades culturales del país.

Inclusión

Esta política pública debe fundamentarse en el respeto a la dignidad de la persona humana, en consecuencia, todos los niños y niñas tienen derecho a la protección social y a la protección especial en caso de que sus derechos sean vulnerados. Todo niño niña y adolescente, independientemente de su condición, origen, etnia, religión, género, discapacidad, situación legal, status migratorio, serán incluidos en los procesos sociales, culturales, educativos, comunitarios, recreativos y participativos.

Integralidad

Garantizar a la niñez y adolescencia sus derechos demanda la unión de «varios esfuerzos dispersos». Los programas sociales tanto del gobierno nacional como de los gobiernos autónomos descentralizados y los mecanismos de coordinación interinstitucionales deben ser comprendidos como un sistema articulado que responde a una sola direccionalidad: garantizar a la niñez y adolescencia las condiciones necesarias para desarrollar sus proyectos de vida.

9. Plan contra la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes y Promoción de Parentalidades Positivas

9.1 Objetivo General del Plan

Contribuir a la eliminación progresiva de las causas que generan la violencia física, psicológica y sexual contra

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niños, niñas y adolescentes, con especial énfasis en aquellos y aquellas en situación de vulnerabilidad y riesgo, mitigar los efectos producto de las causas originales y promover relaciones parentales saludables, a través de la corresponsabilidad Estado – sociedad y la familia.

9.2 Meta

Este plan se plantea una meta a diez años. Al implementarlo hasta el 2029, el Ecuador habrá disminuido la violencia física, sexual y psicológica, en lo institucional, social y familiar, al menos en 70%. La meta para el 2021 es reducirla en un 35% en cada una de las formas de violencia descritas.

Descripción

9.3 Ejes

Eje 1: Transformación de patrones socioculturales que vulneran el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.

Eje 2: Construcción de entornos protectores para el pleno desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

Eje 3: Participación de niñas, niños y adolescentes en el ciclo de la política pública.

Eje 4: Promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales e intersectoriales.

Eje 1: Transformación de patrones socioculturales que vulneran el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.

OE 1: Generar información para el dimensionamiento, formulación de políticas públicas y seguimiento a la evolución de

la violencia contra niñas, niños y adolescentes

Actividades

Actores corresponsables

a) Diseñar y emitir protocolos para la realización de estudios e investigaciones en las que se indague sobre la situación de niñas, niños y adolescentes y homologar conceptos básicos.

MIES – CNII – MINEDUC – INEC – SENPLADES

b) Diseñar e implementar un plan de investigación sobre protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes que incluya:

MIES – CNII – MINEDUC – INEC – SENPLADES -GAD-

i. Investigaciones específicas sobre factores de riesgo y factores detonadores de violencia contra niñas, niños y adolescentes en distintos contextos, y para grupos con mayor probabilidad de ser víctimas de violencia.

ii. Investigaciones sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes considerando sus especificidades: discapacidad, autoidentificación étnica, población LGBTI y residencia en zonas de frontera.

Organizaciones de la Sociedad Civil- MIES – CNII -MINEDUC – INEC – SENPLADES – GAD

Organizaciones de la Sociedad Civil – Consejos para la Igualdad.

c) Generar y fortalecer registros administrativos sobre factores de riesgo y casos de violencia en coordinación con los ministerios sectoriales prestadores de servicios y otros actores del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia.

MIES – MSP – MINEDUC – JCPD

especializadas – MI – Fiscalía — Consejo de la

Judicatura.

d) Diseñar e implementar un sistema de registro único nominal de atención y seguimiento a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y emitir protocolos para el uso de los registros administrativos y el registro único.

MIES – MSP – MINEDUC – JCPD especializadas – MI – Fiscalía — Consejo de la Judicatura — SENPLADES-Organizaciones de la sociedad civil.

e) Generar registros administrativos sobre niñas, niños y adolescentes en condición de movilidad humana y realizar acciones de coordinación con las autoridades centrales de los países de origen y de frontera.

MIES – MSP – MINEDUC – CNII – JCPD especializadas – Fiscalía – Consejo de la Judicatura – SENPLADES – Consejo Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana – Ministerio de Relaciones Exteriores.

f) Diseñar, aplicar y difundir periódicamente encuestas nacionales sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes (cada 4 años).

INEC – CNII – MIES – MINEDUC- SENPLADES.

g) Coordinar con las organizaciones de la sociedad civil para la generación y análisis de información y articular con el plan de investigación sobre la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes.

MIES – MSP – MINEDUC – CNII – JCPD especializadas – MI – Fiscalía — Consejo de la Judicatura- SENPLADES

– Consejo Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana – Ministerio de Relaciones Exteriores -Organizaciones de la Sociedad Civil.

h) Difundir información para dotar de insumo s a la ciudadanía para la observancia y exigibilidad de derechos y la sensibilización de los servidores y servidoras públicas sobre esta problemática a nivel nacional.

CNII – MIES – MSP – MINEDUC -JCPD especializadas — Fiscalía — Consejo de la Judicatura – SENPLADES – Consejo Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana – Ministerio de Relaciones Exteriores – SECOM -GAD.

Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 23

i) Sistematizar lecciones aprendidas en el abordaje de la prevención, atención y restitución de derechos a nivel nacional.

CNII – MIES – MSP – MINEDUC -CCPD-JCPD especializadas – MI – Fiscalía — Consejo de la Judicatura – SENPLADES – Consejo Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana -Ministerio de Relaciones Exteriores – GAD.

j) Generar una línea de producción de información periódica e investigación específica sobre trabajo infantil, que permita contar con elementos para el diseño de estrategias coherentes con la realidad local (incluye encuesta cuatrianual).

CNII – GAD – MIES – MDT – MSP – MINEDUC -INEC — SENPLADES.

Eje 2: Construcción de entornos protectores para el pleno desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

OE 2: Reducir factores de riesgo individuales específicos para niñas y mujeres adolescentes, y para niñas, niños y adolescentes en mayores condiciones de vulnerabilidad.

Actividades

Actores corresponsables

a) Recuperar, desarrollar e implementar Metodologías específicas para fortalecer Capacidades de autoprotección a niñas y adolescentes mujeres, prevención de violencias y empoderamiento

MINEDUC – CNII – MSP – CNI-Organizaciones de la Sociedad Civil.

b) Prevenir el embarazo en niñas y adolescentes mediante acciones orientadas a:

iii. Empoderar a la población en edad fértil para la toma de decisiones libres y responsables para alcanzar sus proyectos de vida mediante el acceso a información, educación y asesoría sobre sexualidad y reproducción basadas en conocimientos científicos y enfoques de derechos.

iv. Incidir en la transformación de patrones socioculturales, que incrementan las inequidades sociales, limitan las decisiones autónomas, la igualdad, promoviendo el diálogo intrafamiliar.

v. Coordinar con el ente rector para garantizar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva y fortalecer la atención a las víctimas de violencia de género con calidad, enfoque de derechos, género, interculturalidad e intergeneracional dirigido a personas en edad fértil.

vi. Fortalecer la participación de adolescentes y jóvenes que contribuya a la generación de espacios y estrategias empoderadoras, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, para la construcción y cumplimiento del proyecto de vida.

MINEDUC – MSP — CNII – MIES – CNI -Organizaciones de la Sociedad Civil.

c) Implementar modalidades de cuidados alternativos a la internación para la disminución significativa de la institucionalización con fines de protección.

MIES – Consejo de la Judicatura -Instituciones del SNDPIDNA.

d) Fortalecer las capacidades para la autoprotección y empoderamiento de niños, niñas y adolescentes en riesgo o privados de cuidados parentales.

MIES

e) Sin perjuicio a la rigurosidad con la que deben llevarse los procesos de adopción, reducir los tiempos en los mismos.

MIES – Asamblea Nacional — Consejo de la Judicatura Instituciones del SNDPIDNA.

f) Diseñar e implementar una estrategia para la prevención del suicidio y atención en casos de adolescentes.

MSP – INEC – CNII – MIES – MINEDUC-SENPLADES.

g) Generar mecanismos y rutas de atención para niñas, niños y adolescentes que presentan mayores factores de riesgo individual, tales como problemas de salud mental y/o consumos problemáticos de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

MSP

h) Promover el acceso, uso e interacción adecuada, responsable sana, segura y constructiva de las tecnologías de la información y comunicación que impulse el desarrollo integral y el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

MINTEL-MINEDUC-MIES.

i) Potenciar el enfoque de derechos que se trabaja de manera transversal en el currículo nacional, en todos los niveles educativos, de manera especial en: derecho a la autodeterminación informativa, identidad y reputación digital y responsabilidad de uso de redes sociales y otras que se consideren necesarias; así como la formación a docentes para el abordaje de estos temas en el aula.

MINENDUC-MINTEL-MIES.

24 – Miércoles 6 de febrero de 2019 Registro Oficial N° 422

j) Socializar y difundir los derechos de los niños niñas y adolescentes, a la autodeterminación informativa, identidad y reputación digital y responsabilidad de uso de redes sociales (Internet sana, segura y constructivo)

MINTEL-MINEDUC-MIES.

k) Gestionar la adhesión del Estado ecuatoriano al «Convenio sobre la ciberdelincuencia» (Convenio de Budapest)

MINTEL- RELACIONES EXTERIORES-MIES

OE 3: Prevenir e intervenir en las situaciones de violencia contras las niñas, niños y adolescentes en los entornos cotidianos.

Actividades

Actores corresponsables

a) Fortalecer al talento humano que trabaja en desarrollo infantil integral y otros servicios orientados a personas menores de 18 años edad en la prevención, detección y atención de víctimas de violencia

MIES – MSP – MINEDUC.

b) Incluir en los criterios de priorización de usuarios de servicios de desarrollo infantil a aquellas niñas y niños que tengan mayores riesgos de sufrir violencia.

MIES-MINEDUC.

c) Prevenir la violencia en el sistema educativo y atender integralmente a víctimas de violencia

MINEDUC.

d) Desarrollar e implementar metodologías educomunicacionales culturalmente pertinentes para trabajar con las familia aspectos vinculados con las parentalidades respetuosas y corresponsabilidad familiar, igualdad de género y construcción de entornos saludables (protectores).

MINEDUC – MIES – MSP – SECOM.

e) Generar espacios de diálogo con las familias, a fin de fortalecer los factores protectores de las niñas y niños.

MINEDUC – MIES – MSP.

f) Fomentar la participación social activa en Defensorías comunitarias, consejos de planificación local, asambleas comunitarias para la protección de niñas, niños y adolescentes, y generar mecanismos de acompañamiento para su sostenibilidad.

GAD – Consejos Cantonales de Protección de Derechos – CNII – MIES- Organizaciones de la Sociedad Civil.

g) Contar con un protocolo de actuación interinstitucional para abordar la atención integral a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

CNII – MIES – MSP – MINEDUC – JCPD specializadas – MI – Fiscalía – Consejo de la Judicatura – Ministerio de Relaciones Exteriores – CCPD – GAD.

h) Involucrar a todos los medios de comunicación para un adecuado manejo de noticias y de imágenes referidos a violaciones de derechos de la niñez y adolescencia

CNI-SECOM-MIES-FISCALÍA-CONSEJO DE LA JUDICATURA

i) Promover la firma del compromiso ético a todos los entrenadores deportivos y docentes de educación física para erradicar la violencia de todas las prácticas deportivas, públicas, privadas y profesionales.

Secretaría del Deporte-MINEDUC- MIES

OE 4: Fortalecer la estrategia de prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente.

Actividades

Actores corresponsables

a) Realizar el seguimiento y control del trabajo Infantil y adolescente protegido (mayores de 15 años).

MDT – CNII.

b) Implementar programas para el desarrollo de habilidades blandas para adolescentes expuestos al trabajo temprano.

MDT-MIES

c) Detectar, referir y atender a niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil.

MIES – MINEDUC – MSP – GAD – MI.

d) Diseñar modalidades pertinentes para los servicios de prevención y erradicación del trabajo infantil.

MIES.

e) Restituir el derecho a la educación a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en trabajo infanto-adolescente.

MINEDUC

f) Analizar y diseñar mecanismos específicos para prevenir el trabajo infantil en hogares de personas en movilidad humana (población venezolana, kenyana, haitiana, entre otras).

MIES – Ministerio de Relaciones Exteriores, MINEDUC – MSP – GAD.

g) Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la regulación del trabajo adolescente y la erradicación del trabajo infantil

MIES – CNII – Consejos Cantonales de Protección de Derechos.

Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 25

h) Fortalecer capacidades en jueces y miembros de las Juntas de Protección de Derechos en lo relativo al abordaje de la problemática del trabajo infantil

Consejo de la Judicatura – MIES.

i) Fortalecer la articulación entre los organismos del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, y la sociedad civil para el abordaje del trabajo infanto-adolescente.

MIES – MDT – Consejos

Cantonales de Protección de Derechos – CNII – Organizaciones de la Sociedad Civil – MIPRO – MAG.

j) Generar procesos de sensibilización y educomunicación para transformar patrones culturales que favorecen el trabajo infantil doméstico, con énfasis en niñas y adolescentes mujeres

MIES – MINEDUC – MSP – CNII – CNIG MIPRO — MAG — SECOM

k) Generar información para identificar aquellos sectores que son expulsores y generar estrategias específicas de prevención y atención.

MIES – GAD municipales – CCPD

1) Articular la estrategia de trabajo infantil, con otras entidades orientadas a mejorar las condiciones económicas de las familias y las comunidades

MIES – MINEDUC – MSP – CNII -MIPRO—MAG – GAD.

m) Generar espacios para el intercambio de experiencias y buenas prácticas de organizaciones y comunidades que abordan en trabajo infanto- adolescente.

MIES – CNII – GAD – Organizaciones de la Sociedad Civil.

n) Impulsar la emisión del sello de certificación «empresas libres de trabajo infantil».

OE 5: Generar espacios públicos protectores para niñas, niños y adolescentes

Actividades

Actores corresponsables

a) Diseñar y promover la implementación de estándares para espacios públicos protectores para niñas, niños y adolescentes (parques, calles, transporte público, espacios deportivos).

GAD municipal – MTDUVI – CNII – CNIG-Consejos Cantonales de Protección de Derechos.

b) Diseñar estrategias específicas para la prevención de la violencia en espacios públicos hacia niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de pueblos y nacionalidades y LGBTI.

GAD municipal – CNII – CONADIS -CNIG – CNIPN — Consejos Cantonales de Protección de Derechos -MIES.

c) Diseñar una campaña comunicacional orientada a modificar patrones culturales adulto centristas y machistas que violenten los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

MIES – CNII – CNIG – SECOM.

OE 6: Prevenir la utilización de niñas, niños y adolescentes en diferentes delitos: tráfico y micro tráfico, conflictos armados, trata con fines explotación sexual y laboral.

Actividades

Actores corresponsables

a) Sensibilizar a las familias y comunidades sobre los riesgos del involucramiento de niñas, niños y adolescentes en actividades criminales.

MIES – MSP – MINEDUC – MJDH – MDI Fiscalía.

b) Generar prestaciones de atención integral a familias en las que existan alto riesgo de involucrarse en actividades criminales (atención psicológica y social).

MI – MJDH – MIES.

c) Sensibilizar y capacitar de forma especializada a las y los funcionarios de los distintos servicios del Estado, para la prevención, detección y atención.

MI – MJDH – MIES – Consejo de la Judicatura – Fiscalía.

d) Incluir en las acciones de prevención actividades orientadas a generar medios de vida para las víctimas y las familias de las víctimas.

MIES – IEPS – MAG – MIPRO.

Eje 3: Participación de niñas, niños y adolescentes en el ciclo de la política pública.

OE 7: Fomentar la participación de las niñas, niños y adolescentes.

Actividades

Actores corresponsables

a) Generar procesos que promuevan la actoría de niñas, niños y adolescentes.

CNII – CPCCS.

b) Diseñar mecanismos de incidencia para la incorporación de representantes de la niñez y adolescencia en el ciclo de la política pública y en las instancias de planificación local.

CNII-GAD

c) Definir el campo de acción de los Consejos Consultivos de Niñez y Adolescencia.

MIES – CNII.

26 – Miércoles 6 de febrero de 2019 Registro Oficial N° 422

d) Apoyar a la formulación de planes de trabajo de los Consejos Consultivos de Niñez y Adolescencia.

CNII-GAD / Consejo Cantonal de Protección de Derechos.

e) Fortalecer la acción de los gobiernos estudiantiles en la gestión de las unidades educativas que apoyen la acción contra el acoso escolar y la formulación y ejecución de códigos de convivencia

MINEDUC-CNI-CCPD

Eje 4: Promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales e intersectoriales

OE 8: Fortalecer la institucionalidad pública nacional y local, y los modelos de atención con base en la protección y restitución de derechos

Actividades

Actores corresponsables

a) Fortalecer y articular sistemas y redes locales de protección integral de derechos.

MIES – CNII – GAD Cantonal – Consejos Cantonales de Protección de Derechos.

b) Evaluar y fortalecer el sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y adolescencia (Juntas de Protección de Derechos, Defensorías Comunitarias, Consejos Cantonales de Protección Derechos).

MIES – CNII – GAD Cantonal – Consejos Cantonales de Protección de Derechos.

c) Recuperar la especificidad de la niñez y adolescencia en el sistema de administración de justicia.

Asamblea Nacional – Consejo de la Judicatura – CNII – MIES.

d) Generar mecanismos para la atención integral (prevención, atención y restitución de derechos) a través de la articulación interinstitucional.

CNII – MIES – MSP – MINEDUC -JCPD especializadas – MI – Fiscalía — Consejo de la Judicatura- CCPD – GAD.

e) Articular redes interinstitucionales del Estado, GAD, la sociedad civil y generar sinergia en el trabajo en conjunto.

CNII – MIES-MSP- MINEDUC-JCPD especializadas – MI – Fiscalía — Consejo de la Judicatura- CCPD – GAD – Redes y organizaciones de la sociedad civil.

f) Sensibilizar a jueces y fiscales sobre la problemática de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y generar rutas de atención institucionales e interinstitucionales que consideren plazos.

Consejo de la Judicatura – Defensoría del Pueblo – CNII – CNIG – MIES.

g) Desarrollar programas permanentes de formación y capacitación a todos los operadores de servicios en las problemáticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes que son abordadas por el sistema de justicia.

MINEDUC-MSP-MI-Policía-MIES-Consejo de la Judicatura

OE 9: Fortalecer marcos normativos para la erradicación la violencia hacia niñas, niños y adolescentes

Actividades

Actores corresponsables

a) Análisis y reforma de la normativa orientada a prevenir, atender, sancionar y restituir derechos de niñas, niños y adolescentes

Asamblea Nacional – MIES – CNII -Organizaciones de la Sociedad Civil.

b) Revisar la legislación nacional relacionada al mecanismo administrativo de protección de derechos, a fin de armonizar y establecer la rectoría del mecanismo en mención.

MIES – CNII – Asamblea Nacional — GAD municipal. Asamblea Nacional – MIES – CNII – Organizaciones de la Sociedad Civil.

c) Revisar el sistema de responsabilidad penal adolescente.

Asamblea Nacional MIES – CNII – Organizaciones de la Sociedad Civil.

d) Sensibilizar a la población y a las y los servidores sobre la normativa orientada a prevenir, atender y restituir derechos de niñas, niños y adolescentes.

Asamblea Nacional – MIES – CNII -Organizaciones de la Sociedad Civil.

10. Hoja de Ruta para la Implementación del Plan a Cuatro Años.-

Estrategias

Acciones de política

100 días

1 año

4 años

1. Articulación de nuevos profesionales.

2.1. Creación de redes de profesionales articuladas con los servicios públicos.

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2.2. Alternativa dispuesta por la SENESCYT para especialidades psicológicas.

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2.3. Campaña de motivación y sensibilización a bachilleres.

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2.4. Coordinación con el Ministerio de Salud Pública para psicología rural.

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2.5. Capacitación a personal de servicios, 911, Policía y Función Judicial sobre normativa y procedimientos actualizados y emergentes contra la violencia.

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Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 27

3. Incremento de presupuesto de inversión.

3.1. Promover la cooperación Internacional mediante un contrato de préstamo a 25 años para mejoramiento de la calidad de los servicios y ampliación de cobertura con modalidades alternativas y fortalecimiento institucional de programas contra la violencia.

X

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X

3.2. Fortalecimiento y ampliación de las juntas Cantonales de protección de derechos confinanciamiento de los GADM.

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3.4. Implementación de modalidades alternativas

para la prevención de la violencia y cambios en los hábitos de crianza (Crianza

con ternura); Consejería civil matrimonial.

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4. Promoción de cambios institucionales, legales y de hábitos de crianza

4.1. Reformas legales al Código de Niñez y Adolescencia y leyes conexas.

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4.3. Campaña educomunicacional formativa y preventiva.

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4.4. Creación de redes de programas y servicios locales.

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4.6. Impulso de los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes (nacionales y locales) y otras formas asociativas.

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5. Control de la corrup-ción y sigilo de información.

5.1. Promoción del acompañamiento u observancia de procesos de selección de personal en la policía y sistema judicial.

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5.2. Operación de sistemas de denuncia pública.

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5.3. Participación ciudadana y veeduría social desde redes locales contra la violencia

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6.1 Diseño y

contratación de una campaña educomu-nicacional informativa y Preventiva de violencia.

6.1.1. Diseño de contenidos de la campaña.

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6.1.2. Inicio de la campaña en medios de comunicación.

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6.1.3. Ejecución de la campaña contra el acoso escolar y toda forma de violencia con los actores de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, directivos y padres de familia).

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6.1.4. Diseño y ejecución de la línea base nacional sobre violencias, monitoreo de denuncias presentadas y rendición de cuentas.

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7. Monitoreo, seguimiento, evaluación periódica y sistematización.

7.1. Diseño de un sistema de monitoreo, seguimiento, evaluación y

sistematización a todos los servicios y programas.

7.2 Evaluación de impacto al final del período del plan.

7.3. Elaboración y publicación de informes de rendición de cuentas anual y al

final de cada período de gobierno.

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X

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Nro. MJDHC-CGAJ-2019-0021-A

Sr. Mgs. Santiago Esteban Machuca Lozano COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA

JURÍDICA – DELEGADO

DEL MINISTRO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 señala que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución (…) «;

Que el artículo 11 de la Carta Magna, establece que el ejercicio de los derechos se regirán entre otros por lo determinado en el siguiente principio, numeral 5 señala: «(…) en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. «;

Que el artículo 35 de la Norma Suprema, establece que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado;

Que la Constitución, dispone en el artículo 154 que las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: «1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que los Estados Unidos de América, con fecha 1 de julio de 1985; y la República del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo número 272, de 27 de junio de 2005, se adhieren al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas de Estrasburgo de 21 de marzo de 1983;

Que en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 180 de 10 de febrero del 2014 se publica el Código Orgánico Integral Penal, mismo que entró en vigencia después de ciento ochenta días contados a partir de su publicación en el mencionado registro, los artículos 727 y siguientes determinan el procedimiento de repatriación de personas condenadas o privadas de la libertad en diferentes Centros penitenciarios;

Que el artículo 727 señala que: «Las sentencias de la jurisdicción nacional, en las que se impongan penas privativas de libertad podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado. Así mismo, las sentencias de justicia penal extranjera que impongan penas privativas de libertad a ecuatorianos, podrán ser ejecutadas en el Ecuador, de conformidad con los instrumentos internacionales o al amparo del principio de reciprocidad internacional»;

Que el artículo 728 de la norma ibídem, en su numeral 1 expresa que: «Corresponderá decidir el traslado de la persona sentenciada al Ministerio rector en materia de justicia y derechos humanos, decisión que se pondrá en conocimiento del Juez de Garantías Penitenciarias para su ejecución «;

Que el artículo 67 del Código Orgánico Administrativo, dispone que: «£7 ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades administrativos incluye, no solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones»;

Que el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo, establece que: «La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley»;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 220 de 27 de noviembre de 2007, el Presidente Constitucional de la República, creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que con Decreto Ejecutivo Nro. 410 de 30 de junio de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 235 de 14 de julio de 2010, el Presidente Constitucional de la República cambió la denominación de: «Ministerio de Justicia y Derechos Humanos» por la de: «Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos «;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 592 de 22 de diciembre de 2010, publicado en el Registro Oficial Nro. 355 de 05 de enero de 2011, el Presidente Constitucional de la República, designó al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Autoridad Central para el conocimiento y aplicación de todos los convenios que sobre materia de traslado de personas sentenciadas, cumplimiento de sentencias penales en el exterior, o de repatriaciones, sea suscriptor el Ecuador, o llegare a serlo en el futuro;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, se nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

30 – Miércoles 6 de febrero de 2019 Registro Oficial N° 422

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1266 de fecha 04 de julio de 2016, la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delega a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la suscripción de Acuerdos Ministeriales para la repatriación de ciudadanos extranjeros y nacionales privados de libertad que se encuentra cumpliendo sus condenas dentro y fuera del país, previo cumplimiento de requisitos;

Que a través de Decreto Ejecutivo Nro. 491, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador aceptó la renuncia de la doctora Rosana Alvarado Carrión al cargo de Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; y, encargó el referido Ministerio al señor Paúl Granda López;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 560 el Presidente Constitucional de la República dio por terminado el encargo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos al señor Paúl Granda y encargó la referida Cartera de Estado al señor Ernesto Pazmiño Granizo;

Que con acción de personal Nro. 004620 de 16 de noviembre de 2018, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, encargado, nombró como Coordinador General de Asesoría Jurídica al doctor Santiago Esteban Machuca Lozano;

Que mediante sentencia por el delito de asociación delictuosa para poseer con la intención de distribuir cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos, de fecha 15 de marzo de 2017, impuesta por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, División de Miami, caso número: 16-20712-CR-LENARD; número USM: 09505-104, se ha sentenciado al ciudadano Winston William Espinoza Estupiñan, a cumplir la condena de 120 meses de prisión con 5 años de libertad supervisada;

Que con solicitud o consentimiento de fecha 12 de junio de 2017 suscrito por el ciudadano ecuatoriano Winston William Espinoza Estupiñan, ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos – Dirección General de Prisiones, solicita el traslado de McRae Correctional Institution, McRae, Georgia – Estados Unidos a un Centro de privación de libertad de Ecuador.

Que mediante Oficio S/N suscrito por la Jefa de la Unidad Internacional de Traslado de Prisioneros del departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, Paula Wolf, ingresada en esta cartera de Estado el 09 de febrero 2018, en el cual manifiesta que el Gobierno estadounidense ha aprobado en fecha 10 de octubre de 2017, el traslado del ciudadano ecuatoriano Winston William Espinoza Estupiñan, para que cumpla el resto de su condena privativa de libertad en un Centro carcelario del Ecuador;

Que según el resumen de caso revisado por Timothy Wheaton, Administrador de Unidad de la Dirección Federal de Prisiones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el estado médico del connacional Winston William Espinoza Estupiñan, «Tareas habituales son restricciones medicas/autorizado para el servicio de comidas. «;

Que de acuerdo a la evaluación psicológica del resumen de caso revisado por Timothy Wheaton, Administrador de Unidad del Departamento Federal de Penitenciarías del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el connacional «Espinoza Estupiñan declaró no haber tenido problemas mentales en el pasado ni tenerlos en el presente. Los registros del Departamento de Servicios de Psicología del Centro Federal de Detención (FDC) revelan que a Espinoza Estupiñan no se le han prescrito medicamentos psicotrópicos»;

Que Timothy Wheaton, Administrador de Unidad del Departamento Federal de Penitenciarías del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo el título de «estado civil/hijos» establece en el resumen de caso que: «Espinoza Estupiñan indico que actualmente es soltero. Tuvo una relación con Sofía Clemente de 25 años de edad, la que supuestamente terminó en 2016. Según Espinoza Estupiñan, él y Clemente tiene una hija, Aynara Espinoza San Clemente, 3 años de edad, quien actualmente vive con su madre en Esmeraldas. Espinoza Estupiñan contó que anteriormente tuvo una larga relación con Erica Arboleda de 35 años de edad, que terminó aproximadamente hace cuatro años. Espinoza Estupiñan declaró que él y Arboleda tienen cuatro hijos y que los cuatro hijos fueron criados por ella en Esmeraldas (…) «;

Que mediante el sistema en línea de verificación de datos del Registro Civil del Ecuador, se corroboró que el señor Winston William Espinoza Estupiñan, con cédula de ciudadanía número 0802251272, es nacional del Estado ecuatoriano;

Que mediante Informe de Repatriación Activa No. MJDHC-CGAJ-DAI-2018-047, dirigido a la señora Coordinadora General de Asesoría Jurídica, la Directora de Asuntos Internacionales informa: «(…) analizado minuciosamente el presente expediente en su totalidad, el mismo que cumple con todas las condiciones y disposiciones legales pertinentes para el proceso de traslado-repatriación del referido connacional Winston William Espinoza Estupiñan persona privada de su libertad en los EEUU conforme lo determina el artículo 3 del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, Estrasburgo, de 21 de marzo de 1983 «; y, «(….) recomienda la suscripción del Acuerdo Ministerial, su repatriación a territorio ecuatoriano a fin de que termine de cumplir su condena privativa de libertad en un Centro de Rehabilitación Social del País»;

Que mediante el Criterio Técnico No. 074-OCN-2018, de fecha 21 de agosto de 2018; el Cptn. De Policía Jorge Clerque Zurita, Jefe de la Oficina Central Nacional Interpol Quito, remite el informe del ciudadano Winston William Espinoza Estupiñan de cuyo análisis y conclusión se desprende que: «las impresiones dactilares tomadas como objeto de análisis se corresponden; es decir fueron estampadas por una misma persona, mano y pulpejo».

Que conforme consta en los informes técnicos del expediente esta cartera de Estado considera que la repatriación del ciudadano ecuatoriano Winston William Espinoza Estupiñan, responde a cuestiones humanitarias,

Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 31

dado que la reunificación familiar, la convivencia en un ambiente propio de dicho connacional contribuirá a su efectiva rehabilitación; y,

En ejercicio de las facultades que confiere el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 67 y 68 del Código Orgánico Administrativo; 727 y 728 del Código Orgánico Integral Penal; y, el Acuerdo Ministerial N° 1266 de fecha 04 de julio de 2016;

Acuerda:

Artículo 1.- Aceptar la solicitud de repatriación del ciudadano ecuatoriano Winston William Espinoza Estupiñan, con cédula de ciudadanía No. 0802251272, con la finalidad de que se ejecute la sentencia, en la cual se impone una pena privativa de libertad al citado connacional, impuesta por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, División de Miami, caso número: 16-20712-CR-LENARD; número USM: 09505-104, de conformidad con el Convenio de Traslado de Personas Condenadas de Estrasburgo.

Artículo 2.- Disponer al/la Director/a de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, notifique con el contenido del presente Acuerdo Ministerial al/la Jefe/a de la Unidad Internacional de Traslado de Prisioneros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Dicha notificación será coordinada con el/la Director/a de Asistencia Judicial Internacional y de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Así mismo, realice todas las acciones tendientes a ejecutar el presente Acuerdo, dentro de sus competencias, asistido/a en lo que corresponda por delegados de la Oficina Nacional Central de Interpol.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, D.M., a los 08 día(s) del mes de Enero de dos mil diecinueve.

Documento firmado electrónicamente

Sr. Mgs. Santiago Esteban Machuca Lozano, Coordinador General de Asesoría Jurídica – Delegado del Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, siento como tal, que el documento que antecede en cinco fojas útiles y que corresponde al Acuerdo No. MJDHC-CGAJ-2019-0021-A de 08 de enero 2019, es igual a la que reposa en el Sistema de Gestión Documental Quipux de esta Cartera de Estado.

Quito, 10 de enero de 2019.

f.) Ing. María Isabel Alcívar Cedeño, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Nro. MJDHC-CGAJ-2019-0022-A

Sr. Mgs. Santiago Esteban Machuca Lozano COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA

JURÍDICA – DELEGADO

DEL MINISTRO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 señala que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución (…) «;

Que el artículo 11 de la Carta Magna, establece que el ejercicio de los derechos se regirán entre otros por lo determinado en el siguiente principio, numeral 5 señala: «(…) en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. «;

Que el artículo 35 de la Norma Suprema, establece que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado;

Que la Constitución, dispone en el artículo 154 que las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: «1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que los Estados Unidos de América, con fecha 1 de julio de 1985; y la República del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo número 272, de 27 de junio de 2005, se adhieren al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas de Estrasburgo de 21 de marzo de 1983;

Que en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 180 de 10 de febrero del 2014 se publica el Código Orgánico Integral Penal, mismo que entró en vigencia después de ciento ochenta días contados a partir de su publicación en el mencionado registro, los artículos 727 y siguientes determinan el procedimiento de repatriación de personas condenadas o privadas de la libertad en diferentes Centros penitenciarios;

Que el artículo 727 señala que: «Las sentencias de la jurisdicción nacional, en las que se impongan penas privativas de libertad podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado. Así mismo, las sentencias de justicia penal extranjera que impongan

32 – Miércoles 6 de febrero de 2019 Registro Oficial N° 422

penas privativas de libertad a ecuatorianos, podrán ser ejecutadas en el Ecuador, de conformidad con los instrumentos internacionales o al amparo del principio de reciprocidad internacional»;

Que el artículo 728 de la norma ibídem, en su numeral 1 expresa que: «Corresponderá decidir el traslado de la persona sentenciada al Ministerio rector en materia de justicia y derechos humanos, decisión que se pondrá en conocimiento del Juez de Garantías Penitenciarias para su ejecución «;

Que el artículo 67 del Código Orgánico Administrativo, dispone que: «El ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades administrativos incluye, no solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones»;

Que el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo, establece que: «La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley»;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 220 de 27 de noviembre de 2007, el Presidente Constitucional de la República, creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que con Decreto Ejecutivo Nro. 410 de 30 de junio de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 235 de 14 de julio de 2010, el Presidente Constitucional de la República cambió la denominación de: «Ministerio de Justicia y Derechos Humanos» por la de: «Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos «;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 592 de 22 de diciembre de 2010, publicado en el Registro Oficial Nro. 355 de 05 de enero de 2011, el Presidente Constitucional de la República, designó al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Autoridad Central para el conocimiento y aplicación de todos los convenios que sobre materia de traslado de personas sentenciadas, cumplimiento de sentencias penales en el exterior, o de repatriaciones, sea suscriptor el Ecuador, o llegare a serlo en el futuro;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, se nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la doctora Rosana Alvarado Camón;

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1266 de fecha 04 de julio de 2016, la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delega a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la suscripción de Acuerdos Ministeriales para la repatriación de ciudadanos extranjeros y nacionales privados de libertad que se encuentra cumpliendo sus condenas dentro y fuera del país, previo cumplimiento de requisitos;

Que a través de Decreto Ejecutivo Nro. 491, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador aceptó la

renuncia de la doctora Rosana Alvarado Carrión al cargo de Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; y, encargó el referido Ministerio al señor Paúl Granda López;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 560 el Presidente Constitucional de la República dio por terminado el encargo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos al señor Paúl Granda y encargó la referida Cartera de Estado al señor Ernesto Pazmiño Granizo;

Que con acción de personal Nro. 004620 de 16 de noviembre de 2018, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, encargado, nombró como Coordinador General de Asesoría Jurídica al doctor Santiago Esteban Machuca Lozano;

Que mediante sentencia por el delito de conspiración para poseer con la intención de distribuir 5 kilogramos o más de cocaína estando a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, de fecha 18 de diciembre de 2013, impuesta por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Central de Florida, División de Tampa, caso número: 8:13-cr-339-T-17AEP; número USM: 58879-018, se ha sentenciado al ciudadano Orlin Guillermo Estupiñan Perea, a cumplir la condena de 168 meses de prisión con 60 meses de libertad supervisada;

Que con solicitud o consentimiento de fecha 19 de noviembre de 2015, suscrito por el ciudadano ecuatoriano Orlin Guillermo Estupiñan Perea, ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos – Dirección General de Prisiones, solicita el traslado de Big Spring Correctional Institution, Big Spring, Texas – Estados Unidos a un Centro de privación de libertad de Ecuador;

Que mediante Oficio S/N suscrito por la Jefa de la Unidad Internacional de Traslado de Prisioneros del departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, Paula Wolf, ingresada en esta cartera de Estado el 08 de septiembre de 2017, en el cual manifiesta que el Gobierno estadounidense ha aprobado en fecha 17 de julio de 2017, el traslado del ciudadano ecuatoriano Orlin Guillermo Estupiñan Perea, para que cumpla el resto de su condena privativa de libertad en un Centro carcelario del Ecuador;

Que según el resumen de caso revisado por Administrador de Unidad de la Dirección Federal de Prisiones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el estado médico del connacional Orlin Guillermo Estupiñan Perea, «Actualmente es un recluso de nivel de cuidado 2. Se le diagnosticó con Hepatitis B «;

Que de acuerdo a la evaluación psicológica del resumen de caso revisado por Administrador de Unidad del Departamento Federal de Penitenciarías del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el connacional «Buena «;

Que el Administrador de Unidad del Departamento Federal de Penitenciarías del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo el título de «estado civil/hijos» establece en el resumen de caso que: «El recluso Estupiñan Perea está casado y tiene tres (3) hijos. Su esposa e hijos parecen vivir todos en Manta, Ecuador. Los padres del

Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 33

recluso Estupiñan Perea y cuatro (4) de sus hermanos parecen vivir todos en Ecuador. Actualmente no tiene visitantes en su lista de visitas y ha recibido 0 visitantes desde su llegada a este centro en marzo de 2014 «;

Que mediante el sistema en línea de verificación de datos del Registro Civil del Ecuador, se corroboró que el señor Orlin Guillermo Estupiñan Perea, con cédula de ciudadanía número 0802377440, es nacional del Estado ecuatoriano;

Que mediante Informe de Repatriación Activa No. MJDHC-CGAJ-DAI-2018-045, dirigido a la señora Coordinadora General de Asesoría Jurídica, la Directora de Asuntos Internacionales informa: «analizado minuciosamente el presente expediente en su totalidad, el mismo que cumple con todas las condiciones y disposiciones legales pertinentes para el proceso de traslado-repatriación del referido connacional Orlin Guillermo Estupiñan Perea persona privada de su libertad en los EEUU conforme lo determina el artículo 3 del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, Estrasburgo, de 21 de marzo de 1983»; y, «recomienda la suscripción del Acuerdo Ministerial, su repatriación a territorio ecuatoriano afín de que termine de cumplir su condena privativa de libertad en un Centro de Rehabilitación Social del país «;

Que mediante el Criterio Técnico No. 074-OCN-2018, de fecha 21 de agosto de 2018; el Sgos. De Policía Christian Paul Jiménez Pérez, Agente Operativo de la Oficina Central Nacional Interpol Quito, remite el informe del ciudadano Orlin Guillermo Estupiñan Perea de cuyo análisis y conclusión se desprende que: «las impresiones dactilares tomadas como objeto de análisis se corresponden; es decir fueron estampadas por una misma persona, mano y pulpejo”.

Que conforme consta en los informes técnicos del expediente esta cartera de Estado considera que la repatriación del ciudadano ecuatoriano Orlin Guillermo Estupiñan Perea, responde a cuestiones humanitarias, dado que la reunificación familiar, la convivencia en un ambiente propio de dicho connacional contribuirá a su efectiva rehabilitación; y,

En ejercicio de las facultades que confiere el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 67 y 68 del Código Orgánico Administrativo; 727 y 728 del Código Orgánico Integral Penal; y, el Acuerdo Ministerial N° 1266 de fecha 04 de julio de 2016;

Acuerda:

Artículo 1.- Aceptar la solicitud de repatriación del ciudadano ecuatoriano Orlin Guillermo Estupiñan Perea, con cédula de ciudadanía No. 0802377440, con la finalidad de que se ejecute la sentencia, en la cual se impone una pena privativa de libertad al citado connacional, impuesta por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Central de Florida, División de Tampa, caso número: 8:13-cr-339-T-17AEP; número USM: 58879-018, de conformidad con el Convenio de Traslado de Personas Condenadas de Estrasburgo.

Artículo 2.- Disponer al/la Director/a de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, notifique con el contenido del presente Acuerdo Ministerial al/la Jefe/a de la Unidad Internacional de Traslado de Prisioneros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Dicha notificación será coordinada con el/la Director/a de Asistencia Judicial Internacional y de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Así mismo, realice todas las acciones tendientes a ejecutar el presente Acuerdo, dentro de sus competencias, asistido/a en lo que corresponda por delegados de la Oficina Nacional Central de Interpol.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Dado en Quito, D.M., a los 08 día(s) del mes de Enero de dos mil diecinueve.

Documento firmado electrónicamente

Sr. Mgs. Santiago Esteban Machuca Lozano, Coordinador General de Asesoría Jurídica – Delegado del Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, siento como tal, que el documento que antecede en cinco fojas útiles y que corresponde al Acuerdo No. MJDHC-CGAJ-2019-0022-A de 08 de enero 2019, es igual a la que reposa en el Sistema de Gestión Documental Quipux de esta Cartera de Estado.

Quito, 10 de enero de 2019.

f) Ing. María Isabel Alcívar Cedeño, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Nro. MJDHC-CGAJ-2019-0023-A

Sr. Mgs. Santiago Esteban Machuca Lozano COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA

JURÍDICA – DELEGADO

DEL MINISTRO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 señala que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución (…) «;

34 – Miércoles 6 de febrero de 2019 Registro Oficial N° 422

Que el artículo 11 de la Carta Magna, establece que el ejercicio de los derechos se regirán entre otros por lo determinado en el siguiente principio, numeral 5 señala: «(…) en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. «;

Que el artículo 35 de la Norma Suprema, establece que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado;

Que la Constitución, dispone en el artículo 154 que las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: «1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que los Estados Unidos de América, con fecha 1 de julio de 1985; y la República del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo número 272, de 27 de junio de 2005, se adhieren al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas de Estrasburgo de 21 de marzo de 1983;

Que en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 180 de 10 de febrero del 2014 se publica el Código Orgánico Integral Penal, mismo que entró en vigencia después de ciento ochenta días contados a partir de su publicación en el mencionado registro, los artículos 727 y siguientes determinan el procedimiento de repatriación de personas condenadas o privadas de la libertad en diferentes Centros penitenciarios;

Que el artículo 727 señala que: «Las sentencias de la jurisdicción nacional, en las que se impongan penas privativas de libertad podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado. Así mismo, las sentencias de justicia penal extranjera que impongan penas privativas de libertad a ecuatorianos, podrán ser ejecutadas en el Ecuador, de conformidad con los instrumentos internacionales o al amparo del principio de reciprocidad internacional»;

Que el artículo 728 de la norma ibídem, en su numeral 1 expresa que: «Corresponderá decidir el traslado de la persona sentenciada al Ministerio rector en materia de justicia y derechos humanos, decisión que se pondrá en conocimiento del Juez de Garantías Penitenciarias para su ejecución «;

Que el artículo 67 del Código Orgánico Administrativo, dispone que: «El ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades administrativos incluye, no solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus junciones»‘,

Que el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo, establece que: «La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación,

avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley»;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 220 de 27 de noviembre de 2007, el Presidente Constitucional de la República, creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que con Decreto Ejecutivo Nro. 410 de 30 de junio de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 235 de 14 de julio de 2010, el Presidente Constitucional de la República cambió la denominación de: «Ministerio de Justicia y Derechos Humanos» por la de: «Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos «;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 592 de 22 de diciembre de 2010, publicado en el Registro Oficial Nro. 355 de 05 de enero de 2011, el Presidente Constitucional de la República, designó al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Autoridad Central para el conocimiento y aplicación de todos los convenios que sobre materia de traslado de personas sentenciadas, cumplimiento de sentencias penales en el exterior, o de repatriaciones, sea suscriptor el Ecuador, o llegare a serlo en el futuro;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, se nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1266 de fecha 04 de julio de 2016, la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delega a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la suscripción de Acuerdos Ministeriales para la repatriación de ciudadanos extranjeros y nacionales privados de libertad que se encuentra cumpliendo sus condenas dentro y fuera del país, previo cumplimiento de requisitos;

Que a través de Decreto Ejecutivo Nro. 491, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador aceptó la renuncia de la doctora Rosana Alvarado Carrión al cargo de Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; y, encargó el referido Ministerio al señor Paúl Granda López;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 560 el Presidente Constitucional de la República dio por terminado el encargo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos al señor Paúl Granda y encargó la referida Cartera de Estado al señor Ernesto Pazmiño Granizo;

Que con acción de personal Nro. 004620 de 16 de noviembre de 2018, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, encargado, nombró como Coordinador General de Asesoría Jurídica al doctor Santiago Esteban Machuca Lozano;

Que mediante sentencia por el delito de Asociación ilícita para poseer con la intención de distribuir cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos, de fecha 8 de diciembre de 2016, impuesta por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, División de Miami, caso

Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 35

número: 16-CR-20628-GAYLES; número USM: 09438-104, se ha sentenciado al ciudadano Ronald Gabriel Fuentes Quiroz, a cumplir la condena de 96 meses de prisión con 3 años de libertad supervisada;

Que con solicitud o consentimiento de fecha 16 de febrero de 2017, suscrito por el ciudadano ecuatoriano Ronald Gabriel Fuentes Quiroz, ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos – Dirección General de Prisiones, solicita el traslado de D. Ray James Correctional Institution, Folkston, Georgia -Estados Unidos a un Centro de privación de libertad de Ecuador;

Que mediante Oficio S/N suscrito por la Jefa de la Unidad Internacional de Traslado de Prisioneros del departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, Paula Wolf, ingresada en esta cartera de Estado el 6 de marzo de 2018, en el cual manifiesta que el Gobierno estadounidense ha aprobado en fecha 19 de junio de 2017, el traslado del ciudadano ecuatoriano Ronald Gabriel Fuentes Quiroz, para que cumpla el resto de su condena privativa de libertad en un Centro carcelario del Ecuador;

Que según el resumen de caso revisado por T. Green Administrador de Unidad de la Dirección Federal de Prisiones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el estado médico del connacional Ronald Gabriel Fuentes Quiroz, «Ha sido aprobado para realizar trabajo regular sin ninguna restricción médica y tiene permiso para trabajar en el servicio de alimentos «;

Que de acuerdo a la evaluación psicológica del resumen de caso revisado por T. Green, Administrador de Unidad del Departamento Federal de Penitenciarías del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el connacional «El acusado no informó tener historial alguno de problemas mentales o emocionales «;

Que T. Green, Administrador de Unidad del Departa­mento Federal de Penitenciarías del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo el título de «estado civil/ hijos» establece en el resumen de caso que: «De acuerdo a la Investigación previa a la codena (PSI), Fuentes Quiroz no es casado; sin embargo, lista a Margaret Cevallos como su esposa en su lista de teléfonos y como contacto en caso de emergencia. Tiene dos hijos con Tatiana Katiuska Tubón Pilay. Sus hijos son: Juan Carlos Fuentes Tubón, de cuatro años de edad, Y Brittany Valentina Fuentes Tubón de un año de edad. Los niños residen con su madre en Manta, Ecuador»;

Que mediante el sistema en línea de verificación de datos del Registro Civil del Ecuador, se corroboró que el señor Ronald Gabriel Fuentes Quiroz, con cédula de ciudadanía número 1312552951, es nacional del Estado ecuatoriano;

Que mediante Informe de Repatriación Activa No. MJDHC-CGAJ-DAI-2018-067, dirigido a la señora Coordinadora General de Asesoría Jurídica, la Directora de Asuntos Internacionales informa: «analizado minuciosamente el presente expediente en su totalidad, el mismo que cumple con todas las condiciones y disposiciones legales pertinentes para el proceso de traslado-repatriación del referido connacional Ronald Gabriel Fuentes Quiroz

persona privada de su libertad en los EEUU conforme lo determina el artículo 3 del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, Estrasburgo, de 21 de marzo de 1983″; y, «recomienda la suscripción del Acuerdo Ministerial, su repatriación a territorio ecuatoriano a fin de que termine de cumplir su condena privativa de libertad en un Centro de Rehabilitación Social del país»;

Que mediante el Criterio Técnico No. 074-OCN-2018, de fecha 21 de agosto de 2018; el Sgos. De Policía Christian Paul Jiménez Pérez, Agente Operativo de la Oficina Central Nacional Interpol Quito, remite el informe del ciudadano Ronald Gabriel Fuentes Quiroz de cuyo análisis y conclusión se desprende que: «las impresiones dactilares tomadas como objeto de análisis se corresponden; es decir fueron estampadas por una misma persona, mano y pulpejo”.

Que conforme consta en los informes técnicos del expediente esta cartera de Estado considera que la repatriación del ciudadano ecuatoriano Ronald Gabriel Fuentes Quiroz, responde a cuestiones humanitarias, dado que la reunificación familiar, la convivencia en un ambiente propio de dicho connacional contribuirá a su efectiva rehabilitación; y,

En ejercicio de las facultades que confiere el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 67 y 68 del Código Orgánico Administrativo; 727 y 728 del Código Orgánico Integral Penal; y, el Acuerdo Ministerial N° 1266 de fecha 04 de julio de 2016;

Acuerda:

Artículo 1.- Aceptar la solicitud de repatriación del ciudadano ecuatoriano Ronald Gabriel Fuentes Quiroz, con cédula de ciudadanía No. 1312552951, con la finalidad de que se ejecute la sentencia, en la cual se impone una pena privativa de libertad al citado connacional, impuesta por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, División de Miami, caso número: 16-CR-20628-GAYLES; número USM: 09438-104, de conformidad con el Convenio de Traslado de Personas Condenadas de Estrasburgo.

Artículo 2.- Disponer al/la Director/a de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, notifique con el contenido del presente Acuerdo Ministerial al/la Jefe/a de la Unidad Internacional de Traslado de Prisioneros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Dicha notificación será coordinada con el/la Director/a de Asistencia Judicial Internacional y de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Así mismo, realice todas las acciones tendientes a ejecutar el presente Acuerdo, dentro de sus competencias, asistido/a en lo que corresponda por delegados de la Oficina Nacional Central de Interpol.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Dado en Quito, D.M., a los 08 día(s) del mes de Enero de dos mil diecinueve.

36 – Miércoles 6 de febrero de 2019 Registro Oficial N° 422

Documento firmado electrónicamente

Sr. Mgs. Santiago Esteban Machuca Lozano, Coordinador General de Asesoría Jurídica – Delegado del Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, siento como tal, que el documento que antecede en cinco fojas útiles y que corresponde al Acuerdo No. MJDHC-CGAJ-2019-0023-A de 08 de enero 2019, es igual a la que reposa en el Sistema de Gestión Documental Quipux de esta Cartera de Estado.

Quito, 10 de enero de 2019.

f.) Ing. María Isabel Alcívar Cedeño, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Nro. MJDHC-CGAJ-2019-0024-A

Sr. Mgs. Santiago Esteban Machuca Lozano COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA

JURÍDICA – DELEGADO

DEL MINISTRO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 señala que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución (…) «;

Que el artículo 11 de la Carta Magna, establece que el ejercicio de los derechos se regirán entre otros por lo determinado en el siguiente principio, numeral 5 señala: «(…) en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. «;

Que el artículo 35 de la Norma Suprema, establece que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado;

Que la Constitución, dispone en el artículo 154 que las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: «1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que los Estados Unidos de América, con fecha 1 de julio de 1985; y la República del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo número 272, de 27 de junio de 2005, se adhieren al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas de Estrasburgo de 21 de marzo de 1983;

Que en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 180 de 10 de febrero del 2014 se publica el Código Orgánico Integral Penal, mismo que entró en vigencia después de ciento ochenta días contados a partir de su publicación en el mencionado registro, los artículos 727 y siguientes determinan el procedimiento de repatriación de personas condenadas o privadas de la libertad en diferentes Centros penitenciarios;

Que el artículo 727 señala que: «Las sentencias de la jurisdicción nacional, en las que se impongan penas privativas de libertad podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado. Así mismo, las sentencias de justicia penal extranjera que impongan penas privativas de libertad a ecuatorianos, podrán ser ejecutadas en el Ecuador, de conformidad con los instrumentos internacionales o al amparo del principio de reciprocidad internacional»;

Que el artículo 728 de la norma ibídem, en su numeral 1 expresa que: «Corresponderá decidir el traslado de la persona sentenciada al Ministerio rector en materia de justicia y derechos humanos, decisión que se pondrá en conocimiento del Juez de Garantías Penitenciarias para su ejecución «;

Que el artículo 67 del Código Orgánico Administrativo, dispone que: «El ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades administrativos incluye, no solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones»;

Que el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo, establece que: «La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley»;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 220 de 27 de noviembre de 2007, el Presidente Constitucional de la República, creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que con Decreto Ejecutivo Nro. 410 de 30 de junio de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 235 de 14 de julio de 2010, el Presidente Constitucional de la República cambió la denominación de: «Ministerio de Justicia y Derechos Humanos» por la de: «Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos «;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 592 de 22 de diciembre de 2010, publicado en el Registro Oficial Nro. 355 de 05 de enero de 2011, el Presidente Constitucional de la República, designó al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Autoridad Central para el conocimiento y aplicación de todos los convenios que sobre materia

Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 37

de traslado de personas sentenciadas, cumplimiento de sentencias penales en el exterior, o de repatriaciones, sea suscriptor el Ecuador, o llegare a serlo en el futuro;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, se nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1266 de fecha 04 de julio de 2016, la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delega a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la suscripción de Acuerdos Ministeriales para la repatriación de ciudadanos extranjeros y nacionales privados de libertad que se encuentra cumpliendo sus condenas dentro y fuera del país, previo cumplimiento de requisitos;

Que a través de Decreto Ejecutivo Nro. 491, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador aceptó la renuncia de la doctora Rosana Alvarado Carrión al cargo de Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; y, encargó el referido Ministerio al señor Paúl Granda López;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 560 el Presidente Constitucional de la República dio por terminado el encargo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos al señor Paúl Granda y encargó la referida Cartera de Estado al señor Ernesto Pazmiño Granizo;

Que con acción de personal Nro. 004620 de 16 de noviembre de 2018, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, encargado, nombró como Coordinador General de Asesoría Jurídica al doctor Santiago Esteban Machuca Lozano;

Que mediante sentencia por el delito de asociación delictuosa para poseer con la intención de distribuir cinco Kilogramos o más de cocaína estando a bordo de una embarcación sujeta a las jurisdicciones de los Estados Unidos, de fecha 19 de octubre de 2015, impuesta por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Medio de Florida, División de Tampa, caso número: 8-15-cr-132-T-23JSS; número USM: 62412-018, se ha sentenciado al ciudadano Fausto Mario Gaspar González, a cumplir la condena de 87 meses de prisión con 60 meses de libertad supervisada;

Que con solicitud o consentimiento de fecha 8 de diciembre de 2015, suscrito por el ciudadano ecuatoriano Fausto Mario Gaspar González, ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos – Dirección General de Prisiones, solicita el traslado de Great Plains Correctional Institution, Hinton, Oklahoma -Estados Unidos a un Centro de privación de libertad de Ecuador.

Que mediante Oficio S/N suscrito por la Jefa de la Unidad Internacional de Traslado de Prisioneros del departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, Paula Wolf, ingresada en esta cartera de Estado el 08 de septiembre de 2017, en el cual manifiesta que el Gobierno estadounidense ha aprobado en fecha 14 de julio de 2017, el traslado del ciudadano ecuatoriano Fausto Mario Gaspar González, para que cumpla el resto de su condena privativa de libertad en un Centro carcelario del Ecuador;

Que según el resumen de caso revisado por M. Roody, Administrador de Unidad de la Dirección Federal de Prisiones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el estado médico del connacional Fausto Mario Gaspar González, «Actualmente, Fausto Gaspar goza de una buena salud física «;

Que de acuerdo a la evaluación psicológica del resumen de caso revisado por M. Roody, Administrador de Unidad del Departamento Federal de Penitenciarías del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el connacional «Durante la entrevista, no se informó sobre ninguna condición mental»;

Que M. Roody, Administrador de Unidad del Depar­tamento Federal de Penitenciarías del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo el título de «estado civil/hijos establece en el resumen de caso que: «Soltero/ pero tiene una relación de cinco años con Erica Mercado Olivero, ellos tienen tres niños. «;

Que mediante el sistema en línea de verificación de datos del Registro Civil del Ecuador, se corroboró que el señor Fausto Mario Gaspar González, con cédula de ciudadanía número 0801851734, es nacional del Estado ecuatoriano;

Que mediante Informe de Repatriación Activa No. MJDHC-CGAJ-DAI-2018-040, dirigido a la señora Coordinadora General de Asesoría Jurídica, la Directora de Asuntos Internacionales informa: «analizado minuciosamente el presente expediente en su totalidad, el mismo que cumple con todas las condiciones y disposiciones legales pertinentes para el proceso de traslado-repatriación del referido connacional Fausto Mario Gaspar González persona privada de su libertad en los EEUU conforme lo determina el artículo 3 del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, Estrasburgo, de 21 de marzo de 1983»; y, «recomienda la suscripción del Acuerdo Ministerial, su repatriación a territorio ecuatoriano a fin de que termine de cumplir su condena privativa de libertad en un Centro de Rehabilitación Social del país «;

Que mediante el Criterio Técnico No. 074-OCN-2018, de fecha 21 de agosto de 2018; el Sgos. De Policía Christian Paul Jiménez Pérez, Agente Operativo de la Oficina Central Nacional Interpol Quito, remite el informe del ciudadano Fausto Mario Gaspar González de cuyo análisis y conclusión se desprende que: «las impresiones dactilares tomadas como objeto de análisis se corresponden; es decir fueron estampadas por una misma persona, mano y pulpejo”.

Que conforme consta en los informes técnicos del expediente esta cartera de Estado considera que la repatriación del ciudadano ecuatoriano Fausto Mario Gaspar González, responde a cuestiones humanitarias, dado que la reunificación familiar, la convivencia en un ambiente propio de dicho connacional contribuirá a su efectiva rehabilitación; y,

En ejercicio de las facultades que confiere el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 67 y 68 del Código Orgánico Administrativo; 727 y 728 del Código Orgánico Integral Penal; y, el Acuerdo Ministerial N° 1266 de fecha 04 de julio de 2016;

38 – Miércoles 6 de febrero de 2019 Registro Oficial N° 422

Acuerda:

Artículo 1.- Aceptar la solicitud de repatriación del ciudadano ecuatoriano Fausto Mario Gaspar González, con cédula de ciudadanía No. 0801851734, con la finalidad de que se ejecute la sentencia, en la cual se impone una pena privativa de libertad al citado connacional, impuesta por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Medio de Florida, División de Tampa, caso número: 8-15-cr-132-T-23JSS; número USM: 62412-018, de conformidad con el Convenio de Traslado de Personas Condenadas de Estrasburgo.

Artículo 2.- Disponer al/la Director/a de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, notifique con el contenido del presente Acuerdo Ministerial al/la Jefe/a de la Unidad Internacional de Traslado de Prisioneros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Dicha notificación será coordinada con el/la Director/a de Asistencia Judicial Internacional y de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Así mismo, realice todas las acciones tendientes a ejecutar el presente Acuerdo, dentro de sus competencias, asistido/a en lo que corresponda por delegados de la Oficina Nacional Central de Interpol.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Dado en Quito, D.M., a los 08 día(s) del mes de Enero de dos mil diecinueve.

Documento firmado electrónicamente

Sr. Mgs. Santiago Esteban Machuca Lozano, Coordinador General de Asesoría Jurídica – Delegado del Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, siento como tal, que el documento que antecede en cinco fojas útiles y que corresponde al Acuerdo No. MJDHC-CGAJ-2019-0024-A de 08 de enero 2019, es igual a la que reposa en el Sistema de Gestión Documental Quipux de esta Cartera de Estado.

Quito, 10 de enero de 2019.

f.) Ing. María Isabel Alcívar Cedeño, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

ACUERDO INTERMINISTERIAL

N° 0005

María Paula Romo Rodríguez MINISTRA DEL INTERIOR

Rosi Prado De Holguín MINISTRA DEL TURISMO

Considerando:

Que el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…) «;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República instituye que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fine y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que el articulo 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, con respecto a los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, establece en el literal b) que la protección interna, el mantenimiento y control del orden público tendrán como ente rector al Ministerio del Interior y que corresponde a la Policía Nacional su ejecución, la que contribuirá con los esfuerzos públicos, comunitarios y privados para lograr la seguridad ciudadana, la protección de los derechos, libertades y garantías de la ciudadanía y que apoyará y ejecutará todas las acciones en el ámbito de su responsabilidad constitucional para proteger a los habitantes en situaciones de violencia, delincuencia común y crimen organizado;

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 8 de 31 de agosto de 2018, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenin Moreno Garcés, nombró como Titular del Ministerio del Interior, a la doctora María Paula Romo Rodríguez;

Que mediante Decreto Ejecutivo 591 de 3 de diciembre de 2018, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenin Moreno Garcés, nombró como titular del Ministerio de Turismo, a la doctora Rosi Prado de Holguín:

Que con Decreto Ejecutivo No. 623 de 21 de diciembre de 2018, el Presidente Constitucional de la República, otorga la facultad de la entrega de los permisos de funcionamiento, al Ministerio del Interior, a través de las Intendencias generales de Policía;

Que con Acuerdo Ministerial No, 1470 publicado en el Registro Oficial 233 de 12 de julio de 2010, reformado con los Acuerdos Ministeriales 1502 y 4425 de 27 de julio de 2010 y 11 de junio de 2014 respectivamente, y

Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 39

con el Acuerdo Ministerial No 887 publicado en el Registro Oficial 226 de 20 de abril de 2018, se reguló el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en los locales y establecimientos sujetos al control del Ministerio de Turismo y del Ministerio del Interior;

Que considerando el aumento de actividades generadas por durante los feriados o descansos nacionales, se incrementan las actividades relacionadas al descanso, esparcimiento y turismo interno que se dirigirán de diversas partes de la ciudad de Quito con rumbo al Santuario de El Quinche, es necesario revisar excepcionalmente el horario funcionamiento de los locales y establecimientos sujetos al control del Ministerio del Interior y Ministerio

de Turismo, a nivel nacional, así Como el horario de expendio y consumo de bebidas alcohólicas;

En uso de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerdan:

Artículo 1.- Autorizar a nivel nacional la ampliación de los horarios de funcionamiento, del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos y locales sujetos al control del Ministerio de Turismo y del Ministerio del Interior, exclusivamente para los días lunes 31 de diciembre de 2018 y martes 1 de enero de 2019, a nivel nacional y de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de establecimiento

Fecha autorizada

Horario autorizado de funcionamiento

Horario autorizado de expendio y consumo de bebidas alcohólicas

Categoría turística

Lunes 31 de diciembre de 2018

Hasta la 3h00 am del martes 1 de enero de 2019

Hasta la 3h00 am del martes 1 de enero de 2019

No turísticos

Lunes 31 de diciembre de 2018

Hasta la 2h00 am del martes 1 de enero de 2019

Hasta la 2h00 am del martes 1 de enero de 2019

Artículo 2.- Los operativos de control se mantendrán de acuerdo a lo establecido a la normativa que rige la gestión de las Intendencias de Policía, durante las 24 horas del día, en coordinación con los funcionarios que ejercen la competencia de control por parte del Ministerio de Turismo.

Artículo 3.- El presente acuerdo interministerial, entrará en vigencia a partir de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. De su cumplimiento encárguese la Subsecretaría de regulación y control del Ministerio de Turismo: y la Subsecretario de orden público del Ministerio del Interior.

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE.- Dado En el Distrito Metropolitano de Quito a, 27 de diciembre de 2018

f.) María Paula Romo Rodríguez, Ministra del Interior.

f.) Rosi Prado de Holguín, Ministra del Turismo.

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de Unidad de Gestión Documental y A., de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito a, 21 de enero de 2019.- f.) Ilegible, Secretaría General.

Nro. ARCH-2019-0021-RES

Quito, D.M, 17 de enero de 2019

AGENCIA DE REGULACIÓN

Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

Considerando:

Que, el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador de la Carta Magna establece que: «El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia (…)

(…) Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley»;

Que, el número 11 del artículo 261 de la Carta Fundamental, establece que el Estado Central, tiene competencia exclusiva sobre los hidrocarburos;

Que, el artículo 227 de la Carta Magna, dispone que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el artículo 226 ibídem, establece que: «las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo (COA) establece: «La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado. «;

40 – Miércoles 6 de febrero de 2019 Registro Oficial N° 422

Que, el artículo 98 Ibídem contempla: «Acto administrativo. Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo.»;

Que, el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos, establece que: «El transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación, industrialización, almacenamiento y comercialización, serán realizadas directamente por las empresas públicas, o por delegación por empresas nacionales o extranjeras de reconocida competencia en esas actividades, legalmente establecidas en el país, asumiendo la responsabilidad y riesgos exclusivos de su inversión y sin comprometer recursos públicos, (…) «;

Que, el artículo 9 de la Ley de Hidrocarburos establece que la industria petrolera es una actividad altamente especializada, por lo que será normada por la Agencia de Regulación y Control, que esta normatividad comprenderá lo concerniente a la prospección, exploración, explotación, refinación, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización de los hidrocarburos y de sus derivados, en el ámbito de su competencia;

Que, el artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos, crea la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH, como organismo técnico-administrativo, encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales, extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones, u otras formas contractuales y demás personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador; y entre sus atribuciones están el control técnico de las actividades hidrocarburíferas, la correcta aplicación de la Ley de Hidrocarburos, sus reglamentos y demás normativa aplicable en materia hidrocarburífera;

Que, el artículo 65 de la Ley de Hidrocarburos, dispone que, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero establecerá las tarifas para el transporte terrestre de hidrocarburos y derivados;

Que, la Resolución Nro. 003-DIRECTORIO-ARCH-2015, publicada en el Registro Oficial No. 566 de 17 de agosto de 2015, establece: «El Instructivo para fijación de tarifas de transporte terrestre de combustibles líquidos derivados del petróleo (exceptuando GLP) «;

Que, el número 11.1.2 Gestión Ejecutiva del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH dispone: «Atribuciones y Responsabilidades. 22. Establecer tarifas para el transporte terrestre de hidrocarburos y derivados de petróleo»;

Que, mediante Resoluciones Nos. ARCH-DE-2015-0044-RES de 29 de julio de 2015, ARCH-DE-2016-0079-RES de 09 de noviembre de 2016, ARCH-2017-0008-RES de 16 de marzo de 2017; y, ARCH-2018-0248-RES de 17 de octubre de 2018, se fijan las tarifas de fletes de transporte terrestre

de combustible para las rutas principales y emergentes que la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR debe cancelar a los transportistas que realizan este servicio;

Que, mediante Memorando Nro. ARCH-DCTC-2019-0011-ME de 10 de enero de 2019, la Dirección de Control Técnico de Combustibles emite el Informe Técnico indicando que: «(…) ve conveniente se realice la rectificación de las resoluciones donde con las palabras «hasta» o «máximo» se encuentra fijado tarifas para el transporte de combustibles como un valor variable; debiéndose cambiar de tal manera que el valor sea concebido como fijo. (…)»;

Que, mediante Memorando Nro. ARCH-DAJ-2019-0006-ME de 15 de enero de 2019, la Dirección de Asesoría Jurídica, acoge el Informe Técnico pues se ajusta a las competencias establecidas en la Ley de Hidrocarburos y demás normativa aplicable, consecuentemente recomienda al Director Ejecutivo efectuar esta eliminación, para lo cual se adjunta el Proyecto de Resolución; y,

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos y el número 11.1.2 numeral 22 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH,

Resuelve:

Artículo 1.- Eliminar del texto del Artículo 1 de las Resoluciones Nos. ARCH-DE-2015-0044-RES de 29 de julio de 2015, ARCH-DE-2016-0079-RES de 09 de noviembre de 2016, ARCH-2017-0008-RES de 16 de marzo de 2017; y, ARCH-2018-0248-RES de 17 de octubre de 2018, la palabra «hasta » o máxima » según corresponda.

Artículo 2.- Dejar sin efecto cualquier norma o disposición, de igual o menor jerarquía, que se contraponga a la presente resolución.

Vigencia: La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Raúl Darío Baldeón López, Director Ejecutivo.

Nro. ARCH-2019-0022-RES

Quito, D.M., 17 de enero de 2019

AGENCIA DE REGULACIÓN

Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

Considerando:

Que, el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador de la Carta Magna establece que: «El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia (…)

Registro Oficial N° 422 Miércoles 6 de febrero de 2019 – 41

(…) Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley»;

Que, el número 11 del artículo 261 de la Carta Fundamental, establece que el Estado Central, tiene competencia exclusiva sobre los hidrocarburos;

Que, el artículo 227 de la Carta Magna, dispone que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el artículo 226 ibídem, establece que: «las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos, establece que: «El transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación, industrialización, almacenamiento y comercialización, serán realizadas directamente por las empresas públicas, o por delegación por empresas nacionales o extranjeras de reconocida competencia en esas actividades, legalmente establecidas en el país, asumiendo la responsabilidad y riesgos exclusivos de su inversión y sin comprometer recursos públicos, (…) «;

Que, el artículo 9 de la Ley de Hidrocarburos establece que la industria petrolera es una actividad altamente especializada, por lo que será normada por la Agencia de Regulación y Control, que esta normatividad comprenderá lo concerniente a la prospección, exploración, explotación, refinación, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización de los hidrocarburos y de sus derivados, en el ámbito de su competencia;

Que, el artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos, crea la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH, como organismo técnico-administrativo, encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales, extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones, u otras formas contractuales y demás personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador; y entre sus atribuciones están el control técnico de las actividades hidrocarburíferas, la correcta aplicación de la Ley de Hidrocarburos, sus reglamentos y demás normativa aplicable en materia hidrocarburífera;

Que, el artículo 65 de la Ley de Hidrocarburos, dispone que, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero establecerá las tarifas para el transporte terrestre de hidrocarburos y derivados;

Que, la Resolución Nro. 003-DIRECTORIO-ARCH-2015, publicada en el Registro Oficial No. 566 de 17 de agosto de 2015, establece: «El Instructivo para fijación de tarifas de transporte terrestre de combustibles líquidos derivados del petróleo (exceptuando GLP) «;

Que, con Oficio Nro. 12633-VMI-EST-2018 de 16 de mayo de 2018, la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR, solicita a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, «(…) se establezcan las tarifas de transporte de combustibles para las rutas requeridas, de los centros de distribución de propiedad de EP PETROECUADOR, según se detalla en el cuadro adjunto (Detalle de Rutas) «;

Que, el número 11.1.2 Gestión Ejecutiva del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH dispone: «Atribuciones y Responsabilidades. 22. Establecer tarifas para el transporte terrestre de hidrocarburos y derivados de petróleo»;

Que, mediante Memorandos Nro. ARCH-DCTC-2018-0406-ME del 21 de noviembre de 2018 y ARCH-DCTC-2018-0429-ME de 18 de diciembre de 2018, la Dirección de Control Técnico de Combustibles emite el Informe Técnico favorable y solicita se proceda con el análisis de carácter jurídico y normativo respectivo;

Que, mediante Memorando Nro. ARCH-DRN-2018-0239-ME de 20 de diciembre de 2018 la Dirección de Regulación y Normativa, emite su Informe Normativo manifestando en 10 principal que es procedente continuar con el trámite de oficialización;

Que, mediante Memorando Nro. ARCH-DAJ-2018-0481-ME 28 de diciembre de 2018, la Dirección de Asesoría Jurídica, acoge los Informes Técnico y Normativo por ajustarse a lo establecido en la normativa vigente y emite su informe jurídico favorable; y,

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos y el número 11.1.2 numeral 22 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH,

Resuelve:

Artículo 1.- Fijar las tarifas de flete de transporte terrestre de combustible, que la Empresa Pública EP PETROECUADOR, debe cancelar a los transportistas que realicen la transferencia del combustible en las rutas aquí descritas, que deberán ajustarse al siguiente detalle:

TARIFA PARA FLETE DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE COMBUSTIBLE PARA LAS RUTAS PRINCIPALES Y EMERGENTES

42 – Miércoles 6 de febrero de 2019 Registro Oficial N° 422

DETALLE DE LAS RUTAS PRINCIPALES Y EMERGENTES

FLETE EN US $ /GALÓN / VIAJE REDONDO

GASOLINA PESCA ARTESANAL

Terminal La Libertad (Santa Elena) – Depósito de pesca artesanal Anconsito (Santa Elena)

$0,0151776

Terminal La Libertad (Santa Elena) – Depósito de pesca artesanal Salinas (Santa Elena)

$0,0125981

Terminal La Libertad (Santa Elena) – Depósito de pesca artesanal Palmar (Santa Elena)

$0,0199236

Terminal La Libertad (Santa Elena) – Depósito de pesca artesanal San Pedro (Santa Elena)

$0,0212222

Terminal La Libertad (Santa Elena) – Depósito de pesca artesanal Puerto López (Manabí)

$0,0394558

Terminal La Libertad (Santa Elena) – Depósito de pesca artesanal Puerto Cayo (Manabí)

$ 0,0484103

Terminal La Libertad (Santa Elena) – Depósito de pesca artesanal San Mateo (Manabí)

$ 0,0594376

Terminal La Libertad (Santa Elena) – Depósito de pesca artesanal Santa Marianita (Manabí)

$0,0583158

Terminal La Libertad (Santa Elena) – Depósito de pesca artesanal Jaramijo (Manabí)

$0,0590361

Terminal La Libertad (Santa Elena) – Depósito de pesca artesanal Crucita (Manabí)

$0,0625075

Artículo 2.- Dejar sin efecto cualquier norma o disposición, de igual o menor jerarquía, que se contraponga a la presente resolución.

Vigencia: La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Raúl Darío Baldeón López, Director Ejecutivo.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE LOJA

Considerando:

Que, el artículo 264, numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador establece que es competencia exclusiva de los gobiernos municipales: «Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su territorio cantonal, sin perjuicio del principio de ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos previsto en el artículo 260 de la Constitución en la concordancia con el artículo 126 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización («COOTAD»). De conformidad con el artículo 266 ibídem, los gobiernos autónomos descentralizados, entre otras, ejercen las mismas competencias que los gobiernos municipales;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, prescribe que para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a través de ordenanzas; acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial

Que, los literales b) y f) del artículo 55 (en concordancia con el artículo 85) del COOTAD establece que: «Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: «b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;» y, «f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal.»

Que, el artículo 3 de la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV), determina que

el Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas.

Que, en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su LIBRO PRIMERO DE LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR, TITULO I DE LOS ORGANISMOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL señala en su artículo 13 que son órganos del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los siguientes: c) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales y sus órganos desconcentrados.

Que, el artículo 16 de la LOTTTSV, determina que: «La Agencia Nacional de Regularización y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regularización, planificación, y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. (…)»

Que, el artículo 20 de la Ley ibídem señala que son funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regularización y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entre otras: «1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, la presente Ley, sus reglamentos, y las políticas emanadas del Ministerio del Sector, precautelando el interés colectivo, de conformidad con los principios y objetivos establecidos en esta Ley; 2. Establecer las regulaciones de carácter nacional en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, controlar y auditar en el ámbito de sus competencias su cumplimiento por parte de los Gobiernos Autónomos

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Descentralizados, de acuerdo al Reglamento que se expida para la presente Ley; (…) 3. Aprobar las normas de homologación, regulación y control de los medios y sistemas de transporte terrestre y tránsito, en el ámbito nacional;»

Que, la LOTTTSV en el primer inciso de su artículo 30.4 señala que: «Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales, en el ámbito de sus competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en sus respectivas circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de conformidad a la Ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción, observando las disposiciones de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de Regularización y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones locales que en materia de control del tránsito y la seguridad vial se vayan a aplicar».

Que, los literales a) y c) del artículo 30.5 de la LOTTTVS establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales tendrán como competencias, entre otras, las de: «a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios internacionales de la materia, esta Ley, las ordenanzas y reglamentos, la normativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales, metropolitanos y municipales, las resoluciones de su Concejo Municipal,» y, «c) Planificar, regular y controlar las actividades y operaciones de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los servicios de transporte público de pasajeros y bienes, transporte comercial y toda forma de transporte colectivo y/o masivo, en el ámbito intracantonal, conforme la clasificación de las vías definidas por el Ministerio del Sector;»

Que, el artículo 57 de la LOTTTVS, define al servicio de transporte comercial como aquel que se presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo, cuya clasificación, entre otros, contempla al servicio de transporte en taxis, el cual debe ser prestado únicamente por operadoras de transporte autorizadas. El inicio final del artículo ibídem señala: «El servicio de taxis se prestará exclusivamente en el área del territorio ecuatoriano, establecido en el permiso de operación respectivo; y, fletado ocasionalmente a cualquier parte del país, estando prohibido establecer rutas y frecuencias.»

Que, el artículo 75 de la LOTTTVS indica que corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el ejercicio de sus respectivas competencias, en el ámbito de su jurisdicción, otorgar, entre otros, los Permisos de Operación para la prestación de los servicios de transporte comercial para el ámbito intercantonal.

Que, el numeral 2 del artículo 62 del reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica que el servicio de transporte terrestre comercial puede ser: «2. Taxi: Consiste en el traslado de terceras personas a cambio de una contraprestación económica desde un lugar a otro dentro del ámbito intercantonal autorizado para su operación, y excepcionalmente fuera de ese ámbito cuando sea requerido por el pasajero. Se realizará en vehículos automotores autorizados para ese efecto con capacidad de hasta cinco pasajeros incluido el conductor. Deberán cumplir las exigencias definidas en el reglamento específico emitido para el efecto. Además contarán con equipamiento (taxímetros) para el cobro de las

tarifas respectivas, durante todo el recorrido y tiempo que fueren utilizados por los pasajeros, los mismos que serán utilizados obligatoriamente a nivel nacional, de tecnología homologada y certificada por la ANT o por los GADS que hayan asumido las competencias, cumpliendo siempre con las regulaciones de carácter nacional emitidas por la ANT de acuerdo a este Reglamento y las normas INEN.

Que, el artículo 75 del Reglamento General de la aplicación a la Ley ibídem señala que la vigencia de los títulos habilitantes de transporte terrestre será de diez (10) años renovables; exceptuando los títulos habilitantes de trasporte terrestre emitidos en la modalidad de taxi con servicio ejecutivo, para los cuales la vigencia será de 5 años renovables; ambos de acuerdo con el procedimiento establecido.

Que, el artículo 295 del Reglamento antes referido dispone: «En todo momento, los pasajeros y pasajeras de los servicios de taxis tienen el derecho a exigir el cobro justo y exacto, tal como señala el taxímetro de la unidad, el cual debe estar visible, en pleno y correcto funcionamiento durante el día y la noche, y que cumpla con todas las normas y disposiciones de la Ley y este reglamento. A solicitud del pasajero o pasajera, el conductor del taxi estará obligado a entregar un recibo por el servicio prestado.»

Que, es deber del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Olmedo provincia de Loja, respetar la aplicabilidad de las normas de conformidad a la Constitución de la República del Ecuador de acuerdo a la jerarquización de las mismas, debiendo ajustar las disposiciones de las Ordenanzas Municipales a las contenidas a nivel constitucional y legal, potenciando y actualizando la normativa inherente al régimen administrativo aplicable para dicha modalidad, debiendo contemplar en la misma mecanismos de control efectivos en contra de la informalidad, que permitan mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico y social de las operadoras autorizadas para la prestación del servicio en esta modalidad; cuyas disposiciones deberán guardar armonía de las competencias que ejerce el Municipio de Olmedo conforme a la Ley.

En ejercicio de la atribución que le confiere los artículos 57, letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD.

Expide:

LA «ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI CONVENCIONAL EN EL CANTÓN OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA.»

Título I Del Servicio de Taxi en el Cantón Olmedo

Capítulo I Normas generales

Art. 1.- Objeto: El régimen administrativo previsto en la presente Ordenanza tiene por objeto establecer las normas de planificación, regulación y control en la prestación del servicio de transporte terrestre comercial en taxi dentro del Cantón Olmedo, conforme a las disposiciones contempladas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTVS), su Reglamento General

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de aplicación, las ordenanzas municipales aplicables en materia de transporte terrestre, tránsito, seguridad vial, tarifas, tasas, patentes, y demás que sean de cumplimiento obligatorio.

Art. 2.- Ámbito: Se sujetaran a las disposiciones de la presente Ordenanza las operadoras autorizadas, con sus conductores o conductoras, para la prestación del servicio de transporte terrestre comercial en taxi, convencional, dentro del cantón Olmedo, los usuarios del servicio, así como los proveedores y autoridades en el ámbito de sus competencias.

Capitulo II

COMPETENCIAS

Art.3.- Competencia regulatoria.-

1. Le corresponde al Concejo Municipal, establecer, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, mediante ordenanza, las clases de servicio de taxi y en general, el marco regulatorio en el que se presta el servicio de taxi, sin perjuicio de las competencias del Gobierno Central en la materia; así como, conocer y aprobar los estudios de oferta y demanda;
2. La expedición de normas de carácter técnico, planificación y regulación del servicio de transporte comercial en taxi dentro del cantón Olmedo son de competencia de la de la Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación vehicular del GAD Municipal de Olmedo, o quien haga las veces; y,
3. La ejecución de las normas de carácter técnico, planificación, regulación y de control, el otorgamiento de los títulos habilitantes para la prestación del servicio de transporte comercial en taxi y las respectivas habilitaciones operacionales, así como la facultad sancionatoria administrativa, es de competencia de la Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo.

Para el ejercicio efectivo de las competencias aquí señaladas, es obligación el mantener debida coordinación con las dependencias municipales responsables del control de actividades comerciales dentro del cantón Olmedo, que permita el cumplimiento de las Normas del Ordenamiento Jurídico Nacional y Local vigente.

Capitulo III

De la naturaleza y clasificación del Servicio de Taxi.

Art. 4.- Servicio de Taxi.- El servicio de transporte comercial de taxi dentro del cantón Olmedo, es el que se presta a terceras personal a cambio de una contraprestación económica, desde un lugar a otro dentro del ámbito intercantonal autorizado para su operación, y excepcionalmente fuera de ese ámbito cuando sea requerido por el pasajero. Se realizará en vehículos automotores autorizados para ese efecto con capacidad de hasta cinco pasajeros incluido el conductor.

Art. 5.- Taxi Convencional y subclase- El servicio de transporte comercial de taxi convencional podrá prestarse en función del ámbito territorial, en la siguiente subclase:

a) Servicio de Taxi Convencional para las Parroquias Urbanas y Rurales: Es aquel que se presta dentro de todo ámbito territorial del cantón, sin restricción territorial.

Capítulo IV

De la Prestación del Servicio

Art. 6.- Dimensionamiento del Parque Automotor de Taxis.- La flota vehicular necesaria para atender la demanda del servicio del transporte terrestre comercial en taxi convencional, dentro del cantón Olmedo, será determinado por la Unidad responsable de la movilidad o quien haga sus veces.

El número máximo de vehículos destinados al servicio de taxi se determinara con base en las variables número de taxis-número de habitantes, cobertura del servicio de transporte público, características de las actividades socioeconómicas generales y particulares de zonas específicas, y cualquier otra que técnicamente se requiera.

Los estudios para el dimensionamiento del parque automotor de taxis serán actualizados cada 10 años y sus resultados serán puestos en conocimiento del Concejo Municipal para su posterior ejecución por parte de las Autoridades en el ámbito de sus competencias.

Una vez determinado el número máximo de vehículos destinados al servicio de taxi, la Unidad responsable de la movilidad, o quien haga sus veces, determinara los plazos y condiciones generales, para que mediante los procedimientos previstos para la constitución jurídica de nuevas operadoras, otorgara los respectivos permisos de operación y/o incremento de cupo a las Operadoras debidamente autorizadas a la prestación del servicio, según corresponda, precautelando las adecuadas condiciones de movilidad y seguridad vial.

Capítulo V

De las Operadoras

Art. 7.- Definición.- Son Operadoras de transporte terrestre comercial de taxi convencional, las personas jurídicas de derecho privado que, constituidas como compañías o cooperativas autorizadas a prestar el servicio de taxi dentro del cantón Olmedo, hayan obtenido el correspondiente Permiso de Operación ante la Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo o quien haga sus veces.

Art. 8.- De la naturaleza jurídica.- las Operadoras de transporte comercial de Taxi convencional, organizadas a través de Compañías y cooperativas, según corresponda se sujetaran a la Ley de Economía Popular y Solidaria y a la Ley de Compañías, en lo que se refiere a su organización jurídica; y a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento General de aplicación y las disposiciones de la presente ordenanza, en lo que se compete a su operación, regulación y control en la prestación del servicio de transporte terrestre; sin perjuicio de las demás normas que respecto al ejercicio de su actividad comercial deben cumplir dentro del cantón Olmedo.

Las operadoras de transporte comercial de taxi conven­cional tendrán objeto social exclusivo para el cual fue creado, de conformidad a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y no podrán prestar otro tipo de servicio distinto al que fue autorizado por parte del Municipio del cantón Olmedo.

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Capítulo VI

De la Constitución Jurídica

Art. 9.- Objeto Social Exclusivo.- De conformidad con lo que ordena la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para la constitución jurídica de compañías o cooperativas de taxis, el objeto social será exclusivo para la prestación del servicio de transporte en taxi, para el servicio convencional.

Art. 10.- Informe Previo de Constitución Jurídica. –

De conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y seguridad vial, las entidades del sector público responsables de los procesos de constitución de personas jurídicas, no podrán otorgar la personería jurídica a las operadoras de transporte terrestre comercial de taxi convencional del cantón Olmedo, sin cortar con el informe previo de constitución jurídica emitido por la Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo o quien haga sus veces.

Art. 11.- Requisitos y Condiciones.- Los interesados para la constitución jurídica de una operadora de transporte terrestre comercial de taxi convencional, deberán solicitar el informe y autorización previa a la Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo, acreditando el cumplimiento de los requisitos generales previstos para este propósito en el Ordenamiento Jurídico vigente en materia de transporte terrestre.

La Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo, a través de sus áreas administrativas competentes, verificara la disponibilidad dentro del estudio de oferta y demanda aprobado y determinara, con sustento en el respectivo informe técnico y jurídico, la factibilidad para la constitución jurídica, en el que se hará constar al menos, el nombre de la compañía o cooperativa a ser constituida, según la clase, el ámbito de operación según los límites territoriales establecido (subclase), el detalle de socios o accionistas, el objeto social exclusivo que deberá constar en el estatuto y la alusión expresa de que el Informe no constituye título habilitante para la prestación del servicio.

El informe de factibilidad será comunicado a los interesados a través de una Resolución de Informe Previo de Constitución Jurídica y tendrá una vigencia de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de emisión de la misma.

El interesado tendrá un plazo de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la Resolución de Informe Previo de Constitución Jurídica, para concluir con el trámite de constitución jurídica ante las entidades competentes, presentarlo ante la Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo, o quien haga sus veces, y, solicitar el título habilitante respectivo, caso contrario se dará por extinguido el efecto jurídico contenido en la misma.

Capitulo VII

Del Permiso De Operación y Habilitaciones

Operacionales

Art. 12.- Permiso de Operación.- Sin perjuicio de la constitución jurídica, para la prestación del servicio de

transporte en taxi, convencional, dentro del cantón Olmedo, las Compañías y Cooperativas, según sea el caso deberán obtener previamente el permiso de operación ante la Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo, bajo el cumplimiento de los requisitos y condiciones previamente establecidos, con un cupo de 8 unidades para el cantón Olmedo.

Art. 13.- Requisitos y Condiciones: Una vez obtenido el informe de constitución jurídica y efectuando los trámites administrativos ante los organismos competentes en la constitución de personas jurídicas, la o el representante legal de la Compañía o Cooperativa, según sea el caso, podrá solicitar el correspondiente Permiso de Operación agregando a su petición los requisitos documentales previstos en el ordenamiento jurídico vigente.

Además deberán cumplir las siguientes condiciones:

1. Encontrarse al día con las obligaciones para el Municipio de Olmedo.
2. Pago de la patente municipal.

La solicitud deberá presentarse ante la Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo o quien haga sus veces, entidad que verificará la disponibilidad dentro del estudio de oferta y demanda previamente aprobado; debiendo determinar, con sustento en el respectivo informe técnico, la factibilidad de extender el Permiso de Operación a la Persona Jurídica solicitante.

Ninguna Operadora podrá prestar el servicio de taxi con vehículos cuyo titular no se encuentre habilitado en el respectivo Permiso de Operación otorgado por la Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo.

Toda modificación solicitada por la o el representante legal de una Operadora a su Permiso de Operación deberá ser autorizada previamente por la Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo, bajo el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente.

El Permiso de Operación de transporte terrestre comercial de taxi convencional, tendrá una vigencia de diez (10) años renovables, de acuerdo con el procedimiento establecido.

Art. 14.- De las habilitaciones Operacionales. –

Las habilitaciones operacionales son documentos de identificación y control municipal, otorgado individualmente a los vehículos habilitados dentro del respectivo Permiso de Operación de las Operadoras de Transporte comercial de taxi convencional.

Las habilitaciones operacionales previstas en este Título se otorgan nominalmente y no son disponibles o negociables por su titular, por encontrarse fuera del comercio; por lo tanto, no podrán ser objeto de medidas cautelares o de apremio, arrendamiento, sesión o bajo cualquier figura, transferencia o traspaso de su explotación o uso. De verificarse tales hechos, la habilitación operacional será devuelta a la Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo en su calidad de titular de la misma.

Las Habilitaciones operacionales como parte del Permiso de Operación otorgado a favor de la Operadora, tendrá una vigencia igual al título habilitante emitido.

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Art. 15.- Cambio de Socio o Unidad.- Durante la vigencia del Permiso de Operación la Operadora podrá solicitar a la Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo, o quien haga sus veces, el cambio de socio y/o unidad sobre la o las habilitaciones operacionales otorgadas en el título habilitante, bajo el cumplimiento de los requisitos, previstos en el ordenamiento jurídico vigente.

No procederá el cambio de beneficiario de una habilitación operacional, antes de los cinco años contados a partir de la emisión del Permiso de Operación a favor de la Operadora o a partir de su ingreso como beneficiario de la misma. En caso de desvinculación del socio o accionista, la habilitación operacional será devuelta a la Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo en su calidad de titular de la misma.

Art. 16.- Permiso de Operación Producto de Fusión o Escisión.- De forma previa a la escisión o fusión de una compañía o cooperativa de transporte terrestre comercial de taxi convencional, los interesados, bajo el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley para este tipo de actos jurídicos, presentará ante la Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo, la solicitud conjuntamente con el proyecto de minuta de escisión o fusión de la persona jurídica, en cuyo texto, deberá constar la manifestación expresa respecto a la condición de los socios o accionistas titulares de los vehículos habilitados para la prestación del servicio en el Permiso de Operación correspondiente, a la cual se deberá acompañar el Acta de Junta General y demás documentos habilitantes que legitimen de conformidad a la Ley la decisión adoptada.

La Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo, una vez verificado los requisitos y condiciones de Ley, con el informe técnico y jurídico de respaldo, emitirá la resolución con la factibilidad previa de fusionar o escindir la Operadora en cuestión, documento habilitante para perfeccionar dicho acto ante los organismos de control competentes; Una vez efectuado los trámites administrativos ante los organismos competentes, y, aprobada que haya sido la fusión o escisión de la Compañía o Cooperativa, la o el representante legal de la Operadora deberá solicitar ante la Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo el correspondiente Permiso de Operación bajo los requisitos y procedimientos previstos en la presente Ordenanza; La fusión o escisión de una Operadora no constituye la creación de nuevos servicios de transporte, por lo tanto, la emisión del permiso o permisos de operación a regir después de dichos actos jurídicos se limitará al número de vehículos habilitados originalmente en la o las Operadoras requirentes.

Capítulo VIII

De los Vehículos y Sistemas

Art. 17.- Características y Condiciones de los Vehículos Destinados al Servicio de Taxi.- Los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte terrestre comercial de taxi convencional deberán sujetarse a las características y condiciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente y a las normas técnicas aplicables a nivel nacional emitidas por la ANT, para este tipo de servicio.

Art. 18.- Centro de Llamadas, Sistema de Despacho de Flotas y Aplicativos Móviles.- Las operadoras de

transporte terrestre comercial de taxi convencional del cantón Olmedo, únicamente podrán contar con un sistema de control y gestión de flotas, sea a través de aplicativos móviles autorizados y debidamente homologados por la entidad de regulación y control nacional.

Art. 19.- Proveedores de Taxímetros, Equipos de Control y Aplicativos Móviles- Los proveedores y comercializadores de taxímetros y sistemas de despacho de flota de taxis, así como los desarrolladores de aplicativos móviles para el despacho de flotas de taxis a través del posicionamiento global GPS y telecomunicaciones, previamente a la comercialización de sus equipos y/o servicios, deberán obtener obligatoriamente su homologación, validación y calificación ante la Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo, de conformidad a las normas técnicas y de medición que le son aplicables, previo a su instalación en las unidades vehiculares autorizadas a la prestación del servicio del transporte comercial de taxi, convencional.

Capítulo IX De las Tarifas

Art. 20.- Determinación.- La prestación del Servicio de Taxi convencional se sujetara al precio privado, en la tarifa determinada por la ANT, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, por el Concejo Municipal de Olmedo, que obligará tanto a las y los usuarios como a las Operadoras y sus Conductores o Conductoras-

Art. 21.- Publicidad.- Será de obligatorio cumplimiento por parte de las y los Conductores, la colocación del cuadro de tarifas vigentes en el interior del vehículo, en lugar totalmente visible para la o el Usuario.

Art. 22.- Cobro de Tarifa.- El cobro de tarifa por parte de las operadoras debidamente autorizadas para la prestación del servicio de taxi será de $0.35ctvos de dólar el arranque en el día, $1,25 la carrera mínima; y de 0,40 ctvs. de dólar el arranque a partir de la 19:00, la carrera mínima será de $1,40 mínima por la noche; para distancias que rebasen la carrera mínima, el tarifario se aplicara según marque el taxímetro, para lo cual deberán estar provistos de un taxímetro debidamente homologado, que permita la exacta aplicación de los valores debidamente fijados.

El uso del taxímetro para el cobro de las tarifas respectivas, es obligatorio durante todo el recorrido y tiempo que fueren utilizados por los pasajeros, el equipo deberá contar de tecnología homologada y certificada por parte de la Agencia Nacional de Transito, y deberá estar situado en la parte delantera derecha del interior del vehículo, de forma que en todo momento resulte completamente visible para el viajero, la lectura de la tarifa y precio de la carrera.

Capítulo X

De la Calidad de Servicio

Art. 23.- Del Fortalecimiento de la Calidad.- Para el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio de transporte comercial de taxi convencional, del cantón Olmedo, las Operadoras autorizadas, con sus conductores, conductoras y personal administrativo, estarán obligados a observar las siguientes disposiciones, sin perjuicio de las previstas en el ordenamiento jurídico nacional y local vigente:

a) Garantizar la prestación del servicio las 24 horas del día y los 365 días del año a fin de precautelar la movilidad de la ciudadanía.

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2. Garantizar un adecuado trato a los usuarios, a través de un comportamiento correcto y cortés, en todo momento, por parte de los conductores, conductoras y personal administrativo perteneciente a la Operadora;
3. Mantener un proceso de selección, contratación, evaluación, control y capacitación de sus conductores, conductoras y personal administrativo, así como, establecer programas de mantenimiento y renovación de su flota vehicular
4. Respeto a las tarifas establecidas en los horarios definidos, a través del uso obligatorio del taxímetro.
5. No eludir las carreras solicitadas por los usuarios a sectores concurridos, y zonas rurales, conforme lo autorizado en los permisos de operación otorgados;
6. Implementar mecanismos para la atención de quejas ciudadanas, en las que se proporcionara información clara y oportuna sobre las condiciones de servicio a favor de los usuarios.
7. Capacitar periódicamente a los conductores, conductoras y personal administrativo en temas turísticos, sus políticas y lineamientos, de tal forma que se brinde un trato cordial al turista y se proporcione información sobre los lugares de interés turístico de la ciudad, alojamiento, alimentación y centros de esparcimiento.

h) Cumplir con sus obligaciones y deberes tributarios y aquellos derivados de su calidad de empleador, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

i) Contar con un sistema de control y gestión de flotas, y de ser el caso, con aplicativos móviles debidamente homologados, calificados y autorizados de conformidad a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.

j) Contar con los seguros y pólizas vigentes, necesarias para cubrir la responsabilidad civil frente a terceros derivada de la prestación del Servicio de Taxi.

k) Contar con al menos un establecimiento de atención al Usuario

1) Garantizar la inclusión de las mujeres en calidad de socias o accionistas, y en su caso, Conductoras.

Art. 24.- Tasas por Servicio.- Los valores por las tasas que por concepto del servicio de transporte deberán cancelar en el ejercicio de la actividad las Operadoras de transporte terrestre comercial de taxi convencional en el cantón de Olmedo, serán fijadas por las entidades municipales competentes en materia de tributos y por el órgano de regulación y control en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial a nivel nacional, según sus atribuciones.

Capítulo XI

De las y los Conductores

Art. 25.- Definición.- Se entiende por Conductor o Conductora toda persona mayor de edad, que reuniendo los requisitos prescritos en el ordenamiento jurídico nacional y municipal, deberá estar calificado para manejar un vehículo a motor en la vía pública para la prestación del servicio de taxi convencional debidamente acreditados con su licencia de conducir profesional tipo C.

Art. 26.- Obligaciones generales del Conductor o Conductora.- Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el ordenamiento jurídico nacional, son obligaciones generales de las y los Conductores que circulen en el cantón Olmedo:

1. Ajustar su conducta al ordenamiento jurídico que regula el ejercicio de la actividad que tiene encomendada, en tal virtud y de manera especial, deberá conducir dentro de los límites de velocidad autorizados, no hablar por teléfono en ningún momento durante el trayecto, emplear para sí mismo y requerir a las y los usuarios el uso del cinturón de seguridad y, en general, observar las normas jurídicas y técnicas en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.
2. Observar con las y los usuarios un comportamiento correcto y cortés, en todo momento.
3. Portar obligatoriamente los siguientes documentos vigentes respecto de sí mismo o del vehículo que conduce, según corresponda:
4. Licencia de Conducir.
5. Documento de Matriculación Vehicular.
6. Permiso de Operación, ejemplar para ser portado en vehículos.
7. Certificado de aprobación de la revisión técnica vehicular otorgada por el Municipio de Olmedo.
8. Cuidar su indumentaria, su aseo personal y del vehículo.

i) Cuidar, en todo momento, el cumplimiento de las características y condiciones del vehículo conforme las características y condiciones previstas en el ordenamiento jurídico.

j) Respetar en todo momento los derechos de las y los Usuarios y, en lo que le corresponda, facilitar el cumplimiento de sus obligaciones.

Capitulo XII

De los Derechos de las y los Usuarios

Art. 27.- Derechos Relacionados con el Servicio de Taxi.- son derechos de las y los usuarios relacionados con el servicio de taxis, además de los previstos en el ordenamiento jurídico nacional y municipal:

1. Recibir un trato digno y respetuoso de parte de la Conductora o Conductor y del personal administrativo de la Operadora.
2. Pagar exclusivamente la tarifa que marque el taxímetro y recibir el comprobante de venta o su sustituto válido.
3. Denunciar cualquier infracción al ordenamiento jurídico que rige el servicio de Taxi al Municipio de Olmedo, y obtener oportuna respuesta sobre las medidas adoptadas.
4. Las y los conductores que fueren requeridos por un usuario/a para prestar servicio estando libre el vehículo no podrán negarse a ello sin causa justificada. Se considerarán causas justificadas, entre otras, las siguientes:

a) Cuando cualquiera de los pasajeros se hallen en estado de manifiesta embriaguez, o intoxicación

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por estupefacientes, excepto en los casos de peligro grave o inminente para su vida o integridad física.

2. Cuando sea requerido para prestar el servicio por vías intransitables que ofrezcan peligro para la seguridad o integridad tanto de los ocupantes y del Conductor/a como del vehículo.
3. Cuando en razón de la clase o subclase del servicio de taxi, no se cuente con la autorización para recoger a la Usuaria o Usuario en la vía pública.

5. En caso de accidente o avería del vehículo, así como cuando el vehículo fuera detenido por un agente autorizado, la o el Conductor detendrá el taxímetro. Si no se consumase el servicio, la o el usuario sólo estará obligado u obligada a pagar lo que el taxímetro marque.
6. Si la Conductora o el Conductor olvidara poner en funcionamiento el taxímetro, será de su cuenta lo devengado hasta el momento de advertir su omisión, cualquiera que fuera el recorrido efectuado.

Capitulo XIII

Régimen Sancionatorio

Art. 28.- De la Suspensión, Revocatoria y Terminación de los Títulos Habilitantes.- La suspensión revocatoria, imposición de multa o declaratoria determinación del Permiso de operación o habilitaciones operacionales, como medidas de sanción administrativa, se sujetara a las causales previstas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, facultad sancionatoria que estará a cargo de la Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo, bajo el procedimiento sancionador previsto en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); esto sin perjuicio de las acciones que por cometimiento de infracciones de Tránsito las Autoridades Judiciales sustancian al amparo del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Para efectos de la aplicación del Régimen Administrativo Sancionador, cualquier persona natural o jurídica podrá presentar la denuncia sobre el cometimiento de una infracción que de origen al correspondiente procedimiento administrativo.

Art. 29.- Régimen de Competencias.- Le corresponde a la Unidad de Tránsito Municipal y Agencia de matriculación Vehicular del GAD Municipal de Olmedo, las competencias y funciones de control, o quien haga sus veces, así como la potestad administrativa sancionatoria.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera: En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se sujetara a las disposiciones que en materia de transporte terrestre comercial de taxi, convencional, se encuentren contenidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, Reglamento general de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA.- Se derogan todas las ordenanzas, reglamentos y resoluciones que se contrapongan a la presente ordenanza.

SEGUNDA.- La presente ordenanza entra en vigencia a partir de su sanción.

Es dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Olmedo, a los treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho.

f.) Sr. Néstor Raúl Armijos Barrera, Alcalde del Cantón Olmedo.

f.) Dra. Silvia Carrión Ríos, Secretaria (E) del Consejo.

Certificado de Discusión: Que la presente, «ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI CONVENCIONAL EN EL CANTÓN OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA» fue discutida y aprobada por los Señores Concejales en Primer debate en el punto tres de la sesión ordinaria de fecha 25 de julio del 2018 y Segundo debate en el punto tres de la sesión ordinaria de fecha 30 de julio del 2018; es todo cuanto puedo certificar remitiéndome en todo caso a las actas correspondientes.

Olmedo, 30 de julio del 2018.

f.) Dra., Silvia Carrión Ríos, Secretaria (E) del Concejo Municipal del GAD de Olmedo.

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OLMEDO.- A los treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. Al tenor de lo dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remito en tres ejemplares al Señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Olmedo para su sanción, a la» «ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI CONVENCIONAL EN EL CANTÓN OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA»

f.) Dra., Silvia Carrión Ríos, Secretaria (E) del Concejo Municipal del GAD de Olmedo.

En la ciudad de Olmedo, a los treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho, habiendo recibido en tres ejemplares de «ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI CONVENCIONAL EN EL CANTÓN OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA» suscritos por la señora Secretaria encargada del Concejo Municipal, al tenor del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, observando que se ha cumplido el trámite legal, SANCIONO la presente Ordenanza y dispongo su promulgación.

Olmedo, 30 de julio del 2018.

f.) Sr. Néstor Raúl Armijos Barrera, Alcalde del Cantón Olmedo

Proveyó y firmó la presente «ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI CONVENCIONAL EN EL CANTÓN OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA,» el Señor Néstor Raúl Armijos Barrera, Alcalde del Cantón Olmedo, Provincia de Loja, a los treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho.

CERTIFICO.

f.) Dra., Silvia Carrión Ríos, Secretaria (E) del Concejo Municipal del GAD de Olmedo.