Registro Oficial No.403- Miércoles 09 de enero de 2019

enero 9, 2019

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés Presidente Constitucional de la República del Ecuador Miércoles 09 de enero de 2019 (R. O.402, 09 -enero -2019) SUMARIO: Págs. FUNCIÓN EJECUTIVA ACUERDOS: MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO: DM-2017-123 Apruébese el estatuto y otórguese la personería jurídica a la Fundación «Saberes y Artes para la Paz», con domicilio […]

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 09 de enero de 2019 (R. O.402, 09 -enero -2019)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO:

DM-2017-123 Apruébese el estatuto y otórguese la personería jurídica a la Fundación «Saberes y Artes para la Paz», con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas

DM-2018-119 Deléguense permanentemente la formulación de política pública del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio; así como velar por el cumplimiento de los fines del RIEFACP a través de la articulación entre el sector público, sector privado, popular y solidario; y, los demás sistemas, organismos y entidades que participan en el ámbito de las artes, la cultura y el patrimonio al titular de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades Culturales de la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación

DM-2018-120 Apruébese el estatuto y otórguese la personería jurídica a la Asociación Cultural «Cultura Rock Tabacundo» con domicilio en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha

DM-2018-165 Declárese en comisión de servicios en el exterior, a la funcionaría María Gabriela Montalvo Armas, Directora de Política Pública de Emprendimientos, Artes e Innovación

MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS

NATURALES NO RENOVABLES:

MERNNR-2018-0039-AM Nómbrese al ingeniero Fernando Luis Benalcázar Saavedra como Ministro Subrogante

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS:

0032-2018 Refórmese el Acuerdo Ministerial N° 018-2018, de 13 de septiembre de 2018

0033-2018 Subróguese la función de Ministro, al doctor Miguel Ángel Loja Llanos

0034-2018 Deróguese el Acuerdo Ministerial N° 0030-2018 de 14 de diciembre de 2018

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Págs.MINISTERIO DE TURISMO:

2018 067 Expídese la Reforma Parcial al Reglamento Interno de Administración de Talento Humano

2018 068 Expídese el «Instructivo de verificación de impedimentos legales para ejercer cargo público

INSTRUMENTO INTERNACIONAL:

MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES Y MOVILIDAD

HUMANA:

-…………. Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la Federación de Rusia para evitar la doble tributación y para la prevención de la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Y GANADERÍA:

AGENCIA DE REGULACIÓN

Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO:

0241…… Establécense los requisitos y procedimientos para la importación temporal de semioquímicos de uso agrícola; con el fin de cubrir la demanda de insumos agrícolas para el monitoreo de plagas del sector productor de maíz, aguacate, arroz, uva, mandarina, musáceas, ornamentales y palma

MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

SUBSECRETARÍA DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL:

000206.. Dese por terminadas las actividades en el Ecuador de la Organización No Gubernamental Extranjera «FREEDOM FROM HUNGER», autorizadas a través del Convenio Básico de Funcionamiento suscrito el 9 de octubre de 2013

GOBIERNOS AUTÓNOMOS

DESCENTRALIZADOS

ORDENANZA MUNICIPAL:

-…………. Cantón Centinela del Cóndor: Que contiene el Código de Ética para Empleados y Trabajadores

Raúl Pérez Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el artículo 1 de la Constitución de la República establece que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada»;

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, consagra el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

Que el artículo 96 de la Carta Magna manifiesta que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas «;

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las Ministras y Ministros de Estado además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y sus resoluciones administrativas que requieren su gestión (…)»;

Que el artículo 227 ibídem establece que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;

Que precitada norma constitucional en el artículo 377, determina que el Sistema Nacional de Cultura, tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de las manifestaciones culturales, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales;

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Cultura señala que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, será la entidad a cargo del Sistema Integral de Información Cultural;

Que el artículo 23 ibídem establece que el Sistema Nacional de Cultura: «Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades, organizaciones, colectivos e individuos que participan en actividades culturales, creativas, artísticas y patrimoniales para fortalecer la identidad nacional, la formación, protección

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y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales «;

Que el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, respecto a las organizaciones sociales, establece que: «Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión «;

Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, por su parte, dispone que: «El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes»;

Que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 32, prescribe que: «El Estado, en todos sus niveles de gobierno y funciones, promoverá y desarrollará políticas, programas y proyectos que se realicen con el apoyo de las organizaciones sociales, incluidos aquellos dirigidos a incentivar la producción y a favorecer la redistribución de los medios de producción; asimismo, propenderá a que las compras que realiza el sector público prioricen como proveedores a las organizaciones sociales, de acuerdo con los criterios de equidad, solidaridad y eficiencia»;

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que: «Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación»;

Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, faculta a los Ministros de Estado para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 739, de 03 de agosto de 2015, se expide la Codificación al Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, publicado en el Registro Oficial No. 570, de 21 de agosto de 2015, con el que se homologan los requisitos para el otorgamiento

de la personalidad jurídica de las organizaciones sociales y ciudadanas, por parte de las Instituciones del Estado competentes;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193 de 23 de octubre de 2017 se expidió el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», con el cual quedaron derogados los decretos Nro. 16 de 04 de junio del 2013 y Nro. 739 de 03 de agosto de 2015;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador Licenciado Lenin Moreno Gárces, designó al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que mediante oficio s/n ingresado en esta Cartera de Estado con trámite Nro. MCYP-DGA-17-1487-EXT de 28 de marzo del 2017, el señor Arq. Parsival Castro en calidad de Presidente Provisional de la Fundación «Saberes y Artes para la Paz», solicitó la aprobación del estatuto y el otorgamiento de personalidad jurídica;

Que la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ha emitido el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-17-1217-M de fecha 18 de diciembre del 2017, para proceder con la APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y EL OTORGAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, a favor de la Fundación «Saberes y Artes para la Paz»; con domicilio ubicado en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador;

Que dentro del informe motivado Nro. MCYP-CGJ-17-1217-M, se concluye que: (…) la organización social en formación denominada Fundación «Saberes y Artes para la Paz» ha cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento antes mencionado, por lo que se emite el presente informe motivado «;

Que el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-17-1217-M recomienda que: «Con los antecedentes expuestos y por las consideraciones jurídicas enunciadas, se recomienda señor Ministro la aprobación del estatuto y el otorgamiento de la personalidad jurídica a la organización social en formación, Fundación «Saberes y Artes para la Paz», por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en la normativa vigente «;

Que en concordancia a lo enunciado, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en su artículo 11, literal k), contempla como parte de las atribuciones del Presidente de la República la delegación a los Ministros, de acuerdo con la materia que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones y el otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en los artículos 565 y 567 de la Codificación del Código Civil;

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

4 – Miércoles 9 de enero de 2019 Registro Oficial N° 402

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar el ESTATUTO Y OTORGAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA a la FUNDACIÓN «SABERES Y ARTES PARA LA PAZ», con domicilio ubicado en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador.

Artículo 2.- Registrar, de conformidad con el Acta Constitutiva, como miembros fundadores, a las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS

NACIONALIDAD

N°DE CÉDULA

Parsival Emerson Castro Pita

Ecuatoriana

0903517399

Gabriel Andrés Castro Mejía

Ecuatoriana

0919700393

Priscila Eunice Clark Espinoza

Ecuatoriana

0917498735

Ramón

Francisco Mejía Alarcón

Ecuatoriana

0906284765

Mariela Ercilia Pinos Guerra

Ecuatoriana

0909591836

Priscila Elizabeth Plua Triana

Ecuatoriana

0926540261

Mario Pinos Guerra

Ecuatoriana

0918237405

Artículo 3.- Ordenar a la FUNDACIÓN «SABERES Y ARTES PARA LA PAZ» que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», remita a esta Cartera de Estado, en el plazo máximo de treinta (30) días posteriores a esta fecha de otorgamiento de la personalidad jurídica, la elección de la directiva con la documentación establecida en el Capítulo IV del antes citado reglamento, para su registro. Cada período de elección de la directiva deberá ser registrada en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, para los fines legales que correspondan.

Artículo 4.- En general la organización social se ajustará al «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», disposiciones legales aplicables y las directrices que emita en este ámbito el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Artículo 5.- Autorizar a la FUNDACIÓN «SABERES Y ARTES PARA LA PAZ» para que realice las actividades estipuladas en los fines y objetivos constantes en su Estatuto; debiendo cumplir además con las disposiciones contenidas en «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales».

DISPOSICIÓN GENERAL.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los asociados en primer lugar buscarán como medios de solución el

diálogo conforme a sus normas estatutarias; de persistir las discrepancias podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos o a través del ejercicio de las acciones que la Ley les faculta ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.

Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de la publicación de un extracto del mismo en el Registro Oficial. Notifíquese su contenido a la organización social FUNDACIÓN «SABERES Y ARTES PARA LA PAZ».

Del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, encárguese la Coordinación General Jurídica.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de diciembre del 2017.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.N°DM-2018-119

Raúl Pérez Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el artículo 22 de la Constitución de la República establece que, «Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, el inicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas; literarias o artísticas de su autoría «;

Que el artículo 29 de la Cana Magna, señala: «El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural (…) «;

Que el artículo 154 numeral 1 de la Carta Ibídem, establece que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que el artículo 226 de la Norma Suprema, prescribe: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y los personas que actúen

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en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. «;

Que el artículo 227 de la Norma Ibídem, ordena: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planficación, transparencia y evaluación. «;

Que el artículo 377 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: «El Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. «;

Que el artículo 378 de la Norma fundamental, estipula que: «El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. (…) El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, con respeto a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la diversidad; será responsable de la gestión y promoción de la cultura, así como de la formulación e implementación de la política nacional en este campo»;

Que la Ley Orgánica de Cultura expedida y publicada, en el Registro Oficial 193 Sexto Suplemento del 30 de diciembre de 2016, en su artículo 1 precisa: «El objeto de la presente Ley es definir las competencias, atribuciones y obligaciones del Estado, los fundamentos de la política pública orientada a garantizar el ejercicio de los derechos culturales y la interculturalidad; así como ordenar la institucionalidad encargada del ámbito de la cultura y el patrimonio a través de la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura.

Que la Ley Ibídem en el artículo 5 literal g) estipula: «Todas las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones tienen derecho a la formación artística, cultural y patrimonial en el marco de un proceso educativo integral»;

Que el artículo 14 de la citada Ley, establece que, «El Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio comprende el conjunto transversal, articulado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades e individuos que participan de la educación formal y no formal en artes, cultura y patrimonio»;

Que el artículo 25 de la mencionada Ley, señala: «Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio Welter la rectoría del Sistema Nacional de Cultura. // La rectoría comprende la formulación, ejecución, monitores, y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, ad como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados balo los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta

Ley y en otras normas relacionadas. //El Ministerio de altura y Patrimonio regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema ‘ve/ Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias «;

Que el artículo 102 de la referida Ley expresa que, la composición del subsistema de artes e innovación, «Comprende el conjunto coordinado y articulado de instituciones del ámbito cultural que reciben fondos públicos y los colectivos, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, entidades, actores y gestores de la cultura que participan en actividades relacionadas a la formación, circulación y fomento de la creación e innovación en las artes y la cultura que se vinculen voluntariamente a este Subsistema»;

Que el artículo 103 literal e) de la Ley Orgánica de Cultura establece como atribución del Subsistema de artes e Innovación: «Fomentar la investigación, reflexión, formación y generación de conocimientos sobre artes e innovación (…) «;

Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en su parte pertinente dispone: «Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario Nacional de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial. El funcionario a quien el Ministro hubiere delegado sus funciones responderá directamente de losados realizados en ejercicio de tal delegación. «;

Que el segundo inciso del artículo 55 del Estatuto Ibídem, establece «Los delegados de las autoridades y funcionarios de la Administración Pública Central e Institucional en los diferentes órganos y dependencias administrativas, no requieren tener calidad de funcionarios públicos. «;

Que el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, señala que: «Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: (…) 4. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos»;

Que el artículo 71 del Código Ibídem establece que: «Son efectos de la delegación: 1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegaras, según corresponda «;

Que el artículo 73 del Código precitado determina que «La delegación se extingue por: 1. Revocación. 2. El cumplimiento del plazo o de la condición (…) «;

Que el Ministerio de Cultura fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 5, de 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 22, de 14 de febrero del mismo año, hoy denominado Ministerio de Cultura y Pratrimonio, de conformidad con el artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 1507, de 08 de mayo de 2013, cuya misión radica en fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales;

6 – Miércoles 9 de enero de 2019 Registro Oficial N° 402

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Raúl Pérez Tones, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que mediante memorando Nro. MCYP-MCYP-18-0145-M de 04 de mayo de 2018, se designó al señor Alejandro Efraín Tobar Flores, Director de Fortalecimiento de Capacidades Culturales, como Presidente de la Comisión de Apoyo al Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio, en virtud de lo estipulado en el artículo 11 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura, que establece: «El RIEFACP será liderado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que será responsable de ejecutar los fines y las facultades de este Régimen; así como presidir la Comisión Interinstitucional de Apoyo al RIEFACP».

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Delegar permanentemente la formulación de política pública del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio; así como velar por el cumplimiento de los fines del RIEFACP a través de la articulación entre el Sector Público, Sector Privado, Popular y Solidario; y, los demás sistemas, organismos y entidades que participan en el ámbito de las Artes, la Cultura y el Patrimonio al titular de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades Culturales de la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación quién además presidirá la Comisión Interinstitucional de Apoyo al RIEFACP, de lo cual presentará informes semestrales de las acciones que se deriven del desempeño de esta delegación a la Máxima Autoridad de ésta Cartera de Estado.

Artículo 2.- De conformidad con los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Cultural, el/la titular de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades Culturales ejercerá sus atribuciones de forma permanente como parte de los órganos que formen parte de los Subsistemas de Emprendimientos, Arte e Innovación dentro de la estructura por procesos de esta Cartera de Estado.

Artículo 3.- Encárguese la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, al titular de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades Culturales de la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación de esta Cartera de Estado.

Artículo 4.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su expedición, sin prejuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y Publíquese.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a 23 de julio de 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

No. DM-2018-120

Raúl Pérez Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República, consagra el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Cultura señala que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, será la entidad a cargo del Sistema Integral de Información Cultural;

Registro Oficial N° 402 Miércoles 9 de enero de 2019 – 7

Que el articulo 23 ibídem establece que el Sistema Nacional de Cultura: «Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades, organizaciones, colectivos e individuos que participan en actividades culturales, creativas, artísticas y patrimoniales para fortalecer la identidad nacional, la formación, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales «;

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 193, de 23 de octubre del 2017 se expidió el «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», con el cual quedaron derogados los decretos Nro. 16 de 04 de junio del 2013 y Nro. 739 de 03 de agosto del 2015;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador Licenciado Lenin Moreno Garcés, designó al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que mediante oficio s/n de 12 de junio de 2018, ingresado en esta Cartera de Estado con trámite No. MCYP-DGA-18-2294-EXT de fecha 14 de junio del mismo año, el señor Almicar Patricio Villamarín Mantilla, en calidad de delegado de la organización social en formación ASOCIACIÓN CULTURAL «CULTURA ROCK TABACUNDO», solicitó la aprobación del estatuto y el otorgamiento de personalidad jurídica.

Que la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ha emitido el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0957-M de fecha 23 de julio de 2018, para proceder con la aprobación del estatuto y el otorgamiento de la personalidad jurídica, a favor de la organización social en formación ASOCIACIÓN CULTURAL «CULTURA ROCK TABACUNDO»; con domicilio ubicado en la calle González Suárez 03 28 012 y Luis Freile, parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, República del Ecuador;

Que dentro del informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0957-M, se concluye que «(…) la organización social en formación denominada ASOCIACIÓN CULTURAL «CULTURA ROCK TABACUNDO»; ha cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento antes mencionados, por lo que se emite el presente informe motivado «;

Que el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-18-0957-M, recomienda que: «Con los antecedentes expuestos y por las consideraciones jurídicas enunciadas, se recomienda señor Ministro la aprobación del estatuto y el otorgamiento de la personalidad jurídica a la organización social en formación, denominada ASOCIACIÓN CULTURAL «CULTURA ROCK TABACUNDO»; por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en la normativa vigente «;

Que en concordancia a lo enunciado, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en su artículo 11, literal k), contempla como parte de las atribuciones del Presidente de la República la delegación a los Ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones y el otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en los artículos 565 y 567 de la Codificación del Código Civil;

8 – Miércoles 9 de enero de 2019 Registro Oficial N° 402

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar el ESTATUTO Y OTORGAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA a la organización social denominada ASOCIACIÓN CULTURAL «CULTURA ROCK TABACUNDO» con domicilio ubicado en la calle González Suárez 0328012 y Luis Freile, parroquia Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, República del Ecuador.

Artículo 2.- Registrar, de conformidad con el Acta Constitutiva, como miembros fundadores, a las siguientes personas:

No.

NOMBRE DEL MIEMBRO

NACIONALIDAD

N° CÉDULA/ PASAPORTE

VILLAMARÍN MANTILLA AMILCAR PATRICIO

ECUATORIANA

1002055240

IARAMILLO MARMOL HUGO IOSÉ

ECUATORIANA

1714742366

MARMOL INSUASTI RANDY SALVADOR

ECUATORIANA

1724445141

LANDETA MONTALVO CARLOS PATRICIO

ECUATORIANA

1714735766

PEÑAFIEL CUASQUEN DANIEL ALEXANDER

ECUATORIANA

1003972617

Artículo 3.- Ordenar a la organización social ASOCIACIÓN CULTURAL «CULTURA ROCK TABACUNDO», que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales», remita a esta Cartera de Estado, en el plazo máximo de treinta (30) días posteriores a esta fecha de otorgamiento de la personalidad jurídica, la elección de la directiva con la documentación establecida en el Capítulo IV del antes citado reglamento, para su registro. Cada período de elección de la directiva deberá ser registrada en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, para los fines legales que correspondan.

Artículo 5.- Autorizar a la ASOCIACIÓN CULTURAL «CULTURA ROCK TABACUNDO» para que realice las actividades estipuladas en los fines y objetivos constantes en su Estatuto; debiendo cumplir además con las disposiciones contenidas en «Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales».

DISPOSICIÓN GENERAL.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los asociados en primer lugar buscarán como medios de solución el diálogo conforme a sus normas estatutarias; de persistir las discrepancias podrán optar por métodos alternativos de solución de conflictos o a través del ejercicio de las acciones que la Ley les faculta ante la justicia ordinaria, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de control que ostenta esta Cartera de Estado.

Del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, encárguese la Coordinación General Jurídica.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 24 días del mes de julio del 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

N° DM-2018-165

Raúl Pérez Torres

MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

Considerando:

Que el artículo 151 de la Carta Magna preceptúa que: «fas ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo (…)»;

Que el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «A las ministras

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y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que el artículo 226 de la Norma Ibídem prescribe: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. «;

Que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que: «Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público»‘;

Que el artículo 30 de la precitada Ley, en concordancia con los artículos 45, 46 y 47 de su Reglamento General, norma la declaratoria en comisión de servicios con remuneración al exterior de los servidores públicos;

Que el artículo 17 del Acuerdo No. MRL-2011-00051, con el cual se expide el Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior para las y los servidores y obreros públicos, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 392, de 24 de febrero de 2011, señala: «Las autorizaciones de viaje al exterior, para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de un puesto de las servidoras, servidores, obreras u obreros que laboren en entidades de la Función Ejecutiva y de las entidades adscritas a la misma, se las realizará a través del correspondiente acuerdo o resolución, según sea el caso, previa autorización de la Secretaría Nacional de la Administración Pública a través del sistema informático para viajes al exterior de la Presidencia. (…)»;

Que mediante oficio Nro. SNAP-SNADP-2016-000148-O de 16 de marzo de 2016, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, dispuso: «(…) ^a todas las entidades que conforman la Administración Pública central, institucional y que dependen de la Función Ejecutiva (APCID), la ejecución y cumplimiento de las siguientes políticas: (…) 3. Restringir las comisiones de servicios al exterior. Se autorizarán exclusivamente cuando las organizaciones anfitrionas financien los costos totales (pasajes, viáticos, inscripciones, entre otros gastos), a fin de que no representen erogación presupuestaria alguna para el Estado. Deforma excepcional, se podrán aprobar viajes cuyo costo deba asumir el Estado debidamente justificados y con la presentación posterior del informe de beneficios cuantificables para el Estado, aprobado por la máxima autoridad institucional, conforme la normativa expedida para el efecto. De igual forma, sin excepción, la comisión de servicios podrá integrarse por máximo dos personas por institución, tomando en consideración que de requerir cualquier tipo de apoyo, debe ser coordinado con las embajadas y consulados, dentro de su programación presupuestaria (…)»;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al señor Raúl Pérez Torres, como Ministro de Cultura y Patrimonio;

Que mediante Decreto N°. 135 de 01 de septiembre de 2017, publicado en el Registro Oficial Suplemento N°. 76 de 11 de septiembre de 2017, se establecen: «Las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público» (…) Artículo 15.- Viajes al exterior.- Los viajes al exterior de los servidores públicos de la Función Ejecutiva cuyo objetivo sea la participación en eventos oficiales y en representación de la institución o del Estado, serán previamente calificados y autorizados por la Secretaría General de la Presidencia de la República. En el caso de las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva, será la máxima autoridad o su delegado, la que autorice los viajes al exterior de sus servidores públicos de conformidad con la dinámica del sector pero deberá informar sobre las autorizaciones a la Secretaria General de la Presidencia.

La Secretaria General de la Presidencia en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, emitirán la normativa para regular y autorizar viajes internacionales del personal del servicio exterior»;

Que mediante carta de 21 de agosto de 2018, la señora Micaela Gurevich, funcionaría de la Unidad Técnica de IBERMUSICAS, señala: «(…) invitamos a que se designe una o un investigador que represente a su país en este evento que congregará a investigadores de los 13 países que forman parte del Programa Ibermúsicas «;

Que, mediante memorando Nro. MCYP-SEAI-2018-0753-M de 20 de agosto de 2018, el señor Gabriel Francisco Cisneros Abedrabbo, Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación solicita al señor Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio: «su autorización para que la economista Gabriela Montalvo, Directora de Política Pública de Emprendimientos, Artes e Innovación asista al evento, con el fin de cooperar con el trabajo que viene realizando esta Subsecretaría (…) «;

Que consta la sumilla inserta en el memorando Nro. MCYP-SEAI-2018-0753-M de 20 de agosto de 2018, «(V/B) «;

Que mediante solicitud No. 64392 de 21 de agosto de

2018, la funcionaría, María Gabriela Montalvo Armas, Directora de Política Pública de Emprendimientos Artes e Innovación de esta Cartera de Estado, remitió al Consejo Sectorial de lo Social el «Informe de Justificación de viaje», señalando: «Motivo de Viaje: Representar a nuestro país en el IV COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN MUSICAL IBERMUSICAS 2018. Financiamiento: Financiamiento total del pasaje aéreo Quito- Lima-Quito, de los gastos de alojamiento para tres noches (5, 6, 7 de septiembre) alimentación, traslados internos . Todos los gastos están cubiertos por el país anfitrión»;

Que mediante Informe Técnico No. MCYP-DATH-0247-2018 de 29 de agosto de 2018, el Director de Administración del Talento Humano, (S) señaló que: «Análisis Técnico: «La Economista María Gabriela

10 – Miércoles 9 de enero de 2019 Registro Oficial N° 402

Montalvo Armas, Directora de Política Pública de Emprendimientos, Artes e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio procede a realizar el ingreso de la solicitud de viaje al exterior en la pagina Sistema de Viajes al Exterior y en el Exterior fhttp://viajes, administracionpublica.gob.ec/frame.php). adjunta la documentación habilitante y remite mediante el citado sistema de viajes, para ser avalado por su jefe inmediato.// La Dirección de Administración del Talento Humano procedió con la verificación de la documentación anexada » por la señora María Gabriela Montalvo Armas, que se detalla a continuación:

Invitación al evento y/o requerimiento de viaje;
Itinerario del viaje;
Detalle de la agenda a cumplir;
Informe de Justificación del viaje; (…)

CONCLUSIONES: La Dirección de Administración del Talento Humano en observancia a lo dispuesto por la autoridad nominadora de este Ministerio, emite informe técnico de validación para el ingreso del viaje de la señora María Gabriela Montalvo Armas, Directora de Política Pública de Emprendimientos, Artes e Innovación, quien participará en la «IV COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN MUSICALIBERMÚSICAS 2018 «del 05 al 08 de septiembre del 2018 (incluido ida y retorno) (…).

FINANCIAMIENTO: El Programa Ibermúsicas y El Ministerio de Cultura de Perú, en su calidad de país anfitrión se hará cargo del pasaje de avión, Quio-Lima-Quito, de los gastos de alojamiento para tres noches (5,6,7 de septiembre)alimentación, traslados internos para cada uno de los representantes en este Coloquio y proveerá la infraestructura y la logística necesarias para su desarrollo «;

Que mediante «Solicitud de Viaje al Exterior y en el Exterior Autorización No. 64392» de 05 de septiembre de 2018, el señor Raúl Clemente Ledesma, Ministro del Trabajo, autorizó la Comisión de Servicios en el Exterior, de la funcionaria María Gabriela Montalvo Armas, Directora de Política Pública de Emprendimientos, Artes e Innovación de esta Cartera de Estado, a la ciudad de Lima-Perú del 05 al 08 de septiembre del 2018;

Que con memorando No. MCYP-DATH-18-0762-M de 05 de septiembre de 2018, el señor Carlos Oswaldo Valdivieso Canelos, Director de Administración de Talento Humano, Encargado, solicitó al señor José Alejandro Salguero Manosalvas, Coordinador General Jurídico la revisión legal de la documentación y expedición del Acuerdo Ministerial correspondiente al viaje al exterior de la señora María Gabriela Montalvo Armas, Directora de Política Pública de Emprendimientos, Artes e Innovación de esta Cartera de Estado.

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,

Acuerda:

Artículo 1.- Declarar en comisión de servicios en el exterior, entre los días del 05 al 08 de septiembre de 2018, a la funcionaria María Gabriela Montalvo Armas, Directora de Política Pública de Emprendimientos, Artes e Innovación de esta Cartera de Estado, quien participará en la «IV COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN MUSICAL IBERMÚSICAS 2018, en la ciudad de Lima- Perú.

Artículo 2.- Encargar la ejecución de este Acuerdo Ministerial a la Coordinación General Administrativa Financiera.

Artículo 3.- Ordenar que la funcionaria María Gabriela Montalvo Armas, Directora de Política Pública de Emprendimientos, Artes e Innovación de esta Cartera de Estado, presente un informe de misión con los resultados logrados al Despacho Ministerial con copia a la Coordinación General Administrativa Financiera.

Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.-

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 05 de septiembre de 2018.

f.) Raúl Pérez Torres, Ministra de Cultura y Patrimonio.

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO.- Fiel copia del original.- f.) Ilegible, Documentación y Archivo.

Nro. MERNNR-2018-0039-AM

Sr. Ing. Carlos Enrique Pérez García

MINISTRO DE ENERGÍA Y RECURSOS

NATURALES NO RENOVABLES

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador establece la atribución de los ministros de Estado de ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina que las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les serán atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Registro Oficial N° 402 Miércoles 9 de enero de 2019 – 11

Que, el artículo 227 de la norma ibídem establece que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo establece que los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 08 de 24 de mayo del

2017, se designa al Ing. Carlos Enrique Pérez García, como Ministro de Hidrocarburos;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 399 publicado en el Registro Oficial Nro. 255 del 05 de Junio del

2018, dispone la fusión por absorción al Ministerio de Hidrocarburos el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio de Minería y la Secretaria de Hidrocarburos;

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 399 dispone que una vez concluido el proceso de fusión por absorción, Modifíquese la denominación del Ministerio de Hidrocarburos a Ministerio Energía y Recursos Naturales No Renovables;

Que, el artículo 3 de la norma ibídem establece que una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en las leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente que le correspondían al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, al Ministerio de Minería, y a la Secretaria de Hidrocarburos serán asumidas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables;

Que, mediante acción de personal No. DATH-2018-387 de 19 de septiembre de 2018, se nombró al Ing. Fernando Luis Benalcázar Saavedra Viceministro de Minería del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables;

Que, el señor Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables viajará a Viena a la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP del 05 al 09 de diciembre de 2018;

Que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 69 del Código Orgánico Administrativo.

Acuerda:

Art. 1.- Nombrar al Ing. Fernando Luis Benalcázar Saavedra como Ministro Subrogante del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables del 05 al 09 de diciembre de 2018.

Art. 2.- El Ing. Fernando Luis Benalcázar Saavedra, en su calidad de Ministro Subrogante, informará al Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables sobre

las actividades cumplidas y las resoluciones adoptadas en virtud de la presente subrogación.

Art. 3.- Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su Publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, D.M., a los 03 día(s) del mes de Diciembre de dos mil dieciocho.

f.) Sr. Ing. Carlos Enrique Pérez García, Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.- Es fiel copia del original.- 18 de diciembre de 2018.- f.) Ilegible, Secretaria General.

No. 0032-2018

Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala

MINISTRO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS

Considerando:

Que, el artículo 154 numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que a los Ministros de Estado les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, publicada en el Registro Oficial Suplemento 966 de 20 de marzo de 2017, que reforma la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública homologa las normas sobre expropiación contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y otras normas relacionadas;

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre, publicada en el Registro Oficial Suplemento 998 de 05 de mayo de 2017, establece como deberes y atribuciones del Ministerio Rector, entre otras la de: «Declarar de utilidad pública confines de expropiación y ocupación inmediata los inmuebles que se requieran para la apertura del trazado, construcción, ampliación, rectificación u otros, para el desarrollo de la infraestructura del sistema vial de su jurisdicción, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias”.

12 – Miércoles 9 de enero de 2019 Registro Oficial N° 402

Que, el artículo 133 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Los órganos administrativos no pueden variar las decisiones adoptadas en un acto administrativo después de expedido pero sí aclarar algún concepto dudoso u oscuro y rectificar o subsanar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hecho que aparezcan de manifiesto en el acto administrativo.

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función ejecutiva, establece que «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerio sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 514 de lecha 20 de septiembre de 2018, el Licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República, designó al suscrito como máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas;

Que, mediante memorando Nro. MTOP-SUBZ1-2018-0134-ME, de 25 de enero de 2018, el Ing. Alfonso Vicente Ordoñez Zúñiga, Subsecretario Zonal 1, remite al Ing. Jorge Fernando Salgado Brasero, Director de Construcciones, información concerniente con la liberación de áreas del proyecto Quininde-Las Golondrinas.

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 018-2018, de 13 de septiembre de 2018, se aprueba el proyecto «Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento del Proyecto Quinindé – Las Golondrinas, de 33,80 Km de longitud, incluye Paso Lateral Las Golondrinas L= 5,00 km, Puente sobre el Rio Guay llabamba L= 177,00 M., Puente sobre el Río Duana L= 28,00 M., y Paso Peatonal La Sexta L= 20,70 m., ubicada en la provincia de Imbabura y Esmeraldas».

Que, mediante memorando Nro. MTOP-DCT-2018-691-ME, de 13 de diciembre de 2018, el Ing. Fredy Altamirano Arias, Director de Construcciones, solicita al Mgs. Francisco José Donoso Moscoso, Coordinador General de Asesoría Jurídica, se arbitre las medidas necesarias de carácter administrativo o jurídico, para corregir la inconsistencia presentada en las Abscisas de Inicio y Fin del proyecto entre los documentos contractuales y las establecidas en el Acuerdo Ministerial No. 018-2018, de 13 de septiembre de 2018, mediante el cual se aprueba el proyecto «Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento del Proyecto Quinindé – Las Golondrinas, de 33,80 Km de longitud, incluye Paso Lateral Las Golondrinas L= 5,00 km, Puente sobre el Rio Guay llabamba L= 177,00 M., Puente sobre el Río Duana L= 28,00 M., y Paso Peatonal La Sexta L= 20,70 m., ubicada en la provincia de Imbabura y Esmeraldas».

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 133 del Código Orgánico Administrativo y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 018-2018, de 13 de septiembre de 2018, por el siguiente:

«Aprobar el proyecto vial denominado: Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento del Proyecto Quinindé -Las Golondrinas, de 33,80 Km de longitud, incluye Paso Lateral Las Golondrinas L= 5,00 km, Puente sobre el Rio Guayllabamba L= 177,00 M., Puente sobre el Río Duana L= 28,00 M., y Paso Peatonal La Sexta L= 20,70 m., ubicada en la provincia de Imbabura y Esmeraldas en las siguientes abscisas y coordenadas:

ABSC.

COORD.X

COORD.Y

Proyecto: Quinindé las Golondrinas

INICIO

98+214,93

670379,02

36337,74

FIN

64+860,00

700013,36

35573,04

Proyecto: Paso Lateral Las Golondrinas

INICIO

0+000

701520,82

36004,51

FIN

5+033

697519,73

33489,21

DISPOSICIÓN FINAL

En todo lo que no se oponga al presente Acuerdo Ministerial, se estará a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 018-2018, de 13 de septiembre de 2018.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Publíquese y Comuníquese, dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 20 de diciembre de 2018.

f.) Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala, Ministro de Transporte y Obras Públicas.

No. 0033-2018

Ing. Aurelio Hidalgo Zavala

MINISTRO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS

Considerando:

Que, el numeral 1 del Art. 154 de la Constitución de la República del Ecuador, determina como atribución de los Ministros de Estado, además de las establecidas en la ley, que les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Registro Oficial N° 402 Miércoles 9 de enero de 2019 – 13

Que, el artículo 226 ibídem determina que las instituciones del Estados, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el Art. 227, ibídem, señala: «La administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo al referirse al principio de desconcentración, establece «La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas «;

Que, el artículo 47 del Código ibídem, establece que «La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley». Para el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas su máxima autoridad y por tanto representante legal es el Ministro.

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que «Los ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado (…) «;

Que, el artículo 55 del Estatuto ibídem, establece la capacidad legal del Ministro de Transporte y Obras Públicas para delegar atribuciones a los funcionarios de la institución cuando lo estime conveniente;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 514 de 20 de septiembre de 2018, el Licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, designó al suscrito como Ministro de Transporte y Obras Públicas;

Que, mediante Oficio Nro. MTOP-MTOP-18-1256-OF y Oficio alcance Nro. MTOP-MTOP-18-1260-OF de 12 y

13 de diciembre, respectivamente, el suscrito solicitó al Magíster José Iván Agusto Briones, Secretario General de la Presidencia de la República, licencia con cargo a vacaciones, desde el 26 de diciembre de 2018 hasta el 01 de enero de 2019;

Que, mediante oficio Nro. PR-SGPR-2018-8650-O de fecha 19 de diciembre de 2018, el Magíster José Iván Agusto Briones, Secretario General de la Presidencia, pone en conocimiento del suscrito el Acuerdo Nro. 0504 de fecha 14 de diciembre de 2018, suscrito por la Secretaría General de la Presidencia de la República, mediante el cual se acordó «ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar a Jorge Aurelio Hidalgo Zavala, Ministro de Transporte y Obras Públicas, licencia con cargo a vacaciones, desde el 26 de diciembre de 2018 hasta el 01 de enero de 2019. ARTICULO SEGUNDO.- Durante el período que dure la licencia con cargo a vacaciones del Ministro, le subrogará Miguel Ángel Loja Llanos, Viceministro de Gestión del Transporte».

En uso de las facultades que le confieren el número 1 del Art. 154 de la Constitución de la República del Ecuador, el Art. 47 del Código Orgánico Administrativo y Arts. 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Art. 1.- Disponer la subrogación de la función de Ministro de Transporte y Obras Públicas a favor del Doctor Miguel Ángel Loja Llanos, durante el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2018 al 01 de Enero de 2019.

Art. 2.- El señor Ministro Subrogante será personalmente responsable de los actos que realice por acción u omisión en el ejercicio del cargo a subrogar.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 20 de diciembre de 2018.

f.) Ing. Aurelio Hidalgo Zavala, Ministro de Transporte y Obras Públicas.

Nro. 0034 – 2018

Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala

MINISTRO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS

Considerando:

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 017-2018 de 16 de agosto de 2018, el Magíster Boris Palacios Vázquez, Ministro de Transporte y Obras Públicas, Encargado de entonces, resolvió:

14 – Miércoles 9 de enero de 2019 Registro Oficial N° 402

«Artículo 1.- DECLARAR en Situación de Emergencia el muro de escolleras de Camarones y la plataforma de la Vía E-15 tramo Camarones-Achilube, abscisas 136+900 a la 139+100, ubicado en el Cantón y Provincia de Esmeraldas, para reparar únicamente los daños causados por los movimientos telúricos y sus réplicas que van desde el año 2016, las constantes lluvias que sufrió el sector y el embate del mar.

Artículo 2.- DELEGAR al Subsecretario de Infraestructura del Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para que a nombre y representación del suscrito, realice lo siguiente:

Autorizar el inicio de los Procedimientos Especiales de Emergencia, necesarios para contratar obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría para solventar la emergencia declarada en el artículo 1 del presente Acuerdo Ministerial;
Aprobar los pliegos correspondientes mediante el Procedimiento Especial de emergencia;
Suscribir las Resoluciones de inicio, de adjudicación, de cancelación o declaratoria de desierto de los procedimientos de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de Aplicación y demás normativa vigente;
Designar a los miembros de las Comisiones Técnicas requeridas que serán encargadas de llevar adelante los procedimientos de contratación en la fase precontractual;
Suscribir los contratos que deban celebrarse en función de las adjudicaciones que se hayan realizado dentro de los Procedimientos Especiales de Emergencia así como los contratos modificatorios o complementarios que se requieran para la correcta ejecución de los contratos;
Designar a los administradores de los contratos;
Designar los miembros de la Comisión de Recepción que suscribirán las correspondientes actas de recepción;

h) Resolver motivadamente la terminación unilateral de los contratos o las terminaciones de mutuo acuerdo, previo a los informes emitidos por los administradores de los Contratos;

i) Conocer y resolver los reclamos y recursos administrativos presentados dentro de los procedimientos realizados con la presente delegación; y,

j) Realizar cualquier otro trámite administrativo necesario para el perfeccionamiento de la delegación realizada en el presente Acuerdo Ministerial;

Artículo 3.- ESTABLECER como fecha de inicio de la situación de emergencia para efectos de la publicación en el Sistema Oficial de Contratación del Estado SOCE, la fecha de suscripción del presente Acuerdo Ministerial.

Artículo 4.- DISPONER a la/el Especialista de Infraestructura Provincial de Construcciones de Esmeraldas, que una vez superada la situación de emergencia, elabore un informe en el que se detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados obtenidos; este informe deberá ser publicado en el Sistema Oficial de Contratación del Estado SOCE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 364 de la Resolución SERCOP Nro. RE-SERCOP-2016-072, de 31 de agosto 2016.

El Subsecretario de Infraestructura del Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, será responsable administrativa, civil y penalmente ante los Organismos de Control y ante el Ministro de Transporte y Obras Públicas, por los actos realizados en ejercicio de esta Delegación.»

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0030-2018 de 14 de diciembre de 2018, el Ingeniero Jorge Aurelio Hidalgo Zavala, Ministro de Transporte y Obras Públicas, resolvió:

«Art. 1.- MODIFICAR el artículo 2 y los incisos segundo y tercero del artículo 4 del Acuerdo Ministerial Nro. 017-2018 de 16 de agosto de 2018, reemplazando en donde se manifieste Subsecretario de Infraestructura del Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Esmeraldas.

Art. 2.- Del cumplimiento de la presente Resolución, encárguese al Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Esmeraldas y al Coordinador General Administrativo Financiero del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el ámbito de sus competencias.

Art. 3.- En todo cuanto no se oponga a lo estipulado en el presente documento, se estará a lo resuelto en el Acuerdo Ministerial Nro. 017-2018 de 16 de agosto de 2018. «

Que, mediante Memorando Nro. MTOP-DVIT-2018-413-ME de 19 de diciembre de 2018, Ingeniero Ricardo Paula López, Viceministro de Infraestructura del Transporte, Encargado, recomienda al Ingeniero Jorge Aurelio Hidalgo Zavala Ministro de Transporte y Obras Públicas, se delegue al Viceministerio de Infraestructura del Transporte para que lleve adelante todo el proceso requerido en el Acuerdo Ministerial Nro. 017-2018 de 16 de agosto de 2018, respecto a la declaratoria en Situación de Emergencia el muro de escolleras de Camarones y la plataforma de la Vía E-15 tramo Camarones-Achilube, abscisas 136+900 a la 139+100, ubicado en el Cantón y Provincia de Esmeraldas, para reparar únicamente los daños causados por los movimientos telúricos y sus réplicas que van desde el año 2016, las constantes lluvias que sufrió el sector y el embate del mar, argumentando lo siguiente:

Registro Oficial N° 402 Miércoles 9 de enero de 2019 – 15

«Por lo expuesto y con el objetivo de dar celeridad a los procesos técnicos, económicos y legales, me permito solicitar la delegación al Viceministerio de Infraestructura del Transporte para llevar adelante el proceso de emergencia antes mencionado. «

Que, este Despacho Ministerial en consideración de los justificativos manifestados por el Ingeniero Ricardo Paula López, Viceministro de Infraestructura del Transporte, Encargado, mediante nota consignada en la Hoja de Ruta del Sistema de Gestión Documental Quipux, dispone a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, continuar con el trámite correspondiente, para delegar al Viceministro de Infraestructura del Transporte, para que lleve adelante el proceso requerido en el Acuerdo Ministerial Nro. 017-2018 de 16 de agosto de 2018, respecto a la declaratoria en Situación de Emergencia el muro de escolleras de Camarones y la plataforma de la Vía E-15 tramo Camarones-Achilube, abscisas 136+900 a la 139+100, ubicado en el Cantón y Provincia de Esmeraldas, para reparar únicamente los daños causados por los movimientos telúricos y sus réplicas que van desde el año 2016, las constantes lluvias que sufrió el sector y el embate del mar; y,

En uso de las facultades que le confieren el artículo 154, número 1 de la Constitución de la República, 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE y 47 de Código Orgánico Administrativo.

Acuerda:

Art. 1.- DEROGAR el Acuerdo Ministerial Nro. 0030-2018 de 14 de diciembre de 2018.

Art. 2.- MODIFICAR el artículo 2 y los incisos segundo y tercero del artículo 4 del Acuerdo Ministerial Nro. 017-2018 de 16 de agosto de 2018, reemplazando en donde se manifieste Subsecretario de Infraestructura del Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por Viceministro de Infraestructura del Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Art. 3.- Del cumplimiento del presente Acuerdo, encárguese al Viceministro de Infraestructura del Transporte y a la Coordinadora General Administrativa Financiera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el ámbito de sus competencias.

Art. 4.- En todo cuanto no se oponga a lo estipulado en el presente documento, se estará a lo resuelto en el Acuerdo Ministerial Nro. 017-2018 de 16 de agosto de 2018.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 20 de diciembre de 2018.

f.) Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala, Ministro de Transporte y Obras Públicas.

Nro. 2018 067

Rosa Enriqueta Prado Moncayo MINISTRA DE TURISMO

Considerando:

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que, la Carta Magna en su artículo 226 determina: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, la norma ibídem, en el artículo 227 y en concordancia al artículo 101 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, dispone que: «la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, la Constitución precitada, consagra en el artículo 229 que: «Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación defunciones de sus servidores. La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia «;

Que, mediante Registro Oficial Segundo Suplemento No. 294, de 06 de octubre de 2010, se promulgó la Ley Orgánica del Servicio Público; siendo la última reforma registrada a la fecha de emisión de este Acuerdo, el 02 de agosto de 2018, a través del Suplemento del Registro Oficial No. 297;

Que, mediante Registro Oficial Suplemento No. 418 de 1 de abril de 2011, se expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público; siendo la última reforma registrada a la fecha de emisión del presente Acuerdo, mediante Sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador No. 161-18-SEP-CC, de 02 de mayo de 2018;

16 – Miércoles 9 de enero de 2019 Registro Oficial N° 402

Que, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en su literal c) determina: «(…) Las Unidades de Administración del Talento Humano tienen la atribución y responsabilidad de elaborar el Reglamento Interno de Administración del Talento Humano, con sujeción a las normas técnicas del Ministerio de Relaciones Laborales

(…)»;

Que, el artículo 79 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, establece que: «(…) Las UATH elaborarán obligatoriamente, en consideración de la naturaleza de la gestión institucional los reglamentos internos de administración del talento humano, en los que se establecerán las particularidades de la gestión institucional que serán objeto de sanciones derivadas de las faltas leves y graves establecidas en la Ley (…) «;

Que, Mediante Decreto Ejecutivo No. 591, de fecha 03 de diciembre de 2018, el Lcdo. Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, designa como Ministra de Turismo a la señora Rosa Enriqueta Prado Moncayo;

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Turismo, publicado en Registro Oficial Edición Especial No. 400 de 09 de abril de 2018, artículo 10, numeral 1.1.1, literales e) y j) señalan respectivamente que son atribuciones y responsabilidades del Ministro de Turismo, entre otras: «Expedir, conforme a la ley, acuerdos, resoluciones y disposiciones relacionadas con el ámbito de su competencia en materia turística y administrativa»; y, «velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de aplicación general, en materia turística y administrativa»;

Que, el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en su artículo 17 dispone que: «los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales «;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 2016-036 de fecha 28 de septiembre de 2016, se expidió el «Reglamento Interno de Administración del Talento Humano del Ministerio de Turismo».

Que, el Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-0098, publicado mediante Suplemento del Registro Oficial No. 732, 13 de Abril 2016 contempla las directrices para el ingreso de las y los Servidores públicos por efecto de la aplicación de la disposición transitoria primera de las enmiendas constitucionales.

Que, en cumplimiento de los antecedentes señalados, es necesario expedir normas y procedimientos reglamentarios que permitan optimizar el manejo y la administración del Talento Humano de este Ministerio, con sujeción a lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General y demás normas conexas; y,

Por lo expuesto y en ejercicio de la facultad contemplada en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, y Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Turismo, artículo 10, numeral 1.1.1, la infrascrita Ministra de Turismo,

Acuerda:

Expedir la siguiente reforma parcial al

«REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN

DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO DE

TURISMO»

Art. 1.- Sustitúyase, en todo el texto del Reglamento la frase: «Dirección de Talento Humano» por la siguiente: «Dirección de Administración del Talento Humano».

Art. 2.- Al final del Art. 7, incorpórese el siguiente inciso:

«El ciudadano extranjero que ingrese a trabajar en ésta Cartera de Estado capacitará sobre el servicio que prestará a al menos tres (3) funcionarios del Ministerio de Turismo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición General del Acuerdo Ministerial Nro. No. MDT-2015-0006».

Art. 3.- Al final del Art. 9, añádase los siguientes literales:

«y) Mantener su lugar de trabajo limpio y ordenado, esta disposición aplica también a los conductores de los vehículos propiedad de esta Cartera de Estado;

z) Mantener vigente la licencia de conducir, con los puntos necesarios para el correcto ejercicio de sus labores, de conformidad con la normativa legal vigente;

aa) Registrar en la bitácora diaria del chofer la información del/la servidor/a funcionario/a beneficiario/a del servicio, mismo que deberá estar acompañado de su firma;

bb) Las demás establecidas por la Ley”.

Art. 4.- En el Art. 12, introdúzcase las siguientes reformas:

a) En la parte final del cuarto inciso, incorpórese el siguiente texto:

«para lo cual la Dirección de Administración del Talento Humano, el día de ingreso del personal al Ministerio de Turismo, deberá proporcionar la respectiva credencial institucional”;

En el inciso seis, elimínese el texto: «una vez impreso el formulario, debe ser debidamente sellado por una de las unidades de la Función Judicial del Ecuador repartidas a nivel nacional»;
En el inciso séptimo, elimínese la siguiente frase: «en pdf debidamente sellado»

Registro Oficial N° 402 Miércoles 9 de enero de 2019 – 17

Art. 5.- Incorpórese en la parte final del inciso segundo del Art. 13 la siguiente frase:

«Siempre que exista la respectiva certificación presupuestaria para el efecto y/o se trate de capacitaciones gratuitas».

Art. 6.- Sustitúyase el Art. 16, por el siguiente:

«Art. 16.- Registro de Asistencia y permanencia del personal- Las/os servidoras/es tienen la obligación de registrar sus ingresos y salidas en el biométrico institucional; así como también, deben permanecer en sus puestos de trabajo durante toda la jornada laboral, establecida por la ley, ésta obligación será verificada y controlada por el jejé inmediato superior de cada servidor; mientras que, la Dirección de Administración del Talento Humano queda en la potestad de en cualquier momento efectuar listas flash, mecanismo que permitirá el control de la permanencia de los servidores en sus lugares de trabajo.

Así mismo el servidor público, deberá registrar su asistencia única y exclusivamente a través del sistema biométrico institucional (ingreso, almuerzo y salida); para lo cual la Dirección de Administración del Talento Humano deberá registrar la huella del servidor en el sistema biométrico desde el primer día de ingreso del personal al MINISTERIO DE TURISMO; y será la dirección quien administre este sistema de control de asistencia.

La falta de registro de asistencia, será considerada como una falta disciplinaria leve.

En caso de que las/os servidoras/es no pudieran registrar su asistencia, por motivo de fuerza mayor u otra causa debidamente justificada, deberán poner en conocimiento de su jejé inmediato e informar a la Dirección de Administración del Talento Humano, mediante comunicación escrita dentro del término de tres días.

Las/os servidoras/es que requieran ausentarse de las instalaciones del MINISTERIO DE TURISMO durante la jornada de trabajo, deberán previo a su salida solicitar el permiso respectivo a su jefe inmediato a través del link: http.//asistenciaMinisterio de Turismo. turismo.gob.ec, caso contrario se considerará como una falta disciplinaria leve.

La Coordinación General Administrativa Financiera, actuando como órgano sancionador tendrá entre sus funciones el sancionar las faltas por ausencias no autorizadas, falta de horas o fracciones de horas que se detecten en los controles respectivos, y de considerarlo procedente, el tiempo no laborado podría ser descontado del rol del pagos del servidor o del saldo efectivo de sus vacaciones, para lo cual se observará el procedimiento normado en el Código Orgánico Administrativo.

Art. 7.- Elimínese el inciso segundo del Art. 17 e incorpórese el siguiente texto:

«En caso de atrasos reiterativos e injustificados (3 atrasos en el mes), la Dirección de Administración del Talento Humano, actuando como órgano instructor iniciará de oficio o a petición de parte el proceso sancionador respectivo, garantizando siempre el debido proceso y en estricto apego a las disposiciones legales emitidas en el capítulo II, del título I, del libro III del Código Orgánico Administrativo.

Será facultad de la máxima autoridad, su delegado o quien actúe en representación del órgano sancionador, imponer como sanción la retención del valor correspondiente al tiempo no laborado del rol de pagos y/o el descuento del saldo de vacaciones, previa verificación de los hechos y la emisión del dictamen respectivo por parte del órgano instructor.

La aplicación de este tipo de sanción se realizará a través de Resolución debidamente emitida por el órgano sancionador y no podrán exceder del diez por ciento de la remuneración».

Art. 8.- Al final del inciso segundo del Art. 19, agréguese el siguiente texto:

«En caso de encontrar irregularidades en la asistencia de las/os servidoras/es, el órgano instructor iniciará el proceso de régimen disciplinario administrativo correspondiente, concediéndole al servidor el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación del acto administrativo de iniciación, a fin de que el/la inculpado/a presente sus alegaciones y las pruebas que considere necesarias».

Art. 9.- Incorpórese al artículo 21, los siguientes incisos:

«En el sistema implementado para autorizaciones de permisos para el personal de esta Cartera de Estado (link: http.//asistenciaMinisterio de Turismo.turismo. gob.ec/empleados/menu.php), se deberá generar la autorización respectiva en la opción: vacaciones: cuando los días a solicitar sea igual o mayor a cuatro (4) días, si es igual o menor a tres (3) días se deberá solicitar como: permiso con cargo a vacaciones.

La autorización de vacaciones será de responsabilidad del jefe inmediato superior de cada servidor/a, quien deberá verificar en el sistema biométrico institucional, que el/la servidor/a cuente con los días solicitados.

Queda totalmente prohibido anticipar vacaciones a servidores que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley, de conformidad con el artículo 29 de la LOSEP y 27 de su Reglamento».

Art. 10.- Al final del primer inciso del Art. 23, agréguese la siguiente frase:

«la cual deberá ser notificada inmediatamente al retorno del servidor/a a su lugar de trabajo”.

Art. 11.- En la parte final del Art. 25 añádase la siguiente frase:

18 – Miércoles 9 de enero de 2019 Registro Oficial N° 402

‘Todo esto con el fin de que el servidor haga uso únicamente de 30 días entre vacaciones y permisos con cargo a vacaciones al año, distribuidas de la siguiente manera: 22 días hábiles y 8 días de fines de semana».

Art. 12.- En el Art. 26, introdúzcase las siguientes reformas:

Elimínese el inciso segundo del Art. 26;
En el inciso tercero, después de «Por paternidad», incorpórese: «en nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado especial».

Art. 13.- Sustitúyase el Art. 27, por el siguiente:

«Art. 27.- De las licencias por enfermedad.-El/la servidor/a que por prescripción médica se encuentre imposibilitado de concurrir a su lugar de trabajo por imposibilidad física, psicológica, enfermedad catastrófica o accidente grave, dentro del término improrrogable de tres días de haberse producido el hecho, deberá notificara la Dirección de Administración del Talento Humano y a su Jefe Inmediato Superior, sea personalmente, por intermedio de sus familiares o terceras personas la certificación conferida por el profesional que atendió el caso, que deberá contener la siguiente información:

Nombre del profesional;
Dirección del centro médico, que podrá estar incluido en el encabezado o pie de página;
Firma del profesional de salud;

Sello de registro, y;
Código del profesional que atendió el caso.

Este certificado deberá ser ingresado en las ventanillas de la Dirección de Secretaría General para el caso de matriz, y en el caso de las Coordinaciones Zonales deberá ser entregado al responsable de Talento Humano de la Coordinación Zonal respectiva.

Si el profesional de salud otorgare un reposo mayor a tres días, el certificado deberá estar debidamente validado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

La Dirección de Administración del Talento Humano, queda en la facultad de en cualquier momento y de manera aleatoria verificar la autenticidad de los certificados médicos presentados por los/las servidores/as; y, en caso de determinar que este ha sido adulterado o falsificado, iniciará el correspondiente proceso del régimen disciplinario administrativo que corresponda, de conformidad con la ley.

Si el certificado médico no es ingresado en la Dirección de Secretaria General o en la

Coordinación Zonal que corresponda dentro del término establecido en el primero inciso del presente artículo, se procederá inmediatamente al descuento de estos días del saldo efectivo de vacaciones del servidor/a”.

Art. 14.- El artículo 28, Sustitúyase por el siguiente:

«Art. 28.- De las licencias por maternidad.- Toda servidora pública tiene derecho a gozar de una licencia con remuneración de doce (12) semanas; es decir 84 días calendario, por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimientos múltiples el plazo se extiende hasta por diez días adicionales.

Para el otorgamiento de esta licencia la servidora pública dentro del plazo de 5 días término después del parto, deberá solicitar mediante el sistema de gestión documental – QUIPUX a la Dirección de Administración del Talento Humano el respectivo permiso, adjuntado el certificado de nacido vivo, la partida de nacimiento o la cédula de ciudadanía del recién nacido”.

Art. 15.- Después del Art. 28, agréguese los siguientes artículos:

a) «(…).-Todo servidor público tendrá derecho a una licencia por paternidad de diez días tratándose de parto normal y de quince días tratándose de parto por cesárea, en los casos de nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración hasta por ocho días más; y, cuando hayan nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener licencia con remuneración por veinte y cinco días.

En caso de fallecimiento de la madre, durante el parto o mientras goza de la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso, de la parte que reste del período de licencia que le hubiere correspondido a la madre.

Para el otorgamiento de dicha licencia, el servidor dentro de los cinco días término posteriores al nacimiento de su hijo/a, deberá solicitar a través del sistema de gestión documental – QUIPUX a la Dirección de Administración del Talento Humano el respectivo permiso, solicitud a la cual de manera obligatoria adjuntará el certificado de nacido vivo, la partida de nacimiento o la cédula de identidad del recién nacido.

Tanto para la licencia por paternidad como por maternidad, el/la servidor/a inmediatamente después de su reintegro al trabajo deberá acercarse a la Dirección de Administración del Talento Humano para la suscripción de la acción de personal respectiva «:

Registro Oficial N° 402 Miércoles 9 de enero e 2019 – 19

b) «(…) Licencia con remuneración para rehabilitación.- El/la servidor/a que por prescripción médica requiera permiso para rehabilitación física como consecuencia de una enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado, tendrá derecho a una licencia con remuneración de hasta dos horas diarias, permiso que será solicitado a la Dirección de Administración del Talento Humano a través del sistema de gestión documental – QUIPUX, adjuntando el correspondiente certificado médico, dentro de estas dos horas está contemplado el tiempo que el/la servidor/a requiera para movilizarse desde y hacia el centro de rehabilitación”.

Art. 16.- Sustitúyase el Art. 29, por el siguiente:

«Art. 29.- De la atención de los hijos hospitalizados.-El/la servidor/a público tendrá derecho a veinte y cinco días de licencia con remuneración para atender los casos de hija(s) o hijo(s) hospitalizados o con patologías degenerativas, licencia que podrá ser tomada en forma continua o alternada y en el caso de que ambos padres sean servidores de esta Cartera de Estado, podrá ser tomada en forma conjunta, este tiempo será considerado desde el primer día en que el menor ingrese al hospital, hasta el día en que sea dado de alta.

Para el otorgamiento de ésta licencia el/la servidor/a deberá solicitar a la Dirección de Administración del Talento Humano, a través del sistema de gestión documental – QUIPUX el respectivo permiso, para lo cual adjuntará de manera obligatoria el certificado médico en el cual se indique que el niño/a se encuentra hospitalizado y que requiere cuidados y acompañamiento de sus padres, dentro de los tres días término de producido el hecho.

En el caso de que el servidor/a requiera más tiempo del considerado en este artículo, deberá tomarlo con cargo a sus vacaciones, siempre y cuando tengan días por devengar vacaciones y estas sean debidamente aprobadas por su jefe inmediato superior».

Art. 17.- Sustitúyase el Art. 30, por el siguiente:

«Art. 30.- De las licencias por calamidad doméstica-Entiéndase por calamidad doméstica: el fallecimiento, accidente o enfermedad grave del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida o de los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad; el robo, incendio, inundación del domicilio y la pérdida de enseres del hogar del servidor, eventos para los cuales tendrá derecho a una licencia con remuneración de conformidad al siguiente detalle:

a) En caso de fallecimiento de los padres, hijos, hermanos, cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, se concederá tres días continuos y consecutivos en total. Mientras que por fallecimiento de los suegros, cuñados, nietos, abuelos y yerno o nuera de la o el servidor,

se concederán dos días continuos y consecutivos en total y un día adicional si el/la servido/a requiere trasladarse a una ciudad distinta a la de su domicilio, para los respectivos actos fúnebres.

En ambos casos la justificación de su inasistencia se deberá efectuar dentro del término de tres días posteriores a su reintegro, a través del sistema de gestión documental – QUIPUX, al cual se deberá anexar la respectiva partida de defunción.

En el caso de que el servidor requiera permiso para concurrir a los actos fúnebres de otros familiares que no estén contemplados en el acápite anterior, deberá solicitar permiso con cargo a vacaciones.

b) Por accidente grave que provoque imposibilidad física o por enfermedad grave del cónyuge o hijos, el/la servidor/a tendrá derecho a una licencia con remuneración de ocho días continuos y consecutivos en total.

Tratándose de los padres o hermanos del servidor, este tendrá derecho a una licencia con remuneración de dos días continuos y consecutivos en total.

En ambos casos será necesario presentar el respectivo certificado médico, que avale que se trata de un accidente o enfermedad grave y que requiere cuidado especial del/la servidor/a, dentro de los tres días posteriores a su reincorporación

c) El robo, incendio, inundación de su domicilio y la pérdida de enseres de su hogar la/el servidor/a tiene derecho a una licencia con remuneración hasta por ocho días hábiles y continuos en total, para su justificación será necesaria la presentación de los documentos que avalen tal suceso, tales como denuncia por robo, informe de la entidad que corresponda, entre otros”.

Art. 18.- Después del art. 30, agréguese el siguiente artículo:

«(…).- Licencia por matrimonio o unión de hecho.- La o el servidor que contraiga matrimonio legalmente reconocido o unión de hecho, tendrá derecho a una licencia con remuneración de tres días hábiles continuos en total, pudiendo solicitarla antes o después de su celebración. Una vez concedida esta licencia se deberá justificar a través del sistema de gestión documental QUIPUX, en el término máximo de tres días, adjuntando para el efecto la respectiva partida de matrimonio.

Art. 19.- Sustitúyase el Art. 31 por el siguiente:

«Art. 31.-Licencia o permiso sin remuneración para el cuidado de los hijos- Concluida la licencia o permiso por maternidad o paternidad, las y los servidores tendrán derecho a una licencia opcional y voluntaria

20 – Miércoles 9 de enero de 2019 Registro Oficial N° 402

sin remuneración de hasta por nueve (9) meses adicionales, para atender al cuidado de los hijos, dentro de los primeros doce (12) meses de vida del niño o niña. Esta licencia aplicará también para el caso de padres o madres adoptivos.

Para solicitar esta licencia el/la servidor/a deberá presentar su petición a la Coordinación General Administrativa Financiera a través del sistema de gestión documental – QUIPUX, con un mínimo de cinco días previos a que la licencia por maternidad o paternidad concluyan.

Durante el periodo que dure la licencia el servidor no tendrá derecho apercibir el valor correspondiente a la remuneración y los beneficios de ley, de conformidad con la LOSEP y su Reglamento.

Para reemplazar el puesto del servidor que haga uso de esta licencia sin remuneración, se deberá efectuar a través de la figura de contratos de servicios ocasionales, los cuales mantendrán su vigencia hasta la fecha en que dicha licencia o permiso expire”.

Art. 20.- Sustitúyase, en el Art. 33, la frase: «tiempo que debe ser devengado por la o el servidor a quien se le otorgue esta licencia » por la siguiente: «tiempo que debe ser devengado de manera obligatoria por la o el servidor a quien se le otorgue esta licencia, observando el contenido del Art. 211 del Reglamento General de Aplicación a la LOSEP».

Art. 21.- Sustitúyase el Art. 41 por el siguiente:

‘Art. 41.- Del permiso para atención médica. El jefe inmediato superior del servidor/a podrá conceder permiso de hasta dos horas diarias para atención médica, sea en centros pertenecientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o centros médicos privados. Tal permiso deberá ser justificado de manera inmediata a través del formulario de autorización de salida de oficina, al cual se adjuntará en físico el certificado de la atención médica recibida.

Dentro de las dos horas concedidas para atención médica, está contemplado el tiempo de movilización desde y hacia el centro médico, por lo que si el servidor requiere más de las dos horas para la atención médica deberá solicitarlo con cargo a vacaciones».

Art. 22.- En el primer inciso del Art. 42, incorpórense las siguientes reformas:

a) Sustitúyase la frase: «La madre podrá escoger el horario de trabajo a su convenir, siempre y cuando cumpla con las seis (6) horas diarias y sin considerar el horario de almuerzo como tiempo para dicha licencia, por la siguiente: «La servidora podrá escoger el horario de trabajo a su convenir, siempre y cuando cumpla con las seis (6) horas diarias de la jornada de trabajo”.

b) Sustitúyase el inciso segundo del mismo artículo por el siguiente: «La servidora inmediatamente después de su reintegro por licencia con remuneración por maternidad, deberá solicitar vía QUIPUX a la Dirección de Administración del Talento Humano, la concesión del permiso para el cuidado del recién nacido, para lo cual previamente deberá consensuar el horario con su jefe inmediato superior y por lo tanto en la petición formal deberá constar la sumilla de aprobación del mismo”.

Art. 23.- Después del art. 36, agréguese el siguiente artículo:

(…) De las subrogaciones.- La subrogación procederá de conformidad con lo establecido en la LOSEP y su Reglamento. Cuando se trate de subrogaciones del personal que ocupen cargos de Dirección Técnica de Área, esta procederá a partir del término de cuatro días de ausencia de su titular, siempre que exista la necesidad debidamente justificada, con la partida presupuestaria y se cuente con la aprobación del inmediato superior.

En caso de que la ausencia sea menor a este tiempo, quien asumirá estas funciones será el inmediato superior del funcionario, de conformidad con lo establecido en el ERJAFE, respecto a la sustitución, sin que ello signifique subrogación.

Art. 24.- Sustitúyase el Art. 55 por el siguiente:

«Art. 55.- De la potestad para sancionar- Las sanciones disciplinarias administrativas deberán ser impuestas por la máxima autoridad institucional o su delegado legalmente facultado, previa a la instrucción respectiva y dentro del término contemplado en el Art. 245 del Código Orgánico Administrativo».

Art. 25.- En el art. 56, incorpórense las siguientes reformas:

a) Sustitúyase el inciso tercero, por el siguiente texto:

«El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia, en la cual se deberá identificar de manera clara y precisa la falta cometida y las normas cuya violación se alega, de conformidad con la LOSEP, su Reglamento General de Aplicación y el Reglamento Interno de Administración del Talento Humano; y, a esta petición o denuncia se deberá acompañar las pruebas de cargo en las que se basa la petición de inicio de proceso.

La iniciación de los procedimientos sancionadores se formaliza con un acto administrativo expedido en debida forma por el órgano instructor».

b) Sustitúyase el inciso cuarto, por el siguiente:

Registro Oficial N° 402 Miércoles 9 de enero de 2019 – 21

«Para los procesos sancionadores, la autoridad competente deberá observar de manera obligatoria las disposiciones legales constantes en el capítulo II, título I, libro III del Código Orgánico Administrativo”.

c) Sustitúyase el inciso quinto, por el siguiente:

«[/«a vez concluida la instrucción, la autoridad competente emitirá el dictamen que legalmente corresponda observando el contenido del Art. 257 del Código Orgánico Administrativo, el cual será puesto en conocimiento de la máxima autoridad institucional, su delegado o quien actúe como representante del órgano sancionador, quien mediante resolución aceptará o negará las recomendaciones del dictamen , y la misma será debidamente notificada al servidor, al órgano peticionario y/o al denunciante, y archivada en la carpeta institucional del servidor sobre el cual se instauro un procedimiento sancionado, todo esto una vez que el proceso haya causado estado en la vía administrativa y/o ejecutoriado en la vía judicial. En caso de sanción esta constará en la acción de personal respectiva”.

Art. 26.- En el Art. 59 elimínese la frase: «que se ejecutará en aplicación de las garantías del debido proceso, respetando el derecho a la defensa y en aplicación del principio de que en caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor» y en su lugar incorpórese la siguiente frase: «el cual será tramitado ante el Ministerio de Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial Nro.- MDT-2017-0169 de 27 de octubre de 2017».

Art. 27.- Elimínense los Arts. 60, 61 y 62.

Art. 28.- Sustitúyase el Art. 63 por el siguiente:

«La servidora o servidor que considere haber sido sancionada/o injusta o ilegalmente, tendrá Derecho a impugnar dicha resolución, conforme lo establecido en el Código Orgánico Administrativo”.

DISPOSICIÓN GENERAL

Encárguese de la instrucción de procesos sancionadores a la Dirección de Administración del Talento Humano y/o Coordinaciones Zonales, según corresponda. La Coordinación General Administrativa Financiera, realizará las veces de órgano sancionador en los procesos disciplinarios instaurados en contra de los servidores del MENTOR.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento Interno entrará en vigencia desde la fecha de su subscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 6 de diciembre de 2018.

f.) Rosa Enriqueta Prado Moncayo, Ministra de Turismo.

No. 2018 068

Rosa Enriqueta Prado Moncayo MINISTRA DE TURISMO

Considerando:

Que, El artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde […] 1. Expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión […]»;

Que, El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador señala: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, El Art. 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece: «Servidoras y servidores públicos.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público «;

Que, El Art. 5 de la Ley Orgánica del Servicio Público señala: «Requisitos para el ingreso.- Para ingresar al servicio público se requiere […Je) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos públicos […]»;

Que, El Art. 9 de la Ley Orgánica del Servicio Público señala: «No se registrarán los nombramientos expedidos o contratos celebrados a favor de las personas que se encontraren en mora […], en general, con cualquier entidad u organismo del Estado; o, que sean deudores del Estado por contribución o servicio que tenga un año de ser exigible; o, que se encuentren en estado de incapacidad civil judicialmente declarada. […];

Que, El Art. 22 de misma norma ibídem, dispone: «Deberes de las o los servidores públicos. Son deberes de las y los servidores públicos: a) Respetar, cumplir y hacer cumplirla Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley […]»;

Que, Los literales a) y b) del Art. 52 de la LOSEP rezan: «Las Unidades de Administración del Talento Humano, ejercerán las siguientes atribuciones y responsabilidades: a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamento

22 – Miércoles 9 de enero de 2019 Registro Oficial N° 402

general y las resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales, en el ámbito de su competencia; b) Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de gestión del talento humano […]»;

Que, El artículo 3 del Reglamento General a la LOSEP determina que para ocupar un puesto en el servicio público, debe cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Servicio Público; entre ellos, presentar la certificación de no tener impedimento legal para ingresar al servicio público emitida por el Ministerio del Trabajo;Que, El Art. 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva menciona: «Los ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios […]»;

Que, El artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, numeral 13 establece: «Además de los principios establecidos en los artículos 227y 314 de la Constitución de la República, los trámites administrativos estarán sujetos a los siguientes: (…) 13. No duplicidad.- La información o documentación presentada por la o el administrado en el marco de la gestión de un trámite administrativo, no le podrá ser requerida nuevamente por la misma entidad para efectos de atender su trámite o uno posterior (…) «;

Que, El literal e) del numeral 1.1.1 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Turismo, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 2017-044 de 28 de diciembre de 2017, determina como una de las atribuciones y responsabilidades del Ministro/a de Turismo la siguiente: «[…] e) Expedir conforme a la ley, acuerdos, resoluciones, y disposiciones relacionadas con el ámbito de su competencia, en materia turística y administrativa […]»; y,

En ejercicio de la facultad contemplada en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y el literal e) del numeral 1.1.1 de la reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Turismo, la infrascrita Ministra de Turismo,

Acuerda:

Expedir el siguiente «INSTRUCTIVO DE VERIFICACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES PARA EJERCER CARGO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE TURISMO»

Art. 1.- OBJETIVO.

Establecer el procedimiento de verificación de impedimento legal para ejercer cargo público de los servidores públicos que laboran en el Ministerio de Turismo y los que se encuentran dentro de un proceso de selección bajo cualquier modalidad de las establecidas por la ley y su reglamento.

Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las instrucciones impartidas a través de este instrumento legal, serán de aplicación para todos los servidores públicos, sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público del Ministerio de Turismo.

Art. 3.- DEL INGRESO AL MINTUR

Los servidores públicos que ingresen al Ministerio de Turismo, deben cumplir con los requisitos exigidos en el Art. 5 de la Ley Orgánica del Servicio Público y el Art. 3 de su Reglamento General de Aplicación, y entre ellos: «No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos públicos».

Por lo tanto, al ingreso a ésta Cartera de Estado, la Dirección de Administración del Talento Humano verificará que el nuevo servidor no registre impedimento legal alguno para ejercer cargo público.

Art. 4.- VERIFICACIÓN ALEATORIA.

Siendo una competencia de la Dirección de Administración del Talento Humano, cumplir y hacer cumplir la LOSEP, su reglamento general y las resoluciones del Ministerio de Trabajo, en el ámbito de su competencia, esta unidad administrativa será la encargada de revisar cada tres meses y de manera aleatoria, que los servidores no se encuentren inmersos en alguna de las prohibiciones para ejercer cargo público; para el efecto, tomará una muestra de treinta servidores de las Coordinaciones Zonales y cincuenta servidores de planta central, y verificará sí sobre ellos pesa algún tipo de impedimento legal para ejercer cargo público, a través de los mecanismos de verificación que el Ministerio de Trabajo ponga a disposición.

Art. 5.- PROCEDIMIENTO.

En caso de que se verifique que un servidor público se encuentra laborando en el MINTUR a pesar de que en su contra registra impedimento legal para ejercer cargo público, la Dirección de Administración del Talento Humano procederá a notificar al servidor solicitándole subsanar el impedimento de manera inmediata, para el efecto se le concederá el término de cinco días.

Transcurrido éste término, la UATH procederá a revisar en la página institucional del Ministerio de Trabajo si el impedimento legal para ejercer cargo público ha sido debidamente solucionado, imprimirá tal documento, comunicará al Ministerio del Trabajo el particular y procederá archivar el mismo en la carpeta institucional del/ la servidor/a que registraba en su contra un impedimento legal para ejercer cargo público.

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Art. 6.- SANCIÓN.

En el caso de que el/la, servidor/a público/a del MINTUR, luego de finalizado el término detallado en el artículo anterior, continúe registrando algún tipo de impedimento legal para ejercer cargo público, la Dirección de Administración del Talento Humano, dentro del término de tres días contados a partir del incumplimiento del servidor, emitirá un informe técnico, en el que determinará si la o el servidor se encuentra o no impedido de serlo y sus respectivas recomendaciones, de conformidad con el artículo 48 de la LOSEP.

Este informe deberá ser remitido a la máxima autoridad institucional o su delegado, quien dispondrá la remoción inmediata del servidor, previo el proceso respectivo del sumario administrativo.

En el caso de los servidores que se encuentren contratados bajo la modalidad de contratos de servicios ocasionales y/o nombramientos provisionales, se darán por terminados el contrato y/o el nombramiento de manera inmediata, previo el respectivo procedimiento legal.

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA: Todo lo que no se encuentre dispuesto en el presente instructivo se someterá a lo determinado en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General de Aplicación y demás normativa legal conexa aplicable emitida por el Ministerio de Trabajo.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.-E1 presente Instructivo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 6 de diciembre de 2018.

f.) Rosa Enriqueta Prado Moncayo, Ministra de Turismo.

CONVENIO

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN

DE RUSIA PARA EVITAR LA DOBLE

TRIBUTACIÓN Y PARA LA PREVENCIÓN DE LA

EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS

SOBRE LA RENTA

El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la Federación de Rusia deseando concluir un Convenio para evitar la doble imposición y para la prevención de la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, han acordado lo siguiente:

CAPÍTULO I

Ámbito de Aplicación del Convenio

Artículo 1

Ámbito Subjetivo

El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.

Artículo 2

Impuestos Comprendidos

1. El presente Convenio se aplica a los Impuestos sobre la Renta exigibles por cada uno de los Estados Contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, cualquiera que sea el sistema de exacción.

2. Se consideran Impuestos sobre la Renta los que gravan la totalidad de la renta o cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre la renta derivada de la enajenación de la propiedad mobiliaria o inmobiliaria.

3. Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:

a) En la República del Ecuador:

el Impuesto sobre la Renta de personas naturales
el Impuesto sobre la Renta de sociedades y entidades similares (en adelante denominado «impuesto ecuatoriano»); y

b) En Rusia:

el Impuesto sobre las ganancias de organizaciones (tax on profits of organizations)
el Impuesto sobre la renta de personas naturales (tax on income of individuáis) (en adelante denominado «impuesto ruso»);

4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga o a aquellos que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se comunicarán mutuamente al final de cada año las modificaciones significativas que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales.

CAPITULO II

Definiciones

Artículo 3

Definiciones Generales

1. A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, se entenderá que:

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las expresiones «un Estado Contratante» y «el otro Estado Contratante» significan, según lo requiera el contexto, la República de Ecuador o la Federación de Rusia;
el término «República del Ecuador» se refiere a la República del Ecuador, dicho término significa el territorio nacional, incluyendo su mar territorial, subsuelo y demás territorios sobre los cuales la República del Ecuador ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, de conformidad con su legislación interna y el Derecho Internacional;
el término «Rusia» se refiere a la Federación de Rusia, utilizado en sentido geográfico, significa todo el territorio de la Federación de Rusia, y también su zona económica exclusiva y plataforma continental, definida de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley de los Mares (1982)- (UN Convention on the law of the seas – 1982);
el término «persona» comprende las personas naturales, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas;
el término «sociedad» significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que -de acuerdo a la legislación interna- se considere como persona jurídica para efectos impositivos;
las expresiones «empresa de un Estado Contratante» y «empresa del otro Estado Contratante» significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado Contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado Contratante;
la expresión «tráfico internacional» significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa de un Estado Contratante, salvo cuando el transporte ocurre únicamente entre puntos situados en el otro Estado Contratante;

h) la expresión «autoridad competente» significa:

(i) en el caso de la República del Ecuador, el Director General del Servicio de Rentas Internas;

(ii) en el caso de Rusia, el Ministro de Finanzas de la Federación de Rusia o su representante autorizado;

i) el término «nacional», significa:

(i) toda persona natural que posea la nacionalidad de un Estado Contratante; o

(ii) toda persona jurídica o asociación constituida conforme a la legislación vigente en un Estado Contratante.

j) En el caso de Rusia, el término «subdivisiones políticas» significa sujetos de la Federación de Rusia, definidos como tales de acuerdo a su legislación.

2. Para la aplicación del Convenio por un Estado Contratante en un momento determinado, cualquier término o expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por esa legislación fiscal sobre el que resultaría de otras Leyes de ese Estado.

Artículo 4

Residente

1. A los efectos de este Convenio, la expresión «residente de un Estado Contratante» significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado.

2. Cuando, en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una persona natural sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:

dicha persona será considerada residente solamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente solamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);
si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente solamente del Estado donde more;
si morara en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente solamente del Estado del que sea nacional;
si fuera nacional de ambos Estados, o no fuera de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados Contratantes resolverán el caso a través de un procedimiento amistoso.

3. Cuando, en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una persona que no sea una persona natural sea residente de ambos Estados Contratantes, se considerará residente solamente del Estado donde se encuentre su sede de dirección efectiva. Si el Estado donde se encuentre la sede de dirección efectiva no puede ser establecido, las autoridades competentes de los Estados Contratantes se esforzarán por resolver la cuestión a través de un procedimiento amistoso. En ausencia de acuerdo mutuo entre las autoridades

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competentes de los Estados Contratantes, dicha persona no tendrá derecho a exigir ninguna desgravación o exención impositiva contemplada por este Convenio.

Artículo 5

Establecimiento Permanente

1. A efectos del presente Convenio, la expresión «establecimiento permanente» significa un lugar fij o a través del cual una empresa de un Estado Contratante realiza toda o parte de su actividad en el otro Estado Contratante.

2. Se considera que una empresa de un Estado Contratante tiene un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante cuando:

a) Mantenga lugares fijos o centros de actividad económica tales como:

(I) las sedes de dirección;

(ii) las sucursales;

(III) las oficinas;

(iv) las fábricas;

(v) los talleres; y

(vi) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales.

Mantenga obras o proyectos de construcción, instalación o montaje o actividades de supervisión relacionadas con ellos, si su duración es superior a 10 meses;
Mantenga un depósito de bienes o mercancías destinadas al comercio y no únicamente para exponerlas o exhibirlas;
Provea servicios, incluidos los servicios de consultaría a través de empleados o personal contratado por esa empresa, pero únicamente si dichas actividades continúan por un período o períodos que excedan un mes en total, dentro de cualquier periodo de 12 meses;

3. La expresión «establecimiento permanente» no incluye:

la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar o exponer bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas o exponerlas;
el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;
El desarrollo de actividades por medio de un corredor,

un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que estas personas estén actuando en el marco ordinario de su actividad y facturen directamente, por su cuenta y riesgo, transacciones de bienes o servicios. Sin embargo, cuando las actividades de dicho agente son desarrolladas total o parcialmente en nombre de esa empresa, éste no será considerado como un agente de estatus independiente si las transacciones entre el agente y la empresa no fueron realizadas bajo condiciones de plena competencia; y,

e) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar o preparatorio;

4. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, cuando una persona distinta de un agente independiente (al que le será aplicable el literal d) párrafo 3) esté actuando en un Estado Contratante por cuenta de una empresa del otro Estado Contratante, y tenga y ejerza habitualmente en ese Estado Contratante poderes que la faculten para concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado Contratante respecto de las actividades que dicha persona realice para la empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el párrafo 3 y que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese párrafo.

5. No obstante las disposiciones anteriores de este Artículo, se considerará que una empresa aseguradora de un Estado Contratante tiene, salvo por lo que respecta a los reaseguros, un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante, si recauda primas en el territorio de ese otro Estado o si asegura contra riesgos situados en él por medio de una persona que no sea un agente independiente al que se aplique el párrafo 3. d).

6. El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o sea controlada por una sociedad residente del otro Estado Contratante o que realice actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.

CAPÍTULO III

Imposición de las Rentas

Artículo 6

Rentas Inmobiliarias

1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Etado.

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Para los efectos del presente Convenio, la expresión «bienes inmuebles» tendrá el significado que le atribuya el derecho del Estado Contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en explotaciones agrícolas, mineras, petroleras y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces, derechos conocidos como el usufructo de bienes inmuebles y los derechos a percibir pagos variables o fijos por la explotación o la concesión de la explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales. Los buques y aeronaves no se considerarán bienes inmuebles.
Las disposiciones del párrafo 1 son aplicables a las rentas derivadas de la utilización directa, el arrendamiento, tenencia o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de bienes inmuebles.
Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de la renta derivada de los bienes inmuebles utilizados para la prestación de servicios personales independientes.
Las disposiciones de los párrafos 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas de las unidades de un fideicomiso de inversión inmobiliaria, un fondo de inversión inmobiliaria o similares instrumentos de inversión colectiva, que se organizan principalmente con el propósito de invertir en bienes inmuebles.

Artículo 7

Beneficios Empresariales

1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. En tal caso, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean imputables a ese establecimiento permanente.

2. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3, cuando una empresa de un Estado Contratante realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento permanente los beneficios que el mismo hubiera podido obtener si fuera una empresa distinta e independiente que realizase actividades idénticas o similares, en las mismas o análogas condiciones y se tratase con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente.

3. Para la determinación del beneficio del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos, incluyendo los gastos de dirección y generales de administración, en la medida en que éstos se hayan realizado para los fines del establecimiento permanente,

tanto si se efectúan en el Estado en el que se encuentra el establecimiento permanente como en otra parte, siempre y cuando, la legislación interna del Estado Contratante donde se encuentra el establecimiento permanente, considere tales gastos como deducibles.

El Estado Contratante donde se encuentre el establecimiento permanente reconocerá los gastos de éste siempre y cuando se cumpla con los requisitos formales establecidos en la legislación interna de ese Estado Contratante.

4. Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar los beneficios imputables a un establecimiento permanente sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el párrafo 2 no impedirá que ese Estado Contratante determine de esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en este Artículo.

5. A efectos de los párrafos anteriores, los beneficios imputables al establecimiento permanente se calcularán cada año utilizando el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.

6. Cuando los beneficios comprendan elementos de renta regulados separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de dichos Artículos no quedarán afectadas por las del presente Artículo.

Artículo 8

Transporte Marítimo Y Aéreo

Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en ese Estado Contratante.
Para efectos del presente Artículo:

a) el término «beneficios» comprende:

(i) los ingresos brutos derivados de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional, y

(ii) los intereses sobre cantidades generadas directamente de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional, siempre que dichos intereses sean accesorios a la explotación.

b) la expresión «explotación de buques o aeronaves» por una empresa, comprende también:

(i) el alquiler o arrendamiento de buques o aeronaves a casco desnudo;

(ii) el arrendamiento de contenedores y equipo relacionado, siempre que dicho alquiler o arrendamiento sea accesorio a la explotación, por esa empresa, de buques o aeronaves en tráfico internacional.

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3. No obstante las disposiciones del párrafo 1 y del Artículo 7, los beneficios provenientes de la explotación de buques o aeronaves, utilizados principalmente para transportar pasajeros o bienes exclusivamente entre lugares ubicados en un Estado Contratante podrán ser sometidos a imposición en ese Estado.

Artículo 9

Empresas Asociadas

1. Cuando:

una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante,
las decisiones sean tomadas por órganos directivos integrados en su mayoría por los mismos miembros en una empresa de un Estado Contratante y una empresa del otro Estado Contratante,
el mismo grupo de miembros, socios o accionistas, participe directa o indirectamente en la dirección, control o capital de una empresa de una Estado Contratante y una empresa del otro Estado Contratante,
unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante,

Y, en uno y otro caso, las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia.

Cuando un Estado Contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado -y, en consecuencia, grave- las de una empresa del otro Estado que ya han sido gravados por este segundo Estado, y estos beneficios así incluidos son los que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las acordadas entre empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esos beneficios, si está de acuerdo con tal ajuste. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de los Estados Contratantes se consultarán en caso necesario.
Las disposiciones del párrafo 2 no se aplicarán cuando, de actuaciones judiciales o administrativas o de actuaciones legales de otra índole, haya una decisión firme de que, en virtud de actos que den lugar a un ajuste de los beneficios con arreglo a lo señalado en el párrafo 1, una de esas empresas sea sujeta de sanción por fraude, negligencia grave o incumplimiento fraudulento.

Artículo 10 Dividendos

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el Estado Contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y según la legislación de ese Estado. Sin embargo, si el beneficiario es un residente del otro Estado Contratante y el beneficiario efectivo de los dividendos, el impuesto así exigido no podrá exceder del:

cinco por ciento (5%) del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que posea directamente al menos el veinticinco por ciento (25%) de las acciones con derecho a voto de la sociedad que paga dichos dividendos;
diez por ciento (10%) del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos.

Las disposiciones de este párrafo no afectan a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los que se pagan los dividendos.

El término «dividendos», en el sentido de este Artículo, significa las rentas de las acciones u otros derechos -excepto los de crédito- que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otros derechos sujetas al mismo régimen fiscal que las rentas de las acciones por la legislación del Estado de residencia de la sociedad que hace la distribución. Este término también significa cualquier pago correspondiente a las unidades de los fondos comunes de inversión (mutual investment funds) o instrumentos de inversión colectiva similares (distintos de los mencionados en el párrafo 5 del artículo 6).
Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a través de un establecimiento permanente situado allí, o presta en ese otro Estado Contratante servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y la participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según corresponda.

5. Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no podrá exigir impuesto alguno sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o base fija situado en ese otro Estado, ni tampoco someter los beneficios no distribuidos

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de la sociedad a un impuesto sobre las mismas, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado.

6. Las disposiciones de este Artículo no se aplicarán si el propósito o uno de los principales propósitos de cualquier persona vinculada con la creación o asignación de las acciones u otros derechos en relación con los cuales se paga el dividendo, sea tomar ventaja de este Artículo mediante tal creación o asignación.

Artículo 11

Intereses

Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado Contratante.
Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el Estado Contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del diez por ciento (10%) del importe bruto de los intereses.
No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados al Gobierno, una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o cualquier institución financiera totalmente de propiedad del Gobierno del otro Estado Contratante, o pagados en préstamos garantizados o asegurados por el Gobierno, una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o cualquier institución financiera totalmente de propiedad del Gobierno del otro Estado Contratante, así como los intereses pagados sobre los préstamos concedidos por las instituciones financieras de propiedad del otro Estado Contratante realizadas en el marco de la cooperación intergubernamental para financiar programas de desarrollo económico y social previa la autorización del Gobierno del Estado en el que reside el prestatario, estará exenta de impuesto en el primer Estado mencionado.
El término «intereses», en el sentido de este Artículo, significa las rentas de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria, y en particular, las rentas de valores públicos y las rentas de bonos y obligaciones, así como cualquier otra renta que está sometida al mismo tratamiento tributario como rentas provenientes de capitales o dineros prestados, por la legislación tributaria del Estado Contratante del que procedan las rentas. Sin embargo, el término «interés» no incluye las rentas comprendidas en el Artículo 10.
Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, o presta en el otro Estado servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y si el crédito que genera los intereses es atribuible a dicho establecimiento

permanente o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según corresponda.

Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con el cual se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y estos últimos son soportados por el citado establecimiento permanente o base fija, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado Contratante en que esté situado el susodicho establecimiento permanente o base fija.
Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este Artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

Las disposiciones de este Artículo no se aplicarán si el propósito o uno de los principales propósitos de cualquier persona vinculada con la creación o asignación del crédito en relación al cual los intereses se pagan, sea tomar ventaja de este Artículo mediante tal creación o asignación.

Artículo 12

Regalías

Las regalías procedentes de un Estado Contratante cuyo beneficiario efectivo sea un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
Sin embargo, tales regalías también pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los regalías es residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder:

diez por ciento (10%) del importe bruto de las regalías por el uso o derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos;
quince por ciento (15%o) del importe bruto de las regalías en todos los demás casos.

3. El término «regalías» utilizado en este artículo significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o el derecho de uso de cualquier derecho de autor sobre obras o trabajos literarios, artísticos o científicos, incluidas las películas cinematográficas, cintas y otros medios de reproducción de sonido e imagen, patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos u

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otra propiedad intangible, incluida la información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, incluyendo el derecho de los obtentores de variedades vegetales, o por el uso o el derecho a la uso de equipos industriales, comerciales o científicos.

Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo no son aplicables si el beneficiario efectivo de las regalías, residente de un Estado Contratante, realiza en el Estado Contratante del que proceden las regalías una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, o presta servicios personales independientes por medio de una base fija, y si el bien o el derecho por el que se pagan las regalías está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o del Artículo 14, según corresponda.
Las regalías se considerarán procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de las regalías, sea o no residente en un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija en relación con el cual se haya contraído la obligación de pagar las regalías y este establecimiento o base fija soporte el pago de las mismas, las regalías se considerarán procedentes del Estado en que esté situado el establecimiento permanente o base fija.
Cuando, por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo o por las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este Artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.
Las disposiciones de este Artículo no son aplicables si el propósito o uno de los principales propósitos de cualquier persona vinculada con la creación o asignación de los derechos en relación a los cuales las regalías se pagan, sea tomar ventaja de este Artículo mediante tal creación o asignación.

Artículo 13

Ganancias de Capital

Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante, serán sometidas a imposición únicamente en ese otro Estado.
Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de uno de los Estados Contratantes mantenga en el otro Estado Contratante o de los bienes muebles relacionados a una base fija de que disponga un residente de uno de los Estados Contratantes en el otro

Estado Contratante a fin de prestar servicios personales independientes, incluidas las ganancias derivadas de la enajenación de dicho establecimiento permanente (sólo o con el conjunto de la empresa) o de dicha base fija, podrán gravarse en ese otro Estado.

Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional o de propiedad mobiliaria afecta a la explotación de dichos buques o aeronaves pueden someterse a imposición únicamente en el Estado Contratante donde resida quien enajena.
Nada de lo establecido en el presente artículo afectará la aplicación de la legislación interna de un Estado Contratante para someter a imposición las ganancias de capital derivadas de la enajenación de cualquier otro tipo de propiedad distinta de las mencionadas en este Artículo.

Artículo 14

Renta del Trabajo Independiente

1. Las rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante por la prestación de servicios profesionales o el ejercicio de otras actividades de carácter independiente sólo podrán someterse a imposición en ese Estado, excepto en las siguientes circunstancias, en que esas rentas podrán ser gravadas también en el otro Estado Contratante:

si dicho residente tiene en el otro Estado Contratante una base fija de la que disponga regularmente para el desempeño de sus actividades; en tal caso, sólo podrá gravarse en ese otro Estado Contratante la parte de las rentas que sea atribuible a dicha base; o
si su estancia en el otro Estado Contratante es por un período o períodos que sumen o excedan en total de 183 días en todo período de doce meses; en tal de caso, sólo podrá gravarse en ese otro Estado la parte de la renta obtenida de las actividades desempeñadas por él en ese otro Estado.

2. La expresión «servicios profesionales» comprende especialmente las actividades científicas, literarias, artísticas, de educación o enseñanza independientes, así como las actividades independientes de los médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, contadores y auditores.

Artículo 15

Renta del Trabajo Dependiente

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado Contratante en razón de un trabajo dependiente sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el trabajo dependiente se realice en el otro Estado Contratante. Si el trabajo dependiente se realiza en este último Estado Contratante, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a impsición en él.

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2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante en razón de un trabajo dependiente realizado en el otro Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en el Estado mencionado en primer lugar si:

el perceptor permanece en el otro Estado Contratante durante un período o períodos cuya duración no exceda, en conjunto, de 183 días, en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado, y
las remuneraciones son pagadas por, o en nombre de, una persona que no sea residente de ese otro Estado Contratante, y
las remuneraciones no son soportadas por un establecimiento permanente o una base fija, que la persona tenga en el otro Estado Contratante.

3. No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo realizado a bordo de un buque o aeronave explotado en tráfico internacional sólo podrá someterse a imposición en ese Estado Contratante.

Artículo 16

Remuneraciones en Calidad de Consejero

Las remuneraciones en calidad de consejero, dietas de asistencia y otras retribuciones similares que un residente de un Estado Contratante obtenga como miembro de un órgano de gerencia o directorio, consejo de administración o de vigilancia de una sociedad residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 17

Artistas y Deportistas

No obstante lo dispuesto en los Artículos 7, 14 y 15, las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus actividades personales en el otro Estado Contratante en calidad de artista del espectáculo, tal como actor de teatro, cine, radio o televisión o músico o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado Contratante. Las rentas a que se refiere el presente párrafo incluyen las rentas que dicho residente obtenga de cualquier actividad personal ejercida en el otro Estado Contratante relacionada con su renombre como artista del espectáculo o deportista.
No obstante lo dispuesto en los Artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades personales de los artistas del espectáculo o los deportistas, en esa calidad, se atribuyan no ya al propio artista del espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse a imposición en el Estado Contratante donde se realicen las actividades del artista del espectáculo o del deportista.

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no se aplicarán a las rentas obtenidas por un artista o deportista que se deriven de actividades realizadas en virtud de un acuerdo cultural celebrado entre los Estados Contratantes.

Artículo 18

Pensiones

1. Las pensiones y demás remuneraciones similares pagadas a un residente de un Estado Contratante por un trabajo dependiente anterior serán sometidas a imposición sólo en ese Estado Contratante.

2. No obstante las disposiciones del párrafo 1, las pensiones y otros pagos hechos en virtud de programas oficiales de pensiones que sean parte del sistema de seguridad social de un Estado Contratante, sus subdivisiones políticas o entidades locales, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado Contratante.

Artículo 19

Funciones Públicas

Los sueldos, salarios y otras remuneraciones, distintas a pensiones, pagadas por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales a una persona natural por los servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones sólo pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante si los servicios se prestan en ese Estado y la persona natural es un residente de ese Estado que:

(i) es nacional de ese Estado, o

(ii) no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar los servicios.

2. Lo dispuesto en los Artículos 15, 16, 17 y 18 se aplica a las remuneraciones y pensiones pagadas por los servicios prestados en el marco de una actividad o un negocio realizado por un Estado Contratante, subdivisión política o entidad local.

Artículo 20

Estudiantes

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención, estudios o capacitación un estudiante o una persona en prácticas que sea, o haya sido inmediatamente antes de llegar a un Estado Contratante, residente del otro Estado Contratante y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus estudios o capacitación, no pueden someterse a imposición en ese Estado siempre que procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado.

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Artículo 21

Otras Rentas

Las rentas de un residente de un Estado Contratante no mencionadas en los Artículos anteriores del presente Convenio y que provengan del otro Estado Contratante también pueden someterse a imposición en ese otro Estado Contratante.

CAPÍTULO IV

Métodos Para Eliminar la Doble Imposición

Artículo 22

Eliminación de la Doble Imposición

1. En la República del Ecuador, la doble imposición se eliminará como sigue:

cuando un residente de la República del Ecuador obtenga rentas que, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Convenio, pueden someterse a imposición en Rusia, la República del Ecuador dejará exentas tales rentas, sin perjuicio de lo dispuesto en el subpárrafo b).
cuando un residente de la República del Ecuador obtenga rentas que, de acuerdo con las disposiciones de los Artículos 10, 11 y 12, pueden someterse a imposición en Rusia, la República del Ecuador admitirá la deducción en el impuesto ecuatoriano sobre las rentas de dicho residente de un importe igual al impuesto pagado en Rusia. Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto, calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas obtenidas en Rusia.

2. En Rusia, la doble imposición se eliminará como sigue:

cuando un residente de Rusia obtenga rentas procedentes de la República del Ecuador, el importe de impuesto sobre esas rentas sometido a imposición en la República del Ecuador, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puede ser imputado contra el impuesto ruso exigido a ese residente. El importe del crédito, sin embargo, no excederá la cuantía del impuesto ruso sobre esas rentas calculado conforme a las leyes y regulaciones tributarias de Rusia.

CAPITULO V

Disposiciones Especiales

Artículo 23

No Discriminación

1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia.

Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante no serán sometidos a imposición en ese Estado de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades.
Nada en este Artículo podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a conceder a los residentes del otro Estado Contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.
A menos que se apliquen las disposiciones del párrafo 3 del Artículo 7, Artículo 9, de los párrafos 7 y 8 del Artículo 11 o de los párrafos 6 y 7 del Artículo 12, los intereses, regalías y demás gastos pagados por una empresa de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante serán deducibles para determinar las beneficios sujetos a imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que si se hubieran pagado a un residente del Estado mencionado en primer lugar.

5. Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado Contratante, no se someterán en el Estado mencionado en primer lugar a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidas otras empresas similares del Estado mencionado en primer lugar, sin perjuicio de las normas relativas a partes relacionadas que maneje cada uno de los Estados Contratantes en su legislación interna, siempre y cuando esto no signifique un trato discriminatorio.

6. En el presente Artículo el término «imposición» se refiere a los impuestos que son objeto de este Convenio.

Artículo 24

Limitación de Beneficios

1. Salvo que en el presente Convenio se disponga lo contrario, una persona (distinta de una persona natural) que sea residente de un Estado Contratante y que obtenga rentas del otro Estado Contratante tendrá derecho a todos los beneficios de este Convenio acordados para los residentes de un Estado Contratante, únicamente si dicha persona satisface los requisitos señalados en el párrafo 2 y cumple con las demás condiciones de este Convenio para la obtención de cualquiera de dichos beneficios.

2. Un residente de un Estado Contratante será una persona que satisface los requisitos para un ejercicio fiscal sólo si dicha persona es:

una entidad Gubernamental; o
una sociedad constituida en cualquiera de los Estados Contratantes, en la que al menos el cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto o del valor de las acciones de la sociedad sea propiedad directa o indirectamente de

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una o más personas naturales residentes en cualquiera de los Estados Contratantes y/o de otras personas constituidas en cualquiera de los Estados Contratantes, en las que al menos el cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto o del valor de las acciones o de la participación en los beneficios sean propiedad directa o indirectamente de una o más personas naturales residentes en cualquiera de los Estados Contratantes, o

una sociedad de personas -partnership- o una asociación de personas, en la que al menos el cincuenta por ciento (50%) o más de la participación en los beneficios sea propiedad de una o más personas naturales residentes en cualquiera de los Estados Contratantes y/o de otras personas constituidas en cualquiera de los Estados Contratantes, en las que al menos el cincuenta por ciento (50%o) de los derechos de voto o del valor de las acciones o la participación en los beneficios sean propiedad directa o indirectamente de una o más personas naturales residentes en cualquiera de los Estados Contratantes, o
institución de beneficencia u otra entidad que se encuentre exenta para efectos fiscales, cuyas principales actividades sean realizadas en cualquiera de los Estados Contratantes.

Las personas mencionadas anteriormente no tendrán derecho a los beneficios del presente Convenio si en el ejercicio fiscal más del cincuenta por ciento (50%) de sus rentas brutas es pagado, directa o indirectamente, a personas que no sean residentes de ninguno de los Estados Contratantes mediante pagos que sean deducibles para efectos del impuesto a la renta determinado conforme al presente Convenio en el Estado de residencia de la persona.

Sin embargo, un residente de un Estado Contratante tendrá derecho a los beneficios del presente Convenio si la autoridad competente del otro Estado Contratante determina que dicho residente lleva a cabo actividades económicas en el otro Estado y que el establecimiento o adquisición o mantenimiento de dicha persona y la realización de dichas actividades no tuvo como uno de sus principales fines la obtención de los beneficios del Convenio.
Antes de que a un residente de un Estado Contratante se le niegue la desgravación fiscal en el otro Estado Contratante debido a lo dispuesto en los párrafos anteriores, las autoridades competentes de los Estados Contratantes se consultarán mutuamente. Asimismo, las autoridades competentes de los Estados Contratantes pueden consultarse mutuamente con respecto a la aplicación de este Artículo.

Artículo 25

Procedimiento Amistoso

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente Convenio podrá, con independencia de los recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, someter su caso a la

autoridad competente del Estado Contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el párrafo 1 del Artículo 23, a la del Estado Contratante del que sea nacional. El caso deberá ser planteado dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la medida que genera una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio.

2. La autoridad competente, si la reclamación parece fundada y si no puede por sí misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión por medio de un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado Contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. El acuerdo será aplicable, independientemente de los plazos previstos por el derecho interno de los Estados Contratantes.

Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación del Convenio por medio de un acuerdo amistoso. También podrán ponerse de acuerdo para tratar de eliminar la doble imposición en los casos no previstos en el Convenio.
A fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los párrafos anteriores, las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán comunicarse directamente, incluso en el seno de una comisión mixta integrada por ellas mismas o sus representantes.

Artículo 26

Intercambio de Información

1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán la información previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio o para administrar o aplicar la legislación nacional de los Estados Contratantes relativa a los impuestos de todo tipo, incluida la información relacionada a la identificación, determinación, o recaudación de dichos impuestos, para el cobro y la ejecución de créditos tributarios, para la investigación o persecución de presunta defraudación tributaria o casos de evasión tributaria. El intercambio de información no vendrá limitado por los Artículos 1 y 2 del presente Convenio.

La información recibida por cualquiera de los Estados Contratantes será mantenida secreta de la misma forma que la información obtenida en virtud del Derecho interno del Estado requerido o conforme a las condiciones de confidencialidad del Estado solicitante si tales condiciones son más restrictivas, y sólo se desvelará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) involucradas en la liquidación, identificación, determinación, gestión o recaudación de los impuestos relacionados con la información solicitada; de la aplicación efectiva o de la persecución del incumplimiento relativo a dichos impuestos; o de la resolución de los recursos en relación con los mismos.

Dichas personas o autoridades sólo utilizarán esta información para estos fines y en el ejercicio de sus facultades legalmente establecidas. Podrán revelarla en procesos judiciales públicos ante los tribunales o en

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resoluciones judiciales del Estado al que pertenece la Administración Tributaria del Estado requirente en relación con estos temas.

2. En ningún caso las disposiciones del párrafo 1 podrán interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a:

adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa, o a las del otro Estado Contratante;
suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado Contratante; y,
suministrar información que revele secretos comerciales, industriales o profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación sea contraria al orden público.

Sin embargo de lo anterior, este párrafo no se interpretará en el sentido de que el Estado requerido pueda negarse a proporcionar la información solicitada porque la misma deba ser obtenida de instituciones financieras o figuras análogas.

3. Si un Estado Contratante solicita información conforme al presente Artículo, el otro Estado Contratante la obtendrá de la misma forma y en la misma medida que aplicaría si se tratara de su propia imposición, sin importar el hecho de que el otro Estado, en ese momento, pueda no necesitar de tal información para sus propios fines tributarios. Cuando sea solicitada en forma específica por la autoridad competente de un Estado Contratante, la autoridad competente del otro Estado Contratante proporcionará la información a la que se refiere el presente Artículo en la forma requerida, la que podrá consistir en -entre otras- declaraciones de testigos y copias certificadas de documentos originales sin enmiendas (incluyendo libros, papeles, pronunciamientos, registros, informes y escritos), en la misma medida en que tales declaraciones y documentos puedan ser obtenidos de conformidad con la legislación y prácticas administrativas de ese otro Estado en relación a sus propios impuestos.

4. Cuando la autoridad competente de un Estado Contratante considere que la información que ha recibido del otro Estado Contratante es susceptible de ser utilizada por la autoridad competente de un tercer País con el cual mantenga suscrito un convenio específico de intercambio de información, podrá transmitirla a este último con el consentimiento de la autoridad competente del Estado Contratante que la haya facilitado.

5. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2, las disposiciones de los párrafos precedentes se interpretarán en el sentido de que imponen a uno de los Estados Contratantes la obligación de utilizar todos los medios legales y desplegar sus mejores esfuerzos para ejecutar una solicitud. El Estado Contratante requerido actuará con la máxima diligencia sin exceder de 30 días el plazo de su respuesta, a contar desde la recepción de la solicitud. En caso de imposibilidad

del cumplimiento del plazo para la respuesta, de dificultad para obtener la información o de rehusarse a entregarla, la autoridad competente del Estado Contratante requerido deberá informarlo a la autoridad competente del Estado Contratante requirente, indicando la posible fecha en que la respuesta podrá ser enviada, la naturaleza de los obstáculos o las razones para rehusarse a entregar la información solicitada, según corresponda. En cualquier caso, el Estado requerido no podrá negarse a proporcionar la información únicamente porque deba obtenerse de instituciones bancarias, financieras o de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria o porque esa información haga referencia a la participación en la titularidad de una persona. El Estado requirente se asegurará de que la información que solicite sea de su interés, razonable y necesaria para la determinación de un impuesto o de un ilícito tributario.

6. Para facilitar el oportuno intercambio de información previsto en este Artículo, las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán -de mutuo acuerdo- un procedimiento específico para tal efecto. Si las autoridades competentes de los Estados Contratantes se ponen de acuerdo en seguir un procedimiento aprobado propuesto por el Estado requirente, este será cumplido en los términos acordados.

En el caso de la República de Ecuador, la información obtenida a través de este Convenio tendrá validez legal conforme a las leyes del Estado requirente siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en dichas leyes y en el presente Convenio.

En el caso de Rusia, cualquier información recibida de conformidad con lo dispuesto en el presente Convenio o un certificado de residencia o cualquier otro documento expedido por una autoridad competente de un Estado Contratante o por su representante autorizado no requerirá de autenticación o apostilla para los fines de la aplicación de cualquier disposición del presente Convenio, incluyendo su uso en tribunales u órganos administrativos.

Artículo 27

Asistencia en la Recaudación de Impuestos

1. Los Estados Contratantes se procurarán asistencia mutua para recaudar sus acreencias fiscales. Esta asistencia no está limitada por los Artículos 1 y 2. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán fijar de mutuo acuerdo el modo de aplicación de este Artículo.

2. La expresión «acreencia fiscal» en el sentido de este Artículo significa todo importe debido en concepto de impuestos de toda clase y naturaleza exigibles por los Estados Contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, en la medida en que esta imposición no sea contraria al presente Convenio o a cualquier otro instrumento del que los Estados Contratantes sean parte; la expresión comprende igualmente los intereses, sanciones administrativas y costos de recaudación o de establecimiento de medidas cautelares relacionados con dicho importe.

34 – Miércoles 9 de enero de 2019 Registro Oficial N° 402

Cuando una acreencia fiscal de un Estado Contratante sea exigible en virtud del Derecho de ese Estado y el deudor sea una persona que conforme al Derecho de ese Estado no pueda impedir en ese momento su recaudación, las autoridades competentes del otro Estado Contratante, a petición de las autoridades competentes del primer Estado, aceptarán dicha acreencia fiscal para los fines de su recaudación por ese otro Estado. Dicho otro Estado recaudará las acreencias fiscales de acuerdo con lo dispuesto en su legislación relativa a la aplicación y recaudación de sus propios impuestos, como si se tratara de sus propias acreencias fiscales.
Cuando una acreencia fiscal de un Estado Contratante sea de naturaleza tal que ese Estado pueda, en virtud de su Derecho interno, adoptar medidas cautelares que aseguren su recaudación, las autoridades competentes del otro Estado Contratante, a petición de las autoridades competentes del primer Estado, aceptarán dicha acreencia fiscal para los fines de adoptar tales medidas cautelares. Ese otro Estado adoptará las medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto en su legislación como si se tratara de una acreencia fiscal propia, aun cuando en el momento de aplicación de dichas medidas la acreencia fiscal no fuera exigible en el Estado mencionado en primer lugar o su deudor fuera una persona con derecho a impedir su recaudación.
No obstante lo dispuesto en los párrafos 3 y 4, una acreencia fiscal aceptada por un Estado Contratante a los efectos de dichos párrafos no estará sujeta en ese Estado a la prescripción o prelación aplicables a las acreencias fiscales conforme a su Derecho interno por razón de su naturaleza de acreencia fiscal. Asimismo, una acreencia fiscal aceptada por un Estado Contratante a los efectos de los párrafos 3 ó 4 no disfrutará en ese Estado de las prelaciones aplicables a las acreencias fiscales en virtud del Derecho del otro Estado Contratante.

6. Ningún procedimiento relativo a la existencia, validez o cuantía de la acreencia fiscal de un Estado Contratante podrá incoarse ante los tribunales u órganos administrativos del otro Estado Contratante.

7. Cuando en un momento posterior a la solicitud de recaudación realizada por un Estado Contratante en virtud de los párrafos 3 ó 4, y previo a su recaudación y remisión por el otro Estado Contratante, la acreencia fiscal dejara de ser:

en el caso de una solicitud presentada en virtud del párrafo 3, una acreencia exigible conforme al Derecho interno del Estado mencionado en primer lugar y cuyo deudor fuera una persona que en ese momento y según el Derecho de ese Estado no pudiera impedir su recaudación, o
en el caso de una solicitud presentada en virtud del párrafo 4, una acreencia con respecto a la cual, conforme al Derecho interno del Estado mencionado en primer lugar, pudieran adoptarse medidas cautelares para asegurar su recaudación las autoridades competentes del Estado mencionado en primer lugar notificarán sin dilación a las autoridades competentes del otro Estado

ese hecho y, según decida ese otro Estado, el Estado mencionado en primer lugar suspenderá o retirará su solicitud.

8. En ningún caso las disposiciones de este Artículo se interpretarán en el sentido de obligar a un Estado Contratante a:

adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa o a las del otro Estado Contratante;
adoptar medidas contrarias al orden público;
suministrar asistencia cuando el otro Estado Contratante no haya aplicado, razonablemente, todas las medidas cautelares o para la recaudación, según sea el caso, de que disponga conforme a su legislación o práctica administrativa;
suministrar asistencia en aquellos casos en que la carga administrativa para ese Estado esté claramente desproporcionada con respecto al beneficio que vaya a obtener el otro Estado Contratante.

Artículo 28

Miembros de Misiones Diplomáticas y de Oficinas Consulares

Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo con los principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.

Artículo 29

Disposiciones Misceláneas

1. La suscripción de este Convenio no limita de ninguna manera las facultades de determinación y control que en función de su legislación interna le corresponden a las autoridades competentes de cada uno de los Estados Contratantes. Ningún residente de los Estados Contratantes podrá alegar la existencia del presente Convenio para justificar el incumplimiento de obligaciones y requisitos previstos en la legislación interna de cada uno de los Estados Contratantes.

2. Considerando que el objetivo principal de este Convenio es evitar la doble imposición internacional, los Estados Contratantes acuerdan que, en el evento de que las disposiciones del Convenio sean usadas en forma tal que otorguen beneficios no contemplados ni pretendidos por éste, las autoridades competentes de los Estados Contratantes deberán, en conformidad al procedimiento amistoso del Artículo 25, recomendar modificaciones específicas al Convenio. Los Estados Contratantes además acuerdan que cualquiera de dichas recomendaciones será considerada y discutida de manera expedita con miras a modificar el Convenio en la medida en que sea necesario.

Registro Oficial N° 402 Miércoles 9 de enero de 2019 – 35

3. Cada uno de los Estados Contratantes conserva el derecho de someter a imposición, de conformidad con su legislación, las rentas cuya imposición se atribuya al otro Estado por el Convenio, pero que no se encuentren efectivamente sometidas a imposición por la legislación interna de ese otro Estado.

CAPITULO VI

Disposiciones Finales

Artículo 30

Entrada en vigor

Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro, a través de canales diplomáticos, el cumplimiento de los procedimientos exigidos por su legislación para la entrada en vigor del presente Convenio. Dicho Convenio entrará en vigor en la fecha de recepción de la última notificación.
Las disposiciones de este Convenio se aplicarán:

En la República del Ecuador, con respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y a las cantidades que se paguen, abonen en cuenta, se pongan a disposición o se contabilicen como un gasto, a partir del primer día del mes de enero del año calendario inmediatamente siguiente a aquel en que el Convenio entre en vigor, y
En Rusia, con respecto a las rentas obtenidas durante los años fiscales que inicien en o a partir del primer día del mes de enero del año siguiente a aquel en que el presente Convenio entre en vigor.

Artículo 31

Terminación

1. El presente Convenio permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Contratantes podrá, a más tardar el 30 de junio de cualquier año calendario, dar al otro Estado Contratante un aviso de término por escrito, a través de la vía diplomática.

2. Las disposiciones de este Convenio dejarán de surtir efecto:

en la República del Ecuador, con respecto a los impuestos sobre las rentas que se obtengan y a las cantidades que se paguen, abonen en cuenta, se pongan a disposición o se contabilicen como un gasto, a partir del primer día del mes de enero del año calendario inmediatamente siguiente;
en Rusia, con respecto a las rentas obtenidas durante los años fiscales que inicien en o a partir del primer día del mes de enero del año calendario siguiente a aquel en el cual la notificación de terminación sea entregada;

El derecho de los Estados a solicitar información, en virtud del presente Convenio, se mantendrá hasta el 31 de diciembre del año siguiente al de la terminación de este instrumento. Las solicitudes de información que se hubieren efectuado durante la vigencia del Convenio deberán ser tramitadas conforme al procedimiento establecido para estos casos, hasta la culminación del proceso con la atención de dicha solicitud.
El derecho de los Estados a solicitar asistencia en virtud del Artículo 27 se mantendrá hasta el 31 de diciembre del año en que cualquiera de los Estados denuncie este instrumento. Las solicitudes de asistencia en la recaudación que se hubieren efectuado durante la vigencia del Convenio deberán ser tramitadas conforme al procedimiento establecido para estos casos, hasta la culminación del proceso con la atención de dicha solicitud.

Hecho por duplicado en la ciudad de Sochi el 14 de noviembre de 2016, en los idiomas Castellano, Ruso, e Inglés, siendo los tres textos igualmente válidos. En el caso de divergencia en la interpretación, el texto en Inglés prevalecerá.

Por el Gobierno de la República del Ecuador

f.) Ilegible.

Por el Gobierno de la Federación de Rusia

f.) Ilegible.

PROTOCOLO

Al momento de la firma del Convenio entre el Gobierno de la Federación de Rusia y el Gobierno de la República del Ecuador para evitar la doble tributación y para la prevención de la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, los signatarios han acordado las siguientes disposiciones que forman parte integral del Convenio.

General:

El término «base fija» (fixed base) en este Convenio significa un lugar fijo a través del cual una persona natural realiza sus servicios personales independientes.

Con respecto al Artículo 3:

En el caso de la República del Ecuador, el término «sociedad» (company) incluye cualquier sociedad o persona jurídica que sea considerada como tal por la legislación ecuatoriana.

Hecho por duplicado en la ciudad de Sochi el 14 de diciembre de 2016, en los idiomas Castellano, Ruso e Inglés, siendo los tres textos igualmente válidos. En el caso de divergencia en la interpretación, el texto en Inglés prevalecerá.

Por el Gobierno de la República del Ecuador.

f.) Ilegible.

Por el Gobierno de la Federación de Rusia.

f.) Ilegible.

36 – Miércoles 9 de enero de 2019 Registro Oficial N° 402

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

CERTIFICO Que es fiel copia del documento que se encuentra en los archivos de la Dirección de Asesoría Jurídica en Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Quito, a 11 de diciembre de 2018.

f.) Ilegible.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

No. 0241

EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN

Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO

Considerando:

Que, el artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador establece: «Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales»;

Que, el inciso primero del artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay»;

Que, el artículo 281 numeral 13 de la Constitución de la República establece: «La soberanía alimentaria constituye un objeto estratégico y una obligación del Estado para garantizar a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente; Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos»;

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: «Créase la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, entidad técnica de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, desconcentrada, con sede en la ciudad de Quito y competencia nacional, adscrita a la Autoridad Agraria Nacional. A esta Agencia le corresponde la regulación y control de la sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, con la finalidad de mantener y mejorar el estatus fito y zoosanitario de la producción agropecuaria»;

Que, el artículo 12 literal n) de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece que son competencias y atribuciones de la Agencia las siguientes: «n) Regular, controlar y supervisar el uso, producción, comercialización y tránsito de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias, artículos reglamentados e insumos agroquímicos, fertilizantes y productos veterinarios»;

Que, mediante Disposición General Sexta de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial Suplemento 27 de 3 de julio de 2017, establece: «En virtud de la presente Ley el personal, patrimonio, activos y pasivos de la actual Agencias de Aseguramientos de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD- se integrarán a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, la misma que asumirá las representaciones, delegaciones, derechos, obligaciones, activos y pasivos de la primera»;

Que, es necesario establecer un sistema para el monitoreo de plagas, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de todas las etapas de su ciclo de vida; elevando los niveles de calidad, inocuidad, eficacia, seguridad biológica;

Que, mediante Memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/ CSV-2018-000578-M de 31 de julio de 2018, suscrito por la Coordinadora General de Sanidad Vegetal (E) en el cual en su parte pertinente indica: «recalca que el uso de feromonas han generado gran interés en ser utilizadas como herramienta de control y monitoreo dentro de los programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP), que combinado con métodos de control biológico pueden coadyuvar a disminuir el uso y las aplicaciones de plaguicidas; adicional las feromonas son de bajo impacto ambiental, y que tienen además la particularidad de no generar resistencia en las poblaciones de insectos plaga, su uso es considerada como una estrategia para detectar plagas de interés cuarentenario de forma rápida y eficaz y utilizada en conjunto con trampas, se pueden retener o contener a dichas plagas, por lo tanto es importante su implementación en el monitoreo de plagas a nivel nacional»;

Que, mediante memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/ CSV-2018-000982-M de 30 de noviembre de 2018, suscrito por la Coordinadora General de Sanidad Vegetal (E) en el cual en su parte pertinente indica: «En la actualidad, nos encontramos en negociaciones para apertura de mercado hacia Estados Unidos, dentro de los requisitos que nos solicitan es verificar la presencia o ausencia de plagas (…) solicitamos se realicen las gestiones necesarias para que en el menor tiempo posible puedan ingresar al país semioquímicos que nos permitan realizar actividades de monitoreo en los cultivos y plagas mencionadas»;

Que, en el Registro Federal (FIFRA 40CFR152.25 (b) (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide ACT)) de 4 de mayo de 1988 establece en la Parte 152 los productos que se consideran pesticidas, enumera las exenciones. En el titulo 152.25 se declaran las excepciones para plaguicidas de un carácter que no requieran la regulación FIFRA, se ha determinado que los pesticidas o las clases de pesticidas

Registro Oficial N° 402 Miércoles 9 de enero de 2019 – 37

enumerados en esta sección tienen un carácter que no requiere regulación según FIFRA y, por lo tanto, están exentos de todas las disposiciones de FIFRA cuando están destinados a ser utilizados, solo en la forma especificada, en las cuales ingresa el literal (b) Feromonas y trampas de feromonas.

Que, mediante acción de personal No. 0890 CGAF/DATH, de 28 de agosto de 2018, Sr. Xavier Enrique Lazo Guerrero, Ministro de Agricultura y Ganadería, nombra como Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, al Ing. Wilson Patricio Almeida Granja;

Que, mediante memorando Nro. AGR-AGROCALIDAD/ CRIA-2018-0898-M de 04 de diciembre de 2018, la Coordinadora General de Registros de Insumos Agropecuarios (E) por requerimiento institucional, informa al Director Ejecutivo de la Agencia que: «(…) Por lo expuesto, y en apoyo al sector productor de los cultivos de maíz, aguacate, arroz, uva, mandarina, musáceas, ornamentales y palma, se resuelve al no contar con productos semioquímicos registrados para estos cultivos y plagas, la Autorización de Importación temporal de semioquímicos de uso agrícola, para aquellas personas naturales o jurídicas que se encuentren registrados ante la Agencia. En tal virtud, me permito remitir para su autorización el proyecto de Resolución para la autorización de importación temporal de semioquímicos de uso agrícola», el mismo que es autorizado por la máxima autoridad de la institución a través del sistema documental Quipux, y;

En uso de atribuciones legales que le concede la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD.

Resuelve:

Artículo 1.- Establecer los requisitos y procedimientos para la importación temporal de semioquímicos de uso agrícola; con el fin de cubrir la demanda de insumos agrícolas para el monitoreo de plagas del sector productor de maíz, aguacate, arroz, uva, mandarina, musáceas, ornamentales y palma.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Aplica a todos los semioquímicos de uso agrícola importados al país, para los cultivos de maíz, aguacate, arroz, uva, mandarina, musáceas, ornamentales y palma; de acuerdo a la siguiente clasificación:

Feromonas.
Aleloquímicos (alomonas, kairomonas, sinomonas y antimonas).

Adicionalmente aplica a las trampas que se encuentren impregnadas del semioquímico.

Artículo 3.- Excepciones del control. Para efectos de la aplicación de la presente Resolución, se excluyen del proceso de control, las trampas y pegantes.

Artículo 4.- Los términos y definiciones utilizados en la presente Resolución serán los siguientes:

a. Aleloquímico. Para efectos de aplicación de la presente Resolución, son los semioquímicos producidos

por individuos de una especie que modifican el comportamiento de individuos de diferentes especies (efecto interespecífico). Estos incluyen las alomonas (la especie emisora se beneficia), kairomonas (la especie receptora se beneficia), las sinomonas (ambas especies, emisora y receptora, se benefician) y las antimonas (ninguna de las especies se beneficia)¹.

b. Control. Actividad de supervisión, seguimiento y vigilancia efectuado por la ANC, en el cual se verifica el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Resolución².

c. Control oficial. Actividades de supervisión, seguimiento y vigilancia efectuado por la ANC posteriores al registro, aplicables a los titulares de registro de actividad y de Registros Nacionales, en las cuales se verifica el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Resolución³.

d. Declaración sustentada. Información proporcionada de fuentes oficiales o por la empresa titular del registro la cual presenta un documento con firma de responsabilidad que respalde lo declarado.

e. Feromonas. Son semioquímicos producidos por individuos de una especie que modifican el comportamiento de otros individuos de la misma especie (efecto intraespecífico)⁴.

f. Monitoreo. Proceso mediante el cual se reúne, observa, estudia y emplea información para luego poder realizar un seguimiento de un programa o hecho particular.

g. Semioquímicos – SQ. Químicos emitidos por una planta o animal que evocan una conducta o respuesta fisiológica en otro organismo. Cuando el semioquímico afecta un individuo de la misma especie, es denominado feromona. Cuando el semioquímico afecta un individuo de una especie diferente es denominado aleloquímico⁵.

Artículo 5.- La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, es la autoridad nacional competente para el registro y control de semioquímicos de uso agrícola.

¹ Propuesta de definición basada en OEDC. 2001. Guidance for Registration Requirements for Pheromones and other Semio Chemicals Used for Arthropod Pest Control. SERIES ON PESTICIDES Number 12.

² Propuesta de definición basada en: CAN. 2015. Decisión 804 Modificaciones a la Decisión 436 (Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola).

³ Propuesta de definición basada en: CAN. 2015. Decisión 804 Modificaciones a la Decisión 436 (Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola).

⁴ Propuesta de definición basada en OEDC. 2001. Guidance for Registration Requirements for Pheromones and other Semio- Chemicals Used for Arthropod Pest Control. SERIES ON PESTICIDES Number 12.

⁵ FAO-WHO. 2013. International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides. Guidelines on data requirements for the registration of pesticides.

38 – Miércoles 9 de enero de 2019 Registro Oficial N° 402

DEL REGISTRO OBLIGATORIO DE ACTIVIDAD

Artículo 6.- Obligatoriedad del registro de actividad.

Toda persona natural o jurídica que se dedique a importar y distribuir semioquímicos, deberá estar debidamente registrado ante la Agencia a través del Sistema Gestionador Unificado de Información para Agrocalidad – GUÍA.

El solicitante es responsable de verificar que en el RUC conste la actividad económica referente a importadores y distribuidores de insumos de uso agrícola.

Artículo 7.- Obtención y vigencia del registro de actividad. La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario otorgará el registro de actividad correspondiente, a las personas naturales o jurídicas que hayan cumplido los requisitos establecidos para el efecto y cuya vigencia será indefinida.

El registro de actividad de importador y distribuidor de semioquímicos no estará sujeta a control in situ previo. Estará sujeto a evaluaciones de control postregistro por parte de la Agencia, la cual podrá suspender, modificar o cancelar el mismo, cuando se incumplan o cambien las condiciones que dieron lugar a su otorgamiento.

El control postregistro in situ, será realizado por los inspectores autorizados por parte de la Agencia, en base a la lista de verificación para el Control de operadores que consta en el Anexo 1, mismo que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 8.- Suspensión y/o cancelación del registro de actividad. La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario sustentada en un informe técnico y cuando existan razones fundamentadas puede suspender y/o cancelar el registro de actividad. Sin perjuicio de las demás sanciones civiles, penales y administrativas que hubiere lugar. Adicionalmente el titular del registro de actividad, por oficio puede suspender y/o cancelar el registro.

DE LA AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL DE SEMIOQUÍMICOS DE USO AGRÍCOLA

Artículo 9.- Requisitos y procedimiento para la importación temporal de semioquímicos de uso agrícola.

Las personas naturales o jurídicas interesadas en importar semioquímicos de uso agrícola, deberán presentar su solicitud y los requisitos en forma digital o física, en la Coordinación General de Registros de Insumos Agropecuarios de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, quien previo al ingreso revisará el cumplimiento de la documentación habilitante con base al formato de la lista de verificación previamente establecido.

La autorización de importación temporal se otorgará a los titulares de los semioquímicos de uso agrícola que cumplan con los requisitos detallados en la siguiente tabla:

Tabla No. 1. Requisitos para la autorización de importación temporal de semioquímicos

Requisitos

Documento a presentar

Formato de solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.

Solicitud suscrita por el representante legal, donde se detalle si la plaga se encuentra o no presente en el país.

Ficha técnica del producto en español (se deberá traducir en caso de provenir de otro idioma).

Ficha técnica del producto

Información técnica.

CD o físico

Pago según el tarifario vigente como «verificación de importaciones autorizadas de importaciones de plaguicidas y afines de uso agrícola»

Factura

Información Técnica (CD o físico)

Identificación del componente activo, con relación a:

1.1

Nombre químico (aceptado o propuesto por IUPAC).

Dato sustentado

1.2

Nombre común (aceptado por ISO o equivalente).

Dato sustentado

1.3

Formula empírica.

Dato sustentado

1.4

Formula estructural.

Dato sustentado

Registro Oficial N° 402 Miércoles 9 de enero de 2019 – 39

Composición del semioquímico con relación al contenido del componente activo, expresado en g/1.

Declaración

Actividad biológica del semioquímico sobre el blanco biológico objeto de monitoreo y/o control.

Estudios realizados por la empresa, o referencias bibliográficas de fuentes oficiales, o tesis proveniente de algún paísque posea antecedentes de aplicación del producto

Propiedades físico-químicas de la formulación, en correspondencia al tipo de producto, tales como:

4.1

Aspecto (estado físico, color y olor).

Dato sustentado

4.2

Inflamabilidad

Dato sustentado

Estabilidad del producto, bajo las condiciones adecuadas de almacenamiento (respecto actividad biológica).

Declaración

Aspectos relacionados con el uso, con relación a:

6.1

Identificación del hospedero u objeto de monitoreo y/o control.

Declaración

6.2

Mecanismo de acción.

Estudios realizados por la empresa, o referencias bibliográficas de fuentes oficiales, o tesis proveniente de algún país que posea antecedentes de aplicación del producto.

6.3

Modo de acción.

6.4

Ámbito de aplicación previsto.

6.5

Modo de uso.

6.6

Estadios y niveles de la plaga; y desarrollo fenológico del cultivo, en los que se recomienda el uso.

6.7

Condiciones climáticas específicas en las que el producto formulado puede ser utilizado (temperatura, humedad relativa, precipitaciones entre otras).

Aspectos y datos de aplicación con relación a:

7.3

Dosis

Dato sustentado

7.4

Número, momento y frecuencia

Dato sustentado

7.5

Efecto sobre el organismo de monitoreo; y estabilidad biológica del producto durante su utilización con el modo de uso propuesto.

Dato sustentado

7.6

Instrucciones de uso y manejo.

Declaración

Información respecto a la seguridad, con relación a:

8.1

Precauciones de manejo durante su uso

Declaración

8.2

Equipo de protección personal.

Declaración

8.3

Disposición final de desechos generados.

Declaración

Hoja de Seguridad (para los casos en que no se pueda presentar en idioma español, deberá ser traducida).

Hoja de Seguridad

Presentación comercial

10.1

Capacidad

Declaración

DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LA AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL DEL SEMIOQUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Artículo 10.- Responsabilidades

La Autorización de importación temporal de semioquímicos de uso agrícola, se confiere sólo a la persona natural o jurídica que previamente haya obtenido el registro de actividad ante la Agencia, y que haya cumplido con todos los requisitos establecidos en la presente Resolución para su otorgamiento.

40 – Miércoles 9 de enero de 2019 Registro Oficial N° 402

La Autorización de importación temporal de semio-químicos de uso agrícola, no es transferible ni transmisible.

Artículo 11.- Obligaciones

Proporcionar a la Agencia, tan pronto como se disponga, toda información nueva o actualizada que pueda modificar la situación del producto.
Hacer el seguimiento de sus productos, garantizando su calidad y eficacia.
Retirar los semioquímicos obsoletos (caducados) que se encuentren en el mercado nacional en corresponsabilidad con los distribuidores.
Obtener el registro del semioquímico de uso agrícola antes de la caducidad de la Autorización de importación temporal.
Mantener la trazabilidad de todo el ciclo de vida del semioquímico y asume la responsabilidad inherente al producto, si éste es utilizado en concordancia con las recomendaciones indicadas en la etiqueta. En ese sentido será responsable de los efectos adversos a la sanidad agropecuaria.

DEL CONTROL DE IMPORTACIONES

Artículo 12.- Control de Semioquímicos

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, estará en plena facultad de realizar controles en puntos de ingreso, bodegas de distribución o fincas de producción, verificando que se mantengan las características físico -químicas del semioquimico de uso agrícola, que dieron origen a la Autorización de importación temporal.

DE LA DISTRIBUCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN

Artículo 13.- Los semioquímicos de uso agrícola que han sido importados en cumplimiento y bajo el amparo de la presente resolución, una vez nacionalizados, podrán ser comercializados a los productores de los cultivos autorizados en la presente resolución.

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 14.- Infracciones y sanciones administrativas

El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Resolución será causa para la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. – Los titulares de la autorización de importación temporal de semioquímicos de uso agrícola deberán obtener el registro del producto antes de la caducidad de la autorización. Una vez cumplido el plazo establecido no se otorgará plazos adicionales para la obtención del registro y se suspenderá la distribución del producto hasta que cumpla con las formalidades que exige la presente Resolución.

Segunda.- La autorización de importación temporal de semioquímicos no constituye un registro, ya que es obligación del titular, la obtención del registro del semioquímico hasta antes de la caducidad de la autorización de importación temporal del semioquímico.

Tercera.- La autorización de importación temporal de semioquímicos de uso agrícola, tendrá una vigencia de 180 días calendario contados a partir de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN GENERAL

Única.- Los registros o informe resultante del monitoreo con semioquímicos de uso agrícola, en las plagas presentes en campo, encárguese a la Coordinación General de Sanidad Vegetal a través de la Dirección de Vigilancia de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La ejecución de la presente Resolución encárguese a la Coordinación General de Registro de Insumos Agropecuarios a través de la Dirección de Registro de Insumos Agrícolas de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.

Segunda.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE.

Dado en Quito, D.M. 13 de diciembre del 2018.

f.) Ing. Wilson Patricio Almeida Granja, Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.

Registro Oficial N° 402 Miércoles 9 de enero de 2019 –

NTE INEN 2266, numeral 6.1.7.10, literal f.16

Verificar que las puertas de acceso y salida están libres de obstáculos.

Área de producto no conforme,

NTE INEN 2266, numeral

6.1.7.10, literal d.6

Verificar que exista un área física para almacenar productos no conformes. (Caducados, en mal estado o deteriorados).

NTE INEN 2266, numeral 6.1.7.10, literal f.20

Verificar que las aberturas de las paredes de la bodega deben estar

protegidas con malla metálica o barrotes metálicos para prevenir la

entrada de roedores u otros animales que destruyan los materiales

almacenados.

Manejo y almacenamiento de

plaguicidas y afines de uso

agrícola.

Verifica que los envases están almacenados sobre plataformas,

estanterías o paletas y almacenados según el uso; estado (sólido parte superior y líquido parte inferior)

Hojas de seguridad.

Verificar que se encuentren disponibles las hojas de seguridad de todos

los productos almacenados y protegidos con material que evite el

deterioro.

Reglamento de Saneamiento

Ambiental Agrícola, Artículo 9

numeral 4.4

Verificar que los productos no se almacenen junto con productos

alimenticios, medicinas, ropas, utensilios domésticos, bebidas o cualquier otro material de consumo humano.

PROTECCIÓN PERSONAL

Protección personal – EPP

Verificar que el personal dispone y utiliza protección personal en buen estado – EPP (de acuerdo a la hoja de seguridad)

ÁREA DE CARGA Y DESCARGA

Manejo de equipos de carga y descarga.

Verificar que el personal que manipula los insumos en el área de carga y descarga cuente con los equipos de seguridad.

Í5

Identificación y trazabilidad del producto.

Verificar registros de ingreso y salida del área de bodega de los insumos.

METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN

Para la valoración de la lista de verificación, el operador deberá cumplir con todos los puntos de la lista de verificación, durante la inspección el usuario podrá presentar sustentos que avalen la no aplicación de cualquiera del ítem, siendo que así que aceptados los mismos se llenará la casilla «N/A» llenando la justificación, los puntos que no apliquen no perjudicarán el puntaje de la lista de verificación.

En caso de incumplimiento de un ítem, el técnico de la Agencia podrá emitir una notificación otorgando un tiempo prudencial, acorde al tipo de ítem incumplido, para subsanar la observación o en su defecto sustentos técnicos de que el punto no aplica.

En caso de no cumplir el requisito dentro del tiempo otorgado, se deberá proceder a realizar el respectivo informe para dar inicio al proceso administrativo.

RESUMEN DE LA INSPECCIÓN

Puntaje total

CALIFICACIÓN DÉ LA INSPECCIÓN

REQUISITOS

TOTAL

Cumple

(C)

No Aplica

No cumple

Puntaje de check list (C+N)

/15

RESULTADO DÉLA INSPECCIÓN

Resultado Favorable

Resultado Desfavorable

Registro Oficial N° 402 Miércoles 9 de enero de 2019 – 43

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

No. 000206

LA SUBSECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Considerando:

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1202, de 13 de octubre del 2016, publicado en el Registro Oficial No. 876, de 8 de noviembre del 2016, se suprimió la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional y se dispuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ejerza la rectoría, planificación, regulación, control y gestión de la Cooperación Internacional, teniendo la atribución de suscribir, registrar y realizar el seguimiento a los convenios, programas y proyectos de cooperación internacional no reembolsable ejecutados por el sector público;

Que el Acuerdo Ministerial No. 000040, de 2 de mayo de 2017, expidió el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mediante el cual se creó la Subsecretaría de Cooperación Internacional y la Dirección de Gestión de la Cooperación Internacional No Gubernamental;

Que el numeral 1.2.1.5. literal i) del referido Estatuto establece como atribución de la Subsecretaría de Cooperación Internacional: «Verificar y articular con los actores de la cooperación los contenidos de los acuerdos, Convenios Básicos de Funcionamiento con Organismos no Gubernamentales Extranjeros; y demás instrumentos de cooperación internacional a ser suscritos»;

Que entre las atribuciones de la Dirección de Gestión de Cooperación Internacional No Gubernamental, establecidas en el referido Estatuto, el literal d) señala: «Elaborar informes técnicos de cierre de actividades en el país de Organizaciones no Gubernamentales extranjeras»;

Que conforme se desprende de los literales e) y f) del artículo primero del Acuerdo Ministerial No. 000059, de 7 de julio de 2017, la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana delegó al Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional, la atribución de: «Autorizar los contenidos de los convenios, acuerdos, proyectos y demás documentos de cooperación internacional no reembolsable y suscribirlos «;

Que la Disposición General Tercera ibídem señala: » Se autoriza expresamente a los funcionarios delegados, para que bajo su control y responsabilidad, por excepción, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o necesidad institucional, debidamente motivados, puedan delegar, dentro del ámbito de su competencia, las facultades delegadas, siempre y cuando se mantengan dentro del alcance previsto en este instrumento»;

Que mediante Resolución No. 000162, de 16 de octubre de 2017, artículo único, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional delegó a la Subsecretaría de Cooperación Internacional, la atribución de: «autorizar los contenidos de los convenios, acuerdos, proyectos y demás documentos de cooperación internacional no reembolsable y suscribirlos «;

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 193, de 23 de octubre de 2017, el Presidente de la República expidió el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, cuyo artículo 30 reza: «Terminación de Convenio.- Si la ONG Extranjera no cumpliere con las disposiciones de esta sección, así como con lo establecido en el Convenio Básico de Funcionamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana previo estudio del caso y resolución motivada, dará por terminadas las actividades de la ONG Extranjera en el Ecuador»;

Que el 9 de octubre de 2013, el Gobierno de la República del Ecuador, a través de la Ex Secretaría Técnica de Cooperación Internacional y la Organización No Gubernamental extranjera «FREEDOM FROM HUNGER», suscribieron un Convenio Básico de Funcionamiento con vigencia de cuatro años;

Que mediante comunicación de 4 de octubre de 2018, la Dirección de Gestión de la Cooperación Internacional No Gubernamental, informó a la organización que dado que el convenio básico de funcionamiento feneció el 9 de octubre de 2017, y debido a que la ONG no ha entregado al MREMH los documentos para suscribir un nuevo instrumento legal, se procedería con el cierre formal de la organización en el país.

Que con memorando No. MREMH-DGCING-2018-0404-M, de 8 de noviembre de 2018, la Dirección de Gestión de Cooperación Internacional No Gubernamental emitió informe técnico No. IT-MREMH-2018-007, a la Dirección de Asesoría Jurídica y Patrocinio en Derecho Nacional, a fin de continuar con el proceso de cierre de la organización «FREEDOM FROM HUNGER» en el país;

Que con memorando No. MREMH-DAJPDN-2018-0780-M, de 19 de noviembre de 2018, la Dirección de Asesoría Jurídica y Patrocinio en Derecho Nacional emitió Dictamen Jurídico favorable para proceder con la terminación del convenio suscrito entre la Organización No Gubernamental extranjera «FREEDOM FROM HUNGER» y el Gobierno de la República del Ecuador;

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N°. 1202, de 13 de octubre de 2016, en el artículo 30 del Decreto Ejecutivo No. 193, de 23 de octubre de 2017, y en el artículo único de la Resolución No. 000162, de 16 de octubre de 2017,

Registro Oficial N° 402 Miércoles 9 de enero de 2019 – 45

Resuelve:

Artículo 1.- Dar por terminadas las actividades en el Ecuador de la Organización No Gubernamental extranjera «FREEDOM FROM HUNGER», autorizadas a través del Convenio Básico de Funcionamiento suscrito el 9 de octubre de 2013.

Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Gestión de Cooperación Internacional No Gubernamental no tinque con el contenido de la presente resolución a la Organización No Gubernamental extranjera «FREEDOM FROM HUNGER».

Artículo 3.- Informar sobre la finalización de actividades en el Ecuador de la Organización No Gubernamental extranjera «FREEDOM FROM HUNGER» a las siguientes entidades:

Secretaría Nacional de Gestión de la Política;
Superintendencia de Bancos y Seguros;
Servicio de Rentas Internas;
Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador;
Unidad de Análisis Financiero y Económico;
Ministerio del Trabajo;
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y,

h) Ministerio de Salud.

Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Gestión Documental y Archivo de este Ministerio realice las gestiones pertinentes para la publicación en el Registro Oficial de este instrumento.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la ciudad de Quito, a 11 de diciembre de 2018.

f.) Mauricio Montalvo, Subsecretario de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA

RAZÓN: Siento por tal que las dos (2) fojas que anteceden, son copias de la Resolución Administrativa No. 000206 del 11 de diciembre de 2018, conforme el siguiente detalle

fojas: 1-2 son copias del original, documento que reposa en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO.- LO CERTIFICO.

Quito, D.M., 21 de diciembre de 2018.

f.) Ab. Pablo Gudberto Viteri Jácome, Director de Gestión Documental y Archivo, Subrogante.

OBSERVACIÓN: Esta Dirección de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no se responsabiliza por el estado y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

EL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR

Considerando:

Que, la Constitución de la República prescribe en su artículo 227, que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

Que, el Art. 83 de la Constitución de la República del Ecuador numerales 8- 11 y 17 manifiestan lo siguiente:

Lit. 8.- Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir a los actos de corrupción.

Lit. 11.- Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley.

Lit. 17.- Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente.

Que, el Art. 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público manifiesta lo siguiente: «La presente ley se sustenta en los principios de: calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad,

46 – Miércoles 9 de enero de 2019 Registro Oficial N° 402

participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación.»

Que, el Art. 2 de la Ley Orgánica de Servicio Público manifiesta lo siguiente: «El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender el desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad, del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación.»

Que el Art. 360 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización manifiesta lo siguiente: «La administración del talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados será autónoma y se regulará por las disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en las respectivas ordenanzas o resoluciones de las juntas parroquiales rurales.»

Que, la «Ley Orgánica del Servicio Público» publicada en el Registro Oficial N°. 294 del 6 de octubre del 2010, establece en su artículo 1.- Principios: La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación».

Así tienen por objetivo propender el desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación.»; y,

Que, las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos» expedidas por la Contraloría General del Estado mediante Acuerdo N° 039-CG publicado en el Registro Oficial N° 87 del 14 de diciembre del 2009, dispone en la Norma N° 200-01 Integridad y valores éticos que: «La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la administración y el monitoreo de los otros componentes del control interno. La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos como parte de la cultura organizacional para que perduren frente a los cambios de las personas de libre remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y compromiso hacia la organización. La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas propias del código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la corrupción.

Que, En uso de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 7 y el artículo 57, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

RESUELVE EXPEDIR:

LA ORDENANZA QUE CONTIENE EL CÓDIGO DE ÉTICA PARA EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR.

CAPÍTULO I

DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y ACUERDOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR:

OBLIGACIONES.- Los servidores del GAD Municipal del cantón Centinela del Cóndor están obligados a:

Art. 1.- Conocer y sujetarse a las normas del presente Código de Ética y a los derechos y obligaciones establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, leyes, reglamentos y disposiciones internas del GAD Municipal del Cantón Centinela del Cóndor.

Art. 2.- Responsabilizarse de todas las acciones que puedan transgredir la normativa legal vigente y el presente Código de Ética.

COMPROMISOS.- Los servidores del GAD Municipal del cantón Centinela del Cóndor se comprometen a:

Art. 3.- De la dedicación al trabajo, los funcionarios del GAD Municipal del cantón Centinela del Cóndor, siguiendo los lineamientos descritos por la Constitución de la República no percibirá dos remuneraciones provenientes de funciones, puestos o empleos públicos, a excepción, del ejercicio de la docencia universitaria, según lo establecido en la legislación vigente.

Art. 4.- Evitar el conflicto de intereses personales en el ejercicio de las actividades del servidor, durante su permanencia y ejecución de las funciones, si se encontrase involucrados obligaciones o derechos de:

Cónyuge
Parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
Personas naturales o jurídicas que guarde relaciones de amistad o enemistad, o con quienes se mantenga litigios o extra judiciales que podrían comprometer su criterio o gestión.

Registro Oficial N° 402 Miércoles 9 de enero de 2019 – 47

Art. 5.- Desempeñar las funciones con lealtad institucional, integridad y honestidad, ajustándose a los objetivos propios del GAD Municipal del cantón Centinela del Cóndor y administrar los recursos públicos sometiéndose a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, eficacia, rindiendo cuentas de su gestión.

Art. 6.- El servidor que se encuentre en una situación de conflicto de intereses, deberá informar del particular, a su inmediato superior, presentando una excusa por la que no puede atender el trámite asignado.

ACUERDOS.- Los servidores del GAD Municipal del cantón Centinela del Cóndor acuerdan lo siguiente:

Art. 7.- Concienciar a los servidores del GAD Municipal del cantón Centinela del Cóndor sobre los contenidos del Código de Ética y su permanente aplicación.

Art. 8.- Evaluar anualmente la aplicación del Código de Ética Institucional, para garantizar su correcto uso y retroalimentación permanente.

CAPÍTULO II

DEL RESPETO Y EL USO

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Art. 9.- Los funcionarios del GAD Municipal del cantón Centinela del Cóndor harán uso de los bienes y recursos públicos de la institución exclusivamente para realizar actividades relacionadas con su desempeño laboral, además serán los custodios y garantizarán la conservación de los mismos.

Art. 10.- Los funcionarios del GAD Municipal del cantón Centinela del Cóndor deben custodiar y cuidar la documentación e información generada por su labor y desempeño institucional siendo responsables de su correcto uso, impidiendo o evitando el inadecuado empleo, sustracción u ocultamiento de la misma.

Art. 11.- La información institucional debe difundirse siguiendo el orden y los canales regulares de la Institución Municipal.

Art. 12.-Los servidores deberán utilizar obligatoria y adecuadamente los uniformes institucionales, que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones.

Art. 13.- Los servidores del GAD Municipal del cantón Centinela del Cóndor no podrán asistir a sus puestos de trabajo bajo influencia de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Tampoco podrán ingerirlas durante la jornada laboral.

Art. 14.- La imagen corporativa no será utilizado por parte de los funcionarios del GAD Municipal del cantón Centinela del Cóndor para fines contrarios a los oficiales.

CAPÍTULO III

DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y CON LA COMUNIDAD.

Art. 15.- Los funcionarios del GAD Municipal del cantón Centinela del Cóndor, en el ejercicio de sus funciones, deben brindar atención al público con calidez, eficiencia, garantizando el derecho a la comunidad a servicios públicos de óptima calidad.

Art. 16.- Los funcionarios del GAD Municipal del cantón Centinela del Cóndor, garantizarán un servicio de calidad a la comunidad basada en: los derechos que tienen los ciudadanos a un trato equitativo, brindando un servicio confiable y transparente.

CAPÍTULO IV

DE LA CONFORMACIÓN

DE UN GRUPO DE GESTORES QUE PROMUEVAN

Y DIFUNDAN LAS PRÁCTICAS ÉTICAS DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN

CENTINELA DEL CÓNDOR

Art. 17.- Se creará el Comité de Ética conformado por 5 funcionarios del GAD Municipal del cantón Centinela del Cóndor, así: el señor Alcalde o su delegado, un delegado de los Directores, el Director de Talento Humano, un representante de la Asociación de Empleados, un representante del Sindicato de Trabajadores.

El presidente de Comité será el delegado de la Máxima Autoridad. Todos los miembros tendrán derecho a voz y voto.

Art. 18.- El Comité de Ética tiene como atribuciones:

â— Establecer las políticas y acciones administrativas, organizativas que aseguren el cumplimiento del presente Código.

â— Actualizar el Código de Ética cuando el caso lo amerite.

â— Aplicar las sanciones correspondientes en caso de violación al Código de Ética.

â— Vigilar el trámite de los sumarios administrativos garantizando el debido proceso y guardando la reserva necesaria.

Art. 19.- El presidente del Comité de Ética convocará a las reuniones del mismo, por su iniciativa o a pedido de uno de los miembros, las que sean necesarias para conocer y resolver asuntos inherentes al cumplimiento del Código de Ética.

48 – Miércoles 9 de enero de 2019 Registro Oficial N° 402

Se efectuará un acta por cada reunión mantenida, la misma que será firmada por los miembros del Comité será de responsabilidad del Secretario su custodia.

Art. 20.- En caso de que el Comité de Ética lo considere necesario, convocará a otros directores, servidores y trabajadores, a participar en las reuniones, considerando su asistencia de carácter obligatorio.

Art. 21.- En un proceso disciplinario en contra de los servidores y/o trabajadores del GAD Municipal del cantón Centinela del Cóndor, el Comité de Ética garantizará el debido sumario y derecho a la defensa.

Art. 22.- Las sanciones a aplicar, serán las resueltas por el Comité de Ética amparado en lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público, su reglamento y la Constitución de la República.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Esta Ordenanza a partir de su sanción tendrá inmediata aplicación dentro de la jurisdicción cantonal de Centinela del Cóndor, quedando sin efecto todas las demás relacionadas con la presente.

SEGUNDA: La presente Ordenanza que contiene el Código de Ética de los Servidores y Trabajadores del GAD Municipal del cantón Centinela del Cóndor entrará en vigencia desde la fecha de su expedición.

Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela del Cóndor, a los 15 días del mes de Junio del 2018.

f.) Ing. Patricio Quezada Moreno, Alcalde del Gobierno Municipal de Centinela Cóndor.

f.) Ab. Eduardo Ramírez Galarza, Secretario General del GAD Municipal de Centinela del Cóndor.

CERTIFICO: Que la «ORDENANZA QUE CONTIENE EL CÓDIGO DE ÉTICA PARA EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR», que antecede, fue debatida por el Concejo del Gobierno Municipal de Centinela del Cóndor, en las Sesiones Ordinaria de fechas 20 de Noviembre del 2014, y Sesión Extraordinaria de fecha 15 de Junio del 2018.

Zumbí, 18 de Junio del 2018

f.) Ab. Eduardo Ramírez Galarza, Secretario General del GAD Municipal de Centinela del Cóndor.

Zumbí, 18 de Junio del 2018, a las 16h45, conforme lo dispone el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal pertinente, sanciono la presente «ORDENANZA QUE CONTIENE EL CÓDIGO DE ÉTICA PARA EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR», para su aplicación.

f.) Ing. Patricio Quezada Moreno, Alcalde del Gobierno Municipal de Centinela del Cóndor.

Sancionó y firmó la presente «ORDENANZA QUE CONTIENE EL CÓDIGO DE ÉTICA PARA EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR», conforme al decreto que antecede, el Ing. Patricio Quezada Moreno – Alcalde del Gobierno Municipal de Centinela del Cóndor, a los 18 días del Mes de Junio del 2018, a las 16h45.

f.) Ab. Eduardo Ramírez Galarza, Secretario General del GAD Municipal de Centinela del Cóndor.