Registro Oficial No.394- Miércoles 26 de diciembre de 2018

diciembre 26, 2018

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés Presidente Constitucional de la República del Ecuador Miércoles 26 de diciembre de 2018 (R. O.394, 26 -diciembre -2018) Año II – Nº 394 Quito, miércoles 26 de diciembre de 2018 SUMARIO: Págs. FUNCIÓN EJECUTIVA ACUERDOS: MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES: MERNNR-VH-2018-0001-AM Deróguese el Reglamento para […]

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 26 de diciembre de 2018 (R. O.394, 26 -diciembre -2018)

Año II – Nº 394

Quito, miércoles 26 de diciembre de 2018

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES:

MERNNR-VH-2018-0001-AM Deróguese el Reglamento para la Comercialización de Gas Natural para el Mercado Industrial, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 128, publicado en el Registro Oficial 321 de 22 de abril de 2008

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL:

035 Dispónese que los permisos de funcionamiento del MIES, para la prestación de servicios intra- murales y extra-murales públicos y privados para personas con discapacidad, adultas mayores y protección especial, que a la fecha de la emisión del presente acuerdo se encuentren caducados o próximos a perder su vigencia, continuarán en plena validez hasta el 15 de octubre de 2018

038 Conócese y acógese el Acuerdo Ministerial No. 000270 de 28 de septiembre de 2018, suscrito por el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; y, los informes técnicos, suscritos por los coordinadores zonales 1, 7 y 9 del Ministerio de Inclusión Económica y Social

048 Subróguese el cargo de Ministro, al ingeniero Marco Cazco Cazco, Viceministro de Inclusión Económica

MINISTERIO DE INDUSTRIAS

Y PRODUCTIVIDAD:

18189 Desígnese al Director de Articulación de Sectores Relacionados con la Producción Agroindustrial y Procesamiento Acuícola, como delegado del Ministro de Industrias y Productividad, encargado, ante el Directorio del Instituto Nacional de Biodiversidad

18190 Desígnese a la Ing. Ana Soraya Correa Benavides como delegada del Ministro de Industrias y Productividad, encargado, ante el Comité Interinstitucional de Cambio Climático

2 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

Págs.

18 191 Desígnese a la señorita Andrea Estefanía Montesdeoca Castillo, funcionaría de la Subsecretaría de Mipymes y Artesanías, como delegada del Ministro de Industrias y Productividad, encargado, ante el Directorio del Instituto de Cine y Creación Audiovisual ICCA..

18 214 Subróguese el cargo de Ministro, al Mgs. Diego Raúl Borja González, Subsecretario de Agroindustria y Procesamiento Acuícola

MINISTERIO DE TURISMO:

2018 063 Expídese el Instructivo para el pago de liquidación del personal cesante

2018 064 Expídese el Instructivo para autorización y pago de horas suplementarias y extraordinarias del personal

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL:

27/2018 Refórmese el Acuerdo No. 026/2018 de 14 de septiembre del 2018

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES Y MOVILIDAD

HUMANA:

SUBSECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL:

000194 Suscríbese un Convenio Básico de Funcionamiento entre la República del Ecuador y la Organización No Gubernamental Extranjera Centro de Orientación Educativo

MINISTERIO DEL TRABAJO:

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS Y NORMAS:

MDT-2018-110 Establécese como límite del número de asesores para la Función Judicial un máximo de diez (10) asesores

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO

CIVIL, IDENTIFICACIÓN

Y CEDULACIÓN:

092-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2018 Impleméntese el proceso de depuración periódica y permanente de la información constante en la base de datos de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación de las personas que han cumplido cien años de edad para declaratoria de «Información no Verificable

Págs.

SECRETARÍA DEL AGUA:

2018-0243 Expídese el Instructivo para la aplicación de la remisión de las multas impuestas por la autoridad única del agua, prevista en el artículo 23 de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal

2018-0250 Dispónese a la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas que remita al Ministerio del Ambiente la Resolución de Establecimiento del Área Protegida de Protección Hídrica Ponce Paluguillo

FUNCIÓN JUDICIAL Y JUSTICIA INDÍGENA

CONSEJO DE LA JUDICATURA:

111A-2018 Dése por terminado el encargo de funciones de Fiscal Provincial de Santa Elena; y, realícese nuevo encargo de funciones

112A-2018 Nómbrese Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial

113A-2018 Nómbrese Subdirectora Nacional de Innovación y Desarrollo

114A-2018 Acéptese la renuncia presentada por el doctor Luis Fernando Ávila Linzán, Director Nacional de Asesoría Jurídica; y, encárguese a la doctora Carla Verónica Espinosa Cueva, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura

DEFENSORÍA PÚBLICA:

DP-DPG-DAJ-2018-135 Apruébese el Manual de Identidad Corporativa

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA:

SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2018-065 Refórmese la Resolución No. SEPS-IGT- IGJ-IFMR-DNLSF-2016-081 de 11 de abril de 2016

SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2018-068 Refórmese la Resolución No. SEPS-IGT- IGJ-IFMR-DNLQSF-2016-096 de 16 de mayo de 2016

Págs.

SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2018-0221 Amplíese el plazo para la liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Wiñarik Kawsay, en liquidación

FE DE ERRATAS:

– A la publicación de la Ordenanza sustitutiva de la Ordenanza para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales pétreos y de construcción que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, esteros, playas de río, y canteras del cantón Quevedo, efectuada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 573 de 5 de octubre de 2018

– A la publicación de la Ordenanza para la exoneración de la contribución especial de mejoras de la calle Amazonas entre Rosendo Tobar y Escalinata del cantón San Pedro de Pimampiro, efectuada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 597 de 26 de octubre de 2018

MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Nro. MERNNR-VH-2018-0001-AM

Sr. Ing. Hugo Patricio Larrea Cabrera VICEMINISTRO DE HIDROCARBUROS

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador establece la atribución de los ministros de Estado de ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina que las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les serán atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 227 de la norma ibídem establece que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo establece que los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 08 de 24 de mayo del 2017, se designa al Ing. Carlos Enrique Pérez García, como Ministro de Hidrocarburos;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 399 publicado en el Registro Oficial Nro. 255 del 05 de Junio del 2018, dispone la fusión por absorción al Ministerio de Hidrocarburos el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio de Minería y la Secretaría de Hidrocarburos;

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 399 dispone que una vez concluido el proceso de fusión por absorción, Modifíquese la denominación del Ministerio de Hidrocarburos a Ministerio Energía y Recursos Naturales No Renovables;

Que, el artículo 3 de la norma ibídem establece que una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en las leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente que le correspondían al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, al Ministerio de Minería, y a la Secretaría de Hidrocarburos serán asumidas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables;

Que, mediante acción de personal No. DATH-2018-002 de 01 de septiembre de 2018 se nombró al Ing. Hugo Patricio Larrea Cabrera Viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables;

Que, Mediante Acuerdo Ministerial No. MERNNR-2018-0024 de 28 de septiembre de 2018 se delegó al Ing. Hugo Patricio Larrea Cabrera, para que a nombre y en representación del Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Suscriba acuerdos y convenios, relacionados con el sector de hidrocarburos;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 128 publicado en el Registro Oficial 321 de 22 de abril de 2008 se expidió el Reglamento para la Comercialización de Gas Natural para el Mercado Industrial;

Que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador y Acuerdo Ministerial No. MERNNR-2018-0024,

Acuerda:

Art. 1.- Derogar expresamente el Reglamento para la Comercialización de Gas Natural para el Mercado Industrial, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 128 publicado en el Registro Oficial 321 de 22 de abril de 2008.

4 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

Art. 2.- El Directorio de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero fundamentado en las disposiciones constantes en el artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos, reglamentará lo concerniente a esta materia.

Art. 3.- Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su Publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, D.M., a los 12 día(s) del mes de Octubre de dos mil dieciocho.

Documento fumado electrónicamente

f.) Sr. Ing. Hugo Patricio Larrea Cabrera, Viceministro de Hidrocarburos.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.- Es fiel copia del original.- 26 de octubre de 2018.- f.) Ilegible, Secretaría General.

No. 035

Lourdes Berenice Cordero Molina

MINISTRA DE INCLUSIÓN

ECONÓMICA Y SOCIAL

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el acápite relativo a los Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, en su artículo 35 establece:

«Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad».

Que, la Constitución de la República del Ecuador determina, respecto de las personas adultas mayores, que: «Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad»;

Que, la Carta Magna del Estado, en la sección relativa a las niñas, niños y adolescentes, determina:

«Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 154, numeral 1, establece que: «A las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 226 del capítulo correspondiente a la Administración Pública, establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 276 determina que: «El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución «;

Que, el artículo 340 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: ‘El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo»;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 341 establece que: «El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 5

acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad»;

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MIES, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 000080, de 9 de abril de 2015, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 329, de 19 de junio de 2015, establece como misión de esta Cartera de Estado: «Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria «;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 142 de 4 de marzo de 2016, se expide el Manual del Proceso de Autorización de Permisos de Funcionamiento para Prestación de Servicios de Atención Intra-Murales y Extra-Murales Públicos y Privados para Personas con Discapacidad, Adultas Mayores y Protección Especial.

Que, mediante Informe Técnico emitido por la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad de la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica, intitulado «INFORME TÉCNICO PARA LA EMISIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL DE EXTENSIÓN DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE LOS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE ATENCIÓN EMITIDOS MEDIANTE EL MANUAL DE AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS SERVICIOS INTRA-MURALES Y EXTRA-MURALES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTAS MAYORES Y PROTECCIÓN ESPECIAL CONSTANTES EN EL ACUERDO MINISTERIAL No. 142 DE 4 DE MARZO DE 2016», se establece que:

«( . . .) Con la finalidad de alcanzar una correcta transición a la nueva normativa de emisión de permisos de funcionamiento, así como también salvaguardar la legalidad de las unidades de atención que prestan los Servicios Intra-Murales y Extra-Murales Públicos y Privados para Personas con Discapacidad, Adultas Mayores y Protección Especial; es necesario la ampliación del período de vigencia de los permisos de funcionamiento de todas las unidades de atención cuyo permiso de funcionamiento ha expirado o está próximo a expirar en el mes de septiembre de 2018 (…)»; y,

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 242, de 13 de diciembre de 2017, se nombró a la señora Lourdes Berenice Molina, como Ministra de Inclusión Económica y Social.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,

Acuerda:

Artículo Único.- Los permisos de funcionamiento otorgados por el Ministerio de Inclusión Económica y

Social, para la prestación de Servicios Intra-Murales y Extra-Murales Públicos y Privados para Personas con Discapacidad, Adultas Mayores y Protección especial, al amparo del Acuerdo Ministerial No. 142 de 4 de marzo de 2016, que a la fecha de la emisión del presente Acuerdo se encuentren caducados o próximos a perder su vigencia, continuarán en plena validez hasta el 15 de octubre de 2018.

DISPOSICIÓN GENERAL

De la ejecución del presente acuerdo, encárguese a las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a los 18 días del mes de septiembre de 2018.

f.) Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social.

MIES.- MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL- SECRETARÍA GENERAL – Es fiel copia del original.- Lo certifico.- 29 de noviembre de 2018.- f.) Ilegible.

No. 038

EXTENSIÓN DE LA DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Lourdes Berenice Cordero Molina

MINISTRA DE INCLUSIÓN,

ECONÓMICA Y SOCIAL

Considerando:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;

Que, el artículo 9 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución «;

Que, el artículo 11 numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa: «2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. (…)»‘,

6 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

Que, el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa como el más alto deber del Estado el respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución de la República del Ecuador;

Que, el artículo 35, de la Carta Magna, determina: «Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”.

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «A las ministras y ministros de Estado además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde: 1.- Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y sus resoluciones administrativas que requiera su gestión (…) «;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «;

Que, el artículo 227 ibídem, dispone: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. «;

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República determina que: «Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. (…) «;

Que, el artículo 340 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «(.)El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo «;

Que, el artículo 389 ibídem, señala que, es obligación del Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los electos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar las condiciones de vulnerabilidad;

Que, el artículo 392 de la Carta Magna, dispone: «El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana. (…) «;

Que, en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 395 de 04 de agosto de 2008 se publicó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; en el Suplemento del Registro Oficial No. 588 de 12 de mayo de 2009, se publicó el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y sus posteriores reformas se establece el marco normativo aplicable a la contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultaría que realicen las entidades y organismos establecidos en el artículo 1 de la LOSNCP;

Que, el numeral tres del artículo 9 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, estipula: «Art. 9.- Objetivos del Sistema.- Son objetivos prioritarios del Estado, en materia de contratación pública, los siguientes: 3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública; (…) «;

Que, mediante Resolución No. RE-SERCOP-2016-00 00072, de 31 de agosto de 2016, y sus posteriores reformas, se expidió la Codificación y Actualización de las Resoluciones Emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública en la cual, en su artículo 1 dispone que: «Ámbito de aplicación.- Las disposiciones expedidas en la presente Codificación son de cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la ley y su Reglamento General, para la adquisición de bienes, ejecución de obras y presentación de servicios, incluidos los de consultorio «;

Que, mediante Decreto Supremo No. 3815 de 07 de agosto de 1979, publicado en el Registro Oficial No. 208 de 12 de junio de 1980, se creó el Ministerio de Bienestar Social y mediante Decreto Ejecutivo No. 580 de 23 de agosto de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 158 de 29 de agosto de 2007, se cambió la razón social por el de Ministerio de Inclusión Económica y Social con las funciones, atribuciones, competencias y responsabilidades que le correspondían al Ministerio de Bienestar Social;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 242 de 13 de diciembre de 2017, el Presidente de la República, nombró a la Señora Lourdes Berenice Cordero Molina, como Ministra de Inclusión Económica y Social;

Que, el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Inclusión, Económica y Social, en el artículo 5 señala: «Misión.- Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria»;

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 7

Que, el Viceministro de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mediante Resolución Administrativa No. 000152, de 09 de agosto de 2018, resolvió: «DECLARAR la situación de emergencia, durante el mes de agosto de 2018, del sector de movilidad humana en las provincias fronterizas del Carchi y El Oro y en la provincia de Pichincha, referente al flujo migratorio inusual de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, con el objetivo de establecer un Plan de Contingencia y las acciones y mecanismos necesarios para la atención humanitaria (…) «;

Que, mediante el Acuerdo Ministerial No. 30 de 14 de agosto de 2018, la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, declaró la situación de emergencia, durante el mes de agosto de 2018, en las provincias de Carchi, El Oro y Pichincha, con la ñnalidad de establecer las acciones inmediatas para atender a la población, debido al incremento del flujo migratorio de ciudadanos de la República de Venezuela;

Que, por medio del Acuerdo Ministerial No. 000248 de 28 de agosto de 2018, el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, acordó: «EXTENDER hasta el 30 de septiembre de 2018, la declaratoria de situación de emergencia del sector de movilidad humana en las provincias fronterizas del Carchi y El Oro y en la provincia de Pichincha, referente al flujo migratorio inusual de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, emitida mediante Resolución No. 000152 de 9 de agosto de 2018 (…)»;

Que, mediante el Acuerdo Ministerial No. 32 de 04 de septiembre de 2018, la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, extendió la declaratoria de la situación de emergencia, durante el mes de septiembre de 2018, en las provincias de Carchi, El Oro y Pichincha, con la finalidad de establecer las acciones inmediatas para atender a la población, debido al incremento del flujo migratorio de ciudadanos de la República de Venezuela;

Que, por medio del Acuerdo Ministerial No. 000270 de 28 de septiembre de 2018, el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, acordó extender hasta el 31 de octubre de 2018, la declaratoria de situación de emergencia del sector de movilidad humana en las provincias fronterizas del Carchi y El Oro y en la provincia de Pichincha, referente al flujo migratorio inusual de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela;

Que, mediante Informes Técnicos, emitidos por las Coordinaciones Zonales 1,7 y 9 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se determinó la necesidad de ampliar la situación de emergencia.

Que, el flujo inusual de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, en movilidad humana, conlleva la ejecución de las acciones necesarias, inmediatas y urgentes para precautelar la integridad de las personas de atención prioritaria dentro de las competencias del Ministerio de Inclusión Económica y Social; y así garantizar el efectivo goce de sus derechos; y,

En ejercicio de las facultades y atribuciones legales;

Acuerda:

Artículo 1.- CONOCER Y ACOGER el Acuerdo Ministerial No. 000270 de 28 de septiembre de 2018, suscrito por el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; y, los Informes Técnicos, suscritos por los Coordinadores Zonales 1, 7 y 9 del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Artículo 2.- EXTENDER la declaratoria de la situación de emergencia, hasta el 31 de octubre del 2018, en las provincias de Pichincha, Carchi y El Oro, con la finalidad de establecer y realizar las acciones urgentes para precautelar la integridad de las personas de atención prioritaria dentro de las competencias del Ministerio de Inclusión Económica y Social, debido al incremento del flujo migratorio de ciudadanos de la República de Venezuela.

Artículo 3.- Encárguese del cumplimiento del presente Acuerdo a los Coordinadores Zonales 1, 7 y 9, y a la Coordinación General Administrativa Financiera; y, a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 4.- Una vez superada la situación de emergencia, los Coordinadores Zonales 1, 7 y 9, emitirán un Informe en el que se detalle las contrataciones realizadas, el presupuesto empleado, con la indicación de los resultados obtenidos, el cual será remitido a la Coordinación General Administrativa Financiera; quien, dispondrá a quien corresponda que se publique en el Portal de compras públicas del SERCOP, toda la información que sea necesaria conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP.

Artículo 5.- Se dispone a la Dirección Administrativa, la publicación del presente Acuerdo, en el Registro Oficial y en el portal de compras públicas del SERCOP, de conformidad con la normativa vigente

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y en portal de compras públicas del SERCOP.

Comuníquese y publíquese.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a 01 de octubre de 2018.

f.) Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión, Económica y Social.

MIES.- MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.- SECRETARÍA GENERAL – Es fiel copia del original.- Lo certifico.- 29 de noviembre de 2018.- f.) Ilegible.

8 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

No. 048

Lourdes Berenice Cordero Molina

MINISTRA DE INCLUSIÓN

ECONÓMICA Y SOCIAL

Considerando:

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: «A las ministras y ministros de Estado además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde: 1.- Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y sus resoluciones administrativas que requiera su gestión (…) «;

Que el artículo 226 de la Norma Constitucional señala que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que el artículo 82 de Código Orgánico Administrativo, establece: «Subrogación. Las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior. La subrogación únicamente se aplicará en los casos previstos en la ley. «;

Que el artículo 126 de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece: «De la Subrogación.- Cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente. «;

Que el artículo 270 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, señala que: «la subrogación procederá de conformidad con al artículo 126 de la LOSEP (…) A efectos de la subrogación se deberá cumplir con los requisitos del puesto a subrogarse y en función de la misma se ejercerán las funciones correspondientes al puesto subrogado (…) «;

Que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en su artículo 17 señala que «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de

su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial. El funcionario a quien el Ministro hubiere delegado sus funciones responderá directamente de los actos realizados en ejercicio de tal delegación «;

Que el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, menciona que «Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial»;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 5, de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República, otorgó a la Secretaria General de la Presidencia de la República, la facultad de expedir acuerdos de autorización de vacaciones, licencias con o sin remuneración, permisos y demás autorizaciones para autoridades de la Función Ejecutiva contempladas en el grado ocho de la escala del nivel jerárquico superior.;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 242, de 13 de diciembre de 2017, el Presidente Constitucional de la República, nombró en calidad de Ministra de Inclusión Económica y Social, a la señora Lourdes Berenice Cordero Molina;

Que, mediante solicitud de viaje al exterior No. 65807 de 14 de noviembre de 2018, se solicitó a la Secretaría General de la Presidencia que, a través del Sistema de Viajes al Exterior y en el Exterior, se autorice el desplazamiento de la señora Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social, a la ciudad de Santiago de Chile – Chile, desde el 27 hasta el 29 de noviembre de 2018, con la finalidad de participar en el Primer Conversatorio Regional de América Latina y el Caribe «En la Ruta de la Igualdad: 30 Años de la Convención sobre los Derechos del Niño»;

Que, la solicitud de viaje al exterior, referida con la correspondiente documentación de respaldo, fue recibida en la Secretaría General de la Presidencia, el 21 de noviembre de 2018, a través del Sistema de Viajes al Exterior y en el Exterior, luego de lo cual se analizó en el marco de lo establecido en los Acuerdos Nro. 0026 de 29 de agosto de 2017, Nro. 0124 de 07 de noviembre de 2017 y Nro. 0327 de 03 de julio de 2018, siendo procedente su autorización;

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 9

Que mediante Acuerdo No. 473 de 22 de noviembre de 2018, el Secretario General de la Presidencia, autorizó el viaje al exterior de la señora Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social, ingresado a la Secretaría General a través del Sistema de Viajes al Exterior y en el Exterior, con número 65807, con la finalidad de participar en el Primer Conversatorio Regional de América Latina y el Caribe «En la Ruta de la Igualdad: 30 Años de la Convención sobre los Derechos del Niño», en la ciudad de Santiago de Chile – Chile , desde el 27 hasta el 29 de noviembre de 2018. y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 82 del Código Orgánico Administrativo; los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; y, el Decreto Ejecutivo No. 242, de 13 de diciembre de 2017;

Acuerda:

Artículo 1.- Disponer la subrogación de funciones del cargo de Ministro Inclusión Económica y Social al ingeniero Marco Cazco Cazco, Viceministro de Inclusión Económica, del 27 de noviembre de 2018 hasta el 29 de noviembre de 2018.

Artículo 2.- La subrogación será ejercida conforme a los principios que rigen el servicio público, siendo el ingeniero Marco Cazco Cazco, personalmente responsable por los actos realizados en ejercicio de las funciones subrogadas.

Artículo 3.- Notifíquese con el presente Acuerdo al señor Contralor General de la Nación y al Secretario General de la Presidencia.

Artículo 4.- Notifíquese con el presente Acuerdo a la Coordinadora General Administrativa Financiera y Directora de Administración de Talento Humano del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Artículo 5.- Notifíquese con el presente Acuerdo a ingeniero Marco Cazco Cazco.

Artículo 6.- Encárguese del cumplimiento y ejecución del presente acuerdo, a la Coordinación General Administrativa Financiera y Dirección de Administración de Talento Humano de esta Cartera de Estado.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 26 de noviembre de 2018.

f) Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social.

MIES.- MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.- SECRETARÍA GENERAL – Es fiel copia del original.- Lo certifico.- 29 de noviembre de 2018.- f.) Ilegible.

No. 18 189

Mgs. Pablo Campana Sáenz

MINISTRO DE INDUSTRIAS

Y PRODUCTIVIDAD, ENCARGADO

Considerando:

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República, señala que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…) «;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, determina que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, COA, establece que: «Principio de desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva defunciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas»;

Que, el artículo 55 del mencionado Código, establece que: «Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base de los informes técnicos, económicos y jurídicos provistos bajo responsabilidad de los órganos a cargo de las actividades de ejecución y asesoría en la administración «;

Que, el artículo 68 del Código ibídem, señala que: «Transferencia de la competencia. La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley»;

Que, el artículo 69 del Código en referencia, prevé que: «Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión «;

Que, el artículo 72 numeral 2 del Código antes citado, dispone «Prohibición de delegación. No pueden ser objeto de delegación: (…) 2. Las competencias que, a su vez se ejerzan por delegación, salvo autorización expresa del órgano titular de la competencia «;

10 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este articulo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial»‘,

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 245 publicado en el Registro Oficial Nro. 205 de 17 de marzo de 2014, se crea el Instituto Nacional de Biodiversidad, adscrito al Ministerio del Ambiente, con personalidad jurídica de derecho público, con independencia funcional, administrativa, financiera y presupuestaria, con jurisdicción nacional, «con el objetivo del Instituto Nacional de Biodiversidad es planificar, promover, coordinar y ejecutar procesos de investigación relacionados al campo de la biodiversidad, orientados a la conservación y aprovechamiento racional de este recurso y sector estratégico, de acuerdo a las políticas ambientales existentes y la normativa legal aplicable «;

Que, el artículo 4 del Decreto Ejecutivo Ibídem dispone que el Directorio del Instituto Nacional de Biodiversidad, estará integrado por: «Miembros plenos con voz y voto: 1. El Ministro del Ambiente o su delegado permanente, quien lo presidirá; 2. El Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación o su delegado permanente; y, 3. El Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, como delegado del Presidente Constitucional de la República»;

Que, artículo 15 numeral 3 del Decreto Ejecutivo 1435 publicado en el Registro Oficial Suplemento 9 de 7 de junio de 2017, dispone que el Directorio de los institutos públicos se conformará, entre otros, con el delegado que designe el Presidente Constitucional de la República;

Que, el artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 7 de 24 de mayo de 2017, señala que las atribuciones específicas, representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente que correspondían a los ministerios de coordinación serán asignadas o redefinidas por el Presidente de la República;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente de la República, designó al señor Pablo Campana Sáenz, como Ministro de Comercio e Inversiones;

Que, el literal c) del artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 97 suscrito el 27 de julio de 2017, designa como delegado del Presidente de la República a: «(…) El titular del

ministerio a cargo de las industrias y la productividad o su delegado permanente, para el Directorio del Instituto Nacional de Biodiversidad (…) «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 491 de 23 de agosto de 2018, el Presidente de la República, designó al señor Pablo Campana Sáenz, como Ministro de Industrias y Productividad encargado; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, los artículos 55 y 68 del Código Orgánico Administrativo; y, el Decreto Ejecutivo No. 491.

Acuerda:

Artículo 1.- Designar al Director de Articulación de Sectores Relacionados con la Producción Agroindustrial y Procesamiento Acuícola, como delegado del Ministro de Industrias y Productividad, encargado, ante el Directorio del Instituto Nacional de Biodiversidad.

Artículo 2.- El delegado observará la normativa legal aplicable y responderá directamente de los actos realizados en el ejercicio de la presente delegación; debiendo informar de manera periódica a la máxima autoridad de esta Cartera de Estado.

Artículo 3.- La presente delegación no constituye renuncia a las atribuciones asignadas por la ley al Ministro de Industrias y Productividad, encargado, puesto que el mismo cuando lo estime procedente, podrá intervenir en cualquiera de los actos materia del presente Acuerdo; y, ejercer cualquiera de las funciones previstas en el mismo.

Artículo 4.- Se deroga todo acuerdo ministerial, instrumento legal o documento que se oponga a lo dispuesto en el presente.

Artículo. 5.- Notifíquese con el presente Acuerdo Ministerial al funcionario delegado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 164 del Código Orgánico Administrativo.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los doce días del mes de noviembre de 2018

f.) Mgs. Pablo Campana Sáenz, Ministro de Industrias y Productividad, (E).

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- Fecha: 29 de noviembre de 2018.- Firma: Ilegible.

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 11

No. 18 190

Pablo Campana Sáenz

MINISTRO DE INDUSTRIAS

Y PRODUCTIVIDAD, ENCARGADO

Considerando:

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, COA, establece que: «Principio de desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas «;

Que, el artículo 55 del Código ibídem, en su penúltimo inciso dice: «Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base de los informes técnicos, económicos y jurídicos provistos bajo responsabilidad de los órganos a cargo de las actividades de ejecución y asesoría en la administración «;

Que, el artículo 69 del Código en referencia, prevé que: «Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión «;

perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial»;

Que, de conformidad con el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 64, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 36 de 14 de julio de 2017, se creó el Comité Interinstitucional de Cambio Climático. En el literal e) del referido Decreto Ejecutivo, dispone que dicho Comité estará conformado, entre otros: por el titular del Ministro encargado de las industrias y productividad o su delegado; y,

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 491 de 23 de agosto de 2018, el Presidente de la República, designó al señor Pablo Campana Sáenz, como Ministro de Industrias y Productividad encargado.

Acuerda:

Artículo 1.- Designar a la Ing. Ana Soraya Correa Benavides como delegada del Ministro de Industrias y Productividad, encargado, ante el Comité Interinstitucional de Cambio Climático.

Artículo 2.- La delegada observará la normativa legal aplicable y responderá directamente de los actos realizados en el ejercicio de la presente delegación; debiendo informar de manera periódica a la máxima autoridad de esta Cartera de Estado.

Artículo 3.- La presente delegación no constituye renuncia a las atribuciones asignadas por la ley al Ministro de Industrias y Productividad, encargado, puesto que, el mismo, cuando lo estime procedente, podrá intervenir en cualquiera de los actos materia del presente Acuerdo; y, ejercer cualquiera de las funciones previstas en el mismo.

Artículo 4.- Se deroga todo acuerdo ministerial, instrumento legal o documento que se oponga a lo dispuesto en el presente.

Artículo 5.- Notifíquese con el presente Acuerdo Ministerial a la funcionaría delegada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 164 del Código Orgánico Administrativo.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

12 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los doce días del mes de noviembre de 2018.

f.) Mgs. Pablo Campana Sáenz, Ministro de Industrias y Productividad, (E).

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- Fecha: 29 de noviembre de 2018.-Firma: Ilegible.

No. 18 191

Pablo Campana Sáenz

MINISTRO DE INDUSTRIAS

Y PRODUCTIVIDAD, ENCARGADO

Considerando:

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, COA, establece que: «Principio de desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas «;

Que, el artículo 69 del Código en referencia, prevé que: «Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión «;

Que, la Disposición Transitoria Décima Cuarta de la Ley Orgánica de Cultura, publicada en el Registro Oficial Nro. 913 de 30 de diciembre de 2016, dispone: «En el plazo de 120 días a partir de la promulgación de la presente Ley, el Consejo Nacional de Cinematografía creado por la Ley de Fomento del Cine Nacional se transformará en el Instituto de Cine y Creación Audiovisual»;

Que, de conformidad con el artículo 101 del Reglamento a la Ley Orgánica de Cultura, publicado en el Suplemento al Registro Oficial Nro. 8 del 6 de junio de 2017, el Directorio del Instituto de Cine y Creación Audiovisual estará conformado, entre otros, por el Ministro de Industrias y Productividad o su delegado;

Que, el artículo 17, segundo inciso, del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, prevé que: «Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 491 de 23 de agosto de 2018, el Presidente de la República, designó al señor Pablo Campana Sáenz, como Ministro de Industrias y Productividad encargado; y,

Acuerda:

Artículo 1.- Designar a la señorita Andrea Estefanía Montesdeoca Castillo, funcionaría de la Subsecretaría de Mipymes y Artesanías, como delegada del Ministro de Industrias y Productividad, encargado, ante el Directorio del Instituto de Cine y Creación Audiovisual ICCA

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 13

Artículo 3.- La presente delegación no constituye renuncia a las atribuciones asignadas por la ley al Ministro de Industrias y Productividad, encargado, puesto, que el mismo, cuando lo estime procedente, podrá intervenir en cualquiera de los actos materia del presente Acuerdo; y, ejercer cualquiera de las funciones previstas en el mismo.

Artículo 4. – Se deroga todo acuerdo ministerial, instrumento legal o documento que se oponga a lo dispuesto en el presente.

Artículo 5.- Notifíquese con el presente Acuerdo Ministerial a la funcionarla delegada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 164 del Código Orgánico Administrativo.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los doce días del mes de noviembre de 2018.

f.) Mgs. Pablo Campana Sáenz, Ministro de Industrias y Productividad, (E).

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- Fecha: 29 de noviembre de 2018.-Firma: Ilegible.

No. 18 214

Mgs. Pablo Campana Sáenz

MINISTRO DE INDUSTRIAS

Y PRODUCTIVIDAD, ENCARGADO

Considerando:

Que, el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo, señala que: «Transferencia de la competencia. La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley»;

Que, el artículo 82 del Código Ibídem dispone «Subrogación. Las competencias de un órgano administrativo pueden ser ejercidas por el jerárquico inferior en caso de ausencia del jerárquico superior. La subrogación únicamente se aplicará en los casos previstos en la ley»;

Que, en el artículo 55 ibídem se determina: «Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial»;

Que, mediante Decreto Supremo No. 162 de 16 de febrero de 1973, publicado en el Registro Oficial No. 253, de 23 de febrero de 1973, se crea el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1558 de 27 de enero de 2009, el Presidente de la República del Ecuador, modificó y sustituyó la denominación del Ministerio de Industrias y Competitividad por el de Ministerio de Industrias y el de la Subsecretaría de Competitividad por el de Subsecretaría de Productividad Industrial;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1633 de 20 de marzo de 2009 publicado en el Registro Oficial No. 566, de 8 de abril del 2009, se reformó en el ERJAFE la denominación del Ministerio, llamándoo «Ministerio de Industrias y Productividad»;

14 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 491 de 23 de agosto de 2018, el Presidente de la República, designó al señor Pablo Campana Sáenz, como Ministro de Industrias y Productividad encargado; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo; los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; y Decreto Ejecutivo No. 491 de 23 de agosto de 2018,

Acuerda:

Art. 1.- Ordenar la subrogación de funciones del cargo de Ministro de Industrias y Productividad, encargado al Mgs. Diego Raúl Borja González, Subsecretario de Agroindustria y Procesamiento Acuícola, el 29 de noviembre de 2018; y, al Mgs. Yuri Fernando Parreño Rodríguez, Viceministro de Industrias y Productividad, desde el 30 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2018, inclusive.

Art. 2.- La subrogación será ejercida conforme los principios que rigen el servicio público, siendo el Mgs. Diego Raúl Borja González y el Mgs. Yuri Fernando Parreño Rodríguez responsables por los actos realizados en el ejercicio de las funciones subrogadas.

Art. 3.- Notifíquese con el presente Acuerdo al Mgs. Diego Raúl Borja González y al Mgs. Yuri Fernando Parreño Rodríguez, para el cumplimiento y ejercicio del mismo.

Art. 4.- Encárguese a la Coordinación General Jurídica la publicación del presente documento en el Registro Oficial.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de noviembre de 2018.

f.) Mgs. Pablo Campana Sáenz, Ministro de Industrias y Productividad, (E).

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- Fecha: 29 de noviembre de 2018.-Firma: Ilegible.

No. 2018 063

Dr. Enrique Ponce De León Román MINISTRO DE TURISMO

Considerando:

Que, El artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde […] […] expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión […]»;

Que, El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador señala: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, El artículo 111 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 418 de 01 de abril de 2011, establece que la liquidación y pago de haberes a los que hubiere lugar a favor de la o el servidor público, se realizará dentro del término de quince días posteriores a la cesación de funciones, y una vez que la servidora o servidor haya realizado la respectiva acta entrega-recepción de bienes;

Que, El artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que, El literal e) del punto 1.1.1 de la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Turismo, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 2017-044 de 28 de diciembre de 2017 determina como una de las atribuciones y responsabilidades del Ministro/a de Turismo la siguiente: «e) Expedir conforme a la ley, acuerdos, resoluciones, y disposiciones relacionadas con el ámbito de su competencia, en materia turística y administrativa «;

Que, Es necesario emitir un instructivo donde se determine de manera clara y pormenorizada el procedimiento y los términos aplicables al pago de liquidaciones del personal cesante del Ministerio de

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 15

Turismo que se encuentren regidos a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código de Trabajo, con el fin de simplificar los trámites de salida;

Por todo lo expuesto y en ejercicio de la facultad contemplada en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y el literal e) del punto 1.1.1 de la reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Turismo, el infrascrito Ministro de Turismo,

Acuerda:

Expedir el siguiente «INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL CESANTE DEL MINISTERIO DE TURISMO»

Art. 1.- OBJETIVO. –

Establecer el debido procedimiento para el pago de liquidación al que tienen derecho los/las servidores/as, trabajadores/as que cesan definitivamente en funciones en el Ministerio de Turismo.

Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. –

Las instrucciones impartidas a través de este instrumento legal, serán de aplicación obligatoria a todo el personal, servidores y trabajadores que cesen en funciones de manera definitiva en el Ministerio de Turismo ya sea por renuncia voluntaria, notificación de terminación de relación laboral, visto bueno o desahucio.

Art. 3.- REQUISITOS PARA EL PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES. –

Los/las servidores/as, trabajadores/as que cesen definitivamente en funciones en el Ministerio de Turismo deberán entregar a la Dirección de Administración de Talento Humano de manera obligatoria y dentro del término de tres días posteriores al cese de funciones la siguiente documentación:

Declaración Juramentada de Fin de Gestión y Acta de Constancia de la misma.- estos formularios se encuentran disponibles en la página web de la Contraloría General del Estado.
Informe de fin de gestión.- debidamente suscrito por el servidor o trabajador y aprobado por su jefe inmediato superior.
Actas de entrega recepción de bienes, tarjeta magnética y equipos informáticos.- estas actas son elaboradas por la Dirección Administrativa o quien hiciere sus veces, posterior a la recepción de todos los bienes, tarjeta magnética y equipos informáticos asignados al servidor o trabajador para el cumplimiento de sus funciones. En el caso de los conductores deberán entregar adicionalmente el acta de descargo del vehículo institucional, misma que deberá estar debidamente legalizada por las partes y al cual adjuntará un print

de pantalla del sistema de la Agencia Nacional de Transito (ANT), en el cual se evidencie no tener pagos pendientes de multas.

Actas de entrega recepción de archivos.- el servidor o trabajador cesante está en la obligación de entregar al servidor que lo reemplazará en su puesto de trabajo o a la persona responsable del archivo de su unidad administrativa, todos los documentos, archivos y procesos que haya generado durante su gestión.
Tarjeta de identificación, porta credencial y credencial.- que le fue entregada al servidor o trabajador al vincularse a la institución, los cuales deberán ser entregados en la Dirección de Administración del Talento Humano en conjunto con todos los requisitos;
Formulario de Salida.- es la ratificación de cada una de las áreas de que el servidor realizó la entrega recepción de bienes y/o archivos físicos y digitales que estaban a su cargo.

Art. 4.- DEL INFORME DE FIN DE GESTIÓN. –

El informe de fin de gestión de manera obligatoria deberá contener la siguiente información:

1.- Indicaciones generales sobre la gestión realizada por el servidor o trabajador;

2.- El estado actual de los trámites a cargo del servidor o trabajador;

3.- En el caso de que el servidor o trabajador haya sido administrador de un contrato y/o administrador o delegado para la gestión de convenios institucionales obligatoriamente deberá señalar en su informe de manera clara y pormenorizada el estado del proceso a su cargo, el cual deberá tener relación con la información que al cese de funciones del servidor o trabajador refleje el proceso en el portal de compras públicas y además deberá entregar el expediente del mismo debidamente foliado.

En la intranet institucional el servidor o trabajador cesante encontrará un modelo de este informe.

Art. 5.- DEL FORMULARIO DE SALIDA –

El formulario de salida contiene información de las siguientes direcciones:

1.- Dirección Administrativa.- referente a bienes, equipos, pasajes y procesos de contratación pública.

2.- Dirección Financiera.- referente a cuentas por cobrar a favor del MINTUR.

3.- Dirección de Secretaría General.- referente a prestaciones documentales de la institución.

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4.- Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación.- referente a la desactivación de las cuentas informáticas institucionales creadas al servidor cesante.

5.- Dirección de Talento Humano.- referente a saldo de vacaciones, desactivación de las cuentas institucionales y la entrega de las evaluaciones del desempeño del funcionario cesante que tuvo personal a su cargo

Este formulario debe estar debidamente legalizado en original, trámite que es de exclusiva responsabilidad del servidor o trabajador cesante, para lo cual debe acudir a cada una de las áreas detalladas en el mismo y realizar la gestión pertinente para que pueda ser firmada y sellada por el responsable de cada área, quien deberá suscribir este documento sin dejar espacios en blanco y completando toda la información que el casillero de la unidad a la que representa solicita.

Cada responsable de área deberá suscribir el formulario de salida haciendo constar de manera clara la siguiente información: 1.-nombres y apellidos completos; 2.- cargo que ocupa; 3.- firma que utiliza en sus documentos públicos y privados; y, 4.- el sello del área respectiva.

Este documento no puede tener tachones, borrones, ni enmendaduras. En caso de que en la suscripción del formulario de salida no haya novedad o no aplique, se debe colocar lo pertinente.

Este documento representa la constancia de que el servidor y/o trabajador cesante no mantiene compromisos con cada una de las áreas del Ministerio de Turismo, por lo tanto se constituye en un respaldo para el pago de la liquidación a la que tuviere derecho el servidor o trabajador cesante, por lo que las áreas pertinentes deberán legalizar el mismo una vez que el servidor o trabajador cesante no registre ningún tema pendiente con la Institución en el ámbito de sus competencias.

En el caso de que exista algún tema pendiente que deba subsanar el ex servidor o el ex trabajador y no se haya incluido en el formulario de salida, y a pesar de esto se legalizó el mismo, la responsabilidad administrativa recaerá sobre el funcionario responsable del área que firmó el formulario de salida.

Art. 6.- PROCEDIMIENTO:

Una vez que el servidor o trabajador cesante cuente con todos los documentos anteriormente indicados, deberá entregar los originales en la Dirección de Administración de Talento Humano.

En el caso de que el servidor o trabajador cesante haya pertenecido a una de las Coordinaciones Zonales, los documentos detallados en el presente instructivo deberán ser entregados en la Coordinación Zonal que corresponda y será el responsable de Talento Humano de la Coordinación Zonal el encargado del envió de la documentación original a la Dirección de Administración de Talento Humano en Quito.

La Dirección de Administración de Talento Humano completará el expediente de cese únicamente con la siguiente documentación:

Copias de Contratos o Acciones de ingreso
Copia de renuncia aceptada
Copia de acción de personal de desvinculación.

La Dirección de Administración de Talento Humano procederá al pago de las liquidaciones que cuenten con todos los documentos detallados anteriormente. En el caso de que faltare algún documento, no se receptará el expediente, y se procederá a notificar mediante el Sistema de Gestión Documental – QUIPUX, su correo personal registrado en su hoja de vida, al ex servidor o ex trabajador a fin de que complete la información pertinente.

Art. 7.- DE LOS DESCUENTOS Y MULTAS. –

El descuento de la liquidación del servidor cesante se efectuará por los siguientes casos:

Por pérdida de la tarjeta de identificación, un valor correspondiente a USD 15,00 (QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA);
Por pérdida de la tarjeta magnética, un valor correspondiente a USD 30,00 (TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), cuando el servidor solicite que el descuento se haga de su liquidación respectiva; y USD 12,00 (DOCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), cuando el servidor reponga la misma;
En el caso de que el servidor cesante registre valores pendiente con la Dirección Administrativa, por concepto de: compra de pasajes, destrucción o pérdida de equipos muebles o inmuebles, deducibles, el valor a descontarse lo hará constar el responsable de dicha unidad administrativa en la hoja de paz y salvo;
Lo mismo ocurrirá en el caso de que el servidor cesante mantenga deudas pendientes con esta Cartera de Estado, y quien certificará dicho valor será el responsable de la Dirección Financiera.

Art. 8.- TÉRMINO PARA EL PAGO:

El pago correspondiente a la liquidación del personal cesante, se hará efectivo a la entrega completa de la documentación solicitada en el Art. 3 del presente instrumento legal, siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria para el efecto.

Y en el caso de no existir presupuesto la Gestión de Remuneraciones y Nómina de la Dirección de Administración de Talento Humano realizará las acciones pertinentes para el financiamiento de las partidas presupuestarias correspondientes a liquidaciones que se encuentren desfinanciadas.

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DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA: Lo que no conste en el presente instructivo se someterá a lo determinado en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General de Aplicación, el Código de Trabajo, el Acuerdo Ministerial Nro.- MDT-2015-0208 de 08 de septiembre de 2015, y demás normativa legal conexa aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.-E1 presente Instructivo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 30 de noviembre de 2018.

f.) Dr. Enrique Ponce De León Román, Ministro de Turismo.

No. 2018 064

Dr. Enrique Ponce De León Román MINISTRO DE TURISMO

Considerando:

Que, El artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde […][…] expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión […]»;

Que, La Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 294 de 6 de Octubre 2010, establece el pago respectivo a todo servidor público que labore horas extraordinarias o suplementarias, siempre y cuando estén debidamente planificadas, autorizadas y cuenten con la certificación presupuestaría del caso;

Que, El Código de Trabajo, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 167 de 16 de diciembre de 2005, considera que cuando el empleador y el trabajador así lo acuerden, la jornada de trabajo podrá exceder del límite fijado en los artículos 47 y 49 del Código de Trabajo;

Que, El literal e) del punto 1.1.1 de la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Turismo, expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro.- 2017-044 de 28 de diciembre de 2017 establece como una de las atribuciones y responsabilidades del Ministro/a de Turismo la siguiente: «e) Expedir conforme a la ley, acuerdos, resoluciones, y disposiciones relacionadas con el ámbito de su competencia, en materia turística y administrativa «;

Que, El literal i) del punto 1.3.2.1.3 de la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Turismo, expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro.- 2017-044 de 28 de diciembre de 2017 establece como una de las atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Administración de Talento Humano validar los informes para el pago de horas extras;

Que, Mediante Resolución Nro.-001-CGAF-001-2014 de 01 de septiembre de 2014, la Dra. María Dolores Luzuriaga Naranjo, ex Coordinadora Administrativa Financiera del MINTUR, expidió el Instructivo para el pago de horas suplementarias y extraordinarias para las y los servidores públicos y trabajadores que laboran bajo relación de dependencia en el Ministerio de Turismo, y;

Que, Que, es necesario emitir un instructivo en donde se determine de manera clara y pormenorizada el procedimiento a seguir para la autorización previa y el pago posterior de horas suplementarias y extraordinarias laboradas por todo el personal del Ministerio de Turismo, se encuentre regido a la Ley Orgánica del Servicio Público o al Código de Trabajo.

Acuerda:

Expedir el siguiente «INSTRUCTIVO PARA AUTORIZACIÓN Y PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO».

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Art. 1.- OBJETIVO.- Establecer el debido procedimiento para el pago de horas suplementarias y extraordinarias de los/las servidores/as, trabajadores/as que laboran en el Ministerio de Turismo.

Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las instrucciones impartidas a través de este instrumento legal, serán de aplicación obligatoria a todo el personal que labora en el Ministerio de Turismo, es decir, servidores públicos que laboran bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público y trabajadores que laboran bajo el régimen del Código de Trabajo.

Art. 3.- REGISTRO DE ASISTENCIA.- Los/las servidores/as, trabajadores/as que laboran en el Ministerio de Turismo, bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Público o Código de Trabajo, registrarán de manera diaria y obligatoria su ingreso y salida de la jornada laboral de trabajo en el biométrico institucional, y solo en casos excepcionales los conductores que efectúen Comisiones de Servicios fuera de la institución registrarán su asistencia de forma manual en la respectivas bitácoras, acorde a las instrucciones dadas por la Dirección de Administración de Talento Humano al momento de su vinculación.

Art. 4.- DE LA PLANIFICACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y/O SUPLEMENTARIAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS, SUJETOS A LA LOSEP- Los/las servidores/as públicos que requieran laborar horas suplementarias y/o extraordinarias, obligatoriamente deberán observar el siguiente procedimiento:

Llenar el formulario de «PLANIFICACIÓN DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS», el cual se encuentra publicado en la intranet institucional, en este documento se hará constar cual es la necesidad institucional para laborar fuera de la jornada legal de trabajo, y deberá estar completamente lleno en todos sus campos;
El formulario será puesto a consideración del jefe inmediato superior del servidor, para su aprobación o negación;
En el caso de ser aprobado, el jefe inmediato superior del servidor generará un memorando en el sistema de gestión documental – QUIPUX, a través del cual solicitará a la máxima autoridad institucional o su delegado la autorización para laborar fuera de la jornada legal de trabajo a favor de su equipo de trabajo;
En dicho memorando se hará constar de manera obligatoria y en orden alfabético los apellidos y nombres completos de los/las servidores/as, que han entregado sus planificaciones, y en el mismo orden se anexarán las mismas.

Art. 5.- DE LA PLANIFICACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y/O SUPLEMENTARIAS PARA TRABAJADORES, SUJETO AL CÓDIGO DE TRABAJO

En los casos de que se requiera que un/a trabajador/a labore horas suplementarias y/o extraordinarias se deberá efectuar la siguiente acción:

El Director/a Administrativo/a, Coordinador/a Zonal, y/o el jefe inmediato superior del trabajador siempre y cuando sea de Nivel Jerárquico Superior, mediante un memorando generado en el sistema de gestión documental – QUIPUX, deberá solicitar a la máxima autoridad institucional o su delegado la correspondiente autorización;
En dicho memorando se hará constar de manera obligatoria y en orden alfabético los apellidos y nombres completos de los trabajadores que laborarán fuera de la jornada legal de trabajo y el detalle pormenorizado de las actividades que se ejecutarán en el tiempo a ser laborado fuera de la jornada legal de trabajo.

Art. 6.- DE LA SOLICITUD DE PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y/O SUPLEMENTARIAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS, SUJETOS A LA LOSEP

Para el pago de horas suplementarias y/o extraordinarias, los/las servidores/as públicos deberán observar el siguiente procedimiento:

Llenar el formulario «INFORME DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS», el cual se encuentra publicado en la intranet, formulario en el cual detallarán de manera cronológica los días y horas que laboraron fuera de la jornada laboral; y, así mismo detallarán de manera pormenorizada las actividades ejecutadas en ese tiempo del cual reclaman el pago de horas suplementarias y/o extraordinarias, según corresponda;
El formulario antes señalado será puesto a consideración del jefe inmediato superior del servidor, quien tiene la potestad de aprobar u objetar el mismo;
En el caso de ser aprobado, el jefe inmediato superior del servidor a través de un memorando generado en el sistema de gestión documental -QUIPUX, solicitará a la máxima autoridad institucional o su delegado, la autorización del pago respectivo,
A la petición constante en el literal anterior se deberá adjuntar los siguientes documentos: 1) El reporte del biométrico del mes que corresponda; 2) El informe de horas suplementarias y extraordinarias.

Cabe señalar que en la petición de pago se hará constar de manera obligatoria y en orden alfabético los apellidos y nombres completos de los servidores/as a favor de quienes se esté solicitando el pago.

Art. 7.- DE LA SOLICITUD DE PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y/O SUPLEMENTARIAS PARA TRABAJADORES, SUJETOS AL CÓDIGO DE TRABAJO

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Para el pago de las horas extraordinarias y/o suplementarias a favor de los/las trabajadores/as, se observará el siguiente procedimiento:

Los conductores tanto de matriz como de las coordinaciones zonales, deberán presentar de manera obligatoria la hoja de ruta al responsable de la Unidad de Transportes o quien hiciere sus veces, quien revisará y validará la información y procederá a elaborar el informe de horas suplementarias y extraordinarias para conductores;
El informe de horas suplementarias y extraordinarias para conductores, será puesto a consideración del Director/a Administrativo/a y/o Coordinador/a Zonal, según corresponda, y serán ellos quienes aprueben el mismo a través de su suscripción;
Una vez que se cuente con este informe, en el caso de los conductores, el/la Director/a Administrativo/a, el Coordinador/a Zonal, y/o el jefe inmediato superior del trabajador siempre y cuando sea de Nivel Jerárquico Superior según corresponda, solicitará a través del Sistema de Gestión Documental -QUIPUX, a la máxima autoridad institucional o su delegado, la autorización para el pago de horas suplementarias o extraordinarias a favor de los conductores;
Proceso para el cual se deberá adjuntar lo siguiente: 1) El informe de horas suplementarias y extraordinarias para conductores; y, 2) La hoja de ruta;
Mientras que en el caso de los auxiliares de servicio el/la Director/a Administrativo/a, el Coordinador/a Zonal, y/o el jefe inmediato superior del trabajador siempre y cuando sea de Nivel Jerárquico Superior según corresponda, solicitará a través del Sistema de Gestión Documental – QUIPUX, a la máxima autoridad institucional o su delegado, la autorización para el pago de horas suplementarias o extraordinarias, adjuntando un informe detallado y pormenorizado de las actividades ejecutadas en el tiempo laborado fuera de la jornada legal de trabajo y los biométricos respectivos.

Cabe señalar que en la petición de pago se hará constar de manera obligatoria y en orden alfabético los apellidos y nombres completos de los trabajadores/as a favor de quienes se esté solicitando el pago.

En el Informe de horas suplementarias y extraordinarias para conductores, únicamente deberá constar los días que el trabajador laboró jornada extraordinaria y/o suplementaria, por lo tanto el cálculo del pago se efectuará con la información que allí conste, la cual guardará estricta relación con la información que refleje la hoja de ruta, por lo tanto en este informe no se deberán registrar los días en los que el trabajador efectúe comisiones de servicios, pues a estos días les corresponde el pago de viáticos, y de ser el caso se estaría duplicando el beneficio.

Los documentos manuales (hojas de ruta y/o informe) no deberán contener tachones, borrones, enmendaduras o

errores e inconsistencias en toda la fila de inicio o fin de jornada, ya que invalidará el cálculo de esas horas y ese día no será reconocido o considerado para su pago.

Art. 8.- TIEMPO NO CONSIDERADO PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y/O SUPLEMENTERIAS.- No se considerará como tiempo para el cálculo de horas suplementarias y/o extraordinarias:

El tiempo en que los servidores y servidoras por las mañanas registren antes del inicio de la jornada legal de trabajo;
En el caso de los trabajadores los 30 minutos antes del inicio de la jornada legal de trabajo;
Los 30 minutos posteriores a la finalización de la jornada legal de trabajo por las tardes, para el caso particular de los trabajadores;
El tiempo que se recupera a los decretados como feriado obligatorio, y;
Las marcaciones que no consten en el informe aprobado o en lo planificado;
En el caso de los conductores, el tiempo de movilización desde y hasta sus domicilios, antes y después del cumplimiento de sus actividades institucionales.

El contenido de los numerales 2 y 3 del presente artículo, se establecen en función de que la LOSEP, su Reglamento General de Aplicación, el Código de Trabajo y demás normativa legal aplicable, no contemplan de manera específica los tiempos allí señalados, por lo que están siendo reglamentados en el presente instructivo para su aplicación.

Art. 9.- FECHAS DE PRESENTACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN Y PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y/O SUPLEMENTARIAS. – La planificación deberá estar aprobada y legalizada hasta el último día laborable del mes anterior al de la solicitud, y deberá entregarse en la Dirección de Administración de Talento Humano hasta el 5to día del mes en el que se efectuarán las horas suplementarias y/o extraordinarias, y en caso de que este sea sábado, domingo o día de descanso obligatorio, se entregará el primer día laborable inmediatamente siguiente.

La solicitud de pago debidamente autorizada debe entregarse en la Dirección de Administración de Talento Humano hasta el 5to día del mes inmediatamente posterior al que laboró horas suplementarias y/o extraordinarias, y en caso de que este sea sábado, domingo o día de descanso obligatorio, se entregará el primer día laborable inmediatamente siguiente.

En caso de olvido, omisión o inobservancia de las instrucciones y la normativa vigente, lo cual genere la no presentación en su debido momento de los documentos habilitantes para el clculo y pago, se procederá al pago

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atrasado de este beneficio, únicamente con un informe justificativo, aprobado y suscrito por el jefe inmediato superior dirigido a la autoridad nominadora o su delegado, solicitando autorización de pago extemporáneo, y siguiendo el mismo procedimiento para el pago normal indicado, en caso de justificar su retraso, serán consideradas para el siguiente pago.

En el caso de las zonales, a más del envío físico de los documentos originales, deberán remitir vía correo electrónico al Directora/a de Administración de Talento Humano, quien hiciere sus veces o quien estuviere delegado para el efecto, los documentos detallados anteriormente, sin que esto signifique constancia de entrega, los pagos se procesarán únicamente con los documentos originales.

Art. 10.- EXEPCIONES.- En caso de que se presente trabajos extemporáneos o de última hora y que no van a constar en la planificación mensual tratándose de servidores, o en la petición inicial tratándose de trabajadores, el jefe inmediato superior del servidor y/o trabajador solicitará a través del Sistema de Gestión Documental – QUIPUX a la máxima autoridad institucional o su delegado, la autorización para laborar únicamente el día que se requiera y que no conste en la planificación mensual o en la petición inicial.

Cabe señalar que esta particularidad es para casos excepcionales y/o de fuerza mayor, siempre y cuando estén debidamente justificados, la petición se efectuará el mismo día que se requiera que el servidor o trabajador labore horas extraordinarias o suplementarias.

Los servidores públicos que ocupen puestos comprendidos dentro de la escala remunerativa del nivel jerárquico superior, se exceptúan de este pago.

Únicamente en el caso de los servidores públicos que forman parte de la Dirección de Registro y Control en matriz y de la Unidad de Registro y Control en los procesos desconcentrados, podrán solicitar el pago de horas extraordinarias y suplementarias presentado el informe del operativo de control ejecutado, documentos que reemplazarán a los biométricos institucionales, este pago procederá siempre y cuando se cuente con la planificación debidamente aprobada y con la certificación presupuestaria respectiva.

Art. 11.- RESPONSABILIDADES.-La Autoridad Nominadora o su delegado serán responsables directos de aprobar y autorizar en función a su competencia, tanto la planificación como el pago de horas suplementarias y/o extraordinarias.

Una vez autorizada y aprobada la planificación, la máxima autoridad institucional o su delegado remitirá la misma a la Dirección de Administración de Talento Humano, unidad administrativa que se encargará de realizar el trámite que legalmente corresponda.

Con la aprobación de la planificación se deberá contar hasta el último día hábil antes de iniciar el mes en el que se laborará fuera de la jornada normal de trabajo.

Los jefes inmediatos, son responsables absolutos de la información que consta en el informe de actividades presentado por el/la servidor/a y/o trabajador/a, dichos informes deben ser legalizados con los nombres, cargo y firma de quien aprueba y de quien revisa; por lo tanto, serán ellos quienes velen por el cumplimiento efectivo y eficiente en la utilización del tiempo adicional a la jornada legal de trabajo, para la debida utilización de los recursos institucionales.

El servidor que sea beneficiario del transporte institucional, de manera obligatoria deberá registrar su firma en la bitácora que el conductor institucional le facilite para el efecto, en este documento se hará constar el servicio brindado por el conductor y la hora de la movilización.

En el caso de verificar adulteraciones en esta informa-ción por beneficiar al conductor institucional, se iniciará el respectivo proceso de régimen disciplinario administrativo.

Art. 12.- PROHIBICIONES.- Cuando un/una servidor/a y/o un/una trabajador/a, haya salido en comisión de servicios, no le corresponde el pago de horas extraordinarias y/o suplementarias, por cuanto en estos casos le corresponde el pago del viático respectivo.

En el caso de que un servidor/a y/o un trabajador/a, solicite el pago de éstos dos beneficios a la vez, la Dirección de Administración de Talento Humano, podrá aplicar las sanciones administrativas que sean del caso.

Las solicitudes tanto de autorización de la planificación como del pago deben ser realizadas mes a mes e individualmente para régimen de LOSEP y de Código de Trabajo, de no cumplir con esta característica el trámite será devuelto a través del sistema de gestión documental, con las observaciones que el caso amerite.

Art. 13 – LÍMITE DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS.- La LOSEP considera como horas extraordinarias a aquellas en las que el servidor labore justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo, a partir de las 24h00 hasta las 06h00 durante los días hábiles; y, durante los días feriados y de descanso obligatorio, mientras que las horas suplementarias son aquellas en las que el servidor labore justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo, hasta por cuatro horas posteriores a la misma.

Para el caso de los servidores públicos sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público, se podrá pagar hasta un monto máximo de 30 horas al mes, entre horas extraordinarias y suplementarias, y si se supera el tiempo establecido se procederá a pagar de forma equitativa; es decir, 15 horas suplementarias y 15 horas extraordinarias, según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 135 de 11 de septiembre de 2017, siempre y cuando se cuente con la debida planificación, autorización y certificación presupuestaria para el efecto.

Mientras que, en el caso de los trabajadores sujetos al Código de Trabajo las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de doce en la semana y el cálculo se efectuará de la siguiente manera:

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Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, se pagará la remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias más un cincuenta por ciento de recargo;
Si dichas horas estuvieren comprendidas entre las 24H00 y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a un ciento por ciento de recargo.

Si el trabajo se ejecuta el sábado o el domingo deberá ser pagado con el ciento por ciento de recargo, por cuanto estas horas son consideradas como extraordinarias.

Art. 14- PROCEDENCIA DEL PAGO.- El pago de horas extraordinarias y suplementarias a servidores públicos y trabajadores, corresponderá siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria para el efecto, la planificación y autorización de la Máxima Autoridad institucional o su delegado y el cumplimiento a cabalidad con las instrucciones detalladas en el presente documento, por parte del servidor o trabajador.

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA – En caso de existir dudas, contraposiciones o vacíos en la aplicación del presente instructivo, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público, su Reglamento General, el Código de Trabajo, reglamentos internos institucionales referentes al tema, las disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo y demás normativa legal conexa aplicable.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA- Déjese sin efecto legal el contenido de la Resolución Nro. 001-CGAF-001-2014 de 01 de septiembre de 2014.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA- El presente Instructivo entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 30 de noviembre de 2018.

f.) Dr. Enrique Ponce De León Román, Ministro de Turismo.

No. 27/2018

EL DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Considerando:

Que, mediante Acuerdo No. 026/2018 de 14 de septiembre del 2018, el Consejo Nacional de Aviación Civil, renovó el Permiso de Operación a la compañía JETBLUE AIRWAYS CORPORATION, para la prestación del servicio de transporte aéreo público, internacional, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada;

Que, con oficio No. 2018-3420 de 18 de octubre de 2018, el Apoderado General de la compañía JETBLUE AIRWAYS CORPORATION (» Jetblue»), en los numerales 6. Rutas y Frecuencias y 13. SOLICITUD, indica y solicita:

«6. Rutas v Frecuencias

En la actualidad Jetblue cuenta con un permiso de operación para operar las siguientes rutas, frecuencias y derechos:

– Fort Lauderdale – Quito – Fort Lauderdale, hasta siete (7) frecuencias semanales, con derechos de tráfico de tercera y cuarta libertades del aire.

Es intención de JetBlue ampliar su presencia en Ecuador y añadir la operación entre las ciudades de Fort Lauderdale, Florida y Guayaquil, Ecuador, lo cual reafirma el compromiso de JetBlue con el Ecuador y su apuesta por el crecimiento económico, el desarrollo del turismo y la apertura de nuevas oportunidades de negocios para ambos países, por lo que se pretende operar con las siguientes rutas y frecuencias:

Fort Lauderdale – Quito – Fort Lauderdale, hasta siete (7) frecuencias semanales, con derechos de tráfico de tercera y cuarta libertades del aire.
Fort Lauderdale – Guayaquil – Fort Lauderdale, hasta siete (7) frecuencias semanales, con derechos de tráfico de tercera y cuarta libertades del aire.

13. SOLICITUD

Con los antecedentes planteados, solicitamos (…), se sirva modificar el permiso de operación conferido a Jetblue, en los términos solicitados; esto es modificando las rutas y frecuencias autorizadas de la siguiente manera:

– Fort Lauderdale – Quito – Fort Lauderdale, hasta siete (7) frecuencias semanales, con derechos de tráfico de tercera y cuarta libertades del aire.

– Fort Lauderdale – Guayaquil – Fort Lauderdale, hasta siete (7) frecuencias semanales, con derechos de tráfico de tercera y cuarta libertades del aire…»;

Que, mediante memorando Nro. DGAC-AB-2018-0830-M de 06 de noviembre de 2018, se elevó a conocimiento del señor Director General de Aviación Civil, la solicitud presentada por la compañía JETBLUE AIRWAYS CORPORATION, adjuntando el Extracto para su legalización y posterior publicación en uno de los periódicos de amplia circulación nacional y en la Página Web Institucional;

Que, con oficio Nro. DGAC-AB-2018-0091-O de 06 de noviembre de 2018, se remite a la compañía JETBLUE AIRWAYS CORPORATION, el Extracto de la solicitud de modificación del Permiso de Operación internacional, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada, a fin de que proceda con la publicación del mismo de conformidad con el Art. 45 del Reglamento de la materia;

22 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

Que, mediante oficio S/N de 09 de noviembre de 2018, la compañía JETBLUE AIRWAYS CORPORATION, remite la publicación del Extracto realizada en la Guía Legal del diario «El Comercio», el 08 de noviembre del 2018;

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica con memorando Nro. DGAC-AE-2018-1640-M de 16 de noviembre de 2018, presenta su informe en el que concluye que el pedido de modificación cumple con los requisitos previstos en el Art. 7 del Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial; y, el incremento de ruta, frecuencias y derecho de tráfico solicitado se enmarca en el literal a) del Art. 52 Ibídem; que con fundamento en el Protocolo Modificatorio suscrito el 21 de julio de 2010, entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América, la solicitud de la compañía es procedente; y, que a través del documento denominado AVISO DE MEDIDAS ADOPTADAS – EXPEDIENTE DOT-OST-2018-0153, la aerolínea estadounidense se halla autorizada por el Departamento de Transporte del Gobierno de los Estados Unidos de América para operar entre Fort Lauderdale, Florida y Guayaquil, Ecuador, con siete (7) frecuencias semanales de ida y vuelta entre EEUU y Ecuador; y, recomienda atender favorablemente la solicitud de modificación del permiso de operación de la compañía JETBLUE AIRWAYS CORPORATION, en los términos solicitados;

Que, con memorando Nro. DGAC-AX-2018-0394-M de 20 de noviembre de 2018, la Directora de Comunicación Social Institucional, informa que el Extracto de la solicitud de modificación del Permiso de Operación presentado por la compañía JETBLUE AIRWAYS CORPORATION, se encuentra publicado en la sección: Biblioteca/Consejo Nacional de Aviación Civil/ Solicitudes que se tramitan en la Secretaría del CNAC/2018;

Que, el plazo de diez (10) días hábiles, para que las personas naturales o jurídicas que se sientan afectadas por la petición de modificación por incremento de ruta, frecuencias y derechos, contados a partir de la fecha de publicación del Extracto realizada en la Guía Legal del diario «El Comercio», el 08 de noviembre del 2018, conforme lo dispone el literal d) del Art. 45 del Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación del Servicios de Transporte Aéreo Comercial, venció el 21 de noviembre del 2018, sin que se haya presentado o recibido oposición alguna al respecto al pedido de modificación del Permiso de Operación de la compañía JETBLUE AIRWAYS CORPORATION;

Que, la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica, en su informe técnico económico unificado presentado con memorando Nro. DGAC-OX-2018-2526-M de 22 de noviembre de 2018, en sus conclusiones económicas señala que respecto al «coeficiente de ocupación» es elevado; que en lo relativo al Cumplimiento de Frecuencias del permiso de operación cuantificado de enero hasta septiembre del año en curso refleja un 100% de cumplimiento; que la solicitud califica reglamentariamente acorde a lo previsto en el artículo 50 del Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo Comercial; y, no

existe inconveniente por parte del área técnica para que este trámite sea atendido favorablemente, recomendando que en base al análisis efectuado y conclusiones la modificación solicitada puede ser atendida en forma favorable, así como establecer formalmente la obligación que tiene la compañía aérea de cumplir con el Art. 110 del Código Aeronáutico;

Que, con memorando Nro. DGAC-AB-2018-0895-M de 26 de noviembre de 2018, la Dirección de Secretaría General presenta el informe unificado, en el que concluye y recomienda que contándose con los informes Jurídico y Técnico Económico favorables, con la delegación otorgada por el Consejo Nacional de Aviación Civil, la documentación habilitante, el análisis realizado, se ha agotado todo el trámite administrativo previsto en el Reglamento de la materia, por lo que procede otorgar la modificación solicitada por la compañía JETBLUE AIRWAYS CORPORATION, para incrementar la ruta, frecuencias y derechos: «FORT LAUDERDALE -GUAYAQUIL – FORT LAUDERDALE, hasta siete (7) frecuencias semanales, con derechos de tráfico de tercera y cuarta libertades del aire»;

Que, el señor Presidente Constitucional de la República, mediante Decreto Ejecutivo No. 156, de 20 de noviembre de 2013, reorganiza al Consejo Nacional de Aviación Civil y a la Dirección General de Aviación Civil;

Que, mediante RESOLUCIÓN No. 001/2013, de 24 de diciembre de 2013, el pleno del Consejo, delegó ciertas atribuciones al Director General de Aviación Civil, entre ellas, la prevista en el ARTÍCULO 1.- «Delegar al Director General de Aviación Civil, la facultad de resolver las solicitudes para modificar o suspender temporal y parcialmente las Concesiones y Permisos de operación otorgados por el Consejo Nacional de Aviación Civil, cumpliendo con los requisitos establecidos en la reglamentación de la materia»;

Que, en virtud del Decreto No. 239 de 12 de diciembre de 2017, se designa al señor Carlos Javier Álvarez Mantilla como Director General de Aviación Civil; y,

Con base a la delegación realizada en la RESOLUCIÓN No. 001/2013 de 24 de diciembre de 2013, el Director General de Aviación Civil

Acuerda:

ARTÍCULO 1.- MODIFICAR la cláusula SEGUNDA del ARTÍCULO 1 del Acuerdo No. 026/2018 de 14 de septiembre del 2018, mediante el cual el Consejo Nacional de Aviación Civil, renovó a la compañía JETBLUE AIRWAYS CORPORTAION, su Permiso de Operación, para la prestación del servicio de transporte aéreo público, internacional, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada, por la siguiente:

SEGUNDA: Rutas, frecuencias y derechos: «La aerolínea» operará las siguientes, rutas, frecuencias y deechos:

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 23

FORT LAUDERDALE – QUITO – FORT LAUDERDALE, hasta siete (7) frecuencias semanales. Con derechos de tráfico de tercera y cuarta libertades del aire.
FORT LAUDERDALE – GUAYAQUIL – FORT LAUDERDALE, hasta siete (7) frecuencias semanales. Con derechos de tráfico de tercera y cuarta libertades del aire.

La compañía JETBLUE AIRWAYS CORPORATION, tiene la obligación de cumplir con el Art. 110 del Código Aeronáutico.

ARTÍCULO 2.- Salvo lo dispuesto en el artículo precedente, los demás términos y condiciones del Acuerdo No. 026/2018 de 14 de septiembre del 2018, se mantienen vigentes y sin ninguna modificación.

ARTICULO 3.- Del cumplimiento del presente Acuerdo, encárguese a la Dirección General de Aviación Civil, a través de los respectivos procesos institucionales.

Comuníquese, notifíquese y publíquese.- Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, 27 de noviembre de 2018.

f.) Sr. Carlos Javier Álvarez Mantilla, Director General de Aviación Civil.

CERTIFICO: Que expidió y firmó el Acuerdo que antecede, el señor Carlos Javier Álvarez Mantilla, Director General de Aviación Civil, en Quito, Distrito Metropolitano, 27 de noviembre de 2018.

Lo certifico.

f.) Dra. Rita Huilca Cobos, Directora de Secretaría General de la DGAC.

RAZÓN: En Quito a, 28 de noviembre de 2018, Notifiqué el contenido del Acuerdo No. 27/2018 a la compañía JETBLUE AIRWAYS CORPORATION, por boleta depositada en el Casillero Judicial No. 857 del Palacio de Justicia de esta ciudad.- CERTIFICO:

f.) Dra. Rita Huilca Cobos, Directora de Secretaria General de la DGAC.

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL SECRETARIA GENERAL

CERTIFICACIÓN

Yo: Doctora Rita Mía Huilca Cobos, en mi calidad de Directora de Secretaría General de la Dirección General de Aviación Civil, siendo una de mis atribuciones como responsable del proceso, el «Otorgar certificaciones a petición de parte o por disposición de Autoridad Competente», como lo determina el «Artículo 4.-» de la Resolución No. 238/2010 de 30 de agosto del 2010, mediante la cual se Reforma el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Dirección

General de Aviación Civil, y dando atención a la petición realizada con memorando Nro. DGAC-AB-2018-0900-M, de 29 de noviembre de 2018, suscrito por la señorita Mary Sánchez Sánchez, Secretaria, que indica que requiere copia Certificada del Acuerdo No. 27/2018 de 27 de noviembre del 2018, otorgada a favor de la compañía JETBLUE AIRWAYS CORPORATION, a fin de remitir para su publicación en el Registro Oficial, CERTIFICO: que el Acuerdo No. 27/2018 de 27 de noviembre del 2018, emitido por el Director General de Aviación Civil, como delegado del Consejo Nacional de Aviación Civil, que antecede contenida en cuatro fojas útiles, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que reposa en el Archivo Activo de la Dirección de Secretaría General.

Quito, D.M., 29 de noviembre del 2018.

f.) Dra. Rita Mía Huilca Cobos, Directora de Secretaría General de la Dirección General de Aviación Civil.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

No. 000194

LA SUBSECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Considerando:

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1202, de 13 de octubre del 2016, publicado en el Registro Oficial No. 876, de 8 de noviembre de 2016, se suprimió la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, y se dispuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ejerza la rectoría, planificación, regulación, control y gestión de la Cooperación Internacional, teniendo la atribución de suscribir, registrar y realizar el seguimiento a los convenios, programas y proyectos de cooperación internacional no reembolsable ejecutados por el sector público;

Que el Acuerdo Ministerial No. 000040, de 2 de mayo de 2017, expidió el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mediante el cual se creó la Subsecretaría de Cooperación Internacional y la Dirección de Gestión de la Cooperación Internacional No Gubernamental;

Que el Art. 10, numeral 1.2.1.5. literal i) del referido Estatuto establece como atribución de la Subsecretaría de Cooperación Internacional: «Verificar y articular con los actores de la cooperación los contenidos de los acuerdos, Convenios Básicos de Funcionamiento con Organismos no Gubernamentales Extranjeros; y demás instrumentos de cooperación internacional a ser suscritos»;

24 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

Que entre las atribuciones de la Dirección de Gestión de Cooperación Internacional No Gubernamental, establecidas en el mencionado Estatuto, Art. 10, numeral 1.2.1.5.3, literal a) señala: «Elaborar informes técnicos para la suscripción de convenios básicos de funcionamiento de Organizaciones no Gubernamentales extranjeras en el país, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente y a las políticas nacionales «;

Que conforme se desprende de los literales e) y f) del artículo primero del Acuerdo Ministerial No. 000059, de 07 de julio de 2017, la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana delegó al Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional: «Autorizar los contenidos de los convenios, acuerdos, proyectos y demás documentos de cooperación internacional no reembolsable y suscribirlos»; así como: «autorizar los contenidos de convenios básicos de funcionamiento con las Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras (ONG) y suscribirlos «;

Que la Disposición General Tercera ibídem, señala: » Se autoriza expresamente a los funcionarios delegados, para que bajo su control y responsabilidad, por excepción, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o necesidad institucional, debidamente motivados, puedan delegar, dentro del ámbito de su competencia, las facultades delegadas, siempre y cuando se mantengan dentro del alcance previsto en este instrumento»;

Que mediante Resolución No. 000162, de 16 de octubre de 2017, artículo único, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Política y Cooperación Internacional delegó a la Subsecretaría de Cooperación Internacional, la atribución de: «autorizar los contenidos de los convenios, acuerdos, proyectos y demás documentos de cooperación internacional no reembolsable y suscribirlos»; así como: «autorizar los contenidos de convenios básicos de funcionamiento con las Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras (ONG) y suscribirlos «;

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 193, de 23 de octubre de 2017, el Presidente de la República expidió el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, cuyo artículo 25, reza: «Suscripción de Convenio.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, una vez revisada la documentación presentada, previa resolución motivada, suscribirá con la ONG Extranjera, un Convenio Básico de Funcionamiento y notificará por escrito a la ONG Extranjera la autorización para que pueda iniciar su funcionamiento y actividad en el país»;

Que el Ministerio de Salud Pública – MSP, mediante oficio N° MSP-2017-1828-O, de 23 de agosto de 2017; manifiesta que no tiene objeción para que, de considerarlo pertinente, se continúe el proceso para la suscripción del Convenio Básico de Funcionamiento, que le permita al Centro de Orientación Educativo, continuar con sus actividades en el Ecuador.

Que mediante oficio s/n, suscrito por la Sra. Rosa Scandella, Presidenta del Centro de Orientación Educativo – COE

en Italia, ingresado en esta Cartera de Estado el 4 de octubre de 2018, la citada Organización No Gubernamental extranjera solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la suscripción de un Convenio Básico de Funcionamiento;

Que con memorando No. MREMH-DGCING-2018-0409-M, de 9 de noviembre de 2018, la Dirección de Gestión de Cooperación Internacional No Gubernamental notificó el informe técnico No.IT-MREMH-2018-006, de 7 de noviembre de 2018, favorable para la suscripción del Convenio Básico de Funcionamiento con la Organización No Gubernamental extranjera Centro de Orientación Educativo.

Que con memorando No. MREMH-DAJPDN-2018-0781-M, de 19 de noviembre de 2018, la Dirección de Asesoría Jurídica y Patrocinio en Derecho Nacional emitió Dictamen Jurídico favorable para la suscripción del Convenio Básico de Funcionamiento con la Organización No Gubernamental extranjera Centro de Orientación Educativo.

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N°. 1202, de 13 de octubre de 2016, en el artículo 25 del Decreto Ejecutivo No.193, de 23 de octubre de 2017, y en el artículo único de la Resolución No. 000162, de 16 de octubre de 2017,

Resuelve:

Artículo 1.- Suscribir un Convenio Básico de Funcionamiento entre la República del Ecuador y la Organización No Gubernamental extranjera Centro de Orientación Educativo.

Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Gestión de Cooperación Internacional No Gubernamental elabore el proyecto de Convenio Básico de Funcionamiento con la referida Organización No Gubernamental extranjera.

Artículo 3.- Disponer a la Dirección de Gestión de Cooperación Internacional No Gubernamental notifique el contenido de la presente resolución al representante legal de la Organización No Gubernamental extranjera en el Ecuador, a fin de suscribir el Convenio Básico de Funcionamiento en el término de 15 días.

Artículo 4.- Disponer a la Dirección de Gestión de Cooperación Internacional No Gubernamental informe sobre la suscripción del Convenio Básico de Funcionamiento a las siguientes entidades:

Servicio de Rentas Internas;
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador;
Secretaría Nacional de Gestión de la Política;
Unidad de Análisis Financiero y Económico;
Ministerio del Trabajo;

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 25

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;
Ministerio de Salud Pública.

Artículo 5.- Disponer a la Dirección de Gestión Documental y Archivo de este Ministerio que realice las gestiones para la publicación de la presente resolución, en el Registro Oficial.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la ciudad de Quito, a 26 de noviembre de 2018.

f.) Mauricio Montalvo, Subsecretario de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

RAZÓN- Siento por tal que las dos (02) fojas que anteceden, son copias de la Resolución Administrativa No. 000194, del 26 de noviembre de 2018, conforme el siguiente detalle fojas: 1-2, son copias del original, documento que reposa en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO.- LO CERTIFICO

Quito, D.M. 5 de diciembre de 2018.

f.) Emb. Francisco Augusto Riofrío Maldonado, Director de Gestión Documental y Archivo.

OBSERVACIÓN: Esta Dirección de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no se responsabiliza por el estado y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

MINISTERIO DEL TRABAJO

No. MDT-2018-110

Mgs. Juan Carlos Andrade Albornoz SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS Y NORMAS

Considerando:

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República, en el inciso segundo prescribe que la ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará, entre otros aspectos, el sistema de remuneración de sus servidores;

Que, el artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público – LOSEP, en el literal a) señala que es competencia del Ministerio del Trabajo ejercer la rectoría en materia de remuneraciones y expedir las normas técnicas correspondientes de talento humano;

Que, con Acuerdo No. 0059, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 216 de 01 de abril de 2014 y reformado con Acuerdos Ministeriales No. MRL-2014-0105, publicado en el Registro Oficial No. 252, de 23 de mayo de 2014; No. MRL-2014-0134, publicado en el Registro Oficial No. 296, de 24 de julio de 2014; No. MRL-2014-0143, de 30 de julio de 2014; No. MRL-2014-0232, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 386, de 01 de diciembre de 2014; Fe de Erratas publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 411, de 8 de enero de 2015; No. MDT-2015-0246, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 622, de 06 de noviembre de 2015; Fe de erratas publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 633, de 23 de noviembre de 2015; No. MDT-2017-0051, publicado en el Registro Oficial No. 11, de 09 de junio de 2017; No. MDT-2017-0129, publicado en el Registro Oficial No. 80, de 15 de septiembre de 2017; No. MDT-2018-0040, publicado en Registro Oficial No. 206, de 22 de marzo de 2018; y, No. MDT-2018-0084, publicado en el Registro Oficial No. 254 de 04 de junio de 2018, se expidió la Norma Técnica para la contratación de Consejeros de Gobierno y Asesores en las Instituciones del Estado;

Que, mediante Resolución Ministerial No. MDT-2015-0044, de 18 de noviembre de 2015, se expidió la excepción de la aplicación de la limitación prevista en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0246, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 622, de 06 de noviembre de 2015, de conformidad con lo establecido en su Disposición General Única;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0194, de 14 de septiembre de 2018, el Ministro del Trabajo, delega al Subsecretario de Políticas y Normas para que en su nombre y representación, en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley y más normativa aplicable, ejerza y ejecute las resoluciones correspondientes a los pedidos para la contratación de asesores del Consejo de la Judicatura; también aprobará los informes y todo acto administrativo necesario para la autorización de contrataciones de asesores;

Que, mediante Oficio Nro. MEF-VGF-2018-0559-O de 26 de octubre de 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad con la competencia que le otorga el artículo 132 literal c) de la Ley Orgánica del Servicio Público, emitió el dictamen presupuestario favorable, previo a la expedición de la presente Resolución; y,

En uso de las atribuciones que le confiere el literal a) del artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público,

Resuelve:

Art. 1.- Establecer como límite del número de asesores para la Función Judicial un máximo de diez (10) asesores.

26 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro OficialN° 394

La máxima autoridad del Consejo de la Judicatura resolverá la distribución de los mencionados asesores, mismos que podrán ser designados como sus asesores directos o asesores para la o el Presidente de la Corte Nacional de Justicia; las y los Jueces de la Corte Nacional de Justicia; y/o, las y los Vocales del Consejo de la Judicatura, de conformidad con la necesidad institucional.

Art. 2.- Para la aplicación de la presente Resolución, el Consejo de la Judicatura deberá contar con previa certificación de disponibilidad presupuestaria.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA- El Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, para efectos de la contratación de asesores, podrán utilizar las denominaciones de puestos de Nivel Jerárquico Superior, conforme a lo siguiente:

La o el Presidente del Consejo de la Judicatura, la o el Presidente de la Corte Nacional de Justicia; y, las y los Jueces de la Corte Nacional de Justicia podrán tener asesores en el Grado 5, 4, 3 o 1 de la escala de remuneraciones mensuales unificadas del Nivel Jerárquico Superior; y,
Las y los Vocales del Consejo de la Judicatura podrán tener asesores de Grado 3 o 1 de la escala de remuneraciones mensuales unificadas del Nivel Jerárquico Superior.

SEGUNDA- El Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia que contaban con asesores a partir de 27 de abril de 2018, aplicarán lo determinado en la presente Resolución Ministerial.

TERCERA.- Una vez que la presente Resolución entre en vigencia, las UATH del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia presentarán un informe técnico a la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura sobre la cantidad de asesores que mantienen las respectivas instituciones del Estado; a fin de efectuarse los ajustes pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Se deroga expresamente la Resolución Ministerial No. MDT-2015-0044, de 18 de noviembre de 2015.

Disposición Final.- La presente Resolución, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 21 de noviembre de 2018.

f.) Mgs. Juan Carlos Andrade Albornoz, Subsecretario de Políticas y Normas, Ministerio del Trabajo.

No. 092-DIGERCIC-CGAJ-DPyN-2018

Ing. Jorge Oswaldo Troya Fuertes

DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL,

IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República determina que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, se ha publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 684 de fecha 4 de febrero de 2016 la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, la misma que derogó la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación expedida mediante Decreto Supremo 278 publicada en el Registro Oficial No. 070 de 21 de abril de 1976;

Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles dentro de las atribuciones de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación la de: «4. Administrar y custodiar la información de los datos materiales e inmateriales de la identidad y relativos al estado civil de las personas y mantener en correcto estado los archivos y registros físicos o electrónicos. «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 publicado en el Registro Oficial No. 10, de 24 de agosto de 2009, se adscribe la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, en cuyo artículo 21 inciso segundo, se estableció: «La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación será una entidad descentralizada y desconcentrada administrativa y financieramente, su representante legal será el Director General», quien podrá dictar la normativa interna de carácter general;

Que, el 15 de agosto de 2013, mediante Acuerdo Ministerial No. 049-2013, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información nombró al Ing. Jorge Oswaldo Troya Fuertes como Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación;

Que, mediante Memorando No. DIGERCIC-CGS-2018-0339-M de fecha 12 de octubre de 2018, la señora Gloria Larenas, Coordinadora General de Servicios, con

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 27

fundamento en el informe emitido por la Dirección de Servicios de Identificación y Cedulación recomienda al Ing. Claudio Prieto, Subdirector General, direccionar a quien corresponda proceder con la elaboración de un instrumento jurídico para la depuración de la base de datos de personas con mayor o igual a 100 años de edad, además que permita el cambio de condición de ciudadanía a «Información No Verificable»;

Que, mediante Memorando No. DIGERCIC-SDG-2018-0086-M de fecha 15 de octubre de 2018, el Ing. Claudio Prieto, Subdirector General, pone en conocimiento del Ing. Jorge Troya, Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación la recomendación formulada por señora Gloria Larenas, Coordinadora General de Servicios mediante Memorando No. DIGERCIC-CGS-2018-0339-M de fecha 12 de octubre de 2018, respecto a la elaboración de instrumento jurídico para declarar como información no verificable la condición de cedulado de los ciudadanos mayores a 100 años de edad con cédulas inválidas por expiración; por lo que una vez revisado el informe y sus recomendaciones, considera pertinente realizar el mencionado proceso;

Que, en atención a la solicitud formulada por el Ing. Claudio Prieto, Subdirector General mediante Memorando No. DIGERCIC-SDG-2018-0086-M de fecha 15 de octubre de 2018, referente a la recomendación realizada por la señora Gloria Larenas, Coordinadora General de Servicios, el Ing. Jorge Troya, Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, mediante sumilla inserta en el referido documento, dispone a la Coordinación General de Asesoría Jurídica proceda de acuerdo a lo indicado por el señor Subdirector bajo las normas legales vigentes;

Que, es indispensable realizar una depuración de los archivos de la Institución, con la finalidad de contar con información actualizada, la misma que permita cumplir con los objetivos institucionales pertinentes establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles; y,

Que, es necesario contar con información actualizada y confiable referente a los datos de las personas que han cumplido cien años de edad, a fin de que sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República no sean conculcados.

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 9, numeral 2 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, y por el artículo 21 del Decreto No. 08 publicado en el Registro Oficial No. 10 de 24 de agosto de 2009,

Resuelve:

IMPLEMENTAR EL PROCESO DE DEPURACIÓN PERIÓDICA Y PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN CONSTANTE EN LA BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN CUMPLIDO CIEN AÑOS DE EDAD PARA DECLARATORIA DE «INFORMACIÓN NO VERIFICABLE»

Artículo 1.- Disponer a la Coordinación General de Servicios de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, coordinar las acciones necesarias para declarar como información no verificable a aquella correspondiente a las personas registradas en la base de datos institucional que han cumplido cien años de edad o más y tengan la condición de ciudadano: a) «CÉDULA INVÁLIDA POR EXPIRACIÓN»; y, b) «EXTRANJERO INVALIDADO POR EXPIRACIÓN». Para el efecto en su condición de ciudadano deberá constar «INFORMACIÓN NO VERIFICABLE»

Artículo 2.- La declaración de «Información no verificable» a las personas registradas en la base de datos institucional, deberá aplicarse periódicamente, una vez cada año, tomando como referencia la fecha de expedición de la presente resolución.

Artículo 3.- La declaración de «Información no verificable», de forma inicial para el presente año lo solicitará la Coordinación General de Servicios a través de la o las Direcciones correspondientes; y lo aplicará la Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicación a través de las Direcciones correspondientes y se lo ejecutará con fecha de corte 31 de octubre del 2018.

Artículo 4.- Para los siguientes ciclos se ejecutará en forma recurrente en períodos de 12 meses; es decir, anual. El proceso lo ejecutará la Coordinación General de Servicios a través de la o las Direcciones correspondientes, mediante un aplicativo informático que deberá ser provisto de manera oportuna por la Coordinación General de Tecnología de la Información y Comunicación.

Artículo 5.- La Coordinación General de Servicios, a través de la Dirección correspondiente entregará el Requerimiento Funcional de Software (RFS) a la Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación, en un tiempo no mayor a 60 días hábiles a partir de la expedición de la presente resolución.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- De la ejecución de la presente Resolución, encárguense la Coordinación General de Servicios y la Coordinación Tecnologías de la Información y Comunicación y sus Direcciones que la conforman.

SEGUNDA.- Notifíquese por intermedio de la Unidad de Gestión de Secretaría de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, al Subdirector General; a la Coordinadora General de Servicios; al Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación; y sus Direcciones correspondientes; así como, el envío al Registro Oficial para la publicación correspondiente.

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

28 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de octubre de 2018.

f.) Ing. Jorge Oswaldo Troya Fuertes, Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN.- Certifico que es fiel copia del original.-f.) Coordinadora de la Unidad de Secretaría.- 26 de noviembre de 2018.- 3 fojas útiles.

No. 2018-0243

EL SECRETARIO DEL AGUA

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir la Constitución de la República , la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente;

Que, el numeral 1 del artículo 154 ibídem dispone que: a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 226 ibídem dispone que: las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 16 de 16 de junio del 2017, el señor Presidente de la República, nombró al señor Humberto Cholango, Secretario del Agua;

Que, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 305 de 6 de agosto de 2014, en la parte pertinente del Artículo 149 establece: Competencia sancionatoria. El conocimiento y sanción de las infracciones a las disposiciones de esta Ley o su Reglamento, siempre que el acto no constituya delito o contravención, son competencia de la Autoridad Única del Agua y de la Agencia de Regulación y Control, en la forma establecida en esta Ley y en su Reglamento;.

Que, con fecha 21 de agosto del 2018, en el Suplemento del Registro Oficial No. 309, se publicó la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal;

Que, el Artículo 23 de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, dispone: «Remisión de multas de la Autoridad Única del Agua y de la Agencia de Regulación y Control del Agua.- Por esta única vez, se dispone la remisión del 100% de las multas impuestas por la Autoridad Única Del Agua y por la Agencia de Regulación y control del Agua, por la aplicación del régimen sancionatorio de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua en las que exista resolución en firme, sentencia ejecutoriada o proceso en curso en el que se determine la responsabilidad administrativa. La remisión de multas previstas en el inciso anterior, no exime de la responsabilidad por la infracción cometida ni del cumplimiento de otras obligaciones dispuestas por la autoridad judicial o administrativa competente. Podrán acogerse a esta remisión, los procesos administrativos sancionatorios iniciados con anterioridad a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial. Para acogerse a la remisión prevista en este artículo, los beneficiarios de la misma tendrán 90 días contados a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial»;

Que, el Código Orgánico Administrativo en el Art. 130 dispone: Competencia normativa de carácter administrativo. Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública. La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución de la República y la Ley

Resuelve:

Expedir el instructivo para la aplicación de la remisión de las multas impuestas por la Autoridad Única Del Agua, prevista en el Artículo 23 de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación.- El presente Instructivo establece las normas para la aplicación de la remisión del 100% de las multas impuestas por la Autoridad Única del Agua en virtud de la aplicación del régimen sancionatorio de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.

Son materia de la remisión prevista en el Artículo 23 de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, las multas impuestas a las personas naturales o jurídicas dentro de los procesos administrativos sancionatorios sustanciados hasta al 21 de agosto de 2018.

Artículo 2. Plazo de remisión.- La remisión se aplicará a los procedimientos sancionatorios que se encuentren en curso o cuenten con resolución en firme, en que la persona

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 29

sancionada se haya acogido al artículo 23 de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, durante los 90 días contados a partir de la publicación de la indicada Ley en el Registro Oficial.

Artículo 3. Solicitud de remisión.- A fin de hacer efectiva la remisión, del 100% de las multas conforme lo establecido, en el Artículo 23 de la Ley en referencia las personas naturales o jurídicas deberán presentar su solicitud por escrito dentro del plazo establecido en el numeral anterior.

Artículo 4. Desistimiento.- Los administrados que tengan planteada acción de impugnación al acto administrativo sancionatorio, en sede administrativa, judicial, constitucional o arbitral, pendiente de resolución, y que se acogan a la remisión, además de cumplir con las condiciones establecidas en los precedentes artículos 2 y 3 del presente Instructivo, adjunto a la solicitud de remisión, deberán presentar una copia del correspondiente desistimiento, con su fe de recepción y copia certificada de su aprobación por la autoridad competente.

Artículo 5. Obligaciones.- Cuando el acto administrativo sancionatorio, contenga además de la sanción pecuniaria (multa), otro tipo de obligaciones o deberes formales, la concesión de la remisión, de ninguna manera exime al administrado del cumplimiento de las otras obligaciones impuestas en la resolución administrativa.

Artículo 6. Pagos Anteriores.- Los pagos que hayan sido realizados por los administrados en cumplimiento de un acto administrativo sancionatorio, en la aplicación del régimen sancionatorio de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, antes de la fecha de promulgación de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal en el Registro Oficial no son susceptibles de restitución.

Disposiciones Generales

Primera.- Los desistimientos presentados en aplicación de la remisión, ya sean administrativos, judiciales, constitucionales o arbitrales, conforme lo establecido en el artículo 4 del presente Instructivo, llevan implícito el archivo íntegro de la acción deducida, por lo que no aplica la figura de desistimiento o remisión parcial.

Segunda.- Las multas establecidas en procesos administrativos, iniciados en aplicación del régimen sancionatorio de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, con posterioridad al 21 de agosto de 2018, no podrán acogerse a la remisión.

Tercera.- Los administrados beneficiados por la remisión de una multa, en el plazo de 30 días de emitida la resolución, deberán iniciar los trámites de regularización de los usos y aprovechamientos del recurso hídrico si no lo hubieren hecho, de autorización de construcción de las obras de captación y distribución del recurso, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y su Reglamento. En

caso de no hacerlo, serán considerados reincidentes en el cometimiento de la infracción.

Disposición Final.- De la ejecución de la presente Resolución, encárguese a la Dirección de Patrocino Judicial de la Coordinación General Jurídica en las áreas de su competencia, la misma que entrará en vigencia a partir de su expedición sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 20 de noviembre de 2018.

f.) Sr. Humberto Cholango, Secretario del Agua.

SECRETARÍA DEL AGUA- Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la institución. -Quito, 22 de noviembre de 2018.- f) Ilegible, Coordinación General Jurídica.

No. 2018-0250

EL SECRETARIO DEL AGUA

Considerando:

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: «1. Ejercer la rectoría de las políticas pública del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como deber primordial del Estado ecuatoriano la protección del patrimonio natural y cultural del país;

Que el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

Que el artículo 12 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua establece: El Estado, los sistemas comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores y usuarios, son corresponsables en la protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua y del manejo de páramos así como la participación en el uso y administración de las fuentes de aguas que se hallen en sus tierras, sin perjuicio de las competencias generales de la Autoridad Única del Agua de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en esta Ley;

30 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

La Autoridad Única del Agua, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los usuarios, las comunas, pueblos, nacionalidades y los propietarios de predios donde se encuentren fuentes de agua, serán responsables de su manejo sustentable e integrado así como de la protección y conservación de dichas fuentes, de conformidad con las normas de la presente Ley y las normas técnicas que dicte la Autoridad Única del Agua, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional y las prácticas ancestrales;

Que el artículo 13 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua señala: Constituyen formas de conservación y protección de fuentes de agua: las servidumbre de uso público, zonas de protección hídrica y las zonas de restricción;

Que el artículo 78 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua establece: Se denominan áreas de protección hídrica a los territorios donde existan fuentes de agua declaradas como de interés público para su mantenimiento, conservación y protección, que abastezcan el consumo humano o garanticen la soberanía alimentaria, las mismas formaran parte del Sistema Nacional de áreas Protegida;

Que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua en su literal e) menciona: «Establecer y delimitar las zonas y áreas de protección hídrica;

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 2010-066 del 20 de enero del 2010 se establece y delimita las nueve Demarcaciones Hidrográficas y sus respectivos zonales;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, publicado en el Suplemento Registro Oficial Nro. 16, de 16 de junio de 2017, el señor Presidente de la República nombró al Sr. Humberto Cholango, Secretario del Agua;

Que el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaria del agua, en su artículo 10.5.1 menciona como atribución de las Demarcaciones Hidrográficas el representar al Secretario, liderar y responsabilizarse de la gestión institucional;

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 2018-0205 de 15 de agosto de 2018, se crea el Manual de Procedimiento para la Delimitación y establecimiento de Áreas protegidas Hídricas;

Que mediante Informe Técnico Nro. 001-DHE-APH-2018, de 18 de octubre de 2018 y el respectivo alcance de 20 de noviembre de 2018, emitido por la Arquitecta Lorena Acosta se recomienda en el punto Nro. 10. «continuar con el procedimiento legal y administrativo para el establecimiento y determinación del área de Protección Hídrica Ponce Paluguillo, según lo dispuesto en el artículo 71 del reglamento de la Ley orgánica de Recursos hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUyA)… «;

Que mediante Resolución del proceso administrativo Nro. 001-2018-APH. (LV) de 22 de noviembre de 2018,

suscrita por el Ing. Hilario Morocho, Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas, se resuelve establecer como Área de Protección Hídrica la zona Ponce Paluguillo.

Que mediante Memorando Nro. SENAGUA-SDHE.13-2018-.661-M, de 22 de noviembre de 2018, remitido por el Ing. José Hilario Morocho, Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas, se adjunta el acto resolutivo para el «Establecimiento del Área de Protección Hídrica Ponce Paluguillo;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; y, artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; en uso de sus atribuciones y competencias,

Acuerda:

Artículo Único.- Disponer a la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas que, de conformidad a lo establecido en el Art. 78 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, remita al Ministerio del Ambiente la Resolución de Establecimiento del Área Protegida de Protección Hídrica Ponce Paluguillo, correspondiente al Proceso Administrativo No. 001-2018-APH, de 22 de noviembre de 2018, la misma que forma parte integrante de este Acuerdo; de manera que sea incorporado en el Sistema de Áreas Protegidas del referido Ministerio.

DISPOSICIÓN FINAL.- De la ejecución del presente Acuerdo, encárguese la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas, la misma que entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a, 03 de diciembre de 2018.

f.) Sr. Humberto Cholango, Secretario del Agua.

SECRETARÍA DEL AGUA.- Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la institución. -Quito, 04 de diciembre de 2018.- f.) Ilegible, Coordinación General Jurídica.

SECRETARÍA DEL AGUA. DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE ESMERALDAS. CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE QUIITO. Proceso Administrativo N° 001-2018-APH. (LV). Quito, 22 de noviembre del 2018. Las 15H00.- VISTOS.- Avoco conocimiento del presente trámite administrativo en virtud de haber sido nombrado Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas, con acción de personal Nro. 006-DHE, de fecha 08 de febrero del 2018, según decreto presidencial Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, de conformidad al Art. 17, literal c) de la Ley Orgánica del Sector Publico en concordancia con el Art. 17 literal c) del Reglamento Ibídem. Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 2010-66 del 20 de enero del 2010, se establece y delimita las nueve

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 31

Demarcaciones Hidrográficas y sus respectivos zonales. Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 2009-48 de fecha 04 de diciembre del 2009, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Secretaria del Agua. En lo principal: 1.- Comparece a la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas, el Señor Bert de Bievre, en calidad de Secretario Técnico del Fideicomiso Mercantil Fondo Ambiental para la Protección de las Cuencas y Agua FONAG, mediante escrito de fecha 03 de abril del 2018, en el que manifiesta que el FONAG es propietario del predio denominado Paluguillo, ubicado en la vía Papallacta, parroquia Pifo, cantón Quito, sector denominado La Virgen y que colinda con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de: Reserva Ecológica Antisana y del Parque Nacional Cayambe Coca, misma que está conformada por una serie de afloramientos que recorren la zona de páramo y que en su mayoría son captados para abastecimiento de los sistemas de agua potable y de riego de la Comunidad de San José del Tablón del lado del Sr. Camilo Ponce, y de la Junta de Agua Potable del Progreso de Pifo del lado de Paluguillo. Por el área recorre el río Carihuaycu, que pertenece a la subucenca del Río Guayllabamba, con estos antecedentes el compareciente solicita que se establezca un área de protección hídrica en el predio FONAG Paluguillo. 2.-Comparece a la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas, dentro del presente proceso administrativo, el señor Camilo Ponce Gangotena, en su calidad de propietario del predio colindante denominado Hacienda Itulcachi, mediante escrito de fecha 25 de julio de 2018, en el que solicita integrar esta área de protección por considerar esta área de gran importancia como fuente de interés público para la ciudad de Quito, corredor biológico, ecosistemas frágiles como humedales y paramos, así como es sitio alberga especies emblemáticas del País. Con los antecedentes expuesto esta Autoridad Administrativa solicita a la Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda – Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, las normativas de uso y regulación del suelo del sector Páramos de Paluguillo -Parroquia de Pifo y posteriormente se convoca a reuniones de socialización con el objeto de establecer estrategias de coordinación interinstitucional. De conformidad a lo estipulado en los Artículos 10 literal d), 14, 18 literal e), 69 y 78 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua, en concordancia con los Artículos 70 y 71 del reglamento Ibídem, se designa a la Arquitecta Lorena Acosta para que realice el estudio técnico e informe correspondiente de la petición, tal como obra en autos. Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO– De conformidad con lo prescrito en los artículos 12,72, 73 282, 318, 395,405,409, 411 y 412 de la Constitución de la República del Ecuador y Artículos 10 literal d), 14, 18 literal e), 69 y 78 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua, en concordancia con los Artículos 70, 71, 82, 86 y 109 del reglamento Ibídem, así como lo expresado en el Código Orgánico Administrativo, norma supletoria, en concordancia con lo señalado en los Acuerdos Ministeriales Nos. 2009-46,2.009-48 y 2014-910 del 13 de Noviembre, 4 de Diciembre del 2.009 y 17 de abril del 2014, respectivamente; y el decreto presidencial Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, de conformidad a los Artículos 82 y 86 del Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, en concordancia con el Art. 17, literal c) de la Ley Orgánica

del Sector Publico en concordancia con el Art. 17 literal c) del Reglamento Ibídem. Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 2010-66 del 20 de enero del 2010, se establece y delimita las nueve Demarcaciones Hidrográficas y sus respectivos zonales. Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 2009-48 de fecha 04 de diciembre del 2009, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Secretaria del Agua, el señor Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas de la Secretaría del Agua, es competente para conocer y resolver la presente causa, según». SEGUNDO– A la solicitud se ha dado el trámite establecido por la Constitución y la Ley, sin que se haya omitido solemnidad sustancial alguna que vicie el procedimiento, por lo que se declara la validez de todo lo actuado en el presente proceso. TERCERO.- De autos constan lo siguientes documentos: De fojas 01 a la 137 constan: escrito de fecha 03 de abril del 2018, suscrito por el Señor Bert de Bievre, en calidad de Secretario Técnico del Fideicomiso Mercantil Fondo Ambiental para la Protección de las Cuencas y Agua FONAG; Escrito de fecha 25 de julio de 2018, presentado por el señor Camilo Ponce Gangotena; El oficio Nro. STHV-DMPPS-4682, suscrito por el Arq. Vladimir Tapia, Director Metropolitano de Políticas y Planeamiento del Suelo, Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda; Oficio Nro. SENAGUA-SDHE.13-2018-0464-O, suscrito por el Ing. Hilario Morocho; Oficio Nro. SENAGUA-SDHE.13-2018-0485-O, suscrito por el Ing. Hilario Morocho; Memorando Nro. SENAGUA-SBTRH.4.04-2018-0501-M, suscrito por el Ing. Hélder Solís, adjuntando el informe de calidad de agua para definir la delimitación del área de protección hídrica en los páramos de Paluguillo y el PRIMER informe técnico Nro. 001-DHE-APH-2018 con sus respectivos anexos, de fecha 18 de octubre del 2018, suscrito por la Arquitecta Lorena Acosta. CUARTO.- De fojas 156 a 176, obra el alcance al primer informe técnico Nro. 001-DHE-APH-2018, de fecha 20 de noviembre del 2018, signado con el mismo número y suscrito por la Arquitecta Lorena Acosta, en el que luego de realizar varias consideraciones de orden técnico concluye manifestando «…El Área de Protección Hídrica Ponce Paluguillo tiene un área total de 4.260,63 ha, distribuidas de la siguiente forma: 3.487,49 ha en el predio del Sr. Camilo Ponce, y 773,14 ha en el predio de Paluguillo de propiedad del Fondo de Protección del Agua FONAG. Limita al norte con la Quebrada Carihuaycu, al sur con la Quebrada Pucahuaycu y la Reserva Ecológica Antisana, al este con la Reserva Ecológica Antisana y el Parque Nacional Cayambe Coca y la Quebrada Carihuayco, y al oeste con la Quebrada Encañada y Quebrada Itulcahi. En cuanto a la división hidrográfica, pertenece a la unidad hidrográfica número 152478 nivel 6 del código Pfafstetter, unidad hidrográfica número 15247 nivel cinco del código Pfafstetter, Unidad Hidrográfica del Guayllabamba, afluente del Esmeraldas; y se ubica en un rango altitudinal comprendida entre las cotas 3600 msnm hasta los 4200 msnm… «. Y recomienda en el punto Nro. 10 del presente informe «…Continuar con el procedimiento legal y administrativo para el Establecimiento y Determinación del Área de Protección Hídrica Ponce Paluguillo, según lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUyA)… «. QUINTO.- El artículo 10 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, establece los

32 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

elementos que constituyen el Dominio Hídrico Público y concretamente en su litera d) puntualiza «Las fuentes de agua, entendiéndose por tales las nacientes de los ríos y de sus afluentes, manantial o naciente natural en el que brota a la superficie el agua subterránea o aquella que se recoge en su inicio de la escorrentia», en concordancia con el artículo 54 del Reglamento a la Ley en mención. Entre una de las competencias y atribuciones de la Autoridad Única del Agua contempladas en el artículo 18 literal e) de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua LORHUAA, está el establecer y delimitar las zonas y áreas de protección hídrica. De esta manera, en el artículo 12 del mismo cuerpo jurídico se establece que «… el Estado, los sistemas comunitarios, las juntas de agua potable, las juntas de riego, los consumidores y usuarios son corresponsables en la protección, recuperación y conservación de fuentes de agua y del manejo de páramos así como la participación en el uso y administración de las fuentes de agua que se hallen en sus tierras…». SEXTO -En el numeral 1 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador se establece como una competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales «Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y ocupación del suelo urbano y rural»; en el numeral 2 «Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón […]»; y, en el numeral 10 «Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la Ley […]». SÉPTIMO– El artículo 14 de la LORHUAA sobre el cambio del uso del suelo, se contempla que: «.. el Estado regulará las actividades que puedan afectar la cantidad y calidad del agua, el equilibrio de los ecosistemas en las áreas de protección hídrica que abastecen los sistemas de agua para consumo humano y riego, con base en estudios de impacto ambiental que aseguren la mínima afectación y la restauración de los mencionados ecosistemas…»., en concordancia con los artículos 54 literales c), k) y o) y 55 literales a), b) y j) del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, se establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales, dentro del ámbito de sus competencias, deben establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental dentro de su territorio así como también planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial con el fin de regular el uso y ocupación del suelo urbano y rural. OCTAVO.- El Artículo 78 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y

Aprovechamiento del Agua manifiesta textualmente:»… Áreas de protección hídrica. Se denominan áreas de protección hídrica a los territorios donde existan fuentes de agua declaradas como de interés público para su mantenimiento, conservación y protección, que abastezcan el consumo humano o garanticen la soberanía alimentaria, las mismas formarán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La Autoridad Única del Agua, previo informe técnico emitido por la Autoridad Ambiental Nacional y en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias, establecerá y delimitará las áreas de protección hídrica que sean necesarias para el mantenimiento y conservación del dominio hídrico público. El uso de las áreas de protección hídrica será regulado por el Estado para garantizar su adecuado manejo. El régimen para la protección que se establezca para las áreas de protección hídrica, respetará los usos espirituales de pueblos y nacionalidades…». Por las consideraciones expuestas y acogiendo el informe técnico Nro. 001-DHE-APH-2018, emitido por la Arquitecta Lorena Acosta que pasa a formar parte integrante de esta Resolución y de conformidad a los Artículos 10 literal d), 14, 18 literal e), 69 y 78 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua, en concordancia con los Artículos 70 y 71 del reglamento Ibídem, ésta Autoridad Administrativa RESUELVE: 1.-ESTABLECER COMO ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA LA ZONA PONCE PALUGUILLO, misma que tiene un área total de 4.260,63 hectáreas, delimitada de la siguiente manera: 3.487,49 hectáreas en el predio del Sr. Camilo Ponce, y 773,14 hectáreas en el predio de Paluguillo de propiedad del Fondo de Protección del Agua FONAG. Limita al norte con la Quebrada Carihuaycu, al sur con la Quebrada Pucahuaycu y la Reserva Ecológica Antisana, al este con la Reserva Ecológica Antisana y el Parque Nacional Cayambe Coca y la Quebrada Carihuayco, y al oeste con la Quebrada Encañada y Quebrada Itulcahi. En cuanto a la división hidrográfica, pertenece a la unidad hidrográfica número 152478 nivel 6 del código Pfafstetter, unidad hidrográfica número 15247 nivel cinco del código Pfafstetter, Unidad Hidrográfica del Guayllabamba, afluente del Esmeraldas; y se ubica en un rango altitudinal comprendida entre las cotas 3600 msnm hasta los 4200 msnm. 2. En base al Artículo 78 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, en concordancia con el Articulo 71 del Reglamento Ibídem, las fuentes de agua que se encuentran dentro del área de protección hídrica Ponce Paluguillo corresponden a los procesos de autorización detallados en el cuadro N° 1, son declaradas de interés público ya que cumplen con el fin de abastecer de agua para consumo humano y garantizar la soberanía alimentaria.

CUADRO N° 1

Nro. Proceso

Concesionario Autorizado

Nombre del aprovechamiento

Uso

Caudal 1/s

Cota msnm

Coordenadas

002595-2005

Junta

Administradora de

Agua Potable San

José del Tablón

Alto

Vertiente Juan Caparina

Agua Potable

0,62

4066

807824 Este

9964220 Norte

Vertiente Ramos Sacha

0,80

3905

807722 Este

9965317 Norte

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 33

002589-2005

Camilo Ponce Gangotena

Vertiente Alpachaca

Riego

3,1

3825

805650

9964620

Abrevadero

0,41

002589-2012 T

Asociación

pequeños

productores y

comercializadores

de hortalizas y

animales menores

el Tablón

Vertiente Alpachaca

Riego

2,74

3825

805650

9964620

2063-2003

Junta

Administradora de

Agua Potable San

José del Tablón

Alto

Vertiente Chimborazo

Domestico

1,15

3610

805870

9964700

Abrevadero

1,09

Riego

2,76

3.- Se prohíbe dentro del Área de Protección establecida, hacer asentamientos de grupos humanos, destrucción de la vegetación nativa existente, plantación de especies forestales exóticas, contaminación ya sea por descarga de desechos sólidos, mineros, industriales, hospitalarios, urbanos, escombros, aguas servidas, contaminación con plaguicidas por uso agrícola, construcción de obras de infraestructura y todo cambio de uso de suelo diferente al de Protección y Conservación. 4. De conformidad a lo establecido en el Articulo 70 del Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua, solo pueden realizarse intervenciones de protección y conservación, en caso de pretender realizar cualquiera de las actividades establecidas en el Artículo mencionado dentro del área establecida como Protección Hídrica, deberá contarse obligatoriamente con la autorización previa de esta Demarcación Hidrográfica. Por ejecutoriada que sea la presente resolución, envíese atento oficio al señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, a quien se insta para que en aplicación de la norma contenida en el numeral 10 del artículo 264 de la Constitución de la República y literal j) del artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, considere lo dispuesto en la presente resolución en los planes de ordenamiento territorial del cantón Quito y en la delimitación, regulación, autorización y control, considerando el Área de Protección Hídrica establecida en la presente resolución administrativa. Actúe el Abogado Darwin Apolo Calero como Secretario Ad-Hoc- NOTIFÍQUESE.

f.) Ing. Hilario Morocho Morocho, Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas Secretaria del Agua.

RAZÓN.- En Quito, veinte y dos de noviembre del 2018, a las quince horas con la resolución que antecede, se procede a notificar a los señores Bert de Bievre, en calidad de Secretario Técnico del Fideicomiso Mercantil Fondo Ambiental para la Protección de las Cuencas y Agua FONAG y al señor Camilo Ponce Gangotena.- Lo CERTIFICO.

f.) Abg. Darwin Apolo Calero, Secretario Ad-Hoc.

Visto el original.- copia auténtica.- Doy fe: – Firma: Ilegible.- Fecha: 04 de diciembre de 2018.-Art. 117 – ERJAFE.

SECRETARÍA DEL AGUA- Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la institución.- Quito, 04 de diciembre de 2018.- f.) Ilegible, Coordinación General Jurídica.

No. 111A-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

(…) La Defensorio Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la Función Judicial. «;

Que el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: «Para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana… «;

Que el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia. «;

Que los numerales 1, 3 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, contemplan: «Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial; (…) 3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas; (…); y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. «;

34 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia}l evaluación.»;

Que el numeral 15 del artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de (…) justicia (…). La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios. «;

Que el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: «Con el fin de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial y los demás principios establecidos en la Constitución y este Código (…),los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios; (…); políticas de recursos humanos que consoliden la carrera (…) fiscal…»;

Que el artículo 35 del Código Orgánico de la Función Judicial, dicta: «Las carreras de la Función Judicial constituyen un sistema mediante el cual se regula el ingreso, formación y capacitación, promoción, estabilidad, evaluación, régimen disciplinario y permanencia en el servicio dentro de la Función Judicial»;

Que el artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: «En los concursos para el ingreso a la Función Judicial y en la promoción, se observarán los principios de igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, oposición y méritos… «;

Que el artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial en relación a las carreras existentes en la Función Judicial, determina: «Las servidoras y servidores de la Función Judicial pertenecen a la carrera judicial, de acuerdo a la siguiente clasificación: (…)3. Quienes prestan sus servicios como fiscales pertenecen a la carrera fiscal; 4. Las demás servidoras y servidores de la Fiscalía pertenecen a la carrera fiscal administrativa (…). «;

Que el artículo 46 del Código Orgánico de la Función Judicial, indica: «En la Carrera Fiscal las categorías se gradúan en orden ascendente, desde el número uno hasta el diez (…) La designación de los representantes de la Fiscalía en cada sección territorial se realizará previo concurso en el cual tendrán derecho a intervenir los fiscales que se hallen por lo menos en la tercera categoría de la carrera «;

Que el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe: «Los que aprobaren el curso de formación inicial, habiendo sido declarados elegibles en los concursos de oposición y méritos y sin embargo no fueren nombrados, constarán en un banco de elegibles que tendrá a su cargo la Unidad de Recursos Humanos.

De este banco también se escogerá a quienes deban reemplazar a los titulares en caso de falta, impedimento o contingencia… «;

Que el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: «El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, que comprende; órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos… «;

Que los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, establecen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «1. Nombrar y evaluar a (…) Fiscales Distritales, agentes fiscales y Defensores Distritales (…) y demás servidoras y servidores de la Función Judicial; y, 10. Expedir, modificar, derogar (…) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. «;

Que el artículo 291 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone que: «Oficinas territoriales.- El funcionamiento de los organismos autónomos será desconcentrado, a través de oficinas territoriales, con competencia en regiones, provincias, cantones o distritos metropolitanos, según convenga a la más eficiente prestación del servicio.

En cada sección, previo concurso de merecimientos y oposición, el Consejo de la Judicatura nombrará al representante del organismo autónomo por un período de dos años.

Este representante pertenecerá a la carrera de la Función Judicial y deberá tener título de abogado, registrado en el Consejo de Educación Superior y hallarse por lo menos en la tercera categoría de la respectiva carrera. «;

Que mediante Resolución 345-2014, de 22 de diciembre de 2014, el Pleno del Consejo de la Judicatura, resolvió: » EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA LA PROMOCIÓN A LAS CATEGORÍAS 2 Y 3 DE LA CARRERA FISCAL DE LAS Y LOS AGENTES FISCALES Y FISCALES DE ADOLESCENTES INFRACTORES»;

Que el artículo 22 de la Resolución 345-2014, establece: «…Los setenta Agentes Fiscales con mejor calificación, serán ubicados en la categoría 3 de la Carrera Fiscal;

(…) b. Los siguientes setenta Agentes Fiscales serán ubicados en la categoría 2 de la Carrera Fiscal;

(…) d. Las y los Agentes Fiscales, que no alcanzaron el puntaje mínimo de 70% en el proceso de evaluación teórica y práctica; así como quienes no superaron el 70% del puntaje final conservarán su categoría 1; y,

e. Las y los Agentes Fiscales que superaron el 70% en el proceso de evaluación teórica y práctica; y el 70% del puntaje final, que no accedieron a los cupos establecidos para las categorías 2 y 3 de la carrera fiscal, conservarán su categoría 1 y se les otorgará una carta de reconocimiento la cuál será puntuada en los próximos procesos de ascensos.»;

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 35

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión de 30 de noviembre de 2015, mediante Resolución 375-2015, publicada en el Registro Oficial No. 653, de 21 de diciembre de 2015, resolvió: » APROBAR EL INFORME FINAL PARA LA PROMOCIÓN DE LAS CATEGORÍAS 2 Y 3 DE LA CARRERA FISCAL DE LOS AGENTES FISCALES Y FISCALES DE ADOLESCENTES INFRACTORES; Y, DECLARAR ELEGIBLES A LOS POSTULANTES DE ESTE PROCESO «;

Que según el artículo único de la Resolución 057-2016, expedida el 11 de abril de 2016, el Pleno del Consejo de la Judicatura, resolvió: » Revalorizar a los Agentes Fiscales y Fiscales de Adolescentes Infractores, quienes integran el banco de elegibles conforme lo dispuesto en la Resolución 375-2015, de 30 de noviembre de 2015, que obtuvieron los setenta (70) primeros puestos, en estricto orden de puntuación, de categoría 1 a categoría 3; conforme al Anexo 1 que forma parte de esta resolución. «;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de

22 de junio de 2018, mediante Resolución 002A-2018, publicada en el Registro Oficial No. 290, de 24 de julio de 2018, resolvió: «Encargar las funciones de Fiscal Provincial, a los servidores judiciales pertenecientes a la promoción de la Categoría 3 de la Carrera Fiscal de los Agentes Fiscales… «;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 27 de junio de 2018, mediante Resolución 005A-2018, publicada en el Registro Oficial No. 291, de 25 de julio de 2018, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 002A-2018, DE 22 DE JUNIO DE 2018»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, con el objetivo de garantizar la continuidad en los servicios de justicia, y al evidenciar que no existen elegibles de categoría 3 para la provincia de Santa Elena, ha procedido a revisar los más altos puntajes en la categoría 2, en la cual, se encuentra el abogado Edgar Edmundo Escobar Zambrano ;

Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio con base en sus competencias derivadas del mandato que le confió el pueblo ecuatoriano en la Consulta Popular de 4 de febrero de 2018, mediante Resolución PLE-CPCCS-T-E-048-14-06-2018, de 14 de junio de 2018, resolvió designar a los señores y señoras: doctor Marcelo Merlo Jaramillo, abogada Zobeida Aragundi, doctor Aquiles Rigail, doctora Angélica Porras y doctor Juan Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la Judicatura, será presidido por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los presentes,

RESUELVE:

DAR POR TERMINADO EL ENCARGO DE FUNCIONES DE FISCAL PROVINCIAL

DE SANTA ELENA; Y, REALIZAR NUEVO ENCARGO DE FUNCIONES

Artículo 1.- Dar por Terminado el encargo de funciones del abogado Nelson Daniel Vela Andrade, como Fiscal Provincial de Santa Elena.

Artículo 2.- Encargar las funciones de Fiscal Provincial de Santa Elena al abogado Edgar Edmundo Escobar Zambrano; realizándose por consiguiente una excepción al artículo 2 de la Resolución 002A-2018, de 22 de junio de 2018.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.

f.) Dr. Marcelo Merlo Jaramillo, Presidente.

f.) Dra. Angélica Porras Velasco, Vocal Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Vocal Consejo de la Judicatura.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.

f.) Ab. Jéssica Priscila Yungaicela Jiménez Mgs., Secretaria General.

No. 112A-2018

EL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial… «;

Que el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera.»;

36 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

Que el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: «La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia «;

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, disponen: «Serán/unciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial; (…) y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. /Las decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría simple»;

Que los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiestan: «i. Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito de sus funciones, la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y reglamentos generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura y de sus superiores jerárquicos; 2. Ejecutar personalmente las funciones de su puesto con honestidad, diligencia, celeridad, eficiencia, lealtad e imparcialidad»;

Que el artículo 261 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: «Estructura Funcional.- El Consejo de la Judicatura ejercerá sus funciones a través de los siguientes componentes estructurales: (…) Las unidades administrativas necesarias, cuya creación, organización, funciones, responsabilidades y control establecen y regulan este Código y el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, según corresponda, se encargarán de la planificación estratégica, la gestión del talento humano, la transparencia y la difusión a la comunidad de los resultados de su gestión.»;

Que los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «1. Nombrar (…) directores nacionales de las unidades administrativas; y demás servidoras y servidores de la Función Judicial; 10. Expedir (…) reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial… «;

Que mediante Resolución MRL-VSP-2014-0392, de 17 de julio de 2014, el Viceministro de Servicio Público del Ministerio de Relaciones Laborales, resolvió aprobar la creación de cuarenta y siete (47) puestos comprendidos dentro del nivel jerárquico superior para el Consejo de la Judicatura, entre las cuales constan: Directores Nacionales, Subdirectores y Coordinadores Generales;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión de 28 de abril de 2014, mediante Resolución 070-2014,

publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: «APROBAR EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO «;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión de 25 de junio de 2015, mediante Resolución 186-2015, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 350, de 7 de agosto de 2015, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión de 30 de noviembre de 2016, mediante Resolución 184-2016, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 806, de 22 de diciembre de 2016, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión de 25 de enero de 2018, mediante Resolución 012-2018, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 310, de 27 de febrero de 2018, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 009A-2018, de 4 de julio de 2018, publicada en el Registro Oficial 287, de 19 de julio de 2018, resolvió: «ENCARGAR LAS DIRECCIONES NACIONALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y LA COORDINACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN»;

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 37

Merlo Jaramillo, abogada Zobeida Aragundi, doctor Aquiles Rigail, doctora Angélica Porras y doctor Juan Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la Judicatura, el mismo que será presidido por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los presentes,

RESUELVE:

NOMBRAR DIRECTOR NACIONAL DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Artículo 1.- Nombrar al Máster Rene Alfredo Peña Villacís, como Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura.

Artículo 2.- Una vez posesionado en el cargo, se dará por terminado el encargo de la doctora Aída Soledad García Berni como Directora Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC’s; y, la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

f.) Dr. Marcelo Merlo Jaramillo, Presidente.

f.) Ab. Zobeida Aragundi Foyaín, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Vocal del Consejo de la Judicatura.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

f.) Ab. Jéssica Pnscila Yungaicela Jiménez Mgs., Secretaria General.

No. 113A-2018

EL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 261 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: «Estructura Funcional- El Consejo de la Judicatura ejercerá sus funciones a través de los siguientes componentes estructurales: (…) Las unidades administrativas necesarias, cuya creación, organización, funciones, responsabilidades y control establecen y regulan este Código y el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, según corresponda, se encargarán de la planificación estratégica, la gestión del talento humano, la transparencia y la difusión a la comunidad de los resultados de su gestión. «;

38 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

y demás servidoras y servidores de la Función Judicial; 10. Expedir (…) reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial… «;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión de 28 de abril de 2014, mediante Resolución 070-2014, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: «APROBAR EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO»;

ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO»;

Que mediante Memorando CJ-VPCJ2-2018-0198-M, de 20 de noviembre de 2018, suscrito por el doctor Aquiles Mario Rigail Santistevan, Vocal del Consejo de la Judicatura, pone en conocimiento de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, el Memorando CJ-DNDMCSJ-2018-0839-M, de 16 de noviembre de 2018, suscrito por la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, que señala: «Mediante Acción de Personal No. 3823-DNTH-2018-JT de 26 de julio de 2018, se autorizó el reemplazo temporal a favor de la servidora Cynthia Paulina Saltos Cisneros, a fin de que asuma las funciones de Subdirectora Nacional de Innovación y Desarrollo (…) Cabe mencionar que la servidora en mención consta como personal integrante del proyecto de inversión «Combatir la Impunidad a Nivel Nacional» (…) En virtud de la necesidad de contar con personal titular al frente de los puestos directivos en las direcciones a cargo de los procesos sustantivos de la institución (…) solicito comedidamente que Usted sugiera al Pleno del Consejo de la Judicatura se titularice a la servidora Cynthia Paulina Saltos Cisneros en el puesto de Subdirectora Nacional de Innovación y desarrollo…»;

Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio con base en sus competencias derivadas del mandato que le confió el pueblo ecuatoriano en la Consulta Popular de 4 de febrero de 2018, mediante Resolución PLE-CPCCS-T-E-048-14-06-2018, de 14 de junio de 2018, resolvió designar a los señores y señoras: doctor Marcelo Merlo Jaramillo, abogada Zobeida Aragundi, doctor Aquiles Rigail, doctora Angélica Porras y doctor Juan Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la Judicatura, que será presidido por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los presentes,

RESUELVE:

NOMBRAR SUBDIRECTORA NACIONAL

DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Artículo Único.- Nombrar a la doctora Cynthia Paulina Saltos Cisneros, Subdirectora Nacional de Innovación y Desarrollo del Consejo de la Judicatura.

DISPOSICIONES FINALES

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación n el Registro Oficial.

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 39

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

f.) Dr. Marcelo Merlo Jaramillo, Presidente.

f.) Ab. Zobeida Aragundi Foyaín, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Vocal del Consejo de la Judicatura.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

f.) Ab. Jéssica Priscila Yungaicela Jiménez Mgs., Secretaria General.

No. 114A-2018

EL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. «;

Que el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: «La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia. «;

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, prevén: «Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial; (…) y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. «;

Que el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiesta: «El perfil de las servidoras o servidores de la Función Judicial deberá ser el de un profesional del Derecho con una sólida formación académica; con capacidad para interpretar y razonar jurídicamente, con

trayectoria personal éticamente irreprochable, dedicado al servicio de la justicia, con vocación de servicio público, iniciativa, capacidad innovadora, creatividad y compromiso con el cambio institucional de la justicia.»;

Que el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: «El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, que comprende: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos… «;

Que el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «…10. Expedir, (…) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de abril de 2014, mediante Resolución 070-2014, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: «APROBAR EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO «;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 25 de junio de 2015, mediante Resolución 186-2015, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 350, de 7 de agosto de 2015, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN,

40 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 30 de noviembre de 2016, mediante Resolución 184-2016, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 806, de 22 de diciembre de 2016, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 25 de enero de 2018, mediante Resolución 012-2018, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 310, de 27 de febrero de 2018, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 18 de julio de 2018, mediante Resolución 021A-2018, publicada en el Registro Oficial No. 313, de 27 de agosto de 2018, resolvió: «NOMBRAR DIRECTOR NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 20 de noviembre de 2018, mediante Resolución 106A-2018, resolvió: «ENCARGAR LA SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA Y NORMATIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA»;

Que mediante Oficio s/n, de 30 de noviembre de 2018, el doctor Luis Fernando Ávila Linzán, Director Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, comunica: «…me parece que ya he cumplido un ciclo en mi carrera en esta institución y siento que ya no tengo nada que aportar a su gestión, por lo cual debo avanzar hacia otros objetivos políticos y personales. En consecuencia quiero presentar la renuncia irrevocable a mis funciones como Director Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura y agradecerles por el voto de confianza al haberme designado hace unos meses… «;

Resolución PLE-CPCCS-T-E-048-14-06-2018, de 14 de junio de 2018, resolvió designar a los señores y señoras: doctor Marcelo Merlo Jaramillo, abogada Zobeida Aragundi, doctor Aquiles Rigail, doctora Angélica Porras y doctor Juan Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la Judicatura, el mismo que será presidido por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los presentes,

RESUELVE:

ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA POR

EL DOCTOR LUIS FERNANDO ÁVILA LINZÁN,

DIRECTOR NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA;

Y, ENCARGAR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE

ASESORÍA JURÍDICA DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA

Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el doctor Luis Fernando Ávila Linzán, al cargo de Director Nacional de Asesoría Jurídica, quien fue nombrado mediante Resolución 021A-2018, de 18 de julio de 2018.

Artículo 2.- Dar por terminado el encargo de la doctora Carla Verónica Espinosa Cueva, a la Subdirección Nacional de Asesoría y Normativa del Consejo de la Judicatura.

Artículo 3.- Encargar a la doctora Carla Verónica Espinosa Cueva, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura nombre a su titular.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- Deróguese la Resolución 021A-2018, de 18 de julio de 2018, publicada en el Registro Oficial 313, de 27 de agosto de 2018, mediante la cual, el Pleno del Consejo de la Judicatura, resolvió: «NOMBRAR DIRECTOR NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA».

SEGUNDA.- Deróguese la Resolución 106A-2018, de 20 de noviembre de 2018, mediante la cual, el Pleno del Consejo de la Judicatura, resolvió: «ENCARGAR LA SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA Y NORMATIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA»;

DISPOSICIONES FINALES

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 41

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

f.) Dr. Marcelo Merlo Jaramillo, Presidente.

f.) Ab. Zobeida Aragundi Foyaín, Vocal del Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Vocal del Consejo de la Judicatura.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

f.) Ab. Jéssica Priscila Yungaicela Jiménez Mgs., Secretaria General.

No. DP-DPG-DAJ-2018-135

Dr. Ángel Torres Machuca DEFENSOR PÚBLICO GENERAL

Considerando:

Que, la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial, conforme lo establecen los artículos 191 de la Constitución de la República y 285 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal, para la protección de sus derechos.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 288 del Código Orgánico de la Función Judicial, es competencia del Defensor Público General el determinar, dentro del marco de las políticas generales de la Función Judicial, las políticas institucionales y ponerlas en práctica por medio de las unidades administrativas correspondientes.

Que, acorde a lo establecido en el numeral 11 del artículo 288 de la norma ibídem, es atribución del Defensor Público General el preparar proyectos de estándares de calidad y eficiencia para los servicios institucionales prestados y ejecutarlos.

Que, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 288 del Código Orgánico de la Función Judicial, compete al Defensor Público General expedir mediante resolución, reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales de organización y procedimientos y cuanto instrumento se requiera para funcionar eficientemente.

Que, afín a lo normado en numeral 3.6 del artículo 6 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Defensoría Pública del Ecuador, respecto a los procesos habilitantes de asesoría, la Dirección Nacional De Comunicación Corporativa tiene la misión de posicionar a la Defensoría Pública, a nivel nacional e internacional, como un órgano autónomo de la Función Judicial, transparente y eficiente, que garantiza la defensa y asesoría legal gratuitas a las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria, en el marco de una política con enfoques de interculturalidad, género y generacional, promoviendo una cultura de paz.

Que, en atención al Estatuto ibídem, el Director Nacional de Comunicación Corporativa, tiene entre sus atribuciones y responsabilidades, el dirigir y orientar la gestión comunicacional de la Defensoría Pública mediante el establecimiento de políticas, directrices, procedimientos, planes, programas de comunicación externa e interna; y, así como dirigir la política editorial e imagen institucional.

Que, en Memorando No. DP-SCC-2018-0122-M, el Subdirector de Cooperación y Comunicación Social, pone a consideración del Defensor Público General encargado, la propuesta de renovación de imagen institucional de la Defensoría Pública, conceptualizada y desarrollada por la Dirección Nacional de Comunicación Corporativa, siempre enfocado en brindar mejores servicios al usuario.

Que, en la motivación del Memorando ibídem, se señala que tras ocho años de gestión de la Defensoría Pública, es necesario transformar, dinamizar, renovar y actualizar la imagen institucional de la Defensoría Pública. De igual manera se añade que dicha propuesta va de la mano con la tarea de transparentar el ejercicio institucional, acompañado con una imagen gráfica adecuada y renovada que refuerce dicho mensaje, frente a las demás instituciones del sector y a la ciudadanía en general.

Que, conforme a la propuesta descrita ut supra, la misma constituye un cambio a la línea gráfica y cromática del logo institucional y sus respectivos usos y aplicaciones, la cual responde a la necesidad de que las entidades públicas deban renovarse continuamente y adaptarse a los cambios y procesos coyunturales planteados desde las directrices de la actual gestión pública.

Que, de conformidad con la Resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, No. PLE-CPCCS-T-E-094-31-08-2018, de 31 de agosto de 2018, fue designado el doctor Ángel Torres Machuca, como Defensor Público General, encargado.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,

Resuelve:

Artículo 1.-Aprobar el Manual de Identidad Corporativa, el cual será de obligatoria observancia en la gestión institucional de la Defensoría Pública del Ecuador, con el fin de que se consolide una imagen estandarizada y sólida, que contribuya a la proyección de una identidad única e integral, y que a la vez sirva de factor diferencial, entre los distintos actores y beneficiarios de la gestión pública.

42 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

El presente Manual se constituye en una herramienta que permitirá el posicionamiento institucional, el mismo que generará reconocimiento, adhesión, confianza y fidelización constante de sus públicos objetivos, así como la consolidación de la marca «Defensoría Pública del Ecuador».

Artículo 2. – Acoger los elementos comunicacionales y gráficos de: concepto, geometrización, espacio de respeto, tipografía y cromática; que responden a varios años de trayectoria de la imagen institucional y a la renovación que plantea el nuevo logo con sus respectivas funciones.

Artículo 3. – El logotipo oficial de la institución será utilizado y aplicado en los documentos considerados oficiales, tales como resoluciones, circulares, memorandos, comunicados, oficios, etc.; así como presentaciones; artículos o productos promocionales; eventos institucionales; señalética y rotulación; y, otras actividades en las que implique el uso de la imagen institucional, previa la autorización del Defensor Público General o su delegado.

El logotipo oficial de la institución es el siguiente:

Artículo 4. – Acoger las siguientes directrices para el uso y aplicación de la imagen institucional:

Tener en cuenta y respetar las normas y líneas maestras de la Imagen Corporativa plasmada en el manual de identidad corporativa, a la hora de elaborar documentos impresos o digitales.
Emplear las formas correctas para imprimir la imagen en los diferentes soportes tanto internos como externos.
Evitar variaciones del logotipo en cuanto a forma, color, tamaño, tipo de letra y otros, expresados en el manual.
Seguir la serie de normas establecidas en el manual para garantizar la perfecta exposición de la marca «Defensoría Pública del Ecuador».
Respetar las características del símbolo, logotipo, y colores corporativos escogidos en el proceso de creación de la imagen.
Entender que la utilización correcta de la marca es un compromiso de todos los que forman parte de la institución, ya que desde este ámbito es posible contribuir al posicionamiento y distinción de la institución.

Artículo 5.- El uso o la aplicación del logotipo institucional en todas sus formas, estará sujeto a la supervisión y control de la Dirección Nacional de

Comunicación Corporativa, por lo que es necesario realizar la consulta previa a dicha dependencia, la misma que dará las directrices necesarias para el uso correcto del logotipo en todos los medios o productos comunicacionales, ya sean impresos, audiovisuales o digitales.

Artículo 6.- Todos los sistemas de procesos misionales y administrativos de la Defensoría Pública aplicarán de forma obligatoria el Manual de Identidad Corporativa, en consecuencia se restringe la creación o uso de logotipos o marcas alternas individuales. De igual manera se prohíbe la modificación de todos los elementos que constituyen la imagen institucional.

Disposición Derogatoria.- Deróguese cualquier disposición de igual o menor jerarquía contraria a lo establecido en la presente resolución.

Disposición Transitoria.- El uso de la imagen institucional se realizará de manera inmediata en todas las actividades en los que su aplicación no implique egresos de recursos institucionales. En los demás casos se sujetará al plan de renovación de la imagen institucional que emita la Dirección Nacional de Comunicación Corporativa.

Disposición Final.- La presente resolución estará vigente a partir de su fecha de expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial o en la página web institucional.

Publíquese. – Dada en Quito, el día 16 de noviembre de 2018.

f.) Dr. Ángel Torres Machuca, Defensor Público General, (E).

DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ECUADOR.- Certifico que: El documento que antecede en 2 fojas es compulsa de la copia que reposa en los archivos de la institución.- f) Abg. María Elena Gilces Pico, Subdirección de Gestión Documentaría, Defensoría del Pueblo.

No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2018-065

Margarita Hernández Naranjo

SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Costitución «;

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 43

Que, el artículo 309 ibídem manifiesta: «El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones «;

Que, el numeral 4 del artículo 307 del Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone: «El plazo para la liquidación que será de hasta tres (3) años, pudiendo ser prorrogada por dos (2) años, previa solicitud debidamente sustentada por el liquidador y autorizada por el Superintendente «;

Que, el octavo inciso del artículo 312 ibídem, indica: «El plazo para la liquidación establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero se aplicará también a las entidades cuya liquidación se hubiere resuelto a partir de la vigencia de este cuerpo legal (…) «;

Que, mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLSF-2016-081 de 11 de abril de 2016, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, resolvió la liquidación en el plazo de hasta dos años, de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA ESPERANZA, con Registro Único de Contribuyentes No. 1792088380001, con domicilio en el cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha, por estar incursa en la causal de liquidación forzosa dispuesta en el numeral 11) del artículo 303 del Código Orgánico Monetario y Financiero; y, designó como liquidador al señor Hugo Geovanny Moyota Moreira, titular de la cédula de identidad No. 1716840622, servidor de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria;

Que, con Resolución No. SEPS-IFMR-2016-0182 de 20 de octubre de 2016, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, resolvió remover del cargo de liquidador al señor Hugo Geovanny Moyota Moreira; y, nombrar como liquidador de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA ESPERANZA EN LIQUIDACIÓN, al señor Gandy Vinicio Enríquez Guerra, titular de la cédula de identidad No. 1711858652;

Que, con Resolución No. SEPS-IFMR-2017-0069 de 17 de marzo de 2017, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, resolvió remover del cargo de liquidador al señor Gandy Vinicio Enríquez Guerra; y, nombrar como liquidadora de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA ESPERANZA EN LIQUIDACIÓN, a la señorita Tatiana Elizabeth Fuertes Oñate, titular de la cédula de identidad No. 1713122222;

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la referida Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLSF-2016-081 de 11 de abril de 2016, se desprende que el plazo establecido para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA ESPERANZA «EN LIQUIDACIÓN», feneció el 11 de abril de 2018;

Que, con oficios Nos. CAYCNE-LIQ-UIO-2018-015 de 02 de mayo de 2018 y CAYCNE-LIQ-UIO-2018-020 de 17 de agosto de 2018, ingresados el 03 de mayo y 17 de agosto de 2018 a esta Superintendencia mediante trámites Nos. SEPS-UIO-2018-001-40172 y SEPS-UIO-2018-001-66063, la liquidadora de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA ESPERANZA «EN LIQUIDACIÓN», presenta el informe de la situación actual de la Cooperativa e indica que existen varias actividades relevantes por realizar y presenta un cronograma en el que detalla las actividades que faltan por ejecutar, por ello solicita a este organismo de control la ampliación de plazo para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA ESPERANZA «EN LIQUIDACIÓN»;

Que, mediante memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2018-1731 de 18 de septiembre de 2018, la Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución (E) indica a la Intendente General Técnica, que sobre la base del memorando No. SEPS-SGD-IFMR-DNLQSF-2018-1646 de 4 de septiembre de 2018 y el Informe Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSF-2018-226 suscrito el 03 de septiembre de 2018, emitidos por la Dirección Nacional de Liquidación del Sector Financiero, recomienda proponer a la señora Superintendente de Economía Popular y Solidaria, autorizar la ampliación de plazo de la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA ESPERANZA «EN LIQUIDACIÓN», hasta el 11 de abril de 2019;

Que, mediante memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2018-1519 de 19 de septiembre de 2018, la Intendencia General Jurídica, emite informe recomendando la reforma a la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLSF-2016-081 de 11 de abril de 2016, con la cual se dispuso la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA ESPERANZA «EN LIQUIDACIÓN», para la ampliación del plazo para la liquidación;

Que, a través de instrucción inserta en el Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2018-1519 de 19 de septiembre de 2018, en el Sistema de Gestión Documental de la Superintendente de Economía Popular y Solidaria, con fecha 20 de septiembre de 2018, la Superintendente de Economía Popular y Solidaria autoriza la ampliación de plazo del proceso de liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA ESPERANZA «EN LIQUIDACIÓN»; y,

Que, en virtud de la Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-081-13-08-2018 emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio el 13 de agosto de 2018, el pleno de la Asamblea Nacional posesionó como Superintendente de Economía Popular y Solidaria a la señora Margarita Hernández Naranjo el 4 de septiembre de 2018.

En ejercicio de sus atribuciones legales.

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Reformar el artículo primero de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-

44 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

DNLSF-2016-081 de 11 de abril de 2016, mediante la cual la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, resolvió la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA ESPERANZA con Registro Único de Contribuyentes No. 1792088380001, con domicilio en el cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha, modificando el plazo para la liquidación, por hasta tres años contados a partir del 11 de abril de 2016, de conformidad a lo establecido en el numeral 4) del artículo 307 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer a la Intendencia de Talento Humano, Administrativa y Financiera, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación Social e Imagen Institucional de esta Superintendencia, la publicación de la presente Resolución, en un periódico de amplia circulación en el domicilio de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA ESPERANZA «EN LIQUIDACIÓN».

SEGUNDA.- Disponer a la Secretaría General de esta Superintendencia, la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial, así como su inscripción en los registros correspondientes.

TERCERA.- La presente Resolución regirá a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. De su ejecución y cumplimiento, encárguese la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

CÚMPLASE Y NOTD7ÍQUESE.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 02 de octubre de 2018.

f.) Margarita Hernández Naranjo, Superintendente de Economía Popular y Solidaria.

CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede es fiel y exacta del original que reposa, en los archivos de la SEPS.-26 de noviembre de 2018.- f) Ilegible.

No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2018-068

Margarita Hernández Naranjo

SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA

Considerando:

Que, el numeral 4) del artículo 307 del Código Orgánico Monetario y Financiero, reformado por el artículo 40 numeral noveno de la Ley para el Fomento Productivo Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal dispone: «El plazo para la liquidación que será de hasta tres (3) años, pudiendo ser prorrogada por dos (2) años, previa solicitud debidamente sustentada por el liquidador y autorizada por el Superintendente «;

Que, el octavo inciso del artículo 312 de la norma citada, indica: «£7 plazo para la liquidación establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero se aplicará también a las entidades cuya liquidación se hubiere resuelto a partir de la vigencia de este cuerpo legal»;

Que, mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2016-096 de 16 de mayo de 2016, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, resolvió la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PRODEPA LTDA, con Registro Único de Contribuyentes No. 1891717136001, con domicilio en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, por estar incursa en la causal de liquidación forzosa dispuesta en el numeral 11) del artículo 303 del Código Orgánico Monetario y Financiero; y, designó como liquidadora a la señora Adriana Alejandra Proaño Freiré, titular de la cédula de identidad No. 1803608296, servidora de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria;

Que, conforme se desprende de la Resolución No. SEPS-IFMR-2016-0169 de 05 de octubre de 2016, este organismo de control resolvió remover a la señora Adriana Alejandra Proaño Freiré, del cargo de liquidadora de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PRODEPA LTDA «EN LIQUIDACIÓN»; designando en su lugar al señor Marco Antonio Sagal Porras, titular de la cédula de identidad No. 0502344823, servidor de esta Superintendencia;

Que, según consta en la Resolución No. SEPS-IFMR-2016-0209 de 29 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria resolvió remover al señor Marco Antonio Sagal Porras, del cargo de liquidador de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PRODEPA LTDA «EN LIQUIDACIÓN»; designando en su lugar al señor Benigno Fernando Mora Loaiza, titular de la cédula de identidad No. 1804374500, servidor de esta Superintendencia;

Que, mediante Resolución No. SEPS-IFMR-2017-0136 de 15 de junio de 2017, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria resolvió remover al señor Benigno Fernando Mora Loaiza, del cargo de liquidador dla

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 45

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PRODEPA LTDA «EN LIQUIDACIÓN»; designando en su lugar al señor Luis Miguel Cabrera Gavilanes, titular de la cédula de identidad No. 1804026480, servidor de esta Superintendencia;

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo primero de la referida Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2016-096 de 16 de mayo de 2016, se desprende que el plazo establecido para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PRODEPA LTDA «EN LIQUIDACIÓN», feneció el 16 de mayo de 2018;

Que, conforme se desprende del Oficio No. COAC-PDPA-LIQ-2018-04-0032 de 09 de mayo de 2018, ingresado a esta Superintendencia mediante trámite No. SEPS-IZ3-2018-001-41652 en la misma fecha, el liquidador de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PRODEPA LTDA «EN LIQUIDACIÓN», presenta el informe de la situación actual de la Cooperativa e indica que existen varias actividades relevantes por realizar y presenta un cronograma en el que detalla las actividades que faltan por ejecutar, por ello solicita a este organismo de control la ampliación de plazo para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PRODEPA LTDA «EN LIQUIDACIÓN»;

Que, según consta en el Memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2018-1653 de 05 de septiembre de 2018, la Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución (S) indica al Intendente General Técnico (S), que sobre la base del Memorando No. SEPS-SGD-IFMR-DNLQSF-2018-1640 de 04 de septiembre de 2018 y el Informe Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSF-2018-227 suscrito el 31 de agosto de 2018, emitidos por la Dirección Nacional de Liquidación del Sector Financiero, recomienda proponer a la señora Superintendente de Economía Popular y Solidaria, autorizar la ampliación de plazo de la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PRODEPA LTDA «EN LIQUIDACIÓN»;

Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2018-1528 de 20 de septiembre de 2018, la Intendencia General Jurídica, emite informe recomendando la reforma a la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2016-096 de 16 de mayo de 2016, con la cual se dispuso la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PRODEPA LTDA «EN LIQUIDACIÓN», modificando el plazo para la liquidación;

Que, a través de instrucción inserta en el Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2018-1528 de 20 de septiembre de 2018, en el Sistema de Gestión Documental de la Superintendente de Economía Popular y Solidaria, con fecha 23 de septiembre de 2018, la Superintendente de Economía Popular y Solidaria autoriza la ampliación de plazo del proceso de liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PRODEPA LTDA «EN LIQUIDACIÓN»; y,

Que, en virtud de la resolución No. PLE-CPCCS-T-O-081-13-08-2018 emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio el 13 de agosto de 2018, el pleno de la Asamblea Nacional posesionó como Superintendente de Economía Popular y Solidaria a la señora Margarita Hernández Naranjo el 04 de septiembre de 2018;

En ejercicio de sus atribuciones legales.

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Reformar el artículo primero de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2016-096 de 16 de mayo de 2016, por medio de la cual resolvió la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PRODEPA LTDA «EN LIQUIDACIÓN» con Registro Único de Contribuyentes No. 1891717136001, con domicilio en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, modificando el plazo de la liquidación, por hasta tres años contados a partir del 16 de mayo de 2016, fecha en que se emitió la mencionada Resolución, de conformidad a lo establecido en el numeral 4) del artículo 307 del Código Orgánico Monetario y Financiero, reformado por el artículo 40 numeral noveno de la Ley para el Fomento Productivo Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.

DISPOSICIONES GENERALES

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 05 de octubre de 2018.

f.) Margarita Hernández Naranjo, Superintendente de Economía Popular y Solidaria.

CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede es fiel y exacta del original que reposa, en los archivos de la SEPS.-26 de noviembre de 2018.- f.) Ilegible.

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2018-0221

Diego Aldáz Caiza

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO (S)

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores

46 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. «;

Que, el numeral 4 del artículo 307 del Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone: «El plazo para la liquidación que será de hasta tres (3) años, pudiendo ser prorrogada por un (1) año, previa solicitud debidamente sustentada por el liquidador y autorizada por el Superintendente «;

Que, el penúltimo inciso del artículo 312 de la norma citada, indica: «El plazo para la liquidación establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero se aplicará también a las entidades cuya liquidación se hubiere resuelto a partir de la vigencia de este cuerpo legal. «;

Que, mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSF-2016-141 de 30 de mayo de 2016, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, resolvió la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO WIÑARIK KAWSAY, con Registro Único de Contribuyentes No. 0291510973001, con domicilio en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar, por estar incursa en causales de liquidación forzosa dispuesta en el numeral 11) del artículo 303 del Código Orgánico Monetario y Financiero y designó como liquidadora a la señorita MARÍA ISABEL POZO ABRIL, con cédula de identidad No. 18045975771, funcionaria de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria;

Que, mediante Resolución No. SEPS-IFMR-2016-0143 del 01 de septiembre de 2016, la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, resolvió aceptar la renuncia del cargo de liquidador a la señorita MARÍA ISABEL POZO ABRIL y nombrar en su lugar a la señora VALERIA ZULEMA RÚALES ACOSTA, con cédula de ciudadanía No. 1802886109, como liquidadora de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO WIÑARIK KAWSAY, EN LIQUIDACIÓN;

Que, mediante Resolución No. SEPS-IFMR-2017-0020 del 13 de enero de 2017, la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, resolvió remover a la señora VALERIA ZULEMA RÚALES ACOSTA, del cargo de liquidadora de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO WIÑARIK KAWSAY, EN LIQUIDACIÓN, y nombrar en su lugar al señor LUIS MIGUEL CABRERA GAVILANES, portador de la cédula de identidad No. 1804026480;

Que, el 30 de mayo de 2018 concluyó el plazo para la liquidación forzosa de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO WIÑARIK KAWSAY EN LIQUIDACIÓN, otorgado mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-

DNLQSF-2016-141 de 30 de mayo de 2016;

Que, mediante oficio No. COAC-WK-LIQ-2018-01-0028 del 05 de abril de 2018, ingresado a esta Superintendencia mediante trámite No. SEPS-IZ3-2018-001-32925 del 05 de abril de 2018, el liquidador de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO WIÑARIK KAWSAY, EN LIQUIDACIÓN, presenta el informe de la situación actual de la Cooperativa e indica que existen varias actividades relevantes por realizar y presenta un cronograma en el que detalla las actividades que faltan por ejecutar, por ello solicita a este organismo de control la ampliación del plazo para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO WIÑARIK KAWSAY, EN LIQUIDACIÓN, hasta el 30 de noviembre de 2018;

Que, como se desprende del memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2018-0909 de 05 de junio de 2018, la Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución (S), indica a la Intendente General Técnico, que sobre la base del memorando No. SEPS-SGD-IFMR-DNLQSF-2018-0818 del 17 de mayo de 2018 y el Informe Técnico No. SEPS-IFMR-DNLQSF-2018-127 del 02 de mayo de 2018 emitido por la Dirección Nacional de Liquidación del Sector Financiero, recomienda proponer al señor Superintendente de Economía Popular y Solidaria, autorizar la ampliación de plazo de liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO WIÑARIK KAWSAY, EN LIQUIDACIÓN, hasta el 30 de noviembre de 2018;

Que, mediante instrucción inserta en el memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2018-0909 de 05 de junio de 2018, a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con fecha 06 de junio de 2018, la Intendencia General Técnica autoriza la ampliación de plazo para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO WIÑARIK KAWSAY, EN LIQUIDACIÓN;

Que, con memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2018-0946 del 15 de junio de 2018, la Intendencia General Jurídica, emite informe favorable para la ampliación del plazo para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO WIÑARIK KAWSAY, EN LIQUIDACIÓN;

Que, a través de memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2018-1365 de 03 de agosto de 2018, la Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución (S), sobre la base del memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2018-0946 del 15 de junio de 2018, remite el borrador de la resolución de inicio de proceso de liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO WIÑARIK KAWSAY, EN LIQUIDACIÓN, con RUC No. 0291510973001;

Que, mediante Resolución No. SEPS-IGJ-2018-010 de 20 de marzo de 2018, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria, delega al Intendente General Técnico, para suscribir las resoluciones de ampliación de plazo de liquidación de las entidades del sector financiero popular y solidario, controladas por la Superintendencia; y,

Que, mediante acción de personal No. 780 del 02 de julio de 2018, la Intendente General de Gestión, delegada del Superintendente de Economía Popular y Solidaria a través de las Resoluciones Nos. SEPS-IGG-2016-090 de 28 de abril de 2016, nombró como Intendente General Técnico al señor Diego Aldáz Caiza.

En ejercicio de sus atribuciones legales.

Registro Oficial N° 394 Miércoles 26 de diciembre de 2018 – 47

Resuelve:

ARTÍCULO ÚNICO.- Ampliar el plazo para la liquidación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO WIÑARIK KAWSAY, EN LIQUIDACIÓN, con Registro Único de Contribuyentes No. 0291510973001, hasta el 30 de noviembre de 2018, de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del artículo 307 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

DISPOSICIONES GENERALES

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 20 de agosto de 2018.

f.) Diego Aldáz Caiza, Intendente General Técnico, (S).

CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede es fiel y exacta del original que reposa, en los archivos de la SEPS.- 26 de noviembre de 2018.- f) Ilegible.

FE DE ERRATAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL QUEVEDO

Oficio No. 0983-S.CONCEJO

noviembre 23 del 2018

Señor

DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL

Quito.-

De mi consideración:

En la Edición Especial del Registro Oficial No. 573 de viernes 5 de octubre del 2018, se publicó la ORDENANZA SUSTITUTIVA DE LA ORDENANZA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PÉTREOS Y DE CONSTRUCCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN

LOS LECHOS DE LOS RÍOS, LAGOS, ESTEROS, PLAYAS DE RIO, Y CANTERAS EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN QUEVEDO, en la que se refleja que se ha deslizado un error involuntario «Lapsus Calami», en el Art. 103 de la tabla No1 Tasas por Servicios Administrativos generados por la aplicación de la presente ordenanza.

El Concejo Municipal en sesión ordinaria de 30 de agosto y sesión extraordinaria de 26 de septiembre del 2018, resolvió aprobar en primera y segunda instancia la reforma a la presente ordenanza, en lo que tiene que ver con el Art. 103 de la tabla No1 de las Tasas por Servicios Administrativos generados por la aplicación de la presente ordenanza, en la que se desprende que el error radica en el empleo del símbolo / (división), y lo correcto es el símbolo x (por).

Por lo que solicito a usted, se publique la siguiente Fe de Erratas de la Tabla No. 1 del Art. 103 de las tasas.

DONDE DICE:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FRECUENCIA DE PAGO

VALOR

ASIGNADO

SBU

Otorgamiento del título de concesión para explotación de materiales áridos y pétreos.

Por Periodo

ARTESANAL

0.5/Ha.

PEQ.

MINERÍA 2/

Ha.

Renovación del título de concesión para explotación de materiales áridos y pétreos

Cada vez que se renueve

ARTESANAL

0.5 /Ha.

PEQ.

MINERÍA 2/

Ha.

DEBE DECIR:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FRECUENCIA DE PAGO

VALOR

ASIGNADO

SBU

Otorgamiento del título de concesión para explotación de materiales áridos y pétreos.

Por Periodo

ARTESANAL

0.5 XHa.

PEQ.

MINERÍA 2

XHa.

Renovación del título de concesión para explotación de materiales áridos y pétreos

Cada vez que se renueve

ARTESANAL

0.5 XHa.

PEQ.

MINERÍA 2

XHa.

Por su gentil atención le expreso mi agradecimiento.

Anticipo mi consideración y estima.

Atentamente,f.) Dr. Marcelo Guerrero Montesdeoca, Secretario del Concejo.

48 – Miércoles 26 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 394

FE DE ERRATAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPA SAN PEDRO DE PIMAMPIRO

Oficio Nro.: GADMSPP-SG-2018-0881-OF

Pimampiro, 22 de noviembre de 2018

Asunto: Fe de Erratas.

Señor

Director Nacional

REGISTRO OFICIAL

Quito.

De mi consideración:

En la Edición Especial del Registro Oficial No. 597 del 26 de octubre de 2018, se publicó la Ordenanza para la exoneración de la Contribución Especial de Mejoras de la calle Amazonas entre Rosendo Tobar y Escalinata en el cantón San Pedro de Pimampiro.

Una vez verificado el texto de la citada ordenanza, observamos que se ha cometido un error involuntario del servidor municipal a cargo de la información, al haber digitado una clave catastral incorrecta, por lo que solicito se sirva publicar la presente fe de erratas que corrija los cuadros que constan en el artículo 3 y 5 de la citada ordenanza:

En el artículo 3 de la ordenanza

DICE:

CÁLCULO ADOQUINADO, ACERAS Y BORDILLOS

CALLE AMAZONAS ENTRE ROSENDO TOBAR Y ESCALINATA

CONTRIBUYENTE

PREDIO

CLAVE CATASTRAL

AVALÚO TOTAL

COEFICIENTE AVALÚO

VALOR

60%

METROS FRENTE

COEFICIENTE FRENTE

VALOR TOTAL

60%

100550010330008

$112.399,16

$ 0,2398

$ 2.793,99

Mt 28,42

$0,1100

$ 3.648,94

$ 2.189,37

100550010307012

$69.492,61

$0.1482

$ 1727.43

Mt 19.95

$ 0.0772

$2.327,58

$ 1.396,55

DEBE DECIR:

CÁLCULO ADOQUINADO, ACERAS Y BORDILLOS

CALLE AMAZONAS ENTRE ROSENDO TOBAR Y ESCALINATA

CONTRIBUYENTE

PREDIO

CLAVE CATASTRAL

AVALÚO TOTAL

COEFICIENTE AVALÚO

VALOR

60%

METROS FRENTE

COEFICIENTE FRENTE

VALOR TOTAL

60%

100550010319052000

$ 112.399,16

$ 0,2398

$ 2.793,99

Mt 28,42

$0,1100

$3.648,94

$ 2.189,37

100550010307012

$ 69.492,61

$0.1482

$ 1727.43

Mt 19.95

$ 0.0772

$2.327,58

$ 1.396,55

En el artículo 5 de la ordenanza DICE:

CLAVE CATASTRAL

VALOR PAGADO/ USD.

NOTA DE CRÉDITO/ USD

100550010330008

438.07 (2017)

438.07

100550010307012

279.51 (2017)

279.51

DEBE DECIR:

CLAVE CATASTRAL

VALOR PAGADO/ USD.

NOTA DE CRÉDITO/ USD

100550010319052000

438.07 (2017)

438.07

100550010307012

279.51 (2017)

279.51

Atentamente,

f.) Ab. Geovanny Manosalvas, Secretario General y del Concejo GAD. Municipal de San Pedro de Pimampiro.