Registro Oficial No.386- Miércoles 12 de diciembre de 2018

diciembre 12, 2018

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés Presidente Constitucional de la República del Ecuador Miércoles 12 de diciembre de 2018 (R. O.386, 12 -diciembre -2018) SUMARIO: Págs. FUNCIÓN EJECUTIVA ACUERDOS: MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS: Acéptese la solicitud de repatriación de los siguientes ciudadanos: MJDHC-CGAJ-2018-0092-A Michael Tammoschath MJDHC-CGAJ-2018-0093-A Alfredo Francisco González Valencia MJDHC-CGAJ-2018-0094-A […]

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 12 de diciembre de 2018 (R. O.386, 12 -diciembre -2018)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS:

Acéptese la solicitud de repatriación de los siguientes ciudadanos:

MJDHC-CGAJ-2018-0092-A Michael Tammoschath

MJDHC-CGAJ-2018-0093-A Alfredo Francisco González Valencia

MJDHC-CGAJ-2018-0094-A Segundo Fernando Bone Guagua

MINISTERIO DEL TRABAJO:

MDT-2018-221 Deróguese el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0116A de 20 de julio 2017 publicado en el Registro Oficial N° 66 de 28 de agosto de 2017

MDT-2018-228 Autorícese la comisión de servicios al exterior al Ab. Raúl Clemente Ledesma Huerta y otro

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL:

005-18 Refórmese el Acuerdo Interinstitucional No. 0009-14 de 15 de mayo de 2014

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA:

CBF-MREMH-2018-031 Convenio Básico de Funcionamiento entre el Gobierno de la República del Ecuador y la Organización No Gubernamental Extranjera Terre Des Hommes – Ayuda a la Infancia en el Mundo – Fundación

CBF-MREMH-2018-032 Convenio Básico de Funcionamiento entre el Gobierno de la República del Ecuador y la Organización No Gubernamental Extranjera World Vision Internacional

2 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

Págs.RESOLUCIONES:

AGENCIA DE REGULACIÓN

Y CONTROL DE LAS

TELECOMUNICACIONES:

ARCOTEL-2018-0995 Prohíbese la instalación y uso de equipos inhibidores de señal en todo el territorio ecuatoriano, déjese sin efecto todos los certificados de registro emitidos para la operación de equipos inhibidores de señal del SMA

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR:

BCE-GG-079-2018 Deléguense funciones y responsabilidades al líder del Proyecto ‘Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales’

CONSEJO DE EDUCACIÓN

SUPERIOR:

RPC-SE-09-No. 039-2018 Expídese el Reglamento sobre la metodología de la elaboración y aplicación de la fórmula para la distribución de los recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las universidades y escuelas politécnicas

RPC-SO-31-No.501-2018 Apruébese la propuesta de reforma al Reglamento de Armonización de Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las instituciones de Educación Superior del Ecuador

RPC-SO-34-No.562-2018 Refórmese el Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las instituciones de Educación Superior del Ecuador

CORPORACIÓN DEL SEGURO

DE DEPÓSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ

Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS:

COSEDE-GG-085-2018 Refórmese la Resolución N° COSEDE-GG-086-2017 de 15 de agosto de 2017

FUNCIÓN JUDICIAL

Y JUSTICIA INDÍGENA

CONSEJO DE LA JUDICATURA:

099A-2018 Expídese el Código de Ética Judicial

Págs.

GOBIERNOS AUTÓNOMOS

DESCENTRALIZADOS

ORDENANZA MUNICIPAL:

-………….. Cantón Jama: Que regula la determinación, gestión y cobro sobre el impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

Nro. MJDHC-CGAJ-2018-0092-A

Sra. Abg. Daniela Amalia Chavez Viteri

COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA

JURÍDICA, ENCARGADA

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 señala que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución (…) «;

Que el artículo 11 de la Carta Magna, establece que el ejercicio de los derechos se regirán entre otros por lo determinado en el siguiente principio, numeral 5 señala: «(…) en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. «;

Que el artículo 35 de la Norma Suprema, establece que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado;

Que la Constitución, dispone en el artículo 154 que las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: «1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 3

Que la República Federal de Alemania, el 1 de febrero de 1992; y la República del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo número 272, de 27 de junio de 2005, se adhieren al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas de Estrasburgo de 21 de marzo de 1983;

Que en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 180 de 10 de febrero del 2014 se publica el Código Orgánico Integral Penal, mismo que entró en vigencia después de ciento ochenta días contados a partir de su publicación en el mencionado registro, los artículos 727 y siguientes determinan el procedimiento de repatriación de personas condenadas o privadas de la libertad en diferentes Centros penitenciarios;

Que el artículo 727 señala que: «Las sentencias de la jurisdicción nacional, en las que se impongan penas privativas de libertad podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado. Así mismo, las sentencias de justicia penal extranjera que impongan penas privativas de libertad a ecuatorianos, podrán ser ejecutadas en el Ecuador, de conformidad con los instrumentos internacionales o al amparo del principio de reciprocidad internacional»;

Que el artículo 728 de la norma ibídem, en su numeral 1 expresa que: «Corresponderá decidir el traslado de la persona sentenciada al Ministerio rector en materia de justicia y derechos humanos, decisión que se pondrá en conocimiento del Juez de Garantías Penitenciarias para su ejecución «;

Que el artículo 67 del Código Orgánico Administrativo, dispone que: «El ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades administrativos incluye, no solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus junciones»;

Que el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo, establece que: «La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley»;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 220 de 27 de noviembre de 2007, el Presidente Constitucional de la República, creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que con Decreto Ejecutivo Nro. 410 de 30 de junio de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 235 de 14 de julio de 2010, el Presidente Constitucional de la República cambió la denominación de: «Ministerio de Justicia y Derechos Humanos» por la de: «Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos «;

Humanos y Cultos, Autoridad Central para el conocimiento y aplicación de todos los convenios que sobre materia de traslado de personas sentenciadas, cumplimiento de sentencias penales en el exterior, o de repatriaciones, sea suscriptor el Ecuador, o llegare a serlo en el futuro;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, se nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1266 de 04 de julio de 2016, actualmente vigente, la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a la fecha, delegó a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la suscripción de Acuerdos Ministeriales para la repatriación de ciudadanos extranjeros y nacionales privados de libertad que se encuentra cumpliendo sus condenas dentro y fuera del país, previo cumplimiento de requisitos;

Que a través de Decreto Ejecutivo Nro. 491, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador aceptó la renuncia de la doctora Rosana Alvarado Carrión al cargo de Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; y, encargó el referido Ministerio al señor Paúl Granda López;

Que con acción de personal Nro. 004488 de 22 de octubre de 2018, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, encargado, nombró como Coordinadora General de Asesoría Jurídica a la Abogada Daniela Amalia Chávez Viteri;

Que mediante sentencia por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, de 22 de septiembre de 2016, impuesta por el Tribunal de garantías Penales con sede en el cantón Guayaquil, Juicio número: 09281-2016-01327, se ha sentenciado al ciudadano alemán Michael Tammoschath, a cumplir con la pena de 10 años de prisión y una multa de cuarenta salarios básicos unificados;

Que mediante Oficio Nro. MJDHC-CGAF-2017-0600-E de 17 de enero de 2017, suscrito por la Cónsul y Fedataria Pública de la República Federal de Alemania en Quito, se remitió el consentimiento libre y voluntario de traslado a la República de Alemania del ciudadano alemán Michael Tammoschath;

Que mediante Valoración Médica del ciudadano alemán Michael Tammoschath, suscrito por la Dra. Verónica Aspiazu, Médico General de la Coordinación Zonal No. 8 del Ministerio de Salud Pública, de 23 de febrero de 2018, se informa que: «el paciente de encuentra en controles médicos, con signos vitales estables «;

Que a través de Informe Psicológico del ciudadano alemán Michael Tammoschath, suscrito por la Psic. Lily Escobar, Líder del Departamento de Diagnóstico y Evaluación de Atención Prioritaria del Centro de Privación de Libertad Regional Guayas 8, de 21 de febrero de 2017 se recomienda: «A través de terapia racional emotiva ayudar al PACL a disminuir depresivos, y a su vez motivarlo a participar en actividades laborales. Se sugiere ayudarlo con el trámite de repatriación para que tenga un acercamiento familiar, esto ayudaría a mejorar su estado de ánimo. «;

4 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

Que mediante Informe de Repatriación Pasiva No. MJDHC-CGAJ-DAI-2018-073, dirigido al señor Coordinador General de Asesoría Jurídica, la Directora de Asuntos Internacionales informó: «CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: PRIMERO.- De lo expuesto y de la normativa legal se concluye que una vez que se ha analizado minuciosamente el presente expediente en su totalidad el mismo cumple con todas las condiciones y disposiciones legales pertinentes para el proceso de traslado-repatriación del referido ciudadano alemán Michael Tammoschath, persona privada de su libertad en el Ecuador conforme lo determina el Art. 3 del Convenio sobre traslado de personas condenadas de Estrasburgo, de 21 de marzo de 1983. SEGUNDO.- En tal virtud se recomienda la suscripción del Acuerdo Ministerial, su repatriación a territorio alemán a fin de que termine de cumplir su condena privativa de libertad en un Centro de Rehabilitación Social de la República de Alemania. «;

Que conforme consta en los informes técnicos del expediente esta cartera de Estado considera que la repatriación del ciudadano alemán Michael Tammoschath, responde a cuestiones humanitarias, dado que la reunificación familiar, la convivencia en un ambiente propio de dicho connacional contribuirá a su efectiva rehabilitación;

Que mediante Resolución de 10 de septiembre de 2018, el Juez Titular de la Unidad Judicial Norte 1 Penal con sede en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas resolvió: «(…) aceptar y disponer la exoneración del pago de daños y perjuicios a la que se encuentra obligado el ciudadano Michael Tammoschath, de nacionalidad alemana, como consecuencia del delito cometido por el que ha recibido su sentencia condenatoria, por haberse verificado su condición de grupo vulnerable en calidad de privada de libertad y su condición de extrema pobreza por la que se encuentra atravesando, afín de que cumplidos todos los presupuestos requeridos, sea repatriado a su país de origen (…);y,

En ejercicio de las facultades que confiere el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 67 y 68 del Código Orgánico Administrativo; 727 y 728 del Código Orgánico Integral Penal; y, el Acuerdo Ministerial Nro. 1266 de 04 de julio de 2016;

Acuerda:

Artículo 1.- Aceptar la solicitud de repatriación del ciudadano alemán Michael Tammoschath y disponer que sea trasladado a la república Federal de Alemania, país de origen del citado ciudadano donde cumplirá el resto de la condena privativa de libertad impuesta en su contra por las Autoridades Judiciales de la República del Ecuador.

Artículo 2.- Disponer al/la Director/a de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, realice todas las acciones, dentro de sus competencias, tendientes a garantizar la plena ejecución del presente Acuerdo.

Artículo 3.- Entregar la custodia del ciudadano alemán Michael Tammoschath a las autoridades competentes alemanas, que para el efecto hubiesen designado, con miras al cumplimiento de dicho traslado.

Artículo 4.- Notificar el presente Acuerdo Ministerial al ciudadano alemán Michael Tammoschath, a el/la señor/a Cónsul de la República Federal de Alemania en Ecuador, a través del/la Director/a de Asistencia Judicial Internacional y de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y a la Oficina Nacional Central Interpol de Ecuador, a quienes se solicita brindar las facilidades necesarias, dentro del ámbito de su competencia, para el cumplimiento inmediato de la presente repatriación.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Dado en Quito, D.M., a los 31 día(s) del mes de Octubre de dos mil dieciocho.

f.) Sra. Abg. Daniela Amalia Chavez Viteri, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Encargada.

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, siento como tal, que el documento que antecede en cuatro fojas útiles y que corresponde al Acuerdo Ministerial Nro. MJDHC-CGAJ-2018-0092-A de 31 de octubre de 2018, es igual a la que reposa en la Dirección Nacional de Secretaría General de esta Cartera de Estado.

Quito, 12 de noviembre de 2018.

f.) Lic. Giovanny Rivera Rodríguez, Director Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

Nro. MJDHC-CGAJ-2018-0093-A

Sra. Abg. Daniela Amalia Chavez Viteri

COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA

JURÍDICA, ENCARGADA

Considerando:

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 5

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución (…) «;

Que Costa Rica, y la República del Ecuador, se adhieren a la Convención Interamericana de Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, suscrita en la ciudad de Managua, Nicaragua el 9 de junio de 1993;

Que en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 180 de 10 de febrero del 2014 se publicó el Código Orgánico Integral Penal, mismo que entró en vigencia después de ciento ochenta días contados a partir de su publicación en el mencionado registro, los artículos 727 y siguientes determinan el procedimiento de repatriación de personas condenadas o privadas de la libertad en diferentes Centros penitenciarios;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 592 de 22 de diciembre de 2010, publicado en el Registro Oficial Nro. 355 de 05 de enero de 2011, el Presidente Constitucional de la República, designó al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Autoridad Central para el conocimiento y aplicación de todos los convenios que sobre materia de traslado de personas sentenciadas, cumplimiento de sentencias penales en el exterior, o de repatriaciones, sea suscriptor el Ecuador, o llegare a serlo en el futuro;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, se nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1266 de fecha 04 de julio de 2016, la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delega a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la suscripción de Acuerdos Ministeriales para la repatriación de ciudadanos extranjeros y nacionales privados de libertad que se encuentra cumpliendo sus condenas dentro y fuera del país, previo cumplimiento de requisitos;

Que mediante sentencia por el delito de posesión y transporte de droga con fines de tráfico internacional, de fecha 04 de abril de 2017, impuesta por el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito de la Zona Sur, sede Golfito, Causa Penal número: 16-000595-0455-PE; se ha sentenciado al ciudadano Alfredo Francisco González Valencia, a cumpir la condena de 10 años de prisión;

6 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

Que mediante Oficio Nro. MREMH-DAJIMH-2017-0727-O, de fecha 29 de noviembre de 2017, suscrito por la Directora de Asistencia Judicial, Internacional y de Movilidad Humana, Encargada de Cancillería, ingresado en esta Cartera de Estado el 09 de enero de 2018, se remite el consentimiento libre y voluntario de traslado al Ecuador del ciudadano ecuatoriano Alfredo Francisco González Valencia;

Que según Valoración Médica del ciudadano ecuatoriano Alfredo Francisco González Valencia, suscrita por la Dra. Mirla Molina Chinchilla, Coordinadora de Servicios de Salud, CAI Pérez Celedón, se detalla lo siguiente: «Diagnóstico actual: Hipertensión Arterial grado IIRiesgo B, Obesidad GII (…) Recomendaciones: Este paciente está actualmente compensado de su patología crónica con el uso adecuado de su tratamiento, puede someterse al traslado sin riesgo alguno, sin embargo debe garantizársele el acceso a su tratamiento de forma ininterrumpida durante su traslado. (…) «;

Que según Valoración Psicológica del ciudadano ecuatoriano Alfredo Francisco González Valencia, suscrita por la Dra. Rocío Jiménez, Psicóloga Clínica, se detalla lo siguiente: «Conclusiones: Presenta antecedentes de problemática etílica de interés, la cual se relaciona directamente con su comportamiento criminológico. A pesar de la distancia física que ha mantenido en sus relaciones afectivas, el señor González Valencia reflexiona sobre la importancia de la familia y el acercamiento a su país de origen para mantenerse cercea de estos. Se evidencia en el valorado interés en recuperar y fortalecer el vínculo con su familiar de procreación y de origen. (…) «;

Que mediante el sistema en línea de verificación de datos del Registro Civil del Ecuador, se corroboró que el señor Alfredo Francisco González Valencia, con cédula de ciudadanía número 080205615-0 es nacional del Estado ecuatoriano;

Que mediante Informe de Repatriación Activa No. MJDHC-CGAJ-DAI-2018-076, dirigido al señor Coordinador General de Asesoría Jurídica, la Directora de Asuntos Internacionales informa: «analizado minuciosamente el presente expediente en su totalidad, el mismo que cumple con todas las condiciones y disposiciones legales pertinentes para el proceso de traslado-repatriación del referido connacional Alfredo Francisco González Valencia persona privada de su libertad en Costa Rica, conforme lo determina el artículo 3 y el artículo 5 de la Convención Interamericana de cumplimiento de Condenas Penales en el extranjero, de 9 de junio de 1993»; y, «recomienda la suscripción del Acuerdo Ministerial, su repatriación a territorio ecuatoriano afín de que termine de cumplir su condena privativa de libertad en un Centro de Rehabilitación Social del país»;

Que conforme consta en los informes técnicos del expediente esta Cartera de Estado considera que la repatriación del ciudadano ecuatoriano Alfredo Francisco

González Valencia, responde a cuestiones humanitarias, dado que la reunificación familiar, la convivencia en un ambiente propio de dicho connacional contribuirá a su efectiva rehabilitación; y,

Acuerda:

Artículo 1.- Aceptar la solicitud de repatriación del ciudadano ecuatoriano Alfredo Francisco González Valencia, con cédula de ciudadanía No. 080205615-0, con la finalidad de que se ejecute la sentencia, en la cual se impone una pena privativa de libertad al citado connacional, impuesta por el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito de la Zona Sur, sede Golfito, causa penal: 16-000595-0455-PE, de conformidad con la Convención Interamericana de Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero.

Artículo 2.- Disponer al/la Director/a de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, notifique con el contenido del presente Acuerdo Ministerial a la Autoridad Central correspondiente de Costa Rica. Dicha notificación será coordinada con el/ la Director/a de Asistencia Judicial Internacional y de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Así mismo, realice todas las acciones tendientes a ejecutar el presente Acuerdo, dentro de sus competencias, asistido/a en lo que corresponda por delegados de la Oficina Nacional Central de Interpol.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, D.M., a los 31 día(s) del mes de Octubre de dos mil dieciocho.

f.) Sra. Abg. Daniela Amalia Chavez Viteri, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Encargada.

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, siento como tal, que el documento que antecede en cuatro fojas útiles y que corresponde al Acuerdo Ministerial Nro. MJDHC-CGAJ-2018-0093-A de 31 de octubre de 2018, es igual a la que reposa en la Dirección Nacional de Secretaría General de esta Cartera de Estado.

Quito, 12 de noviembre de 2018.

f.) Lic. Giovanny Rivera Rodríguez, Director Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 7

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

Nro. MJDHC-CGAJ-2018-0094-A

Sra. Abg. Daniela Amalia Chavez Viteri

COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA

JURÍDICA, ENCARGADA

Considerando:

Que el artículo 727 señala que: «Las sentencias de la jurisdicción nacional, en las que se impongan penas privativas de libertad podrán ser ejecutadas en el país de

origen o nacionalidad de la o del sentenciado. Así mismo, las sentencias de justicia penal extranjera que impongan penas privativas de libertad a ecuatorianos, podrán ser ejecutadas en el Ecuador, de conformidad con los instrumentos internacionales o al amparo del principio de reciprocidad internacional»;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, se nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

8 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

Que mediante sentencia por el delito de posesión y transporte de droga con fines de tráfico internacional, de fecha 26 de julio de 2017, impuesta por el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito de la Zona Sur, sede Golfito, Causa Penal número: 16-000619-0455-PE; se ha sentenciado al ciudadano Segundo Fernando Bone Guagua, cumplir la condena de 7 años de prisión;

Que mediante Oficio Nro. MREMH-CGAJ-2018-0032-OF, de fecha 29 de enero de 2018, suscrito por la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Encargada de Cancillería, ingresado en esta Cartera de Estado el 30 de enero de 2018, se remite el consentimiento libre y voluntario de traslado al Ecuador del ciudadano ecuatoriano Segundo Fernando Bone Guagua;

Que según Valoración Médica del ciudadano ecuatoriano Segundo Fernando Bone Guagua, suscrita por la Dra. Mirla Molina Chinchilla, Coordinadora de Servicios de Salud, CAÍ Pérez Celedón, se detalla lo siguiente: «Diagnóstico actual: Hipertensión Arterial. (…) Recomendaciones: Este paciente está actualmente en buen estado general, puede realizar el traslado a su país de origen sin ninguna contraindicación, debe garantizársele el acceso a su tratamiento de uso crónico. (…) «;

Que mediante Informe Social del ciudadano ecuatoriano Segundo Fernando Bone Guagua, suscrito por el Lcdo. Luis Fernando Campos Morales, Departamento de Orientación, se detalla lo siguiente: «Conclusiones: El valorado ha dejado entrever un perfil conductual estable, mostrando capacidad para mantenerse alejado de situaciones conflictivas, reflejando habilidades interpersonales fortalecidas. Se ha mantenido en labores misceláneas sin incentivo económico. Por el momento no cuenta con un posible plan de egreso, esto por cuanto no ha presentado una oferta laboral al departamento de Orientación, tomándose en cuenta que su condición de extranjero le dificulta dicha búsqueda. (…) «;

Que mediante el sistema en línea de verificación de datos del Registro Civil del Ecuador, se corroboró que el señor Segundo Fernando Bone Guagua, con cédula de ciudadanía número 080216419-4 es nacional del Estado ecuatoriano;

Que mediante Informe de Repatriación Activa No. MJDHC-CGAJ-DAI-2018-077, dirigido al señor Coordinador General de Asesoría Jurídica, la Directora de Asuntos Internacionales informa: «analizado minuciosamente el presente expediente en su totalidad,

el mismo que cumple con todas las condiciones y disposiciones legales pertinentes para el proceso de traslado-repatriación del referido connacional Segundo Fernando Bone Guagua persona privada de su libertad en Costa Rica, conforme lo determina el artículo 3 y el artículo 5 de la Convención Interamericana de cumplimiento de Condenas Penales en el extranjero, de 9 de junio de 1993 «; y, «recomienda la suscripción del Acuerdo Ministerial, su repatriación a territorio ecuatoriano a fin de que termine de cumplir su condena privativa de libertad en un Centro de Rehabilitación Social del País «;

Que conforme consta en los informes técnicos del expediente esta Cartera de Estado considera que la repatriación del ciudadano ecuatoriano Segundo Fernando Bone Guagua, responde a cuestiones humanitarias, dado que la reunificación familiar, la convivencia en un ambiente propio de dicho connacional contribuirá a su efectiva rehabilitación; y,

Acuerda:

Artículo 1.- Aceptar la solicitud de repatriación del ciudadano ecuatoriano Segundo Fernando Bone Guagua, con cédula de ciudadanía No. 080216419-4, con la finalidad de que se ejecute la sentencia, en la cual se impone una pena privativa de libertad al citado connacional, impuesta por el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito de la Zona Sur, sede Golfito, causa penal: 16-000619-0455-PE, de conformidad con la Convención Interamericana de Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, D.M., a los 31 día(s) del mes de Octubre de dos mil dieciocho.

f.) Sra. Abg. Daniela Amalia Chavez Viteri, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Encargada.

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 9

Cultos, siento como tal, que el documento que antecede en cuatro fojas útiles y que corresponde al Acuerdo Ministerial Nro. MJDHC-CGAJ-2018-0094-A de 31 de octubre de 2018, es igual a la que reposa en la Dirección Nacional de Secretaría General de esta Cartera de Estado.

Quito, 12 de noviembre de 2018.

f.) Lic. Giovanny Rivera Rodríguez, Director Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Nro. MDT-2018-0221

Raúl Clemente Ledesma Huerta

MINISTRO DEL TRABAJO

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), en su artículo 17 determina que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8, de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República, señor licenciado Lenín Moreno Garcés, designa al señor abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta, como Ministro del Trabajo;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0099, publicado en el Registro Oficial Nro. 46 de 28 de julio de 2017, contiene las delegaciones para los funcionarios jerárquicos superiores de esta Cartera de Estado;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0116A de 20 de julio de 2018, se delegó al Magíster Julio César Centeno Avellán para que a más de las atribuciones y responsabilidades inherentes a su cargo, ejerza las actividades de supervisión y coordinación de las facultades determinadas en el numeral 1.3.2.1.2 Gestión de Talento Humano; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, y artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

Art. 1.- Derogar el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0116A de fecha 20 de julio 2017 publicado mediante Registro Oficial Nro. 66 de 28 de agosto de 2017.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los 05 de noviembre de 2018.

f.) Abg. Raúl Ledesma Huerta, Ministro del Trabajo.

Nro. MDT-2018-0228

Abg. Raúl Ledesma Huerta

MINISTRO DEL TRABAJO

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que corresponde a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

Que, el artículo 65 del Código Orgánico Administrativo, prescribe que la competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado;

Que, el segundo inciso del artículo antes referido indica que para la distribución de las competencias asignadas a la administración pública se preferirán los instrumentos generales que regulen la organización, funcionamiento y procesos;

10 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

Que, el artículo 4 de Ley Orgánica del Servicio Público -LOSEP-, determina que son servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público;

Que, el artículo 50 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, menciona que las o los servidores públicos podrán ser declarados en comisión de servicios con remuneración para efectuar estudios regulares de posgrados, reuniones, conferencias, pasantías y visitas de observación;

Que, el artículo 270 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público, indica que la subrogación procederá de conformidad a lo anotado en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público, considerando que la o el servidor subrogante tendrá derecho a percibir la diferencia que exista entre la remuneración mensual unificada de su puesto y la del puesto subrogado, incluyendo estos los puestos que dependan administrativamente de la misma institución;

Que, el inciso segundo del artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva prevé: «Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. «;

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva -ERJAFE-, prescribe que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional serán delegables en las autoridades u órganos de menor jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por ley o por decreto;

Que, el literal f), numeral 1 del artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nro. 5 de 24 de mayo de 2017, establece que: «La Secretaría General de la Presidencia de la República expedirá acuerdos de autorización de vacaciones, licencia con y sin remuneración, permisos y autorizaciones para autoridades de la Función Ejecutiva comprendidas en el grado 8 de la escala de nivel jerárquico superior»;

Que, el artículo 15 de las Normas de Optimización y Austeridad al Gasto Público expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 135, de 07 de septiembre de 2017, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 76 del 11 de septiembre de 2017, señala que los viajes al exterior de los

servidores públicos de la Función Ejecutiva cuyo objetivo sea la participación en eventos oficiales y en representación de la institución o del Estado, serán previamente calificados y autorizados por la Secretaría General de la Presidencia de la República;

Que, en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo Nro. 478 de fecha 13 de agosto de 2018, el licenciado Lenín Moreno, Presidente Constitucional de la República reforma el artículo 9.1 del Decreto Ejecutivo Nro. 439 de fecha 14 de junio de 2018, por lo cual designa al titular del Ministerio del Trabajo como presidente del Consejo Sectorial de lo Social;

Que, el Artículo Único del Acuerdo Nro. 327 de 03 de julio de 2018, que reforma el artículo 1 del Acuerdo Nro. 0124 de 07 de noviembre de 2017, por medio del cual el Secretario General de la Presidencia de la República autorizará los viajes de los Miembros del Gabinete Ampliado y toda autoridad que pertenezca al Nivel Jerárquico Superior, grado 8 (NJS8);

Que, en el marco del proceso de fortalecimiento del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) de Perú, la Secretaría Técnica de dicho organismo ha organizado el «Foro Internacional de Buenas Prácticas Gubernamentales en Diálogo Socio Laboral de las Secretarías Técnicas de los Espacios de Diálogo Tripartito Latinoamericanos»;

Que, el gobierno peruano ha extendido una invitación al Ministerio del Trabajo para participar en el «Foro Internacional de Buenas Prácticas Gubernamentales en Diálogo Socio Laboral de las Secretarías Técnicas de los Espacios de Diálogo Tripartito Latinoamericanos», el mismo que se desarrollara el 15 de noviembre de 2018 en la ciudad de Lima – Perú.

Que, el marco del «Foro Internacional de Buenas Prácticas Gubernamentales en Diálogo Socio Laboral de las Secretarías Técnicas de los Espacios de Diálogo Tripartito Latinoamericanos», busca establecer articulación entre espacios latinoamericanos de diálogo social tripartito, a fin de revisar y analizar los modelos de diálogo socio laboral en el marco internacional, impulsar, desde este grupo de países de la región, el fortalecimiento de los espacios tripartitos de diálogo socio laboral a nivel latinoamericano y conocer de primera mano las experiencias comparadas sobre el proceso de diálogo social tripartito para la predictibilidad de la remuneración mínima;

Que, mediante solicitud de viaje al exterior Nro. 65624 de 07 de noviembre de 2018, el Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta, Ministro del Trabajo, solicitó a la Secretaría General de la Presidencia que, a través del Sistema de Viajes al Exterior y en el Exterior, se autorice su desplazamiento a la ciudad de Lima – Perú, desde el 14 hasta el 16 de noviembre de 2018, con la finalidad de participar en el «Foro Internacional de Buenas Prácticas Gubernamentales en Diálogo Socio Laboral de las Secretarías Técnicas de los Espacios de Diálogo Tripartito Latinoamericanos»;

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 11

Que, mediante Acuerdo Nro. 464, de fecha 12 de noviembre de 2018, el Dr. Eduardo Xavier Jurado Béjar, Secretario General de la Presidencia de la República del Ecuador, autoriza el viaje al exterior del Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta, Ministro del Trabajo, con la finalidad de participar en el «Foro Internacional de Buenas Prácticas Gubernamentales en Diálogo Socio Laboral de las Secretarías Técnicas de los Espacios de Diálogo Tripartito Latinoamericanos», a realizarse en la ciudad de Lima -Perú, desde el 14 hasta el 16 de noviembre de 2018; y,

Que mediante autorización Nro. 65666 de fecha 13 de noviembre de 2018, emitida por el Abg. Raúl Ledesma, Ministro del Trabajo, Consejero Sectorial de lo Social, se autoriza el viaje del funcionario Mgs. Juan Izquierdo Intriago, Subsecretario de Empleo y Salarios, para que participen en el «Foro Internacional de Buenas Prácticas Gubernamentales en Diálogo Socio Laboral de las Secretarías Técnicas de los Espacios de Diálogo Tripartito Latinoamericanos», desde el 14 al 16 de noviembre de 2018; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

Art. 1.- Autorizar la comisión de servicios al exterior al Ab. Raúl Clemente Ledesma Huerta, Ministro del Trabajo y al Mgs. Juan Izquierdo Intriago, Subsecretario de Empleo y Salarios, para que participen en el «Foro Internacional de Buenas Prácticas Gubernamentales en Diálogo Socio Laboral de las Secretarías Técnicas de los Espacios de Diálogo Tripartito Latinoamericanos», desde el 15 al 16 de noviembre de 2018.

Art. 2.- El abogado Andrés Vicente Madero Poveda, Viceministro del Servicio Público, subrogará las funciones de Ministro del Trabajo desde el 15 al 16 de noviembre de 2018.

Art. 3.- Los gastos derivados de la participación de los funcionarios, correspondientes a tickets aéreos, hospedaje y alimentación correrán a cargo de la organización anfitriona.

Art. 4.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, en lo que corresponda, encárguese a las Unidades Administrativas involucradas, dentro de sus respectivas competencias.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los 14 de noviembre de 2018.

f.) Abg. Raúl Ledesma Huerta, Ministro del Trabajo.

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL

No. 005 – 18

Fander Falconí Benítez

MINISTRO DE EDUCACIÓN Y

Carlos Álvarez Mantilla

DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 154, numeral 1, determina que las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 28 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la educación responderá al interés público, garantizará el acceso universal, de permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Siendo la educación pública universal, laica, en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior;

Que, el artículo 344 de la Constitución de la República, establece que el Estado ejercerá la rectoría del sistema nacional de educación a través de la Autoridad Educativa Nacional, que formulará la política nacional de educación; y regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 348 de la Constitución de la República, la educación pública es gratuita y el Estado debe financiarla de manera oportuna, regular y suficiente y la distribución de los recursos destinados a la educación deben regirse por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros;

Que, el artículo 349 de la Carta Suprema, determina que el Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La Ley regulará la carrera docente y el escalafón, establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternación docente;

Que, la Ley Orgánica de Educación Intercultural-LOEI, publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 417 de 31 de marzo de 2011, en su artículo 25, concordante con la citada disposición constitucional establece que la Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la República;

12 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

Que, el artículo 54 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, determina que las instituciones educativas públicas son: fiscales o municipales, de fuerzas armadas o policiales. La educación impartida por estas instituciones es gratuita, por lo tanto no tiene costo para los beneficiarios. Su educación es laica y gratuita para el beneficiario;

Que, la Disposición Transitoria Octava de la LOEI, señala que a partir del año 2011, las instituciones educativas que se encuentren administradas por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Guayas, Aviación Civil pasarán a funcionar bajo la rectoría de la Autoridad Nacional de Educación, en lo referente a los planes y programas educativos.- El personal docente se incorporará a dicho Ministerio observando el Sistema de Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional, luego de la evaluación respectiva para su ubicación en la categoría correspondiente del escalafón, y con nombramiento. El personal administrativo y de trabajadores se incorpora al Ministerio observando, respectivamente, el régimen laboral de la Ley Orgánica de Servicio Público y el del Código de Trabajo.- Se garantiza la estabilidad laboral del personal docente, administrativo y de trabajadores de los centros educativos contemplados en la presente disposición y de acuerdo con la Ley;

Que, con Acuerdo Interinstitucional No. 0009-14 de 15 de mayo de 2014, la Autoridad Educativa Nacional y el Director General de Aviación Civil, en funciones a esa fecha, expiden la «Normativa para continuar con el proceso señalado en la Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), para el Colegio Técnico de Aviación Civil «COTAC»;

Que, mediante memorando No. MINEDUC-SEDMQ-2018-00770-M de 11 de mayo de 2018, la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, informa que se ha mantenido varias reuniones con los Directivos de la Dirección General de Aviación Civil, en las que se reportan algunos inconvenientes presentados en la ejecución del Acuerdo Interinstitucional No. 0009-14 de 15 de mayo de 2014, específicamente en lo referente a los gastos administrativos de servicios básicos, mantenimiento, reparación y depreciación de la infraestructura del Colegio Técnico Experimental de Aviación Civil; y en lo referente a los cargos directivos;

Que, mediante oficio No. DGAC-YA-2018-1025-O de 14 de mayo de 2018 el señor Carlos Álvarez Mantilla, Director General de Aviación Civil, solicita a la Msc. María Augusta Montalvo Cepeda, Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, ponga a consideración del señor Ministro de Educación la propuesta de reforma a los artículos 8 y 11 del citado Acuerdo Interinstitucional, determinando en los sustancial que los gastos administrativos de servicios básicos, mantenimientos y reparación de los espacios utilizados por el Colegio Técnicos Experimental de Aviación Civil «COTAC», serán cubiertos por el Ministerio de Educación, y que los gastos correspondientes a depreciación de la infraestructura serán cubiertos por la Dirección General de Aviación Civil; y que el Ministerio de Educación se encargará de designar a las autoridades del Colegio Técnico Experimental de Aviación Civil «COTAC» de conformidad con lo determinado en la Ley;

Que, con memorando No. MINEDUC-SDPE-2018-00620 de 24 de mayo de 2018, la Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo, emite informe favorable para la reforma señalada, indicando en lo principal que para ocupar cargos directivos del Colegio Técnico Experimental de Aviación Civil «COTAC» debe observarse lo determinado en los artículos 109 y 110 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y 281 de su Reglamento General;

Que, la Coordinación General Administrativa y Financiera, dentro del ámbito de su competencia, con memorando No. MINEDUC-CGAF-2018-00939-M de 11 de junio de 2018, indica que no tiene observaciones a la propuesta de reforma al Acuerdo Interinstitucional No. 0009-14;

Que, en atención al interés superior de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran estudiando en el Colegio Técnico Experimental de Aviación Civil «COTAC», es necesario incorporar las reformas requeridas, garantizando el normal funcionamiento de la referida institución educativa; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerdan:

Expedir las siguientes reformas al Acuerdo Interinstitucional No. 0009-14 de 15 de mayo de 2014

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 8 por el siguiente texto:

Artículo 8.- De los activos y gastos administrativos. –

Se transferirán al Ministerio de Educación los acervos documentales y archivos del Colegio Técnico Experimental de Aviación Civil «COTAC». Además se legalizará el traspaso de los bienes muebles con los que trabaja actualmente el COTAC, a fin de que se registren contablemente.

Los gastos administrativos concernientes a servicios básicos, mantenimiento y reparación de los espacios que sean utilizados por el Colegio Técnico Experimental de Aviación Civil «COTAC», serán cubiertos por el Ministerio de Educación, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente. Los gastos de depreciación de la infraestructura serán cubiertos por la Dirección General de Aviación Civil.

Las instalaciones estarán administradas por la Escuela Técnica de Aviación Civil, la misma que brindará las facilidades necesarias para que el Colegio Técnico Experimental de Aviación Civil COTAC realice sus actividades.

La Dirección General de Aviación Civil asignará al Ministerio de Educación el espacio destinado para la implementación del Bar Escolar. «

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 13

Artículo 2.- Sustitúyase el artículo 11 por el siguiente texto:

«Artículo 11.- Cargos Directivos.- Las autoridades del Colegio Técnico Experimental de Aviación Civil COTAC serán designadas por el Ministerio de Educación, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento General».

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA.- Las disposiciones constantes en el presente Acuerdo solo modifican el texto señalado en este instrumento, por lo que, en todo lo demás se estará a lo dispuesto en el Acuerdo Interinstitucional No. 0009-14 de 15 de mayo de 2014.

SEGUNDA.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación para que a través de la Dirección Nacional de Normativa Jurídico Educativa, proceda a la codificación del Acuerdo Interinstitucional No. 0009-14 de 15 de mayo de 2014, incorporando las reformas realizadas a través del presente Acuerdo, para que en el plazo de cinco días tras su vigencia sea socializado al nivel de Gestión Desconcentrado del Ministerio de Educación para su aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a 09 de noviembre de 2018.

f.) Fander Falconí Benítez, Ministro de Educación.

f.) Carlos Álvarez Mantilla, Director General de Aviación Civil.

MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

N° CBF-MREMH-2018-031

CONVENIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR Y LA ORGANIZACIÓN NO

GUBERNAMENTAL EXTRANJERA TERRE DES

HOMMES – AYUDA A LA INFANCIA EN EL

MUNDO – FUNDACIÓN

Montalvo, Subsecretario de Cooperación Internacional, como se acredita en la Acción de Personal No.02012, de 11 de julio de 2018; y, por otra parte, la Organización No Gubernamental Extranjera (ONG) «Terre des Hommes -Ayuda a la infancia en el mundo – Fundación», persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, constituida al amparo de la legislación de Suiza, debidamente representada en el Ecuador por Christian Martin Sieber, en su calidad de Representante legal. Las partes mencionadas acuerdan celebrar el Convenio Básico de Funcionamiento al tenor de las siguientes cláusulas:

ARTÍCULO 1

ANTECEDENTES

Mediante oficio No. TDH-2018-ADM-003, la Organización No Gubernamental Extranjera «Terre des Hommes – Ayuda a la infancia en el mundo – Fundación» solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la suscripción de un Convenio Básico de Funcionamiento.
Con Resolución N° 000187, de 06 de noviembre de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, resolvió proceder con la suscripción del Convenio Básico de Funcionamiento con la Organización No Gubernamental Extranjera «Terre des Hommes – Ayuda a la infancia en el mundo – Fundación».

ARTÍCULO 2

OBJETO DEL CONVENIO

Establecer los compromisos de obligatorio cumplimiento entre la Organización No Gubernamental Extranjera «Terre des Hommes – Ayuda a la infancia en el mundo – Fundación» que desarrolla actividades de cooperación internacional no reembolsable, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

ARTÍCULO 3

OBJETO DE LA ORGANIZACIÓN

3.1 De conformidad con sus estatutos, la ONG no tiene ánimo de lucro y su objetivo es:

«(…) sensibilizar, sin preocupación de orden político, racial o confesional, la sociedad al sufrimiento de los niños necesitados, y aspira al mejoramiento de las condiciones de vida de los niños necesitados a través de proyectos de ayuda, de la información y de otros medios apropiados en el sentido y espíritu de la Carta del fundador del movimiento homónimo (…)”.

3.2 En tal virtud, la Organización No Gubernamental «Terre des Hommes – Ayuda a la infancia en el mundo – Fundación», se compromete a desarrollar sus objetivos mediante programas de cooperación técnica y económica no reembolsable, de conformidad

14 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

con las necesidades de los diferentes sectores a los que atiende, en el marco de las prioridades de las políticas de desarrollo del Estado ecuatoriano.

ARTÍCULO 4

PROGRAMAS, PROYECTOS

Y ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 La Organización podrá desarrollar sus programas, proyectos y actividades de cooperación con la participación de entidades del sector público y/o privado, con finalidad social o pública, que necesiten de cooperación técnica no reembolsable y/o asistencia económica, en la siguiente área de intervención:

Justicia Juvenil; y,
Reinserción y reparación del daño a las víctimas y/o a la comunidad (Desarrollo Social).

4.2 Los programas, proyectos y actividades de cooperación internacional no reembolsable se desarrollarán a través de una o varias de las siguientes modalidades:

Programas de investigación, asesoramiento y fortalecimiento institucional con entidades ejecutoras ecuatorianas;
Formación de talento humano ecuatoriano, a través de la cooperación técnica, organización y dirección de cursos, seminarios y conferencias a realizarse en el Ecuador y/o en el exterior.
Dotación, con carácter no reembolsable, de equipos laboratorios y, en general, bienes fungibles y no fungibles, necesarios para la realización de proyectos específicos.
Intercambio de conocimientos e información técnica, económica, social y científica con entidades ecuatorianas.

ARTÍCULO 5

OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN

La Organización deberá:

a. Ejecutar programas y proyectos dentro de los ámbitos de intervención contemplados en este Convenio.

b. Promover el desarrollo sostenible, para lo cual estructurará sus planes de trabajo alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y las agendas sectoriales y territoriales; y, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas, según corresponda.

c. Coordinar sus labores con el sector público y privado, a nivel nacional o local, según corresponda.

d. Planificar programas y proyectos con participación de los actores territoriales y las comunidades, y promover la armonización con organizaciones no gubernamentales nacionales y/o internacionales, así como con organismos de cooperación, que trabajen en las mismas áreas temáticas y área geográfica de influencia.

e. Mantener los montos de cooperación necesarios para asegurar la ejecución de los programas y proyectos planificados.

f. Remitir anualmente a la o las carteras de estado que hayan emitido la no objeción a sus actividades en el país, así como al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, un informe de rendición de cuentas de los programas, proyectos y actividades de la organización. Igualmente se presentarán informes finales de programas y proyectos a las entidades señaladas así como a las entidades públicas nacionales o locales con las que haya trabajado en dichas intervenciones, así como a sus poblaciones o comunidades beneficiarías.

g. En caso de que la Organización recibiere fondos adicionales a la planificación aprobada, deberá presentar los certificados sobre la licitud del origen de dichos fondos, según corresponda.

h. Notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana los cambios y reformas efectuados en la Organización respecto a: cambio o sustitución de representante legal, cambio de la o el apoderado, reformas estatutarias, domicilio y datos de contacto.

i. Cumplir con las recomendaciones establecidas en los documentos de no objeción a sus actividades en el país, emitidos por la o las Carteras de Estado e informar a las entidades rectoras así como al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

j. Presentar anualmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana información relacionada con su talento humano nacional y extranjero, tanto de nómina, como voluntarios y expertos, que trabajen en la Organización o en sus proyectos; su periodo de trabajo en el país y las funciones que desempeñan. En caso de personal, expertos o voluntarios extranjeros, es responsabilidad de la organización la gestión del visado respectivo, exclusivamente para estas personas.

k. En el caso de bienes importados por la Organización, ésta deberá presentar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, un documento técnico que justifique y respalde que las donaciones están contempladas en el plan operativo, considerando: tipo de donaciones, licitud, donantes, beneficiarios, entidades de coordinación y justificación en términos socioeconómicos.

l. Remitir, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, información inherente a su gestión para efectos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la cooperación internacional.

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 15

m. Implementar el plan operativo plurianual conforme lo aprobado, y notificar, inmediatamente, con el debido respaldo documental, las modificaciones en la planificación presentada, extensión del tiempo de ejecución del proyecto, modificaciones presupuestarias no contempladas en un inicio, cambio de fuentes de financiamiento, así como el detalle de nuevas intervenciones que lleve a cabo la Organización.

n. Mantener actualizada la información en la página web de la organización respecto a los programas, proyectos y actividades ejecutadas en el país, así como evaluaciones relativas a su gestión. La información deberá estar publicada en idioma español y deberá reflejar los resultados y efectos en los beneficiarios.

o. Establecer y actualizar un domicilio en el Ecuador, para efectos del presente convenio para notificación, control y seguimiento de sus actividades por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

p. Cumplir con las obligaciones laborales, seguridad social y prevención de los riesgos de trabajo de su personal. La organización tendrá responsabilidad frente a terceros de todo aquello que pueda derivar de estas contrataciones durante el ejercicio de las actividades del personal.

q. Promover la contratación prioritaria de personal ecuatoriano para la coordinación y ejecución de los programas, proyectos y actividades previstas en el presente convenio.

r. Responder ante las autoridades por las obligaciones que contraiga la organización, así como por el cumplimiento de los contratos derivados del ejercicio de sus actividades en el país.

s. Reportar mensualmente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico la información requerida conforme los términos previstos en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento del Delito.

t. Promover la continuidad y sostenibilidad de sus acciones, para lo cual deberá transferir capacidades y conocimientos a los actores involucrados en los programas y proyectos conforme la estrategia prevista para el efecto.

u. Una vez finalizada su gestión en el país, la Organización deberá entregar al MREMH y a la/s Cartera/s de Estado que hayan emitido la no objeción a sus actividades, un informe final que contenga los resultados de su intervención en Ecuador, las acciones, programas, proyectos, estudios e investigaciones

v. Ceder los derechos de propiedad intelectual que se generen en el marco de la implementación de los programas, proyectos y actividades relativos al presente convenio a la contraparte ecuatoriana, según corresponda.

w. Observar, respetar y cumplir la ética en la investigación científica y manejo en elementos de biodiversidad, así como lo dispuesto en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos.

x. Cumplir con lo determinado en el artículo 307 de la Constitución de la República del Ecuador, referido a contratos con personas naturales y jurídicas extranjeras con el Estado.

y. Informar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana cuando la ONG decida retirarse del territorio ecuatoriano, para lo cual deberá presentar una estrategia de salida que deberá incluir una propuesta de transferencia de capacidades y conocimientos a los actores involucrados en los programas o proyectos. Los bienes muebles e inmuebles que posea la organización deberán ser transferidos a los beneficiarios de los proyectos o a un socio local.

ARTÍCULO 6

OBLIGACIONES DEL MINISTERIO

DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se compromete a:

Publicar en su página electrónica institucional la información inherente a la Organización y a sus programas, proyectos y actividades.
Registrar a la Organización en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas – SUIOS.
Realizar el seguimiento correspondiente de las actividades autorizadas para el funcionamiento de la Organización en el país.

ARTÍCULO 7

PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN

El personal extranjero de la Organización, bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios, que deba actuar en los programas y proyectos de cooperación derivados de este Convenio, desempeñará sus labores exclusivamente dentro de las actividades previstas en el plan de trabajo plurianual de la organización de acuerdo a la legislación ecuatoriana, y a lo que le habilita su estatus migratorio.
La Organización es responsable de que su personal extranjero bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios, se encuentre de manera legal en el país de conformidad con lo establecido en este instrumento y en las disposiciones legales de extranjería y migración. La visa deberá ser acorde a las actividades que desarrolle dentro de la organización.

16 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

El personal extranjero de la Organización, de conformidad con este Convenio y la normativa nacional vigente, podrá obtener la visa que corresponda, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para la misma.
La organización se compromete a notificar al MREMH la finalización anticipada de las actividades del personal extranjero bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios
La Organización se compromete a que su personal desempeñe sus labores conforme al ordenamiento jurídico del Ecuador.
La Organización deberá asumir todos los gastos relacionados con el traslado, retorno, instalación, manutención y seguros pertinentes del personal extranjero bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios.
En caso de fallecimiento de algún miembro del personal extranjero bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios, la Organización deberá asumir la repatriación al país de origen.

ARTÍCULO 8

PROHIBICIONES

Conforme lo establece el artículo 28 del Decreto Ejecutivo 193, de 23 de octubre de 2017, se prohíbe a la ONG realizar actividades diferentes o incompatibles con su naturaleza y, su personal autorizado para trabajar en el país, no podrá realizar actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, así como cualquier otra actividad que no le sea permitida de acuerdo a su categoría migratoria.
Se la prohíbe, además, la compra de tierras de áreas naturales protegidas, así como otorgar recursos a personas naturales o entidades privadas para la adquisición de terrenos en dichas áreas, de conformidad con lo previsto en el artículo 405 de la Constitución de la República del Ecuador.
En caso de que uno o más miembros del personal de la Organización en el Ecuador incumplan cualquiera de las obligaciones o incurran en alguna de las prohibiciones establecidas en el presente Convenio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, procederá a la terminación del convenio según la normativa vigente.

ARTÍCULO 9

INFORMACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA

9.1 El o la representante legal de la Organización en el Ecuador presentará durante el primer trimestre de cada año, al Ministerio de Relaciones Exteriores y

Movilidad Humana lo siguiente: un plan operativo anual para el año en curso; ficha de registro de programas y proyectos ejecutados durante el año pasado; reporte de grado de ejecución de esos programas y proyectos; ficha de voluntarios, expertos y personal que haya colaborado con la organización el año anterior; informes de evaluación de los programas y proyectos; e, informes de auditoría externa de sus actividades en el Ecuador, según lo establecido en la propuesta de evaluación y auditoría presentadas por la organización y aprobadas por el MREMH, previo a la suscripción del presente instrumento.

9.2 El goce de los beneficios para la Organización establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y en la Ley de Régimen Tributario Interno estará condicionado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Convenio y a las normas de la legislación ecuatoriana.

ARTÍCULO 10

ACTIVIDADES AUTORIZADAS

La Organización No Gubernamental está autorizada para:

a. Abrir cuentas corrientes o de ahorros, mantener fondos y depósitos en dólares de los Estados Unidos de América o en moneda extranjera en entidades bancarias que efectúen actividades en la República del Ecuador, de conformidad con la legislación ecuatoriana vigente.

b. Celebrar actos, contratos y convenios encaminados al cumplimiento de sus objetivos, los que no podrán perseguir fines de lucro.

c. Todas las demás actividades permitidas por la Ley.

ARTÍCULO 11

RÉGIMEN TRIBUTARIO

11.1 La Organización deberá cumplir con todas las obligaciones tributarias y deberes formales de conformidad con la normativa tributaria vigente del Ecuador.

ARTÍCULO 12

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

12.1 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente Convenio, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán recurrir a la mediación, y se conviene en lo siguiente:

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 17

Estado; en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se someten a la Jurisdicción Ordinaria.

12.2 Si las controversias persisten y se firmara un acta de imposibilidad de acuerdo o renuncia escrita por las partes al convenio de mediación, las partes se sujetarán a la legislación contenciosa administrativa que ejerce jurisdicción en la ciudad de Quito, conforme los procedimientos y jueces determinados por la legislación nacional.

ARTÍCULO 13

NOTIFICACIONES

13.1 Para efectos de comunicación o notificaciones las partes señalan como su dirección las siguientes:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y

MOVILIDAD HUMANA

Dirección: Jerónimo Camón El-76 y Av. 10 de Agosto

Teléfono: (02) 299-3200

Correo electrónico: [email protected]

Página Web: www.cancilleria.gob.ec

TERRE DES HOMMES – AYUDA A LA INFANCIA EN

EL MUNDO – FUNDACIÓN

Dirección: Pradera N30-258 y Mariano Aguilera, edificio

Santorini 3er piso, Quito.

Teléfono: 022901806/022568068

Correo electrónico: [email protected]

Página Web: www.tdh.ch / http://tdh-latam.org

13.2 Las comunicaciones que oficialmente dirija la Organización se identificarán exclusivamente con la denominación: «Terre des Hommes – Ayuda a la infancia en el mundo – Fundación«, y deberán ser suscritas por su representante legal o apoderado en el Ecuador.

ARTÍCULO 14

VIGENCIA

El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro (4) años y será válido a partir de la fecha de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
No existirá renovación automática del Convenio. El presente convenio, por una sola ocasión, podrá prorrogarse máximo por un año a través de la firma de un adendum, con aprobación expresa de las partes y bajo el procedimiento establecido para el efecto.

ARTÍCULO 15

TERMINACIÓN DEL CONVENIO

El presente Convenio terminará en los siguientes casos:

Por vencimiento de plazo estipulado en este CONVENIO.
Por solicitud expresa de la ONG.
Conforme lo establecido en el artículo 30 del Decreto Ejecutivo Nro. 193, de 23 de octubre de 2017: «Si la ONG Extranjera no cumpliere con las disposiciones de esta sección, así como con lo establecido en el Convenio básico de Funcionamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana previo estudio del caso y resolución motivada, dará por terminadas las actividades de la ONG Extranjera en el Ecuador».
Por denuncia motivada por parte de un tercero que, luego de la correspondiente sustanciación de un proceso administrativo, arrojen responsabilidades por parte de la ONG. Sin perjuicio de las acciones penales, civiles y administrativas a cargo de la autoridad competente.

Para constancia, las partes suscriben el presente convenio en la ciudad de Quito D.M., el 08 de noviembre de 2018, en cuatro (4) originales de igual tenor y valor.

Por el Gobierno de la República del Ecuador.

f.) Mauricio Montalvo, Subsecretario de Cooperación Internacional.

Por la ONG.

f.) Christian Martin Sieber, representante legal en Ecuador, Terre Des Hommes – Ayuda a la Infancia en el Mundo -Fundación.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

RAZÓN.- Siento por tal que las cuatro (04) fojas que anteceden, son copias del «CONVENIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL EXTRANJERA TERRE DES HOMMES-AYUDA A LA INFANCIA EN EL MUNDO-FUNDACIÓN». Convenio No. CBF-MREMH-2018-031, del 08 de noviembre de 2018, conforme el siguiente detalle fojas: 1-4, son copias originales, documento que reposan en la SUBSECRETARÍA DE COOPERACIÓN I- LO CERTIFICO.

Quito, D.M. 15 de noviembre de 2018.

f.) Emb. Francisco Augusto Riofrío Maldonado, Director de Gestión Documental y Archivo.

18 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

certificación por parte de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Y MOVILIDAD HUMANA

N° CBF-MREMH-2018-032

CONVENIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR Y LA ORGANIZACIÓN NO

GUBERNAMENTAL EXTRANJERA WORLD

VISION INTERNATIONAL

Comparecen a la suscripción del presente instrumento, por una parte, a nombre del Gobierno de la República del Ecuador, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA, debidamente representado por el Embajador Mauricio Montalvo, Subsecretario de Cooperación Internacional, como se acredita en la Acción de Personal No.02012, de 11 de julio de 2018; y, por otra parte, la Organización No Gubernamental Extranjera (ONG) «World Vision International», persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, constituida al amparo de la legislación de Estados Unidos, debidamente representada en el Ecuador por José Luis Ochoa, en su calidad de Representante legal. Las partes mencionadas acuerdan celebrar el Convenio Básico de Funcionamiento al tenor de las siguientes cláusulas:

ARTÍCULO 1

ANTECEDENTES

Mediante oficio DN-084-2018, la Organización No Gubernamental Extranjera «World Vision International» solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la suscripción de un Convenio Básico de Funcionamiento.
Con Resolución N° 000189, de 08 de noviembre de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, resolvió proceder con la suscripción del Convenio Básico de Funcionamiento con la Organización No Gubernamental Extranjera «World Vision International».

ARTÍCULO 2

OBJETO DEL CONVENIO

Establecer los compromisos de obligatorio cumplimiento entre la Organización No Gubernamental Extranjera «World Vision International» que desarrolla actividades de cooperación internacional no reembolsable, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

ARTÍCULO 3 OBJETO DE LA ORGANIZACIÓN

3.1 De conformidad con sus estatutos, la ONG tiene como fines:

«Esta Corporación está organizada exclusivamente para fines que son tanto religiosos como caritativos, a saber, ser testigos de Jesucristo con la vida, la acción, la palabra y el signo, al brindar un servicio cristiano integral alrededor del mundo entre los pobres sin importar la raza, el color, el credo o el sexo «..

3.2 En tal virtud, la Organización No Gubernamental «World Vision International», se compromete a desarrollar sus objetivos mediante programas de cooperación técnica y económica no reembolsable, de conformidad con las necesidades de los diferentes sectores a los que atiende, en el marco de las prioridades de las políticas de desarrollo del Estado ecuatoriano.

ARTÍCULO 4

PROGRAMAS, PROYECTOS

Y ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

Asistencia social para proyectos cuya finalidad sea:

– Contribuir al desarrollo de potencialidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

– Aportar al fortalecimiento de habilidades y capacidades de poblaciones en situación de vulnerabilidad y en riesgo por emergencias.

– Colaborar en el fortalecimiento de capacidades de actores locales para la protección y actoría social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

4.2 Los programas, proyectos y actividades de cooperación internacional no reembolsable se desarrollarán a través de una o varias de las siguientes modalidades:

Programas de investigación, asesoramiento y fortalecimiento institucional con entidades ejecutoras ecuatorianas;
Formación de talento humano ecuatoriano, a través de la cooperación técnica, organización y dirección de cursos, seminarios y conferencias a realizarse en el Ecuador y/o en el exterior.
Dotación, con carácter no reembolsable, de equipos laboratorios y, en general, bienes fungibles y no fungibles, necesarios para la realización de proyectos específicos.

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 19

d) Intercambio de conocimientos e información técnica, económica, social y científica con entidades ecuatorianas.

ARTÍCULO 5

OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN

La Organización deberá:

a. Ejecutar programas y proyectos dentro de los ámbitos de intervención contemplados en este Convenio.

c. Coordinar sus labores con el sector público y privado, a nivel nacional o local, según corresponda.

e. Mantener los montos de cooperación necesarios para asegurar la ejecución de los programas y proyectos planificados.

g. En caso de que la Organización recibiere fondos adicionales a la planificación aprobada, deberá presentar los certificados sobre la licitud del origen de dichos fondos, según corresponda.

q. Promover la contratación prioritaria de personal ecuatoriano para la coordinación y ejecución de los programas, proyectos y actividades previstas en el presente convenio.

r. Responder ante las autoridades por las obligaciones que contraiga la organización, así como por el cumplimiento de los contratos derivados del ejercicio de sus actividades en el país.

20 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

x. Cumplir con lo determinado en el artículo 307 de la Constitución de la República del Ecuador, referido a contratos con personas naturales y jurídicas extranjeras con el Estado.

ARTÍCULO 6

OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD

HUMANA

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se compromete a:

Publicar en su página electrónica institucional la información inherente a la Organización y a sus programas, proyectos y actividades.
Registrar a la Organización en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas – SUIOS.
Realizar el seguimiento correspondiente de las actividades autorizadas para el funcionamiento de la Organización en el país.

ARTÍCULO 7

PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN

El personal extranjero de la Organización, bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios, que deba actuar en los programas y proyectos de cooperación derivados de este Convenio, desempeñará sus labores exclusivamente dentro de las actividades previstas en el plan de trabajo plurianual de la organización de acuerdo a la legislación ecuatoriana, y a lo que le habilita su estatus migratorio.
La Organización es responsable de que su personal extranjero bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios, se encuentre de manera legal en el país de conformidad con lo establecido en este instrumento y en las disposiciones legales de extranjería y migración. La visa deberá ser acorde a las actividades que desarrolle dentro de la organización.
El personal extranjero de la Organización, de conformidad con este Convenio y la normativa nacional vigente, podrá obtener la visa que corresponda, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para la misma.
La organización se compromete a notificar al MREMH la finalización anticipada de las actividades del personal extranjero bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios
La Organización se compromete a que su personal desempeñe sus labores conforme al ordenamiento jurídico del Ecuador.
La Organización deberá asumir todos los gastos relacionados con el traslado, retorno, instalación, manutención y seguros pertinentes del personal extranjero bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios.
En caso de fallecimiento de algún miembro del personal extranjero bajo cualquier modalidad contractual, incluido voluntarios, la Organización deberá asumir la repatriación al país de origen.

ARTÍCULO 8

PROHIBICIONES

Conforme lo establece el artículo 28 del Decreto Ejecutivo 193, de 23 de octubre de 2017, se prohíbe a la ONG realizar actividades diferentes o incompatibles con su naturaleza y, su personal autorizado para trabajar en el país, no podrá realizar actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, así como cualquier otra actividad que no le sea permitida de acuerdo a su categoría migratoria.
Se la prohíbe, además, la compra de tierras de áreas naturales protegidas, así como otorgar recursos a personas naturales o entidades privadas para

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 21

la adquisición de terrenos en dichas áreas, de conformidad con lo previsto en el artículo 405 de la Constitución de la República del Ecuador.

8.3 En caso de que uno o más miembros del personal de la Organización en el Ecuador incumplan cualquiera de las obligaciones o incurran en alguna de las prohibiciones establecidas en el presente Convenio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, procederá a la terminación del convenio según la normativa vigente.

ARTÍCULO 9

INFORMACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA

El o la representante legal de la Organización en el Ecuador presentará durante el primer trimestre de cada año, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana lo siguiente: un plan operativo anual para el año en curso; ficha de registro de programas y proyectos ejecutados durante el año pasado; reporte de grado de ejecución de esos programas y proyectos; ficha de voluntarios, expertos y personal que haya colaborado con la organización el año anterior; informes de evaluación de los programas y proyectos; e, informes de auditoría externa de sus actividades en el Ecuador, según lo establecido en la propuesta de evaluación y auditoría presentadas por la organización y aprobadas por el MREMH, previo a la suscripción del presente instrumento.
El goce de los beneficios para la Organización establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y en la Ley de Régimen Tributario Interno estará condicionado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Convenio y a las normas de la legislación ecuatoriana.

ARTÍCULO 10

ACTIVIDADES AUTORIZADAS

La Organización No Gubernamental está autorizada para:

b. Celebrar actos, contratos y convenios encaminados al cumplimiento de sus objetivos, los que no podrán perseguir fines de lucro.

c. Todas las demás actividades permitidas por la Ley.

ARTÍCULO 11

RÉGIMEN TRIBUTARIO

11.1 La Organización deberá cumplir con todas las obligaciones tributarias y deberes formales de conformidad con la normativa tributaria vigente del Ecuador.

ARTÍCULO 12

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Toda controversia o diferencia relativa a este Convenio, a su ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado; en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se someten a la Jurisdicción Ordinaria.

ARTÍCULO 13

NOTIFICACIONES

13.1 Para efectos de comunicación o notificaciones las partes señalan como su dirección las siguientes:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y

MOVILIDAD HUMANA

Dirección: Jerónimo Carrión El-76 y Av. 10 de Agosto

Teléfono: (02) 299-3200

Correo electrónico: [email protected]

Página Web: www.cancilleria.gob.ec

WORLD VISION INTERNATIONAL

Dirección: Av. Gaspar de Villaroel E3-62 entre Jorge Drom

y Londres (Quito)

Teléfono: (02) 225 3475

Correo electrónico: [email protected]

Página Web: www.worldvision.org.ec

13.2 Las comunicaciones que oficialmente dirija la Organización se identificarán exclusivamente con la denominación: «World Vision International«, y deberán ser suscritas por su representante legal o apoderado en el Ecuador.

ARTÍCULO 14

VIGENCIA

El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro (4) años y será válido a partir de la fecha de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
No existirá renovación automática del Convenio. El presente convenio, por una sola ocasión, podrá

22 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

prorrogarse máximo por un año a través de la firma de un adendum, con aprobación expresa de las partes y bajo el procedimiento establecido para el efecto.

ARTÍCULO 15

TERMINACIÓN DEL CONVENIO

El presente Convenio terminará en los siguientes casos:

Por vencimiento de plazo estipulado en este CONVENIO.
Por solicitud expresa de la ONG.
Conforme lo establecido en el artículo 30 del Decreto Ejecutivo Nro. 193, de 23 de octubre de 2017: «Si la ONG Extranjera no cumpliere con las disposiciones de esta sección, así como con lo establecido en el Convenio básico de Funcionamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana previo estudio del caso y resolución motivada, dará por terminadas las actividades de la ONG Extranjera en el Ecuador».
Por denuncia motivada por parte de un tercero que, luego de la correspondiente sustanciación de un proceso administrativo, arrojen responsabilidades por parte de la ONG. Sin perjuicio de las acciones penales, civiles y administrativas a cargo de la autoridad competente.

Para constancia, las partes suscriben el presente convenio en la ciudad de Quito D.M., el 09 de noviembre de 2018, en cuatro (4) originales de igual tenor y valor.

Por el Gobierno de la República del Ecuador.

f.) Mauricio Montalvo, Subsecretario de Cooperación Internacional.

Por la ONG.

f.) José Luis Ochoa, Representante legal en Ecuador World Vision International.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

RAZÓN.- Siento por tal que las cuatro (04) fojas que anteceden, son copias del «CONVENIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL EXTRANJERA WORD VISIÓN INTERNATIONAL». Convenio No. CBF-MREMH-2018-032, del 09 de noviembre de 2018, conforme el siguiente detalle fojas: 1-4, son copias originales, documento que reposan en la SUBSECRETARÍA DE COOPERACIÓN I- LO CERTIFICO.

Quito, D.M. 15 de noviembre de 2018.

f.) Emb. Francisco Augusto Riofrío Maldonado, Director de Gestión Documental y Archivo.

OBSERVACIÓN: Esta Dirección de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no se responsabiliza por el estado y la veracidad de los documentos presentados para la certificación por parte de la Dirección que los custodia, y que puedan inducir a equivocación o error, así como tampoco por el uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

No. ARCOTEL-2018-0995

LA AGENCIA DE REGULACIÓN

Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES

Considerando:

Que, el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: «Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: (…) 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación”.

Que, el artículo 52 Constitución de la República del Ecuador menciona que: «Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor».

Que, la Norma suprema en su artículo 66 numeral 21 reconoce y garantiza a las personas entre otros: «El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. «.

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.

Que, la Constitución de la República en su artículo 227 prescribe que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 23

Que, la Constitución de la República en su artículo pertinente manda: «Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley.- El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación. «.

Que, la Norma Suprema dispone: «Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. «

Que, con la promulgación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones publicada en el Registro Oficial No. 439 del 18 de febrero de 2015, se creó la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, como la entidad pública para que a nombre del Estado sea la encargada de la administración, regulación y control de los servicios de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico.

Que, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece como obligaciones de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, entre otras lo siguiente: «Son deberes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, con independencia del título habilitante del cual se derive tal carácter, los siguientes:

1. Garantizar el acceso igualitario y no discriminatorio a cualquier persona que requiera sus servicios.

2. Prestar el servicio de forma obligatoria, general, uniforme, eficiente, continua, regular, accesible y responsable, cumpliendo las regulaciones que dicte la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y lo establecido en los títulos habilitantes. (…)

24. Contar con planes de contingencia, para ejecutarlos en casos de desastres naturales o conmoción interna para garantizar la continuidad del servicio de acuerdo con las regulaciones respectivas. Asimismo, cumplirá con los servicios requeridos en casos de emergencia, tales como llamadas gratuitas, provisión de servicios auxiliares para Seguridad pública y del Estado y cualquier otro servicio que determine la autoridad competente de conformidad con la Ley. (…) «

Que, el artículo 86 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece lo siguiente: «Artículo 86.- Obligatoriedad. Los equipos terminales de telecomunicaciones que utilicen espectro radioeléctrico y se

conecten a redes públicas de telecomunicaciones deberán contar con la homologación y certificación, realizadas de conformidad con las normas aplicables, a fin de prevenir daños a las redes, evitar la afectación de los servicios de telecomunicaciones, evitar la generación de interferencias perjudiciales y, garantizar los derechos de los usuarios y prestadores (…)».

Que, el numeral 1 del artículo 87 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones prohíbe «El uso y comercialización de equipos terminales que utilicen espectro radioeléctrico, que puedan impedir o interrumpir la prestación de los servicios, degradar su calidad, causar daños a usuarios o redes, generar interferencias perjudiciales o que de cualquier forma afecten la prestación de los servicios o los derechos de los usuarios. (…) «.

Que, de acuerdo con lo señalado en el numeral 1 de la letra a del artículo 117 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la comercialización o la utilización de equipos terminales que no hayan sido homologados o no cumplan con las condiciones técnicas autorizadas, corresponde a una infracción de primera clase, para personas naturales o jurídicas no poseedoras de títulos habilitantes comprendido en el ámbito de dicha Ley.

Que, de acuerdo con lo señalado en el numeral 2 del literal a del artículo 118 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, causar interferencias perjudiciales corresponde a una infracción de segunda clase, para personas naturales o jurídicas no poseedoras de títulos habilitantes comprendido en el ámbito de dicha Ley.

Que, el artículo 142 de la LOT, crea la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones -ARCOTEL, como la entidad encargada de la administración, regulación y control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes.

Que, En el ámbito de gestión de la ARCOTEL, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece que la misma contará con un Directorio y un Director/a Ejecutivo/a, a quienes ha otorgado atribuciones diferentes y expresas; para el caso del Directorio, las atribuciones se encuentran establecidas en el artículo 148, en cuyo numeral 4, se le faculta a: «Aprobar la normativa para la prestación de cada uno de los servicios de telecomunicaciones, en los que se incluirán los aspectos técnicos, económicos, de acceso y legales, así como los requisitos, contenido, términos, condiciones y plazos de los títulos habilitantes y cualquier otro aspecto necesario para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley. «.

Que, el Artículo 42 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones determina que «La ARCOTEL será responsable de la administración, regulación y control del espectro radioeléctrico, planificando el uso del mismo para los servicios del régimen general de telecomunicaciones, considerando lo establecido en la Constitución de la República, la Ley, el presente

24 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

Reglamento General y las decisiones y recomendaciones de los organismos internacionales competentes en materia de radiocomunicación. La ARCOTEL establecerá la atribución del espectro de conformidad con las recomendaciones, planes o reglamentos de la UIT, así como su uso a través del Plan Nacional de Frecuencias y de las regulaciones que emita para el efecto.”

Que, con Resolución 133-05-CONATEL-2007 del 22 de febrero de 2007 se prohíbe la utilización y comercialización de equipos inhibidores de señal en todo el territorio ecuatoriano, salvo casos excepcionales autorizados por el ex-CONATEL, previo el respectivo informe técnico y legal elaborado por la ex Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

Que, con Resolución 001-TEL-C-CONATEL-2011 del 10 de enero del 2011 se permite la instalación y operación de antenas inhibidoras de señal telefónica celular en los Centros de Rehabilitación Social, así como en las agencias o locales de las entidades públicas y privadas del Sistema Financiero Nacional.

Que, con Resolución-TEL-307-13-CONATEL-2013 del 28 de mayo del 2013, se autoriza al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la instalación y operación de equipos que inhiban las señales de cualquier sistema de radiocomunicaciones dentro del área de los Centros de Rehabilitación Social del país, ampliando la autorización inicial que solamente aplicaba a la señal de telefonía celular.

Que, con Oficio Nro. MTNTEL-STTIC-2017-0255-O de 20 de noviembre de 2017, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio Rector del sector, remite el «Informe de recomendaciones para la actualización de las resoluciones relacionadas con los inhibidores de señal», del cual se resumen las siguientes recomendaciones:

Derogar las resoluciones que autorizan el uso de inhibidores en entidades financieras y que se revierta la autorización de operación de los equipos inhibidores que se encuentran operando.
Se recomienda el uso de inhibidores en centros de rehabilitación social y en aquellas instalaciones gubernamentales en las cuales se maneje información de carácter sensible o confidencial que pueda tener impacto sobre la seguridad pública o nacional.
Que se haga uso de alternativas tecnológicas y no tecnológicas que permitan mejorar la seguridad en los diferentes sitios, sin coartar el derecho de los ciudadanos a utilizar servicios de telecomunicaciones en situaciones de emergencia.

Que, con Memorando No. ARCOTEL-CJUR-2017-075 9-M del 7 de diciembre de 2017, se emite el Criterio Jurídico No. ARCOTEL-CJDA-2017-150 de la misma fecha, relacionado con la legalidad y observaciones del Proyecto de resolución sobre la Operación de Equipos Inhibidores de señal del SMA, en el que se concluye: «…

corresponde a la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL emitir la Resolución pertinente, sin necesidad de someter a consultas públicas … es procedente emitir la Resolución pertinente que prohíbe la utilización de equipos inhibidores de señal en todo el territorio ecuatoriano, salvo los casos autorizados expresamente por la ARCOTEL… La mencionada propuesta normativa debe ser conocida y resuelta por el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en función de la propuesta técnica emitida por la Coordinación Técnica de Regulación de la ARCOTEL.»

Que, el 26 de diciembre de 2017, se emite la Resolución ARCOTEL-2017-1279, publicada en el Registro Oficial No. 185 del 21 de febrero de 2018, sobre la operación de equipos inhibidores de señal del SMA. En su Artículo 3 se prohíbe la utilización de equipos inhibidores de señal del SMA en todo el territorio ecuatoriano para entidades del sistema financiero nacional, disponiendo su desinstalación inmediata y comunicando a la ARCOTEL de dicha acción. Adicionalmente, en su Artículo 5 se permite de manera excepcional el uso de equipos inhibidores de señal en aquellas instituciones gubernamentales en las cuales se maneje información de carácter sensible o confidencial que pueda tener impacto sobre la seguridad pública o nacional, previo cumplimiento de los procedimientos que para el efecto emita la ARCOTEL.

Que, a través de Oficio Nro. SB-IG-2018-0019-O del 21 de febrero de 2018, ingresado a la ARCOTEL con trámite Nro. ARCOTEL-DEDA-2018-004381-E del 21 de febrero de 2018, la Superintendencia de Bancos presenta observaciones al Artículo 3 de la Resolución ARCOTEL-2017-1279 del 26 de diciembre de 2017, sugiere suspender su aplicación y solicitar a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidario, remitir a la ARCOTEL un informe de evaluación integral sobre la pertinencia de mantener el uso de equipos inhibidores de señal del SMA.

Que, mediante Oficio Nro. DINARDAP-DINARDAP-2018-0106-OF del 22 de febrero de 2018, la DINARDAP presenta observaciones al Artículo 5 de la Resolución ARCOTEL-2017-1279 del 26 de diciembre de 2017, en el cual recomienda analizar el alcance de los términos: «información de carácter sensible y confidencial», con las definiciones reservada, secreta y secretísima, que establece el artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, en concordancia con el artículo 28 de su Reglamento.

Que, el 15 de marzo de 2018 se emite la Resolución ARCOTEL-2018-0254, publicada en el Registro Oficial No. 222 del 16 de abril de 2018, en la cual sus artículos 2 y 3 establece lo siguiente:

«Artículo 2.- Suspender la aplicación del Artículo 3 de la Resolución ARCOTEL-2017-1279 del 26 de diciembre del 2017. Solicitar a la Superintendencia de Bancos y Seguros, que en período de 6 meses calendario, contados a partir de la publicación de la presente resolución en el Registro Oficial, remita a la ARCOTEL el «Informe de evaluación integral sobre la pertinencia de mantener el uso de equipos inhibidores de señal del SMA en las Entidades

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 25

del Sistema Financiero Nacional». Dicha suspensión durará hasta que, en un término de 20 días posteriores a la presentación del informe solicitado, la ARCOTEL resuelva lo correspondiente.

Artículo 3.- Reemplazar el texto del Artículo 5 de la Resolución ARCOTEL-2017-1279 del 26 de diciembre de 2017, por el siguiente: Permitir de manera excepcional el uso de equipos inhibidores de señal en aquellas instituciones gubernamentales encargadas por Ley de la seguridad pública o nacional, previo cumplimiento de los procedimientos que para el efecto emita la ARCOTEL para la solicitud, aprobación e instalación de inhibidores de señal, particularmente, a través de la aprobación de un adecuado estudio de ingeniería y protocolos de pruebas para su instalación, con obligación de no generar interferencias en el exterior de dichas instituciones. «

Que, con Oficio Nro. SB-IG-2018-0090-O del 16 de octubre de 2018, ingresado en la ARCOTEL con trámite Nro. ARCOTEL-DEDA-2018-018012-E de la misma fecha, la Superintendencia de Bancos remite el «Informe de Evaluación Integral sobre la Pertinencia de Mantener el Uso de Equipos Inhibidores de Señal del SALA en las Entidades del Sistema Bancario Nacional”.

Que, la Superintendencia de Bancos, en el «Informe de Evaluación Integral sobre la Pertinencia de Mantener el Uso de Equipos Inhibidores de Señal del SMA en las Entidades del Sistema Bancario Nacional”, considera procedente eliminar la suspensión de la aplicación del artículo 3 de la Resolución ARCOTEL-2017-1279 del 26 de diciembre de 2017, que se dio mediante el artículo 2 de la Resolución ARCOTEL-2018-0254 del 13 de marzo de 2018, en cuyo caso reformará el artículo 40, sección VIII, capítulo I, título III, libro I de la Codificación de normas de la Superintendencia de Bancos.

Que, mediante Memorando Nro. ARCOTEL-CREG-2018-0502-M del 09 de noviembre de 2018, la Coordinación Técnica de Regulación remitió al Director Ejecutivo de la ARCOTEL, para su conocimiento y aprobación, el documento «ANÁLISIS DEL INFORME: EVALUACIÓN INTEGRAL SOBRE LA PERTINENCIA DE MANTENER EL USO DE EQUIPOS INHIBIDORES DE SEÑAL DEL SMA EN ENTIDADES DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL REMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS».

En ejercicio de sus atribuciones,

Resuelve:

Artículo 1.- Avocar conocimiento y acoger en todas sus partes el documento «ANÁLISIS DEL INFORME: EVALUACIÓN INTEGRAL SOBRE LA PERTINENCIA DE MANTENER EL USO DE EQUIPOS INHIBIDORES DE SEÑAL DEL SMA EN ENTIDADES DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL SISTEMA BANCARIO NACIONAL REMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS «, presentado por la Coordinación Técnica de Regulación mediante Memorando Nro. ARCOTEL-CREG-2018-0502-M del 09 de noviembre de 2018.

Artículo 2.- Derogar las Resoluciones 133-05-CONATEL-2007 del 22 de febrero de 2007, 001-TEL-C-CONATEL-2011 del 10 de enero de 2011, TEL-307-13-CONATEL-2013 del 28 de mayo de 2013, ARCOTEL-2017-1279 del 26 de diciembre de 2017 y ARCOTEL-2018-0254 del 15 de marzo de 2018.

Artículo 3.- Prohibir la instalación y uso de equipos inhibidores de señal en todo el territorio ecuatoriano, dejar sin efecto todos los certificados de registro emitidos para la operación de equipos inhibidores de señal del SMA para entidades del sistema financiero nacional y archivar los trámites para la obtención de certificados de registro para la operación de equipos inhibidores de señal de entidades del sistema financiero nacional.

Artículo 4.- Solicitar a las Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaría, que en el ámbito de sus competencias, en un período de tres (3) meses, contados a partir de la publicación de esta Resolución en el Registro Oficial, procedan a la modificación de la normativa vigente, eliminando la necesidad de instalar equipos inhibidores de señal en las instituciones del sistema financiero nacional.

Artículo 5.- Disponer que, en un período de tres (3) meses, contados a partir de la publicación de esta Resolución en el Registro Oficial, todas las entidades del sistema financiero nacional procedan a desinstalar físicamente los equipos inhibidores de señal, notificando su cumplimiento a la ARCOTEL en un período no mayor a 30 días calendario. La ARCOTEL procederá a las acciones de control que estime pertinentes en función de asegurar la observancia de esta disposición.

Artículo 6.- Permitir el uso de equipos inhibidores de señal en el interior de los centros de rehabilitación social regional y local, previo cumplimiento de los procedimientos que para el efecto emita la ARCOTEL para la instalación de los inhibidores de señal, particularmente, a través de la aprobación de un adecuado estudio de ingeniería y protocolos de pruebas para su instalación, con la obligación de no generar interferencias en el exterior del centro de rehabilitación social.

Artículo 7.- Permitir de manera excepcional el uso de equipos inhibidores de señal en aquellas instituciones gubernamentales encargadas por Ley de la seguridad pública o nacional, previo cumplimiento de los procedimientos que para el efecto emita la ARCOTEL para la solicitud, aprobación e instalación de inhibidores de señal, particularmente, a través de la aprobación de un adecuado estudio de ingeniería y protocolos de pruebas para su instalación, con obligación de no generar interferencias en el exterior de dichas instituciones.

Articulo 8.- La ARCOTEL, en función de sus responsabilidades, realizará la gestión del trámite para la instalación de inhibidores en las instituciones definidas en los artículos 6 y 7 de esta Resolución, para lo cual, en un período de 90 días calendario, determinará los requisitos y procedimiento para su solicitud y registro, así como los protocolos de pruebas para su instalación, aprobación y control posterior.

26 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

Artículo 9.- Notificar la presente Resolución, a través de la Unidad de Gestión Documental y Archivo, a las Coordinaciones Generales, Direcciones Técnicas, Coordinaciones y Oficinas Zonales de la ARCOTEL, a la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaría, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia, Cultos y Derechos Humanos, así como a los operadores del Servicio Móvil Avanzado.

La presente Resolución es de ejecución inmediata, una vez dada su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de noviembre de 2018.

f.) Ing. Edwin Hernán Almeida Rodríguez, Director Ejecutivo, Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.- Certifico que este documento es copia del que reposa en los archivos de la institución.-6 fojas.-Quito, 16 de noviembre de 2018.-f.) Ilegible.

No. BCE-GG-079-2018

LA GERENTE GENERAL

DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Considerando:

Que el artículo 303 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, cuya organización y funcionamiento será establecido por Ley;

Que el artículo 26 del Código Orgánico Monetario y Financiero preceptúa que: «El Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, parte de la Función Ejecutiva, de duración indefinida, con autonomía administrativa y presupuestaria, cuya organización y funciones están determinadas en la Constitución de la República, este Código, su estatuto, las regulaciones expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y los reglamentos internos. «;

Que el artículo 49, numerales 1 y 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone que el Gerente General del Banco Central del Ecuador tiene como funciones: «1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del Banco Central del Ecuador. / 2. Dirigir, coordinar y supervisar la gestión técnica, operativa y administrativa del Banco Central del Ecuador, para lo cual expedirá los reglamentos internos correspondientes.»;

Que el artículo 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, respecto a la priorización de programas y proyectos de inversión, determina en lo pertinente: «Serán prioritarios los programas y proyectos de inversión que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo incluya

en el plan anual de inversiones del presupuesto general del Estado, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, a la Programación Presupuestaria Cuatrienal y de conformidad con los requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento de este código. / Para las entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado, así como para las universidades y escuelas politécnicas, el otorgamiento de dicha prioridad se realizará de la siguiente manera:

(…) 5. Para el caso de la banca pública, de conformidad con sus respectivos marcos legales; y, en ausencia de disposición expresa, se realizará por parte de cada uno de sus directorios’.»;

Que el artículo 61 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que: «El banco de proyectos es el compendio oficial que contiene los programas y proyectos de inversión presentados a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, a fin de que sean considerados como elegibles para recibir financiamiento público; y, proporciona la información pertinente y territorializada para el seguimiento y evaluación de la inversión pública.

(…) Las entidades que no forman parte del presupuesto general del Estado administrarán sus respectivos bancos de proyectos, de conformidad los procedimientos que establezca su propia normativa»;

Que el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, dispone: «Delegación de competencias.- Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en:

Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes.
Otros órganos o entidades de otras administraciones.
Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en casos de que existan.
Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos.
Sujetos de derecho privado, conforme con la ley de la materia»;

Que el artículo 70 del Código Orgánico ibídem, prescribe: «Contenido de la delegación. La delegación contendrá:

La especificación del delegado.
La especificación del órgano delegante y la atribución para delegar dicha competencia.
Las competencias que son objeto de delegación o los actos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento de las mismas.
El plazo o condición, cuando sean necesarios.
El acto del que conste la delegación expresará además lugar, fecha y número.

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 27

6. Las decisiones que pueden adoptarse por delegación.

La delegación de competencias y su revocación se publicarán por el órgano delegante, a través de los medios de difusión institucional.»;

Que el numeral 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: «Delegación.- Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado. /Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública. / La resolución que la máxima autoridad emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos y determinará el contenido y alcance de la delegación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, de ser el caso. Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable. /En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la material;

Que con Resolución No. 386-2017-G de 1 de junio de 2017, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera designó a la economista Verónica Artola Jarrín como Gerente General del Banco Central del Ecuador;

Que con fecha 20 de noviembre de 2017, mediante el Sistema de Gestión Documental Quipux, la economista Verónica Artola Jarrín, Gerente General del Banco Central del Ecuador autorizó el memorando Nro. BCE-SGPRO-2017-0257-M de 17 de noviembre de 2017, aprobando el Proyecto del Cambio de Año Base (CAB) de las Cuentas Nacionales;

Que en la Ficha de Datos Generales del Proyecto ‘Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales’ del Banco Central del Ecuador, consta que el área ejecutora es la Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica, acorde con lo señalado en el Informe de Pre-factibilidad;

Que a través de Resolución No. 433-2017-G de 29 de diciembre de 2017, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, resolvió expedir la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Banco Central del Ecuador;

Que mediante Resolución Administrativa No. BCE-GG-045-2018 de 05 de febrero de 2018, la Gerente General del Banco Central del Ecuador expidió la Codificación de Resoluciones del Régimen de Delegaciones del Banco Central del Ecuador, la cual, fue reformada con Resolución Administrativa No. BCE-GG-070-2018 de 31 de mayo de 2018; y,

En ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias,

Resuelve:

«Delegar funciones y responsabilidades al líder del Proyecto ‘Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales’ del Banco Central del Ecuador».

Artículo 1.- Deléguese como Líder del Proyecto ‘Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales’, al Director Nacional de Síntesis Macroeconómica, quien tendrá las siguientes responsabilidades:

Coordinar técnica, administrativa y financieramente el Proyecto ‘Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales’.
Garantizar la adecuada ejecución y cumplimiento administrativo del Proyecto ‘Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales’, en el que se efectuarán contrataciones, convenios interinstitucionales, asignación de tareas, entre otras acciones relacionadas con el desarrollo del proyecto.
Supervisar el desarrollo técnico del Proyecto Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales, en sus aspectos metodológicos, cronogramas de trabajo, cumplimiento de hitos y componentes; y, asistencia técnica nacional e internacional.
Coordinar la programación y ejecución del presupuesto anual del Proyecto Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales y todas las actividades inherentes a la asignación de recursos.
Coordinar acciones y gestiones con las diferentes áreas del Banco Central del Ecuador para el cumplimiento oportuno de los componentes del Proyecto Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales.
Suscribir convenios internacionales que permitan la ejecución de alianzas estratégicas para fortalecer el desarrollo técnico, metodológico y las capacidades del capital humano del Proyecto Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales.
Motivar reuniones de trabajo entre las áreas internas del Banco Central del Ecuador y otras instituciones públicas y privadas, gremios, universidades y actores claves para la ejecución de acciones que faciliten la consecución de los objetivos del Proyecto Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales.
Gestionar la solicitud de información de base a instituciones públicas y privadas, gremios, empresas, universidades y demás actores, a fin de incluir la nueva realidad de la estructura productiva del país y garantizar su incorporación en los resultados del Proyecto Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales.
Coordinar el levantamiento de la información estadística esencial para elaborar y construir los resultados requeridos del Proyecto Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales, mediante procesos de contratación pública y convenios de acuerdo a la legislación nacional.
Comunicar a las autoridades del Banco Central del Ecuador los avances y el cumplimiento de los hitos y componentes del Proyecto Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales, de acuerdo a la planificación.

28 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

Generar oportunamente alertas que faciliten a las autoridades del Banco Central del Ecuador, tomar decisiones preventivas y correctivas para la consecución de los objetivos del Proyecto Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales.
Realizar gestiones internas y externas que correspondan a fin de mitigar los riesgos identificados en el Proyecto Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales.

Artículo 2.- Ordenador de Gasto: El Líder del Proyecto Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales tendrá el rol de ordenador de gasto, y será el responsable de:

Autorizar el gasto y solicitar el pago una vez recibidos las obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, en el ámbito de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sobre la base del informe y documentación de respaldo remitida por el administrador del contrato;
Autorizar el gasto y solicitar el pago de erogaciones operativas y administrativas que incurran en el proyecto, tales como: viáticos, y remuneraciones;
Autorizar el gasto y solicitar el pago de erogaciones técnicas vía convenios interinstitucionales, y ;
Autorizar otros gastos relacionados directamente con el proyecto.

El Ordenador de Gasto referido en la presente Resolución, actuará con eficacia, eficiencia y calidad, debiendo observar estrictamente las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y administrativas vigentes; caso contrario, responderá por sus acciones u omisiones de conformidad con la Ley.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Coordinación General Jurídica y la Coordinación General Administrativa Financiera brindarán la colaboración al Proyecto Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones de la presente delegación.

SEGUNDA.- Encárguese la publicación de la presente Resolución, en el Registro Oficial, a la Directora de Gestión Documental y Archivo.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE.- Dada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 26 de septiembre de 2018.

f.) Econ. Verónica Artola Jarrín, Gerente General del Banco Central del Ecuador

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Certifico es fiel copia de los documentos que reposan en el archivo central de la institución.- A: 5 fojas.- Fecha: 06 de noviembre de 2018. – f) Dra. María del Cisne López Cabrera, Directora de Gestión Documental y Archivo.

RPC-SE-09-No. 039-2018

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Considerando:

Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «El Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de educación y Plan Nacional de Desarrollo (…)»;

Que, el artículo 352 de la Carta Fundamental, dispone: «El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados»;

Que, el artículo 353 de la Norma Suprema, establece: «El sistema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la función ejecutiva (…)»;

Que, el artículo 355 de la Carta Magna, indica: «El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución»;

Que, el artículo 356 de la Norma Constitucional, manifiesta: «La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel (…)»;

Que, el artículo 357 de la Carta Suprema, prescribe: «El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley. La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos que involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares»;

Que, la Disposición Transitoria Décima Octava de la Norma Fundamental, preceptúa: «Hasta la aprobación del Presupuesto General del Estado del año siguiente a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Estado compensará a las universidades y escuelas politécnicas por el monto que dejarán de percibir por concepto de cobro de aranceles, matrículas y derechos que hagan referencia a la escolaridad de las estudiantes y los estudiantes. A partir de ese momento, este financiamiento constará en el presupuesto General del Estado. Solamente, previa evaluación, las universidades particulares que reciban asignaciones y rentas del Estado, de acuerdo con la ley, podrán continuar percibiéndolas en el futuro (…)»;

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina: «El Estado reconoce a

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 29

las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas. Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas»;

Que, el artículo 20, literal b) de la LOES, preceptúa: «En ejercicio de la autonomía responsable, el patrimonio y financiamiento de las instituciones del sistema de educación superior estará constituido por: (…) b) Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO) (…)»;

Que, el artículo 23 de la referida Ley, dispone: «De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador y la presente Ley, el Estado garantiza el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, el que constará obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado que se aprueba cada año»;

Que, el artículo 24 de la Ley ibídem, establece: «Los recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las universidades y escuelas politécnicas públicas y de las particulares que reciben recursos y asignaciones del Estado, que constan en los literales b), d) y e) del artículo 20 de esta ley se distribuirán mediante una fórmula que considere las mejoras institucionales, el desempeño comparado con las evaluaciones de calidad establecidas por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y el aporte al cumplimiento de la política pública e igualdad de oportunidades. La distribución tomará en cuenta el cumplimiento de las funciones sustantivas de la educación superior: docencia, investigación, vinculación con la sociedad y gestión. La fórmula de distribución de recursos para las universidades y escuelas politécnicas públicas y las particulares que reciben recursos y asignaciones del Estado será elaborada por el órgano rector de la política pública de educación superior y aprobada por el Consejo de Educación Superior con base en los criterios e indicadores establecidos en esta Ley y su reglamento. La distribución de los recursos resultante de la aplicación de la fórmula, realizada por el órgano rector de la política pública de educación superior, será aprobada por el Consejo de Educación Superior. Los indicadores de docencia se referirán al menos a la cobertura e incremento de matrícula, la tasa de retención y eficiencia terminal, de las universidades y escuelas politécnicas. Los indicadores de investigación considerarán al menos el impacto y aplicabilidad de las investigaciones a los problemas del país, las publicaciones científicas pertinentes, los registros que otorguen derechos de propiedad intelectual y fundamentalmente las innovaciones generadas que contribuyan a la reducción de la pobreza, promoción de la equidad, incremento de la productividad o al mejoramiento de la estructura productiva del país. Los indicadores de vinculación con la sociedad se referirán a la contribución de las instituciones a la solución de los problemas sociales, ambientales y productivos, con especial atención

en los grupos vulnerables. Los indicadores de gestión administrativa y financiera considerarán fundamentalmente la capacidad de autogeneración de ingresos, la composición de los gastos permanentes y la relación entre el patrimonio institucional y la calidad del gasto. El reglamento a esta ley y la normativa que para el efecto expida el Consejo de Educación Superior, desarrollarán los elementos de cada indicador. Las universidades que operan en el Ecuador bajo acuerdos y convenios internacionales, son consideradas instituciones de educación superior públicas de posgrado y continuarán recibiendo recursos del Estado ecuatoriano previo cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y en todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Los recursos públicos que reciben estas instituciones serán destinados exclusivamente a las funciones sustantivas de la educación superior: docencia, investigación y vinculación con la sociedad y para transferencias directas a estudiantes, en razón de becas totales, parciales y ayudas económicas»;

Que, el artículo 29 de la Ley mencionada, indica: «La distribución de los incrementos del FOPEDEUPO que el Estado asigne en el futuro será determinada por el Consejo de Educación Superior en base a los informes de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación»;

Que, el artículo 166 de la citada Ley, prescribe: «El Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene a su cargo la planificación, regulación y coordinación del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana (…)»;

Que, el artículo 169, literales g), h); y, r) de la Ley ibídem, preceptúa: «Son atribuciones y deberes del Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: (…) g) Expedir la normativa reglamentaria necesaria para el ejercicio de sus competencias y lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo de la Educación Superior. El Reglamento de Régimen Académico establecerá los mecanismos y régimen de excepción que permitan la obtención del grado a los egresados que no hayan podido hacerlo en los periodos ordinarios definidos; h) Aprobar la fórmula de distribución anual de las rentas o asignaciones del Estado a las instituciones de educación superior y de los incrementos si es que los hubiere, las que constarán en el Presupuesto General del Estado, de acuerdo a los lineamientos de la presente Ley (…) r) Las demás atribuciones establecidas en esta ley y las que requiera para el ejercicio de sus funciones en el marco de la Constitución y la Ley»;

Que, el artículo 182 de la Ley mencionada, señala: «La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. Estará dirigida por el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Educación Superior,

30 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

designado por el Presidente de la República. Esta Secretaría Nacional contará con el personal necesario para su funcionamiento»;

Que, el artículo 1 de la Ley que Crea el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO), señala: «Créase el Fondo de Desarrollo Universitario y Politécnico, el mismo que se financiará con los siguientes recursos: (…)»;

Que, a través de Resolución 006-001-2011, de 28 de septiembre de 2011, el Pleno del CES, expidió el Reglamento Interno de este Organismo, reformado por última ocasión a través de Resolución RPC-SO-29-No.559-2017, de 16 de agosto de 2017;

Que, el artículo 52 del referido Reglamento, indica: «Corresponde a los miembros del CES la iniciativa para proponer proyectos de los reglamentos que, de acuerdo a la Ley debe aprobar el mismo, así como proyectos de reformas a los vigentes»;

Que, mediante Resolución RPC-SE-04-No.021-2013, de 29 de abril de 2013, el Pleno del CES expidió el Reglamento de Aplicación de la Fórmula de Distribución de Recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las Instituciones de Educación Superior, reformado por última ocasión el mediante resolución RPC-SE-10-No.022-2017, de 01 de noviembre de 2017;

Que, a través de Resolución RPC-SO-35-No.604-2018, de 26 de septiembre de 2018, el Pleno del CES, resolvió: «Artículo 1.- Conformar una Comisión Ocasional integrada por: el doctor Germán Rojas Idrovo, Consejero Académico del CES, quien la presidirá, la doctora Carmita Álvarez Santana Consejera Académica del CES; y la Consejera delegada de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para que elabore el proyecto de reforma al Reglamento de aplicación de la fórmula de distribución de recursos. Se designa como delegado alterno al doctor Enrique Santos Jara Consejero Académico del CES. Artículo 2.- El proyecto de reforma deberá ser presentado para el conocimiento y resolución del Pleno del Consejo de Educación Superior»;

Que, la Comisión Ocasional conformada mediante Resolución RPC-SO-35-No.604-2018, de 26 de septiembre de 2018, en su Primera Sesión Ordinaria desarrollada el 01 de octubre de 2018, mediante Acuerdo CES-CORAFDR-SO.01 -No.01 -2018, convino: «Presentar para consideración del Pleno del CES en primer debate, la propuesta del Reglamento de Aplicación de la Fórmula de Distribución de Recursos, elaborada por la SENESCYT (…)»;

Que, a través de Resolución RPC-SO-36-No.618-2018, de 03 de octubre de 2018, el Pleno del CES, resolvió conocer en primer debate la propuesta de Reglamento de Distribución de Recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las Universidades y Escuelas Politécnicas y su correspondiente Fórmula, presentado por la Comisión Ocasional conformada mediante Resolución RPC-SO-35-No.604-2018, de 26 de septiembre de 2018 y elaborado por la SENESCYT;

Que, la Comisión Ocasional conformada mediante Resolución RPC-SO-35-No.604-2018, de 26 de septiembre de 2018, en su Cuarta Sesión Extraordinaria desarrollada el

16 de octubre de 2018, mediante Acuerdo CES-CORAFDR- SE.04-No.06-2018, convino: «Solicitar a la Presidencia del CES se convoque a una sesión extraordinaria del Pleno de este organismo el día miércoles 17 de octubre de 2018, a fin de que se considere, en segundo debate, la propuesta del Reglamento de Aplicación de la Fórmula de Distribución de Recursos junto con el Informe jurídico elaborado por la Coordinación de Normativa»;

Que, mediante Resolución PRES-CES-No.051-2018, de

17 de octubre de 2018, la Presidenta del CES, resolvió: «Artículo 1.- Designar al doctor Germán Rojas Idrovo, Consejero Académico del Consejo de Educación Superior (CES), para que subrogue a la Presidenta de este Organismo en la Novena Sesión Extraordinaria del Pleno de este Consejo de Estado, que se llevará a cabo el día miércoles 17 de octubre de 2018 (…)»;

Que, una vez conocida y analizada la propuesta de normativa presentada por la Comisión Ocasional conformada mediante Resolución RPC-SO-35-No.604-2018, de 26 de septiembre de 2018, la misma que ha sido elaborada por el órgano rector de la política pública de educación superior, se estima pertinente acoger el contenido de la misma; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior,

Resuelve:

Expedir el siguiente:

REGLAMENTO SOBRE LA METODOLOGÍA

DE LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE

LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE

LOS RECURSOS DESTINADOS ANUALMENTE

POR PARTE DEL ESTADO A FAVOR DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS

CAPÍTULO PRELIMINAR

NORMAS GENERALES

Artículo 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la metodología de elaboración y aplicación de la fórmula para la distribución de los recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las universidades y escuelas politécnicas.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- El presente Reglamento es de aplicación obligatoria para la distribución de los recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares que, de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y su Reglamento General, reciben rentas y asignaciones del Estado.

Artículo 3.- Sujetos.- Las universidades y escuelas politécnicas que recibirán los recursos cuya distribución se regula en el presente Reglamento, son:

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 31

Universidades y escuelas politécnicas públicas;
Universidades y escuelas politécnicas particulares que conforme a la Constitución y la Ley reciben rentas y asignaciones del Estado; y,
Universidades de posgrado públicas incluidas las que operan en el Ecuador bajo acuerdos y convenios internacionales.

CAPÍTULO I

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SUS USOS

Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES

Y ESCUELAS POLITÉCNICAS

Artículo 4.- Recursos públicos a distribuirse.- Los recursos públicos a distribuirse entre las universidades y escuelas politécnicas, provienen de las siguientes fuentes:

1. Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO), excluyendo lo establecido en el Reglamento General de la LOES.

a. El porcentaje correspondiente al impuesto a la renta señalado en el literal b), del artículo 1 de la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO).

b. El porcentaje correspondiente al impuesto al valor agregado establecido en el literal c), del artículo 1 de la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO).

La totalidad de las asignaciones que correspondan a la compensación por gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.
Las asignaciones que han constado y las que consten en el Presupuesto General del Estado, con los incrementos que manda la Constitución de la República del Ecuador.

Artículo 5.- Recursos no susceptibles de distribución.– No son susceptibles de distribución mediante este Reglamento los recursos asignados a través de programas y proyectos de inversión priorizados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, así como los recursos públicos generados por las universidades y escuelas politécnicas.

Artículo 6.- Uso de los recursos.- Los gastos corrientes de pago de nómina del personal de las universidades y escuelas politécnicas públicas deberán ser financiados con la fuente de ingreso correspondiente al impuesto al valor agregado y al impuesto a la renta.

Los gastos corrientes adicionales con los que cuente cada institución, se financiarán con el monto restante del ingreso del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO) si lo hubiere, o en su defecto con las fuentes de ingreso de compensación por gratuidad y funcionamiento.

Artículo 7.- Participación de las universidades y escuelas politécnicas en la distribución de recursos.– Las universidades y escuelas politécnicas públicas o particulares que reciben rentas y asignaciones del Estado tendrán participación por cada tipo de recurso a distribuirse acorde a lo establecido en el informe elaborado por el órgano rector de la política pública de educación superior, conforme el artículo 24 de la LOES y aprobada por el Consejo de Educación Superior (CES), con los siguientes elementos:

1. En el caso de las universidades y escuelas politécnicas nacionales públicas que oferten carreras de tercer nivel, la distribución de los recursos señalados en el artículo 4 del presente Reglamento tomará en cuenta lo siguiente:

a. Un porcentaje correspondiente al rubro del impuesto a la renta e impuesto al valor agregado (FOPEDEUPO);

b. El cien por ciento (100%) del rubro destinado por compensación de la gratuidad de educación superior; y,

c. Un porcentaje del rubro correspondiente a las asignaciones que han constado y las que consten en el Presupuesto General del Estado.

2. En el caso de las universidades y escuelas politécnicas públicas que oferten exclusivamente programas de cuarto nivel, incluidas las que operan en Ecuador bajo convenios o acuerdos internacionales; y, universidades y escuelas politécnicas particulares que reciben rentas estatales, la distribución de los recursos señalados en el artículo 4 del presente Reglamento, tomará en cuenta lo siguiente:

a. Un porcentaje correspondiente al rubro del impuesto a la renta e impuesto al valor agregado (FOPEDEUPO); y,

b. Un porcentaje del rubro correspondiente a las asignaciones que han constado y las que consten en el Presupuesto General del Estado.

CAPÍTULO II

DE LOS CRITERIOS, PARÁMETROS

Y METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN

DE RECURSOS

Artículo 8.- Análisis de la información del gasto.- El órgano rector de la política pública será el encargado de analizar la información del gasto histórico realizado por las universidades y escuelas politécnicas públicas. Los datos que se obtuvieren del análisis de la información, serán considerados en la distribución de los recursos.

Artículo 9.- Criterios y parámetros de distribución de los recursos.- Para el desarrollo de la fórmula de distribución de recursos se considerarán los siguientes criterios:

32 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

Calidad y Excelencia académica.- Es el mejoramiento continuo y la construcción sistemática de la cultura colectiva de la calidad en las instituciones de educación superior, mediante la evaluación interna y externa; el establecimiento de estándares de superación basados en el equilibrio de: la docencia, la investigación, la vinculación con la sociedad y la igualdad de oportunidades; a fin de que el sistema de educación superior responda a las necesidades sociales y de desarrollo del país y, a la generación y transferencia de conocimiento a la sociedad.
Eficiencia administrativa y financiera.- Es la capacidad de generar y ejecutar una planificación óptima para el aprovechamiento de los recursos públicos disponibles y que puedan invertirse en la consecución de los fines de la educación superior.
Justicia y Equidad.- Es la aplicación de políticas dentro del Sistema de Educación Superior que garanticen la

igualdad de oportunidades y la inclusión de grupos históricamente excluidos.

d) Pertinencia.- Es la articulación del sistema de educación superior con las necesidades sociales, de desarrollo nacional y local, a través de la adecuada gestión de la investigación y ejecución de políticas académicas hacia la ampliación y diversificación de la oferta, la vinculación con la sociedad y la igualdad de oportunidades.

Los elementos de los indicadores establecidos en el artículo 24 de la LOES, serán desarrollados dentro de los criterios establecidos en este artículo, por el órgano rector de la política pública de educación superior, en el informe para la distribución de recursos del año correspondiente.

Artículo 10.- Fórmula de distribución de recursos.- Para la distribución anual de las rentas o asignaciones del Estado a las universidades y escuelas politécnicas se empleará la siguiente fórmula:

Donde:

A_j_: Asignación de la j-ésima universidad o escuela politécnica;

C_j: Resultado de la evaluación de los indicadores del criterio de calidad y excelencia académica de la j-ésima universidad o escuela politécnica calculado para tercer y cuarto nivel;

JE_j: Resultado de la evaluación de los indicadores del criterio de justicia y equidad de la j-ésima universidad o escuela politécnica calculado para tercer y cuarto nivel;

P_j: Resultado de la evaluación de los indicadores del criterio de pertinencia de la j-ésima universidad o escuela politécnica calculado para tercer y cuarto nivel;

EF_j: Resultado de la evaluación de los indicadores del criterio de eficiencia administrativa y financiera de la j-ésima universidad o escuela politécnica calculado para tercer y cuarto nivel;

I+R: FOPEDEUPO (IVA + Impuesto a la Renta);

∑µ_k: Suma de los valores de µ_k correspondientes a todas las universidades y escuelas politécnicas.

C_jg: Resultado de la evaluación de los indicadores del criterio de calidad y excelencia académica de la j-ésima universidad o escuela politécnica calculado para tercer nivel;

JE_jg: Resultado de la evaluación de los indicadores del criterio de justicia y equidad de la j-ésima universidad o escuela politécnica calculado para tercer nivel;

P_jg: Resultado de la evaluación de los indicadores del criterio de pertinencia de la j-ésima universidad o escuela politécnica calculado para tercer nivel;

EF_jg: Resultado de la evaluación de los indicadores del criterio de eficiencia administrativa y financiera de la j-ésima universidad o escuela politécnica calculado para tercer nivel;

G: Fuente de compensación por gratuidad;

D: Asignaciones correspondientes al literal d) del artículo 20 de la LOES;

µ_j: Mínimo histórico calculado para el funcionamiento de la j-ésima universidad o escuela politécnica;

a: Peso del criterio de calidad y excelencia;

ß: Peso del criterio de justicia y equidad;

S: Peso del criterio de pertinencia;

y: Peso del criterio de eficiencia administrativa y financiera;

t: Peso del criterio de eficiencia administrativa y financiera dentro del modelo para la distribución de los recursos correspondientes al literal d) del artículo 20 de la LOES;

ø Peso del criterio de pertinencia dentro del modelo para la distribución de los recursos correspondientes al literal d del artículo 20 de la LOES;

<x+ ß + S + y= 1

T+ ø = 1

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 33

Esta fórmula se aplicará separadamente para las universidades y escuelas politécnicas de las tres agrupaciones descritas en los literales a), b) y c) del artículo 3 del presente Reglamento.

Para las universidades y escuelas politécnicas que constan en los literales b) y c) del mismo artículo, se aplicará la fórmula tomando el valor cero (0) para los correspondientes

En cada caso los valores a distribuir correspondientes a FOPEDEUPO y las asignaciones correspondientes al literal d) del artículo 20 de la LOES, serán los que correspondan de conformidad con el artículo 7 de este Reglamento.

Artículo 11.- Parámetros de distribución de los recursos.- Para efectos de la aplicación de la fórmula de distribución anual de las rentas o asignaciones del Estado a las universidades y escuelas politécnicas, los valores de los parámetros correspondientes a los criterios serán definidos por el CES con base en el informe para la distribución de recursos del año correspondiente, elaborado por el órgano rector de la política pública de educación superior.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA.- El Consejo de Educación Superior emitirá una resolución con la distribución de recursos aprobada para el año correspondiente con base en el informe para la distribución de recursos elaborado por el órgano rector de la política pública de educación superior.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Para el cálculo de la distribución de recursos del año 2019, el órgano rector de la política pública de educación superior verificará la calidad de los datos de las universidades y escuelas politécnicas, pudiendo utilizar la información de las distribuciones de recursos de años anteriores, con la debida justificación que debe constar en el informe.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Se deroga el Reglamento de Aplicación de la Fórmula de Distribución de Recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las Instituciones de Educación Superior, expedido por el Consejo de Educación Superior mediante Resolución RPC-SE-04-No.021-2013, de 29 de abril de 2013, y todas sus reformas; así como todas las normas y resoluciones que se opongan al presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Consejo de Educación Superior.

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2018, en la Novena Sesión Extraordinaria del Pleno del CES, del año en curso.

f.) Dr. Germán Rojas Idrovo, Presidente Subrogante, Consejo de Educación Superior.

f.) Abg. Andrés Jaramillo Paredes, Secretario General, Consejo de Educación Superior.

RAZÓN: Siento como tal que el Reglamento que antecede, fue publicado en la Gaceta Oficial del Consejo de Educación Superior (CES), el 23 de octubre de 2018.

Quito, 23 de octubre de 2018.

f.) Abg. Andrés Jaramillo Paredes, Secretario General, Consejo de Educación Superior.

CERTIFICACIÓN

RAZÓN: Siento por tal que los doce (12) folios que anteceden corresponden a fiel copia del original.

Los folios descritos se encuentran en los Archivos de la Secretaría General del Consejo de Educación Superior. Quito a, 13 de noviembre de 2018.- LO CERTIFICO.

f) Aracely Estefanía Suárez Estrella, Pro secretaria, Consejo de Educación Superior.

RPC-SO-31-No. 501-2018

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Considerando:

Que, el artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «El sistema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva

(…)»;

Que, el artículo 130 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala: «El Consejo de Educación Superior unificará y armonizará las nomenclaturas de los títulos que expidan las instituciones de educación superior en base a un Reglamento aprobado por el Consejo de Educación Superior.»

Que, el artículo 166 de la LOES, señala: «El Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene a su cargo la planificación, regulación y coordinación del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana (…)»;

Que, el artículo 169, literales g) y r), de la referida ley, determina: «Son atribuciones y deberes del Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: (…) g) Expedir la normativa reglamentaria necesaria para el ejercicio de sus competencias y lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo de la Educación Superior (…); r) Las demás atribuciones establecidas en esta ley y las que requiera para el ejercicio de sus funciones en el marco de la Constitución y la Ley»;

34 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

Que, mediante Resolución 006-001-2011, de 28 de septiembre de 2011, el Pleno del Consejo de Educación Superior expidió el Reglamento Interno de este Organismo, reformado por última ocasión a través de Resolución RPC-SO-29-No.559-2017, de 16 de agosto de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del CES el 21 de agosto de 2017;

Que, el artículo 52 del Reglamento Interno del CES, señala: «Corresponde a los miembros del CES la iniciativa para proponer proyectos de los reglamentos que, de acuerdo a la Ley debe aprobar el mismo, así como proyectos de reformas a los vigentes»;

Que, a través de Resolución RPC-SO-27-No.289-2014, de 16 de julio de 2014, el Pleno del CES expidió el Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador; reformado por última ocasión a través de Resolución RPC-SO-14-NO.198-2018, de 11 de abril de 2018;

Que, la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas politécnicas del CES, en su Vigésima Tercera Sesión Ordinaria, desarrollada el 12 de junio de 2018, mediante Acuerdo ACU-CPUEP-SO-023-No. 126-2018, convino: «Acoger el informe técnico de la propuesta de nueva codificación para carreras de tercer nivel aprobadas por el CES; y, remitirla al Pleno del Consejo de Educación Superior con la propuesta de reforma a los artículos 16 y 17 del reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos y Grados Académicos que confieren las IES, previo informe Jurídico favorito emitido por la Coordinación Normativa»;

Que, mediante memorando CES-CPUE-2018-0208-M, de 13 de junio de 2018, la Presidenta de la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, remite a la Coordinación de Normativa el informe técnico de la propuesta de nueva codificación para carreras de tercer nivel aprobadas por el CES, así como la propuesta de reforma al Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior, a fin de que emita un informe técnico jurídico;

Que, a través de memorando CES-CN-2018-0159-M, de 20 de julio de 2018, la Coordinadora de Normativa del CES, remite a la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas, el «Informe sobre propuesta de reforma a los artículos 16 y 17 del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos y Grados Académicos que confieren las IES», que en su parte pertinente concluye y recomienda: «Una vez realizado el análisis de la propuesta de reforma a los artículo 16 y 17 del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior, se concluye que en la propuesta objeto del presente análisis no se evidencia contradicción con la LOES y la normativa que rige al Sistema de Educación Superior, sin embargo, al considerar aspectos técnicos de carácter académico se recomienda contar con el criterio técnico pertinente»;

Que, la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnica del CES, en su Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, desarrollada el 21 de agosto de 2018, mediante Acuerdo ACU-CPUEP-SO-033-No.l87-2018, convino: «Dar por conocido el informe del equipo técnico de la CPUEP Nro. CPUEP-CA-2018-00158-TNF, sobre el proceso de la propuesta de implementación de una codificación conjunta entre el CES y la SENESCYT, para las carreras y programas presentados por las IES a nivel Nacional; disponer a la Secretaría de la CPUEP la entrega de la propuesta al Pleno del CES y remitir el informe técnico referido a la Comisión Permanente de Postgrados»;

Que, mediante memorando CES-CPUE-2018-0345-M, de 23 de agosto de 2018, la Presidenta de la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, remitió en físico y digital el informe CPUEP-CA-2018-00158-INF, para que sea puesto en conocimiento y consideración del Pleno de CES;

Que, es necesario reformar el Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador a fin de unificar criterios que permitan identificar y manejar de manera oportuna la oferta académica que ha sido aprobada por el CES y registrada por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior,

Resuelve:

Artículo 1.- Acoger el contenido del Informe Técnico Académico presentado por la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del Consejo de Educación Superior, mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Aprobar la propuesta de reforma al Reglamento de Armonización de Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador, modificando en su contenido lo siguiente:

1. Sustitúyase el artículo 16, por el texto siguiente:

«Artículo 16.- Estructura de codificación de los títulos profesionales y grados académicos.- La estructura de codificación de los títulos profesionales y grados académicos otorgados por las instituciones de educación superior se organiza en seis divisiones para el nivel de grado y posgrado, compuestas por:

Código IES;
Nivel de formación, identificada con dos dígitos; comprende tres niveles y corresponde a la clasificación más general de la codificación;

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 35

Campo amplio del conocimiento, comprende diez divisiones y es identificado con dos dígitos;
Campo específico del conocimiento, identificado con un dígito;
Campo detallado del conocimiento, identificado con un dígito; en el caso de las carreras y programas formadas por campos multi e interdisciplinarios se utilizarán dos dígitos, siempre el primer dígito corresponderá al número 8;
Carreras y programas identificados con una letra; en el caso de las especializaciones médicas los programas utilizarán una letra y dos dígitos para su identificación; y
Titulaciones, que corresponde a la clasificación más específica de la nomenclatura se identificarán con dos dígitos.

h) Modalidad de estudios, que corresponde a los modos de gestión de los aprendizajes implementados en determinados ambientes educativos. Identificados por una letra conforme a lo siguiente: Presencial (P), Semipresencial (S), A Distancia (A), En línea (L) y Dual (D).

i) Lugar de ejecución, que corresponde al lugar en donde se impartirá la carrera, en correspondencia con la distribución política administrativa del INEC, que contiene cuatro (4) dígitos».

2. Sustitúyase el artículo 17, por el texto siguiente:

«Artículo 17.- Codificación de los niveles de educación.-Los dígitos de identificación de los niveles serán los siguientes:

Nivel técnico superior.
Nivel tecnológico superior.
65 Grado.

Especialización.
Maestría Investigación.
Maestría Profesional.

84 Doctorado (equivalente a PhD). Ejemplo:

Detalle de codificación

1. Nivel de formación

Campo Amplio
Campo Específico
Campo Detallado
Carrera o programa
Título
Modalidad
Lugar donde se imparte la carrera o programa

La codificación de las carreras y programas se generará de manera automática en la plataforma informática de presentación de proyectos de carreras y programas de las instituciones de educación superior que el CES habilite para el efecto».

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Encargar a la Coordinación de Normativa del Consejo de Educación Superior (CES), la codificación del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador, con la reforma introducida mediante la presente Resolución.

SEGUNDA.- Notificar la presente Resolución y la codificación del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador, a las instituciones de educación superior del país.

TERCERA.- Notificar la presente Resolución y la codificación del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

CUARTA.- Notificar la presente Resolución y la codificación del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

QUINTA. -Notificar la presente Resolución y la codificación del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador a la Asamblea del Sistema de Educación Superior.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial del Consejo de Educación Superior.

36 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2018, en la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Pleno del CES, del año en curso.

f.) Dra. Catalina Vélez Verdugo, Presidenta, Consejo de Educación Superior.

f.) Abg. Andrés Jaramillo Paredes, Secretario General, Consejo de Educación Superior.

CERTIFICACIÓN

RAZÓN: Siento por tal que los seis (06) folios que anteceden corresponden a ñel copia del original.

Los folios descritos se encuentran en el Archivo de la Secretaría General del Consejo de Educación Superior. Quito a, 08 de noviembre de 2018.- LO CERTIFICO.

f) Aracely Estefanía Suárez Estrella, Pro secretaria, Consejo de Educación Superior.

RPC-SO-34-No. 562-2018

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Considerando:

Que, el artículo 166 de la LOES, manifiesta: «El Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene a su cargo la planificación, regulación y coordinación del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana (…)»;

Que, el artículo 169, literales g) y r), de la referida ley, determina: «Son atribuciones y deberes del Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley:(…) g) Expedir la normativa reglamentaria necesaria para el ejercicio de sus competencias y lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo de la Educación Superior (…) r) Las demás atribuciones establecidas en esta

ley y las que requiera para el ejercicio de sus funciones en el marco de la Constitución y la Ley»;

Que, mediante Resolución 006-001-2011, de 28 de septiembre de 2011, el Pleno del Consejo de Educación Superior (CES) expidió el Reglamento Interno de este Organismo, reformado por última ocasión a través de Resolución RPC-SO-29-No.559-2017, de 16 de agosto de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del CES el 21 de agosto de 2017;

Que, el artículo 53 del Reglamento ibídem, preceptúa: «(…) En los asuntos que deban ser tratados en un solo debate, para conocimiento del Pleno, la comisión respectiva formulará previamente su informe en el plazo de hasta 15 días. El Pleno podrá disponer que se suspenda el debate en una sesión determinada, para que el informe vuelva a la comisión y sea ampliado o modificado (…)»;

Que, mediante memorando CES-CPUE-2018-0366-M, de 29 de agosto de 2018, la Presidenta de la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, solicitó a la Coordinación de Planificación Académica de este Consejo de Estado, un informe técnico sobre la justificación presentada por la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo – UEES, acerca de la propuesta de ajuste curricular sustantivo que plantea el cambio de denominación de la carrera de Mercadotecnia;

Que, a través de memorando CES-CPA-2018-0828-M, de 06 de septiembre de 2018, la Coordinadora de Planificación Académica del CES remitió el Informe respecto al ajuste curricular sustantivo presentado por la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo sobre el cambio de denominación de la carrera de mercadotecnia, solicitado por la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas de este Consejo de Estado; mismo que, en su parte pertinente, recomienda: «(…) que se actualice el Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador, e incluir dentro del campo amplio de Administración (04), campo específico de Educación Comercial y Administración (1) y dentro del campo detallado de Mercadotecnia (4) la carrera de Marketing (…)»;

Que, la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, en su Trigésima Sexta Sesión Ordinaria desarrollada el 11 de septiembre de 2018,

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 37

luego de conocer y analizar el informe técnico respecto al ajuste curricular sustantivo presentado por la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo – UEES sobre el cambio de denominación de la carrera de Mercadotecnia, elaborado por la Coordinación de Planificación Académica, mediante Acuerdo ACU-CPUEP-SO-036-No.228-2018, convino: «Dar por conocido el informe técnico respecto al ajuste curricular sustantivo presentado por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, sobre el cambio de denominación de la carrera de Mercadotecnia; y poner en consideración del Pleno del CES, para su aprobación e inclusión dentro del anexo del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior»;

Que, mediante memorando CES-CPUE-2018-0392-M, de 14 de septiembre de 2018, la Presidenta de la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, remitió para conocimiento y aprobación del Pleno de este Organismo, el Informe Técnico CPUEP-CA-2018-0176-INF, sobre los ajustes curriculares sustantivos de la carrera de mercadotecnia notificados por la Universidad

Particular de Especialidades Espíritu Santo – UEES, así como el proyecto de resolución correspondiente;

Que, luego de conocer y analizar la recomendación realizada por la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, se estima pertinente reformar el Anexo del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador, modificando en su contenido el campo detallado, carreras y titulaciones de grado detallado en el Informe Técnico CPUEP-CA-2018-0176-INF; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior,

Resuelve:

Artículo Único.- Reformar en el literal b) del Anexo del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador, sustituyendo el siguiente texto:

«CAMPO AMPLIO

CAMPO ESPECÍFICO

CAMPO DETALLADO

CARRERAS DE GRADO

TITULACIONES DE GRADO

Administración

Educación Comercial y Administración

Mercadotecnia

MERCADOTECNIA

Licenciado/a en Mercadotecnia

Por el descrito a continuación:

«CAMPO AMPLIO

CAMPO ESPECÍFICO

CAMPO DETALLADO

CARRERAS DE GRADO

TITULACIONES DE GRADO

Administración

Educación Comercial y Administración

Mercadotecnia o Marketing

MERCADOTECNIA O MARKETING

Licenciado/a en Mercadotecnia

Licenciado/a en Marketing

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Encargar a la Coordinación de Normativa del Consejo de Educación Superior, la codificación del Anexo del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador, con la reforma introducida mediante la presente Resolución.

SEGUNDA.- Notificar la presente Resolución y el codificado del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador, a las instituciones de educación superior del país.

TERCERA.- Notificar la presente Resolución y el codificado del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

CUARTA.- Notificar la presente Resolución y el codificado del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

QUINTA.- Notificar la presente Resolución y el codificado del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador a la Asamblea del Sistema de Educación Superior.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial del Consejo de Educación Superior.

38 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2018, en la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Pleno del CES, del año en curso.

f.) Dra. Catalina Vélez Verdugo, Presidenta, Consejo de Educación Superior.

f.) Abg. Andrés Jaramillo Paredes, Secretario General, Consejo de Educación Superior.

CERTIFICACIÓN

RAZÓN: Siento por tal que los cuatro (04) folios que anteceden corresponden a fiel copia del original.

Los folios descritos se encuentran en los Archivos de la Secretaría General del Consejo de Educación Superior. Quito a, 08 de noviembre de 2018.- LO CERTIFICO.

f) Aracely Estefanía Suárez Estrella, Pro secretaria, Consejo de Educación Superior.

No. COSEDE-GG-085-2018

LA GERENCIA GENERAL

DE LA CORPORACIÓN DEL SEGURO DE

DEPÓSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO

DE SEGUROS PRIVADOS

Considerando:

Que el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que el artículo 227 de la Carta Suprema, dispone que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que el artículo 79 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece que la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados es una persona jurídica de derecho público, no financiera, con autonomía administrativa y operativa;

Que el penúltimo inciso del artículo 80 del Código ut supra, dispone que la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, para el cumplimiento de sus funciones, podrá realizar todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios;

Que el artículo 87 del Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone que la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, estará dirigida y representada por el Gerente General;

Que el numeral 5 del artículo 91 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que es función del Gerente General dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa de la entidad;

Que los literales a) y e), numeral 1 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado disponen que son obligaciones de las máximas autoridades de las Instituciones del Estado, dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema de control interno; y, dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones;

Que el artículo 35 de la ley de Modernización del Estado, supone que cuando la importancia económica o geográfica de la zona o la conveniencia institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones;

Que el Código Orgánico Administrativo, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 31, de 07 de Julio del 2017, regula en su artículo 1, el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público.

Que el artículo 97 del cuerpo normativo citado señala que las administraciones públicas determinarán en sus instrumentos de organización y funcionamiento, los órganos y servidores públicos con competencia para certificar la fiel correspondencia de las reproducciones que se hagan, sea en físico o digital en audio o vídeo;

Que el Decreto Ejecutivo Nro. 372, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 234, de 04 de mayo de 2018, determina en el artículo 1, como política del Estado la mejora regulatoria y simplificación administrativa y de trámites a fin de asegurar una adecuada gestión gubernamental;

Que por otra parte en la Disposición General Única, del Decreto citado en el párrafo precedente, prohíbe a los órganos de la Administración Pública Central, Institucional y entidades que dependan de la Función Ejecutiva, exigir documentos o certificados que sean producidos o se encuentren a cargo de estas instituciones y, que sirvan para la realización de trámites o gestiones administrativas;

Que en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 372 la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, realizó el levantamiento de los servicios y trámites administrativos de la Institución; y, que fueron levantados de acuerdo a la normativa e instructivos expedidos en el proceso de simplificación de trámites;

Que el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva señala que las

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atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto, que la delegación será publicada en el Registro Oficial;

Que el artículo 56 del Estatuto invocado, determina que salvo autorización expresa no podrán delegarse las competencias que a su vez se ejerzan por delegación;

Que los artículos 57 y 59 del cuerpo estatutario antes citado, señalan que la delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido y se extinguirá, en el caso de asuntos únicos, cuando se haya cumplido el acto cuya expedición o ejecución se delegó; y, que cuando las resoluciones administrativas se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados por la autoridad delegante siendo la responsabilidad del delegado que actúa;

Que el artículo 5 de la Resolución No. COSEDE-GG-086-2017, de fecha 15 de agosto de 2017, determina «Delegar al responsable de Documentación y Archivo o quien haga sus veces la certificación de documentos que se encuentren en los archivos de la Institución.»;

Que mediante Resolución No. COSEDE-DIR-2018-004, de 27 de abril de 2018, el Directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, aprobó el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la institución; en el cual se señala como Gestión Interna de la Coordinación General Administrativa Financiera, a la Gestión de Archivo, y que, operativamente se la conoce como Unidad de Documentación y Archivo responsable del ingreso de trámites externos y manejo documental;

Que mediante Resolución No. COSEDE-DIR-2018-021 de 12 de octubre de 2018, el Directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados designó al Ing. Luis Antonio Velasco Berrezueta;

Que mediante Informe Técnico Jurídico No. CPSF-008-2018 de 31 de Octubre de 2018, la Directora de Planificación y Gestión Estratégica y, el Coordinador Técnico de Protección de Seguros y Fondos, presentan el informe técnico jurídico en el que concluye que es necesaria la designación formal del Fedatario Administrativo en la institución, que cumpla con las funciones establecidas en la norma legal vigente; en virtud de lo cual se requiere reformar la Resolución No. COSEDE-GG-086-2017 de 15 de agosto de 2017;

En ejercicio de sus funciones,

Resuelve:

Artículo Único.- Refórmese la Resolución No. COSEDE-GG-086-2017 de 15 de agosto de 2017, de acuerdo al siguiente numeral:

1. Sustitúyase el artículo 5, por el siguiente:

«Artículo 5.- Delegar al responsable de Documentación y Archivo o quien haga sus veces el rol de Fedatario Administrativo con las funciones establecidas en el Código Orgánico Administrativo como la certificación de documentos que se encuentren en los archivos de la institución, por los canales correspondientes.»

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE.- Dada en Quito, Distrito Metropolitano, el 31 de octubre del 2018.

f.) Ing. Luis Antonio Velasco Berrezueta, Gerente General, Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.

RAZÓN: Siento por tal, que las tres fojas (3) son fiel copia de su original, el documento ha sido firmado por la máxima autoridad y en su contenido celebra la delegación del/de la Fedatario/a Administrativo de la Corporación del Seguro de Depósitos -COSEDE; el día de hoy 13 de noviembre de 2018-LO CERTIFICO.

f.) Christian Morejón C, Técnico de Documentación y Archivo.

No. 099A-2018

EL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. «;

Que el artículo 1 de la Constitución de la República de Ecuador, prevé: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico…»;

Que los numerales 1 y 4 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establecen: «Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación

40 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (…); y, 4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico… «;

Que los numerales 2, 8, 11 y 12 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, prescriben: «Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 2. Ama killa, ama Hulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. (…); 8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. (…); 11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley; y, 12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética… «;

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, determinan: «Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial; y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial… «;

Que el numeral 2 del artículo 55 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: «Para ingresar a la Función Judicial se requiere: 2. Acreditar probidad, diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones… «;

Que el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, contempla que el Consejo de la Judicatura es «el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. «;

Que el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina que le corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura: «10. Expedir, (…) reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. «;

Que el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción MESICIC, en sesión plenaria de 15 de septiembre de 2016, aprobó el: «INFORME RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES ANALIZADAS EN LA SEGUNDA RONDA, ASÍ COMO CON RESPECTO A LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA»; y, en su punto 1.4.6, expresa: «1.4.6. Definir expresamente en el Código de Ética de la Función Judicial la instancia a la cual corresponde recibir y resolver consultas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen las actividades de los integrantes de la Función Judicial y establecer procedimientos escritos, simplificados, ágiles y expeditos para que puedan formular consultas y recibir respuestas a las mismas…»;

Que mediante Acuerdo No. 039-CG la Contraloría General del Estado, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 87, de 14 de diciembre de 2009, modificado el 16 de diciembre de 2014, la Contraloría General del Estado, expidió las: «NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS «;

Que la Norma de Control Interno 200-01, «Integridad y valores éticos», contenido en el Acuerdo de Contraloría General del Estado 039-CG, dispone: «La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos como parte de la cultura organizacional para que perduren frente a los cambios de las personas de libre remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y compromiso hacia la organización.

La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas propias del código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la corrupción.

Los responsables del control interno determinarán y fomentarán la integridad y los valores éticos, para beneficiar el desarrollo de los procesos y actividades institucionales y establecerán mecanismos que promuevan la incorporación del personal a esos valores; los procesos de reclutamiento y selección de personal se conducirán teniendo presente esos rasgos y cualidades»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado, en sesión de 28 de abril de 2014, mediante Resolución 070-2014, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: «APROBAR EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO «;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado, en sesión de 25 de junio de 2015, mediante Resolución 186-2015, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 350, de 7 de agosto de 2015, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 30 de noviembre de 2016, mediante Resolución 184-2016, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 806, de 22 de diciembre de 2016, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE

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INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO», cuyo numeral 2.1. «GESTIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL»,

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado, en sesión de 25 de enero de 2018, mediante Resolución 012-2018, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 310, de 27 de febrero de 2018, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO»; establece en el literal j), que una de las atribuciones y responsabilidades de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión es: «j) Elaborar, actualizar y supervisar el cumplimiento del Código de Ética de la Función Judicial»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión de 11 de noviembre de 2015, mediante Resolución 363-

2015, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 630, de 18 de noviembre de 2015, resolvió: ‘EXPEDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado en sesión de 23 de mayo de 2017, mediante Resolución 079-2017, publicada en el Registro Oficial No. 38, de 18 de julio de 2017, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 363-2015 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2015, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: «EXPEDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR «;

Que es necesario contar con un instrumento jurídico que impulse los principios éticos de quienes prestan sus servicios en la Función Judicial, al mismo tiempo que auto regule la conducta de los servidores judiciales, tomando en cuenta la alta complejidad que significa administrar justicia;

Que el Presidente del Consejo de la Judicatura da a conocer el proyecto de resolución para la expedición del Código de Conducta de los Funcionarios Judiciales;

Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio con base a sus competencias derivadas del mandato que le confió el pueblo ecuatoriano en la Consulta Popular de 4 de lebrero de 2018, mediante Resolución PLE-CPCCS-T-E-048-14-06-2018, resolvió designar a los señores y señoras: doctor Marcelo Merlo Jaramillo, abogada Zobeida Aragundi, doctor Aquiles Rigail, doctora Angélica Porras y doctor Juan Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la Judicatura, presidido por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los presentes,

RESUELVE:

EXPEDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA,

INTEGRIDAD E IMPARCIALIDAD

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente Código, se aplican a todos los jueces y a los candidatos a puestos judiciales. Un juez, es cualquier persona autorizada a llevar a cabo funciones judiciales.

Las personas que están sujetas a la aplicación de este Código, deberán cumplir inmediatamente sus disposiciones.

Artículo 2.- Principios rectores.- Un juez deberá mantener y promover la independencia, la integridad y la imparcialidad del poder judicial, deberá evitar irregularidades y la aparición de irregularidades.

Artículo 3.- Cumplimiento con la ley.- Un juez deberá cumplir con la ley, incluido el presente Código.

Artículo 4.- Promover la confianza en el poder judicial. –

Un juez deberá actuar siempre de una manera que promueva la confianza del público en la independencia, la integridad y la imparcialidad del poder judicial y deberá evitar las irregularidades y la aparición de irregularidades.

Artículo 5.- Evitar el abuso del prestigio de la Función Judicial.- Un juez no deberá abusar del prestigio de la Función Judicial para promover sus propios intereses personales o económicos o los de terceras personas, ni deberá permitir que otros lo hagan.

Artículo 6.- Principios rectores.- Un juez deberá llevar a cabo las tareas de la Función Judicial de forma imparcial, competente y diligente.

Artículo 7.- Prioridad a las tareas de la Función Judicial.- Más allá del principio de dedicación exclusiva, las tareas de la Función Judicial, como las describe la ley, prevalecerán sobre todas las actividades personales y extrajudiciales de un juez.

Artículo 8.- Imparcialidad y justicia.- Un juez deberá mantener y aplicar la ley y deberá llevar a cabo todas las tareas de la Función Judicial de forma justa e imparcial.

Artículo 9.- Parcialidad, prejuicio y acoso.- Un juez deberá llevar a cabo las tareas de la Función Judicial, incluidas las tareas administrativas, en forma imparcial y libre de prejuicio.

Un juez no deberá, al llevar a cabo las tareas judiciales, mediante palabras o cualquier conducta, manifestar parcialidad o prejuicio, o verse involucrado en acoso, incluido sin limitación, parcialidad, prejuicio o acoso

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basados en raza, sexo, género, religión, nacionalidad, etnicidad, discapacidad, edad, orientación sexual, estado civil, estado socioeconómico o afiliación política, y no deberá permitir que el personal del tribunal, los funcionarios del tribunal u otras personas que estén sujetas a la dirección y el control del juez incurran en estas conductas.

Un juez deberá solicitar que los abogados que participen en procedimientos ante el tribunal eviten manifestar parcialidad o prejuicio, o verse involucrados en acoso, incluido sin limitación, parcialidad, prejuicio o acoso basados en raza, sexo, género, religión, nacionalidad, etnicidad, discapacidad, edad, orientación sexual, estado civil, estado socioeconómico o afiliación política contra alguna parte, testigo, abogado u otra persona.

Las restricciones de los incisos segundo y tercero no excluyen a los jueces o abogados de hacer referencia legítima a los factores enunciados, o a factores similares, cuando sean relevantes a las cuestiones tratadas.

Artículo 10.- Influencias externas en la conducta judicial.- Un juez no deberá ser influenciado por el clamor popular o por miedo a ser criticado.

Un juez no deberá permitir que sus intereses o relaciones familiares, sociales, políticas, financieras o de otra índole ejerzan una influencia sobre la conducta judicial o el juicio del juez.

Un juez no deberá dar o permitir que otros den la impresión de que una persona u organización está en posición de influenciar al juez.

Artículo 11.- Competencia, diligencia y cooperación. – Un juez deberá llevar a cabo las tareas judiciales y administrativas de forma competente y diligente.

Un juez deberá cooperar con otros jueces y servidores del tribunal en la administración de las cuestiones del tribunal.

Artículo 12.- Asegurar el derecho a ser escuchado.- Un juez deberá otorgarle a cada persona que tenga interés legal en un proceso, o al abogado de dicha persona, el derecho a ser escuchado conforme a la ley.

Un juez puede exhortar a las partes de un proceso y a sus abogados a que lleguen a un acuerdo sobre la disputa, pero no deberá actuar de manera que coaccione a alguna de las partes a que llegue a un acuerdo.

Artículo 13.- Responsabilidad para decidir.- Un juez deberá escuchar y tomar decisiones sobre los asuntos que le son asignados, salvo cuando se requiera que el juez se excuse de conocer el asunto.

Artículo 14.- Decoro, comportamiento y comunicación con los testigos.- Un juez deberá exigir orden y decoro en los procesos que se lleven a cabo ante el tribunal.

Un juez deberá ser paciente, digno y cortés con los litigantes, los testigos, los abogados, el personal del tribunal, los funcionarios del tribunal y otras personas con quienes

trate de forma oficial, y deberá exigir la misma conducta de los abogados, el personal del tribunal, los funcionarios del tribunal y otras personas que estén sujetas a la dirección y el control del juez.

Artículo 15.- Comunicaciones a instancia de parte.- Cuando se dé una comunicación por parte de cualquiera de las partes con el personal del tribunal, los funcionarios del tribunal y otras personas que estén sujetas a la dirección y el control del juez, está será inmediatamente comunicada a la otra parte o partes respecto del contenido, forma y momento de la comunicación.

Artículo 16.- Resoluciones judiciales en casos pendientes y en espera de sentencia.- Un juez no debe hacer declaraciones públicas que puedan afectar el resultado o la justicia de un asunto pendiente o en espera de sentencia, ni podrá hacer declaraciones no públicas que puedan interferir de forma importante con una audiencia o un juicio justo.

Un juez no podrá, en relación con los casos, las controversias o los asuntos que puedan presentarse ante el tribunal, hacer compromisos, promesas o compromisos de dinero que no sean congruentes con el desempeño imparcial de las obligaciones procesales de la Función Judicial.

Un juez exigirá que el personal del tribunal, los funcionarios del tribunal y otras personas que se encuentren bajo la dirección y el control del juez, se abstengan de hacer declaraciones que el mismo juez tendría prohibido hacer conforme a los incisos primero y segundo.

No obstante las restricciones del inciso primero, un juez puede hacer declaraciones públicas como parte de sus tareas oficiales y puede explicar los procesos del tribunal.

Sujeto a los requisitos del párrafo primero, un juez puede responder de forma directa o a través de un tercero a acusaciones hechas en los medios o en otra parte en relación con la conducta de un juez durante un asunto.

Artículo 17.- Excusas e impedimentos.- Un juez debe excusarse de conocer cualquier proceso en el que su imparcialidad pueda verse cuestionada, incluidas sin limitación, las siguientes circunstancias:

Un juez tiene parcialidad o prejuicio personal en relación con una de las partes o el abogado de una de las partes, o tiene conocimiento personal de hechos que se están disputando en el proceso.
El juez sabe que el cónyuge o una persona que tiene una relación hasta el cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad es:

Una de las partes en el proceso, o un funcionario, director, asociado general, miembro de la dirección o fiduciario de alguna de las partes; fiduciario o tiene un interés económico en el asunto que está en controversia o en alguna de las partes del proceso.
Uno de los abogados en el proceso;

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Una persona que tiene más de un derecho de minimis que podría verse afectado de manera importante por el proceso; o,
Probable que sea testigo en el proceso.

El juez, durante su mandato como juez o como candidato juez, ha hecho alguna declaración pública distinta a las declaraciones hechas en un proceso del tribunal, una decisión judicial o una opinión, que comprometa o parezca comprometer al juez a emitir una decisión o una resolución específica en una forma particular durante el proceso o la controversia.
El juez:

Actuó como abogado en el asunto de la controversia.
Actuó como empleado gubernamental, y con dicho carácter participó de forma personal y significativa como abogado o funcionario público en relación con el proceso, o ha expresado públicamente con dicho carácter una opinión sobre los méritos del asunto específico de la controversia;
Fue testigo clave en relación con el asunto; o,
Presidió previamente como juez en el asunto en otro tribunal.

5. Un juez deberá mantenerse informado sobre sus derechos e intereses y deberá hacer un esfuerzo razonable para mantenerse informado sobre los intereses económicos personales de su cónyuge y de los parientes en cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad.

Artículo 18.- Tareas de supervisión.- El juez deberá requerir que el personal del tribunal, los funcionarios del tribunal y otras personas que se encuentren bajo la dirección y el control del juez, actúen de forma congruente con las obligaciones que el presente Código le impone al juez.

Un juez que tenga autoridad para supervisar el desempeño de otros jueces deberá tomar medidas responsables para asegurarse de que esos jueces realizan de forma adecuada sus responsabilidades judiciales, incluida la resolución oportuna de los asuntos que se presentan ante ellos.

Artículo 19.- Inhabilidades.- Un juez que crea razonablemente que el desempeño de un abogado o de otro juez se vea afectado por el consumo de drogas o bebidas alcohólicas; o por una condición mental, emocional o física, deberá tomar las medidas adecuadas, que pueden incluir referirlo confidencialmente a las autoridades competentes.

Artículo 20.- Responder a conducta impropia del poder judicial y de los abogados.- Un juez que tenga conocimiento de que otro juez ha violado el presente Código de una forma que dé lugar a un cuestionamiento sobre la honestidad, confiabilidad o capacidad de un juez en otras áreas, deberá informar a las autoridades competentes.

Un juez que tenga conocimiento de que un abogado ha violado las reglas de conducta profesional de una forma que dé lugar a un cuestionamiento sobre la honestidad, confiabilidad o capacidad de un juez en otras áreas, deberá informar a las autoridades competentes.

Un juez que reciba información que indique una probabilidad alta de que otro juez ha violado el presente Código deberá tomar las medidas adecuadas, que pueden incluir referirlo confidencialmente a las autoridades competentes.

Un juez que reciba información que indique una probabilidad alta de que un abogado ha violado las reglas de conducta profesional deberá tomar las medidas adecuadas, que pueden incluir referirlo confidencialmente a las autoridades competentes.

Artículo 21.- Cooperación con las autoridades encargadas de aplicar medidas disciplinarias.- Un juez deberá cooperar y actuar con candidez y honestidad con las autoridades encargadas de aplicar medidas disciplinarias a servidores judiciales y abogados.

Un juez no deberá tomar represalias, directa o indirectamente, contra una persona que se conozca o sea sospechosa de haber ayudado o cooperado con una investigación de un juez o un abogado.

CAPÍTULO II

ACTIVIDADES EXTRAJUDICIALES

Artículo 22.- Alcance de la dedicación exclusiva. – En cumplimiento al principio de dedicación exclusiva establecido en la Constitución de la República del Ecuador; y, en el Código Orgánico de la Función Judicial, un juez deberá llevar a cabo las actividades personales y extrajudiciales de unjuez de manera que minimice el riesgo de conflicto con las obligaciones de la Función Judicial. La docencia universitaria, que la podrán ejercer únicamente fuera de horario de trabajo, se considera como actividad extrajudicial.

Artículo 23.- Actividades extrajudiciales en general.– Un juez puede iniciar actividades extrajudiciales, salvo cuando la ley o el presente Código lo prohíba. Sin embargo, al iniciar actividades extrajudiciales, un juez no deberá:

Participar en actividades que interfieran con el desempeño adecuado de las funciones judiciales del juez;
Participar en actividades que llevarán al juez a excusarse de conocer asuntos con frecuencia;
Participar en actividades que a una persona razonable le parecería que minarían la independencia, la integridad o la imparcialidad del juez;
Iniciar una conducta que a una persona razonable le parecería coerciva; o,

44 – Miércoles 12 de diciembre de 2018 Registro Oficial N° 386

e) Hacer uso de las instalaciones, el personal, los artículos de oficina, el equipo u otros recursos del tribunal, salvo por el uso incidental para actividades relacionadas con la ley, el sistema legal o la administración de justicia, o salvo cuando la ley le permita hacer ese uso adicional.

Artículo 24.- Comparecencias ante entidades gubernamentales y consultas con funcionarios del gobierno.- Un juez no deberá comparecer de forma voluntaria en una audiencia pública ante, o consultar de otra forma con una entidad del poder ejecutivo o legislativo o cualquier otra entidad oficial, salvo cuando:

Sea en relación con asuntos relacionados con la ley, el sistema legal o la administración de justicia;
Sea en relación con asuntos sobre los cuales el juez haya adquirido conocimiento o experiencia a lo largo de sus tareas judiciales; y,
El juez actúe en nombre propio en un asunto que involucre los intereses legales o económicos del juez.

Artículo 25.- Comparecencias como testigo.- Un juez no deberá comparecer como testigo en un proceso judicial, administrativo u otro proceso judicial o acudir a nombre y responder por otra persona en un proceso legal, salvo cuando se le emplace debidamente.

Artículo 26.- Nombramientos para cargos gubernamentales.- Un juez no deberá aceptar ser nombrado como miembro de un comité, consejo, comisión u otro cargo gubernamental, salvo cuando se trate de uno relacionado con la ley, el sistema legal o la administración de justicia y sea requerido por el Consejo de la Judicatura.

Artículo 27.- Uso de la información que no es de carácter público.- Un juez no deberá divulgar o usar de forma intencional información que no es de carácter público que haya adquirido en su carácter de funcionario judicial, para cualquier objetivo que no esté relacionado con sus tareas judiciales.

Artículo 28.- Afiliación con organizaciones discriminatorias.- Un juez no deberá ser miembro de una organización que practique discriminación ofensiva por sexo, género, religión, nacionalidad, etnicidad u orientación sexual.

Un juez no deberá hacer uso de los beneficios o las instalaciones de una organización si sabe o debe saber que la organización practica discriminación ofensiva por una o varias de las condiciones identificadas en el primer párrafo.

La asistencia de un juez a un evento en las instalaciones de una organización a la cual el juez tiene prohibido afiliarse no es una violación a esta regla, siempre y cuando la asistencia del juez sea un evento aislado que no podría ser percibido como defensa de las prácticas de la organización.

Artículo 29.- Participación en organizaciones y actividades educativas, religiosas, caritativas, fraternales políticas y cívicas.- Un juez puede participar en actividades patrocinadas por organizaciones o entidades gubernamentales relacionadas con la ley, el sistema legal o la administración de justicia, o con aquéllas patrocinadas por o en nombre de organizaciones educativas, religiosas, políticas, caritativas, fraternales o cívicas que no tienen fines de lucro, incluidas, sin limitación, las siguientes actividades:

Ser miembro de dicha organización o entidad;
Aparecer o hablar en, recibir un premio u otro reconocimiento en, o aparecer en el programa de, y permitir que su cargo sea usado en relación con un evento de dicha organización o entidad; o,
Actuar como funcionario, director, fiduciario o consejero no legal de dicha organización o entidad, salvo:

Cuando sea probable que la organización o entidad inicie procesos que de forma ordinaria se presentarían ante el juez;
Cuando sea probable que la organización o entidad iniciará con frecuencia procesos contenciosos en el tribunal del cual el juez es miembro, o en cualquier tribunal que esté sujeto a la jurisdicción de apelaciones del tribunal del cual el juez es miembro; o
Se trate de funciones de dirección en los partidos y movimientos políticos, o involucre participar como candidatos en procesos de elección popular, salvo que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para la elección.

Un juez no podrá realizar actividades de proselitismo político o religioso.

Artículo 30.- Práctica del derecho.- Un juez no deberá practicar el derecho. Un juez puede actuar por sí mismo y puede, sin ser remunerado, ofrecer consejo legal y redactar o revisar documentos para un miembro de su familia, pero se le prohíbe actuar como el abogado del miembro de su familia ante cualquier foro jurisdiccional.

Artículo 31.- Actividades de carácter financiero, comercial o remuneratorio.- Un juez puede mantener y administrar sus inversiones o las inversiones de los miembros de su familia.

Un juez no deberá actuar como funcionario, director, administrador, asociado general, consejero o empleado de una entidad de negocios.

Un juez no deberá participar en las actividades financieras permitidas por los incisos primero y segundo si:

1. Interferirían con el desempeño adecuado de las tareas judiciales;

Registro Oficial N° 386 Miércoles 12 de diciembre de 2018 – 45

Llevarían a excusas frecuentes del juez;
Involucrarían al juez en transacciones frecuentes o en relaciones comerciales continuas con abogados o con otras personas que tienen la probabilidad de presentarse ante el tribunal en el que el juez desempeña sus funciones; o,
Resultarían en violación de otras disposiciones del presente Código.

Artículo 32.- Remuneración por actividades extrajudiciales.- Un juez puede aceptar una remuneración razonable por participar en las actividades extrajudiciales que permite el presente Código u otra ley, salvo cuando una persona razonable pudiera pensar que dicha aceptación minaría la independencia, la integridad o la imparcialidad del juez.

Artículo 33.- Aceptación e informe sobre regalos, préstamos, legados, beneficios y otros objetos de valor.- Un juez no deberá aceptar regalos, préstamos, legados, beneficios u otros objetos de valor, si la aceptación de los mismos está prohibida por la ley o haría que una persona razonable piense que mina la independencia, la integridad o la imparcialidad del juez.

Salvo cuando lo prohíba la ley o el primer párrafo, un juez puede aceptar los objetos con poco valor intrínseco, tales como placas, certificados, trofeos y tarjetas de felicitación sin tener que presentar un informe público de dicha aceptación.

Un juez puede aceptar los objetos siguientes, pero deberá presentar un informe de dicha aceptación al Consejo de la Judicatura en el término de 10 días de haberlo aceptado:

Regalos inherentes a un reconocimiento público;
Invitaciones al juez y a su cónyuge, invitado a asistir, sin cargo:

A un evento relacionado con alguna actividad relacionada con la ley, el sistema legal o la administración de justicia; o
A un evento relacionado con alguna de las actividades educativas, religiosas, caritativas, fraternas, políticas o cívicas que permite el presente Código, si la misma invitación se ofrece a personas que no son jueces y que están involucrados en la actividad en formas similares al juez;

Premios y reconocimientos otorgados a competidores o participantes en sorteos, concursos u otros eventos que están abiertos a personas que no son jueces;
Becas, becas de investigación y beneficios o premios similares, si están disponibles a personas que no son jueces pero que están en situaciones similares, con base en los mismos términos y los mismos criterios;

Libros, revistas, diarios, material audiovisual y otro material de recursos que ofrezcan editores de forma gratuita para uso oficial; o,
Regalos, premios o beneficios relacionados con el negocio, la profesión u otra actividad que el cónyuge lleve a cabo de forma separada, pero que incidentalmente beneficien al juez.

Artículo 34.- Requisitos para la presentación de informes.- Un juez deberá presentar un informe público del monto o el valor de:

Remuneraciones percibidas por actividades extrajudiciales conforme lo permita este Código; y,
Regalos u otros objetos de valor conforme lo permita este Código.

Dicho informe deberá contener el lugar, la fecha y la naturaleza de la actividad por la cual el juez fue remunerado; la descripción de cualquier regalo, préstamo, legado, beneficio u otro objeto de valor aceptado; y la fuente del reembolso de gastos o la renuncia total o parcial a tarifas o cargos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Será aplicable, mutatis mutandis, para el propio Consejo de la Judicatura, es decir para los servidores de Carrera Judicial Administrativa; Fiscales; Carrera Fiscal Administrativa; Defensores Públicos; Carrera de la Defensoría Administrativa; Peritos; y Notarios e incluso en lo aplicable para arbitros y mediadores, hasta que se emitan códigos específicos para cada uno de estos tipos de servidores.

SEGUNDA.- Socializar este Código con los Colegios de Abogados del país, la Corte Nacional y las Cortes Provinciales, invitando además a la Corte Constitucional, para que hagan aportes a ser tomados en cuenta mediante reforma de este documento antes de que este entre a regir, en seis meses.

TERCERA.- Dirigir, a través de la Escuela de la Función Judicial, un proceso de acreditación a los jueces y otros servidores judiciales sobre el conocimiento de estas normas, que será requisito para ser juez u otro servidor judicial o persona a quien le aplique estas normas según la disposición transitoria primera. El tiempo y forma para hacerlo lo definirá la Escuela de la Función Judicial, según convenga desde el punto de vista logístico y pedagógico. La Escuela de la Función Judicial, deberá planificar y ejecutar de inmediato y prioritariamente este examen y como máximo tomará seis meses en examinar a todos los jueces y otros funcionarios a los que quepa esta disposición en el país. Aún si la Escuela de la Función Judicial, no ejecutare esta disposición en seis meses desde la publicación de este instrumento, serán de obligatorio cumplimiento estas normas en seis meses contados desde su aprobación.

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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogar la Resolución 363-2015, de 11 de noviembre de 2015, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 630, de 18 de noviembre de 2015, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura cesado, resolvió: «EXPEDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR «; y su reforma

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General; la Escuela de la Función Judicial; Direcciones Nacionales; y, las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia en seis meses a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el ocho de noviembre de dos mil dieciocho.

f.) Dr. Marcelo Merlo Jaramillo, Presidente.

f.) Ab. Zobeida Aragundi Foyaín, Vocal Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Vocal Consejo de la Judicatura.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el ocho de noviembre de dos mil dieciocho.

f.) Ab. Jéssica Priscila Yungaicela Jiménez Mgs., Secretaria General.

EL CONCEJO MUNICIPAL

DEL CANTÓN JAMA

Considerando:

Que, de conformidad al artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización «COOTAD» el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de JAMA es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera en la que se contempla la función de legislar para el ejercicio de las competencias que le corresponden.

Que, el artículo 57 del COOTAD consagra la facultad del Concejo Municipal de normar las materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas, acuerdos y resoluciones.

Que, el artículo 60, literales d) y e) del COOTAD faculta al Alcalde el presentar proyectos de ordenanzas al Concejo Cantonal Municipal y de manera privativa proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias correspondientes a su nivel de gobierno.

Que, el capítulo III relativo a los Impuestos, Sección Décima Primera, en sus artículos 556 y siguientes del COOTAD determina la forma de aplicación del Impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos. Así, dicho artículo incrementa a un 10% este tributo que deben pagar quienes ejecuten la venta o transferencia de un inmueble en los gobiernos autónomos correspondientes; no obstante, se faculta a los Gobiernos Municipales el poder modificar este porcentaje mediante ordenanza.

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales citadas;

Expide:

LA ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, GESTIÓN Y COBRO SOBRE EL IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALÍA DE LOS MISMOS.

Art. 1.- OBJETO Y HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO.- Son objeto de este impuesto las utilidades que provengan de la transferencia de inmuebles urbanos y/o de la plusvalía generada en los mismos, de conformidad con las disposiciones de la presente Ordenanza.

Art. 2.- SUJETO PASIVO. – Son sujetos de la obligación tributaria los que, como dueños de los predios, los vendieren obteniendo la utilidad imponible y por consiguiente real, los adquirentes hasta el valor principal del impuesto que no se hubiere pagado al momento en que se efectuó la venta.

Los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables cumplirán con los deberes formales establecidos en el Código Tributario vigente.

Art. 3.- REQUISITOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS SUJETOS PASIVOS.- Los sujetos pasivos al momento de solicitar en ventanilla el valor de las utilidades deberán presentar los siguientes documentos: la última escritura de compraventa; solvencia del Registro de la Propiedad actualizado; certificado de Avalúos y Catastro actualizado; número de la cédula del comprador y vendedor; especie valorada para certificación financiera.

Una vez integrado el Sistema Informático de Gestión, Registro y Validación de Datos con los diferentes actores municipales, los sujetos pasivos a fin de obtener el valor de la liquidación de estos impuestos presentarán únicamente la cédula de identidad.

Art. 4.- REBAJAS Y DEDUCCIONES – En general se aplicará al precio de venta las siguientes deducciones:

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Costo de adquisición del inmueble.
Contribución Especial de mejoras que se hayan cancelado.

Además de las deducciones que hayan de efectuarse por mejoras y costos de adquisición, «en el caso de donaciones será el avalúo de la propiedad en la época de adquisición», y otros elementos deducibles conforme a lo que se establezca en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se deducirá:

El cinco por ciento (5%) de las utilidades liquidas por cada año que haya transcurrido a partir del momento de la adquisición hasta la venta, sin que en ningún caso, el impuesto al que se refiere pueda cobrarse una vez transcurridos veinte años a partir de la adquisición; y,
La desvalorización de la moneda, según informe al respecto del Banco Central.

Art. 5.- DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE.- La base imponible para determinar la cuantía en este impuesto, será el resultado del proceso de cálculo detallado a continuación:

PROCESO DEL CÁLCULO DE LAS UTILIDADES

A. PRECIO DE LA VENTA.- Será el que resulte mayor al comparar: el valor de venta con el que consta en el avalúo municipal.

B. COSTO DE ADQUISICIÓN.- Es el precio de la compra, este valor se toma de la cuantía que tiene la última escritura de compraventa. En el caso de construcciones nuevas donde antes no existía edificación se tomará un costo presuntivo que será resultado de dividir el valor de la construcción nueva de la ficha catastral sobre el avalúo total de la ficha catastral y ese factor se multiplicará directamente por el precio de venta, constituyendo así el costo presuntivo.

C. DIFERENCIA BRUTA.- Es el resultado de la resta del precio de venta y el costo de adquisición (C=A-B).

D. MEJORAS.- Los valores de las mejoras que se hayan incorporadas al inmueble desde la fecha de su adjudicación hasta su venta; lo que deberá ser corroborado por la Dirección de Planificación, por medio del informe respectivo.

E. UTILIDAD BRUTA.- Es el resultado de la diferencia bruta menos la contribución especial de mejoras por parte de la municipalidad o por el propietario (E=C-D).

F. CINCO POR CIENTO DE LOS AÑOS TRANSCURRIDOS.- Se deduce el porcentaje del 5% por cada año calendario transcurrido a partir del año de la adquisición y la desvalorización de la moneda, según informe al respecto del Banco Central.

H. UTILIDADES.- Es el valor líquido que resulta de restar la utilidad bruta menos el 5% por cada año transcurrido y la desvalorización de la moneda, según informe al respecto

del Banco Central (H=E-F), el cual se tomará para el cálculo final según la tabla aplicada en la presente ordenanza, que en ningún caso podrá ser menor al 15% del precio total de venta mencionado en el literal A, ni podrá exceder del 25% en relación al precio de venta determinado en el literal A.

PROCESO DEL CÁLCULO DE LA PLUSVALÍA

En el caso de que no aplique el cálculo de utilidad o por objeto y hecho generador se determine existe un aumento en la plusvalía, el mismo se cobrará sobre la base de los terrenos o bienes transferidos, en cuyo caso la base imponible será igual al valor total del avalúo actual menos el valor total del avalúo en la última fecha que se mantenga registro de alguna transferencia o adquisición; o el primer movimiento o transacción que se tenga registrada desde la fecha de inscripción de la escritura.

En este sentido se establece que la plusvalía se calculará sólo en caso de transferencias en la que el objeto sea un terreno o bien sin utilidad y será adicionada al valor determinado como utilidad si aplica el caso.

Adicionalmente, corresponderá a la Dirección Financiera Municipal fijar el valor del costo administrativo que se requiera en este proceso.

Art. 6.- TARIFA DEL IMPUESTO.- El impuesto se aplicará de conformidad a las remuneraciones básicas unificadas, según detalle:

RANGOS DE AVALÚOS BASADOS EN LAS R.B.U.

% A APLICARSE

POR

CONCEPTO DE

IMPUESTO A

UTILIDADES

Desde S.B.U. (MAYOR «>»)

Hasta S.B.U.

(MENOR O

IGUAL «<=»)

150

En adelante

Sobre la plusvalía será la tarifa única del 0,25%) sobre la base imponible.

Art. 7.- PROCESO DE RECAUDACIÓN.- La Unidad de Rentas, al mismo tiempo de efectuar el cálculo de los impuestos de Alcabalas, liquidará el impuesto por concepto de las Utilidades en la compraventa de predios urbanos de conformidad a la presente ordenanza y procederá a la emisión de los respectivos títulos de créditos, los mismos que pasarán a la Recaudación Municipal para su cobro inmediato.

En caso de que existieren mejoras por parte de un particular, se estará bajo la revisión y correspondiente aprobación o negación de la Dirección de Planificación y Desarrollo Local (Avalúos y Catastros), en lo referente a los costos que presentare el interesado.

Art. 8.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES RELACIONADAS CON LA TRIBUTACIÓN MUNICIPAL.- Las siguientes sanciones serán impuestas por el Director de la Dirección Financiera:

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Los valuadores que por negligencia u otra causa dejaren de valuar una propiedad o realizaren avalúos por debajo del justo valor del predio y no justificaren su conducta, serán sancionados con una multa que fluctúe entre el 25% y el 125% de la remuneración básica unificada del trabajador privado en general. Serán destituidos en caso de dolo o negligencia grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar;
Los Registradores de la Propiedad que hubieren efectuado inscripciones en sus registros, sin haber exigido la presentación de comprobantes de pago de los impuestos o los certificados de liberación serán sancionados con una multa que fluctúe entre el 25%) y el 125% de la remuneración básica unificada del trabajador privado en general; tal como se determina en el Art. 525 del COOTAD.

Art. 9.- PROHIBICIÓN PARA NOTARIOS.- Los Notarios no podrán otorgar las escrituras de venta de las propiedades inmuebles a las que se refiere esta Ordenanza, sin la presentación del respectivo pago original de este impuesto, otorgado y autorizado por la Tesorería Municipal de JAMA.

Los Notarios que quebrantaren lo establecido en el párrafo anterior, serán responsables copartícipes del pago de los impuestos con los deudores directos de la obligación tributaria siendo sancionados con una multa igual al cien por ciento (100%) del monto del tributo que se hubiere dejado de cobrar. Aun cuando se realice la cabal recaudación del impuesto, serán sancionados con multa que oscile entre el 20% y el 125% de la remuneración mensual mínima del trabajador en general, según la gravedad y magnitud de la infracción, la misma que será impuesta por el Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

Art. 10.- RECLAMOS.- Los contribuyentes o responsables que se creyeren afectados, en todo o en parte, por errores en los actos de determinación de este impuesto, tienen derecho de presentar el correspondiente reclamo ante el Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, sujetándose a las normas pertinentes del Código Tributario.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Quedan derogadas aquellas Ordenanzas que se opongan, expedidas con anterioridad a la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jama, veintiséis días del mes de julio del año 2018.

f.) Sr. Ángel Arturo Rojas Cevallos, Alcalde del GAD Municipal del Cantón Jama.

f.) Ab. Lorena Zambrano Zambrano, Secretaria del Concejo.

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- Certifico: Que LA ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, GESTIÓN Y COBRO SOBRE EL IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALÍA DE LOS MISMOS, fue analizada, discutida y aprobada por el Concejo Municipal del Cantón Jama, en las Sesiones Ordinarias de Concejo realizadas los días 19 y 26 de julio de 2018.

Lo certifico.

f.) Ab. Lorena Zambrano Zambrano, Secretaria del Concejo.

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO – Jama, 30 de julio del dos mil dieciocho, a las 11h00. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, una vez aprobada por el Concejo LA ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, GESTIÓN Y COBRO SOBRE EL IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALÍA DE LOS MISMOS, remito la misma al Sr. Ángel Arturo Rojas Cevallos, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jama, para que la sancione o la observe en el plazo de ocho días.

f.) Ab. Lorena Zambrano Zambrano, Secretaria del Concejo.

ALCALDÍA DEL CANTÓN JAMA- Jama, 07 de agosto del 2018.- A las 11h00.- Vistos.- Dentro del plazo legal correspondiente señalado en el Art. 322 inciso cuarto del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) considero que LA ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, GESTIÓN Y COBRO SOBRE EL IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALÍA DE LOS MISMOS, no ha violentado el trámite legal correspondiente y está acorde con la Constitución y las leyes de la República para que pueda entrar en vigencia.

f.) Sr. Ángel Arturo Rojas Cevallos, Alcalde del GAD Municipal del Cantón Jama.

Certifico: Que el Sr. Ángel Arturo Rojas Cevallos, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jama, sancionó LA ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, GESTIÓN Y COBRO SOBRE EL IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALÍA DE LOS MISMOS, el 07 de agosto de 2018.

Lo certifico.

f.) Ab. Lorena Zambrano Zambrano, Secretaria del Concejo.