Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 17 de octubre de 2018 (R. O.349, 17 -octubre -2018)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE JUSTICIA,

DERECHOS HUMANOS Y CULTOS:

MJDHC-DVPPL-2018-0001-A Expídese el protocolo para el acceso de las personas privadas de libertad a los ejes de tratamiento

MJDHC-CGAJ-2018-0084-A Apruébese el estatuto y Otórguese personería jurídica a la Corporación Democracia & Humanismo «CODEHU», domiciliada en el cantón Quito, provincia de Pichincha

MJDHC-CGAJ-2018-0085-A Acéptese la solicitud de repatriación del ciudadano ecuatoriano Víctor Hugo Solís Vásquez

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO:

053-CG-2018 Expídese el Reglamento para aplicar la remisión de intereses prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal….29

GOBIERNOS AUTÓNOMOS

DESCENTRALIZADOS

ORDENANZAS MUNICIPALES:

-…………. Cantón Guayaquil: Que expide la segunda reforma a la Ordenanza que regula la explotación minera de materiales áridos, pétreos en el cantón, sustitutiva a la Ordenanza que regula la explotación de canteras

GADMC-MANTA No. 055 Cantón Manta: De remisión de intereses, multas y recargos derivados de obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos, administrados por el GADM, incluyendo sus empresas públicas y entidades adscritas

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Págs.

-…………. Cantón Pedernales: De remisión de intereses, multas y recargos derivados de obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos, administrados por el GADM, y sus empresas amparadas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Agencias, Instituciones y Entidades Adscritas

-…………. Cantón Bolívar: Que reforma a la Ordenanza modificatoria que reglamenta la determinación, administración, control y recaudación del impuesto de patente anual, que grava el ejercicio de toda actividad de orden económico, que opere dentro del cantón

MINISTERIO DE JUSTICIA,

DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

Nro. MJDHC-DVPPL-2018-0001-A

Sra. Dra. Liliana Maura Guzmán Ochoa

VICEMINISTRA DE ATENCIÓN A PERSONAS

PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Considerando:

Que el artículo 35 de la Constitución de la República reconoce a las personas privadas de libertad como un grupo de atención prioritaria y establece que el Estado prestará especial protección a las personas privadas de la libertad en condición de doble vulnerabilidad;

Que el artículo 51 ibídem señala que las personas privadas de la libertad tienen derecho a no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria; a comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho; a declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de libertad; a contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los Centros de Privación de Libertad; a la atención de sus necesidades educativa, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas; a recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad; y a contar con medidas de protección para las niñas, niños adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia;

Que la Carta Magna en su artículo 201 determina que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos;

Que el artículo 202 ibídem señala que: «el sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema. (…).»;

Que las Reglas Mínimas de tratamiento de los Reclusos (Reglas Mándela) en su regla 4 señala que «1. -Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad

son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr en lo posible, la reinserción de los ex reclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo. 2. Para lograr ese propósito, las administraciones penitenciarias y otras autoridades competentes deberán ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia apropiada y disponible, incluidas las de carácter recuperativo, moral, espiritual y social y las basadas en la salud y el deporte. Todos esos programas, actividades y servicios se ofrecerán en atención a las necesidades de tratamiento individuales de los reclusos.

Que los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Organización de los Estados Americanos establecen: Principio XIII Educación y actividades culturales: Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la educación, la cual será accesible para todas las personas, sin discriminación alguna, y tomará en cuenta la diversidad cultural y sus necesidades especiales. Así mismo, el Principio XIV Trabajo menciona: Toda persona privada de libertad tendrá derecho a trabajar, a tener oportunidades efectivas de trabajo, y a recibir una remuneración adecuada y equitativa por ello, de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales, a fin de promover la reforma, rehabilitación y readaptación social de los condenados, estimular e incentivar la cultura del trabajo, y combatir el ocio en los lugares de privación de libertad. En ningún caso el trabajo tendrá carácter aflictivo.

Que el artículo 674 del Código Orgánico Integral Penal -COIP-, determina que el Sistema garantizará el cumplimiento de sus fines mediante un Organismo Técnico cuyas atribuciones son evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del sistema, administrar los centros de privación de libertar y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema;

Que el artículo 675 del Código Orgánico Integral Penal determina que «El Directorio del Organismo Técnico se integrará por las o los ministros o sus delegados encargados de las materias de justicia, derechos humanos, salud pública, relaciones laborales, educación, inclusión económica y social, cultura, deporte y el Defensor Público. La o el Presidente de la República designará a la ministra o ministro de Estado que lo presidirá;

Que el artículo 701 Código Orgánico Integral Penal establece que el tratamiento de las personas privadas de libertad, con miras a su rehabilitación y reinserción social, se fundamentará en los siguientes ejes: 1. Laboral; 2. Educación, cultura y deporte; 3. Salud; 4. Vinculación familiar y social; y, 5. Reinserción. Además, se menciona que el desarrollo de cada uno de estos ejes de tratamiento se determinará en el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social;

Que la disposición transitoria décimo primera del COIP dispone que el señor Presidente de la República conformará el Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social;

Que el señor Presidente Constitucional de la República, mediante decreto No. 365 publicado en el Segundo Registro Oficial Suplemento No. 286 del 10 de julio del

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2014 , crea el Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, integrado por: a) El Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, quien lo presidirá; b) El Ministro de Salud Pública; c) el Ministro de Trabajo; d) El Ministro de Educación; e) El Ministro de Inclusión Económica y Social; f) El Ministro de Cultura y Patrimonio; g) El Ministro del Deporte; y, h) El Defensor del Pueblo;

Que la disposición transitoria décimo segunda del Código Orgánico Integral Penal ordena que el Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social dictará el reglamento para la implementación, aplicación y cumplimiento de las normas establecidas en el libro III del Código Orgánico Integral Penal.

Que el artículo 5 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, establece que «(1/4) La cartera de estado encargada de justicia, derechos humanos, será la competente de la administración del sistema nacional de rehabilitación social, de los centros de privación de libertad que son parte del mismo, para lo cual emitirá las normas técnicas necesarias para su correcto funcionamiento en el ámbito de sus competencias; así como el nombramiento del personal de seguridad técnico y administrativo previa evaluación de sus condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas».

Que el numeral 2 del artículo 48 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social como finalidad de la fase de desarrollo integral personalizado, se encuentra: «Desarrollar los ejes de tratamiento y demás actividades acordadas en el plan individualizado de cumplimiento de la pena»;

Que el artículo 51 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social señala que «El tratamiento de las personas privadas de libertad tiene los siguientes ejes: laboral, educación, cultura, deporte, salud, vinculación familiar y social y reinserción; que serán ejecutados según los niveles de seguridad. Cada uno de los ejes contará con un modelo de gestión en contextos penitenciarios que deberá ser elaborado y sustentado presupuestariamente por la cartera de Estado correspondiente y aprobado por el Directorio del Organismo Técnico.»;

Que el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 491 de 23 de agosto de 2018, el Presidente Constitucional de la República, encargó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos al señor doctor Paúl Víctor Granda López;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. MJDHC-MJDHC-2018-022-A, de fecha 06 de septiembre de 2018, el ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos Con Acuerdo Nro. MJDHC-MJDHC-2018-0001 -A de 17 de enero de 2018, el señor doctor Víctor Granda López, Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (E), acordó: «Delegar al/la Viceministra/o de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y al/la Viceministro/a de Atención a Personas Privadas de la libertad, para que a más de las atribuciones y obligaciones contempladas en el Estatuto Orgánico por Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la expedición y suscripción a nombre de la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, de toda la normativa e instrumentos legales necesarios para operativizar los procesos, programas y proyectos, que ejecutan las Subsecretarías a su cargo, incluyendo convenios, protocolos, normas

técnicas, instructivos, finiquitos; y demás documentos inherentes a las competencias, funciones y atribuciones asignadas a ellas. Quedando facultados para delegar las citadas atribuciones, con el fin de garantizar cumplimiento de los fines y objetivos institucionales.».

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide el siguiente:

Acuerda:

PROTOCOLO PARA EL ACCESO DE LAS

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD A LOS

EJES DE TRATAMIENTO

TÍTULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 1.- Objeto: El objeto del presente protocolo es regular los mecanismos de acceso y permanencia de las personas privadas de la libertad en los distintos ejes de tratamiento, durante el periodo de ejecución de la pena.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación: Este instrumento es de aplicación obligatoria para los funcionarios del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos encargados de la implementación y seguimiento de los mecanismos de acceso y permanencia de las personas privadas de la libertad en los ejes de tratamiento; así como, para las personas privadas de la libertad que se encuentran vinculadas a dichos ejes.

TÍTULO II

DE LA INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE

LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

PREVIOS A LA VINCULACIÓN EN UN EJE DE

TRATAMIENTO

Artículo 3.- Fase de Información y Diagnóstico: Toda persona privada de libertad que ingrese a un centro de privación de libertad (CPL) en cumplimiento de una pena dispuesta mediante sentencia, Será evaluada por el Equipo Técnico de Información y Diagnóstico, encargado de realizar la valoración y clasificación inicial de la persona privada de libertad, conforme lo establece la Norma Técnica de Clasificación, determinando el nivel de seguridad correspondiente.

Una vez determinado el nivel de seguridad, el Equipo Técnico de Información y Diagnóstico recabará los antecedentes y datos psicológicos, psiquiátricos, sociales, educativos, laborales, médicos y jurídicos de la persona privada de libertad, para determinar el eje de partida del tratamiento mediante la identificación de las áreas de intervención prioritaria que deben ser trabajadas con la persona privada de libertad durante su permanencia en el centro de privación de libertad.

El equipo técnico elaborará de manera conjunta con la persona privada de la libertad el plan individualizado de cumplimiento de la pena, a través del cual se establecerán metas orientadas a superar los problemas de exclusión y carencias que influyeron en el cometimiento del delito; procurando el desarrollo o potenciación de habilidades y destrezas que permitan una adecuada convivencia al interior del centro de privación de libertad así como su reincorporación a la sociedad.

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TITULO III

DE LOS EJES DE TRATAMIENTO

Artículo 4.-De lo sejes de tratamiento: Son los establecidos en el Código Orgánico Integral Penal y en el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social a los cuales tienen acceso las personas privadas de la libertad según los niveles de seguridad a ellas asignados.

Para que una persona privada de la libertad pueda vincularse a cualquier eje de tratamiento debe sujetarse a los protocolos y procedimientos definidos para cada uno de ellos y dentro de las siguientes actividades:

Se establecen como parte del eje de tratamiento educativo la educación escolarizada, la educación no escolarizada y la educación superior;

Dentro del eje de tratamiento cultural se desarrollarán todas las actividades artísticas y culturales al interior de los CPL;

El eje de tratamiento deportivo comprende la realización de todas las actividades de cultura física y recreativas;

Las actividades y proyectos productivos, terapia ocupacional, servicios auxiliares, y capacitación serán desarrollados en el eje de tratamiento laboral;

Los planes, programas, proyectos y actividades de promoción, prevención y tratamiento de la salud integral de las PPL serán abordados en el eje de tratamiento de salud; y,

El eje de vinculación familiar incluyen todas las acciones que permiten mantener y fortalecer los vínculos familiares y sociales de las personas privadas de libertad.

CAPÍTULO I

EJE DE TRATAMIENTO EDUCATIVO

SECCIÓN I

Artículo 5.- De la educación escolarizada: Las personas privadas de la libertad que no han culminado sus estudios, tendrán acceso a Educación General Básica y Bachillerato extraordinarios; la vinculación a estos niveles será obligatoria. Para tal efecto, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos ejecutará y articulará con el ente rector en materia de Educación todas las acciones necesarias a fin de garantizar el acceso a la oferta educativa.

Dicha articulación se efectuará con los distintos niveles desconcentrados de gestión de ambas Carteras de Estado y con las instituciones educativas del circuito coincidente con la ubicación del CPL.

Todos los procesos que se implementen con la finalidad de garantizar la vinculación, permanencia y egreso de las personas privadas de la libertad al Sistema Nacional de Educación serán gratuitos.

Artículo 6.- Del proceso de vinculación de persona privada de libertad a oferta educativa: El promotor educativo

conjuntamente con los funcionarios designados por el ente rector en materia educativa, serán los responsables de identificar el nivel de estudios de las PPL. Para tal efecto, se determinará la existencia o no de documentación sobre los estudios realizados por las personas privadas de la libertad y la recomendación sobre la ubicación en el nivel educativo correspondiente. En caso de que dicho expediente académico no haya sido ubicado, se realizará la coordinación respectiva a fin de que rindan un examen de ubicación y puedan vincularse al Sistema Nacional de Educación.

En los casos en los que no se cuente con expediente académico, se procederá conforme lo establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe.

Este procedimiento deberá realizarse al menos cuarenta y cinco días previos al inicio del año lectivo, con el fin de que se prevea la asignación oportuna de recursos y materiales educativos necesarios para cada nivel de educación.

El o los promotores educativos designados en cada Centro de Privación de la Libertad, serán los responsables de socializar y motivar a la vinculación de las personas privadas de la libertad a la oferta educativas, previo al inicio del año lectivo.

La vinculación de los estudiantes a los distintos años lectivos podrá darse en los plazos y a través de los mecanismos establecidos por el ente rector en materia de educación.

El promotor educativo remitirá al Director/a del CPL un listado semanal actualizado de las personas privadas de la libertad vinculadas al Sistema Educativo Nacional a fin de que se mantenga el registro para el seguimiento, y control de asistencia correspondiente de esta actividad. Dicha información deberá ser compartida con los funcionarios delegados del ente rector en materia educativa a fin de que se implementen de manera permanente mecanismos que mejoren la prestación del servicio, así como los agentes de seguridad penitenciaria a cargo de cada pabellón con el fin de que se brinden las facilidades necesarias a las personas privadas de la libertad estudiantes para su acceso a los espacios educativos.

Dicha información será remitida a los agentes de seguridad penitenciaria a cargo de la custodia y seguridad de los distintos pabellones a fin de que se facilite el proceso de traslado de los estudiantes a las áreas destinadas a la prestación del servicio educativo.

Una vez identificado el nivel de educación al cual debe vincularse la persona privada de la libertad, se procederá con su matriculación de conformidad a las directrices establecidas por el ente rector en materia de educación.

Artículo 7.- De la vinculación de docentes a las actividades educativas al interior de los CPL: El promotor educativo remitirá a los funcionarios designados por el ente rector en

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materia de educación, la necesidad anual de incorporación de planta docente a las actividades educativas que se desarrollen en los CPL. Dicho requerimiento será remitido al menos con cuarenta y cinco días previo al inicio del periodo lectivo a fin de que se considere de manera oportuna la incorporación de la planta docente óptima a la institución a cargo de brindar la oferta educativa. De la planta docente asignada, se designarán tutores o guía pedagógico para cada nivel de educación.

El Ministerio de Educación designará a los docentes que actúen en calidad de tutores en cada nivel de educación, conforme lo determine la normativa legal vigente aplicable en estos casos.

Artículo 8.- Del material educativo: El promotor educativo será el responsable de remitir a los funcionarios delegados por el ente rector en materia educativa, con al menos treinta días previos al inicio del año lectivo, los requerimientos de materiales y recursos educativos principales y complementarios a fin de que las personas privadas de la libertad cuenten con todas las herramientas que les permita cursar los diferentes niveles educativos. Así mismo, será el encargado de la distribución de los mismos a los beneficiarios del servicio.

En caso de que se vinculen nuevas personas privadas de la libertad al Sistema Nacional de Educación, el promotor educativo será el responsable de informar a los funcionarios delegados por el ente rector en materia educativa dichos ingresos, a fin de que se hagan las entregas respectivas de los materiales y recursos educativos.

El promotor educativo deberá llevar un registro de las personas privadas de la libertad que se encuentran vinculadas al Sistema Nacional de Educación así como de los recursos educativos asignados a cada uno de ellos, mismo que será actualizado trimestralmente y remitido, a través del Director/a de cada CPL, al nivel zonal correspondiente del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con el fin de que se implementen mecanismos de seguimiento, mejora y acompañamiento a los procesos educativos.

Sin perjuicio de la obligación del Estado de proveer los recursos o materiales educativos a las personas privadas de la libertad, se podrá autorizar, a criterio del/la Director/a del CPL, el ingreso de material educativo complementario, mismo que cumplirá las normas de seguridad establecidas para el efecto.

Los materiales o recursos educativos serán retirados y depositados al inicio y término de la jornada escolar, respectivamente, en un espacio destinado para el efecto por el/la Director/a de cada CPL. Este espacio deberá estar debidamente identificado y contemplará condiciones de seguridad necesarias para garantizar su conservación.

Artículo 9.- Del currículo y la jornada educativa: En cumplimiento a la normativa emitida por el ente rector en materia educativa, se cumplirá el currículo nacional y la carga horaria establecida para cada nivel.

En cuanto a la jornada pedagógica, y en coordinación con los funcionarios delegados del ente rector en materia de educación y de las instituciones educativas, se podrán establecer horarios especiales a fin de garantizar la prestación del servicio educativo al interior de los CPL.

Artículo 10.- De las labores educativas diarias: Para el normal desarrollo de las actividades educativas diarias, se seguirán las siguientes disposiciones:

El docente tutor de grado o curso, conjuntamente con el promotor educativo elaborará semanalmente la nómina de estudiantes que asisten a las actividades educativas diarias.

Las PPL que se encuentren legalmente matriculadas, serán trasladadas a las áreas destinadas para la prestación del servicio educativo, previa constatación en los listados de asistencia semanal entregados por el promotor educativo y la presentación del carné estudiantil. Dicho traslado deberá efectuarse con la suficiente anticipación a fin de garantizar que el estudiante asista sin contratiempos a la jornada diaria de estudio.

Las PPL estudiantes ingresarán a las áreas destinadas para la prestación del servicio educativo presentando su carné estudiantil al agente de seguridad penitenciaria a cargo de la seguridad del área educativa.

El cambio de hora de clase se realizará de acuerdo a la naturaleza de cada CPL y del personal asignado.

Artículo 11.- Del registro de docentes: El ente rector en materia educativa, remitirá la nómina del personal docente y administrativo asignado al CPL. Los citados funcionarios, deberán registrar su asistencia diaria a través de los mecanismos disponibles para el efecto en cada CPL. Estos reportes deberán ser remitidos por el/la Director/a del CPL al nivel distrital del Ministerio de Educación para los fines administrativos pertinentes.

En caso de que la planta docente asignada sufra variaciones, se deberá notificar de manera inmediata a las autoridades respectivas del ente rector en materia de educación a fin de que se adopten las acciones necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio.

Artículo 12.- De la asistencia de los estudiantes: La asistencia a las actividades educativas es de carácter obligatorio y se debe cumplir dentro de las jornadas y horarios establecidos para el efecto. El promotor educativo deberá remitir al/la Director/a del CPL un reporte quincenal sobre el registro de asistencia de los estudiantes. Este insumo permitirá realizar un seguimiento a las actividades educativas a las cuales están vinculadas las personas privadas de la libertad a fin de garantizar su permanencia en el Sistema y culminación de los distintos niveles.

El promotor educativo conjuntamente con los funcionarios designados por el ente rector en materia de educación,

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serán los responsables de implementar acciones tendientes a identificar y solucionar problemas que se pudieren detectar durante el desarrollo del periodo escolar.

El promotor educativo en coordinación con los funcionarios designados por el ente rector en materia educativa, remitirá mensualmente a la Dirección de Tratamiento y Plan de Vida, las estadísticas de estudiantes asistentes por cada nivel de escolaridad.

Artículo 13.- De la aprobación de niveles, justificación de inasistencias y la pérdida de asignaturas por inasistencia: La persona privada de la libertad vinculada al Sistema Nacional de Educación deberá cumplir de manera obligatoria con la carga horaria establecida para cada año lectivo en el respectivo nivel.

Los responsables de la institución educativa que brinda el servicio, podrán justificar faltas de conformidad a la normativa vigente y procedimiento establecido para el efecto. El promotor educativo será el responsable de facilitar y proporcionar la información que se requiera para realizar el análisis en cada caso.

Las personas privadas de la libertad vinculadas al Sistema Nacional de Educación no aprobarán las asignaturas si incurrieren en inasistencias injustificadas que superen los porcentajes establecidos en el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

SECCIÓN II

EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA

Artículo 14.- Educación no escolarizada: El promotor educativo será el responsable de motivar la participación de todas las personas privadas de la libertad en este tipo de formación; por lo tanto, no existirá restricción alguna para que puedan vincularse a uno o varios programas de estudio, pudiendo realizarse de forma individual o grupal.

El promotor educativo en coordinación con los funcionarios designados por el ente rector en materia educativa, remitirá mensualmente a la Dirección de Tratamiento y Plan de Vida, las estadísticas de estudiantes asistentes.

Artículo 15.- De las áreas de estudio: El desarrollo de la educación no escolarizada se impartirá, entre otras, en las siguientes áreas:

Educación para la salud y prevención de enfermedades;

Educación de la sexualidad, derechos sexuales y reproductivos;

Género;

Relaciones Humanas;

Derechos Humanos;

Educación en Valores;

Procedimiento legal y ejecución de penas;

Tecnologías para la información;

Idiomas;

Religión y Cultos;

Violencia Intrafamiliar;

Cultura de Paz;

Escuela para padres y madres; y,

Otros.

Artículo 16.- De la Planificación y ejecución de programas o proyectos de educación no escolarizada:

La Dirección de Tratamiento y Plan de Vida, emitirá la matriz de actividades no escolarizadas a cumplirse de manera mensual, trimestral, semestral y anual en cada CPL; y, el promotor educativo será el encargado de ejecutar las acciones pertinentes.

El/los promotor/es educativos conjuntamente con el Director/a del CPL, serán los responsables de construir el plan anual considerando las necesidades de formación y capacitación de las personas privadas de la libertad, así como los recursos y espacios físicos disponibles para la ejecución de los mismos.

Durante el año, podrán incluirse actividades adicionales al plan, para lo cual se seguirá el procedimiento de aprobación descrito en el primer inciso de este artículo.

El/los promotor/es educativos del CPL procurarán la incorporación de diversos actores de la sociedad en los procesos de formación de las personas privadas de la libertad; para tal efecto, podrán ejecutar los programas o proyectos de manera conjunta y/o cofinanciada con instituciones públicas o privadas.

SECCIÓN III

EDUCACIÓN SUPERIOR

Artículo 17.- Del acceso a la educación superior: El Estado garantizará el acceso de las personas privadas de la libertad bachilleres a la educación superior. En tal sentido, en coordinación con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), se diseñarán e implementarán los procesos especiales de nivelación, admisión y vinculación a este nivel de formación.

Artículo 18.- De la identificación de oferta académica: El promotor educativo será el responsable de identificar las necesidades de formación de las personas privadas de la libertad bachilleres, quienes ostenten este título estarán habilitados para acceder a este nivel de formación. Para tal

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efecto, semestralmente elaborará un informe en el cual se detalle el número de PPL que se vincularían al sistema, la determinación de la oferta educativa requerida, el detalle de los recursos materiales disponibles y requeridos, así como la descripción y determinación de los espacios en los cuales se desarrollarán las actividades académicas, entre los cuales consten aulas, pupitres, pizarras, infocentros, talleres, bibliotecas, y otros.

El/la Director/a del CPL validará y remitirá el informe citado en el párrafo anterior al/la Director/a de Tratamiento y Plan de Vida a fin de que se proceda con la articulación necesaria entre el SENESCTY, el ente rector encargado de identificar las Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos de Educación Superior, públicas o privadas que brindarán el servicio educativo; incluyendo la valoración de la pertinencia y gestión de recursos necesarios para la apertura de cohortes en las distintas áreas.

El nivel central del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, será el responsable de suscribir los correspondientes convenios con las distintas instituciones de educación superior a fin de garantizar la adecuada prestación del servicio educativo al interior de los CPL, así como la descripción de los compromisos y obligaciones que adquieren cada una de las partes.

Artículo 19.- De los procesos de nivelación previos al examen de admisión a la educación superior: En atención a la demanda de estudiantes y a los recursos disponibles en cada CPL se establecerá la oferta académica para cada grupo de aspirantes. Previo al inicio del proceso, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a través de el/la directora/a de Tratamiento y Plan de Vida coordinará con el ente rector en materia de Educación Superior los procesos especiales de nivelación para personas privadas de la libertad. La nivelación se realizará semestral o anualmente, dependiendo de la oferta académica existente; para su ejecución, podrá contarse con el apoyo de las distintas instituciones vinculadas al sector educativo tanto públicas como privadas.

La persona privada de la libertad podrá acceder a la oferta académica disponible en cada CPL a través del proceso de inscripción definido para el efecto por el ente rector en educación superior.

Una vez culminado el proceso de inscripción, las PPL aspirantes rendirán un examen que le habilitará para postular a una o varias ofertas académicas.

El INEVAL y la SENESCYT, en coordinación con el MJDHC, llevarán a cabo la aplicación del EXAMEN, donde se capacita tanto al personal aplicador como a los estudiantes. Se procurará la realización de jornadas de preparación sobre el contenido del examen.

Aplicado el examen y obtenidos los resultados del mismo, los aspirantes PPL estarán habilitados para postular a un cupo en una de las carreras ofertadas.

Artículo 20.- De la postulación, asignación, aceptación de cupos y vinculación a las instituciones de educación superior: La persona privada de la libertad aspirante a acceder a un cupo, siempre con el acompañamiento y guía del promotor educativo, ingresará a la plataforma informática establecida para el efecto por SENESCYT, a fin de efectuar el proceso de postulación, posterior a lo cual se procederá con la asignación y aceptación de un cupo en una de las carreras ofertadas.

Cumplidas las formalidades y requisitos respectivos, el estudiante PPL se vinculará a la institución de educación superior, pudiendo acceder de manera directa al primer nivel de estudios o al programa de nivelación de la carrera, de acuerdo a los procedimientos establecidos para el efecto por el ente rector o la institución de educación superior, según sea el caso.

SECCIÓN IV

De los procesos comunes de acceso a la educación

Artículo 21.- De la infraestructura destinada a la prestación del servicio educativo al interior de los Centros de Privación de Libertad: Con el fin de garantizar el acceso al derecho de la educación de las personas privadas de la libertad, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos adecuará de manera progresiva la infraestructura física para el desarrollo de actividades académicas tanto para alumnos, personal docente y administrativo de las diferentes instituciones a cargo brindar de la oferta educativa. Para tal efecto, se procurará el mejoramiento permanente de los espacios destinados a estas actividades y se facilitarán los recursos que fueren necesarios que garanticen condiciones óptimas de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Para el acceso y vinculación de las PPL a los distintos niveles de educación, los entes rectores establecerán los requerimientos en materia de infraestructura y materiales de estudio necesarios para el inicio de las actividades.

Artículo 22.- De la fase preparatoria al inicio de las actividades escolares o académicas al interior de los CPL: Los responsables de las instituciones de educación a las cuales se hubiera vinculado el estudiante PPL, deberán coordinar con el/los promotores educativos la ejecución de todas las actividades al interior de los CPL.

Previo el inicio del periodo escolar o ciclo académico, según corresponda, el promotor educativo realizará la inducción al personal docente y administrativo perteneciente a las distintas instituciones educativas que brindan el servicio, misma que incluirá aplicación de protocolos de seguridad y operatividad al interior del CPL, y demás normativa que les permita cumplir de manera adecuada sus actividades.

El/la Director/a de Tratamiento y Plan de Vida emitirá las directrices sobre el correcto uso de los recursos

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educativos complementarios permitidos en los distintos niveles, los procesos de revisión y supervisión a los cuales deben someterse para el ingreso de los mismos a los CPL, la determinación de los procesos de custodia y almacenamiento, entre otros.

Los materiales o recursos educativos no serán sujetos a procesos de decomiso o destrucción; sin embargo de lo cual, las personas privadas de la libertad estudiantes deben sujetarse a los procedimientos de seguridad, requisas, control, registro y revisión de los materiales educativos a fin de prevenir su mal uso, y garantizar seguridad del CPL y de las demás PPL.

Artículo 23.- De los recursos educativos complementarios: Para el desarrollo de las actividades educativas, las personas privadas de la libertad estudiantes podrán utilizar recursos materiales o tecnológicos adicionales a los proporcionados en cada CPL. Para el ingreso de estos recursos, los estudiantes solicitarán la autorización respectiva al/la Directora/a del CPL.

Artículo 24.- Del Carné estudiantil o credencial: El carné estudiantil o credencial es el documento personal e intransferible de la PPL que cursa estudios escolarizados o de educación superior al interior del CPL; y será otorgado al inicio de cada ciclo escolar o académico por la respectiva institución que oferta el servicio educativo en coordinación con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Este documento acredita al portador como estudiante legalmente matriculado, en el cual se consignarán una fotografía actualizada del PPL estudiante, los datos de información personal y académica correspondiente, entre otros.

Para el traslado de los estudiantes desde los pabellones de seguridad hasta los espacios destinados para el desarrollo de las actividades educativas, se requerirá la presentación del carné o credencial. El agente de seguridad penitenciaria a cargo de estos espacios constatará la identificación de la persona privada de la libertad consignada en el carné o credencial así como en los listados de estudiantes proporcionados por el/la Director/a de cada CPL. El estudiante deberá de manera obligatoria presentar su carné o credencial al momento de la salida e ingreso a cada pabellón y portarlo hasta el término de la jornada escolar o académica.

Al finalizar del ciclo educativo, el carné o credencial será retirado por el promotor educativo del CPL.

Artículo 25.- De la emisión de certificados de estudio: Las PPL estudiantes podrán solicitar al representante de la institución que brinda el servicio educativo al interior de los CPL, certificados en los cuales conste, entre otros, el cumplimiento de los estándares de aprendizaje fijados para

cada nivel. Dicho requerimiento deberá ser direccionado al/la Director/a del CPL y deberá ser emitido en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho horas.

Los citados certificados podrán ser requeridos, para realizar trámites legales en los cuales se requiera expresamente dicho documento u otros.

Con el fin de garantizar un correcto proceso de enseñanza aprendizaje, en educación no escolarizada y formación continua se procurará que la persona privada de la libertad, apruebe cursos de al menos 30 horas, luego de lo cual se extenderán los correspondientes certificados.

Artículo 26.- De la ubicación de los estudiantes en los CPL: Se procurará que las PPL que se encuentran cumpliendo sus estudios escolarizados y no escolarizados así como de educación superior, sean ubicados en un mismo pabellón dentro de sus diferentes niveles de seguridad, con la finalidad de facilitar el acceso a las áreas educativas, ubicación que la mantendrá siempre y cuando mantenga la calidad de estudiante.

Artículo 27.- Del traslado de los estudiantes PPL a otro centro de privación de la libertad: En caso de traslado de una persona privada de la libertad, vinculada a un determinado nivel educativo, a otro CPL, el promotor educativo, en el término de 24 horas contados a partir del día siguiente de la solicitud de traslado, gestionará y realizará el envío del expediente académico al promotor educativo del centro de destino, a fin de que sea incluido de inmediato en el proceso educativo correspondiente.

Los promotores educativos de cada CPL serán los responsables de garantizar la vinculación de la persona privada de la libertad a las actividades educativas, evitando retrasos o dilaciones innecesarias que puedan incidir en el correcto desenvolvimiento de las actividades.

Artículo 28.- Del acceso a beneficios de Ley de las PPL y la continuación del proceso educativo: Si el estudiante, durante el año se acoge a los beneficios de ley o cambio de régimen conforme lo establece la normativa aplicable para estos casos y se manifieste su interés de continuar sus estudios en otra institución educativa, el promotor educativo gestionará de conformidad con las directrices del ente rector, la entrega al interesado o a quien este delegue, copia certificada del expediente académico.

Una vez que el estudiante PPL recupere su libertad y/o obtenga un beneficio o régimen penitenciario, el departamento de trabajo social del CPL, comunicará sobre este hecho a la institución que brinda el servicio educativo para los fines administrativos pertinentes.

Para las PPL que se encuentren con beneficios penitenciarios o cambios de régimen, que deban cumplir con alguna actividad escolar o académica, misma que interfiera con

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su presentación en el centro, la institución que brinda el servicio educativo otorgará el correspondiente certificado para su justificación.

Artículo 29.- De la aplicación de procesos sancionatorios a las personas privadas de la libertad estudiantes: En ningún caso se impondrá como medida sancionatoria la suspensión de las actividades educativas. En caso de que la persona privada de la libertad estudiante se vea inmersa en procesos sancionatorios por el cometimiento de faltas graves o muy graves, se adoptarán medidas alternativas que permitan al PPL continuar sus estudios, tales como tutorías, guías de estudio individualizado u otros, a fin de no interrumpir el proceso de enseñanza aprendizaje.

Artículo 30.- De la deserción: Es deber del Estado garantizar las condiciones para que la persona privada de la libertad permanezca en los sistemas de educación. Sin embargo, en caso de detectarse la deserción por parte de un estudiante, el promotor educativo deberá informar al equipo técnico encargado de este eje de tratamiento, a fin de que se tome contacto de manera inmediata con la PPL procurando identificar las causas que motivaron la deserción así como las eventuales soluciones que se puedan plantear en cada caso.

Es deber del promotor educativo motivar la participación y permanencia de las personas privadas de la libertad en los sistemas educativos; en tal sentido, se realizarán actividades de seguimiento a cada caso; y de ser necesario, se podrá requerir la intervención del tutor o guía a fin de buscar alternativas de apoyo pedagógico requerido por el estudiante.

Artículo 31.- Del estudiante tutor: El promotor educativo en coordinación con el personal asignado por las instituciones que brindan el servicio educativo, motivarán la participación de las personas privadas de la libertad estudiantes, en procesos de capacitación o formación de otras que se encuentren en similar situación de cumplimiento de una pena privativa de libertad. Para tal efecto, verificarán que el/la estudiante tutor cuente con los conocimientos y destrezas necesarios para apoyar en procesos de formación de otras PPL. Se privilegiará la designación de estudiantes tutores a las personas privadas de la libertad que mantengan en su expediente disciplinario la clasificación de buena conducta.

En este proceso de apoyo a los docentes, el/ la estudiante tutor, podrá desarrollar actividades académicas formativas, tales como seminarios, cursos, talleres, etc., con la autorización y guía del promotor educativo y de los funcionarios representantes de las instituciones que brindan el servicio educativo. En cualquier caso, las actividades deberán cumplirse bajo las normas del CPL.

CAPÍTULO II

EJE DE CULTURA

Artículo 32.- De las actividades artístico-culturales: El/ la promotor/a cultural, dentro del plazo máximo de tres

días laborales contados a partir de la fecha en la cual se produce la vinculación de la persona privada de la libertad al centro, y con base a la ficha del plan individualizado del cumplimiento de la pena, informará a las PPL las siguientes disciplinas y actividades artísticas culturales a las que puede acceder:

Literatura: En esta área se podrán desarrollar talleres de poesía, narrativa, periódico mural, lectura comprensiva, ensayo, concurso de Literatura, libro leído, entre otros.

Artes escénicas: En esta área se podrán desarrollar talleres de estudio o práctica de obra escénica o escenificación, teatro, cine, arte dramático, danza, entre otros.

Música: En esta área se podrán desarrollar talleres de práctica o aprendizaje de instrumentos musicales, solistas, coros, grupos musicales, entre otros.

Artes plásticas: En esta área se podrán desarrollar talleres de Pintura, grabado, diseño gráfico, escultura, dibujo técnico y artístico, entre otros.

Comunicación: En esta área se podrán desarrollar talleres de manejo de cabinas de radio, diseño y creación de revistas, recursos audiovisuales, redacción de boletines de prensa, redacción de informativos, cine foro, entre otros.

Las disciplinas y actividades artísticas culturales antes detalladas deberán estar desarrolladas y explicadas en materiales informativos a fin de que las PPL participantes tengan fácil acceso y puedan establecer el alcance y propósito de las mismas.

Artículo 33.- De la planificación y desarrollo de actividades artístico culturales dentro de los CPL: El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a través del Eje Cultural de la Dirección de Tratamiento y Plan de Vida, se encargará de coordinar la ejecución de la planificación anual de actividades artísticas y culturales al interior de los CPL, propuestas por el/la promotor/a cultural en los primeros 5 días del mes de noviembre de cada año, cerciorándose de que exista suficiente espacio físico, logística, infraestructura y la seguridad respectiva, para el cumplimiento de la actividad cultural a ejecutarse, proceso que se llevará a cabo en todos los niveles de seguridad y en función a las directrices establecidas para el efecto.

Artículo 34.- De la gestión de actividades culturales: El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a través de las Coordinaciones Zonales, en conjunto con el/la Director/a y el o los promotores culturales del CPL, coadyuvarán en la consecución, vinculación, auspicio y ejecución de las actividades de formación en este eje de tratamiento, para lo cual se suscribirán convenios o acuerdos de cooperación, con entidades públicas y/o privadas.

SECCIÓN I

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA

VINCULACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS

DE LIBERTAD A LAS ACTIVIDADES

CULTURALES

Artículo 35.- Del procedimiento de vinculación de participación de las PPL: El procedimiento ordinario de la

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actividad cultural, se ejecutara a través del/los promotor/ es culturales cumpliendo las siguientes fases:

1. Planificación;
2. Convocatoria;
3. Inscripción;
4. Evaluación de la PPL aspirante;
5. Selección;
6. Aval de Dirección del CPL;
7. Publicación de listado de las PPL vinculadas;
8. Inducción; y,
9. Desarrollo.

Artículo 36.- De la planificación de la actividad cultural: Las actividades a desarrollarse en este eje deberán ser planificadas por el/los promotores culturales y aprobadas por el/la Directora/a de cada CPL semestralmente. Esta planificación incluirá la identificación de los perfiles que deben cumplir las personas privadas de la libertad aspirantes, así como la definición de los espacios físicos y recursos materiales necesarios para su cabal cumplimiento, cronogramas de ejecución de cada una de las fases citadas en el artículo precedente, entre otros; aplicando, en cualquier caso, criterios de seguridad propios de la condición de privación de la libertad.

Cada fase deberá ejecutarse en cumplimiento al cronograma; razón por la cual, dentro de la planificación se hará constar de manera clara los plazos o términos establecidos para la ejecución de las mismas. El/la Directora/a del centro será el responsable de supervisar y hacer cumplir el cronograma aprobado.

Artículo 37.- Convocatoria de la actividad cultural: Una vez aprobada la ejecución de la actividad cultural, se procederá con la convocatoria y publicación de la misma en dos (2) días hábiles y en lugares visibles al interior del CPL, propiciando la participación de las personas privadas de la libertad. En dicha convocatoria se hará constar el perfil requerido que deben cumplir los aspirantes, entre otros aspectos propios de la actividad.

Artículo 38.- De la inscripción. El/los promotores culturales del CPL diseñarán una ficha en dos días hábiles, que contendrán datos personales, información educativa, nivel de seguridad y aptitudes artístico-culturales, a través de la cual se recopilará toda información necesaria de cada persona privada de la libertad que desee vincularse a este eje, con el fin de orientar de mejor manera su participación en cada actividad planificada. La Dirección de Tratamiento y Plan de vida será la responsable de homologar el contenido de las referidas fichas a fin de que se aplique de manera estandarizada en todo el país.

Artículo 39.- De la evaluación previa a la vinculación a la actividad: El/los promotores culturales del centro en dos días hábiles, desarrollarán una prueba de aptitud, destrezas, conocimientos u otros, pudiendo realizarse valoraciones psicológicas, médicas u otras que permitan determinar de manera adecuada la situación de la PPL aspirante a vincularse a la actividad artístico-cultural en la que se ha inscrito.

Artículo 40.- De la selección y aval para para la vinculación de las PPL en actividades culturales: El equipo técnico del CPL, dentro de cinco días hábiles, realizará la selección y calificará la idoneidad de la persona privada de la libertad que participará en la actividad cultural. El listado de las PPL seleccionadas con su respectivo expediente administrativo que incluirá la o las pruebas de evaluación practicadas, será remitido a el/la Director/a del centro, considerando si fuere el caso, criterios reservados de seguridad para el respectivo aval.

La máxima autoridad del CPL enviará al Promotor Cultural y a la Jefatura de Guías el listado autorizando para participación de las personas privadas de la libertad en las distintas actividades o proyectos.

Artículo 41.- De la publicación de listado de PPL seleccionados y su inducción: El/los promotor/es culturales publicarán el listado a través del cual se autorizó la participación de las PPL en las distintas actividades, así como la convocatoria para la realización de la inducción para el cumplimiento de su actividad, con el fin de que cada participante conozca sus obligaciones, deberes y derechos.

Artículo 42.- De los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades: El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, de conformidad a la disposición presupuestaria, entregará los recursos que fueren necesarios para cumplir las actividades programadas en cada centro; sin perjuicio de lo cual, el/la directora/a del centro, a través del/los promotor/es culturales podrán gestionar insumos o materiales a través de autogestión con instituciones u organizaciones públicos y/o privadas.

SECCIÓN II

DE LA VINCULACIÓN A LOS

PROGRAMAS DE RADIO EN LOS CENTROS

DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

Artículo 43.- En los CPL donde existen programas radiales para su ingreso se requiere de requisitos específicos, siendo necesaria la selección conforme a aptitudes propias para la función, como:

Poseer habilidades y destrezas para comunicarse, etc.;

Haber aprobado como mínimo el 7mo año de educación básica; y,

Demostrar buena conducta en el cumplimiento de su sentencia.

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Artículo 44.- Del procedimiento para la vinculación de las personas privadas de la libertad a los programas radiales: El proceso de vinculación de personas privadas de la libertad a estos proyectos será el siguiente:

1. Planificación;
2. Convocatoria;
3. Inscripción;
4. Evaluación o prueba de conocimientos;
5. Selección de aspirantes;
6. Publicación de listado de las PPL; e,
7. Inducción.

La selección de las PPL que formarán parte de los programas radiales será de exclusiva responsabilidad del equipo técnico y del/los promotor/es cultural/es del CPL.

Artículo 45.- De la planificación: De manera semestral, el/los promotor/es cultural/es elaborarán la propuesta de vinculación a los proyectos, la cual contendrá, entre otros aspectos, los objetivos, temarios a abordar, cronograma de actividades, etc. Este instrumento será sujeto a aprobación de/la directora/a del CPL.

Artículo 46.- De la convocatoria: Cuando esté disponible una vacante de producción en las cabinas radiales, en dos días hábiles se deberá publicar una convocatoria y exponerla en un sitio visible mencionando los requisitos que deben cumplir los aspirantes a participar en el proyecto, con el propósito de que las PPL interesadas se inscriban y continúen con el proceso necesario para su vinculación.

Artículo 47.- De la inscripción: Las aspirantes PPL llenarán una ficha de inscripción, la misma que contendrá datos personales, información sobre sus aptitudes comunicacionales, formación educativa, experiencia previa (opcional), etc., procedimiento que deberá ejecutarse en el término de dos días posteriores a la convocatoria.

Artículo 48.- Evaluación y prueba de conocimientos: Las aspirantes PPL deben asistir a la entrevista con el/los promotor/es cultural/es y educativos, así como con los servidores públicos de Comunicación Social pertenecientes a la Coordinación Zonal, para la evaluación de sus capacidades y conocimientos en virtud a los datos proporcionados.

En la citada entrevista se procurará identificar conocimientos que posee la persona privada de la libertad, entre otros, de locución, improvisación, voz en la cabina radial, etc., procedimiento que deberá ejecutarse en el término de dos días hábiles.

Artículo 49.- Selección de aspirantes: El Equipo Técnico conocerá el listado de las personas privadas de la libertad que asistieron a la entrevista y rindieron las evaluaciones. Con base a los resultados obtenidos, pondrá a consideración del/la Directora/a del CPL el listado de las personas privadas de la libertad seleccionadas para vincularse a esta actividad con el fin de que emita el aval y autorización respectiva. Se analizarán en esta última fase criterios de seguridad para el desarrollo de la actividad. Este listado será remitido al equipo de promotores culturales a fin de que se continúe con el proceso de vinculación de las PPL en los programas radiales. Dicha vinculación se efectuará dentro del plazo de cuatro (4) días contados a partir de la autorización.

Artículo 50.- Publicación del listado: Una vez que el/los promotor/es cultural/es haya sido notificado con el listado los aspirantes seleccionados que serán vinculadas a los programas radiales, procederá a publicar dichos resultados en lugares visibles y de fácil acceso para los PPL.

Artículo 51.- De la inducción: Previo al inicio de las actividades en los programas radiales, las PPL seleccionadas recibirán por parte del/los promotor/es cultural/es, la inducción necesaria a fin de que conozca el entorno en el cual se desarrollará.

Artículo 52.- De las obligaciones de las PPL vinculadas a los programas radiales: Las PPL que participan en los programas de radio deberán:

Sujetarse al plan de capacitación creado para el efecto por la Dirección de Tratamiento y Plan de Vida del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Asistir puntualmente a las juntas de planificación semanales de trabajo (análisis, evaluación y cronograma);

Participar activamente en los planes y programas propuestos; y,

Asumir responsablemente el rol determinado por el grupo de productores.

Artículo 53.- De la certificación por competencia laboral en materia comunicacional: Las PPL participantes en proyectos radiales por más de dos (2) años, y que hubiesen cumplido con los procedimientos y requerimientos establecidos para el efecto, obtendrán una certificación por competencias laborales en materia comunicacional. Para tal efecto, es obligación del/los promotor/es culturales, generar vínculos de cooperación con entidades públicas o privadas certificadoras a fin proceder con los protocolos y procedimientos necesarios para obtener la certificación. Una vez obtenida la misma, podrán cumplir la función de capacitadores de las PPL aspirantes a ingresar a las cabinas radiales.

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Artículo 54.- De la utilización de las cabinas radiales en los CPL del país: Con el fin de garantizar un uso adecuado de las cabinas radiales, así como los componentes y bienes asignados a ellas, se deberán tomar en cuenta los siguientes lineamientos:

El buen manejo de las cabinas de radio y de los equipos de comunicación es responsabilidad del/los promotor/es cultural/es.

Las PPL designadas a colaborador en los programas, velarán por el buen manejo y utilización de los equipos que conforman la cabina de radio.

Los accesos a tecnología e internet, deberán ser controlados y monitoreados por el/los promotor/es cultural/es a cargo, a fin de que las PPL no hagan mal uso de las citadas herramientas.

Artículo 55.- De los horarios: El/los promotor/es cultural/ es a cargo del proyecto, procurarán el uso de las cabinas de radio de lunes a viernes de 08h30 a 12h00 y de 14h00 a 17H00.

De requerirse tiempo adicional a fin de dar cumplimiento a la producción y post producción de los programas radiales, el/los promotor/es cultural/es a cargo solicitarán autorización por escrito al Director del CPL, donde primarán los criterios de seguridad.

Artículo 56.- De la utilización de los bienes: Los aparatos y equipos que conformen la cabina de radio deberán ser utilizados únicamente por el personal autorizado y calificado.

Artículo 57.- De las sanciones. Los daños provocados por descuido o mal uso de los equipos de las cabinas radiales, serán responsabilidad exclusiva del/los promotor/es cultural/es a cargo del proyecto, así como de las PPL que hayan participado en actos que afecten a los bienes públicos o privados.

En caso comprobado de mal uso de los equipos, las personas privadas de libertad responsables, serán separadas inmediatamente del proyecto sin perjuicio de las acciones a las que hubiere lugar.

CAPÍTULO III

EJE DEPORTIVO

SECCIÓN I

ACCESO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA

LIBERTAD A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS,

DE CULTURA FÍSICA Y RECREATIVAS

Artículo 58.- De la oferta de actividades: En cada CPL, con base al análisis de espacio físico disponible, se procurará la vinculación de las personas privadas de la libertad y se ofertará las siguientes actividades físicas divididas en tres ramas: Deportes, Recreación y Cultura Física.

Se mencionan, entre otras, las siguientes actividades:

Deportes: Indorfútbol, fútbol, ecuavoley, volleyball, baloncesto, levantamiento de pesas, ajedrez, balonmano, ping pong, tenis, crossfit, entre otros;

Recreación: Bailoterapia, aeróbicos, coreografía, juegos de naipes, dominó, damas, parqués (parchís), caminata, juegos populares-ancestrales, entre otros; y,

Cultura Física: Acondicionamiento físico en general, cursos varios, rehabilitación física, yoga, entre otros.

Artículo 59.- De los postulantes a los proyectos y actividades físicas: Podrán participar en las distintas actividades físicas, las PPL de todos los niveles de seguridad (mínima, media y máxima), que así lo decidan y estén aptos para realizar las mismas.

Artículo 60.- De la disponibilidad y habilitación de espacios para la ejecución de actividades: El servidor responsable de Cultura Física del MJDHC en el CPL, analizará la infraestructura del CPL disponible para el desarrollo de las actividades planificadas, luego de lo cual emitirán el informe de viabilidad que será puesto a consideración del/la directora/a para su autorización. La actividad se definirá tomando en cuenta la demanda de las PPL en cada una de las disciplinas deportivas, recreativas y de cultura física.

Artículo 61.- De la socialización de actividades e inscripción de las PPL: El/los promotores o servidores públicos a cargo de esta actividad, realizarán una socialización de las actividades físicas disponibles en cada CPL.

Las PPL aspirantes realizarán su inscripción con el servidor responsable de Cultura Física en el CPL, mismo que verificará y evaluará la información contenida en la ficha médica individual. De ser necesario, se coordinará la realización de un examen médico que será practicado por profesionales de la salud asignados al centro.

Artículo 62.- Del proceso de selección y admisión: Evaluada la situación médica de los aspirantes, el funcionario responsable de este eje remitirá al/la Directora/a del centro el listado de las PPL a fin de que emita la autorización correspondiente.

Artículo 63.- Del Inicio de Actividades: La PPL ingresa al proyecto o actividad física para el cual se inscribió, observando buen comportamiento y acatando en todo momento la normativa penitenciaria y los reglamentos deportivos establecidos para el desarrollo de las diferentes actividades físicas.

Los familiares de las PPL, podrán participar al menos una vez al año, de actividades físicas recreativas al interior de los CPL, con la finalidad de fortalecer los lazos familiares y los procesos de rehabilitación y reinserción social.

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Artículo 64.- De los mecanismos de seguridad a implementarse al interior de los CPL para el cumplimiento de las actividades físicas: El servidor responsable de este eje de tratamiento, deberá remitir al director del centro el listado de las personas privadas de libertad que participarán en las actividades físicas indicando el nivel de seguridad asignado a cada una de ellas (mínima, media, máxima), así como el cronograma de planificación de las actividades físicas establecidas, con la finalidad de coordinar con el personal de seguridad y vigilancia, el traslado y vigilancia de los participantes antes, durante y después del desarrollo de la actividad.

Las actividades detalladas en este Capítulo, podrán ser coordinadas y ejecutadas de manera conjunta con instituciones públicas o privadas que tengan experticia en cada rama, para lo cual se el/la servidor/a responsable de la ejecución los proyectos, organizarán y dictarán un taller de inducción a los instructores de las referidas instituciones con el fin de socializar los reglamentos internos, normas de seguridad y protocolos de ingreso al CPL.

SECCIÓN II

DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE LAS

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LAS

ACTIVIDADES FÍSICAS

Artículo 65.- De la inasistencia a la actividad física: Las PPL que se inscriban en una actividad física deberán asistir de manera regular y consecutiva a las mismas. Si incurrieran en dos o más faltas injustificadas consecutivas, el Equipo Técnico podrá decidir la exclusión de las mismas

Se considerarán inasistencias justificadas, aquellas que hayan sido consecuencia de fuerza mayor, enfermedad, audiencias y traslado.

En caso de faltas graves o muy graves en el desarrollo de la actividad, se suspenderá la participación de la PPL de la actividad física temporalmente, se pondrá en conocimiento del Equipo Técnico a fin de que establezca los correctivos respectivos.

Artículo 66.- De la elaboración, aprobación y socialización de instructivos para cada disciplina o actividad.- Será responsabilidad del/los promotores o servidores encargados de la implementación de este eje en cada centro, elevar a conocimiento y aprobación del/ la Directora/a los instructivos y normas aplicables en cada disciplina o actividad. Estos instructivos serán enviados a la Dirección de Tratamiento, Plan y Vida para su conocimiento y seguimiento. Una vez aprobados los instructivos, se procederá con la socialización de los mismos a los participantes, esto es, a las personas privadas de la libertad, instructores, y demás funcionarios a cargo de la ejecución y supervisión.

SECCIÓN I

ACCESO DE LAS PERSONAS PRIVADAS

DE LIBERTAD A LA SALUD

Artículo 67.- Del relacionamiento del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el ente rector en materia de salud pública: Para la ejecución de acciones o servicios de salud en los CPL, las Coordinaciones Zonales de esta Cartera de Estado mantendrán comunicación permanente con sus contrapartes del Ministerio de Salud Pública, vinculando en dicha gestión a los delegados zonales de salud penitenciaria ambas Instituciones.

Artículo 68.- De la atención médica por primera vez de la PPL en el establecimiento de salud del CPL. Dentro de las 24 horas siguientes al ingreso de la PPL al centro, se garantizará la atención médica.

La máxima autoridad del Centro, entregará listado de ingreso de PPL a las/los trabajadores sociales, quienes a su vez entregarán dicho listado a la unidad médica con la finalidad de que el personal de salud programe la prestación del servicio médico. Así también los o las trabajadoras sociales entregarán dicho listado al Subinspector de Seguridad Penitenciaria o quien haga las veces en el CPL, quien coordinará con los funcionarios públicos a cargo de la seguridad del centro a fin de proceder con el traslado de las personas privadas de la libertad desde los pabellones asignados hacia la unidad de salud. Una vez practicados los exámenes de rigor, los servidores públicos a cargo de la seguridad, retornarán a las personas privadas de la libertad hacia sus lugares de origen.

Artículo 69.- De la apertura de historia clínica o registro de atención médica en el Sistema PRAS: La apertura clínica o registro de atención médica en el sistema PRAS de las personas privadas de la libertad, se realizará bajo los protocolos y registro de atención médica manejados por el ente rector en materia de salud pública.

Artículo 70.- De la atención médica permanente: La unidad médica entregará diariamente un listado de agendamiento médico al Subdirector de Seguridad Penitenciaria, quien coordinará con los funcionarios públicos encargados de la seguridad la salida de las personas privadas de la libertad desde su pabellón hacia la unidad médica y retorno.

Artículo 71.- De la atención médica de emergencia en CPL: En atención a la disponibilidad de infraestructura habilitada en cada centro, se definirá si la atención de las personas privadas de la libertad que requieran servicios médicos de emergencia debe ser prestada al interior o fuera del mismo, en tal sentido, se considerarán las siguientes circunstancias:

En el caso de que el CPL no disponga de infraestructura para la prestación de servicios de emergencia, se procederá de la siguiente manera:

a) Durante el día: El personal de salud en el CPL coordinará la atención médica con el ECU 911, a

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través de Subinspector de Seguridad Penitenciaria o quien haga sus veces, quien a su vez informará inmediatamente por escrito a la máxima autoridad del CPL.

b) Durante la noche: De presentarse un evento que comprometa la salud de la persona privada de la libertad, el Subinspector de Seguridad Penitenciaria o quien haga sus veces, coordinará la atención médica a través del ECU 911 e informará inmediatamente por escrito a la máxima autoridad del CPL.

En ambos horarios, si de la prescripción médica se estable­ce que la PPL debe ser trasladada a una Casa de Salud, la máxima autoridad del CPL coordinará y dispondrá la custodia por parte de los funcionarios públicos encargados de la seguridad durante el tiempo que dure la atención médica. La orden de salida médica por emergencia será de cumplimiento inmediato, bajo responsabilidad del personal de seguridad, en coordinación con el Director del Centro.

En el caso de que CPL disponga de infraestructura y equipamiento necesario para brindar atención médica de emergencia a las personas privadas de la libertad que así lo requieran, el Subinspector de Seguridad Penitenciaria o quien haga sus veces, coordinará el traslado del paciente desde el pabellón hacia la unidad médica. Si de la prescripción médica se establece que la PPL debe ser trasladada a una Casa de Salud, la máxima autoridad del CPL coordinará y dispondrá la custodia por parte de los funcionarios públicos encargados de la seguridad durante el tiempo que dure la atención médica. La orden de salida médica por emergencia será de cumplimiento inmediato, bajo responsabilidad del personal de seguridad, en coordinación con el Director del Centro.

Artículo 72.- De la ubicación de las PPL que requieran tratamiento médico: Para la ubicación de una PPL por tratamiento médico, la máxima autoridad del Centro conocerá la disposición médica y coordinará con el equipo técnico y con los funcionarios públicos encargados de la seguridad y vigilancia, a fin de que se proceda con la reubicación conforme a la recomendación del personal de salud.

Artículo 73.- Del horario de atención médica en los CPL: Los horarios de atención médica serán los establecidos por el ente rector en salud pública en coordinación y acuerdo con el MJDHC; la máxima autoridad de los CPL verificarán su cumplimiento.

Artículo 74.-Niveles de atención médica por complejidad: El personal médico asignado a cada CPL, luego de la evaluación respectiva, determinará el nivel de complejidad de la atención médica que requiera la persona privada de la libertad, para tal efecto, se considerarán los siguientes parámetros:

Primer Nivel de Complejidad.- Se refiere a atenciones médicas que deban realizarse en policlínicos, centros de salud o consultorios.

Segundo Nivel de Complejidad.- Se refiere a atenciones médicas que deban realizarse en hospitales cuyas especialidades sea medicina interna, pediatría, ginecología, cirugía general, Psiquiatría, u otras.

Tercer de Nivel de Complejidad.- Se refiere a atenciones médicas y quirúrgicas que deban realizarse a causa de ciertas patologías, con presencia de subespecialidades que se caracterizan por la ejecución de procedimientos complejos y alta tecnología. Su ámbito de cobertura será en todo el país.

Artículo 75.- De la atención médica en casas de salud de segundo y tercer nivel: El personal sanitario responsable de la unidad médica en el CPL solicitará o comunicará a la máxima autoridad del CPL, la referencia de atención médica de una PPL a una Casa de Salud de segundo o tercer nivel, para lo cual, la máxima autoridad del CPL designará a una/un Trabajadora/or Social para que coordine acciones con la Casa de Salud para la obtención del turno médico o seguimiento de la atención médica y de ser necesario dicho servidor realizará el acompañamiento.

Artículo 76.- De la referencia a otras unidades y la atención médica especializada: Con el fin de brindar atención médica oportuna a las personas privadas de la libertad que así lo requieran, se considerarán los siguientes criterios:

La referencia: Es un procedimiento administrativo asistencial mediante el cual el establecimiento de salud en el CPL transfiere la responsabilidad de la salud de la persona privada de la libertad a otro establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva, para lo cual la máxima autoridad del centro coordinará la custodia y vigilancia de la PPL durante la atención médica y su retorno al CPL.

La contrareferencia: Es un procedimiento administrativo asistencial mediante el cual el establecimiento de salud de segundo o tercer nivel de atención devuelve la responsabilidad de la salud de la PPL al establecimiento de salud en el CPL para su control y seguimiento necesario, para lo cual la máxima autoridad del Centro dispondrá a él o la trabajadora social el seguimiento de los casos, así también ejecutará acciones de gestión y coordinación con la unidad médica de ser necesario.

Artículo 77.- De la atención médica a grupos de atención prioritaria: La máxima autoridad del CPL priorizará la atención médica a la persona privada de la libertad incluida en grupos de atención prioritaria, para lo cual comunicará inmediatamente a la unidad médica del centro para una pronta atención. La unidad médica del centro coordinará acciones con la o el trabajador social para asegurar el bienestar de la persona privada de la libertad.

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La Dirección de Tratamiento y Plan de Vida para Adultos a través del Eje de Salud, las Coordinaciones Zonales y Direcciones de los CPL elaborarán y gestionarán programas de prevención, promoción y tratamiento para este grupo, garantizando la inclusión social.

Artículo 78.- De la atención psicológica y psiquiátrica: La atención psicológica y psiquiátrica se brindará a la población penitenciaria por personal especializado perteneciente al ente rector en materia de salud pública. En casos de requerimientos judiciales se atenderá conforme lo solicite la autoridad competente.

Artículo 79.- De la atención Telepsiquiátrica: Para la atención de PPL en el servicio médico de Tele psiquiatría el Agente de Seguridad Penitenciaria de mayor rango, contará con el listado de personas a ser atendidas y designará el personal de ASP para la custodia y traslado desde los pabellones al consultorio o lugar de la atención telemática. Concluida la atención médica los ASP retornarán a las personas privadas de la libertad hacia sus lugares de origen.

El personal de seguridad guardará la distancia de custodia prudente, de acuerdo a los criterios médicos establecidos para este servicio.

Artículo 80.- Del seguimiento médico a la población penitenciaria en el CPL: El personal de salud en el CPL realizará el respectivo seguimiento al tratamiento médico que reciba la persona privada de la libertad. En caso de que sea necesaria la ejecución de acciones adicionales para garantizar la atención médica, la máxima autoridad del centro dispondrá al personal a su cargo el apoyo necesario para garantizar esta atención.

Artículo 81.- Del seguimiento médico de las PPL trasladadas a otros CPL: La máxima autoridad del centro, en el plazo no mayor a 24 horas subsiguientes al traslado de la o las PPL comunicará a la unidad de salud del centro a su cargo, para que el personal sanitario coordine el envió de documentación y expediente médico a la unidad médica del CPL de destino, con la finalidad de asegurar la atención oportuna y la continuidad del tratamiento de ser necesario.

En caso de que durante el traslado la persona privada de la libertad requiera administración de medicina, el/la Director/a del centro coordinará con el personal de salud así como los funcionarios públicos a cargo de la seguridad y custodia de las PPL a fin de que se garantice la provisión de la misma.

Artículo 82.- De la entrega de medicina para el tratamiento médico de la PPL: La entrega de medicina a la PPL, es de responsabilidad exclusiva del personal de salud del ente rector en materia de salud pública de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 83.- De la entrega a las PPL de dietas de alimentación por prescripción médica: Una vez que la máxima autoridad del CPL cuente con el listado de dietas proporcionado por el servidor responsable de la unidad médica, coordinará acciones con el responsable de la alimentación, para que se dé estricto cumplimento con la entrega las mismas. De suscitarse alguna novedad en cuanto a la prestación del servicio de alimentación, el responsable del centro informará de manera inmediata al/ la Director/a de Tratamiento y Plan de Vida para Adultos, a fin de que se coordine la adopción de correctivos de manera inmediata.

SECCIÓN II

DE LA VINCULACIÓN DE LAS PERSONAS

PRIVADAS DE LA LIBERTAD A LOS

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

DE LA SALUD EN LOS CPL

Artículo 84.- De los programas de información, promo­ción y prevención del consumo de sustancias nocivas para la salud: Los servidores asignados al eje de tratamiento de Salud elaborarán una planificación que incluirá la creación de programas o proyectos con la finalidad de orientar, asesorar y ejecutar la implementación de programas de promoción y prevención para el consumo de sustancias nocivas para la salud, bajo la supervisión y coordinación de la Dirección de Tratamiento y Plan de Vida para Adultos.

La máxima autoridad del centro brindará las facilidades para la ejecución de los referidos programas y remitirá informes trimestrales a la respectiva Coordinación Zonal y esta su vez a la Dirección de Tratamiento y Plan de Vida sobre los resultados y avances obtenidos.

Para el ingreso de la PPL a programas de promoción y prevención del consumo de sustancias nocivas a la salud, la persona responsable de la ejecución de dichos programas, elaborará un listado de ingreso con criterios de inclusión manejados por el equipo técnico, quienes validarán y enviarán a la máxima autoridad del CPL para su aprobación

Los servidores asignados al eje de tratamiento de Salud en el CPL o la o las personas responsables de la ejecución de los programas, llevarán un registro de asistencia de las personas privadas de la libertad. Al finalizar dichos programas elaborarán un informe sobre avances y resultados que serán conocidos por la Dirección de Tratamiento y Plan de Vida para Adultos.

Artículo 85.- De los programas de información, promoción y prevención para enfermedades infecto contagiosas: La máxima autoridad del CPL realizará todas las acciones necesarias a fin de concretar la implementación, ejecución, seguimiento y culminación de programas de información, promoción y prevención

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de enfermedades infecto contagiosas, ejecutadas por el MSP u otras instituciones que manejen el tema, sean estas gubernamentales o no gubernamentales. Los servidores asignados al eje de tratamiento de Salud pertenecientes a CPL o a la Coordinación Zonal serán los responsables de su ejecución y seguimiento de los programas y proyectos desarrollados y de remitir sus resultados a la Coordinación Zonal quien a su vez informará a la Dirección de Tratamiento y Plan de Vida para Adultos.

Artículo 86.- De los programas de información, promoción y prevención en salud mental: El/los profesional/es en psicología pertenecientes al MJDHC con la finalidad de orientar, asesorar y ejecutar la implementación de programas de promoción y prevención en salud mental serán los responsables de coordinar con otras instituciones la atención individual o colectiva que incluya la realización de diagnósticos, evaluación de problemas emocionales, conducta, prevención del delito, alcoholismo, drogadicción, trastornos asociados de las PPL, entre otros, para mejorar sus posibilidades de reinserción social.

Para el efecto se llevará un expediente individualizado de todos aquellos programas, actividades, talleres en los que ha participado el PPL.

De ser necesario el profesional de psicología mantendrá acercamientos con la familia de la PPL, de forma individual o grupal, con la finalidad de fortalecer procesos psicológicos individuales, grupales y de vínculos familiares.

Cuando se identifique casos en los cuales las PPL pretendan atentar contra su vida, se solicitará tratamiento psiquiátrico urgente a través de la máxima autoridad del CPL, para que este derive el pedido a la unidad de salud del centro.

Artículo 87.- De los servicios de salud para enfermedades que requieren separación por atención médica prioritaria: El MJDHC a través de sus Coordinaciones Zonales, Direcciones de los CPL y Dirección de Tratamiento y Plan de Vida para Adultos – EjeSalud, ejecutará las acciones tendientes a destinar e implementar espacios físicos para el tratamiento de enfermedades que así lo requieran. A través del Ministerio de Salud Pública se asegurará el tratamiento y seguimiento médico, asegurando de esta manera la rehabilitación y reinserción social de esta población a través de los distintos ejes de tratamiento en los CPL, para lo cual la Dirección del CPL dispondrá al equipo técnico la elaboración de una planificación mensual.

La máxima autoridad del centro deberá coordinar con ente rector en salud pública, la ejecución de acciones de prevención frente al eventual contagio de enfermedades con otras personas privadas de la libertad así como con el personal administrativo y de seguridad que intervendrá en dichos espacios.

Artículo 88.- De los servicios para tratamiento de consumo problemático de drogas: La Dirección de Tratamiento y Plan de Vida para Adultos, Coordinaciones Zonales y Direcciones de los CPL gestionarán la implementación de mecanismos y espacios para el tratamiento y seguimiento de las personas privadas de la libertad consumidoras de drogas.

Estas acciones se desarrollarán en coordinación con el ente rector en materia de salud pública y otras instituciones que ejecuten programas de tratamiento en drogas, para lo cual se deberá asegurar el abordaje y participación de todos los ejes de tratamiento con la finalidad de promover una reinserción social efectiva.

El equipo técnico del Eje de Tratamiento de Salud-Drogas, elaborará un Plan de Trabajo de los Ejes de Tratamiento específico de actividades a ejecutarse en estos espacios, el mismo que será enviado al CPL para que en coordinación con los promotores de todos los Ejes de Tratamiento se realice el cronograma de desarrollo conjuntamente con la entidad rectora en materia de salud MSP, y, deberá ser enviada mensualmente a la Dirección de Tratamiento y Plan de Vida, así como el informe correspondiente de las actividades ejecutadas.

Artículo 89.- Del procedimiento de acceso de las PPL a los servicios de Tratamiento para problemas de consumo problemático de drogas.- La implementación de espacios para atención a esta problemática, se ejecutará de acuerdo a los programas o proyectos que se ejecuten para el abordaje de la misma ya sean estos Ambulatorios, Ambulatorios Intensivos, Grupos de Autoayuda u otros.

Ambulatorio Intensivo:

El ente rector de salud MSP, evaluará previo los criterios de abordaje a las PPL con consumo problemático de alcohol y otras drogas que requieran atención intensiva y emitirá la lista pertinente a la dirección del CRS.

La dirección del CRS realizará la revisión de la situación jurídica de las PPL en mención, tomando en cuenta como criterio de inclusión que el tiempo restante de sentencia no deberá ser menor a un año ni mayor a diez años, tras esta revisión se informará a MSP para la elaboración conjunta de la lista final, para tener acercamiento con las PPL referidas que deseen de forma voluntaria ingresar a este tratamiento, firmando el Acta de Consentimiento.

El Departamento de Trabajo Social, realizará el acercamiento con los familiares de las PPL que participarán de este Servicio de Tratamiento.

Grupos de Autoayuda:

Se realizará la planificación correspondiente en función del CRS a abordar, para establecer horarios y espacios para implementarlos.

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Se realizará la socialización a toda la población del CRS a abordar, sobre la:

Convocatoria;

Inscripción;

Evaluación de la PPL aspirante;

Selección;

Temática y especificaciones de su desarrollo.

Inscripciones, tras socializar el tema, las ppl se inscribirán para ser parte del Grupo de Autoayuda de forma libre y voluntaria en los horarios establecidos.

La asistencia de las PPL será registrada en cada reunión para el reporte mensual correspondiente que será enviado a la Dirección de Tratamiento y Plan de Vida.

El/los servidor/es públicos asignados al eje de tratamiento de salud pertenecientes a la Coordinación Zonal o CPL, deberán comunicar a la Dirección de Tratamiento y Plan de Vida cualquier novedad suscitada con los PPL durante el proceso de tratamiento con la finalidad de adoptar las acciones que sean necesarias con el fin de garantizar la correcta atención a las personas privadas de la libertad.

Artículo 90.- De las solicitud de traslados por motivos de salud: Cuando el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos reciba solicitudes de traslado de personas privadas de la libertad requeridas por embajadas o consulados, organizaciones no gubernamentales, familiares, representantes legales u otros, y siempre que los motivos de dicho traslado responda a temas inherentes a la condición de salud de las PPL, la Dirección de Tratamiento y Plan de Vida para Adultos solicitará informe a través del cual se corrobore la situación médica de la PPL, con lo cual se procederá realizar el informe de factibilidad o no factibilidad del traslado, el cual será remitido a la máxima autoridad de esta Cartera de Estado o su delegado, con el fin de que se emita la resolución respectiva.

Artículo 91.- De las personas privadas de la libertad fallecidas: En caso de fallecimiento de una persona privada de la libertad, se deberá considerar el siguiente procedimiento:

Fallecimiento al interior de los CPL: Producido el deceso de la persona privada de la libertad, los funcionarios públicos que tuvieren conocimiento del hecho, de manera inmediata, darán parte de lo ocurrido al Subdirector de Seguridad Penitenciaria o quien haga sus veces, para que éste a su vez comunique al/la Directora/a del CPL a fin de que se tome procedimiento respectivo con la Unidad de Criminalística de la Policía Judicial, DINASED y Fiscalía General del Estado.

Fallecimiento en Casas de Salud: El/los funcionarios públicos a cargo de la seguridad y custodia de la PPL

que hubiese fallecido en cualquiera de las casas de salud, inmediatamente de sucedido el deceso, dará parte al Subinspector de Seguridad o quien haga sus veces, para que éste a su vez comunique al/la Directora/a del CPL a fin de que se adopten las medidas necesarias.

En ambos casos, la máxima autoridad del CPL dispondrá sin dilaciones a la/el trabajadora/or social tomar contacto con los familiares de la persona privada de la libertad y realizar los trámites para la obtención del acta de defunción, retiro del cadáver y entrega del cuerpo.

La o el Trabajadora/or Social presentará un informe detallado a la máxima autoridad del Centro adjuntando el acta de defunción debidamente inscrita en el Registro Civil. Dentro de las 24 horas de sucedido el deceso, el/ la Director/a del centro, informará a la máxima autoridad del MJDHC, a fin de que se disponga el registro del fallecimiento de la persona privada de la libertad. Similar proceso se deberá seguir informando el hecho a la Fiscalía General del Estado a fin de que se inicie la investigación que permita esclarecer los hechos que produjeron el deceso.

Artículo 92.- Del trámite judicial a seguir por fallecimiento de la persona privada de la libertad: La máxima autoridad del CPL comunicará del fallecimiento de la PPL a la Unidad Judicial que conoce la causa o a su vez al Juez de Garantías Penitenciarias según el caso, a fin de que se emita la respectiva boleta por fallecimiento.

Artículo 93.- Del procedimiento médico a seguir para el ingreso y salida del CPL de las PPL repatriadas o extraditadas: En caso de ingreso de PPL repatriadas o extraditadas a un CPL, se derivará de inmediato a la unidad de salud del centro con la respectiva documentación médica, con el fin de identificar posibles casos de enfermedades infecto contagiosas y de alta complejidad que requieran de atención especial y tratamiento.

En los casos de repatriación y extradición de PPL a sus países de origen o solicitantes, se elaborará un expediente médico que contenga el informe pormenorizado de su estado salud, a fin de que sea entregado previo al traslado al funcionario público encargado de su seguridad y custodia.

Artículo 94.- De las visitas restringidas por temas de salud.

De alertar el personal sanitario enfermedades de contagio en el CPL o CAÍ, el coordinador de la unidad médica junto con el coordinador del Centro sugerirá la restricción de visitas familiares temporal, para que con ello, la máxima autoridad del CPL o CAÍ coordine con la dirección correspondiente en Planta Central la restricción de visitas.

Así también asegurará que las personas privadas de libertad y/o los adolescentes infractores cuenten con las medidas de prevención al contagio al momento que son visitados por sus familiares.

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CAPITULO V

DEL EJE LABORAL

SECCIÓN I

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA

VINCULACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS

DE LA LIBERTAD AL EJE LABORAL

Artículo 95.- De la vinculación de la persona privada de la libertad al eje de tratamiento Laboral: El/los responsables del área laboral serán los responsables de realizar el siguiente procedimiento:

Dar a conocer los programas o servicios con los que cuenta el CPL y sus requisitos de ingreso.

Registro de ficha laboral de la PPL, que contendrá la identificación de los siguientes aspectos:

1. Habilidades y capacidades laborales;
2. Aptitudes y actitudes;
3. Formación académica formal;
4. La manifestación de la voluntad para participar en actividades ocupacionales, de capacitación y productivas;
5. Experiencia previa; y,
6. Otros

Artículo 96.- Del registro individual de las actividades laborales: El/los promotor/es laboral/es deberán registrar en el sistema informático y archivar los documentos originales de las personas privadas de la libertad que se generen durante la permanencia en el CPL, entendidos estos como certificados, diplomas, reconocimientos y otros.

SECCIÓN II

DE LAS ACTIVIDADES LABORALES

Artículo 97.- De los perfiles laborales: La Dirección de Tratamiento y Plan de Vida, diseñará y remitirá a los CPL los perfiles profesionales de las actividades, programas de formación y práctica laboral con el fin de que sean implementados en cada centro.

El Director del CPL que requiera un nuevo perfil laboral para una determinada actividad, deberá realizar el siguiente proceso previo la apertura de la misma:

Informe técnico de justificación de creación del nuevo perfil;

Proyecto de perfil laboral requerido; y,

Solicitud de autorización de creación de nuevo perfil laboral remitido a la Dirección de Tratamiento y Plan de Vida.

Una vez recibida la documentación el eje laboral, el/ la Director/a de Tratamiento y Plan de Vida analizará y valorará la viabilidad técnica del nuevo perfil; de estimarlo pertinente procederá con la autorización respectiva.

Artículo 98.- De la ampliación del horario para la realización de actividades: En caso de que se requiera ampliar la jornada de los privados de libertad para la realización de actividades de formación o práctica laboral como parte de su plan de vida y tratamiento, el/ los promotor/es laborales solicitarán al/la directora/a del centro la autorización de extensión de horario, el cual se coordinará con el área de seguridad del Centro, para garantizar el resguardo y custodia de las PPL.

Artículo 99.- Del empoderamiento productivo: Quincenalmente y dentro del horario establecido para el cumplimiento de la jornada laboral, el/los promotores laborales serán: los encargados de desarrollar e implementar actividades que permitan fomentar el empoderamiento de las personas privadas de la libertad con las tareas que ejecutan, las cuales contendrán, entre otras, las siguientes:

Análisis del rendimiento del taller;

Análisis de problemas y acciones de solución;

Actividades motivacionales;

Dinámica grupal; y

Otros.

Artículo 100.- Del cronograma de actividades laborales: El/los promotores laborales deberán remitir un cronograma de actividades laborales de forma quincenal, al Director del Centro para su autorización y ejecución.

El cronograma de actividades laborales deberá contener al menos los siguientes temas:

Descripción de la actividad a desarrollar;

Objetivo de la actividad;

Listado de las personas privadas de la libertad autorizados a participar en las actividades;

Espacio a utilizar;

Horario a cumplir; y,

Otros.

En caso de la salida de un PPL de la actividad laboral se procederá a la actualización del listado.

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El/la Directora/a del centro coordinará con el área de seguridad para control y ejecución de las actividades laborales emprendidas.

Artículo 101.- De la permanencia de la PPL en las actividades laborales: La permanencia dentro de las actividades laborales estará determinada en cada uno de los perfiles profesionales creados para cada actividad.

Artículo 102.- De la implementación de un nuevo taller o actividad laboral: El/los promotor/es laborales, previo a la implementación de un nuevo taller o actividad de formación o capacitación deberán elaborar un informe técnico motivado a través del cual se justifique la necesidad de implementación, el protocolo de seguridad a implementarse, el espacio físico, infraestructura y materiales o recursos necesarios y disponibles para la realización de la actividad. Este informe será puesto a consideración del/la Director/a del CPL a fin de proceda con el análisis y autorización correspondientes.

Artículo 103.- Estrategias para fortalecimiento de actividades laborales: Para la consecución de los objetivos propuestos dentro del eje laboral, el/la Directora/a del Centro y el/la Coordinador/a Zonal propondrán a al/la Subsecretario/a de Rehabilitación Social la celebración de instrumentos legales de cooperación con GADs, instituciones de educación superior, empresas públicas, privadas, asociaciones, ONGs, profesionales o artesanos, proyectos de emprendimiento autosustentables al interior de los CPL.

Analizada la viabilidad y pertinencia de la suscripción del instrumento legal, se pondrá en conocimiento de la máxima autoridad del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos o su delegado, para su validación y suscripción respectivas.

Artículo 104.- De los certificados emitidos a favor de las personas privadas de la libertad por entidades acreditadas: Con el fin de incrementar las habilidades y capacidades laborales de las personas privadas de la libertad, el/los promotores laborales gestionarán e implementarán cursos de formación continua, los cuales deberán ser impartidos por entidades públicas o privadas que acrediten experticia en este tipo de formación. Culminados los procesos las personas privadas de la libertad obtendrán el certificado que acredite la formación recibida, los cuales deberán contener el detalle de la carga horaria, institución que dictó la capacitación, la determinación si es un curso de asistencia o de aprobación, periodo de ejecución, firmas de responsabilidad de la institución que dictó la capacitación, entre otros. Se procurará en todos los casos que los cursos impartidos habiliten a los beneficiarios a obtener certificaciones de competencias laborales.

Artículo 105.- De la planificación anual de actividades laborales: La Dirección o Coordinación del CPL, remitirá a la Coordinación Zonal con copia a la Dirección de Tratamiento y Plan de Vida, durante la primera semana

de octubre de cada año, un informe que contenga la documentación habilitante de las actividades que se encuentran en ejecución y de aquellas que se planifican para el siguiente año. La ejecución e implementación de estas actividades será responsabilidad del/los promotor/es laborales. El informe de planificación deberá contener al menos lo siguiente:

PAC del área laboral;

POA del área laboral;

Reporte de convenios en ejecución;

Planificación Capacitación;

Planificación Terapia Ocupacional;

Planificación para las actividades ocupacionales de servicios auxiliares;

Planificación de fortalecimiento de talleres;

Actualización general y descripción de los talleres; y,

Evaluación de la implementación de Modelo Laboral.

Artículo 106.- De la elaboración del manual de actividades laborales: El/los promotor/es laborales elaborarán un manual para cada una de las actividades laborales a desarrollarse en el centro, el cual contendrá la gestión, administración y medidas de seguridad ocupacional necesarias para su correcto funcionamiento.

Artículo 107.- Del manejo de materiales: Las materias primas, herramientas e insumos, utilizados por las personas privadas de la libertad para la realización de las actividades laborales, serán provistas por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y cumplirán los parámetros de seguridad establecidos para cada actividad. El/los responsables del área laboral quienes coordinen su ingreso, inventario, buen uso y custodia, de acuerdo al protocolo correspondiente.

Artículo 108.- Del ingreso de materiales complementarios: El/los promotor/es laborales coordinarán el ingreso de las materias primas e insumos complementarios que sean necesarios para la realización de los procesos productivos o de capacitación, para lo cual el/la Director/a o Coordinador/a del CPL emitirá la autorización correspondiente. Para el ingreso de los citados materiales deberá cumplirse el procedimiento de revisión y seguridad establecido para el efecto. Quienes consignan los materiales deberán presentar y adjuntar la copia de su cédula de ciudadanía o pasaporte, factura o documento que certifique la procedencia y valor de los materiales y nombre de la PPL receptora de los mismos.

El/la Director/a o Coordinador/a del CPL, definirá horarios y días específicos en los cuales se procederá con el ingreso de los materiales complementarios.

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Artículo 109.- Del Almacenamiento de materiales y herramientas: El/la Director/a o Coordinador/a del CPL deberá autorizar que todos los talleres cuenten con un espacio adecuado de bodega y almacenamiento de los mismos, con el fin de que se realice un adecuado control, registro, inventario, historial de uso, historial de mantenimiento de los mismos. Una vez concluida la jornada de capacitación o de laboral, se establecerán los mecanismos de seguridad respectivos a fin de garantizar que las personas privadas de la libertad depositen en estos insumos en los espacios de almacenamiento.

No se permitirá la salida de las maquinarias o herramientas fuera de los talleres, en tal sentido, se halla restringido su uso en áreas comunales, de recreación, pabellones o celdas u otros espacios que no sean los autorizados.

Artículo 110.- De los reportes mensuales y de seguimiento: Los promotores laborales reportarán de forma mensual al/ la Directora/a del centro la participación de las personas privadas de la libertad en las diferentes actividades. En tal sentido, es responsabilidad de la máxima autoridad del CPL el manejo actualizado y detallado de los participantes en estas actividades.

Artículo 111.- De la participación de PPL que gozan de beneficios penitenciarios o con regímenes semi-abiertos o abiertos en actividades del Tratamiento y Plan de Vida: Las personas en goce de beneficios de ley o cambio de régimen que deban ser incluidas en actividades del eje laboral continuarán con el fiel cumplimiento de las disposiciones emanadas por la autoridad competente. El monitoreo de estas actividades estará a cargo del/los promotores asignados a este eje de tratamiento.

SECCIÓN III

DEL ACCESO A LOS PROGRAMAS LABORALES

EN LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Artículo 112.- De los postulantes a un programa laboral: Todas las personas privadas de la libertad que deseen participar en actividades laborales, que busquen desarrollar habilidades, competencias y cumplan con los requisitos de acuerdo al perfil de la actividad, podrán vincularse en cualquier programa que se oferte en los CPL. Se daráprioridad a los sugeridos en el acta de clasificación y determinación del eje inicial de tratamiento.

Artículo 113.- Del proceso de ingreso a un programa laboral: El promotor laboral realizará y coordinará la ejecución del proceso descrito a continuación:

Convocatoria;

Registro e inscripción;

Evaluación o prueba de conocimientos;

Preselección del promotor laboral;

Selección por el equipo técnico.;

Autorización del Director o Coordinador del CPL; y,

Inducción.

Artículo 114.- De la Convocatoria: El/los promotor/es laborales realizarán la socialización y convocatoria de la oferta laboral existente en cada CPL. Dicha convocatoria deberá ser exhibida al interior de centro, dando a conocer las vacantes existentes en cada uno de los programas de formación y demás actividades productivas u ocupacionales que se realicen en el CPL.

Artículo 115.- Del registro e inscripción: El/los promotor/ es laborales diseñarán una ficha con el fin de que las personas privadas de la libertad se inscriban en la participación oferta laboral habilitada en cada centro. Este proceso deberá efectuarse permanentemente, al menos de manera mensual, a fin de procurar la vinculación del mayor número de PPL en las actividades.

Artículo 116.- De la evaluación o prueba de conocimientos y preselección: De acuerdo al perfil laboral ofertado el/ los promotor/es laborales evaluarán las destrezas y conocimientos de los aspirantes. Una vez analizados los resultados de evaluación, remitirá el listado preliminar de postulantes al Equipo Técnico del CPL para la selección correspondiente.

Para los procesos de capacitación que no se requiere conocimientos previos, no se realizará ningún tipo de evaluación.

Artículo 117.- De la selección por el Equipo Técnico: En un término de diez días luego de remitido el listado de preselección por parte del promotor laboral, el Equipo Técnico realizará la selección, luego de aplicar las evaluaciones que el perfil laboral requiera, considerando aspectos psicológicos, médicos, de seguridad, entre otros de las PPL. Los nombres de los seleccionados serán remitidas al/la Director/a del CPL para su respectiva autorización y posterior inclusión en los listados quincenales de actividades.

Artículo 118.- De la inducción: Una vez que se ha seleccionado a la persona privada de la libertad por parte del Equipo Técnico y autorizada por la máxima autoridad del CPL, el seleccionado deberá recibir la inducción para el cumplimiento de su actividad por parte del/los promotor/es laborales, con el fin de que conozca sus obligaciones, deberes, derechos y el protocolo de la actividad correspondiente.

SECCIÓN IV

DE LA CAPACITACIÓN

Artículo 119.- De la capacitación o formación de duración extensa: Se utilizará mallas curriculares

Registro Oficial N° 349 Miércoles 17 de octubre de 2018 – 21

avaladas por instituciones debidamente acreditadas cuyo proceso culmine en titulación artesanal o certificación de competencias laborales.

Artículo 120.- De las mallas curriculares: Para la autorización de una nueva malla curricular, el/la Director/a del CPL interesado en su implementación deberá realizar el siguiente proceso:

Elaboración del proyecto curricular del área laboral en coordinación con la entidad acreditada que avalará el proceso; y,

Informe técnico de viabilidad de malla curricular elaborado por el promotor laboral del Centro.

Los informes deberán ser remitidos a la Director/a de Tratamiento y Plan de Vida, a fin de se proceda con la evaluación de la propuesta y autorización respectiva.

Artículo 121.- De las capacitaciones de mediana duración: La capacitación de mediana duración comprende cursos, seminarios, procesos de formación de un mínimo de cuarenta horas, los cuales serán de asistencia o aprobación y que pueden ser ofertadas por instituciones públicas y privadas, o por personas privadas de libertad.

Artículo 122.- De las capacitaciones de corta duración: Se realizará charlas permanentes de temáticas enfocadas a los aspectos laborales, empresariales, mercadeo, con base en valores éticos, humanos y sociales, las mismas durarán un máximo de cuarenta horas, las cuales serán consideradas de asistencia; y que pueden ser ofertadas por instituciones públicas y privadas, o por personas privadas de libertad.

Artículo 123.- De la inclusión de procesos de capacitación no planificados: Sin perjuicio de las actividades planificadas se podrán incluir otras esporádicas o emergentes de acuerdo a la necesidad y oportunidad que se presente, las mismas que serán autorizadas por el/la Director/a del Centro.

Artículo 124.- Del monitoreo de la capacitación: El/la servidor/a responsable del seguimiento al eje de tratamiento y Plan de Vida de la Coordinación Zonal, deberá realizar el monitoreo permanente de la planificación presentada por cada CPL, realizando las observaciones necesarias a fin de implementar los correctivos. Además coordinará con las instituciones que auspician o colaboran con el desarrollo de las diferentes actividades para una correcta ejecución. Para tal efecto, al menos de manera mensual realizará visitas cada uno de los CPL de su Zona, presentando el correspondiente informe de su gestión.

Artículo 125.- De la certificación por la participación: A la finalización de los eventos de capacitación emitirán los correspondientes certificados de participación de las personas privadas de libertad. Se podrá realizar actos simbólicos de culminación y entrega de certificados,

previa autorización del/la Director/a o Coordinador/a del CPL, observando las medidas de seguridad, control, resguardo y vigilancia necesarias.

SECCIÓN V

TERAPIA OCUPACIONAL

Artículo 126.- Taller solicitado por personal Técnico de áreas afines: Los CPL deberán planificar y ejecutar actividades de terapia ocupacional focalizadas a las personas privadas de la libertad que requieran atención especializada. En caso de actividades, solicitadas por un profesional de otra área de tratamiento, el promotor laboral coordinará la ejecución de las actividades a desarrollar en el centro.

Artículo 127.- De la planificación y presupuesto: Las actividades de terapia ocupacional deberán ser planificadas y presupuestadas en el POA y PAC anual de las Coordinaciones Zonales. Podrán gestionarse para el efecto, mecanismos de autogestión.

SECCIÓN VI

DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN

SERVICIOS AUXILIARES

Artículo 128.- De la clasificación de los servicios auxiliares: El/los promotor/es laborales en coordinación con el personal del Equipo Técnico, cumpliendo el proceso de selección correspondiente, podrán autorizar la participación de personas privadas de la libertad en actividades de servicios auxiliares.

Para este efecto se podrá implementar las siguientes actividades para la participación de las PPL:

Limpieza y embellecimiento de áreas verdes, áreas educativas, áreas de talleres, áreas de salas de visitas, áreas de visitas íntimas, áreas administrativas, pabellón y demás espacios del CPL.

Descarga y reparto de alimentación.

Participación en actividades de asistencia básica en áreas de salud, deportes, educación, jurídico, trabajo social, laboral, culturales, TICs, bodega, entre otras.

Mantenimiento de talleres, peluquería, lavandería, etc.

Artículo 129.- De los recursos para las actividades de servicios auxiliares: El/los promotor/es laborales deberán presupuestar todas las actividades en el POA y PAC institucional para la ejecución de los mismos.

SECCIÓN VII

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Artículo 130.- De las actividades productivas: El/los promotor/es laborales elaborarán manuales que contengan

22 – Miércoles 17 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 349

la descripción clara de las actividades que se podrán ejecutar en cada uno de los talleres. Estas actividades serán contempladas en proyectos, que deberánser sometidos a aprobación del/la Director/a del CPL, e incluirán, al menos, la siguiente documentación:

Proyecto contemplado en POA y PAC;

Planificación anual de capacitación del taller;

Protocolo del taller;

Perfiles ocupacionales;

Mapa de riesgos laborales y señalética del espacio físico;

Inventario de herramientas y maquinaria;

Listado de PPL participantes; y,

Otros.

Artículo 131.- De las modalidades de trabajo: El/los promotor/es laborales serán los responsables de vincular a las personas privadas de la libertad a las distintas modalidades de trabajo que contemple la normativa legal vigente.

Artículo 132.- Del uso y adecuación de la infraestructura: La Dirección de Tratamiento y Plan de Vida deberá elaborar el informe técnico que justifique la firma de un convenio interinstitucional a fin de definir los parámetros de la cooperación de las instituciones, empresas, organizaciones y personas naturales vinculadas, acerca del uso y adecuación de los espacios físicos, equipamientos de la institución y cumplimiento de obligaciones y derechos con las PPL contratadas de acuerdo a la normativa vigente para el efecto.

Artículo 133.- De la utilización de equipamiento de propiedad o bajo administración del MJDHC: En caso que la parte contratante requiera utilizar infraestructura o equipamiento de propiedad del MJDHC, se deberá cumplir la normativa para el efecto y constará obligatoriamente en el convenio, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Administración de Bienes del Sector Público.

Artículo 134.- Selección para cubrir una vacante laboral: El/los promotor/es laborales deberán mantener de acuerdo al perfil laboral correspondiente, a un máximo de dos PPL como pre seleccionados, teniendo como plazo máximo de inducción un mes calendario.

En función de las plazas de trabajo con las que cuente la institución contratante dentro del CPL, la DTPV elaborará el informe técnico y justificativo para cubrir con el mayor número de plazas por parte de las personas privadas de libertad.

Artículo 135.- De la coordinación de actividades y del pago: El/los promotor/es laborales, coordinarán el

cumplimiento de las demás actividades de tratamiento y plan de vida de la personas privada de libertad tales como: visitas, audiencias, servicio médico. Así mismo gestionarán la apertura de las cuentas bancarias a fin de que se consignen los valores correspondientes a la remuneración de las personas privadas de la libertad.

Artículo 136.- De la distribución de los recursos de los privados de libertad: El/los promotor/es laborales deberán remitir el primer día hábil de cada mes la documentación habilitante para la distribución de recursos de acuerdo a la normativa vigente para el efecto.

TÍTULO III

ASPECTOS GENERALES

DE LOS EJES DE TRATAMIENTO

Artículo 137.- De la participación de las PPL que pertenecen a los grupos de atención prioritaria: Los responsables de los procesos de los ejes de tratamiento darán atención primordial a todos los grupos de atención prioritaria, preferente a las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores, con enfermedades catastróficas, etc.; para lo cual, implementarán programas con actividades especiales que atiendan las necesidades de dichos grupos.

Artículo 138.- De los certificados que validan la participación en los ejes de tratamiento de la PPL: El/los promotor/es entregarán el correspondiente certificado al final de toda actividad o capacitación realizada, también a solicitud de la PPL y será archivada una copia certificada en el expediente individual y registro informático.

Los certificados otorgados por parte de las entidades acreditadas, deberán contener la carga horaria, institución que dictó la capacitación, definir si es de asistencia o de aprobación, periodo de ejecución, firmas de responsabilidad de la institución que dictó la capacitación y en ningún caso se registrará que la capacitación se dictó en un CPL.

Las PPL que participen en las actividades de formación, recibirán el certificado como parte de su tratamiento y cumplimiento del plan de vida. Se adjuntará una copia del certificado en el expediente individual.

Artículo 139.- De la conformación del Equipo Técnico de los Ejes de Tratamiento de los CPL: El Equipo Técnico de los CPL, estará integrado por los responsables profesionales de las áreas técnicas del plan individualizado de cumplimiento de la pena según los niveles de seguridad; el/la coordinador/a de cada nivel de seguridad, el/la promotor/a laboral, el/la promotor/a educativo, el/la promotor/a cultural, el/la promotor/a de cultura física, el/ la Psicólogo/a, Trabajador/a social, un representante en el área legal, un agente de seguridad penitenciaria, serán parte de esta unidad técnica.

Artículo 140.- De las función del Equipo Técnico del CPL: La función del Equipo Técnico de Tratamiento, dentro de los ejes de tratamiento son:

Registro Oficial N° 349 Miércoles 17 de octubre de 2018 – 23Emitir el informe y los partes disciplinarios en de las PPL que incursionarán en los procesos de los ejes de tratamiento, en los diferentes niveles de seguridad (mínima, media, máxima).

Artículo 141.- De la responsabilidad de los funcionarios públicos encargados de la seguridad y custodia de los centros en las actividades de los ejes de tratamiento: Para el desarrollo de las actividades en los ejes de tratamiento, se deberá observar estrictamente lo siguiente:

Los funcionarios públicos asignados encargados de la seguridad y custodia del CPL previa autorización del director del centro, tendrán la nómina diaria de los participantes en las actividades de los diferentes ejes y los horarios correspondientes de dichas actividades, siendo los responsables para el traslado a tiempo de las PPL con la a la diferentes actividades que se desprenden de los ejes de tratamiento.

Deberán prestar su contingente permanente durante el desarrollo de las actividades para garantizar el orden, la disciplina y minimizar cualquier emergencia y riesgo que pudiera presentarse en los espacios designados para las actividades, observando los protocolos de seguridad, supervisión, resguardo y custodia de las PPL.

Artículo 142.- Traslado de la persona privada de la libertad que participa en los ejes de tratamiento a otro CPL: Si la PPL participante en una o varias actividades de los ejes de tratamiento, es trasladada a otro CPL, deberá continuar con la práctica de estas actividades en el Centro al que fue trasladado. El servidor responsable del eje de tratamiento del centro donde se encontraba la PPL, deberá informar al centro de traslado, las actividades que estaba desarrollando dicha PPL. El/la directora/a del Centro enviará todo el expediente de la PPL donde consta su participación en los ejes de tratamiento.

Artículo 143.- Registro y seguimiento de los participantes: Los promotores de los diferentes ejes de tratamiento reportarán mensualmente la participación de las PPL en las diferentes actividades de acuerdo a la matriz correspondiente de la Dirección de Tratamiento y Plan de Vida para Adultos de Planta Central del MJDHC para el posterior ingreso de los datos al GPR.

Artículo 144.- De la elaboración de compromisos del Plan Individualizado del cumplimiento de la pena: Una vez recibido el acta de clasificación y determinación del eje inicial, el/la responsable del área de cada eje deberá en un plazo máximo de treinta (30) días laborales realizar la entrevista al PPL y elaborar los compromisos del eje que formarán parte del Plan Individualizado del cumplimiento de la pena, para dicho efecto suscribirán el acta inicial del eje de tratamiento de partida de la PPL.

Artículo 145.- De la evaluación y ejecución del Plan Individualizado del cumplimiento de la pena: La persona privada de la libertad será evaluada permanentemente por el promotor de cada eje y se registrará semestralmente el avance del Plan Individualizado del cumplimiento de la

pena, de acuerdo a las herramientas desarrolladas para tal efecto. Será parte de las evaluaciones semestrales de acuerdo a la norma técnica respectiva.

CAPITULO VI

EJE DE VINCULACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL

Artículo 146.- Vinculación Familiar y Social.- A través de la ejecución de este eje, se pretende establecer un vínculo permanente entre la persona privada de libertad, sus familiares y la sociedad, a través de visitas y otras formas de comunicación reguladas por el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, promoviendo el desarrollo en su adaptación intrafamiliar y con su medio social.

Artículo 147.- De las visitas de las personas privadas de libertad: Se garantiza el vínculo de las personas privadas de la libertad con sus familiares o terceros a quienes hubieren autorizado su ingreso. Para tal efecto, se generarán procesos a través de los cuales se regulen las visitas familiares e íntimas.

La visita como vínculo familiar y social deberá efectuarse en las áreas y en los horarios establecidos para el efecto. En cualquier caso, se cumplirán los reglamentos y normas de seguridad del centro.

Artículo 148.- De la visita íntima: A las personas privadas de la libertad se les garantizará el derecho de recibir la visita íntima de su pareja. Para tal efecto, el ente rector en materia de Rehabilitación Social, definirá y adecuará espacios al interior del CPL que garanticen la seguridad de los mismos.

Artículo 149.- De la participación de los familiares y amigos en logros alcanzados por la persona privada de libertad: Con el fin garantizar un adecuado proceso de reinserción de las personas privadas de la libertad, sus los familiares podrán acompañarlos en las distintas actividades que desarrollan al interior de CPL. Para tal efecto, el/la Director/a emitirá las autorizaciones respectivas.

Artículo 150.- De los medios de comunicación puestos a disposición de las personas privadas de la libertad: El ente rector en materia de rehabilitación social, pondrá a disposición de las PPL herramientas que garanticen su comunicación con terceros al exterior del centro. Para el uso de estas herramientas, las personas privadas de la libertad deberán sujetarse a los horarios y protocolos establecidos para el efecto.

CAPITULO VII

EJES DE REINSERCIÓN

Artículo 151.- Del eje de inserción social: El eje de inserción social es la fase del cumplimiento de la pena en la cual la persona privada de libertad cumple su sentencia fuera del centro de privación de libertad, previo el cumplimiento de requisitos establecidos en la ley, permitiendo una efectiva adaptación a la sociedad de manera progresiva.

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Artículo 152.- Inicio del eje de inserción: La persona que cumpliere con los requisitos para cambio de régimen o beneficio penitenciario deberá presentarse en el centro de rehabilitación social más cercano al lugar de su residencia, al menos una vez por semana de acuerdo a lo que establezca el ente rector en materia de rehabilitación social.

Artículo 153.- De la inducción a las personas privadas de la libertad beneficiarlas de estos regímenes: El equipo técnico del centro de privación de libertad realizará la inducción a la persona privada de libertad que obtiene el cambio de régimen semiabierto, en la cual se informa el proceso de presentación en el Centro, las normas y reglas que deben cumplir durante el tiempo de cumplimiento de la sentencia impuesta.

Artículo 154.- De los registros y control de las personas vinculadas en este eje: El/la Director/a del CPL será el responsable de mantener un registro y control de las personas que se acogen a cambios de régimen o beneficios penitenciarios; así como de informar de manera inmediata a las autoridades competentes cualquier novedad o inconveniente que se llegare a presentar durante el cumplimiento de la orden judicial.

Artículo 155.- De las actividades a desarrollar: Las personas que se encuentran en régimen semiabierto y abierto o con beneficios penitenciarios deben desarrollar sus actividades, planes, programas y proyectos de manera progresiva fuera del CPL, por el tiempo de cumplimiento integral de la pena impuesta.

En cada CPL se promoverá la participación en actividades, planes, programadas y proyectos como parte de su proceso rehabilitador en beneficio de la sociedad. Entre otros, los ámbitos de realización de las actividades son:

Sociales;

Culturales;

Deportivas;

Motivacionales;

Laborales;

Educativas;

Productivas; y,

Psicológicas.

Para desarrollar estas actividades, planes programas o proyectos el equipo técnico socializará con toda la población que cuenta con beneficios penitenciarios o régimen semiabierto y abierto en el día de su presentación, las actividades que pueden realizar dentro o fuera del establecimiento, como integración progresiva a la sociedad.

Artículo 156.- Del registro de las actividades: El centro de privación de libertad deberá llevar un registro individualizado del cumplimiento de las actividades, programas, planes o proyectos, estableciendo las horas efectuadas en dichas actividades, las cuales deberán constar en el expediente individualizado de la persona.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Los mecanismos y procedimientos necesarios para ejecutar esta actividad serán desarrollados en un documento específico expedido por el ente rector en materia de rehabilitación social en el término de noventa (90) días contados a partir de la promulgación del presente Acuerdo.

SE GUND A. -Déla ejecución, cumplimiento y seguimiento del presente Acuerdo, encárguese el/la Subsecretario/a de Rehabilitación Social.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Dado en Quito, Dado en Quito, D.M., a los 21 día(s) del mes de Septiembre de dos mil dieciocho.

Documento firmado electrónicamente

Sra. Dra. Liliana Maura Guzmán Ochoa, Viceministra de Atención a Personas Privadas de la Libertad.

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, siento como tal, que el documento que antecede en cuarenta y un fojas útiles y que corresponde al Acuerdo No. MJDHC-DVPPL-2018-0001-A, de 21 de septiembre de 2018, es igual al que reposa en el Sistema de Gestión Documental QUIPUX de esta Cartera de Estado.

Quito, 24 de septiembre de 2018.

f.) Ab. Priscila Barrera Carmona, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

Nro. MJDHC-CGAJ-2018-0084-A

Sra. Dra. Emma Francisca Herdoiza Arboleda

COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA

JURÍDICA – DELEGADA DEL MINISTRO DE

JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS (E)

Considerando:

Que el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza el derecho

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a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

Que la Carta Magna en su artículo 154 determina que, corresponde a los Ministros de Estado en la esfera de sus competencias expedir las normas, acuerdos y resoluciones que sean necesarias para la gestión ministerial;

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece lo siguiente: «Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias púbicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación»;

Que el Código Civil, en el Primer Libro, Título XXX prevé la constitución de Corporaciones y Fundaciones, así como reconoce la facultad de la autoridad que otorgó su personalidad jurídica, para disolverlas a pesar de la voluntad de sus miembros si llegan a comprometer la seguridad o los intereses del Estado, o no corresponden al objeto de su institución;

Que el artículo 565 del Código ibídem determina que no son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan sido aprobadas por el Presidente de la República;

Que el literal k) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, establece como una de las atribuciones del Presidente de la República, delegar a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en los artículos 565 y 567 del Código Civil;

Que el artículo 17 del ERJAFE, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial;

Que el artículo 55 del ERJAFE, establece que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades

de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 220 de 27 de noviembre de 2007, se creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 410, publicado en el Registro Oficial No. 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente de la República, cambia la denominación de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la de «Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.»;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017, publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 109 de 27 de octubre de 2017, se expide el Reglamento para el otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales;

Que el artículo 2 del Decreto Ejecutivo ibídem, menciona textualmente: «Ámbito.- El presente Reglamento rige para las organizaciones sociales y demás ciudadanas y ciudadanos con personalidad jurídica que, en uso del derecho a la libertad de asociación y reunión, participan voluntariamente en las diversas manifestaciones y formas de organización de la sociedad; para las entidades u organismos competentes del Estado que otorgan personalidad jurídica a las organizaciones que lo soliciten en el ámbito de su gestión; para las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que realizan actividades en el Ecuador; y para quienes requieran de información o promuevan la participación y organización social»;

Que el artículo 7 del Decreto Ejecutivo ibídem, señala que para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales sinfines de lucro, que voluntariamente lo requieran, las instituciones competentes del Estado, de acuerdo a sus competencias específicas, observarán que los actos relacionados con la constitución, aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución, liquidación, registro y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones sociales, se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y al presente Reglamento;

Que el artículo 9 del Decreto Ejecutivo ibídem, señala que, «Son Corporaciones las entidades de naturaleza asociativa, estable y organizada, conformada por un número mínimo de cinco miembros expresada mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros, cuya personalidad jurídica se encuentre aprobada y registrada por la institución competente del Estado, de conformidad con la ley y el presente Reglamento. Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley y lo que prescriban sus estatutos, las corporaciones tendrán como finalidad, la promoción y búsqueda del bien común de sus miembros, el bien público en general o de una colectividad en particular. Para efectos estadísticos y de clasificación, las corporaciones serán de primer, segundo y tercer grado. 1. Corporaciones de primer grado: son

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aquellas que agrupan a personas naturales con un fin delimitado, tales como: asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales y centros (…)»;

Que el artículo 12 del Decreto Ejecutivo ibídem, establece los requisitos que las Corporaciones y Fundaciones sin fines de lucro, deben dar estricto cumplimiento para la aprobación de su personalidad jurídica;

Que el artículo 13 del Decreto Ejecutivo ibídem, establece el procedimiento para la aprobación del estatuto y otorgamiento de personalidad jurídica de las Corporaciones y Fundaciones sin fines de lucro, por parte de las Carteras de Estado competentes;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 491 de 23 de agosto de 2018, el Presidente Constitucional de la República, señor Lenín Moreno Garcés, nombró como Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (e), al doctor Víctor Paúl Granda López;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 8 de 27 de noviembre de 2014, publicado en el Registro Oficial No. 438 de 13 de febrero de 2015, suscrito por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, entidad gubernamental que tiene la rectoría del Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales SUIOS, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, regula y tiene la capacidad legal para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales que guarden relación con las garantías de los derechos humanos y derechos constitucionales;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. MJDHC-MJDHC-2017-0023-A de 4 de diciembre de 2017, reformado mediante Acuerdo Ministerial No. MJDHC-MJDHC-2018-0008-A de 28 de marzo de 2018, la máxima Autoridad del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, acordó: «Delegar a el/la Coordinadora/a General de Asesoría Jurídica, a más de las atribuciones y obligaciones contempladas en el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; para que, en el ámbito de su jurisdicción, y previo al cumplimiento de los dispuesto en las leyes, normativas aplicables vigentes y regulaciones internas, los siguientes actos: – Suscribir Acuerdos Ministeriales relativos al otorgamiento de personalidad jurídica, constitución, (…) de las organizaciones sociales sin fines de lucro, que voluntariamente lo requieran de acuerdo con las competencias específicas de esta Cartera de Estado.

(…)»;

Que mediante Acción de Personal No. 002980 de 12 de junio de 2017, la máxima autoridad del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, nombró como Coordinadora General de Asesoría Jurídica, a la doctora Emma Francisca Herdoíza Arboleda;

Que mediante solicitud ingresada en el Sistema de Gestión Documental con No. MJDHC-CGAF-DSG-2018-

5502-E de 29 de mayo de 2018, el Director Ejecutivo Provisional de la Corporación Democracia & Humanismo «CODEHU», domiciliada en el cantón Quito, provincia de Pichincha, solicita la aprobación del estatuto y la personalidad jurídica de la mencionada organización;

Que mediante oficio No. MJDHC-CGAJ-DAJ-2018-0119-0 de 25 de junio de 2018, se realizaron observaciones al ingreso de la documentación presentada por la Corporación Democracia & Humanismo «CODEHU», señalado en el considerando anterior;

Que mediante solicitud ingresada en el Sistema de Gestión Documental con No. MJDHC-CGAF-DSG-2018-7455-E de 19 de julio de 2018, el Director Ejecutivo Provisional de la Corporación Democracia & Humanismo «CODEHU», domiciliada en el cantón Quito, provincia de Pichincha, solicitó la aprobación del estatuto y la personalidad jurídica de la mencionada organización, acogiendo las observaciones planteadas en el oficio del considerando anterior;

Que mediante memorando No. MJDHC-CGAJ-DA J-2018-0201-M de 22 de agosto de 2018, el Director de Asesoría Jurídica Subrogante, comunicó a la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal aplicable, por parte de la Corporación Democracia & Humanismo «CODEHU», para la aprobación de su personalidad jurídica; y,

En ejercicio de las facultades previstas en los artículos 66 numeral 13), y 154 numeral 1) de la Constitución de la República del Ecuador; los artículos 11 literal k), 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); de conformidad con los artículos 2, 7, 9, 12 y 13 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, y, al artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. MJDHC-MJDHC-2017-0023-A de 4 de diciembre de 2017,

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar el estatuto y otorgar personalidad jurídica a la CORPORACIÓN DEMOCRACIA & HUMANISMO «CODEHU», con domicilio principal en el cantón Quito, provincia de Pichincha, como una corporación de primer grado, persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, que para el ejercicio de los derechos y obligaciones se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, el Titulo XXX del Libro Primero del Código Civil, y, el Reglamento para el otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 109 de 27 deoctubre de 2017.

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Artículo 2.- La CORPORACIÓN DEMOCRACIA & HUMANISMO «CODEHU», se obliga a poner en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cualquier modificación en el estatuto, integrantes de su gobierno interno, inclusión y salida de miembros, y demás información relevante de las actividades que la organización realice en apego a la normativa legal vigente y su normativa interna.

Artículo 3.- La CORPORACIÓN DEMOCRACIA & HUMANISMO «CODEHU», realizará los trámites pertinentes en el Servicio de Rentas Internas, a fin de obtener el Registro Único d Contribuyente – RUC.

Artículo 4.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, registra en calidad de miembros fundadores a las personas de la CORPORACIÓN DEMOCRACIA & HUMANISMO «CODEHU», que suscribieron el acta constitutiva de la organización, el mismo que consta dentro de los documentos que forman parte del expediente administrativo de la entidad.

Artículo 5.- La CORPORACIÓN DEMOCRACIA & HUMANISMO «CODEHU», convocará a Asamblea General para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados partir de la presente fecha, conforme lo dispone el artículo 16 del Reglamento para el otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales.

Artículo 6.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro de la CORPORACIÓN DEMOCRACIA & HUMANISMO «CODEHU», de comprobarse las causales establecidas en el artículo 19 del Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017, o la norma que regula este proceso al momento de haber incurrido en la causal.

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Por delegación del Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (e), suscribo.

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 11 día(s) del mes de Septiembre de dos mil dieciocho.

Documento firmado electrónicamente

Sra. Dra. Emma Francisca Herdoiza Arboleda, Coordinadora General de Asesoría Jurídica – Delegada del Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (E).

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos

y Cultos, siento como tal, que el documento que antecede en cuatro fojas útiles y que corresponde al Acuerdo No. MJDHC-CGAJ-2018-0084-A, de 11 de septiembre de 2018, es igual al que reposa en el Sistema de Gestión Documental QUIPUX de esta Cartera de Estado.

Quito, 21 de septiembre de 2018.

f.) Ab. Priscila Bañera Carmona, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

Nro. MJDHC-CGAJ-2018-0085-A

Sra. Dra. Emma Francisca Herdoiza Arboleda

COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA

JURÍDICA – DELEGADA DEL MINISTRO DE

JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS (E)

Considerando:

Que el Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 señala que: «El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución (…) «;

Que el artículo 11 de la Carta Magna, establece que el ejercicio de los derechos se regirán entre otros por lo determinado en el siguiente principio, numeral 5 señala: «(…) en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. «;

Que el artículo 35 de la Norma Suprema, establece que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado;

Que la Constitución, dispone en el artículo 154 que las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: «1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

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Que los Estados Unidos Mexicanos, y la República del Ecuador, se adhieren a la Convención Interamericana de Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, suscrita en la ciudad de Managua, Nicaragua, el 9 de junio de 1993;

Que en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 180 de 10 de febrero del 2014 se publica el Código Orgánico Integral Penal, mismo que entró en vigencia después de ciento ochenta días contados a partir de su publicación en el mencionado registro, los artículos 727 y siguientes determinan el procedimiento de repatriación de personas condenadas o privadas de la libertad en diferentes Centros penitenciarios;

Que el artículo 727 señala que: «Las sentencias de la jurisdicción nacional, en las que se impongan penas privativas de libertad podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado. Así mismo, las sentencias de justicia penal extranjera que impongan penas privativas de libertad a ecuatorianos, podrán ser ejecutadas en el Ecuador, de conformidad con los instrumentos internacionales o al amparo del principio de reciprocidad internacional»;

Que el artículo 728 de la norma ibídem, en su numeral 1 expresa que: «Corresponderá decidir el traslado de la persona sentenciada al Ministerio rector en materia de justicia y derechos humanos, decisión que se pondrá en conocimiento del Juez de Garantías Penitenciarias para su ejecución «;

Que el artículo 67 del Código Orgánico Administrativo, dispone que: «El ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades administrativos incluye, no solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones»;

Que el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo, establece que: «La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley»;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 220 de 27 de noviembre de 2007, el Presidente Constitucional de la República, creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que con Decreto Ejecutivo Nro. 410 de 30 de junio de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 235 de 14 de julio de 2010, el Presidente Constitucional de la República cambió la denominación de: «Ministerio de Justicia y Derechos Humanos » por la de: «Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos «;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 592 de 22 de diciembre de 2010, publicado en el Registro Oficial Nro. 355 de 05 de enero de 2011, el Presidente Constitucional

de la República, designó al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Autoridad Central para el conocimiento y aplicación de todos los convenios que sobre materia de traslado de personas sentenciadas, cumplimiento de sentencias penales en el exterior, o de repatriaciones, sea suscriptor el Ecuador, o llegare a serlo en el futuro;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, se nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1266 de fecha 04 de julio de 2016, la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delega a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la suscripción de Acuerdos Ministeriales para la repatriación de ciudadanos extranjeros y nacionales privados de libertad que se encuentra cumpliendo sus condenas dentro y fuera del país, previo cumplimiento de requisitos;

Que con acción de personal Nro. 002980 de fecha 12 de junio de 2017, la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, nombra como Coordinadora General de Asesoría Jurídica a la doctora Emma Francisca Herdoíza Arboleda;

Que mediante sentencia por el delito «contra la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína «, de fecha 05 de enero de 2017, impuesta por la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, causa penal: 49/2016, se ha sentenciado al ciudadano Víctor Hugo Solís Vásquez, a cumplir la condena de 09 años de prisión;

Que mediante Oficio Nro. MREMH-DAJIMH-2017-0632-O, de fecha 29 de noviembre de 2017, suscrito por la Directora de Asistencia Judicial, Internacional y de Movilidad Humana, Encargada, ingresado en esta Cartera de Estado el 01 de diciembre de 2017, se remite el consentimiento libre y voluntario de traslado al Ecuador del ciudadano ecuatoriano Víctor Hugo Solís Vásquez;

Que según Estudio Médico del ciudadano ecuatoriano Víctor Hugo Solís Vásquez, de fecha 23 de febrero de 2018, suscrito por el Dr. Salvador Aguilar Rodríguez, Médico Tratante del Centro de Reinserción Social Colima, se detalla lo siguiente: «(…) 5. Padecimientos de importancia durante su estancia en esta Institución: Parasitosis y colitis; 6. Padecimiento actual: Asintomático (…)”;

Que según Estudio Psicológico del ciudadano ecuatoriano Víctor Hugo Solís Vásquez, de fecha 23 de febrero de 2018, suscrito por la Psic. Cecilia Margarita Silva Mancilla y el Mtro. José Alfredo Lara Guerrero, Director del Centro de Reinserción Social Colima, se detalla lo siguiente: «(…) Resultado de tratamiento: Desde su ingreso el 23 de agosto de 2016 la persona privada de su libertad Víctor Hugo Solís Vásquez recibió seis sesiones de psicoterapia individual, asistió al taller de «Estrategias para combatir el estrés «, asistiendo a seis sesiones. Aprendió a controlar

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su ansiedad, a ser más asertivo al momento de decir lo que piensa, proyecto haber aprendido de la experiencia (…)»;

Que mediante el sistema en línea de verificación de datos del Registro Civil del Ecuador, se corroboró que el señor Víctor Hugo Solís Vásquez, con cédula de ciudadanía número 0803023548, es nacional del Estado ecuatoriano;

Que mediante Informe de Repatriación Activa No. MJDHC-CGAJ-DAI-2018-030, dirigido a la señora Coordinadora General de Asesoría Jurídica, la Directora de Asuntos Internacionales informa: «analizado minuciosamente el presente expediente en su totalidad, el mismo que cumple con todas las condiciones y disposiciones legales pertinentes para el proceso de traslado-repatriación del referido connacional Víctor Hugo Solís Vásquez, persona privada de su libertad en México conforme lo determina el artículo 3 y el artículo 5 de la Convención Interamericana de cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, de 9 de junio de 1993, publicada en el Registro Oficial No. 3, del 18 de enero de 2007»; y, «recomienda la suscripción del Acuerdo Ministerial, su repatriación a territorio ecuatoriano a fin de que termine de cumplir su condena privativa de libertad en un Centro de Rehabilitación Social del país «;

Que conforme consta en los informes técnicos del expediente, esta cartera de Estado considera que la repatriación del ciudadano ecuatoriano Víctor Hugo Solís Vásquez, responde a la situación de vulnerabilidad y a que en este país encontrará una red de apoyo familiar, misma que es indispensable para una oportuna rehabilitación y reinserción social y familiar.

En ejercicio de las facultades que confiere el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 67 y 68 del Código Orgánico Administrativo; 727 y 728 del Código Orgánico Integral Penal; y, el Acuerdo Ministerial N° 1266 de fecha 04 de julio de 2016;

Acuerda:

Artículo 1.- Aceptar la solicitud de repatriación del ciudadano ecuatoriano Víctor Hugo Solís Vásquez, con cédula de ciudadanía No. 0803023548, con la finalidad de que se ejecute la sentencia, en la cual se impone una pena privativa de libertad al citado connacional, impuesta por la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, causa penal: 49/2016, de conformidad con la Convención Interamericana de Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero.

Artículo 2.- Disponer al/la Director/a de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, notifique con el contenido del presente Acuerdo Ministerial a la Autoridad Central correspondiente de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha notificación será coordinada con el/la Director/a de Asistencia Judicial Internacional y de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Así mismo, realice todas las acciones tendientes a ejecutar el presente

Acuerdo, dentro de sus competencias, asistido/a en lo que corresponda por delegados de la Oficina Nacional Central de Interpol.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, D.M., a los 20 día(s) del mes de Septiembre de dos mil dieciocho.

Documento firmado electrónicamente

Sra. Dra. Emma Francisca Herdoiza Arboleda, Coordinadora General de Asesoría Jurídica – Delegada del Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (E).

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, siento como tal, que el documento que antecede en cuatro fojas útiles y que corresponde al Acuerdo No. MJDHC-CGAJ-2018-0085-A, de 20 de septiembre de 2018, es igual al que reposa en el Sistema de Gestión Documental QUIPUX de esta Cartera de Estado.

Quito, 21 de septiembre de 2018.

f.) Ab. Priscila Barrera Carmona, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

No. 053-CG-2018

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 211 establece que la Contraloría General del Estado es el organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos;

Que, la referida Carta Magna en su artículo 212, números 2 y 3, entre las funciones de la Contraloría General del Estado incluye tanto la de determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, derivadas de las gestiones sometidas a su control; como, la de expedir la normativa necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

30 – Miércoles 17 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 349

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el Organismo de Control tendrá potestad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas culposas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal;

Que, el artículo 57 ibídem en el inciso primero prevé que la recaudación de los valores por concepto de obligaciones declaradas en favor de instituciones, organismos y empresas sujetas al ámbito de dicha Ley y que deriven de resoluciones de la Contraloría General del Estado en las que se confirme la existencia de responsabilidades civiles o administrativas culposas, se ejecutará incluso mediante el procedimiento coactivo, de forma exclusiva a través de la Contraloría General del Estado, independientemente de que la entidad beneficiaría esté o no investida de capacidad coactiva propia;

Que, en el Suplemento del Registro Oficial N° 309, de 21 de agosto de 2018, se publicó la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, en cuyo artículo 25 se dispone la remisión de intereses generados por concepto de obligaciones derivadas de la determinación de responsabilidades civiles culposas y multas, a los trabajadores del Ministerio de Salud de los Hospitales Enrique Garcés, Psiquiátrico Julio Endara y Homero Castanier Crespo;

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 212 de la Constitución de la República del Ecuador, los artículos 7 y 95 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, el inciso final artículo 25 de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal,

Acuerda:

EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA APLICAR

LA REMISIÓN DE INTERESES PREVISTA EN

EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY ORGÁNICA PARA

EL FOMENTO PRODUCTIVO, ATRACCIÓN DE

INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEO, Y

ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO FISCAL

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- El presente Reglamento se expide exclusivamente para aplicar la remisión de intereses dispuesta en el artículo 25 de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.

Art. 2.- Beneficiarios de la remisión de intereses.- La remisión de intereses se aplicará, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, a los trabajadores del Ministerio de Salud del Hospital Enrique Garcés, Hospital Psiquiátrico Julio Endara y Hospital Homero Castanier Crespo de la provincia del Cañar, respecto de los cuales existan resoluciones con determinación de responsabilidades administrativas y/o civiles culposas establecidas por la Contraloría General del Estado.

Art. 3.- Término para acogerse a la remisión de intereses.- La remisión se aplicará a quienes expresen su voluntad de acogerse a la misma durante los sesenta (60) días posteriores a la publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal; esto es, desde el 21 de agosto hasta el 16 de noviembre del 2018.

Art. 4.- Obligaciones cuyos intereses son objeto de remisión.- Las obligaciones objeto de la remisión del cien por ciento (100%) de los intereses prevista en la citada Ley Orgánica, serán las contenidas en:

1. Resoluciones de determinación de responsabilidades administrativas culposas y civiles culposas, notificadas a los sujetos de responsabilidad y respecto de las cuales aún no se haya emitido título de crédito;
2. Resoluciones de determinación de responsabilidades administrativas culposas y civiles culposas respecto de las cuales se haya emitido título de crédito, sin perjuicio de que se haya o no iniciado el proceso coactivo; y,
3. Resoluciones de determinación de responsabilidades administrativas culposas y civiles culposas con procesos pendientes de resolución en sede jurisdiccional.

Art. 5.- Solicitud de remisión.- Accederán al beneficio contenido en el artículo 25 de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, los sujetos de responsabilidad que expresen su voluntad de acogerse a la remisión durante el término previsto, observando lo siguiente:

1. La expresión de la voluntad de acogerse a la remisión será individual y personal,
2. Contendrá la manifestación explícita de efectuar el pago de la obligación de contado; o, en su defecto, de solicitar facilidades de pago por concepto del capital sin los intereses, en cuyo caso se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones de la normativa vigente y aplicable para este propósito.

Art. 6.- Reliquidación de capital.- Para los efectos correspondientes derivados de la aplicación del artículo 25 de la mencionada Ley Orgánica y de este Reglamento, la Dirección Nacional de Recaudación y Coactivas de la Contraloría General del Estado se encargará de disponer y proceder con las respectivas reliquidaciones y recálculos.

Art. 7.- Procesos pendientes de resolución en sede jurisdiccional.- Los sujetos de responsabilidad que deseen acogerse al beneficio de remisión y que hayan presentado acciones jurisdiccionales que se encuentren pendientes de resolución, además de cumplir con lo establecido en los artículos precedentes deberán presentar una copia legible de su escrito de desistimiento del proceso jurisdiccional correspondiente, en la que conste la respectiva fe de

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recepción, gestión que deberá cumplirse dentro del término establecido en el artículo 3 de este Reglamento.

Art. 8.- Cuenta bancaria.- El depósito de los valores correspondientes a los pagos de las obligaciones descritas en el artículo 4 del presente Reglamento, se efectuará en la cuenta corriente N° 0010002195, sublínea N° 30200, de BanEcuador B.R, a nombre de «Contraloría General -Títulos de Crédito».

Art. 9.- Delegación.- Se delega tanto al Director Nacional de Recaudación y Coactivas, como a los Delegados Provinciales en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales, el conocimiento y trámite de los procesos relacionados con la remisión de intereses de la que trata el presente Reglamento.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Los pagos realizados con anterioridad a la vigencia de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, sean totales o parciales, no dan lugar a remisión de intereses ni constituyen pago indebido o en exceso, sin que estén sujetos a devolución o restitución alguna por parte del Organismo de Control.

Segunda.- Los desistimientos presentados en sede jurisdiccional con motivo del acceso a la remisión de intereses, llevarán implícito el archivo íntegro de la acción deducida, sin que sea factible aplicar la figura de desistimiento o remisión parcial.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Despacho del Contralor General del Estado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 27 de septiembre de 2018.

Comuníquese.

f.) Dr. Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado, Subrogante.

Dictó y firmó el Acuerdo que antecede, el señor doctor Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado, Subrogante, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de septiembre del año 2018.- CERTIFICO.

f.) Dr. Luis Miño Morales, Secretario General de la Contraloría.

EL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Considerando:

Que, consta publicada en la Gaceta Municipal No. 62 del 18 de mayo del 2017 y en la Edición Especial No. 10 del Registro Oficial del 7 de junio del 2017 la Ordenanza que regula la explotación minera de materiales áridos, pétreos en el cantón Guayaquil, sustitutiva a la Ordenanza que regula la explotación de canteras en el cantón Guayaquil, la misma que fue objeto de una reforma publicada en la Gaceta Municipal No. 76 del 29 de diciembre de 2017 y en el Suplemento del Registro Oficial No. 162 del 17 de enero de 2018; y,

Que, es necesario modificar la categoría de la Unidad de Gestión Minera creada en la referida Ordenanza, de acuerdo a la estructura organizacional establecida para la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial.

En ejercicio de la facultad legislativa que confiere el artículo 240 de la Constitución de la República, en armonía con lo previsto en los artículos 7 y 57 letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

Expide:

LA SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA

QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN MINERA DE

MATERIALES ÁRIDOS, PÉTREOS EN EL CANTÓN

GUAYAQUIL, SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA

QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS

EN EL CANTÓN GUAYAQUIL

Artículo único.- En la Disposición General Séptima de la referida Ordenanza sustituir la palabra «Subdirección» por la de «Departamento».

La presente reforma se publicará en la Gaceta Oficial Municipal y en el Registro Oficial.

DADA Y FIRMADA EN LA SALA DE SESIONES DEL M.I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

f.) Ab. Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil.

f.) Ab. Martha Herrera Granda, Secretaria del M.I. Concejo Municipal de Guayaquil.

CERTIFICO: Que la presente SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN MINERA DE MATERIALES ÁRIDOS, PÉTREOS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, fue discutida y aprobada por el M. I. Concejo Municipal de

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Guayaquil, en sesiones ordinarias de fechas trece y veinte de septiembre de 2018, en primero y segundo debate, respectivamente.

Guayaquil, 24 de septiembre de 2018

f.) Ab. Martha Herrera Granda, Secretaria del M.I. Concejo. Municipal de Guayaquil.

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN MINERA DE MATERIALES ÁRIDOS, PÉTREOS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, y ordeno su PROMULGACIÓN a través de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil y en el Registro Oficial.

Guayaquil, 25 de septiembre de 2018

f) Ab. Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil.

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en la Gaceta Oficial y en Registro Oficial, la SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN MINERA DE MATERIALES ÁRIDOS, PÉTREOS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, el señor abogado Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de septiembre año 2018.- LO CERTIFICO.-

Guayaquil, 26 de septiembre de 2018

f.) Ab. Martha Herrera Granda, Secretaria del M.I. Municipalidad de Guayaquil.

GADMC-MANTA No. 055

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTÓN MANTA

Considerando:

Que, la Constitución de la República en su preámbulo contiene el gran valor constitucional del Sumak Kawsay, el cual constituye, la meta, el fin que se propone el Estado Ecuatoriano para todos sus habitantes;

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, la misma que es definida en los artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la facultad legislativa de los

gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales, facultando el artículo 264 del cuerpo de leyes citado, a los gobiernos municipales expedir ordenanzas cantonales, en el ámbito de sus competencias y territorio;

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización concede al Concejo Municipal la facultad normativa mediante la expedición de ordenanzas municipales, así como también crear tributos y modificar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que ejecute;

Que, el artículo 60 literal e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización faculta al Alcalde o Alcaldesa presentar proyectos de ordenanza al concejo municipal en el ámbito de sus competencias;

Que, el Código Orgánico Tributario establece sistemas de determinación tributaria a ser aplicados por la Administración Tributaria Municipal en los tributos a su cargo;

Que, el Código Tributario clasifica a los tributos en: impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras.

Que, el art. 226 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, clasifica a los ingresos no tributarios en: Rentas patrimoniales; Transferencias y aportes; Venta de activos; e, Ingresos varios.

Que, los servicios básicos se constituyen en: agua potable; saneamiento ambiental entre estos se incluye, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial.

Que, en el Suplemento del Registro Oficial N° 309 de 21 de agosto de 2018, se promulga la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones. Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, la cual confiere competencia para la remisión de intereses, multas y recargos derivados de obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos;

El Concejo Municipal en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 240 de la Constitución de la República; artículos: 57 literal a): 60 literal e); y, Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente:

ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES,

MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS

DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, NO

TRIBUTARIAS Y DE SERVICIOS BÁSICOS,

ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DE MANTA, INCLUYENDO SUS EMPRESAS

PÚBLICAS Y ENTIDADES ADSCRITAS

Registro Oficial N° 349 Miércoles 17 de octubre de 2018 – 33

CAPITULO I

DE LAS GENERALIDADES

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto aplicar exclusivamente la remisión de intereses, multas y recargos derivados de: obligaciones tributarias, no tributarias, de servicios básicos, impuestos vehiculares, así como de recargos y multas derivados de la matriculación vehicular e infracciones de tránsito a cargo del Gobierno Municipal de Manta.; y, sus empresas amparadas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, agencias, instituciones y entidades adscritas.

Art. 2.- Obligaciones Tributarias. – Se considerarán para la remisión de los intereses de todos los impuestos, las tasas y contribuciones especiales de mejoras aplicables, dentro de la jurisdicción de Manta.

Art. 3. Servicios básicos.- Se considerará servicios básicos a los relacionados a: agua potable; saneamiento ambiental entre estos se incluye, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial; de conformidad a lo que establecen las ordenanzas correspondientes, en cuyo caso, al existir dentro de la Estructura Orgánica Municipal, una Empresa Pública «Aguas de Manta», deberá expedir la normativa aplicable.

Art. 4. Matriculación impuestos vehiculares, matriculación vehicular e infracciones de tránsito.- Se considerarán todos aquellos intereses, multas y recargos generados por concepto de impuestos vehiculares e infracciones de tránsito cometidas o adeudadas al Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta.

Art. 5. Condicionalidad.- Para efectos de la remisión de intereses multas y recargos derivados de obligaciones tributarias establecidos en la presente ordenanza, estos deben encontrarse vencidos.

CAPÍTULO II

DE LA REMISIÓN DE INTERESES,

MULTAS Y RECARGOS

Art. 6. Competencia. – La Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibro Fiscal, en el artículo 20, confiere competencia a los Gobiernos Municipales para condonar intereses, multas y recargos derivados de obligaciones tributarias y no tributarias de su competencia, originadas en la Ley o en sus respectivas ordenanzas, incluyendo a sus empresas públicas, agencias, instituciones y entidades adscritas.

Art. 7. Remisión. – Los intereses, multas y recargos derivados de las deudas tributarias, no tributarias; y, servicios básicos, vehículos, e infracciones de tránsito sólo podrán condonarse o remitirse en virtud de la presente ordenanza, el plazo para acogerse a este beneficio será de noventa (90) días contados a partir de la publicación de la presente Ordenanza.

Art. 8. Remisión de intereses, multas y recargos causados. – Se condonan los intereses, multas y recargos causados por efectos de los tributos municipales hasta el 2 de abril del 2018.

Art. 9. Remisión de intereses, multas y recargos en el cien por ciento (100%).- Se aplicará la remisión del cien

por ciento (100%) del interés del tributo adeudado hasta el 2 de abril de 2018.

Art. 10. Pagos previos y pagos parciales de la obligación tributaria.- En el caso que se hayan efectuado pagos previos a la entrada en vigencia de la presente ordenanza, se aplicarán las siguientes reglas:

Cuando los pagos previos alcanzaren a cubrir la totalidad del saldo del capital de las obligaciones, el contribuyente deberá comunicar tal particular a la Dirección Financiera Municipal de Manta a efectos de acogerse a la remisión; y, cuando los pagos previos no alcanzaren a cubrir la totalidad del saldo del capital de las obligaciones, el contribuyente podrá cancelar la diferencia dentro del plazo de noventa días, debiendo asimismo comunicar este particular a la Administración Tributaria, a efectos de acogerse a la remisión.

No será aplicable la disposición precedente en el caso de que se encuentre suscrito un convenio de pago.

Art. 11.- Remisión a impuestos vehiculares, matriculación vehicular e infracciones de tránsito.- Para la aplicación de la remisión intereses de impuestos vehiculares, así como de recargos y multas derivados de la matriculación vehicular y de infracciones de tránsito, se deberán aplicar, por esta única vez, las siguientes reglas:

1. Remisión de intereses de los impuestos vehiculares administrados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta, vencidos al 2 de abril del 2018, debiendo pagar la totalidad del saldo dentro del plazo de 90 días contados a partir de la vigencia de esta Ordenanza.
2. Remisión de los recargos establecidos por la Dirección Municipal de Tránsito generados por la no matriculación vehicular, vencidos al 2 de abril del 2018, debiendo para el efecto efectuarse el pago del capital dentro del plazo de 90 días contados a partir de la vigencia de esta Ordenanza.
3. Remisión de las multas adicionales del 2% establecidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o en las Ordenanzas Locales en materia de Tránsito correspondiente a las infracciones de tránsito que hubieren sido emitidas por la Dirección Municipal de Tránsito y que se encuentren pendientes de pago al 2 de abril de 2018, debiendo efectivizarse el pago del valor de la sanción dentro del plazo de 90 días contados a partir de la vigencia de la presente Ordenanza.

Art. 12.- Declaración de obligaciones durante el periodo de remisión.- Los contribuyentes que no hubieren declarado sus obligaciones tributarias relacionadas con impuestos declarativos vencidos al 2 de abril del 2018, así como aquellos que presenten declaraciones sustitutivas en relación a dichas obligaciones que no hayan sido

34 – Miércoles 17 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 349

previamente determinadas, podrán acogerse a la presente remisión, siempre y cuando efectúen las (s) respectivas (s) declaración (s), y adicionalmente realicen los pagos (s), o soliciten facilidades, según corresponda, hasta el plazo máximo previsto en la presente Ordenanza.

La Dirección Financiera Municipal, aplicará de oficio la remisión cuando haya constatado el cumplimiento del deber formal por parte del contribuyente y verificado que el saldo de la obligación consista únicamente de intereses multas o recargos.

Art. 13.- Procesos pendientes en sede administrativa, judicial, constitucional o arbitral.- Los contribuyentes que pretendan beneficiarse de la remisión del cien por ciento (100%) de intereses, multas y recargos derivados de sus obligaciones tributarias, deberán además de efectuar el pago total del saldo del capital o solicitar facilidades de pago según corresponda, presentar los desistimientos de los recursos o acciones administrativas, judiciales, constitucionales o arbitrales, ya sean estas nacionales y/o internacionales, en los casos que corresponda, dentro del plazo de 90 días.

Caso contrario, los pagos que se hubiesen efectuado se imputarán al monto capital de la deuda. Los pagos realizados por los contribuyentes que excedan el cien por ciento (100%) del saldo del capital de las obligaciones, no se realizarán devoluciones por pago en exceso o pago indebido.

Para efecto, los contribuyentes deberán demostrar el cumplimiento de esta condición ante la Administración Tributaria Municipal, mediante la presentación de una copia certificada del desistimiento presentado ante la autoridad correspondiente.

Art. 14.- El sujeto pasivo que pretenda beneficiarse de la remisión durante el transcurso de un proceso administrativo, deberá proceder de la siguiente manera:

a) Obligaciones en procesos determinativos:

Cuando la obligación tributaria se encuentre en un proceso de determinación en curso al momento de la publicación de la presente ordenanza en el Registro Oficial, el contribuyente podrá efectuar la declaración sustitutiva correspondiente, que justifique todas las diferencias detectadas, junto con el pago del saldo del capital, dentro de los plazos de la presente remisión o la solicitud de facilidades de pago cuando proceda, debiendo para el efecto comunicar dentro del proceso de control, su voluntad de beneficiarse de la presente remisión.

Si dentro del proceso determinativo, se hubieren presentado impugnaciones, el contribuyente deberá desistir de las mismas a efectos de acogerse a la remisión.

b) Cumplimiento de obligaciones por compensación:

En caso de que el contribuyente tenga valores a su favor, reconocidos por la Administración Tributaria o por órgano jurisdiccional competente, por concepto de devoluciones

o por tributos pagados en exceso o indebidamente, y deseare acogerse a la remisión mediante la compensación de dichos créditos, deberá dentro de los plazos de remisión correspondientes, expresar su voluntad para que el Gobierno Municipal compense los valores reconocidos a su favor, con el saldo del capital de las obligaciones tributarias pendientes de pago.

c) Obligaciones en procedimientos de ejecución coactiva:

Los contribuyentes que decidan acogerse a la remisión y se encuentren dentro de un proceso coactivo, podrán comunicar su intención al funcionario ejecutor de la coactiva hasta por 30 días luego de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, quien, en virtud de aquello, deberá suspender el ejercicio de la acción coactiva. Si luego de vencidos los plazos de remisión, el contribuyente no cumplió con los requisitos para beneficiarse de la remisión, el funcionario ejecutor reanudará inmediatamente las acciones de cobro.

También se suspenderá el ejercicio de la acción coactiva de aquellos contribuyentes que en virtud de esta Ordenanza soliciten facilidades de pago; misma que solo se reanudará cuando se incumplan las cuotas en los términos establecidos en esta Ordenanza.

En ningún caso, los plazos de suspensión del ejercicio de la acción coactiva podrán imputarse a los plazos de prescripción.

Art. 15.- Obligaciones originadas por resoluciones sancionatorias pecuniarias- En los casos en los cuales el contribuyente beneficiario de la remisión hubiere incumplido un deber formal con la administración tributaria municipal, que haya sido satisfecho antes de la entrada en vigencia de la presente ordenanza o dentro de los plazos de remisión, podrá comunicar el particular formalmente a la administración municipal hasta la misma fecha, a fin de no ser sancionado por tal incumplimiento o beneficiarse con la remisión de la sanción establecida, según corresponda, sin que sea necesaria la emisión de un acto administrativo para declararla extinta.

Art. 16.- Facilidades de pago del capital- La solicitud de facilidades de pago que podrán solicitar los contribuyentes a la administración tributaria, se realizará mediante el pago de dividendos iguales en cuotas mensuales del saldo del capital, por el plazo máximo de seis meses contados a partir de la vigencia de la ordenanza, de común acuerdo entre las partes; debiendo consignar el 20%) mínimo del valor capital adeudado.

En caso de incumplimiento de dos o más cuotas consecutivas, se dejará insubsistente la remisión contemplada en esta ordenanza, y la administración municipal deberá proceder inmediatamente al cobro de la totalidad de lo adeudado, incluido intereses, multas y recargos.

En todos los casos previstos en esta ordenanza, solo se aplicará la remisión cuando el contribuyente cumpla con el pago del cien por ciento (100%) del saldo del capital en los plazos previstos noventa días contados desde la

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publicación de la presente Ordenanza o dentro del plazo otorgado para las facilidades de pago; de no agotarse este requisito, los pagos parciales que se hubieren realizado, se imputarán conforme a las reglas generales contenidas en el Código Tributario, esto es en el siguiente orden: primero a intereses; luego al tributo; y, por último a multas.

Art. 17.- Obligación del sujeto pasivo.- Los sujetos pasivos deberán comunicar a la Administración Tributaria el pago efectuado acogiéndose a la remisión prevista y correspondiente, conforme a las disposiciones establecidas en la presente ordenanza.

Art. 18.- Remisión de intereses, multas y recargos para quienes tengan planteados reclamos y recursos administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes de resolución.- La remisión de intereses de mora, multas y recargos beneficiará también a quienes tengan planteados reclamos y recursos administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes de resolución, siempre y cuando paguen la totalidad del tributo adeudado, y los valores no remitidos cuando corresponda, de acuerdo a los plazos y porcentajes de remisión establecidos en la presente ordenanza. Los sujetos pasivos para acogerse a la remisión, deberán informar el pago efectuado a la autoridad administrativa competente que conozca el trámite, quien dispondrá el archivo del mismo.

Art. 19.- Sujetos pasivos que mantengan convenios de facilidades de pago vigentes.- En el caso de los sujetos pasivos que mantengan convenios de facilidades de pago vigentes y que se encuentren al día en las cuotas correspondientes, la totalidad de los pagos realizados, incluso antes de la publicación de la presente ordenanza, se imputará al capital y de quedar saldo del tributo a pagar podrán acogerse a la presente remisión, cancelando el cien por ciento del tributo adeudado, y los valores no remitidos cuando corresponda. Para estos efectos deberá adjuntar a su escrito de desistimiento el comprobante de pago del capital total de la deuda por el monto respectivo.

Art. 20.- Recurso de Casación Interpuesto por el Sujeto Activo.- En los casos en los que el Gobierno Municipal como administración tributaria hubiese presentado el recurso de casación, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, con la certificación del pago total de la obligación emitida por el sujeto activo del tributo, deberá inmediatamente, ordenar el archivo de la causa, sin que, en estos casos, sea necesario el desistimiento por parte del recurrente.

Art. 21.- Efectos Jurídicos del pago en Aplicación de la Remisión.- El pago realizado por los sujetos pasivos en aplicación de la remisión prevista en esta ordenanza extingue las obligaciones adeudadas. Los sujetos pasivos no podrán alegar posteriormente pago indebido sobre dichas obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones o recursos en procesos administrativos, judiciales o arbitrajes nacionales o extranjeros.

Art. 22.- Ejercicio de los sujetos pasivos a presentar solicitudes, reclamos y recursos administrativos.- Para el caso de reclamaciones, solicitudes, reclamos y recursos

administrativos de los sujetos pasivos, se aplicará lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- No aplicará la remisión establecida en esta ordenanza para las obligaciones tributarias vencidas con posterioridad al 2 de abril de 2018.

Segunda.- La Dirección Financiera, coordinará la aplicación y ejecución de la presente ordenanza.

Tercera.- En todo lo no establecido en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la Constitución de la República; Código Orgánico Tributario; Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal y demás normativa conexa.

Cuarta.- Los pagos producto de esta ordenanza, se realizarán en las oficinas de recaudación del GAD Municipal o en las oficinas de las empresas públicas municipales cuando corresponda.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente Ordenanza por ser de naturaleza tributaria entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, al tenor del artículo 324 inciso primero del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, COOTAD.

Dada y firmada en la Sala de sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Manta, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.

f) Ing. Jorge O. Zambrano Cedeño, Alcalde de Manta.

f.) S.E. Patricia González López, Secretaria Municipal (E).

CERTIFICO: Que, ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, NO TRIBUTARIAS Y DE SERVICIOS BÁSICOS, ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MANTA, INCLUYENDO SUS EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTIDADES ADSCRITAS; fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del cantón Manta, en las sesiones ordinaria y extraordinaria distintas, celebradas los días diecisiete y veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho en primero y segundo debate respectivamente.

Manta, septiembre 26 del 2018

f.) S.E. Patricia González López, Secretara Municipal (E).

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la presente ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, NO TRIBUTARIAS

36 – Miércoles 17 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 349

Y DE SERVICIOS BÁSICOS, ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MANTA, INCLUYENDO SUS EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTIDADES ADSCRITAS; y, ORDENO su PROMULGACIÓN a través de su publicación de conformidad con la ley.

Manta, septiembre 28 de 2018

f.) Ing. Jorge O. Zambrano Cedeño, Alcalde de Manta.

Sancionó y ordenó la promulgación de la presente ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, NO TRIBUTARIAS Y DE SERVICIOS BÁSICOS, ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MANTA, INCLUYENDO SUS EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTIDADES ADSCRITAS, conforme a lo establecido en la Ley, el Ing. Jorge O. Zambrano Cedeño, Alcalde de Manta, en esta Ciudad, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. LO CERTIFICO.

Manta, septiembre 28 del 2018

f.) S.E. Patricia González López, Secretaria Municipal (E).

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTÓN DEL PEDERNALES

Considerando:

Que, la Constitución de la República en su preámbulo contiene el gran valor constitucional del Sumak Kawsay, el cual constituye, la meta, el fin que se propone el Estado Ecuatoriano para todos sus habitantes;

Que, la Constitución de la República en su preámbulo contiene el gran valor constitucional del Sumak Kawsay, el cual constituye, la meta, el fin que se propone el Estado Ecuatoriano para todos sus habitantes;

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, la misma que es definida en los artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la facultad legislativa de los gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales, facultando el artículo 264 del cuerpo del leyes citado, a los gobiernos municipales expedir ordenanzas cantonales, en el ámbito de sus competencias y territorio;

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización concede al Concejo Municipal la facultad normativa mediante la expedición de ordenanzas municipales, así como también crear tributos y modificar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que ejecute;

Que, el artículo 60 literal e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización faculta al Alcalde o Alcaldesa presentar proyectos de ordenanza al concejo municipal en el ámbito de sus competencias;

Que, el Código Orgánico Tributario establece sistemas de determinación tributaria a ser aplicados por la Administración Tributaria Municipal en los tributos a su cargo;

Que, el Código Tributario clasifica a los tributos en: impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras.

Que, el art. 226 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, clasifica a los ingresos no tributarios en: Rentas patrimoniales; Transferencias y aportes; Venta de activos; e, Ingresos varios.

Que, los servicios básicos se constituyen en: agua potable; saneamiento ambiental entre estos se incluye, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial.

Que, en el Suplemento del Registro Oficial N° 309 de 21 de agosto de 2018, se promulga la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, la cual confiere competencia para la remisión de intereses, multas y recargos derivados de obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos;

El Concejo Municipal en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 240 de la Constitución de la República; artículos: 57 literal a): 60 literal e); y, Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente:

ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES,

MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS

DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, NO

TRIBUTARIAS Y DE SERVICIOS BÁSICOS,

ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTÓN PEDERNALES y SUS EMPRESAS

AMPARADAS EN LA LEY ORGÁNICA

DE EMPRESAS PÚBLICAS, AGENCIAS,

INSTITUCIONES Y ENTIDADES ADSCRITAS, EN

EL CANTÓN PEDERNALES

Capítulo I

DE LAS GENERALIDADES

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto aplicar la remisión de intereses, multas y recargos derivados

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de obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos a cargo del Gobierno Municipal; y, sus empresas amparadas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, agencias, instituciones y entidades adscritas.

Art. 2.- Obligaciones Tributarias.-Los tributos municipales son: Impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejoras, los mismos que deben estar normados en las ordenanzas respectivas acordes al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y demás normativa vigente.

Son impuestos:

1. El impuesto sobre la propiedad urbana;
2. El impuesto sobre la propiedad rural;
3. El impuesto de alcabalas;
4. El impuesto sobre los vehículos;
5. El impuesto de matrículas y patentes;
6. El impuesto a los espectáculos públicos;
7. El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos;
8. El impuesto al juego; e,
9. El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales.

Son tasas:

1. Aprobación de planos e inspección de construcciones;
2. Rastro;
3. Agua potable:
4. Recolección de basura y aseo público;
5. Control de alimentos;
6. Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales;
7. Servicios administrativos;
8. Alcantarillado y canalización; e,
9. Otros servicios de cualquier naturaleza.

Son contribuciones especiales de mejoras:

1. Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase;
2. Repavimentación urbana;
3. Aceras y cercas; obras de soterramiento y

adosamiento de las redes para la prestación de servicios de telecomunicaciones en los que se incluye audio y video por suscripción y similares, así como de redes eléctricas;

4. Obras de alcantarillado;
5. Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable;
6. Desecación de pantanos y relleno de quebradas;
7. Plazas, parques y jardines; y,

h) Otras obras que las municipalidades o distritos metropolitanos determinen mediante ordenanza, previo el dictamen legal pertinente.

Art. 3.- Obligaciones no Tributarias.- Se constituyen en obligaciones no tributarias las siguientes:

Rentas patrimoniales, que comprenderán los siguientes grupos:

1. Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios);
2. Utilidades provenientes del dominio comercial;
3. Utilidades provenientes del dominio industrial;
4. Utilidades de inversiones financieras; y,
5. Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio público.

Transferencias y aportes con los siguientes grupos:

1. Asignaciones fiscales;
2. Asignaciones de entidades autónomas, descentralizadas o de otros organismos públicos; y,
3. Transferencias del exterior.

Venta de activos, con los siguientes grupos:

1. De bienes raíces; y,
2. De otros activos.

Ingresos varios, que comprenderán los que no deben figurar en ninguno de los grupos anteriores incluidas donaciones.

Art. 4.- Servicios básicos.- Se considerará servicios básicos a los relacionados a: agua potable; saneamiento ambiental entre estos se incluye, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial; de conformidad a lo que establecen las ordenanzas correspondientes.

Art. 5.- Condicionalidad.- Para efectos de la remisión de intereses multas y recargos derivados de obligaciones

38 – Miércoles 17 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 349

tributarias establecidos en la presente ordenanza, éstos deben encontrarse vencidos.

Capítulo II

DE LA REMISIÓN DE INTERESES,

MULTAS Y RECARGOS

Art. 6.- Competencia.- La Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, confiere competencia a los Gobiernos Municipales para condonar intereses, multas y recargos derivados de obligaciones tributarias y no tributarias las de su competencia, originadas en la Ley o en sus respectivas ordenanzas, incluyendo a sus empresas públicas, agencias, instituciones y entidades adscritas.

Art. 7.- Remisión.- Los intereses, multas y recargos derivadas de las deudas tributarias, no tributarias; y servicios básicos, sólo podrán condonarse o remitirse en virtud de la presente ordenanza, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen.

Art. 8.- Remisión de intereses, multas y recargos causados.-Se condonan los intereses, multas y recargos causados por efectos de los tributos municipales hasta el 2 de abril de 2018.

Art. 9.- Remisión de intereses, multas y recargos en el cien por ciento (100 %).- La remisión de intereses, multas y recargos será del cien por ciento (100 %) si el pago de la totalidad del tributo adeudado es realizado hasta los noventa (90) días plazo, contados a partir de la vigencia de la ley general como tal, de los tributos adeudados hasta el 2 de abril de 2018.

Art. 10.- Pagos previos y pagos parciales de la obligación tributaria.- En el caso que se hayan efectuado pagos previos a la entrada en vigencia de la presente ordenanza, se aplicarán las siguientes reglas:

Cuando los pagos previos alcanzaren a cubrir la totalidad del saldo del capital de las obligaciones, el contribuyente deberá comunicar tal particular a la Administración Tributaria, a efectos de acogerse a la remisión; y,

Cuando los pagos previos no alcanzaren a cubrir la totalidad del saldo del capital de las obligaciones, el contribuyente podrá cancelar la diferencia dentro del plazo de noventa días, debiendo asimismo comunicar este particular a la Administración Tributaria, a efectos de acogerse a la remisión.

Los pagos realizados por los contribuyentes, indistintamente si fueren pagos totales o parciales, inclusive aquellos realizados en virtud de un convenio de facilidad de pago, o que se hubieren realizado previo a la vigencia de la presente ordenanza durante los plazos en ella establecidos, se acogerán a la remisión, previa solicitud del contribuyente, siempre que se cubra el cien por ciento (100%) del saldo del capital de las obligaciones.

Aun cuando los pagos realizados por los contribuyentes excedan el cien por ciento (100 %) del saldo del capital de las obligaciones, no se realizarán devoluciones por pago en exceso o pago indebido.

Art. 11.- Declaración de obligaciones durante el período de remisión.- Los contribuyentes que no hubieren declarado sus obligaciones tributarias relacionadas con el impuesto de patentes y de activos totales vencidas al 2 de abril de 2018, así como aquellos que presenten declaraciones sustitutivas en relación a dichas obligaciones que no hayan sido previamente determinadas, podrán acogerse a la presente remisión, siempre y cuando efectúen la(s) respectiva(s) declaración(es) , y adicionalmente realicen los pago(s), o soliciten facilidades, según corresponda, hasta el plazo máximo previsto en la presente Ordenanza.

La Dirección Financiera Municipal, aplicará de oficio la remisión cuando haya constatado el cumplimiento del deber formal por parte del contribuyente y verificado que el saldo de la obligación consista únicamente de multas o recargos.

Art. 12.- Procesos pendientes en sede administrativa, judicial, constitucional o arbitral.- Los contribuyentes que pretendan beneficiarse de la remisión del cien por ciento (100%) de intereses, multas y recargos derivados de sus obligaciones tributarias, deberán además de efectuar el pago total del saldo del capital o solicitar facilidades de pago según corresponda, presentar los desistimientos de los recursos o acciones administrativas, judiciales, constitucionales o arbitrales, ya sean estas nacionales y/o internacionales, en los casos que corresponda, dentro del plazo de 90 días.

Caso contrario, los pagos que se hubiesen efectuado se imputarán al monto capital de la deuda. Los pagos realizados por los contribuyentes que excedan el cien por ciento (100 %) del saldo del capital de las obligaciones, no se realizarán devoluciones por pago en exceso o pago indebido.

Para el efecto, los contribuyentes deberán demostrar el cumplimiento de esta condición ante la Administración Tributaria Municipal, mediante la presentación de una copia certificada del desistimiento presentado ante la autoridad correspondiente.

De la misma manera, el Gobierno Municipal deberá desistir de todos los recursos que hubiere presentado, una vez que haya comprobado la totalidad del pago del saldo del capital.

Los desistimientos implicarán de pleno derecho el archivo de los recursos o acciones administrativas, judiciales, constitucionales o arbitrales correspondientes, y así los declararán las autoridades respectivas y procederán a la devolución de los afianzamientos y cauciones rendidos en los respectivos procesos, sin intereses.

Art. 13.- Procesos pendientes en sede administrativa.- En los casos detallados en el presente artículo, el sujeto pasivo que pretenda beneficiarse de la remisión, deberá proceder de la siguiente manera:

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a) Obligaciones en procesos determinativos:

Cuando la obligación tributaria se encuentre en un proceso de determinación en curso al momento de la publicación de la presente ordenanza en el Registro Oficial, el contribuyente podrá efectuar la declaración sustitutiva correspondiente, que justifique todas las diferencias detectadas , junto con el pago del saldo del capital, dentro de los plazos de la presente remisión o la solicitud de facilidades de pago cuando proceda, debiendo para el efecto comunicar dentro del proceso de control, su voluntad de beneficiarse de la presente remisión.

Si dentro del proceso determinativo, se hubieren presentado impugnaciones, el contribuyente deberá desistir de las mismas a efectos de acogerse a la remisión.

b) Cumplimiento de obligaciones por compensación:

En caso de que el contribuyente tenga valores a su favor, reconocidos por la Administración Tributario o por órgano jurisdiccional competente, por concepto de devoluciones o por tributos pagados en exceso o indebidamente, y deseare acogerse a la remisión mediante la compensación de dichos créditos, deberá dentro de los plazos de remisión correspondientes, expresar su voluntad para que el Gobierno Municipal compense los valores reconocidos a su favor, con el saldo del capital de las obligaciones tributarias pendientes de pago.

c) Obligaciones en convenios de facilidades de pago:

Respecto de las obligaciones tributarias sobre las cuales existan facilidades de pago en curso, el sujeto pasivo, luego de la imputación de los pagos previos al capital, podrá efectuar el pago del saldo del capital cuando lo hubiere, o solicitar acogerse a nuevas facilidades de pago cuando corresponda, a efectos de acogerse a la remisión contenida en esta Ordenanza.

d) Obligaciones en procedimientos de ejecución coactiva:

Los contribuyentes que decidan acogerse a la remisión y se encuentren dentro de un proceso coactivo, podrán comunicar su intención al funcionario ejecutor de la coactiva hasta por 30 días luego de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, quien, en virtud de aquello, deberá suspender el ejercicio de la acción coactiva. Si luego de vencidos los plazos de remisión, el contribuyente no cumplió con los requisitos para beneficiarse de la remisión, el funcionario ejecutor reanudará inmediatamente las acciones de cobro.

También se suspenderá el ejercicio de la acción coactiva de aquellos contribuyentes que en virtud de esta Ordenanza soliciten facilidades de pago; misma que solo se reanudará cuando se incumplan las cuotas en los términos establecidos en esta Ordenanza.

En caso de que dentro de los períodos de remisión se realicen cobros efectivos en virtud de embargos, subastas y/o remates, el sujeto pasivo que pretenda beneficiarse de la remisión deberá solicitar que los valores recaudados sean imputados al saldo del capital, sin perjuicio de la obligación

del contribuyente de cumplir con el pago total del capital adeudado en los respectivos plazos de remisión.

En ningún caso, los plazos de suspensión del ejercicio de la acción coactiva podrán imputarse a los plazos de prescripción.

Art. 14.- Obligaciones originadas por resoluciones sancionatorias pecuniarias.- En los casos en los cuales el contribuyente beneficiario de la remisión hubiere incumplido un deber formal con la administración tributaria municipal, que haya sido satisfecho antes de la entrada en vigencia de la presente ordenanza o dentro de los plazos de remisión, podrá comunicar el particular formalmente a la administración municipal hasta la misma fecha, a fin de no ser sancionado por tal incumplimiento o beneficiarse con la remisión de la sanción establecida, según corresponda, sin que sea necesaria la emisión de un acto administrativo para declararla extinta.

Art. 15.- Facilidades de pago del capital.- La solicitud de facilidades de pago que podrán solicitar los contribuyentes a la administración tributaria, se realizará mediante el pago de dividendos iguales en cuotas mensuales del saldo del capital, por el plazo máximo de dos años contados a partir de la vigencia de la ordenanza, de común acuerdo entre las partes. No será necesario realizar el pago de la cuota inicial del 20 % de la obligación, establecida entre las reglas generales para la obtención de facilidades de pago del Código Tributario.

Para el caso de los servicios básicos las facilidades de pago de capital serán por el plazo máximo de un año.

En caso de incumplimiento de dos o más cuotas consecutivas, se dejará insubsistente la remisión contemplada en esta ordenanza, y la administración municipal deberá proceder inmediatamente al cobro de la totalidad de lo adeudado, incluido intereses, multas y recargos. En todos los casos previstos en esta ordenanza, solo se aplicarla remisión, cuando el contribuyente cumpla con el pago del cien por ciento (100 %) del saldo del capital en los plazos previstos o dentro del plazo otorgado para las facilidades de pago; de no agotarse este requisito, los pagos parciales que se hubieren realizado, se imputarán conforme a las reglas generales contenidas en el Código Tributario.

Art. 16.- De la Administración Tributaria Municipal.- Está en la obligación de poner a disposición del sujeto pasivo los títulos, órdenes de pago y demás que se encuentren vencidos y estén sujetos a acogerse a la presente ordenanza.

Art. 17.- Obligación del sujeto pasivo.- Los sujetos pasivos deberán comunicar a la Administración Tributaria el pago efectuado acogiéndose a la remisión prevista y correspondiente, conforme a las disposiciones previstas en la presente ordenanza.

Art. 18.- Remisión de intereses, multas y recargos para quienes tengan planteados reclamos y recursos administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes de resolución.- La remisión de intereses de mora,

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multas y recargos beneficiará también a quienes tengan planteados reclamos y recursos administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes de resolución, siempre y cuando paguen la totalidad del tributo adeudado, y los valores no remitidos cuando corresponda, de acuerdo a los plazos y porcentajes de remisión establecidos en la presente ordenanza. Los sujetos pasivos para acogerse a la remisión, deberán informar el pago efectuado a la autoridad administrativa competente que conozca el trámite, quien dispondrá el archivo del mismo.

Art. 19.- Sujetos pasivos que mantengan convenios de facilidades de pago vigentes.- En el caso de los sujetos pasivos que mantengan convenios de facilidades de pago vigentes y que se encuentren al día en las cuotas correspondientes, la totalidad de los pagos realizados, incluso antes de la publicación de la presente ordenanza, se imputará al capital y de quedar saldo del tributo a pagar podrán acogerse a la presente remisión, cancelando el cien por ciento del tributo adeudado, y los valores no remitidos cuando corresponda. Para estos efectos deberá adjuntar a su escrito de desistimiento el comprobante de pago del capital total de la deuda por el monto respectivo.

Art. 20.- Recurso de Casación Interpuesto por el Sujeto Activo.- En los casos en los que el Gobierno Municipal como administración tributaria hubiese presentado el recurso de casación, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, con la certificación del pago total de la obligación emitida por el sujeto activo del tributo, deberá inmediatamente, ordenar el archivo de la causa, sin que, en estos casos, sea necesario el desistimiento por parte del recurrente.

Art. 21.- Efectos Jurídicos del pago en Aplicación de la Remisión.- El pago realizado por los sujetos pasivos en aplicación de la remisión prevista en esta ordenanza extingue las obligaciones adeudadas. Los sujetos pasivos no podrán alegar posteriormente pago indebido sobre dichas obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones o recursos en procesos administrativos, judiciales o arbitrajes nacionales o extranjeros.

Art. 22.- Ejercicio de los sujetos pasivos a presentar solicitudes, reclamos y recursos administrativos.- Para el caso de reclamaciones, solicitudes, reclamos y recursos administrativos de los sujetos pasivos, se aplicará lo dispuesto en el Art. .383 del COOTAD y lo que determina en el Código Orgánico Administrativo.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- No aplicará la remisión establecida en esta ordenanza para las obligaciones tributarias vencidas con posterioridad al 2 de abril de 2018.

Segunda.- La Dirección Financiera y la Dirección Jurídica, coordinarán la aplicación y ejecución de la presente ordenanza.

Tercera.- En todo lo no establecido en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la Constitución de la República; Código Orgánico Tributario; Código Orgánico de

Organización Territorial Autonomía y Descentralización; Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal y demás normativa conexa.

Cuarta.- La Presente ordenanza de remisión de intereses, multas y recargos es aplicable para las obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos a cargo del Gobierno Municipal; y, sus empresas amparadas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, agencias, instituciones y entidades adscritas, debiendo adecuarse por parte de la Dirección Financiera o el área correspondiente la aplicación de la ordenanza para cada uno de los tributos señalados.

Quinta.- Los pagos producto de esta ordenanza, se realizarán en las oficinas de recaudación del GAD Municipal o en las oficinas de las empresas públicas municipales cuando corresponda.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente ordenanza empezará a regir a partir de su aprobación por el Concejo Municipal y sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, además en la gaceta oficial y en el dominio web de la institución. Por ser una Ley Orgánica para el fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, con la calidad de urgente en materia económica y de cumplimiento obligatorio.

Segunda.- Una vez que se promulgue la presente ordenanza el departamento de comunicación deberá difundirla por todos los medios de comunicación.

Comuníquese y publíquese.- Dado y firmada en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del Cantón Pedernales, el día veintiocho del mes de septiembre del dos mil dieciocho, de conformidad con lo que dispone el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

f.) Ing. Néstor Gabriel Alcívar Robles, Alcalde del Cantón Pedernales.

f.) Ab. María Donatila Zambrano Murillo, Secretaria del Concejo.

Certificado de socialización y discusión.- CERTIFICO: Que LA ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTE­RESES, MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, NO TRIBUTARIAS Y DE SERVICIOS BÁSICOS, ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES y SUS EMPRESAS AMPARADAS EN LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, AGENCIAS, INSTITUCIONES Y ENTIDADES ADSCRITAS, EN EL CANTÓN PEDERNALES, fue discutida y aprobada en las sesiones ordinarias de los días viernes 21 de septiembre de 2018 y viernes 28 septiembre del 2018,

Registro Oficial N° 349 Miércoles 17 de octubre de 2018 – 41

de conformidad en lo que dispone el inciso tercero del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

f.) Ab. María Donatila Zambrano Murillo, Secretaria del Concejo.

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PEDERNALES.- El viernes 28 de septiembre del 2018, a las 11:30, de conformidad con la razón que precede y, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remito al Señor Alcalde para su sanción u observación en tres ejemplares la ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, NO TRIBUTARIAS

Y DE SERVICIOS BÁSICOS, ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES y SUS EMPRESAS AMPARADAS EN LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, AGENCIAS, INSTITUCIONES Y ENTIDADES ADSCRITAS, EN EL CANTÓN PEDERNALES.

f.) Ab. María Donatila Zambrano Murillo, Secretaria del Concejo.

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES.- De conformidad a lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente, SANCIONO la ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, NO TRIBUTARIAS Y DE SERVICIOS BÁSICOS, ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES y SUS EMPRESAS AMPARADAS EN LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, AGENCIAS, INSTITUCIONES Y ENTIDADES ADSCRITAS, EN EL CANTÓN PEDERNALES, precédase de acuerdo a la ley.

f.) Ing. Néstor Gabriel Alcívar Robles, Alcalde del Cantón Pedernales.

Proveyó y firmó la presente ordenanza el señor ingeniero Néstor Gabriel Alcívar Robles, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedernales, en la presente fecha señalada.- Pedernales, 28 de septiembre del 2018.- CERTIFICO. –

f.) Ab. María Donatila Zambrano Murillo, Secretaria del Concejo.

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTÓN BOLÍVAR CONSIDERANDO

Considerando:

Que, a Constitución de la República del Ecuador vigente, establece una nueva organización territorial del Estado, incorpora nuevas competencias a los gobiernos autónomos descentralizados y dispone que por ley se establezca el sistema nacional de competencias, los mecanismos de financiamiento y la institucionalidad responsable de administrar estos procesos a nivel nacional.

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, y Arts. 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autónoma y Descentralización, (COOTAD) establecen que el Estado Ecuatoriano reconoce y garantiza a los gobiernos autónomos descentralizados el goce de autonomía política, administrativa y financiera.

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, al Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal le reconoce la facultad legislativa dentro de su jurisdicción.

Que, el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, en el ámbito de sus competencias y territorio, faculta a los gobiernos municipales expedir ordenanzas cantonales.

Que, de conformidad con el Art. 60, literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, corresponde al Alcalde o Alcaldesa presentar proyectos de ordenanza al Concejo Municipal en el ámbito de su competencia.

Que, el Art. 492 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que las municipalidades reglamentarán mediante ordenanzas la determinación del cobro de sus tributos.

Que, el Titulo IX, Capítulo I, sección Novena, Art. 546 del COOTAD, considera el impuesto de patentes municipales;

Que, en Registro Oficial, Edición Especial No. 765 de 15 de noviembre de 2016, se publicó la Reforma a la Ordenanza Modificatoria que reglamente la Determinación, Administración, Control y Recaudación del Impuesto de Patente Anual, que grava el ejercicio de toda actividad de Orden Económico que opere dentro del Cantón Bolívar; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 57 literal b) y 58 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD),

Expide:

LA REFORMA A LA ORDENANZA

MODIFICATORIA QUE REGLAMENTA LA

DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN,

CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE

PATENTE ANUAL, QUE GRAVA EL EJERCICIO DE

TODAACTTVIDAD DE ORDEN ECONÓMICO QUE

OPERE DENTRO DEL CANTÓN BOLÍVAR

42 – Miércoles 17 de octubre de 2018 Registro Oficial N° 349

ARTÍCULO. 1.- DEL IMPUESTO DE LA PATENTE ANUAL.- Se establece en el Cantón Bolívar el impuesto de Patentes Municipales, el mismo que se aplicará de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Art. 546 y siguientes del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), y en la presente ordenanza.

ARTÍCULO. 2.- AUTORIZACIÓN DE LA PATENTE ANUAL.- Se origina la patente por la autorización que la Municipalidad concede, obligatoriamente, a toda persona natural o jurídica que lo solicite, a fin de que pueda ejercer una actividad comercial, industrial o de cualquier orden económico, previa inscripción en el registro que para el efecto mantendrá la Jefatura de Rentas del Gobierno Autoformo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar.

ARTÍCULO. 3.- OBJETO DEL IMPUESTO.- Están obligados a obtener la Patente y, por ende, al pago anual de Patente, las personas naturales o jurídicas que realicen actividades comerciales, industriales, financieras o de servicio, que operen habitualmente en el cantón Bolívar, así como las que ejerzan cualquier actividad de orden económico.

ARTÍCULO. 4.- DEL HECHO GENERADOR.- Es el ejercicio habitual de toda actividad comercial, industrial, financiera, inmobiliaria y profesional que se realicen dentro de la jurisdicción cantonal por el sujeto pasivo. La actividad se considera habitual, cuando el sujeto pasivo la realiza de manera usual, frecuente, o periódicamente en forma regular.

ARTÍCULO. 5.- DEL SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo del impuesto de Patentes es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, dentro de los límites de jurisdicción territorial. La determinación, administración, control y recaudación de este impuesto se lo hará a través de la Dirección Financiera Municipal.

ARTÍCULO. 6.- DEL SUJETO PASIVO.- Son sujetos pasivos del impuesto de patentes municipales las personas naturales o jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal, que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias, de servicios varios, profesionales, transportistas de servicio público de pasajeros y de carga en forma individual u otras actividades de cualquier orden económico, con o sin matriculas de comercio en el cantón Bolívar.

ARTÍCULO. 7.- DE LAS FACULTADES DEL SUJETO ACTIVO.- La Dirección Financiera Municipal, para efectos de la ejecución y control de este tributo, tendrá las siguientes facultades:

1. Podrá solicitar mensualmente al Registro Mercantil, a las Superintendencia de Compañías y de Bancos, la lista actualizada de las compañías, cuya constitución haya sido aprobada.
2. Podrá solicitar trimestralmente a las Superintendencia de Compañías y de Bancos la información relacionada con

los Activos, Pasivos y Patrimonios de las compañías sujetas a su control.

7.3 Podrá solicitar al Servicio de Rentas Internas copias de las declaraciones de impuesto a la renta de los contribuyentes en caso de requerirlo.

Lo anterior sin perjuicio de solicitar en cualquier tiempo la información a que se refiere el presente artículo.

ARTÍCULO. 8.- DE LAS OBLIGACIONES DEL SUJETO PASIVO.- Los sujetos pasivos del impuesto de patentes están obligados a:

1. Cumplir con los derechos formales establecidos en el Código Orgánico Tributario.
2. Inscribirse en el Registro de Patentes de la Jefatura de Rentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, a fin de contar con datos actualizados.
3. Obtener el título de crédito de la patente en especie valorada a los treinta días de iniciar la actividad económica, y consecutivamente cada primer mes del año siguiente, además para dicho trámite deberá sacar el certificado de no adeudar al Municipio.
4. Presentar la declaración de activos totales en el caso de sociedades y personas naturales obligadas o no a llevar contabilidad para determinar el monto a pagar correspondiente al impuesto del 1.5 por mil sobre los actives totales.
5. Presentar la declaración de capital para el cobro del impuesto a la Patente municipal.
6. Facilitar a los funcionarios autorizados por la Dirección Financiera Municipal la información necesaria a fin de realizar las verificaciones tendientes al control o determinación del impuesto a la Patente, para lo cual el sujeto pasivo proporcionará las informaciones de libros, registros, declaraciones y otros documentos contables.

g) Concurrir a la Dirección Financiera Municipal cuando sean requeridos para sustentar la información de su negocio, o si esta fuera contradictoria o irreal.

h) El comprobante del pago de la Patente anual, deberá ser exhibido por el dueño o representante legal de la actividad económica en el lugar más visible del establecimiento.

i) Todo aumento de capital, cambio de denominación o razón social, transferencia de dominio, cese de actividades del establecimiento, o cualquier información referente a cambios, deberá ser notificado por el contribuyente a la Jefatura de Rentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, máximo en los 30 días posteriores de producido el hecho, para que se realice la anotación correspondiente.

Debidamente comprobado el caso de cierre, se procederá a la cancelación de la inscripción y a suprimir el nombre del

Registro Oficial N° 349 Miércoles 17 de octubre de 2018 – 43

catastro, de otro modo se entenderá que el negocio continúa funcionando hasta la fecha de su aviso.

j) Cumplir con la obtención de la patente anual de funcionamiento y al pago de la misma, así como a pagar el impuesto mensual de patentes, sobre el monto de capital en giro con el que operen.

ARTÍCULO. 9.- DE LA INACTIVIDAD, LA LIQUIDACIÓN O CIERRE DEFINITIVO DEL ESTABLECIMIENTO.- Se procederá a borrar de los registros municipales de Patentes, con el aviso por parte del contribuyente de la enajenación, la inactividad, la liquidación o cierre definitivo del establecimiento; adjuntando el Registro Único de Contribuyentes; de no cumplir con esta obligación y ante la falta de información oportuna, la Jefatura de Rentas Municipales continuará emitiendo títulos, los mismos que serán exigibles hasta la fecha en que se reciba la notificación por parte del contribuyente.

ARTÍCULO. 10.- RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO.- El incumplimiento de deberes formales acarreará responsabilidad pecuniaria para el sujeto pasivo de la obligación tributaria, sea persona natural o jurídica, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

ARTÍCULO. 11.- DE LA OBLIGATORIEDAD DE OBTENER LA PATENTE.- A más de quienes están ejerciendo las actividades establecidas en el Art. 6 de esta Ordenanza, están obligados a obtener la Patente, quienes deseen iniciar cualquier otra actividad económica.

ARTÍCULO. 12.- DE LOS PLAZOS PARA OBTENER LAPATENTE.- La inscripción y obtención de dicha patente se cumplirá dentro de los siguientes plazos y condiciones:

12.1 En caso de iniciar una actividad económica, deberán registrarse en el Catastro para obtener la Patente, dentro de los treinta días siguientes del mes que empezare a operar el negocio.

1. Los industriales, comerciantes o proveedores de servicios que a la presente fecha han ejercido estas actividades sin haber realizado este pago, deberán hacerlo de inmediato y actualizar sus datos dentro de los treinta días subsiguientes a la presentación de la declaración del Impuesto a la Renta de cada año, debiendo acompañar, quienes según las leyes pertinentes estuvieren obligados a llevar contabilidad, una copia de la declaración presentada al SRI, datos que servirán de base para establecer el capital operativo.
2. Solo se otorgará patente por primera vez, a las actividades económicas que se instalen en los sectores determinados por la ordenanza que reglamenta el uso del suelo en la ciudad de Bolívar. Para determinar esta factibilidad, la Jefatura de Rentas podrá solicitar informes técnicos a la Dirección de Planificación y a la Unidad de Gestión Ambiental, debiendo coordinar acciones con esta última, previo a la renovación de Patentes a las actividades que generan riesgo ambiental.

12.4 No se extenderá patente a los locales que contravengan con las disposiciones establecidas en el Código de la Niñez y de la Adolescencia y Código de Salud.

Previo a la entrega de patentes, a las actividades de servicios petroleros y afines, lavadoras y lubricadoras, estaciones de servicio de combustible, talleres de mecánica automotriz, talleres de enderezada y pintura de vehículos, talleres de mecánica industrial, talleres de motocicletas y motores fuera de borda, aserraderos y carpinterías, negocios de pinturas, almacenes de agroquímicos, laboratorios químicos, recicladoras, vulcanizadoras, talleres de fibra de vidrio, discotecas y afines, bares, karaokes y otras actividades que generen riesgo ambiental, el interesado deberá contar con el informe favorable emitido por la Unidad de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar.

ARTÍCULO. 13.- DE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PATENTE ANUAL MUNICIPAL (PRIMERA VEZ).- Para obtener la Patente Anual Municipal por primera vez deberá dirigirse a la Jefatura de Rentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, presentando los siguientes documentos:

1. Obtener el formulario para la Patente en la Jefatura de Rentas y llenarlo a máquina o con letra imprenta legible.
2. Copia de la constitución de la compañía, para el caso de las personas jurídicas.

3. Copia del Nombramiento del Representante Legal actualizado en caso de serlo.
4. Matricula de Comercio otorgado por la autoridad correspondiente (para personas extranjeras). Copia del nombramiento del representante legal residente permanente.

5. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación vigente.
6. Copia del permiso del Cuerpo de Bomberos actualizado, en caso de ser necesario.
7. Contrato de arriendo en caso de no poseer local propio.
8. Certificación de calificación otorgado por la Junta Nacional del Artesano (en caso de serlo).
9. Certificado de no adeudar al Municipio.
10. Para el caso de las personas naturales o jurídicas que llevan Contabilidad deberán presentar el balance financiero y/o la declaración del impuesto a la renta del año inmediato anterior.
11. Presentar certificación ambiental otorgada por la Unidad de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, si el caso amerita.
12. Informe de Inspección otorgado por la Unidad de Gestión Ambiental si el caso amerita.

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ARTICULO. 14- DELREGISTRO DE PATENTES – La Jefatura de Rentas de la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, llevará el catastro de Patente, el mismo que contendrá los siguientes datos básicos proporcionados por el sujeto pasivo de acuerdo con la declaración del capital o su contabilidad:

1. Número del RUC del contribuyente.
2. Nombre o razón social del contribuyente.

3. Nombre del Titular y/o representante del negocio o empresa.
4. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación vigente a colores.
5. Dirección domiciliaria del propietario o representante del negocio o empresa, calle, número, barrio.
6. Actividad comercial del negocio.

g) Fecha de inicio de operaciones.

h) Monto del capital con que se opera (según declaración o el determinado por la autoridad tributaria municipal).

Cualquier otro dato que posteriormente se considere necesario para mejor identificación y manejo de las patentes.

ARTÍCULO. 15.- DE LA BASE IMPONIBLE PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL IMPUESTO DE PATENTE.- La base del impuesto anual de patente se la determinará en función del patrimonio con el que operen los sujetos pasivos de este impuesto dentro del Cantón Bolívar, y que conste en los libros o registros contables al cierre del ejercicio económico del año inmediato anterior, y para el efecto se considerará lo siguiente:

1. Para las personas naturales o jurídicas y sociedades de hecho, que estén obligadas a llevar contabilidad, la base del impuesto será la diferencia existente entre el total de activos y el total de pasivos que conste en el Balance General al cierre del ejercicio económico del año inmediato anterior, presentado en el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías o Superintendencia de Bancos, según el caso.
2. Para las personas naturales que no estén obligados a llevar contabilidad, se determinará la cuantía del impuesto anual de patente, de acuerdo a la inspección que efectúen la Jefatura de Rentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar.
3. Los sujetos pasivos que posean su casa matriz en el cantón Bolívar y sucursales o agencias en otros cantones del país; así mismo las sucursales o agencias que funcionen en este cantón con su casa matriz en otro cantón, pagarán el impuesto en proporción al ingreso obtenido en la jurisdicción cantonal de Bolívar. Para lo cual, se tomará el total de ingresos, que consta en el Estado de Resultados de la declaración del Impuesto a la Renta presentada al Servicio de Rentas Internas, Superintendencias de Compañías o de

Bancos, según fuere el caso y se especificará los ingresos obtenidos en cada jurisdicción cantonal; de acuerdo a dichas proporciones se establecerá el porcentaje de ingresos obtenidos en el Cantón Bolívar y en base a dicho porcentaje se pagará el impuesto a esta Municipalidad.

4. Los sujetos pasivos que con anterioridad hayan tenido actividad económica en otras jurisdicciones cantonales y que inicien actividades en este Cantón en el primer año, deberán pagar el Impuesto en función al capital con que se inicie su operación de acuerdo a la declaración debidamente sustentada que efectúen ante el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar.
5. Para las empresas de actividad petrolera, de servicios agroindustriales o sociedades que se encuentren registradas en la Superintendencia de Compañías, la base imponible para el cálculo de la Patente será la base imponible porcentual de la declaración del 1.5 por mil del porcentaje que corresponde al cantón por motivo de su operación dentro del mismo.

ARTÍCULO. 16.- BASE IMPONIBLE DE LA TARIFA DEL IMPUESTO.- Se establece el impuesto anual de patente con una tarifa del 0.15% sobre el patrimonio de los sujetos pasivos. La tarifa mínima será de diez (10) dólares y la máxima de veinticinco mil (25.000) dólares, según el segundo inciso del artículo 548 del COOTAD.

ARTÍCULO 17.- DE LAS PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS, EMPRESAS Y COMPAÑÍAS QUE EXPLOTEN FELDESPATO Y OTROS DERIVADOS.-Quienes realicen actividades de explotación de feldespato y otros derivados deberán cancelar anualmente la cantidad de 5.000,00 USD (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de pago de Patente, tal como lo establece el Mandato Constituyente No. 6 de la Asamblea Constituyente. El monto máximo de pago se fijará de acuerdo al número de hectáreas concesionadas, información que se requerirá al Ministerio del Ambiente.

ARTÍCULO 18.- DE LAS PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS, EMPRESAS Y COMPAÑÍAS QUE CONTRATEN CON LA MUNICIPALIDAD- Todas las personas naturales, jurídicas, empresas y compañías que contraten con la municipalidad por concepto de construcción de obras civiles, estudios y consultoría, cuya duración del contrato sea de 90 días o más, deberán pagar la patente anual con una tarifa del 1 por ciento del patrimonio.

ARTÍCULO 19.- DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.- Las instituciones financieras deberán pagar el impuesto de patente anual, mediante una tarifa correspondiente al 1 por ciento sobre el patrimonio.

ARTÍCULO 20.- DE LOS CENTROS DE DIVERSIÓN NOCTURNOS.- Los centros de diversión nocturnos, no se sujetarán a la tabla establecida y deberán pagar las casas de cita la suma de 1.000.00 USD anuales (un mil dólares) por establecimiento y las discotecas, bares y, karaokes la suma de 500,00 USD (quinientos dólares) anuales por establecimiento por concepto de patentes. Se reduce el

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pago al 50% por las actividades de los bares, discotecas y karaokes ubicados en las parroquias rurales del Cantón.

ARTÍCULO. 21.- DE LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO.- En base al catastro de Patentes, los títulos de crédito se emitirán en forma automatizada el primer día de labores de cada año, sin perjuicio de los resultados que arrojen las verificaciones de las declaraciones, para que el contribuyente cancele su valor previo a la presentación del último título de crédito. De detectarse falsedad se deberá reliquidar el impuesto. En este evento, se emitirán los títulos complementarios que fueren necesarios.

ARTÍCULO. 22- DEL EJERCICIO IMPOSITIVO.- El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

El contribuyente está en la obligación de cancelar la patente anual hasta el 30 de abril de cada año, caso contrario se determinará que está en mora y deberá pagar los respectivos intereses establecidos por el Banco Central del Ecuador, calculados a la fecha de su liquidación.

Cuando la actividad generadora del impuesto se inicie en fecha posterior al primero de Enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de Diciembre de cada año y se cobrará en forma proporcional por el tiempo que reste hasta el 31 de diciembre de cada año.

ARTÍCULO 23.- DE LOS INTERESES A CARGO DEL SUJETO PASIVO.- Los contribuyentes de este Impuesto deberán cancelar sus respectivos títulos de crédito dentro del año correspondiente, de no hacerlo causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa alguna, el interés anual equivalente a 1.5 veces la tasa activa referencial para noventa días establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables a cada periodo trimestral que dure la mora por cada mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes completo.

ARTÍCULO. 24- DE LAS EXONERACIONES.– Estarán exentos del impuesto únicamente los artesanos calificados como tales por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar podrá verificar e inspeccionar el cumplimiento de las condiciones de la actividad económica de los artesanos para fines tributarios.

Es obligación individual de cada artesano presentar los requisitos para el registro, acompañada del documento que acredite tal calificación, para obtener este beneficio, adicionalmente deberá demostrar que lo invertido en su taller, en implementos de trabajo, maquinaria y materias primas, no es superior al 25% del capital fijado para la pequeña industria.

Corresponde a la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, aceptar y calificar los documentos presentados; y, de detectar alteraciones o que por uno u otro motivo no

se ajusten a las disposiciones de la ley de Defensa del Artesano, el funcionario municipal a cargo suspenderá los beneficios de la exoneración.

Si la administración tributaria determinare que la inversión efectuada por el artesano calificado es superior a la establecida en la Ley de Defensa del Artesano, procederá a solicitar a la Junta Nacional de Defensa del Artesano certifique si continúa siendo artesano o no.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar en coordinación con el SRI verificará e inspeccionaran el cumplimiento de las condiciones de la actividad económica de los artesanos, para fines tributarios, basándose en lo prescrito en la Ley de Defensa del Artesano.

Se exonera en su totalidad del pago de patentes las personas con discapacidad, previa presentación del carnet de CONADIS.

ARTÍCULO. 25.- DE LA EXIGIBILIDAD.– La Patente municipal será exigible mediante proceso coactivo.

ARTÍCULO 26.- DE LA REDUCCIÓN DEL IMPUESTO.- Cuando un negocio demuestre haber sufrido pérdidas conforme a la declaración aceptada en el Servicio de Rentas Internas, o por fiscalización efectuada por la antes nombrada entidad o por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, el impuesto se reducirá en un 70%).

ARTÍCULO 27.- ESTÍMULOS TRIBUTARIOS.– Serán aplicados en favor de todas las personas naturales o jurídicas que realicen nuevas inversiones en las actividades para el desarrollo del turismo, la industria, pequeña industria, microempresas, actividades culturales, educativas, deportivas, de beneficencia, así como las que protejan y defiendan el ambiente.

El beneficio consistirá en reducir la totalidad del tributo y tendrá un plazo máximo de duración de cinco años improrrogables.

ARTÍCULO. 28-DEL PAGO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE INICIAN.- El contribuyente que inicie las actividades económicas tiene la obligación de presentar en la Jefatura de Rentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, un detalle valorado del capital de operación de su negocio.

ARTÍCULO. 29.-DEL PAGO DE CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDADES EN MÁS DE UN CANTÓN.– Los contribuyentes de este impuesto que tengan actividades en más de un cantón, presentarán el valor del capital con el que operan en el cantón Bolívar, el mismo que debe contar con el aval del representante legal y un contador público autorizado. En caso de no presentar la declaración, se aplicará la determinación presuntiva por la Jefatura de Rentas del Gobierno Auto formo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, cuyo impuesto no puede ser menor al del año anterior.

ARTÍCULO. 30.- DEL PAGO INDIVIDUAL POR CADA ACTIVIDAD.- Cuando en un mismo

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establecimiento, varias personas naturales o sociedades ejerzan conjunta o individualmente más de una o diversas actividades, cada una de ellas declarará y pagará el impuesto de patente municipal según la actividad que realice.

ARTÍCULO. 31- DE LOS RECLAMOS.– Los sujetos pasivos tienen derecho de presentar reclamos y recursos de conformidad con los requisitos señalados en el Art. 119 de la Codificación del Código Orgánico Tributario ante el Director Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, quien los resolverá de acuerdo a lo establecido en dicho Código.

ARTÍCULO. 32.- CLAUSURA.- La clausura es un acto administrativo de carácter reglado e impugnable, por el cual la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, procede a cerrar obligatoriamente los establecimientos de los sujetos pasivos, cuando estos incurran en uno o más de los siguientes casos:

1. Falta de declaración, por parte de los sujetos pasivos en las fechas y plazos establecidos, aun cuando la declaración no cause tributos;
2. No facilitar la información requerida por la Administración Tributaria; y,

3, Falta de pago de títulos emitidos por patentes y notificaciones realizadas por la Dirección Financiera, sin perjuicio de la acción coactiva.

Previo a la clausura, la Dirección Financiera notificará al sujeto pasivo concediéndole el término de veinte días hábiles para que cumpla con las obligaciones tributarias pendientes o justifique objetivamente su cumplimiento. De no hacerlo, se notificará, disponiendo la clausura, que será ejecutada dentro de las veinte y cuatro horas siguientes a la notificación.

La clausura se efectuará mediante la aplicación de sellos y avisos en un lugar visible del establecimiento sancionado y se mantendrá hasta el cumplimiento de sus obligaciones pendientes.

La sanción de clausura se mantendrá hasta cuando el sujeto pasivo cumpla con sus obligaciones, y no podrá ser sustituida por sanciones pecuniarias y, se aplicará sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 33.- CLAUSURA POR INCUMPLIMIENTO A CITACIÓN.– Cuando los sujetos pasivos de este impuesto no dieren cumplimento a la tercera citación realizada por la Dirección Financiera Municipal, con un intervalo de cinco días entre cada citación, se procederá a la clausura del negocio hasta que el responsable cumpla con los requisitos exigidos.

ARTÍCULO. 34.- DESTRUCCIÓN DE SELLOS.- La destrucción de los sellos que implique el reinicio de actividades sin autorización 0 la oposición a la clausura, dará lugar a iniciar las acciones legales pertinentes.

ARTÍCULO. 35.- AUXILIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL.- Para la ejecución de la orden de clausura, la Dirección Financiera requerirá del auxilio de la Policía Municipal, de manera inmediata y sin ningún trámite previo y de la Policía Nacional de creerlo necesario.

ARTÍCULO. 36.- DE LA FALTA DE INSCRIPCIÓN.– La falta de inscripción, así como la falta de información sobre aumento de capital, cambio de domicilio, denominación o razón social, enajenación, liquidación o cierre definitivo del establecimiento y toda trasgresión a las disposiciones de la presente ordenanza, será sancionada con una multa equivalente de una a cinco remuneraciones básicas unificadas, si no se lo ha realizado dentro de los plazos señalados en esta Ordenanza, aclarando que, dicha multa seguirá generándose por cada año de retraso, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal y de otras sanciones a que hubiere lugar.

ARTÍCULO. 37.- NORMAS COMPLEMENTARIAS.– En todos los procedimientos y aspectos no señalados en esta ordenanza se aplicarán las disposiciones pertinentes del Código Orgánico Tributario y del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

ARTÍCULO. 38.- DETERMINACIÓN PRESUNTIVA.- Cuando los sujetos pasivos no presentaren su declaración para la obtención de la patente en el plazo establecido, la Dirección Financiera notificará recordándole su obligación y, si transcurridos ocho días, no dieren cumplimiento se procederá a determinar la base imponible en forma presuntiva de conformidad con el Art. 92 del Código Orgánico Tributario. El mismo procedimiento se aplicará cuando los documentos en que se sustente la declaración no sean aceptables por razones jurídicas sustanciales o no presten mérito suficiente para acreditarlos.

La determinación presuntiva se realizará en base a la de otros sujetos pasivos que se encuentren en igual o análoga situación por la naturaleza del negocio o actividad económica, por el lugar de su ejercicio y otros aspectos similar.

ARTÍCULO. 39.- DEL MANTENIMIENTO DEL CATASTRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.- El catastro de contribuyentes de los impuestos de patente anual, así como de impuestos y tasas adicionales, será actualizado permanentemente por el personal de la Jefatura de Rentas, en función de las declaraciones y de las observaciones in situ.

ARTÍCULO. 40.- DE LAS CONTRAVENCIONES Y MULTAS.- La Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, cobrará las multas por contravenir las disposiciones establecidas en la presente ordenanza, una vez que se ha cumplido con el respectivo juzgamiento, las mismas que no eximirán al contraventor del cumplimiento de las obligaciones tributarias por cuya omisión fue sancionado.

Constituyen contravenciones a la presente ordenanza las siguientes:

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40.1.- En caso de mora en la inscripción, el impuesto anual se cobrará desde la fecha que se inició la actividad económica, juntamente con el valor de la Patente Anual con un recargo equivalente al valor de dicha patentes, por cada año de tardanza.

40.2.- Las empresas y negocios que acrediten justificadamente que están en proceso de liquidación, deberán comunicar este hecho dentro de los treinta días posteriores a la inscripción de la correspondiente resolución otorgada por el organismo de control, a la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, caso contrario pagarán una multa equivalente a diez dólares anuales, hasta que se dé cumplimiento a la referida comunicación.

Todas las multas e intereses se calcularán a la fecha de pago.

Los tributos que no hayan sido cancelados oportunamente deberán ser liquidados de acuerdo a las disposiciones pertinentes del Código Orgánico Tributario.

ARTÍCULO 41.- DECLARACIÓN.- Los sujetos pasivos mencionados en el artículo 6 de esta ordenanza, están obligados a presentar la declaración y obtener la patente anual. Todas las declaraciones quedan sujetas a la verificación por parte del personal de la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar. El resultado de la verificación será comunicado al sujeto pasivo quien podrá presentar el reclamo administrativo correspondiente en caso de inconformidad con éste.

ARTÍCULO 42.- PROCEDIMIENTO.- En todos los procedimientos y aspectos no previstos en esta ordenanza se aplicarán las disposiciones pertinentes del Código Orgánico Tributario y del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); Código Orgánico General de Procesos; y, demás cuerpos legales que sean aplicables.

ARTÍCULO 43.- EJECUCIÓN.- Encárguese la ejecución de la presente ordenanza a la Dirección Financiera, Procuraduría Sindica Municipal; y, demás dependencias municipales que tengan relación con la misma.

DEFINICIÓN

Para la aplicación de la presente Ordenanza se considerará la siguiente definición:

1.- Feldespato.- Nombre común de diversas especies minerales, de color blanco, amarillento o rojizo, brillo resinoso o nacarado y gran dureza, que forman parte de rocas ígneas, como el granito. Químicamente son silicatos complejos de aluminio con sodio, potasio o calcio, y cantidades pequeñas de óxidos de magnesio y hierro. Entre los feldespatos más importantes están la ortosa, la albita y la labradorita.

2.- Temporalidad.- Se refiere al hecho que el contribuyente, particularmente el profesional ejerza actividad económica desde los tres meses en forma permanente en el cantón Bolívar.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

PRIMERA.- Derogatoria.- Deróguese en fin todas las disposiciones que se opongan a esta Ordenanza y que sean contrarias.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y/o página web de la institución.

Dada y suscrita en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, a los 23 días del mes de febrero del año 2017.

f.) Sr. Jorge Ángulo Dávila, Alcalde del GADMCB.

f) Ab. Víctor López, Secretario Ad-Hoc.

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN- CERTIFICO: que la presente REFORMA A LA ORDENANZA MODIFICATORIA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTE ANUAL, QUE GRAVA EL EJERCICIO DE TODA ACTIVIDAD DE ORDEN ECONÓMICO QUE OPERE DENTRO DEL CANTÓN BOLÍVAR, fue conocida y discutida por el Ilustre Concejo Municipal del Cantón Bolívar, en sesión Ordinaria de fecha 10 de febrero de 2017 y sesión Extraordinaria de 23 de febrero de 2017.

f)Ab. Víctor López, Secretario Ad-Hoc.

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR.- Bolívar, 01 de marzo de 2017, a las 09H00.- de conformidad con lo dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, sanciono la REFORMA A LA ORDENANZA MODIFICATORIA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTE ANUAL, QUE GRAVA EL EJERCICIO DE TODA ACTIVIDAD DE ORDEN ECONÓMICO QUE OPERE DENTRO DEL CANTÓN BOLÍVAR, para que entre en vigencia y dispongo su promulgación.

f.) Sr. Jorge Ángulo Dávila, Alcalde del GADMCB.

SECRETARÍA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALDEL CANTÓN BOLÍVAR, sancionó, firmó la REFORMA A LA ORDENANZA MODIFICATORIA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTE ANUAL, QUE GRAVA EL EJERCICIO DE TODA ACTIVIDAD DE ORDEN ECONÓMICO QUE OPERE DENTRO DEL CANTÓN BOLÍVAR, el señor Jorge Ángulo Dávila, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar; y, ordenó su promulgación, hoy 01 de marzo de 2017. CERTIFICO.

f) Ab. Víctor López, Secretario Ad-Hoc.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.- Catchi – Ecuador- Secretaría General.-Fecha 14-08 de 2018.- Certifica que la presente es fiel copia del original.- f.) Ilegible.