Registro Oficial No.325 – Miércoles 12 de septiembre de 2018

septiembre 12, 2018

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés Presidente Constitucional de la República del Ecuador Miércoles 12 de septiembre de 2018 (R. O.325, 12 -septiembre -2018) Año II – Nº 325 Quito, miércoles 12 de septiembre de 2018 SUMARIO: Págs. FUNCIÓN EJECUTIVA ACUERDOS: MINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA: SUBSECRETARÍA DE RECURSOS PESQUEROS: MAP-SRP-2018-0172-A Institucionalícese la celebración […]

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 12 de septiembre de 2018 (R. O.325, 12 -septiembre -2018)

Año II – Nº 325

Quito, miércoles 12 de septiembre de 2018

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA:

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS PESQUEROS:

MAP-SRP-2018-0172-A Institucionalícese la celebración del «Festival de la Corvina y el Robalo (Cynosión sp. Centropornus viridus)», a nivel nacional

MAP-SRP-2018-0174-A Amplíese el plazo para concluir el proceso de obtención del acuerdo ministerial de autorización para ejercer la actividad pesquera de plantas procesadoras de harina de pescado, iniciados previo a la moratoria emitidas en el Acuerdo Ministerial MAP-SRP-2018-0080-A de 13 de abril de 2018

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS:

015-2018 Desígnese al señor Ignacio Vallejo Maldonado, delegado permanente ante el Directorio de la Empresa Pública Tame Línea Aérea del Ecuador «TAME EP

016-2018 Apruébese la utilización del módulo de auditoría dentro del Sistema Integrado de Transporte y Obras Públicas SITOP6

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS:

SUBSECRETARÍA ZONAL 7:

081-2018 Concédese personería jurídica a la Asociación de Conservación Vial «Estoraques de Suro», con domicilio en el cantón y provincia de Loja

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES:

ARCOTEL-2018-0711 Avóquese conocimiento y acógese en todas sus partes el «Informe técnico sobre uso y canalización de la banda 928 – 940 MHz para enlaces radioeléctricos

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Págs.

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL:

RA-PCNII-005-2018 Expídese el Reglamento para el funcionamiento de los consejos consultivos nacionales

SECRETARÍA DEL AGUA:

2018-0203 Refórmese el Reglamento para la Conformación y el Funcionamiento del Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional

2018-0204 Expídese el Reglamento interno de aplicación de la Norma técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores

SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO:

SNPD-047-2018 Expídese la Norma técnica para la modificación, eliminación o incorporación de metas al Plan Nacional de Desarrollo y/o a la Estrategia Territorial Nacional

SNPD-048-2018 Modifíquese el Acuerdo N° SNPD-019-2018, de 06 de marzo de 2018

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

ORDENANZAS MUNICIPALES:

-…………. Cantón Pichincha: Que regula la declaratoria de propiedad horizontal

CMQ-10-2016 Cantón Quinsaloma: Que reforma a los artículos 18, 21 y 48 de la Ordenanza sustitutiva a la Ordenanza que reglamenta la prestación del servicio del camal municipal y la determinación y recaudación de la tasa de rastro

Nro. MAP-SRP-2018-0172-A

Sr. Blgo. Jorge Alejandro Villavicencio Mendoza

SUBSECRETARIO DE RECURSOS

PESQUEROS, SUBROGANTE

Considerando:

Que, el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador determina que entre los deberes primordiales del Estado está el de proteger el patrimonio natural y cultural del país.

Que, el numeral 13 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador determina como uno de los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley,

conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos.

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución».

Que, el artículo 7 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero determina «El Estado establecerá las medidas de fomento necesarias para la expansión del sector pesquero, conforme a los principios de la política pesquera ecuatoriana. Estimulará a los grupos sociales de pescadores artesanos, especialmente a los organizados en cooperativas, a través de proyectos específicos financiados por él, y a las asociaciones de armadores organizadas conforme a la Ley de Cooperativas”.

Que, el artículo 14 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero determina «El Ministerio del ramo será el encargado de dirigir y ejecutar la política pesquera del país, a través de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros”.

Que, el artículo 30 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero determina «El Ministerio del ramo, en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura, reglamentará y controlará la pesca deportiva. Los clubes y más organizaciones que incluyan entre sus actividades a la pesca deportiva, deberán también registrarse en la Dirección General de Pesca o en la inspectoría más cercana a su sede social.

Que, mediante Decreto Ejecutivo 06, del 24 de mayo de 2017 en su artículo 3 establece que el Ministerio de Acuacultura y Pesca, en su calidad de Ministerio Sectorial, será el rector y ejecutor de la política de acuacultura y pesca, en tal virtud, el encargado de formular, planificar, dirigir y gestionar y coordinar la aplicación de directrices, planes, programas y proyectos de dichos sectores;

Que, la especie corvina y robalo cuyos nombres científicos respectivamente son: Cynosión sp. Centropomus viridus, son de suma importancia para la cadena productiva pesquera que involucra principalmente al sector pesquero artesanal e industrial.

Que, los Pescadores Artesanales del perfil costero ecuatoriano, tienen como tradición desarrollar festivales, ferias gastronómicas, regatas, procesiones, competencias, etc., en honor y agradecimiento a deidades que, según su creencia religiosa, los acompaña y protege durante las actividades de pesca. Con estos eventos celebran también la mayor presencia de ciertas especies.

Que, Cojimíes es una caleta pesquera de la provincia de Manabí con una población de 13.708 habitantes en su jurisdicción, de ellos 6000 habitantes conforman la cabecera parroquial según el último censo poblacional del 1NEC en el año 2010, en la parroquia prevalece la actividad acuícola mediante el cultivo intensivo de camarón, de igual forma la actividad pesquera; el asentamiento urbano parroquial está

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casi rodeado de mar, al norte con la Isla del amor, al sur con la cabecera cantonal de Pedernales, al este con el estuario Cojimíes, al oeste con un cinturón de 18 km. de palmeras.

Que, durante los últimos 18 años se viene celebrando el «Festival de la Corvina y el Robalo», evidenciándose una gran acogida a nivel nacional e internacional; por esta razón, y considerando el impacto positivo que este evento genera es importante que el «Festival de la Corvina y el Róbalo», se extienda a nivel de todas las provincias de la costa ecuatoriana, a fin de fortalecer la cadena productiva del país, incentivando al pescador a mejorar su calidad de vida dinamizando la economía del sector pesquero artesanal.

Que, mediante Oficio N° 063-GAD-PC-LPGZ-2018, de fecha mayo 29 de 2018, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Cojimíes solicita al Ministerio de Acuacultura y Pesca » … Se eleve Acuerdo Ministerial el Festival Internacional de la Pesca Deportiva de la Corvina y el Robalo …. ‘.

Que, mediante memorando Nro. MAP-CGAJ-2018-2607-M, de fecha 23 de julio de 2018, la Coordinación General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Acuacultura y Pesca emite el siguiente pronunciamiento Jurídico: Siendo la Subsecretaría de Recursos Pesqueros la entidad del Estado a cuyo cargo está la Dirección y Ejecución de la Política Pesquera del Ecuador, conforme a lo establecido en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero; y como tal su gestión está encaminada, además de la consecución de otros objetivos institucionales a procurar mejorar las capacidades de ejecución de los Pescadores Artesanales mediante el cumplimiento de los programas y procesos correspondientes; esta Coordinación General de Asesoría Jurídica considera procedente lo solicitado por el Gobierno Parroquial de Cojimíes y recomienda que se inicie el proceso correspondiente.

Que, la Dirección de Pesca Artesanal mediante el memorando Nro. MAP-SRP-2018-16399-M de fecha 30 de julio de 2018, comunica a la Coordinación General de Asesoría Jurídica que » toda vez que se han realizado los respectivos análisis técnicos a lo solicitado por el Gobierno Parroquial de Cojimíes, esta Dirección de Pesca Artesanal remite a su despacho el informe de pertinencia, a efecto de que se continúe con el proceso respectivo, previo a la emisión del Acuerdo Ministerial solicitado». En el Informe de Pertinencia Previo a la emisión del Acuerdo Ministerial del Festival Internacional de la Corvina y el Robalo (Cynosión sp. Centropornus viridus) DPA-Julio 24 -2018, se recomienda que: La autoridad pesquera promulgue un Acuerdo Ministerial en el que se establezca la institucionalidad de la celebración nacional del «Festival de la Corvina y el Robalo», considerando que el desarrollo del evento no se contrapone a otras festividades de la misma naturaleza dentro del país. El evento denominado «Festival Internacional de la Corvina y el Robalo» deberá ser realizado el mes de agosto de cada año (después de aguaje), por ser en estas fechas cuando existe mayor presencia de este recurso. El día será determinado previo análisis de la tabla de mareas (en época de quiebra), el cual será celebrado por las diferentes caletas pesqueras del país, así como en los

organismos e instituciones públicas y privadas, relacionadas con la actividad pesquera de dicho recurso, mediante conferencias, paneles y más eventos, alusivos a la fecha. Considerando que en la comunidad pesquera de Cojimíes se viene incentivando la conservación del recurso corvina y robalo, realizando de manera consecutiva durante 18 años este festival, es importante brindarle el reconocimiento a la parroquia Cojimíes, dándole la exclusividad para realizar este magno evento. Se considere que dentro de las actividades realizadas durante el «Festival de la Corvina y el Robalo» se desarrollarán competencia de Pesca Deportiva y otros. Es relevante mencionar que actualmente la captura del recurso CORVINA y ROBALO, en el país, no tiene ningún tipo de regulación por parte de la autoridad competente. Se sugiere realizar las coordinaciones necesarias con el Instituto Nacional de Pesca, afín de determinar el estado del recurso corvina y Robalo, con la finalidad de establecer medidas de manejo pesquero, que aseguren la sustentabilidad de las poblaciones de los recursos corvina y robalo (Cynosión sp.) (Centropornus viridis) respectivamente».

Que, mediante Registro Oficial No. 31 de fecha 7 de julio de 2017 se aprobó el Código Orgánico Administrativo, el cual entro en vigencia a partir del 7 de julio de 2018;

Que, el Código Orgánico Administrativo en su Artículo 98 establece «Acto Administrativo- Acto Administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo».

Que, el Código Orgánico Administrativo en su Artículo 99 establece «Requisitos de validez del acto administrativo.-Son Requisitos de validez: 1.- Competencia 2.- Objeto 3.-Voluntad 4. – Procedimiento 5. – Motivación».

Que, mediante Acción de Personal No. DATH-00-486 de fecha 08 de Agosto de 2018 de junio del 2017, se me designó el cargo de Subsecretario de Recursos Pesqueros, Encargado;

En uso de las atribuciones concedidas en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y Reglamento Ibídem.

Acuerda:

Art. 1.- Institucionalizar la celebración del «Festival del Corvina y el Robalo (Cynosión sp. Centropornus viridus)», a nivel nacional.

Art. 2.- El evento será realizado el mes de agosto de cada año (después de aguaje) determinado previo análisis de la tabla de mareas (en época de quiebra), y será celebrado en las comunidades pesqueras, así como en los organismos e instituciones públicas y privadas, relacionadas con la actividad pesquera de dicho recurso, mediante conferencias, paneles y más eventos, alusivos a la fecha.

Art. 3.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su expedición sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE.

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Dado en Manta, a los 09 día(s) del mes de Agosto de dos mil dieciocho.

Documento firmado electrónicamente

Sr. Blgo. Jorge Alejandro Villavicencio Mendoza, Subsecretario de Recursos Pesqueros, Subrogante.

Nro. MAP-SRP-2018-0174-A

Sr. Ing. Jorge Manuel Costain Chang SUBSECRETARIO DE RECURSOS PESQUEROS

Considerando:

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador indica que: «Se reconoce y garantizará a las personas: 2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios»;

Que, el Artículo. 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «Derecho a la Seguridad Jurídica: El derecho a la Seguridad Jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes»;

Que, el Artículo. 226 de la Constitución de la República del Ecuador indica que: «Competencias y Facultades de los servidores Públicos: Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas que actúe en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades, que les sean atribuidas en la constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la constitución»;

Que, el Artículo. 284 de la Constitución de la República del Ecuador indica que: «La política económica tendrá los siguientes objetivos: (…) 2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional»;

Que, el Articulo 304 de la Constitución de la República del Ecuador indica que: «La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, 3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional, 5. Impulsar

el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo»;

Que, el Articulo. 325 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores;

Que, el articulo 1 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero indica que: » Los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial, en las aguas marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y artificiales, son bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será regulado y controlado por el Estado de acuerdo con sus intereses»;

Que, el artículo 13 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero indica que:» El Ministro del ramo queda facultado para resolver y reglamentar los casos especiales y los no previstos que se suscitaren en la aplicación de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 5 del Art. 171 (147, num. 13) de la Constitución de la República»;

Que, el artículo 18 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero indica que: «Para ejercer la actividad pesquera en cualquiera de sus fases se requiere estar expresamente autorizado por el Ministerio del ramo y sujetarse a las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos y de las demás leyes, en cuanto fueren aplicables»;

Que, el artículo 24 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero indica que: «Para ejercer la pesca industrial se requiere autorización mediante acuerdo, del Ministro del ramo»;

Que, en el artículo 15 de la Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero Texto Unificado de Legislación Pesquera establece que: «La harina de pescado, de camarón o de otras especies bioacuáticas, se elaborarán utilizando únicamente los excedentes y desperdicios resultantes del procesamiento de los recursos para consumo humano directo y las especies que no se empleen para tal consumo. La Subsecretaría de Recursos Pesqueros, fijará anualmente los porcentajes de captura de productos bioacuáticos que podrán destinarse a la producción de harina de pescado, camarón u otras especies, de acuerdo con la política adoptada para la explotación racional de tales recursos»;

Que, mediante Registro Oficial No. 31 de fecha 7 de julio de 2017 se aprobó el Código Orgánico Administrativo, el cual entro en vigencia a partir del 7 de julio de 2018;

Que, el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo indica que: «Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo;

Que, el Acuerdo Ministerial Nro. MAP-SRP-2018-0080-A de fecha 13 de abril de 2018 establece una moratoria total

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para la autorización para ejercer la actividad de nuevas «Plantas Procesadoras de Harina de Pescado», así como las denominadas PAMPERAS, como medida de regulación en función de la Soberanía Alimentaría, sostenibilidad de los Recursos Biológicos Pesqueros y cuidado hacia el medio ambiente. Disposición transitoria. – Aquellas plantas que se encuentren en proceso de obtención de su Acuerdo Ministerial al momento de la suscripción del presente Acuerdo dispondrán de 90 días para concluir el mismo; Que, Mediante memorando Nro. MAP-SRP-2018-13443-M de fecha 11 de junio de 2018, de la Dirección de Pesca Industrial con asunto: Revisión de la disposición transitoria del Acuerdo Ministerial Nro. MAP-SRP-2018-0080-A, en el que indica «… al momento de la entrada en vigencia de la moratoria existían proyectos productivos en marcha, los cuales representan considerables montos de inversión»;

Que, mediante memorando Nro. MAP-CGAJ-2018-2156-M, de fecha 22 de junio de 2018, el Coordinador General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Acuacultura y Pesca emite pronunciamiento jurídico indicando: » se recomienda reformar la disposición transitoria del Acuerdo Ministerial Nro. MAP-SRP-2018-0080-A de fecha 13 de abril de 2018, en el sentido que se de apertura a los proyectos productivos en marcha que al momento de la entrada en vigencia de la moratoria existente, autorizando su actividad.”

En ejercicio de las facultades como Subsecretario de Recursos Pesqueros, otorgadas mediante Acción de Personal Nro. UATH-00-436 de fecha 12 de julio de 2017 y las atribuciones concedidas en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y su Reglamento.

Acuerda:

Artículo 1.- Ampliar el plazo para concluir el proceso de obtención del Acuerdo Ministerial de autorización para ejercer la actividad pesquera de Plantas Procesadoras de Harina de Pescado, iniciados previo a la moratoria emitidas en el Acuerdo Ministerial MAP-SRP-2018-0080-A de fecha 13 de abril de 2018.

Artículo 2.- Conceder 120 días a partir de la emisión del presente Acuerdo Ministerial para culminar el proceso de obtención del Acuerdo Ministerial para ejercer la actividad pesquera de Plantas Procesadoras de Harina de Pescado.

Artículo 3.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese al Subsecretario de Recursos Pesqueros, a través de la Dirección de Control Pesquero, Dirección de Pesca industrial y al Instituto Nacional de Pesca.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en Manta, a los 13 día(s) del mes de Agosto de dos mil dieciocho.

Documento firmado electrónicamente

Sr. Ing. Jorge Manuel Costain Chang, Subsecretario de Recursos Pesqueros.

No. 015-2018

Mgs. Boris Paúl Palacios Vásquez

MINISTRO DE TRANSPORTE Y

OBRAS PÚBLICAS (E)

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que a los Ministros y Ministras de Estado, les corresponde «(…) ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226, establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador señala: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el tercer inciso del artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, establece: «Se podrá constituir empresas públicas de coordinación, para articular y planificar las acciones de un grupo de empresas creadas por un mismo nivel de gobierno, con el fin de lograr mayores niveles de eficiencia en la gestión técnica, administrativa y financiera «;

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo, establece: «La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley». Que para el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas su máxima autoridad es el Ministro;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República (…)”;;

Que, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, fue creado mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8, de 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial Nro. 18 de 08 de febrero de 2007, sustituyendo así al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 416 de 16 de mayo de 2017, el Licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente

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Constitucional de la República designó al suscrito Ministro de Transporte y Obras Públicas Encargado;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 462 de 1 de agosto de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, dispone la Integración de los Directorios de las Empresas Públicas creadas por la Función Ejecutiva, los que estarán integrados de la siguiente manera:

«1. La o el titular del Ministerio del ramo correspondiente, o su delegada o delegado permanente, quien lo presidirá.

La o el Presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, o su delegada o delegado permanente; y,
Una o un delegado de la Presidenta o Presidente de la República «; y,

En ejercicio de las atribuciones y obligaciones que me concede el número 1 del artículo 154 de la Constitución de la República; y, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

Art. 1.- DESIGNAR al señor Ignacio Vallejo Maldonado, para que presida en calidad de mi delegado permanente el Directorio de la EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR «TAME EP».

Art. 2.- Notificar al Gerente General de la EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR «TAME EP», en su calidad de Secretario del Directorio.

Art. 3.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,

Publíquese y Comuníquese, dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a, 13 de agosto de 2018.

f.) Mgs. Boris Paúl Palacios Vásquez, Ministro de Transporte y Obras Públicas (E).

No. 016-2018

Mgs. Boris Paúl Palacios Vásquez

MINISTRO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS (E)

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que a los Ministros y Ministras de Estado, les corresponde «(…) ejercer la

rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que, el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece: «Seguimiento y control.- La Contraloría General a los tres meses de haber entregado a la entidad examinada el informe definitivo, podrá solicitar a la máxima autoridad o representante legal, que informen documentadamente sobre el estado de la implementación de las recomendaciones. «;

Que, el inciso segundo del artículo 17, ibídem establece que: » Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado «;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 416 de 16 de mayo de 2017, el Licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República designó al suscrito Ministro de Transporte y Obras Públicas Encargado;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 086, de 23 de octubre de 2012, se aprobó la utilización de la Herramienta Informática SITOP, Sistema Integrado de Transporte y Obras Públicas;

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Que, mediante Resolución No. 088, de 11 de mayo de 2010, suscrita por la Arq. María de los Ángeles Duarte, entonces Ministra de Transporte y Obras Públicas, se crea la Comisión de Seguimiento y Supervisión de Aplicación de Recomendaciones de la Contraloría General del Estado;

Que, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se encuentra sujeto a una permanente proceso de evaluación, transformación y mejoramiento de los procesos internos, por lo que se hace imprescindible adecuar dentro del Sistema Integrado de Transporte y Obras Públicas SITOP el módulo de seguimiento de recomendaciones constantes en los informes aprobados por la Contraloría General; y,

En ejercicio de las atribuciones y obligaciones que me concede el número 1 del artículo 154 de la Constitución de la República; el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y, los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

Art. 1.- APROBAR la utilización del módulo de auditoría dentro del Sistema Integrado de Transporte y Obras Públicas SITOP.

Art. 2.- El módulo de auditoría dentro del Sistema Integrado de Transporte y Obras Públicas SITOP, permitirá realizar el seguimiento y supervisión al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.

Art. 3.- El módulo de auditoria dentro del SITOP, deberá ser alimentado obligatoriamente por las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, respecto de las acciones implementadas para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes aprobados por el Contraloría General del Estado.

Art. 4.- La Coordinación General Administrativa Financiera tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:

Disponer, Supervisar y hacer seguimiento de la aplicación de las recomendaciones constantes en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.
Receptar la documentación remitida por la Contraloría General del Estado y/o Dirección de Auditoría Interna MTOP y de las unidades administrativas.
Analizar la documentación remitida por las unidades administrativas respecto de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes aprobados.
Preparar los documentos que deberá suscribir la máxima autoridad disponiendo a las unidades administrativas el cumplimiento de las recomendaciones emitidas dentro de los informes aprobados.

Preparar los documentos mediante los cuales la máxima autoridad remitirá a la Contraloría General del Estado y/o Dirección de Auditoría Interna MTOP documentación de soporte al cumplimiento de recomendaciones.
Ingresar al módulo de auditoría los informes aprobados que han sido notificados a la máxima autoridad, en el plazo máximo de 8 días desde el ingreso del informe a esta Cartera de Estado.

Art. 5.- La Coordinación General de Asesoría Jurídica tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:

Disponer, Supervisar y hacer seguimiento de la aplicación de las recomendaciones constantes en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.
Analizar la documentación remitida por las unidades administrativas respecto de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes aprobados.
Validar los documentos que deberá suscribir la máxima autoridad disponiendo a las unidades administrativas el cumplimiento de las recomendaciones emitidas dentro de los informes aprobados.
Validar los documentos mediante los cuales la máxima autoridad remitirá a la Contraloría General del Estado y/o Dirección de Auditoría Interna MTOP documentación de soporte al cumplimiento de recomendaciones.
Coordinar con la Coordinación General Administrativa Financiera el seguimiento y supervisión del cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado, debiendo validar en el módulo de auditoria del SITOP si las recomendaciones se encuentran cumplidas, incumplidas o a futuro.
Apoyar a la Coordinación General Administrativa Financiera en el desarrollo de las actividades descritas en el Artículo 4 del presente Acuerdo Ministerial.

Art. 6.- Los Viceministerios, Coordinaciones Generales, Subsecretarías Nacionales, Subsecretarías Zonales, Direcciones Distritales designarán bajo su responsabilidad al servidor encargado de alimentar la información y documentación veraz y oportuna que evidencie el cumplimiento de recomendaciones constantes en informes aprobados por la Contraloría General del Estado.

Art. 7.- El servidor designado para el ingreso de la información y documentación, contará con una contraseña confidencial y de absoluta responsabilidad del titular de la misma; quedando terminantemente prohibido compartir la contraseña con otros usuarios o personas.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El módulo de auditoría dentro del Sistema Integrado de Transporte y Obras Públicas SITOP, es de uso

8 – Miércoles 12 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 325

obligatorio para los servidores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, su inobservancia será sancionada conforme a la normativa vigente.

SEGUNDA.- La Coordinación General Administrativa Financiera y la Coordinación General de Asesoría Jurídica supervisarán y monitorearán que las actividades y funcionamiento del sistema se encuentren en óptimas condiciones.

TERCERA.- La Coordinación General de Asesoría Jurídica remitirá trimestralmente a la Máxima Autoridad informe de las acciones y gestiones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.

CUARTA.- Los servidores de Nivel Jerárquico Superior, al final su gestión deberán entregar obligatoriamente y sin excepción junto con los demás documentos que disponga la Dirección de Administración de Talento Humano, un informe detallado de las acciones emprendidas para el cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes aprobados por la Contraloría General del Estado.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- Deróguese la Resolución No. 088 de 11 de mayo de 2010, suscrita por la Arq. María de los Ángeles Duarte, entonces Ministra de Transporte y Obras Públicas.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,

Publíquese y Comuníquese, dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a, 13 de agosto de 2018.

f.) Mgs. Boris Paúl Palacios Vásquez, Ministro de Transporte y Obras Públicas, (E).

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

No. 081-2018

SUBSECRETARIO ZONAL 7

Considerando:

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 416, de fecha 16 de mayo de 2018, el Licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador, encarga el Ministerio de Transporte y Obras Públicas al señor Boris Palacios Vásquez;

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución del Ecuador, determina que además de las atribuciones de

las Ministras y Ministros de Estado, están las de ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el numeral 13 y 17 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador consagra»… El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria»,

Que, el Título XXX, Libro I del Código Civil vigente, faculta la concesión de personería jurídica a corporaciones y fundaciones, como organizaciones de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro;

Que, en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se propicia, fomenta y garantiza el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y ciudadanos, comunidades y pueblos indígenas, montubios y afroecuatorianos y demás formas de ASOCIACIÓN lícita, con el propósito de fortalecer el poder ciudadano y sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como las iniciativas de rendición de cuentas y control social;

Que, el artículo 54 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece que la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentrados en otros jerárquicamente dependientes de aquellos;

Que, el artículo 1 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, manifiesta que el objeto del presente Reglamento es regular, simplificar y racionalizar los requisitos para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales ciudadanas que voluntariamente lo soliciten, por parte de las instituciones competentes del Estado;

Que, el Capítulo II, Art. 12 y 13 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, establece los requisitos y procedimientos para la aprobación de los Estatutos y otorgamiento de la Personalidad Jurídica.

Que, el Art. 7 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017 con respecto a los deberes de las instituciones competentes para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales sin fines de lucro que voluntariamente lo requieran, las instituciones competentes del Estado, de acuerdo a sus competencias específicas, observarán que los actos relacionados con la constitución, aprobación, reforma y

Registro Oficial N° 325 – Miércoles 12 de septiembre de 2018 – 9

codificación de estatutos, disolución, liquidación, registro y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones sociales, se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y al presente Reglamento

Que, El Art. 4 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016, autoriza a las Subsecretarías de Transporte Terrestre…., a administrar los expedientes y expedir los actos administrativos de personalidad jurídica, registros de directivas, disolución y liquidación entre otros….

Que, El numeral 3.5, Procesos Desconcentrados.- 3.5.1 Subsecretaría Zonal.- 3.5.1.1. Proceso Gobernante, numeral 9, del Acuerdo Ministerial Nro. 0059 de fecha 17 de julio de 2015, (Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas), está la de aprobar la conformación y otorgar personería jurídica de las organizaciones y asociaciones de conservación vial, con plena observancia de las normas legales y reglamentarias vigentes (microempresas) de los diferentes modos de transporte.

Que, mediante Acta Constitutiva de fecha 21 de julio de 2018, se constituye la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «ESTORAQUES DE SURO», con domicilio ubicado en la calle S/N, frente a la Escuela Fiscal Dr. Ricardo Sotomayor, parroquia Yangana, Cantón Loja, Provincia de Loja, (domicilio del señor Héctor Galo Armijos Delgado), República del Ecuador, teléfono 0939761528, correo electrónico: hugomaldonado976@gmail.com.

Que, mediante Actas de Asamblea Extraordinaria de fechas 28 de julio y 04 de agosto de 2018, se realiza el primero y segundo debate, análisis, estudio y aprobación de los Estatutos.

Que, mediante oficio S/N de fecha 06 de agosto de 2018, el señor Hugo Maldonado Alberca, en calidad de Secretario Ejecutivo Provisional de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «ESTORAQUES DE SURO», adjunta la documentación respectiva; y, solicita la aprobación de los Estatutos y la concesión de Personalidad Jurídica para la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «ESTORAQUES DE SURO», con observancia de las normas previstas para la aprobación de estatutos, reformas y condiciones; liquidación, disolución y registro de socios y directivas de las organizaciones previstas en el Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, en concordancia con el Título III del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016 del Ministerio de transporte y Obras Públicas, Código Civil y demás Leyes Especiales.

Que, mediante Memorando Nro. MTOP-AJSUB7-2018-0115-M, de fecha 07 de agosto de 2018, suscrito por el Dr. Diego Cárdenas Chiriboga, Coordinador Jurídico Zonal, una vez revisada la documentación, emite informe

favorable para la aprobación de los estatutos y otorgamiento de personalidad jurídica, a la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «ESTORAQUES DE SURO».

En uso de las facultades que le confiere el Acuerdo Ministerial Nro. 0059 de fecha 17 de julio de 2015, (Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas) en su numeral 3.5, Procesos Desconcentrados.-3.5.1 Subsecretaría Zonal.- 3.5.1.1. Proceso Gobernante, numeral 9, en concordancia con el Art. 6 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016. (Instructivo para normar los trámites de las Organizaciones Sociales bajo la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas).

Resuelve:

Art. 1.-Conceder la personalidad jurídica propia de derecho privado a la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «ESTORAQUES DE SURO», con domicilio ubicado en la calle S/N., frente a la Escuela Fiscal Dr. Ricardo Sotomayor, parroquia Yangana, Cantón Loja, Provincia de Loja, (domicilio del señor Héctor Galo Armijos Delgado), República del Ecuador, teléfono 0939761528, correo electrónico: [email protected]., por un periodo indefinido a partir de la fecha de concesión de la personalidad jurídica, pudiendo disminuirse por resolución adoptada en Asamblea de Socios.

Art. 2.- Aprobar sin modificar el texto del Estatuto de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «ESTORAQUES DE SURO» a que se refiere el artículo precedente.

Art. 3.- Disponer que la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL «ESTORAQUES DE SURO», una vez adquirida la personalidad jurídica, elegirán su directiva definitiva, la misma que tendrá una duración de DOS AÑOS; y, la remitirán mediante oficio a conocimiento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Subsecretaría Zonal 7), dentro del plazo de treinta (30) días para el registro pertinente, adjuntando la documentación establecida en el Art. 16 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, en concordancia con el Art. 14 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016 de fecha 17 de febrero de 2016 (Instructivo para Normar los Trámites de las Organizaciones Sociales que están bajo la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas), igual procedimiento se observará para posteriores registros de Directivas.

Art. 4- Disponer al funcionario encargado del custodio de los archivos de las Organizaciones de Conservación Vial de la Subsecretaría Zonal 7, registrar el expediente y mantenerlo debidamente actualizado.

Art. 5.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

10 – Miércoles 12 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 325

Hágase conocer por escrito a los interesados, y se proceda a su publicación en el Registro Oficial a través del funcionario encargado de las organizaciones de conservación vial de la Subsecretaría Zonal 7.- COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de Loja, a los 09 días del mes de agosto de 2018.

f.) Ing. Jaime Calderón Ojeda, Subsecretaría Zonal 7.

No. ARCOTEL-2018-0711

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA

DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS

TELECOMUNICACIONES

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.

Que, la Constitución de la República en su artículo 227 prescribe que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

Que, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 439 de 18 de febrero de 2015, tiene por objeto, conforme su artículo 1, desarrollar el régimen general de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado que comprende las potestades de administración, regulación, control y gestión en todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente establecidos.

Que, el artículo 95 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones señala que: «… La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es competente para elaborar, aprobar, modificar y actualizar el Plan Nacional de Frecuencias, instrumento dinámico que contiene la atribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Toda asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico deberá realizarse con estricta sujeción a dicho plan. «.

Que, el artículo 142 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, señala que: «… La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es la

entidad encargada de la administración, regulación y control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes. «.

Que, las competencias de la ARCOTEL se encuentran establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en su artículo 144, siendo entre otras: «1. Emitir las regulaciones, normas técnicas, planes técnicos y demás actos que sean necesarios en el ejercicio de sus competencias, para que la provisión de los servicios de telecomunicaciones cumplan con lo dispuesto en la Constitución de la República y los objetivos y principios previstos en esta Ley, de conformidad con las políticas que dicte el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. «, y, en el artículo 148 de la misma Ley se faculta a la Dirección Ejecutiva a: «4. Aprobar la normativa para la prestación de cada uno de los servicios de telecomunicaciones, en los que se incluirán los aspectos técnicos, económicos, de acceso y legales, así como los requisitos, contenido, términos, condiciones y plazos de los títulos habilitantes y cualquier otro aspecto necesario para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley».

Que, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en su Disposición General Primera, señala que: «Para la emisión o modificación de planes o actos de contenido normativo, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones deberá realizar consultas públicas para recibir opiniones, recomendaciones y comentarios de las y los afectados o interesados, en forma física o por medios electrónicos. Las opiniones, sugerencias o recomendaciones que se formulen en el procedimiento de consulta pública no tendrán carácter vinculante.- En todos los casos para la expedición de actos normativos, se contará con estudios o informes que justifiquen su legitimidad y oportunidad.- La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones normará el procedimiento de consulta pública previsto en este artículo.».

Que, el numeral 3 del artículo 9 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, establece como competencia del Director Ejecutivo de la ARCOTEL la de: «Expedir la normativa técnica para la prestación de los servicios y para el establecimiento, instalación y explotación de redes, que comprende el régimen general de telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico. «.

Que, la ex Secretaría Nacional de Telecomunicaciones mediante Resolución Nro. SNT-2014-0343 del 22 de diciembre de 2014, en su artículo cuatro autorizó la canalización de las bandas 937 – 940 MHz, 941 – 951 MHz y 956 – 960 MHz para la operación de enlaces radioeléctricos auxiliares para el servicio de radiodifusión con emisiones sonoras.

Que, con Resolución Nro. 12-09-ARCOTEL-2017 de 13 de diciembre de 2017 publicado en la edición especial año I Nro. 250 del Registro Oficial del 31 de enero de 2018, el Directorio de ARCOTEL aprobó la Actualización Integral

Registro Oficial N° 325 – Miércoles 12 de septiembre de 2018 – 11

del Plan Nacional de Frecuencias, cuya nota EQA.25 establece que, entre otras, la banda de 928 – 940 MHz es utilizada, a título primario, para la operación de enlaces radioeléctricos.

Que, la nota EQA.40 del referido Plan Nacional de Frecuencias, establece que, entre otras, la banda de 940 -960 MHz se identifica para su utilización por parte de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT).

Que, con Resolución 003-03-ARCOTEL-2015 del 28 de mayo de 2015 el Directorio de la ARCOTEL expidió el Reglamento de Consultas Públicas, para la emisión o modificación de planes o actos de contenido normativo.

Que, el Director Ejecutivo de la ARCOTEL, con sujeción a la Disposición General Primera de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que regula el procedimiento de consultas públicas, en concordancia con lo establecido

en el Reglamento de Consultas Públicas expedido con Resolución 003-03-ARCOTEL-2015 del 28 de mayo de 2015, mediante sumilla inserta en el memorando Nro. ARCOTEL-CREG-2018-0219-M de 04 de mayo de 2018, autorizó a la Coordinación Técnica de Regulación el 14 de mayo de 2018 ejecutar el procedimiento de consultas públicas en relación al «Uso y Canalización de la Banda de 928 a 940 MHz para enlaces radioeléctricos».

Que, se dio cumplimiento al proceso establecido en el artículo 5 del Reglamento de Consultas Públicas, el mismo que se efectuó de conformidad con el siguiente detalle:

– El 04 de junio de 2018, se publicó la convocatoria a Audiencias Públicas en el sitio Web institucional de la ARCOTEL.

– Las Audiencias Públicas se realizaron de acuerdo al siguiente cronograma:

LUGAR

FECHA / HORA

DIRECCIÓN

Quito. Auditorio de la Coordinación Zonal 2 de la ARCOTEL

2018-06-20

10H00

Av. Amazonas N40-71 y Gaspar Villarroel, Auditorio – Planta Baja.

Guayaquil, Coordinación Zonal 5 de ARCOTEL

Av. Francisco de Orellana Solar 1-4, Manzana. 28. Ciudadela lETEL

Auditorio.

Cuenca, Coordinador Zonal 6 de la ARCOTEL

Luis Cordero 16-50 y Hérces de Verdelona –Segunda Planta Alta

Que, con memorando No. ARCOTEL-CREG-2018-0329-M del 09 de julio de 2018, la Coordinación Técnica de Regulación presentó al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones el informe de cumplimiento del proceso de consultas públicas referente a la expedición de la resolución de «Uso y Canalización de la Banda de 928 a 940 MHz para enlaces radioeléctricos”.

Que, con memorando Nro. ARCOTEL-CJUR-2018-0512-M de 30 de julio de 2018, la Coordinación General Jurídica, remite el Informe Jurídico de Revisión No. ARCOTEL-CJDA-2018-0016 de 27 de julio de 2018, en el cual se concluye que habiéndose cumplido con el proceso de consulta pública del proyecto de regulación denominado «Uso y Canalización de la Banda de 928 a 940 MHz para enlaces radioeléctricos», y que el mismo guarda conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, es procedente continuar con el trámite para su emisión por parte del Director Ejecutivo de la ARCOTEL en observancia de sus atribuciones.

En ejercicio de sus atribuciones,

Resuelve:

Artículo 1.- Avocar conocimiento y acoger en todas sus partes el «INFORME TÉCNICO SOBRE USO Y CANALIZACIÓN DE LA BANDA 928 – 940 MHz PARA ENLACES RADIOELÉCTRICOS», presentado

a la Dirección Ejecutiva por la Coordinación Técnica de Regulación con Memorando No. ARCOTEL-CREG-2018-0389-M del 14 de agosto de 2018.

Artículo 2.- Derogar el Artículo Cuarto de la Resolución Nro. SNT-2014-0343 del 22 de diciembre de 2014, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente Resolución.

Artículo 3.- Aprobar las siguientes canalizaciones en la banda de 928 – 940 MHz para la operación de enlaces radioeléctricos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Canales semi dúplex o full dúplex

Ancho de banda: 500 kHz Separación Tx/Rjc: 6 MHz

Canal

Frecuencias (MHz) AB: 500kHz

A – A’

928,25

934,25

B – B’

928,75

934,75

C – C’

928,25

935,25

D – D’

929,75

935,75

E – E’

930,25

936,25

F – F’

930,75

936,75

12 – Miércoles 12 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 325

Canales simplex

Ancho de banda: 220 kHz

Nro. Canal

Frecuencias

(MHz)

AB: 220 kHz

931,24

931,46

931,68

931,90

932,12

932,34

932,56

932,78

933,00

933,22

933,44

933,66

933,88

937,18

937,40

937,62

937,84

938,06

938,28

938,50

938,72

938,94

939,16

939,38

939,60

939,82

Artículo 4.- Para la asignación de bloques de frecuencias se deberá considerar lo siguiente:

Los canales radioeléctricos con anchos de banda de 220 kHz serán asignados únicamente a enlaces del servicio de radiodifusión con emisiones sonoras, mientras que los canales radioeléctricos con ancho de banda de 500 kHz serán asignados únicamente a enlaces de Telecomunicaciones.
En caso que algún enlace radioeléctrico requiera de un ancho de banda menor al señalado en la canalización propuesta, se le asignará el ancho de banda completo del canal.
En caso de que algún enlace radioeléctrico requiera un ancho de banda mayor al señalado en la canalización propuesta, se le podrá asignar canales adyacentes, con la frecuencia central situada en el

punto central de la distancia entre dichos canales.

Artículo 5.- Disponer a la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes notificar inmediatamente el cambio de frecuencias de todos aquellos enlaces radioeléctricos de radiodifusión que se encuentren operando fuera de canalización en la banda 928 – 940 MHz, a fin que se adecuen a la canalización propuesta en la presente Resolución.

Una vez notificado el cambio de frecuencias, el concesionario tendrá el plazo de un (1) año calendario, para operar en las nuevas frecuencias.

Artículo 6.- Notificar la presente Resolución, a través de la Unidad de Gestión Documental y Archivo, a las Coordinaciones Técnicas, Direcciones Técnicas, Coordinaciones y Oficinas Zonales, involucradas en el proceso de asignación de frecuencias.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de agosto de 2018.

f.) Ing. Washington Cristóbal Carrillo Gallardo, Director Ejecutivo, Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, ARCOTEL.

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.- Certifico que este documento es copia del que reposa en los archivos de la institución.- 4 fojas.- Quito, 17 de agosto de 2018.- f.) Ilegible.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RA

PCNII-005-2018

EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL

Considerando:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República señala que: «£7 Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada»; (…), «La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución»;

Que, el numeral 2 del artículo 11 de la Norma Suprema determina que: «Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. (…); Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia,

Registro Oficial N° 325 – Miércoles 12 de septiembre de 2018 – 13

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. (…); El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. «;

Que, el artículo 35 de la Constitución de la República, manda: «Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad»;

Que, el artículo 36 de la Constitución de la República, dice que: «Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas que hayan cumplido con los sesenta y cinco años de edad»;

Que, el artículo 39 de la Constitución de la República, señala que: «El Estado garantizará los derechos de las y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de las políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento»;

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República, dice: «El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales»;

Que, el artículo 45 de la Constitución de la República, dice: «Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad». Adicionalmente prevé que «las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten «;

Que, el artículo 66 numeral 13) de la Constitución de la República, reconoce y garantiza a las personas el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

Que, el artículo 84 de la Constitución de la República, manda expresamente; «La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución»;

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República se refiere a la participación y organización del poder estableciendo que: «Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones; y, que la participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad»;

Que, el artículo 96 de la Constitución de la República reconoce todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos;

Que, el artículo 100 de la Constitución de la República señala que, para el ejercicio del derecho a la participación, se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabidos populares y consejos consultivos;

Que, el artículo 156 de la Constitución de la República expresamente manifiesta que: «Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se

14 – Miércoles 12 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 325

coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno»;

Que, el artículo 157 de la Constitución de la República del Ecuador expresamente señala que: «Los consejos nacionales de igualdad se integrarán de forma paritaria, por representantes de la sociedad civil y del Estado, y estarán presididos por quien represente a la Función Ejecutiva. La estructura, funcionamiento y forma de integración de sus miembros se regulará de acuerdo con los principios de alternabilidad, participación democrática, inclusión y pluralismo»;

Que, el artículo 209 de la Norma Suprema señala que, para cumplir su función de autoridades el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conformará ciudadanas de selección, encargadas de llevar a cabo, en los casos que corresponda, el concurso público de méritos con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana y determina la forma de conformación de dichas comisiones;

Que, el artículo 226 de la Carta Magna dispone que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador textualmente manifiesta que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, de acuerdo a la transitoria sexta de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: «Los consejos nacionales de niñez y adolescencia, discapacidades, mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, se constituirán en consejos nacionales para la igualdad, para lo que adecuarán su estructura y funciones a la Constitución «;

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, incentiva al conjunto de dinámicas de organización, participación y control social que la sociedad emprenda por su libre iniciativa para resolver sus problemas e incidir en la gestión de las cuestiones que atañen al interés común para, de esta forma, procurar la vigencia de sus derechos y el ejercicio de la soberanía popular;

Que, el artículo 47 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que: «Los consejos nacionales para la igualdad serán instancias integradas paritariamente por representantes del Estado y de la sociedad civil; estarán presididos por quién represente a la Función Ejecutiva. La estructura, funcionamiento y forma de integración se regulará por la ley correspondiente «;

Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, manda que: «Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es meramente consultiva «;

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad señala que: «La presente Ley tiene por objeto establecer el marco institucional y normativo de los Consejos Nacionales para la Igualdad, regular sus fines, naturaleza, principios, integración y funciones de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador»;

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad determina que: «Finalidades. Los Consejos Nacionales para la Igualdad, tendrán las siguientes finalidades: «1. Asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos; 2. Promover, impulsar, proteger y garantizar el respeto al derecho de igualdad y no discriminación de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, en el marco de sus atribuciones y en el ámbito de sus competencias, a fin de fortalecer la unidad nacional en la diversidad y la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural; 3. Participar en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas a favor de personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, dentro del ámbito de sus competencias relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, de discapacidad y movilidad humana, fomentando una cultura de paz que desarrolle capacidades humanas orientadas hacia la garantía del derecho de igualdad y no discriminación; medidas de acción afirmativa que favorezcan la igualdad entre las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; y, la erradicación de actos, usos, prácticas, costumbres y estereotipos considerados discriminatorios»;

Que, el artículo 4 de la Ley ibídem expresamente manifiesta que: «Los Consejos Nacionales para la Igualdad son organismos de derecho público, con personería jurídica. Forman parte de la Función Ejecutiva, con competencias a nivel nacional y con autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera; y no requerirán estructuras desconcentradas ni entidades adscritas para el ejercicio de sus atribuciones y funciones»;

Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad señala en su numeral 2) que, entre los consejos nacionales para la igualdad, se encuentra el Intergeneracional;

Que, el artículo 7 de la Ley ibídem determina que: «Los Consejos Nacionales para la Igualdad estarán conformados paritariamente por consejeras y consejeros, representantes de las funciones del Estado y de la sociedad civil. Cada Consejo Nacional para la Igualdad se integrará por diez

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(10) consejeros en total, cada uno con su correspondiente suplente, de acuerdo con lo que determine el Reglamento de la presente Ley, durarán cuatro años en sus funciones podrán ser reelegidos por una sola vez, estarán presididos por el representante que la o el Presidente de la República designe para el efecto, quien tendrá voto dirimente»;

Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, señala que, para la selección de los representantes de la sociedad civil, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, convocará a concurso público de méritos. Para participar se requiere ser sujeto destinatario de la política pública conforme a las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, discapacidad y movilidad humana del Consejo para el cual se aplica;

Que, el numeral 2) del artículo 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, señala que, para ejercer atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, discapacidades y movilidad humana, los Consejos tendrán, entre otras, la función de: «Convocar y conformar en el ámbito de sus competencias, Consejos Consultivos para el cumplimiento de sus fines»;

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad señala que: «La gestión de los Consejos Nacionales para la Igualdad previstos en la presente Ley, se ejerce a través de la respectiva Secretaría Técnica»;

Que, el artículo 11 de la Ley ibídem textualmente manifiesta que: «Las o los Secretarios Técnicos de los Consejos Nacionales para la Igualdad serán designados por el Presidente del Consejo respectivo, de juera de su seno, serán de libre nombramiento y remoción, deberán poseer tercer nivel de educación superior. Las o los Secretarios Técnicos ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de los Consejos Nacionales para la Igualdad”;

Que, el numeral 5 del artículo 12 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales Para la Igualdad señala que dentro de las atribuciones de los Secretarios Técnicos se encuentra: «Dirigir la gestión administrativa, financiera y técnica de los Consejos Nacionales para la Igualdad”;

Que, el artículo 1 del Reglamento General a la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad en su numeral dos señala: «Intergeneracional. – Órgano responsable de velar por la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores, y las relaciones intergeneracionales»;

Que, el artículo 2 del Reglamento antes referido determina que: «Los Consejos Nacionales para la Igualdad estarán conformados paritariamente de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad»;

Que, el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad,

establece que los consejeros delegados por las funciones del Estado serán nombrados por la máxima autoridad de cada una de las funciones del Estado, quien designará su representante y a su respectivo suplente ante cada uno de los Consejos Nacionales para la Igualdad;

Que, el artículo 7 del Reglamento General de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad textualmente determina: «Son funciones de las o los Presidentes de los Consejos Nacionales para la Igualdad, las siguientes: «a) Disponer a la o el Secretario Técnico las convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Nacional, instalarlas, dirigirlas, suspenderlas o clausurarlas; b) Disponer el orden del día para las convocatorias a las sesiones del Consejo Nacional para la Igualdad y constatar el quórum; «c) Dirigir los debates precisando el asunto propuesto y ordenar que el Secretario tome votación cuando el caso lo requiera y proclame su resultado; d) Disponer que se verifique o rectifique la votación a petición de alguna o algún miembro del Consejo Nacional para la igualdad; y e) Las demás que le asigne el Pleno del Consejo de los Consejos Nacionales para la Igualdad y sus reglamentos internos»;

Que, los literales g) y h) del artículo 9 del Reglamento General de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad textualmente determinan que entre las, funciones de las o los Secretarios Técnicos, están: «g) Organizar las sesiones del Pleno de los Consejos Nacionales y el archivo de la documentación generada en las mismas; y, h) Ejecutar las resoluciones adoptadas por el Consejo»;

Que, el Artículo 10.- del Reglamento General de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad establece que los consejos Consultivos son mecanismos de consulta y asesoría, compuestos por ciudadanas, ciudadanos y organizaciones civiles relacionados con la temática de los Consejos Nacionales para la Igualdad.

Que, el Artículo 11 del Reglamento General de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad establece que los Consejos Nacionales para la Igualdad dentro de sus competencias conformarán y convocarán Consejos Consultivos. Cada uno de los Consejos Nacionales para la Igualdad normará su funcionamiento.

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 242 de 13 de diciembre del 2017, el Presidente Constitucional de la República Lenín Moreno Garcés, designa a la señora Lourdes Berenice Cordero Molina, como Ministra de Inclusión Económica Social;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 319 de 20 de febrero de 2018, se realiza el encargo de la representación de la Función Ejecutiva ante el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional a Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social;

Que, el 01 de marzo de 2018, mediante Resolución N° 002-CNII-2018, la Presidenta del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Berenice Cordero Molina, designó al Psic. Nicolás Reyes Morales, como Secretario Técnico del Consejo acional para la Igualdad Intergeneracional;

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Que, el 17 de junio del 2018, con Decreto Ejecutivo N° 434, el Presidente Constitucional de la República Lenín Moreno Garcés, expide la reforma al Decreto Ejecutivo N° 319 de 20 de febrero del 2018, respecto a la designación de los titulares de las Carteras de Estado en representación de la Función Ejecutiva ante los Consejos Nacionales para la Igualdad, designado, así como titular para el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional al/la Ministro/a de Inclusión Económica y Social;

Que, mediante Convocatoria de fecha 03 de julio de 2018 el Secretario Técnico del Consejo de Nacional para la Igualdad Intergeneracional requirió la presencia de los consejeros y consejeras que integran el Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional para que asistan a la Tercera Sesión Ordinaria del referido órgano, adjuntando en la respectiva convocatoria el orden del día a tratarse;

Que, el 10 de julio de 2018, a la hora señalada para el efecto, se instala la Tercera Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional; y, una vez desarrollada la misma, el Pleno emite la Resolución Nro. RA-PCNII-003-2018, de 10 de julio de 2018, en la que se resuelve: «Artículo 1.- Autorizar al Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, expedir toda la normativa que creyere pertinente, para el funcionamiento de los Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes; Jóvenes y Personas Adultas Mayores. Artículo 2.- Autorizar al Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, reforme el REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES; JÓVENES Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, aprobado con Resolución Nro. 001-CNII-2016, publicado en el Registro Oficial 732 de 13 de abril de 2016 y el REGLAMENTO DE ELECCIÓN DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS NACIONALES DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, aprobado el 27 de octubre de 2017»;

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el literal h) del Artículo 9 del Reglamento a la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, resuelve

EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS

CONSULTIVOS NACIONALES

CAPÍTULO I

DEL ÁMBITO, NATURALEZA Y PRINCIPIOS

Artículo 1.- Ámbito de aplicación. – El presente Reglamento, con validez y vigencia en todo el territorio nacional, rige para el funcionamiento de los Consejos Consultivos Nacionales de Niñas, Niños y Adolescentes; Jóvenes; y, Personas Adultas Mayores, cuya conformación se encuentra a cargo del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.

Artículo 2.- Naturaleza. – En consonancia con el artículo 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y el artículo 80 de la Ley de Participación

Ciudadana, los Consejos Consultivos Nacionales se constituyen en instancias de participación, consulta y asesoría de la política pública, sobre temas inherentes a su grupo generacional, temas que le fueren consultados y otros que consideren de su interés, mediante la coordinación con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.

Artículo 3.- Principios. – Para el cumplimiento de sus funciones, los Consejos Consultivos Nacionales, se rigen por lo dispuesto en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y su Reglamento; la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; y, los demás instrumentos jurídicos relacionados con la protección y garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores.

Para la designación y elección de los representantes a los Consejos Consultivos Nacionales, se observarán los principios de igualdad y no discriminación, paridad de género, alternabilidad, participación democrática, inclusión, interculturalidad, pluralismo, equidad, autonomía, corresponsabilidad, responsabilidad, transparencia, así como los enfoques de género, discapacidad y movilidad humana.

Artículo 4.- Jurisdicción. – Para el cumplimiento de sus fines, los Consejos Consultivos Nacionales tendrán su domicilio en la Ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, con jurisdicción nacional.

Las notificaciones que en el marco del cumplimiento de sus funciones se les hiciere llegar, se canalizará a través del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, que tendrá la responsabilidad de comunicar de manera inmediata sobre cualquier particular.

CAPÍTULO II

DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS NACIONALES

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5.- Consejos Consultivos Nacionales.- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 9 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional convocará, conformará y lineará el funcionamiento de los siguientes Consejos Consultivos Nacionales:

Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes
Consejo Consultivo Nacional de Jóvenes
Consejo Consultivo Nacional de Personas Adultas Mayores

Los Consejos Consultivos Nacionales estarán conformados por representantes de las Asambleas Provinciales; las cuales, a su vez, se integran con representantes de los

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Consejos Consultivos Cantonales, según lo establecido en el Capítulo IV del presente Reglamento.

Artículo 6.- Fines de los Consejos Consultivos Nacionales.- Son fines de los Consejos Consultivos Nacionales:

Intervenir como espacio de consulta y asesoría para la formulación, transversalización, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, relacionadas con la temática generacional con los enfoques de igualdad y no discriminación generacional e intergeneracional.
Actuar como instancia de diálogo, deliberación entre el Estado y la sociedad civil.
Promover el cumplimiento de derechos y políticas generacionales a través de los mecanismos de control social, conjuntamente con los Consejos Cantonales de Protección de Derechos y el Consejo Nacional para la Igualdad intergeneracional, de forma articulada con el Sistema Nacional de Planificación Participativa.
Participar de los mecanismos de coordinación entre los miembros de los Consejos Consultivos Nacionales con instituciones públicas y privadas a nivel nacional y local.
Promover la actoría efectiva de sus representados en el ejercicio de los derechos, asegurando la participación de los Consejos Consultivos Cantonales articulados en los espacios provincial y nacional.
Promover procesos de exigibilidad de derechos a través de la actoría y movilización social.
Elaborar de forma participativa y en coordinación con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, un plan de trabajo del Consejo Consultivo Nacional para su período.
Contribuir en la difusión de políticas públicas, leyes y demás que afecten o beneficien de manera directa o indirecta a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores, y a las relaciones intergeneracionales a nivel nacional y local.
Rendir cuentas sobre sus acciones al Pleno a través de sus directivas.

SECCIÓN II

CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE NIÑAS,

NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 7.- El Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, estará conformado por dos (2) delegados de niñas y niños de entre 8 a 11 años, y dos (2) adolescentes de entre 12 a 17 años de edad, que serán designados por cada provincia en la Asamblea Provincial, según lo especificado en el Capítulo IV del presente Reglamento. Para la designación se observará el principio de paridad de género.

Artículo 8.- Para ser miembros de los Consejos Consultivos Nacionales de niñas, niños y adolescentes, se requiere, además:

Estar debidamente acreditado como delegado de la Asamblea Provincial, mediante carta credencial y copia certificada del acta de asamblea en donde fue elegido.
Estar dentro la edad establecida para cada grupo etario.

Artículo 9.- Reunión ordinaria. – El Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes se reunirá ordinariamente cada dos años, previa convocatoria del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, con representantes de las Asambleas Provinciales.

La reunión se realizará hasta el 25 de agosto del año par que correspondiere.

SECCIÓN III

CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE JÓVENES

Artículo 10.- El Consejo Consultivo Nacional de Jóvenes estará conformado por cuarenta y ocho (48) jóvenes, entre 18 a 29 años de edad, dos (2) de cada Provincia, que serán designados en Asamblea Provincial, observando para el efecto el principio de paridad de género.

Artículo 11.- Para ser miembro de los Consejos Consultivos Nacionales de Jóvenes, se requiere, además:

Estar debidamente acreditado como delegado de la Asamblea Provincial, mediante carta credencial y copia certificada del acta de asamblea en donde fue elegido.
Estar dentro del parámetro de edad establecido en el grupo etario para la conformación del Consejo Consultivo al que representa.
No estar inmerso dentro de los impedimentos y prohibiciones establecidas en el presente Reglamento, para lo cual deberá presentar una carta dirigida al Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, en la que declare sobre el particular.

Artículo 12. Reunión ordinaria. – El Consejo Consultivo Nacional de Jóvenes se reunirá ordinariamente cada dos años, previa convocatoria del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, con los representantes de las Asambleas Provinciales.

La reunión se hará hasta el 25 de octubre del año impar que correspondiere.

SECCIÓN IV

CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

Artículo 13.- El Consejo Consultivo Nacional de Personas Adultas Mayores estará conformado por cuarenta y ocho

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(48) personas Adultas Mayores, dos (2) de cada provincia, que serán designados en Asamblea Provincial observando el principio de paridad de género.

Artículo 14.-Para ser miembro de los Consejos Consultivos Nacionales de Personas Adultas Mayores, se requiere:

Estar debidamente acreditado como delegado de la Asamblea Provincial, mediante carta credencial y copia certificada del acta de asamblea en donde fue elegido.
Estar dentro del parámetro de edad establecido en el grupo etario para la conformación del Consejo Consultivo al que representa.
No estar inmerso dentro de los impedimentos y prohibiciones establecidas en el presente Reglamento, para lo cual deberá presentar una carta dirigida al Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, en la que declare sobre el particular.

Artículo 15.- Reunión ordinaria. – El Consejo Consultivo Nacional de Personas Adultas Mayores se reunirá ordinariamente cada dos años, previa convocatoria del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, con los representantes de las Asambleas Provinciales.

La reunión se hará hasta el 25 de octubre del año impar que correspondiere.

CAPÍTULO III

DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS NACIONALES

SECCIÓN I

ÓRGANOS INTERNOS

Artículo 16.- Órganos. – Son órganos de gobierno de los Consejos Consultivos Nacionales:

El Pleno
El Directorio
Las Comisiones de Trabajo

SECCIÓN II

PLENO DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS NACIONALES

Artículo 17.- Pleno. – El Pleno de los Consejos Consultivos Nacionales, constituido por todas las y los delegados provinciales, es el máximo y sus resoluciones y acuerdos son de cumplimiento obligatorio para las Asambleas Provinciales y los Consejos Consultivos Cantonales.

Artículo 18.-Atribuciones. – Son atribuciones del Pleno:

1. Observar lo dispuesto en la Constitución de la República, Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad y su Reglamento, así como la normativa que rige a cada grupo etario.

Participar como máximo órgano de consulta y asesoría para la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con la protección y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes; jóvenes; y, adultos mayores.
Nombrar y remover a sus autoridades mediante proceso eleccionario, garantizando en este proceso la alternabilidad, deliberación, paridad de género, democracia interna y demás principios establecidos en el presente Reglamento.
Velar por el cumplimiento de los fines de los Consejos Consultivos Nacionales contemplados en el presente Reglamento.
Resolver en última instancia sobre los procesos sancionatorios y/o de exclusión enmarcados en el presente Reglamento.
Autorizar las delegaciones oficiales del o los representantes a espacios nacionales o internacionales, conjuntamente con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Dichas representaciones podrán hacerse únicamente si es que el delegado es oficial y su representación está vigente.
Articular, conjuntamente con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, acciones enmarcadas en garantizar la protección de derechos de los grupos etarios a los que representan.

Artículo 19.- Clases de Asamblea. – Las asambleas del Pleno de los Consejos Consultivos Nacionales serán ordinarias y extraordinarias.

Artículo 20.- Asambleas ordinarias. – Las asambleas ordinarias del Pleno de los Consejos Consultivos Nacionales se llevarán a cabo una (1) vez al año, previa convocatoria realizada por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.

Artículo 21.- Asambleas extraordinarias. – El Pleno de los Consejos Consultivos Nacionales se reunirá de manera extraordinaria cuando sea convocado por la Directiva o el 75% de sus miembros.

La convocatoria será realizada con al menos cinco (5) días de anticipación a la realización de la Asamblea.

En la Asamblea Extraordinaria sólo se podrá tratar el o los asuntos para los cuales fue convocada.

Artículo 22.- Contenido de la convocatoria.- La convocatoria al Pleno de los Consejos Consultivos Nacionales contendrá, por lo menos, los siguientes aspectos:

Lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la reunión.
Indicación clara, específica y precisa del punto o puntos a tratarse.

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Artículo 23.- Votación. – Cada uno de los miembros de los Consejos Consultivos Nacionales tendrán derecho a voz y a un voto, el cual será indelegable.

Las decisiones del Pleno serán tomadas por la mayoría de los concurrentes a la reunión.

Artículo 24.- Presidente y Secretario. – Las reuniones del Pleno serán presididas por el Presidente del Directorio, de acuerdo al presente Reglamento; y, en caso de falta o impedimento de éste, se lo hará por orden de prelación.

Actuará como Secretario el miembro elegido por el Directorio para esa dignidad.

Artículo 25.- Contenido del Acta. – El Acta de la reunión del Pleno deberá contener por lo menos, los siguientes aspectos:

Lugar, fecha y hora de celebración de la Asamblea.
Verificación del quórum reglamentario de instalación.
Nombres de las personas que intervienen como Presidente y Secretario.
Orden del día.
Firma de todos los asistentes a la asamblea.

Para el efecto, existirá acompañamiento del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional a través del técnico o técnicos designados.

Artículo 26.- Quórum reglamentario de instalación. Para que el Pleno reunido en primera convocatoria pueda instalarse, los concurrentes deberán representar por lo menos el cincuenta y uno por ciento del total de los delegados y delegadas de la nómina oficial emitida por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.

En caso de no contarse con el quórum señalado, el representante ordenará que se instale dentro de media hora más tarde, con el número de delegados y delegadas que se encuentren presentes.

Las decisiones que se tomen en el seno del Pleno serán de obligatorio cumplimiento para las y los delegados de las Asambleas Provinciales que no estuvieren presentes al momento de la instalación en primera o segunda convocatoria.

Artículo 27.- Quórum decisorio. – Será la mitad más uno de los presentes en el Pleno, instalados en primera o segunda convocatoria.

SECCIÓN III

DIRECTORIO DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS NACIONALES

Artículo 28.- El Pleno de los Consejos Consultivos Nacionales contarán con un Directorio elegido en la primera

reunión del Consejo Consultivo Nacional y estará integrado de la siguiente manera:

Un/a Presidente/a
Dos Vicepresidentes/as
Un/a Secretario/a

Artículo 29.- Elección de la Directiva. – La Directiva de los Consejos Consultivos Nacionales serán elegidos de entre los/as representantes provinciales reunidos en la primera sesión legalmente acreditados/as, durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos/as hasta por un período consecutivo.

Artículo 30.- Forma de elección. – Con el fin de garantizar el derecho a la participación de todas y todos los representantes provinciales en el proceso de elección de la Directiva de los Consejos Consultivos Nacionales, la designación será nominal y la votación secreta, aceptándose hasta cuatro candidatos, uno por cada región, para cada dignidad. Para el efecto, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional emitirá la metodología de nominación y elección.

Todos los representantes provinciales tendrán derecho a un voto, a elegir y ser elegidos.

Tanto para la nominación de candidatos como para la elección de la Directiva de los Consejos Consultivos Nacionales se observarán los principios establecidos en este Reglamento, sobre todo, el de paridad.

Artículo 31.- Forma de votar. – De acuerdo con lo señalado en el artículo anterior, la votación será nominal, directa y secreta.

El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, a través de los técnicos designados para el efecto, irán registrando la votación hecha por cada uno de los delegados de acuerdo con el listado general de delegados provinciales que sirve como padrón.

Artículo 32.- Proclamación de resultados. – Una vez contabilizados los votos para cada dignidad, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, a través del/ la Secretario/a Técnico/a o de los técnicos designados para el efecto, dará lectura y proclamará el resultado obtenido señalando el nombre de la persona electa para cada dignidad.

El candidato que obtenga el mayor número de votos será el elegido para cada dignidad dentro del Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes; Jóvenes; y, Personas Adultas Mayores.

Artículo 33. – De la posesión. – Una vez concluido el proceso eleccionario, en acto formal en el que se contará con la presencia del/la Presidente/a o del/la Secretario/a Técnico/a del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, se posesionará a la Directiva del Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes; Jóvenes; y, Personas Adultas Mayores.

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Artículo 34.- De los veedores del proceso eleccionario. El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, al momento mismo de convocar a los representantes de las Asambleas Provinciales, solicitará al Consejo Nacional Electoral y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se designe a un representante por cada institución, quienes actuarán en el proceso eleccionario, en calidad de veedores.

Asimismo, se contará con la presencia de los consejeros y consejeras del Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, representantes de cada grupo etario.

Artículo 35.- Atribuciones del Directorio.- Son atribuciones del Directorio de los Consejos Consultivos Nacionales, las siguientes:

Adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a las resoluciones del Pleno del Consejo Consultivo Nacional.
Informar al Pleno del Consejo Consultivo Nacional las labores realizadas por la Directiva.
Conocer y resolver, en primera instancia, las sanciones a los miembros del Pleno del Consejo Consultivo Nacional.
Conocer y resolver cualquier situación que atañe a los miembros de la Directiva.

Artículo 36.- Reuniones del Directorio. – El Directorio del Pleno de los Consejos Consultivos Nacionales podrá reunirse de manera ordinaria y extraordinaria.

Se reunirán de manera ordinaria cada año, previa convocatoria del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional; y, de manera extraordinaria, cuando fuere convocado por su Presidente, a pedido de las dos terceras partes de sus miembros o cuando fuere convocado por alguna autoridad, previo conocimiento del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.

Para el caso del Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional brindará apoyo técnico a través del delegado o delegados que creyere convenientes.

Artículo 37.- Dirección de las reuniones. – Las reuniones del Directorio estarán dirigidas por el/la Presidente/a y el/ la Secretario/a se encargará de tomar nota de los puntos tratados. Todos los miembros del Directorio tendrán derecho a voz y voto.

Artículo 38.- Deberes y atribuciones del/a Presidente/a. Son deberes y atribuciones del/la Presidente/a:

Representar al Consejo Consultivo en todo acto público o privado en coordinación con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
Tendrá voto dirimente en las decisiones que se tomen en el seno del Directorio.

Dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Directiva y del Pleno de los Consejos Consultivos Nacionales.
Coordinar los trabajos que correspondieren a las diferentes comisiones.
Firmar con el/la secretario/a todas las actas, comunicaciones y demás documentos oficiales del Consejo Consultivo Nacional.
Cumplir con las disposiciones de la Directiva y del Pleno de los Consejos Consultivos Nacionales.
Presentar el informe de actividades y rendición de cuentas al Directorio y al Pleno de los Consejos Consultivos Nacionales.
Delegar a los vicepresidentes la representación de los Consejos Consultivos en los actos que por fuerza mayor estuviere impedido.

Artículo 39.- Deberes y atribuciones de los/las Vicepresidentes/as.- Son deberes y atribuciones del/la Vicepresidente/a:

El Primer Vicepresidente/a, reemplazará al/la Presidente/a en caso de ausencia temporal o definitiva, haber superado el rango de edad, muerte, abandono, renuncia o destitución y tendrán a su cargo la responsabilidad de las relaciones interinstitucionales.
El Segundo/a Vicepresidente/a reemplazará en orden de prelación al Primer Vicepresidente/a, en caso de ausencia temporal o definitiva, haber superado el rango de edad, por muerte, abandono, renuncia o destitución y tendrán a su cargo la responsabilidad de la disciplina y sanciones.

Ambos asumirán en conjunto o distintamente, las delegaciones que les confiera el Presidente.

Artículo 40.- Deberes y atribuciones del/la Secretario/a.–

Son deberes y atribuciones del/la Secretario/a:

Redactar las actas de las sesiones de Pleno y las del Directorio del Consejo Consultivo.
Suscribir en unidad de acto con el/la Presidente/a, las actas, comunicaciones y más documentos oficiales del Consejo Consultivo Nacional.
Mantener bajo su responsabilidad los archivos del Consejo Consultivo Nacional que serán debidamente inventariados para su transferencia al nuevo/a dignatario/a al término de su periodo.
Certificar la autenticidad de las copias de los documentos que están en archivo del Consejo Consultivo Nacional.

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SECCIÓN IV

COMISIONES DE TRABAJO DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS NACIONALES

Artículo 41.- Para el funcionamiento del Pleno de los Consejos Consultivos Nacionales se elegirán de su seno, las comisiones que creyeran necesarias para su correcto funcionamiento.

Asimismo, a nivel operativo, se podrán establecer instancias de coordinación territorial.

CAPÍTULO IV

DEL PROCESO DE CONVOCATORIA Y

CONFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS

CONSULTIVOS NACIONALES

SECCIÓN I

NIVELES PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS NACIONALES

Artículo 42.- Conformación. – El proceso de conformación de los Consejos Consultivos Nacionales tiene una base territorial, que incluye los siguientes niveles:

a. Nivel cantonal

b. Nivel provincial

c. Nivel nacional

SECCIÓN II

NIVEL CANTONAL

Artículo 43.- Denominación. – Los Consejos Consultivos Cantonales son espacios de participación, consulta y asesoría cantonal, cuya conformación se encuentra a cargo de los Consejos Cantonales de Protección de Derechos.

Artículo 44.- Responsabilidad. – La conformación de los Consejos Consultivos Cantonales será normada y estará a cargo de los Consejos Cantonales de Protección de Derechos, quienes asegurarán la participación de ciudadanos y ciudadanas, representantes de la sociedad civil, organizaciones y movimientos sociales, organizaciones estudiantiles, clubes, gremios, organizaciones de usuarios de los servicios estatales y de otras formas de organización social.

Artículo 45.- Convocatoria. – Para la convocatoria y funcionamiento de los Consejos Consultivos Cantonales, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, en el marco de sus atribuciones, articulará acciones con los Consejos Cantonales de Protección de Derechos.

La convocatoria para la conformación de los Consejos Consultivos Cantonales será emitida y publicada por los Consejos Cantonales de Protección de Derechos, al menos con sesenta (60) días de anticipación a la conformación y elección de los Consejos Consultivos Nacionales.

Para el efecto, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, definirá la fecha en la que se desarrollará la elección y conformación de los Consejos Consultivos Nacionales, a partir de la cual, se definirán las convocatorias de las asambleas cantonales y provinciales.

Artículo 46.- Representación. – Los Consejos Consultivos Cantonales elegirán de su seno a sus representantes, quienes conformarán las Asambleas Provinciales. Dicha elección se hará en base al siguiente criterio:

a. Niñas, niños y adolescentes: dos (2) representantes de los niñas y niños y dos (2) representantes de los adolescentes. En ambos casos se deberá considerar obligatoriamente el principio de paridad de género.

b. Jóvenes: dos (2) representantes. Se deberá considerar obligatoriamente el principio de paridad de género.

c. Personas adultas mayores: dos (2) representantes. Se deberá considerar obligatoriamente el principio de paridad de género.

Artículo 47.- Del reemplazo de los representantes.- En caso de que, por cualquier circunstancia, los Consejos Cantonales de Protección de Derechos reemplacen a los miembros de los Consejos Consultivos Cantonales; y, éstos, sean representantes en las Asambleas Provinciales o en los Consejos Consultivos Nacionales, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos deberá notificar por escrito a los representantes de las otras dos instancias, la provincial y la nacional, así como al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, señalando el reemplazo de la representación.

Con esta acción se garantiza, por un lado, la representación territorial; y, por otro, la legitimidad de las decisiones que se tomen en cada uno de los espacios de participación.

SECCIÓN III

NIVEL PROVINCIAL

Artículo 48.- Denominación. – Las Asambleas Provinciales son espacios de participación, consulta y asesoría provincial y se conformarán con los delegados de los Consejos Consultivos Cantonales.

Artículo 49.- Conformación. – Las Asambleas Provinciales estarán conformadas por representantes de los Consejos Consultivos Cantonales.

Para la conformación de los Consejos Consultivos Nacionales se elegirán representantes de las veinte y cuatro (24) provincias, de acuerdo con el siguiente criterio:

b. Jóvenes: dos (2) representantes. Se deberá considerar obligatoriamente el principio de paridad de género.

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c. Personas adultas mayores: dos (2) representantes. Se deberá considerar obligatoriamente el principio de paridad de género.

Artículo 50.- Convocatoria. – Para la convocatoria y funcionamiento de las Asambleas Provinciales, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, en el marco de sus atribuciones, articulará acciones con los distintos gremios de Gobiernos Autónomos Descentralizados y con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, con la finalidad de garantizar la representación territorial.

Las convocatorias para las Asambleas Provinciales serán emitidas y publicadas con al menos treinta (30) días de anticipación a la conformación y elección de los Consejos Consultivos Nacionales.

Para el efecto, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional definirá la fecha en la que se desarrollará la elección y conformación de los Consejos Consultivos Nacionales, a partir de la cual se definirán las convocatorias en los espacios provincial y cantonal.

Artículo 51. Designación. – Los Consejos Cantonales de Protección de Derechos notificarán al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional los delegados del cantón a la Asamblea Provincial, detallando el mecanismo democrático mediante el cual fueron electos.

Las y los representantes provinciales designados por los Consejos Consultivos Cantonales deberán presentar:

Acta de nombramiento como representante cantonal.
Copia de la cédula, a excepción de niñas, niños y adolescentes que pueden utilizar la partida de nacimiento.
Hoja de registro de participantes.

Para este efecto, los Consejos Cantonales de Protección de Derechos enviarán los documentos referidos en este artículo, con los que se garantiza la participación de sus delegados.

El Acta de la Asamblea Provincial de los Consejos Consultivos en la que se elegirán a los representantes de cada provincia al Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes; Jóvenes; y, Personas Adultas Mayores, será elaborada por el técnico o técnicos designados por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.

SECCIÓN IV

NIVEL NACIONAL

Artículo 52.- Nómina general de delegadas y delegados a los Consejos Consultivos Nacionales. – El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional elaborará la nómina general de delegadas y delegados de las Asambleas Provinciales a los Consejos Consultivos Nacionales, en la que se determinará el número de provincias que cuentan

con sus representantes y las que no tuvieren delegados. Esta nómina constituirá el padrón para la elección.

Artículo 53.-Acreditación. – Una vez que se hayan elegido a los delegados y delegadas de las Asambleas Provinciales, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional acreditará, a través de un documento, a cada uno de ellos, para que puedan intervenir en los Consejos Consultivos Nacionales.

Dicha acreditación será personal e intransferible y quedará sin efecto en caso de reemplazo dado en los Consejos Consultivos Cantonales.

Artículo 54.- Convocatoria. – El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, con quince (15) días de anticipación, convocará a todos los delegados y delegadas de las Asambleas Provinciales a la conformación de los Consejos Consultivos Nacionales y a la elección de su Directiva, señalándose para el efecto la fecha, lugar y hora en que se desarrollarán los mismos.

Artículo 55.- Instalación para la elección y conformación de los Consejos Consultivos Nacionales. – En el día, lugar y hora señalados en la convocatoria emitida por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, se instalará, con la presencia de los delegados provinciales acreditados, los Consejos Consultivos Nacionales de Niñas, Niños y Adolescentes; Jóvenes y Personas Adultas Mayores.

La instalación estará a cargo del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, que verificará si se cuenta con la presencia, al menos, de la mitad más uno de los delegados y delegadas acreditados; caso contrario, la Asamblea se instalará media hora más tarde, con el número de delegados y delegadas presentes.

Las decisiones que se tomen en el seno de los Consejos Consultivos Nacionales serán de cumplimiento obligatorio para todas y todos los delegados provinciales.

Una vez hecha la instalación, se procederá con la elección de un/a Director/a de Debates y de un/a Secretario/a Ad-Hoc, quienes presidirán el Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes; Jóvenes; y, Personas Adultas Mayores, hasta que se haga la designación de la Directiva Oficial.

El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional brindará asistencia técnica en el caso del Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 56.- Duración de la delegación de representantes de las Asambleas Provinciales. – Los delegados y delegadas de las Asambleas Provinciales a los Consejos Consultivos Nacionales elegidos de acuerdo al procedimiento establecido en el presente Reglamento, ejercerán sus funciones por un período de dos (2) años, contados a partir de la instalación del primer Consejo Consultivo Nacional.

Artículo 57. -Reemplazo de la delegación. – Los delegados y delegadas a los Consejos Consultivos Nacionales podrán

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ser reemplazados por los Consejos Consultivos Cantonales únicamente en caso de fallecimiento, nueva elección, renuncia, haber superado el rango de edad del grupo para el cual fue elegido o expulsión, previo debido proceso, de acuerdo con la regulación y/o reglamentación que los Consejos Cantonales de Protección de Derechos emitan para el efecto.

Dicho particular será notificado a las Asambleas Provinciales y al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, adjuntando para el efecto los documentos que justifiquen cualquiera de las causales enumeradas en el inciso anterior.

CAPÍTULO V

IMPEDIMENTOS Y PROHIBICIONES

Artículo 58.- Impedimentos. – No podrán ser miembros de los Consejos Consultivos Nacionales, los siguientes:

Las y los candidatos a una dignidad de elección popular, desde el momento de la inscripción de su candidatura y mientras dure la misma.
Las y los servidores de libre nombramiento y remoción que estén desempeñando funciones en cualquier instancia del Estado.
Las y los servidores del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
Quienes adeuden dos o más pensiones alimenticias.
Quienes mantengan deudas pendientes con el Estado o se encuentren demandados por la vía coactiva.
Quienes tengan demandas en contra de quien ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
Quienes sean proveedores de obras, bienes o servicios o quienes mantengan contratos con quien ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
Quienes tengan sentencia condenatoria ejecutoriada o pena privativa de libertad mientras ésta subsista.
Quienes no hayan cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionados por violencia intrafamiliar o de género.

Se exceptúan de estos requisitos a los niños y niñas. Mientras que, en el caso de los adolescentes, estarán sujetos a los numerales 4 y 8 de este artículo.

Artículo- 59.- Prohibiciones. – Los miembros de los Consejos Consultivos Nacionales, así como sus representantes directivos, según corresponda, tienen prohibido:

Utilizar o divulgar la información que llegare a su conocimiento, para fines políticos, asuntos ajenos a sus funciones o intereses particulares.
Realizar proselitismo político o religioso.
Realizar actividades que atenten contra la seguridad jurídica y la paz.
Utilizar sus acreditaciones para gestionar trámites en las instituciones públicas.
Cometer actos de acoso, intimidación o cualquier tipo de violencia en contra de sus pares.
Utilizar sus dignidades para amedrentar, coaccionar o vulnerar los derechos de sus pares.
Cualquiera que esté prohibida por el marco normativo que rige el funcionamiento de los Consejos Consultivos Nacionales.

Artículo 60.- Causas de exclusión de las y los miembros de los Consejos Consultivos Nacionales. – Son causales de exclusión de las y los miembros de los Consejos Consultivos Nacionales, las siguientes:

Hallarse incurso en las causales de impedimento determinadas en el artículo 58 del presente Reglamento.
Incurrir en las prohibiciones contenidas en el artículo 59 de este Reglamento.
Por fallecimiento, renuncia voluntaria, haber superado el rango de edad o reemplazo en la delegación de los Consejos Consultivos Cantonales.
Hacer uso indebido o con fines distintos a los de los Consejos Consultivos y del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, de la acreditación entregada por el CNII.
Faltar injustificadamente a dos sesiones, convocadas en legal y debida forma, sin que medie justificación alguna.

La exclusión se hará respetando las normas del debido proceso.

CAPÍTULO VI

FALTAS, AMONESTACIONES Y GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO

Artículo 61.- Faltas. – Con la finalidad de lograr el buen funcionamiento de los Consejos Consultivos Nacionales y el fiel cumplimiento de los fines determinados en el presente Reglamento, se determinan las siguientes sanciones:

Amonestación verbal
Amonestación escrita

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3. Expulsión

Artículo 62.- Amonestación verbal. – Son causales de amonestación verbal:

1. Utilizar o divulgar la información que llegare a su conocimiento, para fines políticos, asuntos ajenos a sus funciones o intereses particulares.

Artículo 63.- Amonestación escrita. – Son causales de amonestación escrita:

Realizar proselitismo político o religioso.
Realizar actividades que atenten contra la seguridad jurídica y la paz.

Artículo 64.- Causales de expulsión. – Son causales de expulsión:

Cometer actos de acoso, intimidación o cualquier tipo de violencia en contra de sus pares.
Utilizar sus dignidades para amedrentar, coaccionar o vulnerar los derechos de sus pares.
Cualquiera que esté prohibida por el marco normativo que rige el funcionamiento de los Consejos Consultivos Nacionales.

Artículo 65.- Las faltas disciplinarias en primera instancia serán conocidas y resueltas por la Directiva del Pleno de los Consejos Consultivos Nacionales; y, en segunda y definitiva instancia, siempre y cuando exista apelación, por el Pleno.

Para el efecto, tanto la Directiva como el Pleno, podrán reunirse físicamente o de manera virtual.

Artículo 66.- Garantías del debido proceso. – La Directiva de los Consejos Consultivos Nacionales fallará en primera instancia, previo expediente elaborado por el/la Vicepresidente/a encargado/a de la disciplina y sanciones.

Para la elaboración de dicho expediente, se le dará al presunto infractor, el derecho a la defensa; observando, para el efecto, lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución de la República.

Dentro del debido proceso, a las partes, tanto accionante como accionada, se les notificará con el inicio del expediente, concediéndoseles un término de quince (15) días hábiles, desde la notificación, para que presenten las pruebas de cargo y de descargo que creyeren pertinentes, en defensa de sus intereses. En caso de que el accionado no presentare, dentro del término concedido, documento, prueba o alegato alguno, se le juzgará en rebeldía.

Las resoluciones sobre estos asuntos se dictarán en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, posteriores a la presentación de pruebas de cargo y de descargo; para lo cual, el/la Vicepresidente/a encargado/a de la disciplina, emitirá una Resolución fundamentada, contemplando el nexo causal entre la norma y la infracción, en la que

recomiende la sanción a imponerse al inculpado. El Directorio que resuelve en primera instancia podrá acoger la recomendación dada por el Vicepresidente, podrá ampliar la resolución o podrá dejarla sin efecto, una vez analizado el expediente.

De la sanción o absolución determinada por el Directorio, cualquiera de las partes, tanto accionada como accionante, podrán recurrir y apelar ante el Pleno del Consejo Consultivo Nacional, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contados a partir de la notificación de la Resolución de la Directiva.

En un plazo de diez (10) días contados a partir de la recepción de la apelación, el Pleno de los Consejos Consultivos Nacionales decidirá sobre el asunto motivo de la controversia, a través de Resolución motivada. La Resolución emitida por el Pleno en segunda y definitiva instancia no será susceptible de otro acto administrativo y causará ejecutoria.

Los Consejos Consultivos Nacionales tendrán la asistencia técnica legal del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, a través del o de los técnicos designados para el efecto.

CAPÍTULO VII

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Artículo 67.- Financiamiento. – Para el cumplimiento de sus fines, los Consejos Consultivos Nacionales podrán buscar fuentes de financiamiento a través de alianzas con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, gobiernos autónomos descentralizados o a través del autofinanciamiento.

Para el efecto, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional brindará asesoramiento y acompañamiento técnico a través del delegado o delegados que creyere conveniente.

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA. – Ninguna autoridad local, funcionario público o privado, podrá intervenir y/o influenciar en las decisiones democráticas para la elección de los integrantes y/o representantes de los Consejos Consultivos Cantonales, delegados a las Asambleas Provinciales y Consejo Consultivo Nacional.

SEGUNDA. – La Dirección Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, a través de la Unidad de Participación Ciudadana y Territorio, socializará el presente Reglamento a los gremios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a los gobiernos autónomos descentralizados, así como a los Consejos Cantonales de Protección de Derechos, con quienes se buscará articular acciones para la elección, conformación y funcionamiento de los consejos consultivos a nivel provincial como en el cantonal, respectivamente.

TERCERA. – La Dirección Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, a través de la Unidad de

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Participación Ciudadana y Territorio, socializará el presente Reglamento a los miembros de los Consejos Consultivos electos con anterioridad a la vigencia de este instrumento.

CUARTA. – En caso de que alguno de los representantes provinciales al Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y Jóvenes o los miembros de la directiva, superaren el rango de edad dentro del grupo que fueron elegidos, serán inmediatamente reemplazados desde los Consejos Consultivos Cantonales; y, en el caso del Directorio, se hará el reemplazo por prelación de elección y/o dignidad.

QUINTA. – Serán ilegítimas las actuaciones del o la representante que hubiere superado el rango de edad determinado en el presente Reglamento y pretenda comparecer en nombre y representación de un grupo etario al que no corresponde.

Para el efecto, las delegaciones a eventos nacionales o internacionales serán coordinadas y avaladas por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, que dará el visto bueno para la comparecencia del o la delegada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA. – Los Consejos Cantonales de Protección de Derechos, para la conformación de los Consejos Consultivos Cantonales observarán lo dispuesto en el presente Reglamento y se sujetarán a las normas en éste establecidas para garantizar su representación en el espacio nacional. Para el efecto, observarán las fechas de elección de cada Consejo Consultivo y los reemplazos que deberán realizarse cuando corresponda, a través de las reformas a sus ordenanzas o normativas internas las cuales deberán ser expedidas en un plazo de sesenta (60) días, contados a partir de la expedición de este instrumento.

SEGUNDA. – En el plazo de noventa (90) días, contados a partir de la expedición de este instrumento, los Consejos Cantonales de Protección de Derechos remitirán al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, la nómina de representantes de los Consejos Consultivos Cantonales de Jóvenes y Personas adultas mayores, que por cualquiera de las causales establecidas en el presente Reglamento deban ser reemplazadas.

TERCERA. – La Directiva del Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, elegido el 10 de agosto de 2016, fenece en funciones el 10 agosto de 2018; por lo que se encuentra completamente prohibido de representar y/o comparecer a delegaciones en nombre y representación del Consejo Consultivo Nacional.

CUARTA. – El Presidente del Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes que fenece en funciones el 10 de agosto de 2018, comparecerá a la rendición de cuentas al acto de posesión del nuevo Consejo Consultivo Nacional; para lo cual, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional emitirá la convocatoria.

QUINTA.- Para la elección del Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, que se realizará

en agosto de 2018, se observará lo dispuesto en el presente Reglamento, en lo concerniente a instalación del Pleno, la elección de la Directiva y la conformación de Comisiones, especificados en el Capítulo III, Secciones II, III y IV.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA:

Se deroga en forma expresa la Resolución Nro. 001-CNII-2015, de 21 de marzo de 2016, publicada en el Registro Oficial Nro. 132 de 13 de abril de 2016; el Reglamento de Elección de los Consejos Consultivos Nacionales de Niñas, Niños Adolescentes, Jóvenes y Personas Adultas Mayores de 27 de octubre de 2017 y cualquier otra norma expedida por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, con anterioridad a este Reglamento que haga referencia a los consejos consultivos.

DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Resolución entrará en vigor a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de julio de 2018.

f.) Psic. Nicolás Reyes Morales, Secretario Técnico, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.

CNII Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.-Fiel copia del original- Lo certifico: Ilegible.- Fecha: 01/08/2018.

No. 2018-0203

EL SECRETARIO DEL AGUA

Considerando:

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República establece que a los ministros de Estado les corresponde «Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión «;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina: «las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República señala: «/a administración pública constituye un servicio a la colectividad, que se rige por los principios de

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eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación «;

Que el artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en su parte pertinente, dispone a la Secretaría de la Administración Pública establecer las políticas, metodologías de administración institucional y herramientas necesarias para el mejoramiento de la Administración Pública Central, Institucional y dependiente de la Función Ejecutiva;

Que el artículo 116 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público señala que la Secretaría Nacional de la Administración tendrá como responsabilidad la determinación de las políticas, metodología de gestión institucional y las herramientas que aseguren una gestión y mejoramiento continuo de la eficiencia de las instituciones que comprende la Administración Pública Central e Institucional;

Que el artículo 138 ibídem en cuanto a la formación del Comité de gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo determina que en las instituciones establecidas en el artículo 3 de la LOSEP, se integrará el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional que tendrá la responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional;

Que la Secretaría Nacional de la Administración Pública, mediante Acuerdo Ministerial No. 1580, de 13 de febrero de 2013, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 895, de 20 de febrero de 2013, emitió la Norma Técnica de Administración de Procesos, en los que establece la creación de los Comités de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional;

Que corresponde a las instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva, el cumplimiento obligatorio de la Norma Técnica de Administración por Procesos y de los instrumentos complementarios que sean emitidos para el efecto;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1088 publicado en el Registro Oficial No. 346, de 27 de mayo de 2008 se reorganiza el Consejo Nacional de Recursos Hídricos mediante la creación de la Secretaría Nacional del Agua, como una entidad de derecho público adscrita a la Presidencia de la República, con patrimonio y presupuesto propios, con independencia técnica, operativa, administrativa y financiera, y domicilio en la ciudad de Quito;

Que con Decreto Ejecutivo No. 62 de 05 de agosto de 2013, publicado en el Registro Oficial No.63, de 21 de agosto de 2013, se reforma el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva en cuyos artículos 2 y 4 de la Función Ejecutiva se organiza en Secretaría del Agua, definida como un organismo público con facultad de rectoría, planificación, regulación, gestión y control sobre temas específicos de un sector de la Administración Pública, representada por un secretario que tendrá rango de ministro de Estado;

Que la Secretaría del Agua emitió la reforma y nueva codificación al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, mediante Acuerdo Ministerial No. 2014-910, de 17 de abril de 2014, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 154, de 28 de julio de 2014;

Que mediante Resolución No. 2013-840, de05 de diciembre de 2013, publicada en el Registro Oficial Nro. 148, de 20 de diciembre de 2013, el Secretario del Agua resolvió expedir el Reglamento para la Conformación y el Funcionamiento del Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional de la Secretaría del Agua;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 16, de 16 de junio de 2018, el señor Presidente de la República designó al señor Humberto Cholango, Secretario del Agua;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0081, de 25 de abril de 2018, el Ministerio del Trabajo expidió la Norma Técnica para la Evaluación y Certificación de la Calidad del Servicio Público;

Que mediante Memorando Nro. SENAGUA-SSG.4-2018-0058-M, de 04 de julio de 2018, el Subsecretario General, solicitó al Coordinador General Jurídico se realice la actualización de la Resolución 2013-840, de 05 de diciembre de 2013 , en la cual se expide el Reglamento para la funcionamiento del Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional de la Secretaría del Agua, incluyendo las atribuciones que constan en el documento adjunto; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154 numeral 1 de la Constitución de la República y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

Resuelve:

Reformar el Reglamento para la Conformación y el Funcionamiento del Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional de la Secretaría del Agua.

Artículo 1.- INCORPORASE en la Resolución Nro. 2013-840, de 05 de diciembre de 2013, lo siguiente:

Atribuciones de los Responsables de las Unidades o procesos internos:

Proporcionar las evidencias necesarias al equipo de proceso de mejora continua y evaluación externa;
Identificar los puntos fuertes y áreas de mejora de su unidad o proceso interno;
Mantener los registros físicos y digitales que respalden el proceso de autoevaluación y evaluación externa; e,
Implementar los planes de mejora de la gestión como resultado de las áreas de mejora priorizadas y aprobadas.

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Atribuciones del equipo de proceso de mejora continua:

Ejecutar el proceso de autoevaluación de conformidad a la planificación definida para este efecto;
Elaborar el informe de autoevaluación;
Participar con el Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica o quien hiciere sus veces en la construcción del plan para la mejora de la gestión, conjuntamente con los responsables de las unidades o procesos internos, con base a las áreas de mejora priorizadas y al resultado de las autoevaluaciones institucionales y de las evaluaciones externas; y,
Apoyar la implementación del plan para la mejora de la gestión, cumpliendo los lineamientos establecidos en la Guía Metodológica de Aplicación del Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia.

Artículo 2.- REFORMAR la Resolución No. 2013-840, de 05 de diciembre de 2013, en los siguientes términos:

El artículo 6 Sustitúyase por el siguiente: «Art.6.-Atribuciones del Comité.- Son atribuciones del Comité de Gestión de calidad de Servicio y Desarrollo Institucional (CGCSDI) de la Secretaría del Agua, sin perjuicio de lo establecido en la Norma Técnica de Administración por Procesos, las siguientes:

Aprobar y remitir a la máxima autoridad institucional o su delegado la planificación de las autoevaluaciones elaborada por la unidad de planificación y gestión estratégica o quien hiciere sus veces;
Promover el desarrollo de las autoevaluaciones de la institución, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía Metodológica de Aplicación del Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia;
Definir el alcance de la autoevaluación;
Aprobar la conformación del equipo de proceso de mejora continua que incluirá a los autoevaluadores;
Conocer y analizar los resultados de las autoevaluaciones y difundirlos en el nivel territorial correspondiente;
Conocer y analizar el informe de evaluación externa enviado por el Ministerio del Trabajo;
Garantizar el avance de la implementación del plan para la mejora de la gestión; y,
Coordinar con los órganos rectores en el ámbito de su competencia la implementación del plan para la mejora a la gestión.»

El artículo 8 Sustitúyase por el siguiente: «Art.8.-Atribuciones del/a Vicepresidente/a del CGCSDI.- Serán atribuciones del o la Vicepresidente/a del Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional

(CGCSDI), sin perjuicio de lo establecido en la Norma Técnica de Administración por Procesos, las siguientes:

Elaborar la planificación de la autoevaluación y ponerla en conocimiento, para su revisión y aprobación, del Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional y de la máxima autoridad o quien hiciere sus veces;
Estructurar y dirigir el equipo de proceso de mejora continua de acuerdo al alcance definido por el Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional;
Ejecutar el proceso de autoevaluación, previamente validado por el del Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional y aprobado por la máxima autoridad o su delegado;
Elaborar el informe de resultados de autoevaluación;
Presentar a la máxima autoridad o su delegado y al Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional el informe de resultados de la autoevaluación, a fin de que se remita al Ministerio de Trabajo para la correspondiente postulación del nivel de madurez;
Coordinar el proceso de evaluación externa ejecutado por el Ministerio del Trabajo a través de su red de evaluadores;
Coordinar el proceso de diseño a partir del informe de autoevaluación e implementación del plan para la mejora, sobre la base del informe de evaluación externa; y,
Presentar informes mensuales a la máxima autoridad o su delegado sobre los avances de la ejecución del plan para la mejora de la gestión y remitir al Ministerio del Trabajo junto con sus respectivas evidencias para seguimiento del mismo.»

Artículo 3.- En todo aquello que no ha sido modificado expresamente por la presente Resolución se estará a lo dispuesto en la Resolución No. 2013-840, de 05 de diciembre de 2013.

Disposición General.- De la ejecución de la presente Resolución, encárguense a las Coordinaciones Generales Administrativa Financiera y de Gestión Estratégica y sus Direcciones dentro del ámbito de sus competencias.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a 02 de agosto de 2018.

f.) Sr. Humberto Cholango, Secretario del Agua.

28 – Miércoles 12 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 325

SENAGUA.- SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA.-

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Coordinación General Jurídica.- Quito, 03 de agosto de 2018.- Firma Autorizada.

No. 2018-0204

EL SECRETARIO DEL AGUA

Considerando:

Que con los artículos 15 y 17 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, se crea el Sistema Nacional Estratégico del Agua, dirigido por la Autoridad Única del Agua como persona jurídica de derecho público, cuyo titular es designado por la Presidenta o el Presidente de la República y tendrá rango de Ministra o Ministro de Estado. La Autoridad Única del Agua es responsable de la rectoría, planificación y gestión de los recursos hídricos y su gestión será desconcentrada en el territorio y será ejercida por la Secretaría del Agua, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 1088, de 15 de mayo de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 346 del 27 del mismo mes y año;

Que con Decreto Ejecutivo No. 62, de 5 de agosto de 2013, publicado en el Registro Oficial No. 63, de 21 de agosto de 2013, se reformó el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en cuanto a las denominaciones, facultades y organización administrativa de varios organismos de la Función Ejecutiva, entre ellas la Secretaría del Agua;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, publicado en el Suplemento Registro Oficial Nro. 16, de 16 de junio de 2017, el señor Presidente de la República nombró al señor Humberto Cholango, Secretario del Agua;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, publicado en Registro Oficial Suplemento 326, de 4 de septiembre de 2014 y sus reformas realizadas mediante Acuerdos MRL-2014-0194, MDT-2015-0290, MDT-2016-0068, MDT-2016-0082 y MDT-2016-0155, el Ministerio de Trabajo expidió la Norma Técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país, para las y los servidores en las Instituciones del Estado;

Que la segunda disposición transitoria del Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, establece que las Instituciones comprendidas en el artículo 3 de la

Ley Orgánica del Servicio Público, en razón de las particularidades propias de la respectiva Institución, podrán elaborar sus propios reglamentos para la aplicación de lo establecido en ese cuerpo normativo;

Que en el contexto de la normativa legal vigente y las recomendaciones emitidas por Auditoría mediante el Informe aprobado del Examen Especial realizado «A los Viáticos y Subsistencias dentro y fuera del País de la Planta Central» y «Al proceso de otorgamiento de las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua, del Centro Zonal Ibarra», es necesario establecer el Reglamento Interno de aplicación de la Norma Técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los Servidores de la Secretaría del Agua; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República y el Artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Resuelve:

EXPEDIR EL REGLAMENTO INTERNO DE APLICACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DEL AGUA.

Artículo Único.- Las y los servidores que se les disponga el cumplimiento de los servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, tienen la obligación de obtener la autorización de la máxima autoridad o su delegado dentro de los tres días previos a la salida, para lo cual deberán presentar los siguientes documentos a fin de que la Dirección Financiera proceda a realizar el pago del anticipo de viáticos bajo el siguiente procedimiento:

ANTICIPO DE VIÁTICOS

Formulario de solicitud de «Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales» (DA-1), debidamente legalizado tanto por el servidor comisionado, el Responsable de la Unidad Director/Subsecretario/ Coordinador y la Máxima Autoridad o su Delegado, el mismo que deberá contener el sello de recepción en la Coordinación General Administrativa Financiera y el de la Dirección de Administración de Recursos Humanos, para fines de control de asistencia. Adicionalmente en el renglón de «Descripción de Actividades a Ejecutarse», se deberá detallar obligatoriamente y en forma resumida las actividades a desarrollarse. En caso de que por necesidad institucional se requiera laborar los días feriados y/o de descanso obligatorio, es necesario hacer constar en este campo el requerimiento, para conocimiento y autorización de la máxima autoridad o su delegado.

• Adjuntar «Orden de Movilización»-Sólo en el caso de conductores.

Autorizado el cumplimiento de servicios institucionales, se remitirán los documentos antes mencionados a la Dircción Financiera, la cual verificará la disponibilidad presupuestaria.

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De existir los fondos correspondientes, realizará el cálculo de los viáticos y/o movilizaciones a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y, procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un 1 (un) día de anticipación a la fecha de salida programada.

El incumplimiento en los plazos establecidos anteriormente para la entrega de los documentos por parte del servidor comisionado a través de su Director/Subsecretario/ Coordinador/Gerente de Proyecto, será de su exclusiva responsabilidad, por lo que la Dirección Financiera no concederá el respectivo anticipo de viáticos.

LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DE VIÁTICOS

Obligatoriamente el servidor comisionado deberá presentar dentro del término de 4 (cuatro) días posteriores al cumplimiento de servicios institucionales, la siguiente documentación:

«Informe de Servicios Institucionales» (DA2). Deberá contener clara y detalladamente las actividades desarrolladas diariamente y los productos alcanzados, Adicionalmente debe constar el sello de recepción de la Coordinación General Administrativa Financiera y de la Dirección de Administración de Recursos Humanos, para fines de control de asistencia.
Hoja de ruta del vehículo institucional (En el caso de viaje con vehículo institucional, obligatorio para Conductores).
En el caso de utilización de transporte aéreo, la o el servidor entregará a la Dirección Financiera los originales de los pases a bordo y una copia de éstos a la Dirección Administrativa como justificación del pasaje utilizado.
Informe de gastos de la comisión (Adjuntar comprobantes de venta originales de alimentación y alojamiento, autorizados por el SRI. En el caso de facturas pre-impresas deberán contar con las respectivas firmas).
Comprobantes de Venta de combustible y peajes, de ser el caso.
Comprobantes de Venta de parqueaderos y movilizaciones internas, de los cuales se reconocerá hasta el valor máximo de USD 16,00, de ser el caso.
Autorización escrita para la extensión de comisión, de ser el caso.

Respecto de los valores entregados, se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas o notas de venta, previstos por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas – SRI. Un 30%) no requerirá la presentación de documentos de respaldo y sobre su importe se imputará

presuntivamente su utilización. Los valores debidamente respaldados, según la normativa, serán asumidos por la Institución; aquellos valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la o el servidor deberá restituirlos a la Institución y entregar a la Dirección Financiera la papeleta original del depósito de los valores recibidos como anticipo de viáticos y no gastados.

Para la justificación de comprobantes de venta se debe considerar lo siguiente:

Los Comprobantes de Venta deben ser presentados sin borrones, ni tachones y sin enmendaduras. Además, los valores deberán constar de forma exacta, tanto en la base imponible como en el cálculo de los impuestos y total, de tal manera que sean documentos legales, caso contrario no se reconocerá el pago de los mismos.
No se reconocerán los gastos por concepto de bebidas alcohólicas
Para el caso de reconocimiento de gastos por alimentación, se podrá señalar en la descripción, como consumo de alimentos a favor del consumidor.

En observancia a la normativa, no se permitirá los cambios de comprobantes de venta por errores, cambio de datos o cualquier otro motivo, por lo que la Dirección Financiera realizará una liquidación única de viáticos.

Tanto la solicitud como el informe de servicios institucionales, deben ser presentados sin borrones, ni tachones, ni enmendaduras, debidamente legalizados por los responsables de las áreas competentes.

ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN: PASAJES AÉREOS Y TRANSPORTE INSTITUCIONAL

La adquisición de pasajes aéreos para el desplazamiento de los servidores de la institución; o, la disposición de la utilización del trasporte institucional, será autorizado por la Coordinación General Administrativa Financiera, para el efecto el servidor comisionado deberá entregar por lo menos con un (1) día de anticipación, a la fecha de salida programada, una copia del formulario de «Solicitud de Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales».

En caso de que, por diversos motivos, no se realice el viaje, el servidor comisionado tiene la obligación de informar por escrito inmediatamente la suspensión del mismo, y entregar a la Dirección Financiera la papeleta original del depósito de los valores recibidos como anticipo de viáticos.

De tener pasajes aéreos no utilizados, el servidor deberá informar a la Coordinación General Administrativa Financiera, sobre la posterior utilización del mismo, sin embargo, si luego de transcurrido 3 meses de la emisión de pasaje aéreo, no se lo llegase a utilizar, la Dirección Administrativa solicitará el reembolso correspondiente a TAME E.P., siendo responsabilidad del servidor el pago de los valores por concepto de penalidad.

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Disposiciones Generales

Primera.- Normas supletorias.- En todo lo que no esté previsto en este reglamento, o en caso de duda sobre su aplicación, la Secretaría del Agua acogerá el contenido de las resoluciones emitidas por el Ministerio del Trabajo, el Código del Trabajo y demás normas, disposiciones dictadas para el sector público.

Segunda.- Queda deroga la Resolución Nro. 332, de 5 de septiembre de 2011, publicada en el Registro Oficial 585, de 28 de noviembre de 2011.

A partir de la presente fecha, quedan sin efecto las disposiciones emitidas anteriormente y que contrapongan lo establecido en este documento.

Tercera.- De la ejecución de la presente Resolución, encárguense a la Coordinación General Administrativa Financiera y sus Direcciones dentro del ámbito de sus competencias.

Disposición Final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 03 de agosto de 2018.

f.) Sr. Humberto Cholango, Secretario del Agua.

SENAGUA.-SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA.- Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Coordinación General Jurídica.- Quito, 03 de agosto de 2018.- Firma Autorizada.

No. SNPD-047-2018

Mgs. José Iván Agusto Briones

SECRETARIO NACIONAL DE

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Considerando:

Que, el numeral 5 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que son deberes primordiales del Estado: «(…) 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir»;

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, dispone que: «A las ministras y ministros

de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiere su gestión (…)»;

Que, en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: «El sector público comprende: 1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos»;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución «;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, coordinación, participación, planificación y evaluación «;

Que, el artículo 279 de la Constitución de la República del Ecuador, manda que: «£7 sistema nacional descentralizado de planificación participativa organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará. Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o Presidente de la República. Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley. Los consejos ciudadanos serán instancias de deliberación y generación de lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el desarrollo nacional»;

Que, el artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: «El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores «;

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Que, el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: «El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas (…) «;

Que, el numeral 3 del artículo 5 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que: «(…) Las entidades rectoras de la planificación del desarrollo y de las finanzas públicas, y todas las entidades que forman parte de los sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen el deber de coordinar acciones para el efectivo cumplimiento de sus fines (…)»;

Que, el artículo 10 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas indica que: «(…) La planificación nacional es responsabilidad y competencia del Gobierno Central, y se ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo (…)»;

Que, el artículo 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina que: «La definición de la política pública nacional le corresponde a la función ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias. Los ministerios, secretarías y consejos sectoriales de política, formularán y ejecutarán políticas y planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo»;

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que: «La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará los instructivos metodológicos para la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales»;

Que, el numeral 1 del artículo 24 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece como funciones de cumplimiento del Consejo Nacional de Planificación: «(…) 1- Dictar los lineamientos y políticas que orienten y consoliden el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, incorporando los principios de equidad, plurinacionalidad, interculturalidad y garantía de derechos (…)»;

Que, el artículo 26 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa será ejercida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo quien tendrá entre sus atribuciones: «(…) 1- Preparar una propuesta de Plan Nacional de Desarrollo para la consideración de la Presidenta o Presidente de la República, con la participación del gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados, las organizaciones sociales y comunitarias, el sector privado y la ciudadanía; 2. Preparar una propuesta de lineamientos y políticas que orienten el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa para conocimiento y aprobación del Consejo Nacional de Planificación; (…) 6. Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y sus instrumentos (…) «;

Que, el artículo 30 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina que: «La información para la planificación, tendrá carácter oficial y público, deberá generarse y administrarse en función de las necesidades establecidas en los instrumentos de planificación definidos en este código. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo establecerá los mecanismos, metodologías y procedimientos aplicables a la generación y administración de la información para la planificación, así como sus estándares de calidad y pertinencia. Adicionalmente, definirá el carácter de oficial de los datos relevantes para la planificación nacional, y definirá los lineamientos para la administración, levantamiento y procesamiento de la información, que serán aplicables para las entidades que conforman el sistema»;

Que, el artículo 31 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que: «La información para la construcción de las políticas públicas será de libre acceso, tanto para las personas naturales como para las jurídicas públicas y privadas, salvo en los casos que señale la Ley. Para el efecto, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo tendrá a su cargo el Sistema Nacional de Información»;

Que, el artículo 32 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina que: «El Sistema Estadístico y Geográfico Nacional será la fuente de información para el análisis económico, social, geográfico y ambiental, que sustente la construcción y evaluación de la planificación de la política pública en los diferentes niveles de gobierno. La información estadística y geográfica que cumpla con los procedimientos y normativa establecida por la Ley de la materia, tendrá el carácter de oficial (…)».

Que, el artículo 33 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina que: «El Sistema Nacional de Información constituye el conjunto organizado de elementos que permiten la interacción de actores con el objeto de acceder, recoger, almacenar y transformar datos en información relevante para la planificación del desarrollo y las finanzas públicas. Sus características, funciones, fuentes, derechos y responsabilidades asociadas a la provisión y uso de la información serán regulados por este código, su reglamento y las demás normas aplicables «;

Que, el artículo 34 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que: «El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativo para los demás sectores. El Plan Nacional de Desarrollo articula la acción pública de corto y mediano plazo con una visión de largo plazo, en el marco del Régimen de Desarrollo y del Régimen del Buen Vivir previstos en la Constitución de la República (…) «;

Que, el numeral 3 del artículo 36 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que: «El Plan Nacional de Desarrollo deberá integrar, por lo menos, los siguientes elementos: «(…) 3. Políticas de gobierno, estrategias, metas y sus indicadores de cumplimiento»;

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Que, el artículo 36.1 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que: «La Estrategia Territorial Nacional (ETN) es parte constitutiva del Plan Nacional de Desarrollo y sus determinaciones tendrán carácter vinculante y serán de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Descentralizados de Planificación Participativa (…)”;

Que, el numeral 5 del artículo 36.2 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina que: «La Estrategia Territorial Nacional tendrá como contenidos mínimos los siguientes: (…) 5. Metas e indicadores»;

Que, el artículo 39 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina que: «La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo coordinará los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Territorial Nacional en función de los procedimientos definidos en el reglamento de este Código. El informe anual de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo será presentado por la Presidenta o Presidente de la República a la Asamblea Nacional. En caso de requerirse correctivos o modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y a la Estrategia Territorial Nacional, la Presidenta o Presidente de la República pondrá a consideración del Consejo Nacional de Planificación dicha propuesta, que será conocida y aprobada en un plazo no mayor de diez días «;

Que, el artículo 40 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina que «El Consejo Nacional de Planificación aprobará los lineamientos y políticas que orientarán el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, los mismos que serán presentados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo al Consejo. Estos lineamientos y políticas serán de cumplimiento obligatorio para el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados e indicativos para las demás entidades del sector público y otros sectores»;

Que, el artículo 181 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone que: «Si los funcionarios o servidores públicos de las entidades y organismos del sector público no enviaren la información señalada en este código o en las normas técnicas y en conformidad con éstas, dentro de los plazos previstos en dichos instrumentos, se aplicará la sanción de hasta tres remuneraciones que percibe el funcionario o servidor responsable del envío «;

Que, el artículo 5 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone que: «La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en su calidad de ente rector de la planificación nacional y el ordenamiento territorial, y como ente estratégico del país, emitirá directrices y normas para la formulación, articulación, coordinación y coherencia de los instrumentos de planificación y de ordenamiento territorial, de manera que se asegure la coordinación de las intervenciones planificadas del Estado en el territorio, así como la verificación de la articulación entre los diferentes sectores y niveles de gobierno. Estos lineamientos y normas son de obligatorio cumplimiento para las entidades establecidas

en el artículo 4 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en las diferentes instancias de planificación «;

Que, el artículo 32 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que: «La gestión y producción de información para la Planificación deberá orientarse a proveer datos e información estadística y geográfica para los procesos de elaboración, seguimiento y evaluación de los instrumentos de política pública y del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.- Todas las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa levantarán, de manera permanente, un inventario de la información estadística y geográfica que generan. Este inventario será remitido anual y obligatoriamente al Sistema Nacional de Información y a las instituciones rectoras del sistema estadístico y geográfico, para luego ser consolidado en sus respectivos programas.- Todas las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa remitirán, de manera obligatoria, la información necesaria para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes de desarrollo locales y demás instrumentos del Sistema, a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, de conformidad con la norma técnica que emita para el efecto»;

Que, el artículo 33 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que: «Los mecanismos, metodologías y procedimientos para la publicación y difusión de la información serán definidos por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo a través de lineamientos técnicos, los mismos que serán adoptados por todas las entidades y organismos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa»;

Que, el artículo 34 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone que: «El Instituto Nacional de Estadística y Censos y la entidad rectora de la generación de información geográfica, en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, establecerán los lineamientos, procedimientos, metodologías y estándares para el levantamiento de los datos, así como los sistemas de certificación de calidad que deberán ser implementados previo a otorgar el carácter oficial de los datos e información.- Los datos con carácter oficial serán de uso obligatorio para todas las entidades del Sistema.- Todas las entidades y organismos del sector público que provean servicios públicos, deberán generar y mantener repositorios de información que contendrán datos sobre los servicios brindados, beneficiarios y beneficios entregados, así como cualquier otra información estadística que sea relevante para la Planificación. Estos datos e información deberán ser transferidos oportuna y obligatoriamente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para su uso, de conformidad con la norma técnica que emita para el efecto»;

Que, el artículo 39 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina que: «Toda la información que la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo califique de relevante, para la Planificación nacional, será integrada al Sistema Nacional

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de Información, con la participación obligatoria de todas las entidades y organismos del sector público, salvo la información calificada como reservada de acuerdo con el ordenamiento jurídico «;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 1372, publicado en el Registro Oficial No. 278 de 20 de febrero de 2004, se creó la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo como el organismo técnico responsable del diseño, implementación, integración y dirección del Sistema Nacional de Planificación, en todos sus niveles;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 416 de 16 de mayo de 2018, se designó al Mgs. José Iván Agusto Briones, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo;

Que, el artículo 1 de la Resolución No. 001-2018-CNP, de 8 mayo de 2018, el Consejo Nacional de Planificación, en el Punto 2 del orden del día denominado: «Aprobación y actualización de metas solicitadas por las entidades responsables de su cumplimiento», se determina lo siguiente: «Disponer a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que un plazo de hasta 30 días, contados a partir de la expedición de la presente resolución, desarrolle y emita la normativa que instrumente el flujo de modificación de metas del Plan Nacional de Desarrollo»;

Que, el literal s) del acápite 1.1.1.1. «Direccionamiento Estratégico», del Punto 1 «Nivel de Gestión Central», del artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Senplades, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 755, de 11 de noviembre de 2016, establece como atribución del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo: «(…) s) Suscribir y aprobar todo acto administrativo, normativo y metodológico relacionado con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo -SENPLADES (…)»; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 5, 33, 34, 35 y 39 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; artículo 1 de la Resolución No. 001-2018-CNP, de 8 mayo de 2018 del Consejo Nacional de Planificación; y, Decreto Ejecutivo No. 416, de 16 de mayo de 2018,

Acuerda:

EXPEDIR LA NORMA TÉCNICA PARA

LA MODIFICACIÓN, ELIMINACIÓN O

INCORPORACIÓN DE METAS AL PLAN

NACIONAL DE DESARROLLO Y/O A LA

ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL

Art. 1.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Norma Técnica tienen por objeto regular los procedimientos sistemáticos a los que deberán acogerse las instituciones rectoras de las políticas públicas, los consejos sectoriales, y otras entidades de la Función Ejecutiva y demás funciones del Estado, que son responsables del cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, en adelante PND y/o la Estrategia Territorial Nacional, en adelante ETN, en los casos que consideren necesario proponer modificaciones, incorporar o eliminar metas.

Estas consideraciones permitirán precisar las responsabilidades institucionales, en los espacios definidos, desde el momento de la presentación hasta la aprobación de la solicitud relacionada a la modificación, incorporación o eliminación de metas en el Plan Nacional de Desarrollo y/o en la Estrategia Territorial Nacional. Finalmente, facilitará la toma de decisiones del Consejo Nacional de Planificación.

Art. 2.- Alcance.- La presente norma rige para todas las entidades que forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y aquellas responsables del cumplimiento de las metas del PND y/o de la ETN.

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en su calidad de Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa velará y exigirá el cumplimiento de la presente Norma Técnica.

Art. 3.- Responsabilidad.- Las entidades que tengan a su cargo la revisión y análisis de la información referente al cumplimiento de las metas del PND y/o de la ETN, serán las responsables de la integridad, protección y control de la información y de los informes técnicos presentados. Dichas entidades responderán por la veracidad y autenticidad de dicha información.

La información remitida por las entidades deberá ser generada a partir de las directrices, guías técnicas, lineamientos técnicos o metodologías dispuestas por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y el(los) ente(s) rector(es) del ámbito estadístico y geográfico. Los resultados obtenidos posteriores a su aprobación en las distintas instancias establecidas, serán considerados como información oficial.

Todos los requerimientos y solicitudes remitidos por las instituciones rectoras de las políticas públicas, los consejos sectoriales, y otras entidades deben ser avalados con la firma expresa de la máxima autoridad de la institución, caso contrario, en las distintas instancias de homologación o aprobación de la información no se receptará el pedido y se procederá a devolver la solicitud emitida por las instituciones.

Art. 4.- Glosario de términos.- Con el objeto de mantener una idea precisa de las definiciones incorporadas en la presente normativa se definen los siguientes términos:

a) Consejos Sectoriales.- De conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 439 de 15 de junio de 2018 que en su artículo 2 y 4, se indica que son instancias de obligatoria convocatoria institucional, destinados a la revisión, articulación, coordinación, armonización y aprobación de la política ministerial e interministerial dentro de su sector y con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. Cada Consejo Sectorial estará articulado por un funcionario con rango de Ministro, designados por el Presidente de la República para el área correspondiente. En caso de ausencia temporal, el Consejo Sectorial designará un reemplazo de entre sus miembros plenos.

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Estrategia Territorial Nacional.- De conformidad a lo establecido en el artículo 36.1 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, es la expresión de la política pública nacional en el territorio y es un instrumento de ordenamiento territorial a escala nacional, que comprende los criterios, directrices y guías de actuación sobre el ordenamiento del territorio, sus recursos naturales, sus grandes infraestructuras, los asentamientos humanos, las actividades económicas, los grandes equipamientos y la protección del patrimonio natural y cultural, sobre la base de los objetivos y políticas nacionales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Ficha metodológica de indicadores.- Es un instrumento pedagógico y técnico, que permite recopilar información específica para solventar la construcción y réplica de los indicadores incorporados en los distintos instrumentos de planificación. La principal característica de este instrumento es que proporciona información resumida y concreta de la manera de cómo se define, estima, analiza e interpreta un indicador. Exclusivamente para los casos relacionados al Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Territorial Nacional, la homologación de las fichas metodológicas debe contar con la aprobación de la Comisión Especial de Estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos y la firma de los delegados institucionales, caso contrario el documento que se presente será considerado como una propuesta metodológica del indicador.

Informe de factibilidad- Documento que involucra el establecimiento de cronogramas de trabajo, para la ejecución de acciones y el fortalecimiento o creación de las fuentes de información producidas por las entidades del Sistema Estadístico Nacional, con la finalidad de generar indicadores que sustenten las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo y/o en la Estrategia Territorial Nacional.
Informe técnico.- Documento que sustenta la modificación, eliminación o incorporación de metas al PND o a la ETN, en el cual se describen las motivaciones técnicas que dieron origen a la solicitud de modificación, eliminación o incorporación de metas en el Plan Nacional de Desarrollo y/o en la Estrategia Territorial Nacional.
Meta.- Se define como la expresión concreta y cuantificable de lo que se busca alcanzar en un período definido, éstas pueden ser de impacto, efecto o producto. A través de este proceso se establecen compromisos visibles y verificables de la intervención de política pública. Complementariamente se define como meta enunciativa, aquella expresión que no incorpora los valores ni la temporalidad para hacer efectivo su cumplimiento, seguimiento y evaluación en el periodo de implementación del Plan Nacional de Desarrollo y/o de la Estrategia Territorial Nacional.
Nota técnica de justificación de meta.- Es un instrumento informativo y justificativo que permite complementar y ampliar la información de la ficha

metodológica del indicador, enfocándose en datos que permitan dar un eficaz seguimiento al indicador de la meta, como son: alcance, responsable de cumplimiento, detalle de los determinantes, línea base, meta anualizada del cumplimiento del indicador, fuentes de información, detalle de las políticas públicas sectoriales e intersectoriales, programas, proyectos o intervenciones asociadas al cumplimiento de las metas. Este documento debe ser aprobado y firmado por la máxima autoridad de la institución responsable del cumplimiento de la meta.

Art. 5.- Procesos y acciones para la modificación, eliminación o incorporación de Metas al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y/o a la Estrategia Territorial Nacional (ETN).

En términos generales, las entidades se deberán ceñir a los siguientes procedimientos para solicitar la modificación, eliminación o incorporación de las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y/o de la Estrategia Territorial Nacional (ETN):

5.1. Para la modificación de metas:

Entiéndase por modificación de metas al cambio en los enunciados de las metas del PND y/o de la ETN, aprobados por el Consejo Nacional de Planificación. Estas modificaciones pudieran deberse a ajustes en los valores de la línea base o en la proyección de meta dispuesta, que altere el enunciado de la meta aprobada, misma que será solicitada por las entidades responsables del cumplimiento de la meta, donde se deberá cumplir con el siguiente procedimiento:

El ministerio sectorial y/o la entidad responsable de cumplimiento de la meta del PND y/o de la ETN realizará un análisis puntual de la meta, previo a su solicitud, donde además de identificar cuál es el procedimiento a seguir según los casos expuestos, preparará la nueva propuesta de modificación de la meta con la siguiente información detallada: el enunciado y pertinencia de la meta, la línea base y los valores a alcanzar al final de la vigencia del PND y/o de la ETN. Se sustentará esta propuesta con la identificación del indicador o indicadores asociados a la meta, la elaboración de la nota técnica de justificación de la meta, la propuesta de ficha metodológica del indicador, la construcción de los valores para metas enunciativas o serie histórica del indicador.
El ministerio sectorial y/o la entidad responsable del cumplimiento de la meta del PND y/o de la ETN remitirá la documentación de respaldo —propuesta de ficha metodológica; valor del indicador; y la serie histórica, en el caso de la existencia de la misma—, y solicitará al INEC la apertura de la mesa temática para el análisis y la homologación del indicador o indicadores asociados que den cuenta de la meta.
El INEC analizará el pedido de solicitud y convocará a las delegaciones de las comisiones especiales creadas para el efecto, con la finalidad de analizar y homologar

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el indicador o los indicadores propuestos. Mediante informe oficial, comunicará a la entidad requirente la respuesta con la homologación y los valores correspondientes de la solicitud realizada. Este informe deberá ser enviado por el INEC a la Senplades para su conocimiento, en un plazo máximo de 15 días a partir de la solicitud de la entidad requirente.

4. La entidad requirente enviará al Consejo Sectorial respectivo la solicitud con los siguientes requisitos:

i. Informe técnico de justificación de motivos que propiciaron el cambio de los valores de la meta originalmente planteados, o la cuantificación de metas enunciativas;

ii. Notas técnicas de las metas firmadas por las máximas autoridades institucionales;

iii. Informe de homologación por parte del INEC, y los insumos aprobados: ficha metodológica; valores del indicador y serie histórica. La información debe incorporar la firma respectiva de los delegados institucionales ante la mesa técnica del INEC.

En el caso de las entidades que no forman parte de un Consejo Sectorial, éstas solicitarán el análisis de pertinencia a la modificación de metas al Secretario del Consejo Nacional de Planificación, incorporando los requisitos establecidos anteriormente.

Este proceso debe realizarse en un plazo máximo de 15 días desde que el ministerio sectorial o la entidad requirente recibe el informe técnico del INEC.

El Consejo Sectorial analizará la pertinencia de la solicitud, aprobará y remitirá el pedido de modificación de metas con todos los insumos requeridos al Secretario del Consejo Nacional de Planificación para el análisis pertinente, en un plazo no mayor a 10 días.
El Consejo Nacional de Planificación, a través de su Secretaría, recibirá el requerimiento acompañado del informe técnico respectivo; solicitará el análisis de la información y las recomendaciones respectivas a la unidad encargada del Seguimiento y Evaluación de la Senplades, misma que requerirá informes técnicos y el acompañamiento correspondiente a las distintas unidades para el análisis de la información, de ser el caso. Adicionalmente, en el caso de ser necesario, se faculta a la Senplades realizar consultas directas con la institución requirente, orientadas a solventar inquietudes relacionadas con el proceso o complementar con información adicional.
La Senplades recibirá el pedido de solicitud gestionado por el Consejo Sectorial o la entidad requirente (en caso de que no pertenezca a un Consejo Sectorial) a través del Consejo Nacional de Planificación. Una vez analizado el pedido, preparará la respuesta y remitirá el informe técnico, con el análisis correspondiente en un plazo de hasta 20 días, a través del cual recomendará:

a. Aprobar la solicitud de modificación de meta, emitiendo un informe al Consejo Nacional de Planificación para su consideración.

b. Negar la solicitud de modificación, poniendo en conocimiento de esta decisión al Consejo Nacional de Planificación.

8. El Consejo Nacional de Planificación, a partir de las recomendaciones establecidas por la Senplades, emitirá un pronunciamiento mediante resolución, y solicitará la publicación en el Registro Oficial; o, en su defecto, los miembros del Consejo Nacional de Planificación negarán la modificación de las metas por inconsistencias con las políticas de Estado o porque vayan en contra de la Constitución y las Leyes vigentes del país.

En el caso que la modificación sea solicitada para resolver imprecisiones en el cálculo del indicador e implique una mejora en la ficha metodológica, se debe considerar todo el procedimiento explícito en el texto.

Para los casos en que la modificación de las metas se relacione con particularidades como:

i. La no alineación o correspondencia del indicador con las metas planteadas;

ii. Las actualizaciones de la información estadística previstas en el proceso de homologación del indicador y por lo tanto en la línea base;

iii. Nuevas aplicaciones metodológicas utilizadas para la obtención de la proyección de las metas;

iv. Errores en la digitación de los valores de las metas planteados; e,

v. Imprecisiones en el nombre o enunciado de la meta.

El procedimiento a aplicar con estas particularidades iniciará desde el numeral cuatro (4), según las recomendaciones previstas en el procedimiento general de modificación de metas. En ningún caso, se tramitará modificación de metas relacionadas por avance de cumplimiento menor a lo esperado.

La Senplades receptará solicitudes de modificación de metas únicamente en el período comprendido entre el 1 de junio hasta el 10 de noviembre de cada año.

5.2. Para la eliminación de metas:

La eliminación de metas se refiere a la exclusión o unificación de las metas del PND y/o de la ETN. Para que una institución solicite la eliminación de la meta, deberá estar inmersa en una de las siguientes causales:

i. Cuando a pesar de disponer del instrumento de recolección, ya no se generan la o las variables relevantes para el cálculo del indicador relacionado a la meta; o en su defecto, que ya no sea posible la reconstrucción de estas variables en los instrumentos de recolección de información;

36 – Miércoles 12 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 325

ii. Cuando varias metas se encuentren relacionadas en su definición y por lo tanto, se opte por simplificar el número de metas en el PND y/o en la ETN;

iii. Cuando las metas originalmente planteadas por las entidades están relacionadas con un marco legal sin vigencia;

iv. Cuando se genera una inconsistencia entre las metas sectoriales y por objetivo;

v. Cuando, en caso excepcional, no se cuente con un instrumento de recolección de información o medición para monitorear el indicador y la meta que se planteó originalmente.

Para que una institución solicite la eliminación de las metas, debe cumplir con el siguiente procedimiento y requisitos:

El ministerio sectorial y/o la entidad responsable del cumplimiento de la meta del PND y/o de la ETN, preparará la justificación técnica correspondiente y realizará esta petición al Consejo Sectorial respectivo.
El Consejo Sectorial analizará la pertinencia de la solicitud de eliminación de metas, con base en la siguiente información: informe técnico validado con la firma de la máxima autoridad de la institución requirente, que incluya los sustentos correspondientes. El Consejo Sectorial determinará la pertinencia de esta solicitud y según sea el caso remitirá el pedido de eliminación al Secretario del Consejo Nacional de Planificación, en un plazo máximo de hasta 20 días.
El Consejo Nacional de Planificación, a través de su Secretaría, recibirá el requerimiento acompañado del informe técnico respectivo; solicitará el análisis de la información y las recomendaciones respectivas a la unidad encargada del Seguimiento y Evaluación de la Senplades, misma que requerirá informes técnicos y el acompañamiento correspondiente a las distintas unidades para el análisis de la información, de ser el caso. Adicionalmente, en el caso de ser necesario, se faculta a la Senplades realizar consultas directas con la institución requirente, orientadas a solventar inquietudes relacionadas con el proceso o complementar con información adicional.
La Senplades recibirá el pedido de solicitud gestionado por el Consejo Sectorial o la entidad requirente (en caso de que no pertenezca a un Consejo Sectorial) a través del Consejo Nacional de Planificación. Una vez analizado el pedido, preparará la respuesta y remitirá el informe técnico, con el análisis correspondiente en un plazo de hasta 30 días, a través del cual recomendará:

a. Aprobar la solicitud de eliminación de meta, emitiendo un informe al Consejo Nacional de Planificación para su consideración.

b. Negar la solicitud de eliminación, poniendo en conocimiento de esta decisión al Consejo Nacional de Planificación.

Cuando las entidades requirentes no formen parte del Consejo Sectorial, solicitarán directamente el pedido de análisis para la eliminación de metas al Secretario del Consejo Nacional de Planificación, incorporando los requisitos y justificaciones técnicas establecidas.

El Consejo Nacional de Planificación, a partir de las recomendaciones establecidas por la Senplades, emitirá un pronunciamiento favorable mediante resolución, y solicitará su publicación en el Registro Oficial; o, en su defecto, los miembros del Consejo Nacional de Planificación, negarán la eliminación de las metas.

La Senplades receptará solicitudes de eliminación de metas únicamente en el período comprendido entre el 1 de junio hasta el 10 de noviembre de cada año.

5.3. Para la incorporación de nuevas metas:

Defínase por incorporación de metas al ingreso de nuevas metas al Plan Nacional de Desarrollo y/o a la Estrategia Territorial Nacional, solicitadas por el ministerio sectorial y/o la entidad responsables de su cumplimiento.

La incorporación de metas está relacionada con los casos especiales requeridos por el Consejo Nacional de Planificación con disponibilidad de nueva información.

Para que una institución solicite la incorporación de metas, debe cumplir con el siguiente procedimiento y requisitos:

El ministerio sectorial y/o la entidad requirente preparará la documentación de respaldo —ficha metodológica; valor del indicador; y la serie histórica, en el caso de la existencia de la misma—, y solicitará al INEC la apertura de la mesa temática para el análisis y homologación del indicador o indicadores asociados que den cuenta de la meta a ser incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo y/o en la Estrategia Territorial Nacional.
El INEC analizará el pedido y convocará a las delegaciones de las Comisiones Especiales creadas para el efecto, con la finalidad de analizar y homologar el indicador o los indicadores propuestos. Mediante informe oficial comunicará a la entidad requirente la respuesta con la homologación y los valores correspondientes de la solicitud realizada. Este informe deberá ser enviado por el INEC a la Senplades para su conocimiento, en un plazo máximo de 15 días a partir de la solicitud de la entidad requirente.
La entidad requirente enviará al Consejo Sectorial respectivo la solicitud con los siguientes requisitos:

i. Informe técnico de justificación relacionado a los motivos que propiciaron la incorporación de las metas al Plan Nacional de Desarrollo y/o a la Estrategia Territorial Nacional;

ii. Nota Técnica de justificación de metas, firmadas por las máximas autoridades institucionales;

Registro Oficial N° 325 – Miércoles 12 de septiembre de 2018 – 37

En el caso de las entidades que no forman parte de un Consejo Sectorial, solicitarán el análisis de pertinencia a la incorporación de metas al Secretario del Consejo Nacional de Planificación, adjuntando los requisitos establecidos anteriormente.

Este proceso debe realizarse en un plazo máximo de 15 días desde que el ministerio sectorial o la entidad requirente recibe el informe técnico del INEC.

El Consejo Sectorial analizará la pertinencia de la solicitud, aprobará y remitirá el pedido de incorporación de metas con todos los insumos requeridos, al Secretario del Consejo Nacional de Planificación para el análisis pertinente, en un plazo no mayor a 10 días.
El Consejo Nacional de Planificación, a través de su Secretaría, recibirá el requerimiento acompañado del informe técnico respectivo; solicitará el análisis de la información y las recomendaciones respectivas a la unidad encargada del Seguimiento y Evaluación de la Senplades, misma que requerirá informes técnicos y el acompañamiento correspondiente a las distintas unidades para el análisis de la información, de ser el caso. Adicionalmente, en caso de ser necesario, se faculta a la Senplades realizar consultas directas con la institución requirente orientada a solventar inquietudes relacionadas con el proceso o complementar con información adicional.
La Senplades recibirá el pedido gestionado por el Consejo Sectorial o la entidad requirente (en caso de que no pertenezca a un Consejo Sectorial) a través del Consejo Nacional de Planificación. Una vez analizado el pedido, preparará la respuesta y remitirá el informe técnico con el análisis correspondiente en un plazo de hasta 20 días, a través del cual recomendará:

a. Aprobar la solicitud de incorporación de meta, emitiendo un informe al Consejo Nacional de Planificación para su consideración.

b. Negar la solicitud de incorporación, poniendo en conocimiento de esta decisión al Consejo Nacional de Planificación.

7. El Consejo Nacional de Planificación, a partir de las recomendaciones establecidas por la Senplades, emitirá un pronunciamiento mediante resolución, y solicitará la publicación en el Registro Oficial; o, en su defecto, los miembros del Consejo Nacional de Planificación negarán la incorporación de metas al Plan Nacional de Desarrollo o a la Estrategia Territorial Nacional.

La Senplades receptará solicitudes de incorporación de metas únicamente en el período comprendido entre el 1 de junio hasta el 10 de noviembre de cada año.

5.4. Para el cambio de responsable:

El cambio de responsable de metas se refiere al cambio de responsables de cumplimiento de meta. Para solicitar el cambio de responsable de meta, la entidad deberá demostrar que las atribuciones y competencias institucionales no tienen relación con las metas y las acciones para su cumplimiento.

Para que una institución solicite el cambio de responsable, debe cumplir con el siguiente procedimiento y requisitos:

El ministerio sectorial y/o la entidad responsable del cumplimiento de la meta del PND y/o de la ETN, preparará la justificación técnica correspondiente y realizará esta petición al Consejo Sectorial respectivo.
El Consejo Sectorial analizará la pertinencia de la solicitud de cambio de responsable, con base en la siguiente información: informe técnico validado con la firma de la máxima autoridad de la institución requirente, que incluya los sustentos correspondientes. El Consejo Sectorial determinará la pertinencia de esta solicitud y según sea el caso remitirá el pedido de cambio al Secretario del Consejo Nacional de Planificación, en un plazo máximo de hasta 10 días.
El Consejo Nacional de Planificación, a través de su Secretaría, recibirá el requerimiento acompañado del informe técnico respectivo; solicitará el análisis de la información y las recomendaciones respectivas a la unidad encargada del Seguimiento y Evaluación de la Senplades, misma que requerirá informes técnicos y el acompañamiento correspondiente a las distintas unidades para el análisis de la información, de ser el caso. Adicionalmente, en caso de ser necesario, se faculta a la Senplades realizar consultas directas con la institución requirente, orientadas a solventar inquietudes relacionadas con el proceso o complementar con información adicional.
La Senplades recibirá el pedido de solicitud gestionado por el Consejo Sectorial o la entidad requirente a través del Consejo Nacional de Planificación. Una vez analizado el pedido, preparará la respuesta y remitirá el informe técnico con el análisis correspondiente en un plazo de hasta 20 días, a través del cual recomendará:

a. Aprobar la solicitud de cambio de responsable de la meta, emitiendo un informe al Consejo Nacional de Planificación para su consideración.

b. Negar la solicitud de cambio de responsable de la meta, poniendo en conocimiento de esta decisión al Consejo Nacional de Planificación.

Cuando las entidades requirentes no formen parte del Consejo Sectorial, solicitarán directamente el pedido de análisis para el cambio de responsable de metas al Secretario del Consejo Nacional de Planificación, incorporando los requisitos y justificaciones técnicas establecidas.

5. El Consejo Nacional de Planificación, a partir de las

38 – Miércoles 12 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 325

recomendaciones establecidas por la Senplades, emitirá un pronunciamiento mediante resolución, y solicitará la publicación en el Registro Oficial; o, en su defecto, los miembros del Consejo Nacional de Planificación negarán la solicitud de cambio de responsable de las metas porque vayan en contra de la Constitución y las Leyes vigentes del país.

La Senplades receptará solicitudes de cambio de responsables de metas únicamente en el período comprendido entre el 1 de junio hasta el 10 de noviembre de cada año.

Art. 6. Del incumplimiento.- El incumplimiento a las disposiciones emitidas en esta Norma Técnica será sancionado de conformidad a lo señalado en los artículos 180 y 181 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA.- Los valores a presentarse tanto para las proyecciones de las metas, valor de la línea base y series históricas del indicador, serán reportados con dos (2) decimales en concordancia a la naturaleza del indicador analizado; en todos los casos que aplique se remitirá el numerador y el denominador correspondiente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Las instituciones responsables de las metas enunciativas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo y/o en la Estrategia Territorial Nacional que cuenten con información, línea base e indicadores homologados, en el plazo de 60 días contados a partir de la expedición de la presente Norma, presentarán a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el valor numérico de las metas al 2021, con las respectivas anualizaciones, según el informe remitido por la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, donde se cite el total de metas por objetivos que cumplen con esta instancia, acogiéndose a los procedimientos descritos en la presente normativa.

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Planificación, una vez revisados los insumos para el seguimiento y evaluación del PND y/o de la ETN, podrá presentar una propuesta de ajuste en el enunciado de las metas que no altere su esencia, concepción, enfoque, línea base, anualizaciones y meta aprobada.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- Encárguese al/la Coordinador/a General Jurídico/a, o quien haga sus veces, notifique con el contenido de este Acuerdo, a la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación, para su oportuna ejecución.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

CÚMPLASE Y COMUNÍQUESE.

DADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A 30 DE JULIO DE 2018.

f.) Mgs. José Iván Agusto Briones, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo.

No. SNPD-048-2018

Mgs. José Iván Agusto Briones

SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

Y DESARROLLO

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República dispone que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiere su gestión (…)»;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República dicta que: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (…)»;

Que, el artículo 227 de la misma Norma Suprema establece que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el numeral 4 del artículo 27 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina como atribución del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo: «(…) 4. Delegar por escrito las facultades que estime conveniente. Los actos administrativos ejecutados por las o los funcionarios, servidores o representantes especiales o permanentes delegados, para el efecto, por el Secretario Nacional tendrán la misma fuerza y efecto que si los hubiere hecho el titular o la titular de dicha Secretaria y la responsabilidad corresponderá al funcionario delegado «;

Que, el artículo 54 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva manda que: «(…) La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, cuyo efecto será el traslado de la competencia al órgano desconcentrado. La desconcentración se hará por Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial»;

Que, el artículo 55 del referido Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece

Registro Oficial N° 325 – Miércoles 12 de septiembre de 2018 – 39

que: «Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto (…)»;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 416 de 16 de mayo de 2018, se designó al Mgs. José Iván Agusto Briones, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo;

Que, el literal r) del acápite 1.1.1.1. «Direccionamiento Estratégico», del Punto 1 «Nivel de Gestión Central», del artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Senplades, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 755, de 11 de noviembre de 2016, establece como atribución del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo: «(…) r) Delegar facultades y atribuciones dentro de la estructura jerárquica institucional, cuando considere necesario (…)»;

Que, el literal b) del artículo 5 del Acuerdo No. SNPD-019-2018, de 06 de marzo de 2018, dispone lo siguiente: «Designar a los siguientes servidores de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para que, a nombre y en representación de esta Cartera de Estado, actúen como delegados permanentes, principales y alternos, según corresponda, ante los Directorios que se detallan a continuación: (…) b) Directorio de BANECUADOR B.P: Delegado Permanente Principal: Diana Julieta Arias Urvina, Asesora de Despacho; Delegado Permanente Alterno: Subsecretario/a de Inversión Pública, o quien haga sus veces»; y,

En ejercicio de las atribuciones y facultades que le confieren el numeral 4 del artículo 27 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y, el Decreto Ejecutivo No. 416, de 16 de mayo de 2018,

Acuerda:

Art. 1.- Sustituir el literal b) del artículo 5 del Acuerdo No. SNPD-019-2018, de 06 de marzo de 2018, por lo siguiente:

«b) Directorio de BANECUADOR B.P: Delegado Permanente Principal: Diana Julieta Arias Urvina; Delegado Permanente Alterno: Coordinador/a General Jurídico, o quien haga sus veces»;

Art. 2.- Los/as delegados/as deberán informar de forma permanente al Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, de forma sucinta, respecto de las reuniones en las que participen en ejercicio de esta delegación, indicando los temas tratados y las resoluciones tomadas o a tomarse, de generarse un incumplimiento a lo dispuesto en esta delegación, se procederá de conformidad a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Servicio Público.

Art. 3.- Sin perjuicio de la delegación conferida por el presente acuerdo, el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, mediante comunicación escrita, podrá designar otro servidor para que asista a las reuniones del cuerpo colegiado constante en el presente acuerdo.

Art. 4.- Los/as delegados/as serán responsables de los actos y resoluciones cumplidos en el ejercicio de esta delegación, debiendo velar que los mismos se realicen en estricto cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas; así como, responder por sus actuaciones ante los organismos de control.

Art. 5.- Los/as delegados/as deberán cumplir de forma obligatoria con las directrices establecidas en el Acuerdo No. SNPD-067-2015, de 21 de agosto de 2015, por el cual, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, expidió el: «Instructivo para la Participación de los Delegados de la Senplades en Directorios y Cuerpos Colegiados», dejándose expresa constancia que el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, como titular de esta Cartera de Estado, podrá actuar en el cuerpo colegiado objeto de esta delegación, en cualquier momento conforme sea su criterio.

Art. 6.- Encárguese al/la Coordinador/a General Jurídico/a, o quien haga sus veces, notifique con el contenido de este Acuerdo, al Presidente del Directorio de BANECUADOR; así como, a los/as servidores/as delegados/as constantes en el presente instrumento, para su oportuna ejecución.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

CÚMPLASE Y COMUNÍQUESE.

DADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A 30 de julio de 2018.

f.) Mgs. José Iván Agusto Briones, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTÓN PICHINCHA

Considerando:

Que, el Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica;

Que, el Artículo 264. 2 de la Constitución de la República, establece la competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales para ejercer el control del uso y ocupación del suelo;

40 – Miércoles 12 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 325

Que, los derechos del buen vivir, constantes en la Constitución de la República del Ecuador, están: agua, alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social;

Que, el Artículo 7 del COOTAD establece la facultad normativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales para el pleno ejercicio de sus competencias y funciones, con la capacidad para dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial;

Que, el Artículo 34 literales a) y c) del COOTAD señala entre las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal establecen: el promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal y establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico;

Que, el literal o) del Artículo 54 del COOTAD, que dentro de las funciones del gobierno autónomo municipal dispone: Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres;

Que, el Artículo 55 literal b) del COOTAD entre las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal establece: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

Que, el Art. 1 de la Ley de Propiedad Horizontal establece.-Los diversos pisos de un edificio, los departamentos o locales en los que se divida cada piso, así como los departamentos o locales de las casas de un sólo piso, cuando sean independientes y tengan salida a la vía pública directamente o por un pasaje común, podrán pertenecer a distintos propietarios.

Que, el Artículo 5 del Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal manifiesta: que se reputan bienes comunes y de dominio inalienable indivisible para cada uno de los copropietarios del inmueble, los necesarios para la existencia, seguridad y conservación del conjunto de vivienda o del centro comercial constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal;

Que, el Artículo 19 de la Ley de Propiedad Horizontal dispone que corresponde a las municipalidades determinar los requisitos y aprobar los planos a que deben sujetarse las edificaciones a las cuales se refiere dicha Ley;

Que, es indispensable contar con un instrumento para el control de edificaciones que alberguen más de dos unidades de vivienda, oficinas, comercios u otros bienes que de acuerdo a la Ley de Propiedad Horizontal sean indispensables y puedan ser enajenadas individualmente;

Expide:

«LA ORDENANZA QUE REGULA LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL»

Capítulo I

DE LAS EDIFICACIONES SUJETAS AL RÉGIMEN

DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Art. 1.- Alcance de la Ordenanza.- La presente Sección regula el régimen de edificaciones en propiedad horizontal, en los términos determinados por el Art. 1 de la Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento. En los aspectos no previstos por la presente Reglamentación, se aplicará lo determinado en dichas normas.

Art. 2.- Objeto.- Pueden someterse al régimen de propiedad horizontal las edificaciones que alberguen dos o más unidades de vivienda, oficinas, comercios, u otros bienes que, de acuerdo a la Ley de Propiedad Horizontal sean independientes y puedan ser enajenadas individualmente.

Art. 3.- Factibilidad.- La Dirección de Planificación Territorial emitirá un informe de factibilidad para la aprobación de los proyectos a ejecutarse bajo el régimen de propiedad horizontal, considerando donde se permita construir de conformidad a la ordenanza de regulación y ordenamiento urbano del cantón Pichincha, así como, cobertura o factibilidad de servicios básicos y otros que permitan evaluar el entorno en función de dar cumplimiento al artículo 54 literales a) y c) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.

Art. 4.- Sujeción a la normatividad técnica vigente.-Las edificaciones que se constituyan bajo el régimen de propiedad horizontal se sujetarán a las regulaciones de la Dirección de Planificación Territorial sobre uso y ocupación del suelo de acuerdo a las regulaciones y consideraciones dispuestas en la Ordenanza de Regulación y Ordenamiento Urbano.

Art. 4.1.- Las edificaciones y conjuntos habitacionales en sus diferentes categorías, en las que exista propiedad común del terreno, deberán cumplir con lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, su Reglamento General, el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, el COOTAD, Ordenanza de Regulación y Ordenamiento Urbano.

Art. 4.2.- Están incluidos, dentro de esta Ordenanza, los diversos pisos de un edificio en altura, los departamentos o locales en los que se divide cada uno de ellos, los departamentos de las casas de una sola planta que albergan dos o más unidades, son aptas para dividirse o enajenarse separadamente.

Art. 4.3.- Los programas habitacionales que se tramitaren bajo la Ley de Propiedad Horizontal serán de tres categorías:

a) Conjunto habitacional de viviendas unifamiliares en desarrollo horizontal.

b) Conjunto habitacional de viviendas multifamiliares en desarrollo vertical (dos pisos o más)

c) Conjuntos habitacionales mixtos en desarrollo horizontal y vertical.

Capitulo II

NORMAS TÉCNICAS

Art. 5.- Normas.- Las edificaciones y conjuntos habitacionales sujetos al Régimen de Propiedad Horizontal deberán acogerse, adicionalmente, a las siguientes normas:

Registro Oficial N° 325 – Miércoles 12 de septiembre de 2018 – 41

Las edificaciones que se sometan al Régimen de Propiedad Horizontal, deberán obtener de parte de los organismos competentes la aprobación de Instalaciones y redes de agua potable, energía eléctrica, telefonía y sistemas de prevención de incendios, que según sus características le sean exigibles, previo a la presentación de la correspondiente solicitud de aprobación a la Municipalidad, de conformidad a la Ordenanza de Regulación y Ordenamiento Urbano.
Para el aprovisionamiento de agua potable, cada unidad tendrá un medidor propio, ubicado en un lugar fácilmente accesible para su revisión. Para uso común, tendrán un medidor independiente.

Las instalaciones de evacuación de aguas servidas de cada unidad se diseñarán de tal manera que se conecten en forma independiente con el colector general del edificio, el que desaguará en la red de alcantarillado sanitario, sin comprometer áreas de espacios habitables.
En el sistema eléctrico, cada unidad contará con medidor propio. Para las áreas de uso común, se dispondrá de instalaciones y medidores independientes.

Art. 6.- Áreas Comunes.- Las áreas comunes de las edificaciones y de los programas habitacionales sujetas al régimen de propiedad horizontal se clasifican en:

Áreas de circulación vehicular y peatonal.
Áreas comunes no construidas, jardines, áreas verdes, retiros, etc.; y.
Áreas comunes construidas que contienen locales para diferentes usos como:

a. Espacios para instalaciones de equipos eléctricos, hidroneumáticos, climatización, ascensores, vestidores, saunas, entre otros servicios varios.

b. Espacio para portería y habitación de personal de guardia.

c. Espacio para reunión de los propietarios y/o para uso de la administración.

Art. 7.- Las áreas verdes citadas en el numeral 2 del Art. 6 consideradas como áreas comunes serán determinadas según lo descrito en el inciso cuarto del Artículo 424 del COOTAD «Los proyectos habitacionales realizados en función de la Ley de Propiedad Horizontal deberán aplicar los porcentajes de área verde y comunales indicados en este artículo».

Además de las Ordenanzas municipales vigentes para su regulación.

Art. 8.- Normas de Diseño.- Las áreas indicadas en el Art. 6, excepto los literales b y c, se construirán cumpliendo las normas de diseño determinadas por la Dirección de Planificación Territorial y la Ordenanza de Regulación y Ordenamiento Urbano. Los espacios indicados en el literal b no serán inferiores a Dieciocho metros cuadrados (18 m2), y se exigirán cuando la edificación sometida al Régimen de Propiedad Horizontal contenga veinte (20) o más unidades destinadas a vivienda o locales.

El espacio destinado en el literal c será exigible a partir de diez unidades (10 u) de vivienda, locales comerciales, oficinas, etc.; deberá contar con una superficie mínima de treinta metros cuadrados (30 m2) e incluir una unidad sanitaria. De exceder el número de unidades se debe contemplar un incremento en la superficie, a razón de un metro cuadrado (1 m2) por cada unidad adicional.

Art. 9.- Entrepisos y mezanines.- En los edificios sujetos al Régimen de Propiedad horizontal el entrepiso ubicado sobre la planta baja, comunicado o adscrito a ésta, y definido como mezanine, o cualquier otro entrepiso, no podrá ser considerado como local independiente, por lo que, los propietarios de estos locales no podrán traspasar el dominio de éstos, ni sujetarlos a gravámenes en forma independiente.

Art. 10.- Las escaleras de uso colectivo tendrán un ancho útil mínimo de 1.20 metros, huella mínima de 30 centímetros y contrahuella máxima de 18 centímetros, las escaleras interiores de una vivienda individual tendrá un ancho útil mínimo de 1.20 metros, huella mínima 28 centímetros y contrahuella máxima de 0,18.

Art. 11.- Se exigirá un espacio para parqueo de un vehículo por cada estación de vivienda de dos o tres dormitorios. Las edificaciones construidas con anterioridad a la aprobación de la presente ordenanza no estarán sujetas a esta disposición; siempre y cuando no dispongan de espacio libre para la implementación de estacionamientos vehiculares.

Art. 12.- En todo inmueble de apartamentos para vivienda se incluirá lavanderías dentro de cada unidad habitacional y un espacio mínimo de seis metros cuadrados para secar ropa en plantas altas.

Art. 13.- Las superficies mínimas de vivienda para los conjuntos habitacionales de desarrollo horizontal y vertical, deben tener un área mínima interior de acuerdo al número de dormitorios en las siguientes categorías:

a. Vivienda de un dormitorio, una superficie mínima de 30 metros cuadrados;

b. Vivienda de dos dormitorios, una superficie mínima de 50 metros cuadrados; y,

c. Vivienda de tres dormitorios, una superficie mínima de 75 metros cuadrados.

Art. 14.- Retiros y frentes mínimos: todo conjunto habitacional en lo referente a retiros frontales, laterales y altura se sujetarán a las regulaciones constantes en la ORDENANZA DE APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN EL CANTÓN PICHINCHA.

En conjuntos horizontales los retiros y frentes mínimos laterales entre viviendas se sujetarán a las siguientes normas:

a. Adosamiento continuo: frente mínimo de construcción 7.00 metros cuadrados entre ejes.

b. Adosamiento pareado: frente mínimo del lote 9.00 metros;

42 – Miércoles 12 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 325

c. Retiro posterior en todos los casos, mínimo 4 metros libres.

Art. 15.- Las construcciones para propiedad horizontal de más de un piso serán de estructura de hormigón armado, metálica o muros portantes; las paredes pueden ser de ladrillo o bloque de cemento.

Art. 16.- Planos Protocolizados.- Los planos que sirvan de base para la declaratoria de Propiedad Horizontal individualizarán e identificarán claramente a cada unidad, respecto de los linderos bajo los cuales pueden ser objeto de transacción o uso, independientemente del resto de unidades. Tales planos deberán protocolizarse en una de las notarías del cantón e inscribirse en el Registro de la Propiedad previo a su registro catastral.

Art. 17.- Modificación de Planos y Alícuotas.- Las alícuotas y planos podrán modificarse en atención a lo prescrito en la Ley y en el Reglamento del Régimen de Propiedad Horizontal.

Art. 18.- Los diafragmas o entramados de entrepiso que separen propiedades superpuestas deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Resistencia al fuego.
Atenuación acústica de 30 decibeles.

Las condiciones anteriores no serán exigibles cuando se utilice losa de hormigón armado de espesor igual o superior a 0,10 m entre las propiedades superpuestas.

Art. 19.- Las techumbres deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos según el caso:

Hasta 2 pisos: Estructura: madera, metálica, hormigón; cielo: no combustible; cubierta: no combustible.
Hasta 6 pisos: Estructura: madera tratada con retardador al fuego, metálica, hormigón; cielo: no combustible; cubierta: no combustible.

Art. 20.- La distancia máxima desde la puerta de acceso de un local comercial, un departamento u oficina, hasta la primera grada de bajada de ese mismo piso, será no superior a 40m.

Art. 21.- Los pasillos comunes que atiendan una superficie no mayor de 300 m2 de oficinas o 500 m2 de departamentos, tendrán un ancho mínimo de 1,50 m. Este ancho se aumentará en 10 cm por cada 100 m2 o fracción de oficinas, o por cada 150 m2 o fracción de departamentos.

Art. 22.- Todas las instalaciones mecánicas, tales como ascensores, bombas elevadoras de agua, que produzcan ruidos molestos a los moradores del edificio, deberán contar con aislamiento acústico necesario y los dispositivos especiales que impidan las trepidaciones.

Art. 23.- En los edificios que componen un conjunto habitacional acogido a la Ley de Propiedad Horizontal no podrán colocarse muros o rejas de hierro que segreguen

una porción del terreno común para el uso exclusivo de algún copropietario. No obstante a lo anterior, se autoriza la colocación de rejas para la defensa de jardines, de una altura no mayor de 50 cm, que individualicen el terreno de propiedad común de un edificio, como así mismo rejas de hierro en el perímetro total del conjunto habitacional. En estos casos deberán contemplarse también las instalaciones de agua potable y drenaje que permitan la mantención de los bienes destinados a patios y áreas verdes.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cuando el proyecto aprobado del edificio contemple espacios de terreno para uso exclusivo de uno o más copropietarios, se admitirá la colocación de rejas de iguales características, que delimiten la porción de terreno a ser utilizadas por cada uno de ellos, destinada a servir exclusivamente como patio individual.

Estos patios mantendrán siempre la calidad de bienes comunes del edificio y no podrán construirse ni techarse.

Art. 24.- Las construcciones autorizadas con anterioridad a la aprobación de esta Ordenanza que no cumplan con algunas de las características mínimas señaladas en este capítulo, podrán acogerse a la Ley de Propiedad Horizontal, siempre que cumplan las siguientes condiciones mínimas:

Que existan planos originales y/o sus modificaciones, debidamente aprobados.
Que se acredite, mediante los certificados que deberán extender los servicios competentes, el buen estado y correcto funcionamiento de los servicios de agua potable, alcantarillado, aguas servidas, electricidad y ascensores cuando proceda.
Que la estructura del edificio se encuentre en buen estado de conservación y que posea las características mínimas de resistencia al fuego.
Que disponga de escaleras de hormigón armado de un ancho mínimo de 1,20 m.

Art. 25.- Cumpliéndose con las exigencias del presente capítulo, el Director de Planificación recibirá el edificio, declarándolo acogido a la Ley de Propiedad Horizontal.

Los edificios que no cumplan con las condiciones de este capítulo, o que se encuentren fuera de la línea de edificación establecida en el respectivo instrumento de planificación, o que estén afectados por remodelación, o expropiación por causa de utilidad pública no podrán acogerse a la Ley de Propiedad Horizontal.

Art. 26.- Cuando los edificios o los conjuntos de edificios en altura o en extensión, se ejecuten por etapas, deberá observarse el siguiente procedimiento:

1. Al momento de requerirse el permiso de edificación, se acompañará de una solicitud de ejecución del proyecto por etapas; plano de las edificaciones en el predio común, indicando las etapas del conjunto o las partes del edificio que se ejecutarán y las medidas de seguridad que se adoptarán

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durante la construcción de las siguientes etapas, y una declaración jurada que señale el compromiso irrevocable de la ejecución completa del proyecto dentro del plazo que se indique por el requirente del permiso.

2. Al momento de requerirse la protocolización del plano correspondiente a la etapa ejecutada, se acompañará al Notario, el Certificado de Recepción Definitiva parcial de la etapa correspondiente.

El plano correspondiente a la etapa recibida parcialmente, aprobado por la Dirección de Planificación, singularizará claramente las partes del edificio o de los edificios del conjunto recibido en la respectiva etapa, y para cada uno de ellos, los recintos que los conforman y que se venderán separadamente o en su caso, las edificaciones que están en dicha situación y que componen el conjunto en extensión que se va a receptar parcialmente.

En el certificado de recepción definitiva parcial se dejará constancia que la construcción cumple con los requisitos exigidos por la Ley de Propiedad Horizontal y la presente Ordenanza. La recepción definitiva parcial no libera al propietario o al responsable técnico de la construcción, de la obligación de requerir de la Dirección de Planificación la recepción definitiva total de la obra al término de la última etapa de la construcción, sobre la base de los planos aprobados y protocolizados, al cursarse las recepciones definitivas parciales de las diferentes etapas de la construcción se confeccionará el plano definitivo que singularizará claramente cada una de las partes sobre las que se constituya propiedad separada, y se protocolizará ante Notario conjuntamente con el certificado de recepción definitiva total que acoge la edificación a la Ley de Propiedad Horizontal.

Art. 27.- Ascensores y Montacargas.- La instalación de ascensores y montacargas se ajustarán a las normas oficiales y a las disposiciones siguientes:

1. Los sistemas electromecánicos de los ascensores: corresponderá a la Dirección de Planificación Urbana exigir el cumplimiento de esta disposición para los efectos del otorgamiento de la recepción final de la construcción correspondiente, además del legado de documentos anexos que se requieren para el permiso municipal, se acompañará un plano detallado de la instalación de ascensores o montacargas en aquellos edificios que utilicen este servicio. Este plano se compondrá de las plantas y secciones que permitan definir la obra gruesa y terminaciones de la caja (escotillas), como también todos los detalles de la cabina.

En edificios destinados a oficinas, el número, ubicación y características de los ascensores proyectados, se justificará mediante un estudio de tráfico que deberá aprobarse por la Dirección de Planificación, junto con los planos del edificio. Este estudio de tráfico deberá presentarse firmado por un Ingeniero Civil o Arquitecto.
En edificios destinados a departamentos, la dotación de ascensores atenderá lo siguiente:

Se utilizará al menos un ascensor en edificios que tengan 5 pisos o más, siempre que la superficie edificada por pisos no exceda de 250 m2.
En los edificios que dispongan de un solo ascensor se mantendrá de repuesto un motor principal y una bobina o motor de freno.
En edificios de departamentos que tengan 5 o más pisos, que no se ajusten a las disposiciones anteriores se utilizarán dos ascensores de pasajeros, o uno de los pasajeros y otro de servicio, siempre que este último sea fácilmente accesible por los locatarios, cuando el primero no está en condiciones de funcionamiento.

4. En edificios destinados a hoteles de más de 5 pisos que tengan más de 50 piezas no podrán instalarse menos de dos ascensores de pasajeros y un ascensor de servicio.

Art. 28.- Planos: Contenido y protocolización.- Los planos que sirvan de base para la declaratoria de Propiedad Horizontal, individualizarán e identificarán claramente a cada unidad local respecto de los linderos y alícuotas bajo los cuales pueden ser objetos de transacción o uso, independientemente del resto de unidades de los locales. Tales Planos, deberán protocolizarse en una de las Notarías del cantón e inscribirse en el Registro de la Propiedad en un libro especial que se llevará para el efecto, previo a su registro catastral y contendrán los siguientes detalles:

– Implantación, ubicación y linderos de cada inmueble.

– Ubicación, individualización y numeración que corresponda a cada piso, departamento o local, oficinas, etc.

Ubicación y determinación de las instalaciones de energía eléctrica, agua potable, desagües, telefonía, calefacción y ventilación si las hubiere, y de los demás bienes comunes.
Áreas comunales, áreas verdes
Reglamento de la propiedad horizontal

Art. 29.- Alícuotas.- Es la relación porcentual sobre los bienes comunes a los que el propietario de un bien exclusivo tiene derechos y obligaciones.

El cuadro de alícuotas y áreas comunales, que contengan única y exclusivamente las fracciones correspondientes del total de las áreas de uso privado y susceptibles de individualizarse a las áreas de uso comunal no se asignarán alícuotas, debiendo constar de manera detallada la superficie y el destino.

Capítulo III

DE LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD

HORIZONTAL

Art. 30.- Modificación de planos y alícuotas.- Los planos y alícuotas podrán modificarse, siempre y cuando el porcentaje de alícuotas no sea modificado sobre los bienes exclusivos y comunales de la declaratoria original, y en atención estricta a lo prescrito en la Ley de Régimen de Propiedad Horizontal y su reglamento, además de los siguientes requisitos:

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1. Tasa única de trámite y certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pichincha

Solicitud dirigida al señor Alcalde o alcaldesa con firma de responsabilidad
Acta de asamblea: de los copropietarios en la que debe constar los cambios o rectificaciones solicitadas;

4. Planos arquitectónicos aprobados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pichincha en el régimen de propiedad horizontal;

Cuadro de alícuotas aprobados por el Gobierno autónomo Descentralizado Municipal de Pichincha en el régimen de propiedad horizontal;
Tres juegos de planos arquitectónicos señalando las áreas útiles privadas, áreas verdes y comunes firmadas por un arquitecto;
Original y tres copias del cuadro de alícuotas, haciendo constar las rectificaciones solicitadas, firmadas por un arquitecto o ingeniero civil;
Si existieran cambios de áreas, remodelaciones o cambios en cuanto al uso del suelo, deberá además anexar los documentos legales respectivos por dichas modificaciones;
En las modificaciones de aumento de áreas o cambios de uso del suelo, se deberá presentar el certificado respectivo del Cuerpo de Bomberos, según fuere el caso;

Una copia notariada de la Escritura de Constitución de régimen de propiedad horizontal;
Resolución del Concejo en Pleno.

Art. 31.- Valor de cada piso, departamento o Local.- Se determinará inicialmente el valor o avalúo comercial del área total de la edificación. Se tendrá como valoro avalúo comercial municipal de cada piso, departamento o local, al resultante de la aplicación de la alícuota correspondiente respecto al valor comercial municipal del total de la edificación.

El área correspondiente a cada piso, departamento o local, la parte proporcional correspondiente del solar y las áreas de uso común. Esta área representa una alícuota sobre el área total de la edificación, que para el efecto se la considera equivalente al ciento por ciento.

El valor o avalúo comercial de cada piso, departamento o local; será resultante de la aplicación de la alícuota correspondiente respecto al valor comercial municipal del total de la edificación.

Art. 32.- Obligaciones de pago.- La escritura pública de compra – venta de la cuota de condominio cancelará los impuestos de alcabalas y derecho de inscripción o registro sobre el valor que representa dicha cuota.

La tasas por incorporación al catastro de cada piso, departamento, oficina y/o local serán cancelados

unitariamente por el propietario o promotor del condominio. El propietario de cada piso, departamento y/o local, será el dueño de la edificación y solar, pudiendo ser éste persona natural o jurídica. Las diversas áreas en condominio cambiarán de propietario, cuando se adquiera la propiedad y sea inscrita en el Registro de la Propiedad y catastrada en la Municipalidad de Pichincha.

Una vez catastradas las áreas en condominio, éstas se cancelarán a partir del año próximo siguiente a su catastro, el impuesto predial y adicionales y demás gravámenes municipales de manera separada en función de la alícuota que tuviere cada uno de los condominios.

Los avalúos que ordenen las leyes tributarias deben hacerse separadamente para cada uno de los pisos, departamentos

0 locales que existan en los edificios, en función de las alícuotas.

Art. 33.- Prohibiciones a los propietarios y usuarios de manera individual.- Se prohíbe a los propietarios y usuarios de manera individual de las edificaciones sometidas bajo el Régimen de Propiedad horizontal, construir nuevos pisos, departamentos o locales comerciales, o realizar construcciones de cualquier índole, excavaciones; así como demás prohibiciones establecidas en la ley citada; cualquier modificación se sujetará al Art. 7 inciso segundo de la Ley de Régimen de Propiedad Horizontal.

Art. 34.- Requisitos de trámite.- Para que una edificación sea sometida al Régimen de Propiedad horizontal, previamente deberá de manera indispensable, cumplir con los siguientes requisitos:

De manera indispensable:

Solicitud dirigida al Sr. Alcalde o Alcaldesa;
Reglamento de Copropiedad
Copia de pago del impuesto predial;
Certificado de no adeudar al municipio;
Certificado de gravamen, y,
Certificado de factibilidad emitido por las diferentes dependencias del GADM-Pichincha (agua potable y alcantarillado, cuerpo de bomberos);

g) Certificado de factibilidad emitido por la Empresa Eléctrica Regional del Sur.

Art. 35.- Requisitos para la Aprobación de Proyectos o Edificaciones declarados bajo el Régimen de Propiedad Horizontal.-

Informe de factibilidad de uso de suelo emitido por la Dirección de Planificación Territorial.
Tres copias de planos del diseño del Proyecto a ser declarado en Régimen de Propiedad Horizontal, en los cuales se determinen los bienes de usos exclusivos,

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privativos y comunes, con su correspondiente desagregación y determinación de áreas;

Un juego completo de las copias de planos arquitectónicos, estructurales, sanitarios y eléctricos aprobados y sellados por la municipalidad y su correspondiente permiso de construcción;
Original y tres copias de la tabla de alícuotas, suscrita por un profesional, Arquitecto o Ingeniero Civil. Esta tabla deberá aclarar las incidencias de las áreas comunes y áreas verdes

5 En caso de estar concluida la edificación, deberá presentarse el documento de entrega recepción de la obra (inspección final), así como el certificado de habitabilidad;

6 Original y copia del informe del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Pichincha, respecto a los servicios de agua potable y alcantarillado mediante el cual conste que se han aprobado los planos de las instalaciones correspondientes;

Copia auténtica de la escritura de la propiedad del inmueble, debidamente inscrita y catastrada con la nota de inscripción en el Registro de la Propiedad; y,
Si el inmueble a ser incorporado bajo el régimen de propiedad horizontal, contiene cuatro o más plantas; diez o más unidades habitacionales o locales, se requerirá del informe del Cuerpo de Bomberos, mediante el cual se certifique que el inmueble cumple con las normas técnicas exigidas en la ley de defensa contra incendios; así como de la persona natural o jurídica que preste el servicio de telefonía, en el cual conste el certificado de aprobación de los planos de telefonía.

Art. 36.- Requisitos: Edificaciones construidas anteriormente:

Tres copias de planos del diseño del Proyecto de la edificación a ser declarada en Régimen de Propiedad Horizontal, en los cuales se determinen los bienes de usos exclusivos, privativos y comunes, con su correspondiente desagregación y determinación de áreas;
Original y copia de la tabla de alícuotas, suscrita por un profesional Arquitecto o Ingeniero Civil, ésta tabla deberá aclarar las incidencias de las áreas comunes y áreas verdes.

Un juego completo de planos de las edificaciones aprobadas por la Municipalidad, y en el caso de que no existan planos aprobados de las edificaciones, el interesado deberá presentar los planos arquitectónicos, estructurales, sanitarios y eléctricos de las edificaciones existentes, firmados por el profesional Arquitecto, así como un informe sobre las características estructurales de las edificaciones firmado por un Ingeniero Civil;
Original y copia del informe de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón de Pichincha, mediante el cual se certifica el buen estado de las instalaciones de provisión de agua potable y recolección de aguas servidas.

Copia auténtica de la escritura pública de propiedad del inmueble, debidamente inscrita y catastrada, con la nota de inscripción en el Registro de la Propiedad;
Si el inmueble a ser incorporado bajo el régimen de propiedad horizontal, contiene cuatro o más plantas; diez o más unidades habitacionales o locales, se requerirá del informe del Cuerpo de Bomberos, mediante el cual se certifique que el inmueble cumple con las normas técnicas exigidas en la Ley de defensa contra incendios; así como de la persona natural o jurídica que preste el servicio de telefonía, en el cual conste el certificado de aprobación de los planos de telefonía.

Art. 37.- Declaratoria de Propiedad Horizontal.- Es competencia del alcalde o alcaldesa, resolver sobre las solicitudes de Declaratoria de Propiedad Horizontal presentadas a la Municipalidad de hasta diez unidades habitacionales o locales. En caso que la solicitud de Declaratoria de Propiedad Horizontal sea presentada para más de diez unidades habitacionales o locales u oficinas, etc., será competencia del Concejo Municipal en Pleno, resolver aceptando o negando la petición.

Previo a la resolución se deberán presentar informes de las áreas de Procuraduría Sindica y Planificación Territorial.

En los casos en que se negare la solicitud; tal decisión deberá ser debidamente fundamentada.

Art. 38.- Se comunicará por escrito al interesado el resultado de la solicitud, lo cual tendrá lugar dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de la resolución del alcalde/alcaldesa o del Concejo en Pleno, según el caso.

Art. 39.- Cumplimiento de condiciones o recomendaciones.-Si la Declaratoria de Propiedad Horizontal estuviere condicionada al cumplimiento de requisitos adicionales o recomendaciones, el Director de Planificación Territorial deberá adoptar las acciones conducentes a vigilar el cumplimiento de dichas condiciones o recomendaciones, dentro del plazo que se hubiere establecido.

Art. 40.- Todo en cuanto no se encuentre contemplado en la presente Ordenanza, estará a lo dispuesto en las demás leyes y normativa conexa que sean aplicables para el efecto y no se contrapongan mediante la antinomia.

DISPOSICIÓN GENERAL

Derogatoria.- Quedan derogadas todas las ordenanzas, resoluciones, reglamentos y acuerdos que se opongan a la vigencia de la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera.- No serán aplicables las disposiciones de este cuerpo legal a personas que hubiesen solicitado con anterioridad a la vigencia de esta Ordenanza la Declaratoria de Propiedad Horizontal, y cuyas peticiones hubieren merecido resolución favorable del Alcalde o del Concejo Municipal en Pleno, y efectuado los pagos de los valores correspondientes en la Tesorería Municipl.

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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación y publicación en la Gaceta oficial Municipal y dominio Web de la Institución sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal en Pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pichincha, a los siete días de Junio del año dos mil dieciocho

f.) Sr. Nilo A. Álava Molina, Alcalde del Cantón Pichincha.

f.) Ab. Richard Mera Toro, Secretario General del Concejo.

CERTIFICO: Que LA ORDENANZA QUE REGÚLALA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL

fue discutido y aprobado por el Pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pichincha, en Sesiones Ordinarias del 17 de mayo de 2018 y 7 de Junio del año dos mil dieciocho, en primero y segundo debate respectivamente.

Pichincha, Junio 7 de 2018.

f.) Ab. Richard Mera Toro, Secretario General del Concejo.

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN PICHINCHA, PROVINCIA DE MANABÍ; Junio 07 de 2018; a las 16hl0.- VISTOS: De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo 322 del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, remito original y copias de la presente Ordenanza, ante el señor Alcalde, para su sanción y promulgación.-

f.) Ab. Richard Mera Toro, Secretario General del Concejo.

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, sanciono la LA ORDENANZA QUE REGULA LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL y ordeno su vigencia, remítase al Registro Oficial para su difusión y publíquese a través de la Web del GAD municipal.- Cúmplase.

Pichincha, Junio 08 de 2018.

f.) Sr. Nilo A. Álava Molina, Alcalde del Cantón Pichincha.

Sancionó LA ORDENANZA QUE REGULA LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL

y ordenó su vigencia para su publicación en el Registro Oficial, el señor Nilo Álava Molina, Alcalde del Cantón Pichincha a los ocho días del mes de Junio del año dos mil dieciocho – LO CERTIFICO.

Pichincha, Junio 08 de 2018.

f.) Ab. Richard Mera Toro, Secretario General del Concejo.

ORDENANZA CMO-10-2016

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

QUINSALOMA

Considerando:

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: «Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana»;

Que, los artículos 240 y 264 de la Constitución de la República, conceden facultad legislativa a los GADs municipales, en el ámbito de sus competencias y dentro de su territorio;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dispone que: «Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial»;

Que, el Art. 54 letra 1) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, determina que es función de los GADs municipales prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres y servicios de faenamiento;

Que, el Art. 134 del COOTAD, establece que la competencia de fomento de la seguridad alimentaría corresponde a los gobiernos autónomos regionales. Comprende, entre otras cosas: implementar coordinadamente con los GADs provinciales, municipales y parroquiales rurales, la producción sustentable de alimentos, en especial los provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y la recolección de productos de medios ecológicos naturales, garantizando la cantidad y calidad de los alimentos necesarios para la vida humana;

Que, es obligación del GAD municipal de Quinsaloma, promover un proceso para el manejo adecuado de animales destinados al consumo humano observando las normas técnicas como prerrequisito en la producción de cárnicos sanos dentro del marco de la ley y del sistema de soberanía alimentaría;

Que, el Art. 566 del COOTAD, otorga facultad a los municipios para aplicar tasas retributivas por los servicios públicos que brinda a los ciudadanos;

Que, la prestación de servicios en el camal, debe ser autosustentable, mediante la aplicación de tasas equitativas

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para garantizar un manejo óptimo y mantenimiento adecuado a las instalaciones que sirven para ese fin;

Que, el Art. 82 del Reglamento a la Ley de Mataderos, manifiesta que las municipalidades u otros organismos públicos o privados que ejerzan funciones o actividades relacionadas con el contenido de este Reglamento, deberán concordar sus disposiciones con las del presente instrumento;

Que, es conveniente a los altos intereses del Cantón y a la salud de sus habitantes, proporcionar al consumidor productos alimenticios de origen animal de alta calidad y a precios equitativos;

Que, el Concejo Municipal de Quinsaloma, en sesiones realizadas los días 7 y 14 de abril del año dos mil dieciséis, aprobó la «La Ordenanza sustitutiva a la Ordenanza que reglamenta la prestación del servicio del camal municipal y la determinación y recaudación de la tasa de rastro», misma que fue legalmente sancionada el dieciocho de abril del mismo año.

Que, con fecha 12 de julio del 216, en la sala de sesiones del GAD Municipal de Quinsaloma se socializo con todos los introductores y matarifes que hacen uso del Camal Municipal de Quinsaloma, el valor por uso del mismo y el horario de recepción y matanza del ganado mayor y menor;

En uso de las facultades le confiere la Constitución de la República en los artículos 240 y 264, y el COOTAD en los artículos 57 letra a) y 323,

Resuelve:

EXPEDIRLA «REFORMA A LOS ARTÍCULOS

18, 21 Y 48 DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA

A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CAMAL

MUNICIPAL Y LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA TASA DE RASTRO»

Art. 1.- Refórmese el Art. 18 por el siguiente: La recepción del ganado mayor y menor se hará de martes a domingo en el horario comprendido de de 14h00 a 18h00.

El camal municipal dispondrá de un corral de espera para los casos en que el usuario llegue al lugar, con su ganado en horas no hábiles para el ingreso. El usuario solo podrá tener su ganado en el corral de espera, por un tiempo máximo de 12 horas.

En este caso el Gobierno Municipal no asume ninguna responsabilidad con respecto al control, seguridad, ni salud del ganado, hasta que no se haga el ingreso de acuerdo a lo que establece el Art. 19 de esta ordenanza.

Art.2.- Refórmese el Art. 21 por el siguiente: El faenamiento del ganado mayor y menor será de martes a domingo de 00h00 a 06h00.

Art. 3.- Refórmese el Art. 48 por el siguiente:

Adicionalmente a la tarifa anual señalada en el artículo anterior, por cada cabeza de ganado que el usuario ingrese para su faenamiento pagará, por ganado mayor la cantidad equivalente al 4.5% de una RBU, por ganado menor la cantidad equivalente al 2.5% de una RBU, dicha tasa será cancelada directamente a los faenadores que están autorizados para realizar esta actividad. Por tasa de uso del camal se pagara el valor de $ 5 dólares americanos por ganado mayor; y, $4 dólares americanos por ganado menor, por ocupación de la cámara fría $ 2,00 dólares americanos diarios; y, por ocupación de los corrales de espera en un tiempo mayor a las 12 horas la suma de 1 dólar americano diario para el ganado menor; y, 2 dólares americanos diarios para el ganado mayor. La alimentación por los días que permanezcan los animales en el corral de espera, será de absoluta responsabilidad de sus propietarios.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Derogase los artículos 18, 21 y 48 de la «ordenanza sustitutiva que reglamenta la prestación del servicio del camal municipal y la determinación y recaudación de la tasa de rastro», aprobada en sesiones realizadas los días 07 y 14 de abril del año dos mil dieciséis y sancionada el día 18 de abril del mismo año. Segunda.- La presente reforma a la ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación y sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quinsaloma, a los 28 días del mes julio de 2016.

f.) Sr. Braulio Manobanda Muñoz, Alcalde del Cantón Quinsaloma.

f.) Ab. Iván Ronquillo Riera, Secretario General del GAD Municipal de Quinsaloma.

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Quinsaloma, a los veintiocho días del mes de julio del 2016, la «REFORMA A LOS ARTÍCULOS 18, 21 Y 48 DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL Y LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA TASA DE RASTRO», fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del Cantón Quinsaloma, en dos sesiones de fecha 18 y 28 de julio de 2016.- Lo Certifico.

f.) Ab. Iván Ronquillo Riera, Secretario General GADM Quinsaloma.

PROCESO DE SANCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUINSALOMA.- Quinsaloma a los veintiocho días del mes de julio de 2016, de conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, remítase al

48 – Miércoles 12 de septiembre de 2018 – Registro Oficial N° 325

señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quinsaloma la «REFORMA A LOS ARTÍCULOS 18, 21 Y 48 DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL Y LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA TASA DE RASTRO», para su sanción respectiva.

f.) Ab. Iván Ronquillo Riera, Secretario General GADM Quinsaloma.

SANCIÓN: ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN QUINSALOMA.- Quinsaloma, a los veintinueve días del mes de julio de 2016. De conformidad con la disposición contenida en el inciso quinto del artículo 322 y 324 del COOTAD, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, SANCIONO y ORDENO la promulgación

y publicación de la presente «REFORMA A LOS ARTÍCULOS 18, 21 Y 48 DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL Y LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA TASA DE RASTRO», A fin de que se le dé el trámite legal correspondiente.- Cúmplase, notifíquese y publíquese.

f.) Sr. Braulio Manobanda Muñoz, Alcalde del Cantón Quinsaloma.

CERTIFICACIÓN: Quinsaloma, a los veintinueve días del mes de julio de 2016; el infrascrito Secretario General del Concejo Municipal de Quinsaloma, certifica que el señor Braulio Manobanda Muñoz, Alcalde del Cantón Quinsaloma, proveyó la sanción y firmó la Ordenanza que antecede en la fecha señalada. Lo Certifico.-

f.) Ab. Iván Ronquillo Riera, Secretario General GADM Quinsaloma.