Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Miércoles 16 de septiembre de 2020 (R.O.290, 16 – septiembre -2020)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDO:

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y

DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:

025-2020 Deléguense atribuciones al Coordinador del Despacho Ministerial

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DEL TRABAJO:

MDT-2020-023 Refórmese la Resolución N° MDT-2020- 022, de 28 de abril de 2020

MDT-2020-024 Reanúdense las audiencias, términos, plazos y prescripciones, dentro de los trámites de: vistos buenos, sumarios administrativos, recursos administrativos, acciones de cobro y demás trámites administrativos seguidos ante cualquier dependencia del MDT

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL:

014-DE-ANT-2020 Deléguense atribuciones al Sub­ director/a Ejecutivo/a

015-DE-ANT-2020 Deléguense atribuciones a varios funcionarios.. 17

016-DE-ANT-2020 Expídese la delegación de funciones, distribución de competencias y procedimientos para la recuperación de cartera

017-DE-ANT-2020 Deléguense atribuciones al Director/a Provincial

018-ANT-DE-2020-ANT Expídese el Protocolo de Seguridad a fin de evitar la propagación del COVID-19

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA:

SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNLESF-2020-0478 Liquídese a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión Integral, domiciliada en el cantón y provincia de Santa Elena

Págs.

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

ORDENANZAS MUNICIPALES:

-………… Cantón Mocha: Que establece el uso obligatorio de mascarilla para circular en los espacios públicos dentro de la jurisdicción del cantón

-………… Cantón Mocha: Que regula la emisión y recaudación del impuesto de patentes y de los servicios de agua potable, arriendo de puestos del paradero turístico, locales comerciales en plazas y mercados, durante el estado de excepción y emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional

-………… Cantón Naranjito: General normativa para la determinación, gestión, recuperación e información de las contribuciones especiales de mejoras, por obras ejecutadas

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 3

ACUERDO MINISTERIAL No. 025-2020

EL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA

INFORMACIÓN.

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.»;

Que, el artículo 227 ibídem dispone que: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, el primer inciso del artículo 233 de la Constitución de la República dispone: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos»;

Que, el inciso segundo del artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) determina que todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución de la República se sujetarán obligatoriamente a lo establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales en lo atinente a remuneraciones e ingresos complementarios;

Que, el artículo 123 de la LOSEP determina que la reglamentación para el reconocimiento y pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias será expedida mediante Acuerdo del Ministerio de Relaciones Laborales de conformidad con la Ley;

Que, el numeral 1 del artículo 69 del Código Orgánico Administrativo establece que los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, a: «1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes”;

Que, el artículo 70 del Código Orgánico Administrativo establece que la delegación contendrá: «1. La especificación del delegado. 2. La especificación del órgano delegante y la atribución para delegar dicha competencia. 3. Las competencias que son objeto de delegación o los actos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento de las mismas. 4. El plazo o condición, cuando sean necesarios. 5. El acto del que conste la delegación expresará además lugar, fecha y número. 6. Las decisiones que pueden adoptarse por delegación. La delegación de competencias y su revocación se publicarán por el órgano delegante, a través de los medios de difusión institucional»;

4 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo dispone que son efectos de la delegación: «7. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda»;

Que, el numeral 2 del artículo 72 del Código Orgánico Administrativo determina que no puede ser objeto de delegación: «2. Las competencias que, a su vez se ejerzan por delegación, salvo autorización expresa del órgano titular de la competencia»;

Que, conforme consta en el artículo 73 del Código Orgánico Administrativo la delegación se extingue por «1. Revocación. 2. El cumplimiento del plazo o de la condición. El cambio de titular del órgano delegante o delegado no extingue la delegación de la competencia, pero obliga, al titular que permanece en el cargo, a informar al nuevo titular dentro los tres días siguientes a la posesión de su cargo, bajo prevenciones de responsabilidad administrativa, las competencias que ha ejercido por delegación y las actuaciones realizadas en virtud de la misma. En los casos de ausencia temporal del titular del órgano competente, el ejercicio de funciones, por quien asuma la titularidad por suplencia, comprende las competencias que le hayan sido delegadas»;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva: «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales (…) Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial. El funcionario a quien el Ministro hubiere delegado sus funciones responderá directamente de los actos realizados en ejercicio de tal delegación”;

Que, los artículos 259, 260, 261, 262 y 264 del Reglamento General a la LOSEP determinan los parámetros para el reconocimiento de viáticos, subsistencias y pago de movilización para las y los servidores públicos y señalan que el Ministerio de Relaciones Laborales elaborará el respectivo acuerdo ministerial para su correcta aplicación;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 13 de agosto de 2009 publicado en el Registro Oficial No. 10 de 24 de agosto de 2009, el Presidente Constitucional de la República creó el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 326 de 04 de septiembre de 2014, el Ministerio de Relaciones Laborales expidió la Norma Técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros públicos en las instituciones del Estado;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 010-2016, se expidió el Instructivo Interno para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores públicos y las y los trabajadores del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información;

Que, el referido Acuerdo Ministerial, respecto de la autorización para cumplir con servicios institucionales, señala:

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 5

«Art. 12.- Autorización para cumplir con servicios institucionales.- Para obtener la Autorización para cumplir con servicios institucionales y el posterior desembolso de los valores por concepto de viáticos o movilizaciones, se cumplirá con el siguiente procedimiento:

1. Las y los servidores públicos y las y los trabajadores del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, destinados a cumplir con servicios institucionales, deberán llenar el formulario disponible en la página web www.relacioneslaborales.gob.ec. y remitirlo al jefe inmediato o al delegado de la máxima autoridad, según corresponda.

2. El jefe inmediato de la o el servidor público o la o el trabajador del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que ha sido designado para cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la autorización correspondiente dentro de los tres (3) días término previos a la salida programada, mediante el formulario de solicitud previamente lleno conforme lo dispuesto en el numeral 1 del presente artículo.
3. La máxima autoridad o su delegado podrá autorizar o negar la solicitud para cumplir los servicios institucionales, dentro del término máximo de veinte y cuatro horas posteriores a la presentación de la solicitud. (…)

Artículo 17.- Del informe del cumplimiento de servicios institucionales.- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, las y los servidores públicos y las y los trabajadores del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información presentarán de manera obligatoria al jefe inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser debidamente aprobado por éste se remitirá a la máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la Dirección Financiera y una copia será remitida a la Dirección de Talento Humano, para su registro. Se utilizará obligatoriamente para el efecto el formulario disponible en la página web www.relacioneslaborales.gob.ec.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 784, de 04 de junio de 2019, el Presidente de la República designó al licenciado Andrés Michelena Ayala como Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información;

Que, es preciso viabilizar el trámite de desplazamientos de los funcionarios y servidores públicos que por el nivel de atribuciones y responsabilidades deben realizar para cumplir tareas oficiales fuera del lugar habitual de su trabajo;

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva

Acuerda:

Artículo 1- Delegar al Coordinador del Despacho Ministerial las siguientes atribuciones:

a) Autorizar la solicitud para cumplir con servicios institucionales y aprobar el informe de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales de los siguientes funcionarios: Viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Asesores del Despacho Ministerial, Coordinadores Generales, Director de Planificación, Servicios, Procesos, Calidad y Gestión del Cambio, Director de Proyectos, Seguimiento y

6 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

Evaluación, Director de Comunicación Social, Director de Asuntos Internacionales y al personal de seguridad de la máxima autoridad.

Artículo 2.- El servidor delegado deberá informar de manera periódica sobre las acciones realizadas en virtud de la presente delegación.

Artículo 3.- El servidor delegado, en ejercicio de las atribuciones y facultades delegadas, deberá observar el ordenamiento jurídico vigente y será responsable civil, administrativa y penalmente en ejercicio de esta delegación.

Artículo 4.- La autoridad delegante, cuando lo considere procedente, podrá retomar las atribuciones delegadas en virtud del presente Acuerdo, sin necesidad de que éste sea reformado o derogado.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de agosto de 2020.

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 7

MINISTERIO DEL TRABAJO

RESOLUCIÓN Nro. MDT-2020-023

Abg. Luis Arturo Poveda Velasco MINISTRO DEL TRABAJO

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que es deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales;

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que a las Ministras y los Ministros de Estado, les corresponde, además de las atribuciones establecidas en la ley, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 347 del Código del Trabajo, señala: «Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes»;

Que, el artículo 348 del Código del Trabajo, establece que Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena;

Que, el artículo 349 del Código del Trabajo, indica que Enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad;

Que, el artículo 539 del Código del Trabajo, determina que corresponde al Ministerio del Trabajo la rectoría en materia de seguridad en el trabajo y en la prevención de riesgos laborales. El Ministerio del Trabajo será competente para emitir normas y regulaciones a nivel nacional en la materia;

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo prescribe que las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo;

Que, el artículo 17 del Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, ERJAFE, señala: «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales»;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenin Moreno Garcés, declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los

8 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de coronavirus (COVID-19) por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1018, de 21 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, designó al abogado Luis Arturo Poveda Velasco como Ministro del Trabajo;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública declara el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus (COVID-19), y prevenir un posible contagio masivo en la población;

Que, mediante Acuerdo Interministerial Nro. 0000001, de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, dispusieron medidas de prevención para evitar la propagación de coronavirus (COVID-19);

Que, la Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, en su calidad de Secretaria del COE Nacional, y el Ministro de Salud Pública, a partir del 17 de marzo de 2020 indicó que el contagio del COVID-19 es comunitario, por lo que la pandemia alcanza la Fase 3.

Que, a través de Resolución Nro. MDT-2020-022, de 28 de abril de 2020, el Ministerio del Trabajo determinó que la enfermedad del coronavirus (COVID-19) no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud que la misma fue declarada el 11 de marzo de 2020, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia, y de conformidad con lo indicado por la Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, en su calidad de Secretaria del COE Nacional, y el Ministro de Salud Pública, respecto a que a partir del 17 de marzo de 2020 el contagio del COVID-19 es comunitario en el la República del Ecuador.

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 154 numeral 1 de la Constitución de la República, 539 del Código del Trabajo y artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, y el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

RESUELVE:

Art. 1.- Reformar el artículo 1 de la Resolución Nro. MDT-2020-022, de 28 de abril de 2020, por el siguiente texto:

«Determinar que la enfermedad del coronavirus (COVID-19) no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud que la misma fue declarada el 11 de marzo de 2020, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia, a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer de forma científica o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador.»

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 9

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 de abril de 2020

DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, artículo 2, dispone: «los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos».

La norma ibídem, artículo 14, establece: «la firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba enjuicio».

El Código Orgánico Integral Penal, artículo 328, dispone: «La persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años(…).»

En atención a la normativa citada y a su petición, se entregan copias certificadas de los documentos digitales que reposan en los archivos a cargo de la Dirección de Secretaria General, que constan en cuatro (04) páginas digitales, anexas al Oficio No. MDT-DSG-2020-1287-OFICIO, de 05 de agosto de 2020.

10 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL TRABAJO

RESOLUCIÓN Nro. MDT-2020-024

Abg. Luis Arturo Poveda Velasco MINISTRO DEL TRABAJO

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que es deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales;

Que, el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el trabajo;

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que corresponde a las ministras y ministros de Estado expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran para el ejercicio de su gestión;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, establece: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 38 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Las personas deben promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular. Deben participar en la realización de los derechos y garantías, cumpliendo, para este propósito, con los deberes que el ordenamiento jurídico impone»;

Que, el artículo 39 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: «Las personas cumplirán, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general y las decisiones adoptadas por autoridad competente»;

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración ública»;

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 11

Que, el literal 1) del artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece que los servidores públicos tienen derecho a «Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar»;

Que, el artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020, dispuso la suspensión de la jornada presencial de trabajo para todos los trabajadores y empleados del sector público o del sector privado;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1018, de 21 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, designó al abogado Luis Arturo Poveda Velasco como Ministro del Trabajo;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1052, de 15 de mayo de 2020, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, renovó el estado de emergencia por calamidad pública en todo el territorio nacional;

Que, el artículo 17 del Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, ERJAFE, señala: «Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales»;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública declara el Estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus (COVID-19), y prevenir un posible contagio masivo en la población;

Que, mediante Acuerdo Interministerial Nro. 0000001, de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, dispusieron medidas de prevención para evitar la propagación de coronavirus (COVID-19);

Que, mediante Acuerdos Ministeriales Nro. MDT-2020-093 y MDT-2020-094, de 03 de mayo de 2020, el Ministerio del Trabajo expidió las directrices para el retorno al trabajo presencial del sector privado y público durante la declaratoria de emergencia sanitaria; respectivamente, toda vez que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), aprobó el 28 de abril de 2020 la «Guía y plan general para el retorno progresivo alas actividades laborales MTT6-003 de 2020»;

Que, mediante Resolución Nro. MDT-2020-009 de 16 de marzo de 2020, se suspendieron, las audiencias, términos, plazos y prescripciones, dentro de los trámites de; vistos buenos, sumarios administrativos, recursos administrativos, acciones de cobro y demás trámites administrativos seguidos ante cualquier

12 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

dependencia del Ministerio del Trabajo, durante la declaratoria de emergencia sanitaria.

Que, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria, es necesario garantizar el acceso a los servicios públicos velando por el derecho supremo ala salud y la vida, colaborando con las medidas establecidas dentro de la emergencia sanitaria declarada, para mitigar la propagación de coronavirus (COVID-19); y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo; y, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

RESUELVE:

Art. 1.- Reanudar a partir del día 15 de junio de 2020, las audiencias, términos, plazos y prescripciones, dentro de los trámites de; vistos buenos, sumarios administrativos, recursos administrativos, acciones de cobro y demás trámites administrativos seguidos ante cualquier dependencia del Ministerio del Trabajo, suspendidos mediante resolución MDT-2020-009, del 16 de marzo de 2020.

Los plazos y términos de los procesos administrativos suspendidos, se reanudarán y decurrirán tal como se encontraban previo su suspensión

Art. 2.- Las denuncias presentadas de conformidad con el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-089 de 28 de abril de 2020, continuarán el trámite previsto dentro del mismo hasta su culminación

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Respetando las disposiciones de semaforización y protocolos emitidos por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), todas las dependencias del Ministerio del Trabajo a nivel nacional darán cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-093 de 03 de mayo de 2020.

Las Direcciones Regionales coordinarán y establecerán el horario de atención y turnos de los servidores, observando los aforos máximos de acuerdo con las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia cantonal respectivo.

SEGUNDA.- Durante la declaratoria de emergencia sanitaria, los cantones cuya semaforización sea de color rojo, suspenderán las audiencias, términos, plazos y prescripciones, dentro de los trámites de; vistos buenos, sumarios administrativos, recursos administrativos, acciones de cobro y demás trámites administrativos seguidos ante cualquier dependencia del Ministerio del Trabajo de estos cantones.

Los plazos y términos de los procesos administrativos presentados ante el Ministerio del Trabajo délos cantones cuya semaforización sea de color rojo, se reanudarán y decurrirán tal como se encontraban previo su suspensión cuando la semaforización cambie de color de acuerdo a las disposiciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia cantonal respectivo.

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 13

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguese la Resolución Nro. MDT-2020-009 de 16 de marzo de 2020, mediante la cual se suspendieron, las audiencias, términos, plazos y prescripciones, dentro de los trámites de; vistos buenos, sumarios administrativos, recursos administrativos, acciones de cobro y demás trámites administrativos seguidos ante cualquier dependencia del Ministerio del Trabajo, durante la declaratoria de emergencia sanitaria.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 10 días del mes de junio de 2020.

Abg. Luis Arturo Poveda Velasco MINISTRO DEL TRABAJO

DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, artículo 2, dispone: «los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos».

La norma ibídem, artículo 14, establece: «la firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba enjuicio».

El Código Orgánico Integral Penal, artículo 328, dispone: «La persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años(…).»

En atención a la normativa citada y a su petición, se entregan copias certificadas de los documentos digitales que reposan en los archivos a cargo de la Dirección de Secretaria General, que constan en cinco (05) páginas digitales, anexas al Oficio No. MDT-DSG-2020-1287-OFICIO, de 05 de agosto de 2020.

14 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

RESOLUCIÓN No. 014-DE-ANT-2020

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN

Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.»;

Que, el inciso primero del artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos;

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, respecto de la delegación de competencias, establece: «Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. (…) 3. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan.»;

Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo señala como efectos de la delegación: «1.- Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante; 2.- Lo responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda»;

Que, el artículo 264 del Código Orgánico Administrativo, respecto del régimen de competencias en el procedimiento de ejecución coactiva, establece: «En las normas de organización y funcionamiento de la correspondiente administración pública se determinará el órgano responsable de la emisión de las órdenes de cobro y el órgano ejecutor a cargo de las competencias pora el cobro compulsivo de las obligaciones a su favor. Si no se ha previsto el órgano ejecutor especifico en las normas que rigen la organización y funcionamiento de la administración pública, estas competencias le corresponden al órgano que ejerce la tesorería. Si no se ha previsto el órgano a cargo de la determinación de las obligaciones ejecutables y la correspondiente emisión de las órdenes de cobro, será responsable de la administración financiera de la administración pública.»;

Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, cuyos numerales 2 y 13, respectivamente, disponen la de ejercer la representación legal, judicial y

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 15

extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, así como nombrar y remover al personal de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conforme a la Ley:

Que, el último inciso del artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a Id Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece: «En aplicación c los principios del Derecho Administrativo son delegables todas las atribuciones previstas para el Director Ejecutivo de la ANT, aun cuando no conste la facultad de delegación expresa en la Ley como en este Reglamento General. La resolución que se emita para el efecto determinará su contenido y alcance»;

Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica de Servicio Público establece como derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos que son dderechos irrenunciables de los y las servidoras y servidores públicos: «g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo prescrito en esta Ley»;

Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Servicio Público señala: «(…) Jornada Ordinaria: Es aquella que se cumple por ocho horas diarias efectivas y continuas, de lunes a vie^rnes y durante los cinco días de cada semana, con cuarenta horas semanales, con períodos de descanso desde treinta minutos hasta dos horas diarias para el almuerzo, que no estarán incluidos en la jornada de trabajo»;

Que, el artículo 29 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público señala que «Ejercicio del derecho de vacaciones.- La autoridad nominadora y la UATH velará por el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el literal g) del artículo 23 de la LOSEP.»

Que, al ser la misión de la Subdirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, apoyar, coordinar y articular la gestión institucional en materia de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conforme lo establece el numeral 1.2.2 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Tránsito.

Que, de conformidad con lo que establece el numeral cuarto del artículo 20 de a Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante Resolución NO.029-DIR-2020 de 21 de febrero de 2020 nombró al Tnlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo, Director Ejecutivo de la ANT;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el numeral 1 del artículo 69 del Código Orgánico Administrativo:

RESUELVO:

Artículo 1.- Delegar al Subdirector/a Ejecutivo/a de la Agencia Nacional de Tránsito el autorizar y suscribir las solicitudes de permisos, uso de vacaciones y demás documentos relativos al control de asistencia conforme lo contemplado en la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento de aplicación, de todos los funcionarios del Nivel Jerárquico Superior a excepción del Director Ejecutivo.

16 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Previo a la suscripción de los formularios de solicitud de vacaciones se deberá verificar la planificación anual, que cada área presenta a la Dirección de Talento Humano.

SEGUNDA.- Las decisiones adoptadas en virtud de la delegación deberán ajustarse a la Constitución de la República, leyes, reglamentos y demás normativa aplicable, y sus efectos se entenderán de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo.

TERCERA.- El ejercicio de la delegación otorgada a través del presente instrumento, rige sin perjuicio de las responsabilidades que el corresponden cumplir al delegado en el ejercicio de sus atribuciones y actividades institucionales.

CUARTA.-Se autoriza expresamente al funcionario/a delegado/a por excepción en casos de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad institucional debidamente justificados, pueda delegar las facultades delegadas, manteniendo el alcance previsto en este instrumento.

QUINTA.- El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por motivos de oportunidad, podrá en cualquier momento directamente asumir las atribuciones y facultades delegadas.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Poner en conocimiento de la presente resolución a la Subdirección Ejecutiva, Dirección de Talento Humano, Coordinaciones Generales, Direcciones de área y Direcciones Provinciales.

SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y Publíquese.-

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 17

RESOLUCIÓN No.9 1 5-DE-ANT-2020

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y

SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 227 de la Norma Suprema dispone: «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación»;

Que, artículo 233 de la Carta Magna establece: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos»;

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial (LOTTTSV) determina que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulación, planificación y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas de Ministerio del Sector; así como del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacional, en coordinación con los GADs;

Que, el artículo 29 de la Ley ibídem establece entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito: «(…) 2. Ejercerla representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (…)»;

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo (COA) señala como principio de la administración del sector público el de eficacia: «Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública en el ámbito de sus competencias»;

Que, el artículo 69 del COA señala: «Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes (…)»;

Que, el párrafo final del artículo 70 del Código señalado, dispone: «(…) La delegación de competencias y su revocación se publicarán por el órgano delegante, a través de los medios de difusión institucional.

18 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

Que, el artículo 71 del Código ibídem establece como efectos de la delegación: «(…) 1.- Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante; 2.- La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el delegado o el delegante, según corresponda’;

Que, el párrafo segundo de la letra 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone:»(…) Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública (…)»;

Que, el último inciso del Artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone: «En aplicación a los principios del Derecho Administrativo son delegables todas las atribuciones previstas para el Director Ejecutivo de la ANT, aun cuando no conste la facultad de delegación expresa en la Ley como en este Reglamento General. La resolución que se emita para el efecto determinará su contenido y alcancé»;

Que, el artículo 4 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: «Delegación.- En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento General, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa (…)»;

Que, mediante Resolución Nro. 029-DIR-2020-ANT de 21 de febrero de 2020, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial nombró al Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, a través de Resolución No. 007-DE-ANT-2020 de 27 de febrero de 2020, el Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito resolvió expedir delegaciones en materia de contratación pública al Subdirector/a Ejecutivo/a, Director/a de Contratación Pública, Director/a Administrativo/a y Directores/as Provinciales;

Que, con la finalidad de mayor eficiencia y eficacia procesal en la atención y disposición de los actos y contratos públicos, es necesario complementar las delegaciones realizadas a favor de los funcionarios jerárquicamente dependientes;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la normativa vigente;

RESUELVO:

Artículo 1.- Delegar a el/la Subdirector/a Ejecutivo/a, Director/a de Contratación, Director/a Administrativo/a y Directores/as Provinciales:

Autorizar los contratos complementarios, modificatorios, ampliatorios, de prórroga, órdenes de trabajo, rubros nuevos y demás documentos y actos necesarios, dentro de la ejecución de los contratos, según lo dispone la ley y demás normativa vigente, en los montos que sean ordenadores de gasto.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Los servidores delegados presentarán a el/la Director/a Ejecutivo/a, un informe trimestral sobre las acciones realizadas en ejercicio de la delegación conferida.

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 19

SEGUNDA.- El/la Director/a Ejecutivo/a podrá asumir directamente las atribuciones y facultades delegadas, por motivos de oportunidad.

TERCERA.- Las decisiones adoptadas en virtud de la delegación deberán ajustarse a la Constitución de la República, leyes, reglamentos y demás normativa aplicable, y sus efectos se entenderán de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo.

CUARTA.- Se ratifica y convalida todas las actuaciones respecto a la autorización de contratos complementarios, modificatorios, ampliatorios, de prórroga, órdenes de trabajo, rubros nuevos y demás documentos y actos necesarios dentro de la ejecución de los contratos, efectuados desde el 21 de febrero de 2020 por el/la Subdirector/a Ejecutivo/a, Director/a de Contratación, Director/a Administrativo/a y Directores/as Provinciales.

QUINTA.- La delegación otorgada a través del presente instrumento, rigen sin perjuicio de las responsabilidades que les corresponde cumplir a cada uno de los servidores públicos delegados, en el ejercicio de sus funciones y actividades institucionales.

SEXTA.- Se autoriza expresamente a los servidores delegados, por excepción, en casos de fuerza mayor o caso fortuito, o necesidad institucional, debidamente motivados, puedan delegar, dentro del ámbito de su competencia, la facultad delegada, siempre y cuando se mantenga dentro del alcance previsto en este instrumento.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encárguese a la Dirección de Secretaria General para que notifique con el contenido de la presente Resolución a los/las servidores delegados y su publicación en el Registro Oficial; y, a la Dirección de Comunicación Social la publicación a través de los medios de difusión institucional.

SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

20 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

RESOLUCIÓN No. 016 -DE-ANT-2020

EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que como garantía básica corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las Partes;

Que, el artículo 82 de la norma suprema señala que el derecho a la segundad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes;

Que, el principio de legalidad consagrado en el artículo 226 ut supra, establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

Que, el artículo 227 de la Constitución dispone que «La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial señala: «Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial las siguientes: (…) 2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial; (…) 19. Recaudar, administrar y controlar los recursos económicos y patrimoniales de la Institución; 20. Estructurar y supervisar las dependencias administrativas de la Agencia Nacional de regulación y control del Transporte Terrestre, Tránsito y

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 21

Seguridad Vial necesarias para su funcionamiento, tanto nacional como regional; (…) 31. Las demás que le determinen la Ley y su Reglamento, y el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Que, la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señala: «Para la recaudación de los valores previstos en esta Ley, se confiere jurisdicción coactiva a la Comisión Nacional, o sus legítimos delegados, quienes tendrán la facultad de emitir los correspondientes títulos de crédito a base de los avisos que reciba por parte de las instancias pertinentes. Para el ejercicio de la jurisdicción coactiva se observarán las reglas generales del Código Tributario y Código de Procedimiento Civil.»

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo señala: «Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. 2. Otros órganos o entidades de otras administraciones. 3. Esta delegación exige coordinación previa de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan. 4. Los titulares de otros órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos. 5. Sujetos de derecho privado, conforme con la ley de la materia. La delegación de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia”;

Que, el número 9 del artículo 42 del Código Orgánico Administrativo, contempla el ámbito material de aplicación de la norma para la ejecución coactiva;

Que, el Libro Tercero, Título II del cuerpo legal ut supra, regula el procedimiento de ejecución coactiva que las instituciones del sector público deben aplicar cuando sean titulares de la potestad coactiva prevista por Ley;

Que, mediante Resolución No. 067-DIR-2019-ANT, de 10 de septiembre de 2019, se expidió el «Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Coactiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT)”;

Que, la Disposición General Tercera del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Coactiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT) establece que «El Director

22 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

Ejecutivo, efectuará todas las acciones tendientes a ejercer la facultad de cobro, así como, regular y ejecutar el procedimiento relativo a la cobranza extrajudicial en el marco del ordenamiento jurídico vigente».

Que, conforme la letra b) del artículo 1,2.1 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es atribución y responsabilidad del Director Ejecutivo, entre otras, «(…) 20. Estructurar y supervisar las dependencias administrativas de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial necesarias para su funcionamiento, tanto nacional como provincial…”;

Que» según la letra b) del artículo 3.2.1 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es atribución y responsabilidad del Director Financiero, entre otras, «(…) 3. Administrar los recursos financieros de la ANT en base a las políticas, lincamientos, en observancia al Marco Legal vigente y más normas relacionadas con la programación, ejecución y evaluación presupuestaria; 4. Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento y nuevos requerimientos del presupuesto de la ANT para la adecuada ejecución de los proyectos y la gestión administrativa: (…) 6. Disponer la ejecución del registro contable, las liquidaciones económicas y la determinación de los saldos de ES1GEF, en los términos dispuestos en la Ley: (…) 11. Supervisar que los procedimientos de control previo se cumplan de acuerdo a la normativa vigente: (…) 14. Emitir lincamientos para la gestión financiera; así como supervisar y controlar las unidades de presupuesto, contabilidad y tesorería;

Que, con Resolución No. 015-DE-ANT-20I9, de 23 de mayo de 2019, el Mgs. Alvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, en su calidad de Director Ejecutivo, resolvió expedir delegaciones para el ejercicio de la ejecución coactiva:

Que, para la mejor operatividad institucional resulta indispensable designar un delegado para el ejercicio de la ejecución coactiva, así como establecer atribuciones, responsabilidades y procedimientos con la finalidad de asegurar la eficiencia y eficacia en la recuperación de recursos, procurando una óptima estructura organizativa, que mantenga coordinación de acciones, con separación y segregación de funciones, estableciendo competencias profesionales así como distribuyendo competencias, dentro de un marco de seguridad jurídica y ambiente de control interno;

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 23

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

Expedir la delegación de funciones, distribución de competencias y procedimientos para la recuperación de Cartera en la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT)

CAPÍTULO I DELEGACIÓN

Art. 1.- DELEGACIÓN.- El ejercicio de la potestad coactiva a nivel nacional corresponde por delegación al Director Financiero de la Agencia Nacional de Tránsito, sea titular, subrogante o encargado, quien en calidad de órgano Ejecutor de coactiva o Empleado Recaudador, asumirá las funciones y competencia señaladas en el artículo 4 y demás aplicables del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Coactiva de la Agencia Nacional de Tránsito y aquellas establecidas en el Código Orgánico Administrativo y otras normas aplicables del ordenamiento jurídico.

Art. 2.- TITULARIDAD DE ATRIBUCIONES.- En caso de avocación, por motivos de oportunidad o por falta, ausencia temporal, excusa o impedimento del Director Financiero para ejercer la potestad coactiva, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito podrá asumir directamente las atribuciones y responsabilidades para la ejecución coactiva.

CAPÍTULO II

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Art. 3.- ESTRUCTURA.- El Director Financiero en su calidad de delegado de la máxima autoridad para el ejercicio de la potestad coactiva, será directamente responsable y se encuentra facultado para establecer, a su criterio, la estructura más adecuada para la ejecución coactiva. Las oficinas o infraestructura física de la unidad de coactivas deberá funcionar en las instalaciones institucionales de la ANT con la finalidad de facilitar la atención a los usuarios con calidad y calidez; en todo caso, a criterio del Ejecutor de Coactiva, funcionará una sola unidad de coactivas con sede en la ciudad de Quito y con competencia y jurisdicción Nacional. De ser necesario

24 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

segmentar y ampliar las áreas de atención, se establecerán dos (2) oficinas, una en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con competencia y jurisdicción en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Carchi, Imbabura. Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Sucumbíos, Napo, Francisco de Orellana. Pastaza; y. otra en la ciudad de Guayaquil, con competencia y jurisdicción en las provincias de Guayas. Santa Elena, Galápagos. Los Ríos, Manabí. El Oro. Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Azuay. Cañar y Loja.

Art. 4.- DE LA UNIDAD DE COACTIVAS.- El Director Financiero en su calidad de delegado de la máxima autoridad para el ejercicio de la potestad coactiva, es responsable y se encuentra plenamente autorizado para designar al Secretario Abogado externo, de manera directa en la orden de pago inmediato con vigencia hasta que el proceso de ejecución coactiva se archive. De igual manera, se encuentra autorizado para designar a los servidores de la ANT que considere necesarios para que presten sus servicios, especialmente para atención al público, previo conocimiento de la Unidad de Administración de Talento Humano. Todos los órganos de la ANT, en planta central o unidades desconcentradas o Direcciones Provinciales, deberán brindar las facilidades operativas y administrativas que el Ejecutor de Coactiva delegado requiera para el ejercicio de sus competencias.

Art. 5.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL EXTERNO.- El Director Ejecutivo o el Director Financiero, poseen la competencia para establecer los Criterios para la contratación de personal externo. Para la contratación del Secretario Abogado de Coactiva externo, el Ejecutor de Coactiva deberá invitar y contratar al profesional del Derecho, persona natural o jurídica, que cumpla tales Criterios; cuando la contratación fuere solicitada por el Director Financiero, el funcionario deberá preparar un informe sustentado dirigido al Director Ejecutivo requiriendo la autorización.

La contratación del Secretario Abogado de Coactiva externo se realizará a través de la suscripción de un contrato de servicios profesionales, como contratista independiente, sin relación laboral alguna con la ANT y sin que implique la erogación de recursos públicos para el pago de sus honorarios profesionales, de acuerdo al modelo que establezca para el efecto el Director de Asesoría Jurídica.

Art. 6.- RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO ABOGADO EXTERNO.- A partir de la emisión de la orden de pago inmediato, el Secretario Abogado de Coactiva externo asumirá, a su cuenta y costo, todos los gastos inherentes o que sean necesarios para la mejor gestión procesal, por medios electrónicos o impresos, tales como equipos de computación e impresión, internet, provisión de papel, tóner, consumibles, personal.

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 25

Art. 7.- MADUREZ PARA CONSTITUCIÓN DE CARTERA VENCIDA.- El Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones deberá notificar y entregar al Director Financiero, de manera mensual, la información con la base de datos y documentación relacionada con todas las infracciones de tránsito o infracciones de transporte, que se encuentren registradas como impagas en el sistema informático bajo su supervisión.

Art. 8.- CARTERA VENCIDA POR APLICACIÓN DE SANCIONES.- El Director de Asesoría Jurídica deberá notificar y entregar al Director Financiero, de manera mensual, la información con la base de datos y documentación así como la Resolución en firme, de las sanciones administrativas o pecuniarias impuestas a las Operadoras de Transporte y Escuelas Profesionales y No Profesionales.’

CAPÍTULO III PROCEDIMIENTOS

Art. 9.- VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN.- El Director Financiero, conjuntamente con los órganos administrativos bajo su dirección, cada uno ejecutando control previo y concurrente, así como supervisión íntegra permanente, son los responsables de verificar la propiedad, legalidad y veracidad de cada transacción u operación que corresponda a obligaciones y/o Cartera vencida, directa o indirectamente inherente a infracciones de tránsito, infracciones de transporte, infracciones sujetas a una sanción administrativa, multas, convenios de pago o cualquier cuenta por cobrar, debiendo efectuar mensualmente el análisis, estudio, caracterización, parametrización y depuración de la información y/o documentación, comprobando que exista la obligación de cobro y demás circunstancias relevantes, según el caso a su mejor criterio, que servirá de fundamento para preparar los respectivos títulos de crédito, órdenes de cobro, órdenes de pago y demás documentos observando las disposiciones contenidas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Código Orgánico Administrativo, los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental expedidas por el ente rector del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, las Normas de Control Interno emitidas por el Contralor General del Estado, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y demás regulaciones o normas jurídicas conexas aplicables.

Art. 10.- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO CONTABLE.- El Director Financiero, el Contador General y el Tesorero General, ejerciendo supervisión íntegra permanente así como control previo y concurrente, son los servidores responsables de realizar el levantamiento de información y/o documentación, coordinando acciones que fueren necesarias con otros órganos

26 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

administrativos de la Agencia Nacional de Tránsito o de otras instituciones, y consultando fuentes fidedignas. Hables y verídicas, con la cual elaborarán la base de datos de la Cartera vencida, que permita obtener un alto grado de seguridad razonable respecto de la fidelidad de la información que se utilice, su consistencia y que sea registrada en el sistema de contabilidad de la Institución; con la finalidad de que coadyuve al buen funcionamiento, desarrollo efectivo y eficiente de las operaciones institucionales, precautelando la operatividad y productividad de la gestión, así como el óptimo desenvolvimiento de actividades y la correcta administración, vigilancia, seguimiento y control para la recuperación de recursos a través de la ejecución Coactiva.

Art. 11.- DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES EJECUTABLES Y ACTUALMENTE EXIGIBLES.- El Director Financiero, el Contador General y el Tesorero General, ejerciendo supervisión íntegra permanente así como control previo y concurrente, son los servidores responsables de la determinación de las obligaciones ejecutables y actualmente exigibles de la Agencia Nacional de Tránsito o de las instituciones que mantienen cualquier tipo de Convenio o Contrato con la Institución, sea por concepto de obligaciones impagas derivadas de: infracciones de tránsito, infracciones de transporte, infracciones por sanciones administrativas, multas, contravenciones, convenios de pago y cuentas por cobrar en general, debiendo coordinar acciones con los órganos a cargo de las distintas unidades administrativas de la Agencia Nacional de Tránsito u otras instituciones del sector público o del sector privado.

Art. 12.- DEL TÍTULO DE CRÉDITO.- Al Contador General, previo análisis y control, le corresponde la responsabilidad y competencia de preparar y aprobar toda la información que deba constar en los títulos de crédito, en contra de personas naturales o jurídicas, de acuerdo a la información que conste en el sistema de contabilidad u otras fuentes fiables y verídicas, conforme el artículo 268 del Código Orgánico Administrativo y demás normativa aplicable, los mismos que serán posteriormente emitidos por el Director Financiero. Concluida la fase de requerimiento de pago voluntario, si el deudor no canceló su obligación, no solicitó ni obtuvo facilidades de pago, o no formuló reclamo al título de crédito, el Contador General remitirá al Ejecutor de Coactiva mediante Acta de Entrega Recepción, la copia certificada del título de crédito, con su respectiva razón de notificación, utilizando incluso medios electrónicos.

Art. 13.- DE LA ORDEN DE COBRO.- Al Tesorero General, previo análisis y control, le corresponde la responsabilidad y competencia de preparar y aprobar toda la información que deba constar en las órdenes de cobro, generales o especiales, de acuerdo a la información que conste en el sistema de contabilidad u otras fuentes fiables

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 27

y verídicas; cuando el deudor no hubiere cumplido con el pago efectivo de la obligación insoluta, dentro del término concedido para el efecto, con aquella información el Director Financiero emitirá la orden de cobro, debiendo ser notificadas de inmediato a la unidad de Coactivas con la finalidad de ejercer el cobro a través de la ejecución coactiva.

Art. 14.- LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES.- Al Tesorero General le corresponde la responsabilidad y competencia de analizar, controlar, supervisar, aprobar y liquidar los intereses devengados de cualquier obligación, más las costas y gastos que se puedan incurrir por la recuperación de la obligación por la ejecución coactiva, de manera manual o automática, a través del sistema contable o por intermedio del sistema informático AXXIS 4.0 o el que fuera necesario para el efecto.

Art. 15.- ORDEN DE PAGO INMEDIATO.- Vencido el plazo para el pago voluntario de la obligación, el Ejecutor de Coactiva emitirá la orden de pago inmediato conforme la información que conste conjuntamente en los títulos de crédito remitidos por el Contador General y la información de las órdenes de cobro enviadas por el Tesorero General; y, dispondrá que el deudor o sus garantes o ambos, paguen la deuda o dimitan bienes dentro de tres días contados desde el siguiente al de a notificación, apercibiéndoles que, de no hacerlo, se embargarán bienes equivalentes al total de la deuda por el capital, intereses y costas.

La notificación de la orden de pago inmediato se efectuará, de conformidad con el régimen general previsto en el Código Orgánico Administrativo.

Las actuaciones posteriores se notificarán al deudor o su representante, siempre que haya señalado domicilio especial para el objeto.

Art. 16.- DE LA RECAUDACIÓN DE INFRACCIONES Y HONORARIOS PROFESIONALES.- La recaudación o ingreso de valores por concepto de infracciones, a través de coactiva, se realizará única y exclusivamente mediante transferencia o depósito en la cuenta bancaria de la Agencia Nacional de Tránsito y/o de la Cuenta Única del Tesoro Nacional.

La recaudación de honorarios profesionales originados por la recuperación de obligaciones insolutas por parte del Secretario Abogado de Coactiva externo, que no constituyen recursos públicos, se cancelarán directamente por el ejecutado en la cuenta bancaria que establezca el Profesional para el efecto.

28 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

Art. 17.- PETICIONES O ESCRITOS DE LOS USUARIOS.- En todas las Unidades Desconcentradas o Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito se deben receptar las peticiones o escritos que presenten los coactivados o deudores y que se encuentren dirigidos a nombre de la máxima autoridad y/o del Ejecutor de coactiva y/o unidad de coactivas y/o de la ANT. los cuales deberán ser remitidos físicamente o por medio digital y/o puestos en conocimiento del Director Financiero, máximo dentro de los siguientes dos (2) días hábiles posteriores a su recepción, bajo prevención de sanción administrativa conforme la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las situaciones o casos de duda respecto de cuestiones operativas, procesales o administrativas, previo petición concreta, serán resueltas por el Director Financiero.

SEGUNDA.- El Director Financiero conjuntamente con los órganos administrativos bajo su dirección, deben preparar y expedir los actos administrativos, manuales, procedimientos, procesos, instrucciones administrativas o documentos que fueren necesarios para la mejor gestión de sus productos y servicios, actividades, atribuciones, competencias y responsabilidades. Igualmente deben formular o expedir y suscribir los actos y hechos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades determinadas en las normas jurídicas, en los Reglamentos, en el presente Instrumento o en aquellas dispuestas mediante instrucciones administrativas, con la finalidad establecer un ambiente y actividades de control interno, en el desarrollo de las acciones, operaciones y transacciones, que son de su responsabilidad, que sean necesarias o pudieran ser necesarias para la eficaz gestión, operación, seguimiento, control y desempeño de la Dirección Financiera y/o de la unidad administrativa pertinente.

TERCERA.- Para el cumplimiento de su competencia y atribuciones, el Director Financiero queda expresamente facultado para suscribir los acuerdos, convenios o contratos que fueren necesarios para la mejor gestión de la ejecución coactiva, con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, sin que implique erogación de recursos públicos.

CUARTA.- La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, dentro del plazo de noventa (90) días, contados desde la emisión del presente instrumento, desarrollará una aplicación o software que permita realizar el control y gestión de los procesos coactivos: y, que permita efectuar remates en línea, o, en su defecto, se suscriba un Convenio con otra institución pública que posea el software para el efecto.

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 29

QUINTA.- La Dirección Jurídica de la ANT patrocinará los juicios civiles y/o contencioso administrativos y/o penales (incluyendo la investigación previa e instrucción fiscal por parte de la Fiscalía General del Estado) y/o constitucionales que se puedan incoar en contra del Director Ejecutivo, del Órgano Ejecutor o Empleado Recaudador, del Secretario Abogado y demás, aún cuando cese la relación entre tales profesionales y la ANT, ya que actuaron investidos de una potestad o ejercicio de un cargo a favor y en nombre de la Agencia Nacional de Tránsito. De igual manera, la Dirección Jurídica patrocinará los juicios de insolvencia o quiebra, tercerías, excepciones a la coactiva y otros de cualquier naturaleza que tenga relación con el ejercicio de la potestad de ejecución coactiva. La Dirección Jurídica podrá gestionar el patrocinio directamente o por medio de Abogados externos, observando las normas aplicables de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y las Resoluciones del SERCOP.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Director Financiero conjuntamente con los órganos administrativos bajo su dirección, deben efectuar las acciones y gestiones urgentes, reales y concretas, que sean necesarias para: que la unidad de coactivas de la Agencia Nacional de Tránsito se encuentre operativa y funcionando; se efectúe la Verificación y Análisis de Información y/o Documentación, el Levantamiento de Información y Registro Contable y la Determinación de Obligaciones Ejecutables y Actualmente Exigibles; se emitan los títulos de crédito, se realice el requerimiento de pago voluntario, se emitan órdenes de cobro; y, se emitan las órdenes de pago, iniciando la acción de cobro de obligaciones insolutas a través de la ejecución coactiva.

SEGUNDA.- Al tenor de la Disposición General Tercera del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Coactiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT) se dispone que todas las obligaciones insolutas de competencia de recaudación por parte de la ANT, con la verificación previa efectuada por el Contador General y el Tesorero General, sean ejecutadas y cobradas a través de coactiva.

TERCERA.- Los convenios de pago, suscritos por la Agencia Nacional de Tránsito con personas naturales o jurídicas, que se encuentren en mora, otorgados y/o emitidos y/o supervisados por el Director Financiero y/o los Directores Provinciales y/o sus delegados, deben ser cobrados de inmediato a través de la ejecución coactiva; para el efecto, al tenor de lo establecido en los artículos 8 y 9 del «Instructivo para conceder Facilidades de Pago a través de Convenio, por Multas de Contravenciones de Tránsito»,

30 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

expedido a través de Resolución No. 588-DE-ANT-2015. de 23 de diciembre de 2015, cada órgano administrativo encargado de la administración y/o seguimiento y/o control de tales instrumentos, debe remitir de manera urgente al Director Financiero, un reporte en el que conste toda la información relevante, con al menos la identificación del deudor, lugar y fecha del convenio de pago, detalle de cuotas vencidas, detalle de capital adeudado, detalle y liquidación de intereses, fecha de corte de intereses, fecha máxima de pago, adjunto además, copia certificada del referido convenio de pago, incluso por medios electrónicos.

CUARTA Sin perjuicio de lo señalado en los números anteriores, todo órgano administrativo de la Agencia Nacional de Tránsito que tenga conocimiento de obligaciones vencidas, debe notificarlas de manera inmediata al Director Financiero, con los sustentos suficientes, para que sean ejecutadas a través de coactiva.

QUINTA.- La unidad de coactivas deberá contar con su propio espacio físico de infraestructura con mobiliario de oficina, archivadores con todas las seguridades necesarias para proteger los expedientes coactivos y sala de espera y atención al usuario, siendo responsabilidad de la Dirección Administrativa asignar tales bienes.

SEXTA.- Los expedientes coactivos, electrónicos o físicos, cuyo estatus sea pagado y/o archivado, se conservarán en la Dirección de Secretaría General conforme a la normativa aplicable.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Se deroga expresamente la Resolución No. 015-DE-ANT-2019, de 23 de mayo de 2019.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encargar el cumplimiento de la presente Resolución a todos los órganos administrativos de la Agencia Nacional de Tránsito, en el ámbito de sus competencias.

SEGUNDA.- Disponer a la Dirección de Secretaría General notifique con la presente Resolución a la Dirección Financiera. Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de Transferencia de Competencias, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y, demás unidades administrativas.

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 31

TERCERA.- Disponer a la Dirección de Comunicación Social la difusión de la presente Resolución y su publicación en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito.

CUARTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 13 días del mes de marzo de 2020

GENCIA NACIONAL DE REGÜL4qQN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITÓ Y SEGURIDAD VIAL

32 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

RESOLUCIÓN Nro. 017-DE-ANT-2020

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 227 de la Carta Magna señala que, la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 233 de la referida Constitución de la República determina: «Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos»;

Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en la letra e), entre las atribuciones y obligaciones específicas de los Ministros de Estado y de las máximas de las instituciones del Estado se encuentra la de: «Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones»;

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial determina que la Agencia Nacional de Tránsito, es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector así como del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GADS;

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 33

Que, en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo en los numerales 2 y 13 en su orden señalan: «Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial» y «Nombrar y remover al personal de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conforme a la Ley»;

Que, en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como atribución del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito determina: «Recaudar, administrar y controlar los recursos económicos y patrimoniales de la Institución»;

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo establece entre sus principios dentro del sector público se encuentra el de la eficacia, disponiendo que las actuaciones administrativas se realizaran en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias;

Que, el artículo 69 de la norma Ibídem con respecto a la delegación de competencias señala: «Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: I. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes»;

Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo señala como elementos de la delegación. «1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por el

delegado o el delegante, según corresponda»;

Que, en el artículo 16 del Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su último inciso dispone: «En aplicación de los principios del Derecho Administrativo son delegables todas las atribuciones previstas para el Director Ejecutivo de la ANT, aún cuando no conste la facultad de delegación expresa en la Ley como en este Reglamento General. La resolución que se emita para el efecto determinará su contenido y alcance»;

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento a sus atribuciones determinadas en el numeral 4 del artículo 20, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante Resolución Nro.029-DIR-2020-ANT de 21 de febrero de 2020, resolvió nombrar al que suscribe el presente acto administrativo, Tnlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo, como Director Ejecutivo de este Organismo;

34 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en concordancia con el numeral 1 del artículo 69 de Código Orgánico Administrativo y en aplicación de la normativa vigente.

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO.- AL DIRECTOR/A PROVINCIAL:

1. Suscribir las acciones de personal de los servidores/as de la Dirección Provincial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, relacionados con vacaciones, licencias y permisos, a excepción de los/as funcionarios/as del nivel jerárquico superior y los movimientos que correspondan la Dirección de Administración de Talento Humano. La Dirección Provincial, deberá reportar sobre estos movimientos de personal dentro de las 48 horas a la Dirección de Talento Humano; y,
2. Suscribir las acciones de personal respecto a todas las formas de cesación de funciones de servidores/as o trabajadores/as de la circunscripción territorial de la Dirección Provincial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en cualquiera de los casos previstos en la Ley Orgánica del Sector Público o del Código del Trabajo.

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA.- Las delegaciones otorgadas a través del presente instrumento, rigen sin perjuicio de las responsabilidades que les corresponde cumplir a cada uno de los funcionarios delegados, en el ejercicio de sus atribuciones y actividades institucionales.

SEGUNDA.- La o el delegado, en atención a sus atribuciones y competencias, coordinará y se pronunciará en cuanto a su gestión, según la materia que se trate, en coordinación con las demás unidades de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

TERCERA.- Se autoriza expresamente a los funcionarios y delegados, por excepción, en casos de fuerza mayor de caso fortuito, o necesidad institucional, debidamente motivados, puedan delegar dentro del ámbito de

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 35

sus competencias, las facultades delegadas, siempre y cuando se mantengan dentro del alcance previsto en este instrumento.

CUARTA.- Los funcionarios delegados, presentarán a la máxima autoridad, cada trimestre o cuando la autoridad decida, un informe trimestral sobre las acciones realizadas en el ejercicio de la delegación conferida.

QUINTA.- El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por motivos de oportunidad, podrá en cualquier momento directamente asumir las atribuciones y facultades delegadas.

SEXTA.- Las decisiones adoptadas en virtud de la delegación, estarán sujetas a la Constitución de la República, Leyes, Reglamentos y normativa aplicable, y sus efectos se entenderán de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo.

DISPOSICIONES FINALES:

PRIMERA: Las delegaciones otorgadas a través del presente instrumento, rigen sin perjuicio de las responsabilidades que les corresponde cumplir a cada uno de los funcionarios delegados, en el ejercicio de sus atribuciones y actividades institucionales.

SEGUNDA: La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitana de Quito a los 13 de marzo de 2020.

36 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

RESOLUCIÓN No. 018-ANT-DE-2020-ANT

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1, del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que es deber primordial del Estado: «Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la cedulación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.”;

Que, el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: «La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.»;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que «Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución»;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud determina que la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de dicha ley y las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias;

Que, el numeral 11 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud establece entre las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública: «11. Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en grave’ riesgo y solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, como consecuencia de epidemias, desastres u otros que pongan en grave riesgo la salud colectiva; (…)»;

Que, el literal j) del artículo 7 de la norma ibídem determina que toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud el derecho de ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo previos;

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 37

Que, el punto 3.1 del Manual del Comité de Operaciones de Emergencias-COE contenido en la Resolución No. SGR-142-2017, define a la emergencia como «Un evento que pone en peligro a las personas, los bienes o a la continuidad de los servicios en una comunidad y que requiere una respuesta inmediata y eficaz a través de las entidades locales»;

Que, el punto 3.2 del Manual del Comité de Operaciones de Emergencias-COE contenido en la Resolución No. SGR-142-2017 establece la calificación de eventos o situaciones peligrosas de conformidad con el índice de calificación del grado de afectación o de posible afectación en el territorio, la población, los sistemas y estructuras, así como la capacidad de las instituciones para la respuesta humanitaria a la población afectada;

Que, el punto 3.4.3 del Manual del Comité de Operaciones de Emergencias-COE contenido en la Resolución No. SGR-142-2017 determina que «El titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos, tiene la competencia exclusiva de declarar los diferentes estados de alerta de las distintas amenazas (de origen natural o antrópico/antropogénico), en cualquier ámbito territorial, en base a la información proporcionada por las instituciones técnico-científicas nacionales o internacionales, o por las entidades responsables del monitoreo y de acuerdo a la amenaza, debidamente autorizadas por la SGR. La declaratoria del estado de alerta tiene un carácter oficio y debe disponer de los canales de difusión necesarios que permitan la rapidez, claridad, oportunidad y coherencia, para el conocimiento de la población, estructuras gubernamentales, instituciones y organizaciones.»;

Que, el 11 de marzo de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, declaró al COVID -19 como una pandemia, en razón de que los niveles de propagación mundial y gravedad son alarmantes;

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone «El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas”;

Que, el artículo 16 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial determina que: «La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (en adelante para los efectos de esta normativa «Agencia Nacional de Tránsito » y/o «ANT»), es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector”;

38 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

Que, el artículo 46 de la ley Ibídem señala: «El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una actividad económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano (…)”;

Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: «Las terminales terrestres, puertos secos y estaciones de transferencia, se consideran servicios conexos de transporte terrestre, buscando centralizar en un solo lugar el embarque y desembarque de pasajeros y carga, en condiciones de seguridad. El funcionamiento y operación de los mismos, sean estos de propiedad de organismos o entidades públicas, gobiernos Autónomos Descentralizados o de particulares, están sometidos a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. Todos los vehículos de transporte público de pasajeros, que cuenten con el respectivo título habilitante otorgado por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o por el organismo competente, deberán ingresar a los terminales terrestres de las respectivas ciudades, para tomar o dejar pasajeros»;

Que, el artículo 62 determina «La Comisión Nacional establecerá las normas generales de funcionamiento, operación y control de aquellas instalaciones, las que serán de uso obligatorio por parte de las empresas operadoras de los servicios de transporte habilitadas. En las ciudades donde no existan terminales terrestres, los Gobiernos Autónomos Descentralizados determinarán un lugar adecuado dentro de los centros urbanos para que los usuarios puedan subir o bajar de los vehículos de transporte público inter e intraprovincial de pasajeros. Los denominados pasos laterales construidos en las diferentes ciudades serán usados obligatoriamente para el transporte de carga pesada. La Comisión Nacional en coordinación con los gobiernos seccionales, planificarán la construcción de terminales terrestres, garantizando a los usuarios la conexión con sistemas integrados de transporte urbano.

Que, artículo 63 señala «Los terminales terrestres, estaciones de bus o similares, paraderos de transporte en general, áreas de parqueo en aeropuertos, puertos, mercados, plazas, parques, centros educativos de todo nivel y en los de los de las instituciones públicas en general, dispondrán de un espacio y estructura para el parqueo, accesibilidad y conectividad de bicicletas, con las seguridades mínimas para su conservación y mantenimiento.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados exigirán como requisito obligatorio para otorgar permisos de construcción o remodelación, un lugar destinado para el estacionamiento de las bicicletas en el lugar más próximo a la entrada principal, en número suficiente y con bases metálicas para que puedan ser aseguradas con cadenas, en todo nuevo proyecto de edificación de edificios de uso público.

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 39

Que, el numeral 17 de la referida norma, en el artículo 29 entre otras funciones o atribuciones del Director Ejecutivo dispone «(.-.) ppromover y mantener campañas masivas de educación, concienciación, prevención y capacitación en temas relacionados con la movilidad, tránsito, seguridad vial y medio ambiente y, editar y supervisar las publicaciones oficiales relacionadas con el sector;

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:

RESUELVE:

Expedir el siguiente:

PROTOCOLO DE SEGURIDAD A FIN EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL

COVID -19

Artículo 1.- Disponer a las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la Asociación de Municipalidades del Ecuador -AME, coordinar con los diferentes GADs, operadoras de transporte intracantonal, intraprovincial, interprovincial, transporte comercial en taxis convencionales y ejecutivos, carga liviana, mixto, turístico, carga pesada y otros, las siguientes acciones a tomarse:

1. Establecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, oportuna, clara y concisa, a través de redes sociales, carteleras, o cualquier medio de difusión sobre las medidas de prevención, dispuestas por el Ministerio de salud Pública:
2. Garantizar elementos de higiene personal a los usuarios del servicio público de transporte.
3. Fortalecer e intensificar los programas de aseo a las instalaciones físicas y a los vehículos con los cuales se presta el servicio público y comercial de transporte.
4. Indicar los canales de información general, así como las autoridades responsables.
5. Hacer limpieza y desinfección de las unidades de transporte público luego de cada circuito (ruta y frecuencia), que pasen las tres horas de servicio, y para las unidades de servicio comercial, por lo menos una vez al día. al finalizar las labores.
6. Mantener en buen estado las ventanas de los vehículos, de manera que el usuario pueda abrirlas o cerrarlas para lograr una buena ventilación, lo que disminuye el riesgo de contagio en vehículos concurridos.
7. Distribuir bolsas plásticas, que permitan la recolección de los pañuelos desechables (por ser un desecho peligroso) que los usuarios utilicen durante el viaje.
8. Validar que se haya realizado la fumigación de las terminales terrestres
9. Advertir a los usuarios que, al momento de iniciar su traslado en el servicio de transporte público y presente la sintomatología del COVID 19, descrita por el Ministerio de Salud Pública, la operadora no podrá iniciar su operación.

40 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

j) Si durante el viaje presenta síntomas de afecciones respiratorias, como fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales, fiebre de difícil control y malestar general, obligatoriamente deberá utilizar mascarillas e informar sobre su sintomatología al personal de la empresa de transporte, a fin de que realice una parada inexcusable, en el lugar más cercano y que cuente con un centro o dispensario médico.

Artículo 2.- Escuelas de Conducción:

1. La Suspensión de clases presenciales de Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales y No Profesionales.
2. Las escuelas de Capacitación que cuenten con plataformas tecnológicas que soporten su funcionamiento, podrán coordinar la ejecución de cursos en línea.
3. La Suspensión de eventos masivos, tales como graduación de estudiantes y cualquier tipo de actividad y programa de educación y seguridad vial, que involucre la concentración de gente.
4. En relación a las prácticas de conducción, las Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales y No Profesionales, podrán llevarlas a cabo con normalidad, por cuanto son clases coordinadas de manera personal con los estudiantes y no implican la concentración de gente.
5. Una vez culminada la emergencia sanitaria, los cursos autorizados de Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales y No Profesionales, se retomarán con normalidad.
6. Para el caso de escuelas de capacitación que no cuenten con plataformas tecnológicas y suspendieron de manera total sus cursos teóricos, será necesaria la reprogramación de éstas clases. Esta reprogramación se comunicará e incluirá en el proceso de emisión de licencia por primera vez (graduados)

Artículo 3.- Para los casos de atención al usuario en las dependencias de la Agencia Nacional de Tránsito a nivel nacional:

1. Toda persona, previo su ingreso a las instalaciones de la ANT a nivel nacional, deberán desinfectar sus manos con gel antiséptico dispensado en el punto de control de acceso.
2. Solo se permitirá el ingreso a las oficinas de atención al usuario, a las personas representantes o apoderadas debidamente acreditadas para realizar los trámites correspondientes.
3. No se permitirá el ingreso de acompañantes a las oficinas de atención al usuario, con excepción de niños.
4. Los usuarios no podrán permanecer en las salas de espera u otras áreas de los distritos, una vez que hayan sido atendidos

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, deberán emitir informes semanales sobre el cumplimiento de la presente resolución.

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 41

SEGUNDA: Comunique y Coordínese con la Asociación de Municipalidades del Ecuador- AME, para su aplicación, control y cumplimiento en las terminales terrestres.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: El protocolo, se mantendrá vigente, mientras el Ministerio de Salud Pública, emita nuevas disposiciones y el Gobierno Central, declare la derogatoria del Estado de Emergencia Sanitaria.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Para la observación, cumplimiento y ejecución de la presente resolución, notifíquese a través de la Dirección de Secretaría General de la ANT la presente Resolución a las Direcciones Nacionales, Provinciales de la ANT, Asociación de Municipalidades Del Ecuador – AME y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos, Municipales y Mancomunidades.

SEGUNDA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional de Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los medios masivos que considere pertinente, a fin de que los usuarios internos y externos conozcan el procedimiento contenido en la presente Resolución.

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin prejuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 13 días del mes de marzo del 2020.

42 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNLESF-2020-047^

CATALINA PAZOS CHIMBO INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 309 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones»;

Que, el artículo 311 ibídem, determina: «El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria»;

Que, los numerales 3 y 25 del artículo 62 del Libro I del Código Orgánico Monetario y Financiero, en concordancia con el artículo 74 del mismo cuerpo legal, establecen como funciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, entre otras, a las siguientes: «(…) 3. Autorizar la constitución, denominación, organización y liquidación de las entidades que conforman el Sector Financiero Privado (…) 25. Designar a los administradores temporales y liquidadores de las entidades bajo su control (…)”;

Que, el artículo 287 del Código invocado previamente señala: «Incumplimiento del programa de supervisión intensiva. El incumplimiento sustancial del programa de supervisión intensiva sera causal para instrumentar (…) la liquidación forzosa de la entidad financiera»’;

Que, el artículo 299 ibídem manifiesta: «Liquidación. Las entidades del sistema financiero nacional se liquidan voluntariamente o de manera forzosa, de conformidad con las disposiciones de este Código”;

Que, el artículo 303, numerales 2), 8) y 11), del Código ut supra señala: «Causales de liquidación forzosa. Las entidades del sistema financiero nacional se liquidan de manera forzosa, por las siguientes causas: (…) 2. Por incumplimiento sustancial del programa de supervisión intensiva; (…) 8. Por acumular dos meses de incumplimiento en el pago de aportes y contribuciones al Seguro de Depósitos y o Fondo de Liquidez; (…) 11. Por imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social (…)»;

Que, el artículo 304 de la Norma antes referida dispone: «Resolución de liquidación forzosa. Cuando el organismo de control llegase a determinar que la entidad financiera está incursa en una o varias causales de liquidación forzosa, y no fuera posible o factible implementar un proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos, procederá a emitir la resolución de liquidación forzosa de la entidad»;

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 43

Que, el artículo 307 del mismo Código determina: «Contenido de la resolución de liquidación. En la resolución de liquidación voluntaria o forzosa se dispondrá, al menos, lo siguiente: (…) 4. El plazo para la liquidación que será de hasta tres (3) años, pudiendo ser prorrogado por dos (2) años, previa .solicitud debidamente sustentada por el liquidador y autorizada por el Superintendente; 5. Designación del liquidador (…) En el caso de liquidación forzosa, en la resolución se solicitará que la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados pague el seguro a los depositantes (…) La resolución de liquidación de una entidad financiera será motivada, suscrita por el titular del correspondiente organismo de control, gozará de la presunción de legitimidad y debe cumplirse desde la fecha de su expedición.- La resolución de liquidación deberá inscribirse en los registros correspondientes.- El organismo de control supervisará la gestión integral del liquidador”;

Que, el Artículo 308 ibídem establece: «Vigencia. La resolución de liquidación regirá a partir de lafeclia de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial»;

Que, el último inciso del artículo 446 del aludido Código señala: «(…) La liquidación de una cooperativa de ahorro y crédito se regirá por las disposiciones de este Código y, supletoriamente, por las de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria»,

Que, el artículo 60 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria manifiesta: «Liquidación.- Salvo en los casos de fusión y escisión, una vez disuelta la cooperativa se procederá a su liquidación, la cual consiste en la extinción de las obligaciones de la organización y demás actividades relacionadas con el cierre; para cuyo efecto, la cooperativa conservará su personalidad jurídica, añadiéndose a su razón social, las palabras ‘en liquidación»;

Que, el artículo 61 de la referida Ley dispone: «Designación de Liquidador.- El liquidador será designado (…) por la Superintendencia cuando sea ésta la que resuelva la disolución.- El liquidador ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa, pudiendo realizar únicamente aquellas actividades necesarias para la liquidación.- Cuando el liquidador sea designado por la Superintendencia, ésta fijará sus honorarios, que serán pagados por la cooperativa y cuando sea designado por la Asamblea General de la cooperativa, será ésta quien fije sus honorarios.- Los honorarios fijados por la Superintendencia, se sujetarán a los criterios que constarán en el Reglamento de la presente Ley.- El liquidador podrá o no ser servidor de la Superintendencia; de no serlo, no tendrá relación de dependencia laboral alguna con la cooperativa ni con la Superintendencia, y será de libre remoción, sin derecho a indemnización alguna.- El liquidador en ningún caso será responsable solidario de las obligaciones de la entidad en proceso de liquidación”;

Que, la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, en su Libro I: «Sistema Monetario y Financiero», Título II: «Sistema Financiero Nacional»; Capítulo XXXVII: «Sector Financiero Popular y Solidario», Sección XIII: «Norma que Regula las Liquidaciones de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria», Subsección II: «Causales de Liquidación Forzosa «, emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en los artículos 254, numerales 2), 8) y 10), determina:» Art. 254.- Causas de liquidación forzosa: Las entidades del sistema financiero popular y solidario se

44 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

liquidarán de manera forzosa por las siguientes causas: (…) 2. Por incumplimiento sustancial del programa de supervisión intensiva; (…) 8. Acumulación de dos meses de incumplimiento en el pago de aportes y contribuciones al Seguro de Depósitos yo Fondo de Liquidez; (…) 10. Por imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social (…)”;

Que, el artículo 256 ibídem, incisos primero y segundo, establece: «(…) Incumplimiento sustancial del programa de supervisión intensiva: Constituye causal de liquidación forzosa de una entidad sujeta a un programa de supervisión intensiva, el incumplimiento de las medidas tendientes a superar la deficiencia patrimonial, en los plazos y condiciones establecidos en el artículo 192 del Código Orgánico Monetario y Financiero.- Sin perjuicio de lo anterior, el organismo de control, previa verificación extra situy/o in situy la emisión del correspondiente informe motivado, podrá disponer la liquidación forzosa de aquella entidad que no haya cumplido con las medidas de carácter correctivo, dispuestas para superar las causas que originaron la imposición del programa de supervisión intensiva, en los plazos establecidos en el mismo (…)”;

Que, en el artículo 262, inciso primero; y, 264, numeral 2, de la Codificación previamente invocada, Libro I: ^Sistema Monetario y Financiero», Título II: «Sistema Financiero Nacional, Capítulo XXXVTI: «Sector Financiero Popular y Solidario», Sección XIII: «Norma que Regula las Liquidaciones de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria»; Subsección II: «Causales de Liquidación Forzosa», manifiesta: «(..-) Art. 262.- Acumulación de dos meses de incumplimiento en el pago de aportes y contribuciones al Seguro de Depósitos y o Fondo de Liquidez: Se configurará esta causal de liquidación forzosa, cuando una entidad, a pesar de las gestiones de cobro que realice la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, acumule dos o más meses consecutivos de incumplimiento en el pago de sus aportes (…)»; y: «Art. 264.- Imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social Se configura esta causal de liquidación en los siguientes casos: (…) 2. Si tras haberle sido requeridos por los medios y en los plazos que la Superintendencia establezca, la entidad controlada no presente sus estados financieros durante seis meses consecutivos, en el caso de que estén obligados a presentarlos de manera mensual; o durante dos trimestres consecutivos, si los estados financieros se deben presentar de manera trimestral, sin que medie justificación alguna aceptada por el organismo de control; o, habiendo justificado este incumplimiento, se incurra nuevamente en el mismo durante el siguiente ejercicio económico.- Sin perjuicio de las acciones administrativas a que hubiere lugar, el organismo de control requerirá al representante legal de la entidad, en el domicilio registrado en la Superintendencia, la entrega dentro del plazo de 15 días de los estados financieros pendientes. De no ser posible localizar al representante legal, en un plazo de 5 días, se le notificará mediante publicación en un medio de comunicación escrito, requiriéndole la entrega de los estados financieros pendientes dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha de dicha publicación.- Una vez transcurridos los términos señalados en el párrafo precedente, y de persistir el incumplimiento con la entrega de los estados financieros, la Superintendencia procederá con la liquidación forzosa de la entidad (…) » ;

Que con Acuerdo Ministerial No. 0174, de 23 de septiembre de 2009, el Ministerio de Inclusión Económica y Social aprobó el estatuto y concedió personería jurídica a

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 45

la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO «VISIÓN INTEGRAL», con domicilio en el cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena;

Que, mediante Resolución No. SEPS-ROEPS-2013-001563, de 31 de mayo de 2013, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria aprobó el estatuto social de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VISIÓN INTEGRAL, adecuado a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria;

Que, a través de Informe de Auditoría relacionado con la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VISIÓN INTEGRAL, la Dirección Zonal 5 del Sector Financiero recomienda: «(…) 7.2. RECOMENDACIONES: (…).- 7.2.1. Dar por terminado el Programa de Supervisión Intensiva (PSI) dispuesto a la Cooperativa (…) por haber concluido su plazo de implementación. Por otra parte, de la evaluación al referido Programa se evidenció el incumplimiento sustancial de conformidad con lo establecido en el Artículo 287 del Código Orgánico Monetario y Financiero (…) 7.2.2. Iniciar el proceso de liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión Integral con RUC 2490002092001, por encontrarse incursa en las siguientes causales de liquidación: a) Por incumplimiento sustancial del Programa de Supervisión Intensiva (PSI) (…) de acuerdo a lo establecido en los artículos 287 y numeral 2 del artículo 303 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en concordancia con el numeral 2 del artículo 254 e inciso segundo del artículo 256, Subsección II, Sección XIII, Capítulo XXXIII, Título II, Libro I de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.- b) Por Acumular más de dos meses de incumplimiento en el pago de contribuciones a la Corporación de Seguros de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados -COSEDE, conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 303 del Código Orgánico Monetario y financiero (sic), en concordancia con el numeral 8 del artículo 254 y artículo 262, Subsección II, Sección XIII, Capítulo XXXVII, Título II, Libro I de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.-c) Por imposibilidad manifiesta de cumplir con el objeto social (…) conforme lo previsto en numeral II del artículo 303 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en concordancia con el numeral 10 del artículo 254 y numeral 2 del Artículo 264, Subsección II, Sección XIII, Capítulo XXXVII, Título II, Libro I de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros (…)”;

Que, con Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-DZ5SF-2020-0269, de 20 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 5 del Sector Financiero pone en conocimiento de la Intendencia Zonal 5: «(…) el Informe de Auditoria (…) de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión Integral con RUC No. 2490002092001, del Segmento 5, correspondiente a la supervisión in situ con corte al 30 de septiembre de 2018, mediante la cual se evaluó los componentes de Gobierno Cooperativo y Evaluación Económica Financiera ; así como la evaluación al cumplimiento del Programa de Supervisión Intensiva (PSI), dispuesto a la Cooperativa (…)»; a la vez que recomienda: «(…) Iniciar el proceso de liquidación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión Integral con RUC No. 2490002092001, por encontrarse incursa en las siguientes causales de liquidación: a) Por incumplimiento sustancial del Programa de Supervisión Intensiva (PSI), dado que la Cooperativa no ha cumplido con treinta y cuatro (34) de las treinta y seis estrategias que conforman el Programa de Supervisión Intensiva (PSI), de acuerdo a lo establecido en los artículos 287 y numeral 2 del artículo 303 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en concordancia con el numeral 2 del

46 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

artículo 254 e inciso segundo del artículo 256, Subsección II, Sección XIII, Capítulo XXXVII, Título II, Libro I de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.- b) Por Acumular más de dos meses de incumplimiento en el pago de contribuciones a la Corporación de Seguros de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados — COSEDE, conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 303 del Código Orgánico Monetario y financiero (sic), en concordancia con el numeral 8 del artículo 254 y artículo 262, Subsección II, Sección XIII, Capítulo XXXVII, Título II, Libro I de la codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.- c) Por imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social, sustentado en la falta de envío de los estados financieros durante seis (6) trimestres consecutivos correspondientes a los periodos: marzo, junio, septiembre, diciembre de 2018, marzo y junio de 2019, conforme lo previsto en el numeral 11 del artículo 303 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en concordancia con el numeral 10 del artículo 254 y numeral 2 del artículo 264, Subsección II, Sección XIII, Capítulo XXXVII, Título II, Libro I de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros (…);

Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-2020-0271, de 20 de febrero de 2020, el Intendente Zonal 5 (E) pone a consideración de la Intendencia General Técnica «{.) el Informe de Auditoría (…) de la supervisión in situ efectuada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión Integral con RUC No. 2490002092001 (…)»; con base al cual concluye y recomienda: «(…) expongo mi acuerdo con el contenido del informe presentado por el equipo de supervisión (…) Así también, acojo las recomendaciones del precitado informe (…)”;

Que, a través del Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNLESF-2020-0046, de 10 de marzo de 2020, el Director Nacional de Liquidación de Entidades del Sector Financiero pone en conocimiento del Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución que: «(…) Con Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-2020-0271 de 20 de febrero de 2020 la Intendencia Zonal 5 (E) pone a consideración de la Intendencia General Técnica (sic) (S) el Informe de Auditoría (…) remitido por la Dirección Zonal 5 del Sector Financiero con Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-DZ5SF-2020-0269 de la misma fecha y año, el cual contiene los resultados de la supervisión in situ realizada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión Integral con Registro Único de Contribuyentes No. 2490002092001, por lo cual la Intendencia Zonal 5 (E) acoge las recomendaciones del precitado informe (…)”; con base a lo cual señala: «(…) de conformidad con lo descrito en el numeral 25 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en concordancia con el artículo 74 de dicho cuerpo legal (…) en concordancia con lo señalado en el inciso primero del Art. 271 de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros; Libro I: Sistema Monetario y Financiero; Título II; Capítulo XXXVII: «Sector Financiero Popular y Solidario”; Sección XIII, Subsección III (…) se recomienda la designación como liquidador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión Integral, con Registro Único de Contribuyentes No. 2490002092001 al señor Ernesto Javier Perasso Tómala, portador de la cédula de ciudadanía No. 0914667704, servidor de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Que, según consta en el Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-0069, de 11 de marzo de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución pone en conocimiento de la Intendente General Técnico que: «(…)

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 47

Mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNLESF-2020-0046 de 10 de marzo de 2020, la Dirección Nacional de Liquidación de Entidades del Sector Financiero, expone lo siguiente: .- Con Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-2020-0271 de 20 de febrero de 2020 la Intendencia Zonal 5 (E) pone a consideración de la Intendencia General Técnica (S) el Informe de Auditoría (…) remitido por la Dirección Zonal 5 del Sector Financiero con el Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-DZ5SF-2020-0269 de la misma fecha y año, el cual contiene los resultados de la supervisión in si tu realizada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión Integral con Registro Único de Contribuyentes No. 2490002092001, por lo cual la Intendencia Zonal 5 (E) acoge las recomendaciones del precitado informe (…) Estas son las razones por las cuales de conformidad con lo descrito en el numeral 25 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en concordancia con el artículo 74 de dicho cuerpo legal (…) en concordancia con lo señalado en el inciso primero del Art. 271 de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros; Libro I: Sistema Monetario y Financiero; Título II; Capítulo XXXVII: ‘Sector Financiero Popular y Solidario’; Sección XIII, Subsección III (…); y una vez cumplidos todos los requerimientos exigidos en la Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-IGJ-DNN-2016-070 de 28 de marzo de 2016, se recomienda la designación como liquidador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión Integral, con Registro Único de Contribuyentes No. 2490002092001 al señor Ernesto Javier Perasso Tómala, portador de la cédula (sic) de ciudadanía No. 0914667704, servidor de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (…)”;

Que, como se desprende del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1086, de 06 de abril de 2020, desde el punto de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el informe respectivo;

Que, consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1086, el 06 de abril de 2020 la Intendencia General Técnica consignó su proceder en orden a continuar con el proceso referido;

Que, mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-1034, de 13 de julio de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución manifiesta, en lo principal, que: «(•–) Con base en lo establecido en el artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en concordancia con el artículo 74 de dicho cuerpo legal, que señala entre otras como función de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ‘Designar a los administradores temporales y a los liquidadores de las entidades bajo su control; esta Intendencia, a través de Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-0069 de 11 de marzo de 2020 (…) recomendó la designación como liquidador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión Integral con Registro Único de Contribuyente No. 2490002092001, al señor Ernesto Javier Perasso Tómala, portador de la cédula de ciudadanía No. 0914667704, servidor de esta Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.- Al respecto, es menester indicar que por cuestiones relacionadas con la contingencia sanitaria que atraviesa el país, se ha visto necesario realizar un cambio en la designación de liquidador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión Integral. Por tal motivo, me permito solicitar se deje insubsistente la recomendación del señor Ernesto Javier Perasso Tómala como liquidador de dicha entidad; y, en su lugar se recomienda designar como liquidadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión Integral a la señora Yesenia Petita Moreno Andrade, portadora de la

48 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

cédula de ciudadanía No. 0918149337, servidora de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (…) «.

Que, consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-1034, la Intendencia General Técnica consignó su proceder con fecha 14 de julio de 2020;

Que, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedido mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGG-IGJ-037, de 21 de octubre de 2019, la Intendente General Técnico tiene entre sus atribuciones y responsabilidades el suscribir las resoluciones de liquidación de las organizaciones de la economía popular y solidaria; y,

Que, conforme consta en la Acción de Personal No. 733, de 25 de junio de 2018, el Intendente General de Gestión (E), delegado del Superintendente de Economía Popular y Solidaria, nombró como Intendente General Técnico a la señora Catalina Pazos Chimbo.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Liquidar a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VISIÓN INTEGRAL, con Registro Único de Contribuyentes No. 2490002092001, domiciliada en el cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, por encontrarse incursa en las causales de liquidación previstas en los artículos 287 y 303, numerales 2), 8) y 11), del Libro I del Código Orgánico Monetario y Financiero; en concordancia con el artículo 254, numerales 2), 8) y 10); y, artículos 256, 262, inciso primero, y 264, numeral 2), de la Subsección II, Sección XIII, Capítulo XXXVII, Título II, Libro 1, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

El plazo para la liquidación de la Entidad será de hasta tres años, contados a partir de la suscripción de la presente Resolución, Durante este tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, la Cooperativa conservará su personalidad jurídica, añadiendo a su razón social las palabras «en liquidación».

ARTÍCULO SEGUNDO.- Revocar a partir de la presente fecha todas las autorizaciones que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VISIÓN INTEGRAL tuviere para realizar actividades financieras, así como retirar los permisos de funcionamiento que le hubieren sido otorgados.

ARTÍCULO TERCERO.- Designar a la señora Yesenia Petita Moreno Andrade, con cédula de identidad No. 0918149337, servidora de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, como liquidadora de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VISIÓN INTEGRAL, quien no percibirá remuneración adicional por el ejercicio de tales funciones, debiendo posesionarse dentro del término de diez días hábiles contados a partir de la expedición de la presente Resolución.

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 49

El liquidador se posesionará ante el Coordinador Zonal de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y procederá a suscribir, en conjunto con el último representante legal, el acta de entrega-recepción de los bienes, el estado financiero y demás documentos de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VISION INTEGRAL, conforme lo previsto en el numeral 1) del Artículo 59 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; y, artículo 8 de la Resolución No. SEPS-IGT-IFMR-IGJ-DNN-2016-070, de 28 de marzo de 2016; actuando en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y demás normativa aplicable.

ARTÍCULO CUARTO.- Solicitar a la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, pague el respectivo seguro a los depositantes.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer a la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación Social e Imagen Institucional de esta Superintendencia, la publicación de la presente resolución en un periódico de amplia circulación del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, domicilio de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VISIÓN INTEGRAL.

SEGUNDA.- Disponer a la Secretaría General de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial, así como su inscripción en los registros correspondientes.

TERCERA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución ponga en conocimiento de la Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas e Intendencia Nacional Administrativa Financiera, el contenido de la presente resolución para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.

CUARTA.- La presente Resolución regirá a partir de la fecha de su expedición sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. De su ejecución y cumplimiento, encárguese la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 2 3 JUL 2020

50 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MOCHA

CONSIDERANDO:

QUE, el artículo 1 de la Constitución de la República, determina que el Ecuador en un Estado constitucional de Derechos y Justicia Social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;

QUE, el numeral 1, del artículo 3 de la Constitución establece que son deberes primordiales del Estado «1 Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes (…)»;

QUE, de conformidad con el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución, es deber primordial del Estado, entre otros, el garantizar el derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral;

QUE, el artículo 14 de la Constitución reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir;

QUE, de conformidad con el artículo 30 de la Constitución, las personas tienen derecho a vivir en un hábitat seguro y saludable, en concordancia con el inciso primero artículo 32 ibídem, que dispone que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos entre ellos el agua y aquellos que sustentan el buen vivir;

QUE, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución, son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente;

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 51

QUE, los numerales 2 y 4 del artículo 225 de la Constitución prescribe que el sector público comprende, entre otros a: «2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; y 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos»;

QUE, el artículo 226 de la Constitución dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en las Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

QUE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 de la Constitución, es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados municipales regular y controlar el uso y ocupación del suelo urbano y rural en su jurisdicción;

QUE, el artículo 4, literal t) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización – COOTAD, determina como fin de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) la obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos;

QUE, de conformidad con el artículo 415 del COOTAD, los GAD municipales ejercen dominio sobre los bienes de uso público como calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación; así como en plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y promoción turística. De igual forma los GAD municipales ejercen dominio sobre las aceras que formen parte integrante de las calles, plazas y demás elementos y superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios públicos así también en casas comunales, canchas, mercados escenarios deportivos, conchas acústicas y otros de análoga función; y, en los demás bienes que en razón de su uso o destino

52 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

cumplen con una función semejantes a los citados y demás de dominios de los GAD municipales;

QUE, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró al COVID19 como una pandemia;

QUE, mediante Suplemento del Registro Oficial No. 163 de fecha 17 de marzo de 2020 se publicó el Decreto 1017 mediante el cual el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, en el Artículo 1, dispone: «Decretarse el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del mires COVID-19 en Ecuador»;

QUE, mediante Resolución de 24 de Marzo 2020, el señor Medardo Ortiz Alcalde Subrogante del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mocha, declaró el estado de emergencia grave en todo el territorio del cantón, en consecuencia de la declaratoria del COVID-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y la consecuente declaratoria de estado de excepción en todo el territorio nacional;

En ejercicio de las atribuciones previstas en el numeral 1 de los artículos 240 y 264 de la Constitución de la República del Ecuador y en los literales a) y x) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización:

EXPIDE:

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 53

LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA PARA CIRCULAR EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN MOCHA.

Artículo 1.- De manera obligatoria, toda persona que transite por los espacios públicos o que se encuentre en lugares de uso público dentro de la jurisdicción del cantón Mocha, deberá utilizar mascarilla quirúrgica u otro dispositivo que contemple un terminado antibacterial y antifluido, que cubra conjuntamente la nariz y la boca, a fin de reducir la transmisión de cualquier tipo de virus, en especial el denominado COVID 19; quedando restringido el uso de las mascarillas tipo respirador N-95 a nivel comunitario.

La disposición final de las mascarillas, se deberá realizar previa desinfección con alcohol o cloro, y procurando su mutilación para evitar una posible reutilización.

Artículo 2.- Se exhorta también a toda la ciudadanía, a la utilización de visores, guantes de protección y gorras, a mantenerse al menos a dos metros de distancia de las demás personas, tanto en lugares públicos como privados; además cumplir con normas de higiene personal, como el lavado periódico de las manos con jabón, el uso de alcohol y/o gel desinfectante en base de alcohol, con el fin de resguardarse de un posible contagio.

Artículo 3.- Toda persona mayor de edad, sin distinción de género o nacionalidad, que transite por los espacios públicos o que se encuentre en lugares de uso público dentro de la jurisdicción del cantón Mocha, deberá portar y exhibir su cédula de ciudadanía o cualquier documento oficial que permita acreditar su identidad. Los padres o representante legal de los menores de edad que habiten dentro del cantón Mocha, serán los responsables del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ordenanza, y responderán por la falta de cuidado en caso de su incumplimiento.

54 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

Artículo 4.- Las personas que realice algún tipo de actividad económica dentro de la jurisdicción del cantón Mocha, que contemple interacción con otras personas, deberá de manera obligatoria implementar en su establecimiento o puesto de trabajo, medidas de bioseguridad, tales como, respetar distancia mínima de dos metros entre personas, colocar pediluvios, uso de mascarilla, guantes y gorra, así como a proveer a sus clientes de alcohol y/o gel desinfectante en base de alcohol.

Esta medida se extiende a la desinfección previa de los productos a ser expendidos.

Artículo 5.- En caso de que alguna persona dentro de la jurisdicción del cantón Mocha, haya sido diagnosticada con el COVID-19, su libre circulación se entenderá restringida de manera total, debiendo de manera obligatoria guardar el aislamiento respectivo, hasta cumplir con su periodo de recuperación.

Artículo 6.- El incumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente ordenanza, serán sancionadas de la siguiente manera: 1. Por primera vez, con 8 horas de trabajo comunitario o multa equivalente al 5% de una Remuneración Básica Unificada. 2. En caso de reincidencia, con 16 horas de trabajo comunitario o multa equivalente al 10% de una Remuneración Básica Unificada; de ser el caso las reincidencias se irán incrementando 8 (ocho) horas de trabajo comunitario o en 5 (cinco) puntos porcentuales de multa por cada incumplimiento.

Artículo 7.- La aplicación de la presente ordenanza estará a cargo de la GAD Municipal de Mocha, a través del personal que conforma los diferentes Departamentos y Unidades Administrativas activados durante la emergencia sanitaria, con la corresponsabilidad de las demás instituciones gubernamentales responsables del control y de la ejecución de las disposiciones emanadas por el Ejecutivo y el COE Nacional, quienes pondrán en conocimiento del órgano instructor municipal para el inicio de los respectivos procesos sancionadores.

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 55

El cumplimiento del trabajo comunitario será coordinado por la Unidad de Talento Humano.

Artículo 8.- El procedimiento sancionador aplicable será el establecido en la Ordenanza que Reglamenta la Aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador, para las Infracciones Previstas en las Ordenanzas Vigentes Dentro de la Jurisdicción del Cantón Mocha, así como las disposiciones contenidas en el Código Orgánico Administrativo.

El procedimiento de recaudación por parte del GAD Municipal de Mocha a través de la Unidad Administrativa correspondiente, se lo efectuará a partir del mes de Agosto del año dos mil veinte o una vez que se haya levantado el estado de excepción y de emergencia sanitaria, si esto último ocurriera posterior a la fecha señalada.

La Unidad de Talento Humano, avocará conocimiento de las resoluciones de sanción en las que se contemplen trabajo comunitario; y, en coordinación con las diferentes Direcciones Municipales planificará, notificará y verificará su ejecución a partir del mes de Agosto del año dos mil veinte o una vez que se haya levantado el estado de excepción y de emergencia sanitaria, si esto último ocurriera posterior a la fecha señalada. El incumplimiento a la planificación de horas de trabajo comunitario asignadas, constituirá único fundamento para proceder a la aplicación de las multas instituidas en el artículo 6, según corresponda.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Única.- Una vez aprobada y sancionada la presente ordenanza, la misma deberá ser socializada a nivel de las comunidades, a través de Comisaría Municipal dentro del plazo máximo de quince días.

56 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Las disposiciones de la presente Ordenanza se expiden sin perjuicio de las medias de emergencia adoptadas por otros niveles de gobierno en relación con la pandemia del COVID-19 y de manera puntual por el Comité de Operaciones de Emergencia.

Segunda.- La medida de uso obligatorio de mascarilla aplica a quienes por necesidad deban abandonar su residencia bajo los términos del Decreto Ejecutivo No. 1017 de 16 de marzo de 2020 y no constituye bajo ninguna circunstancia libertad de circulación.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación y se mantendrá vigente hasta su expresa derogatoria o una vez que concluya el Estado de Excepción y Emergencia Sanitaria.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mocha, a los quince días del mes de abril de 2020.

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 57

CERTIFICO.- Que LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA PARA CIRCULAR EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN MOCHA, que antecede fue discutido y aprobado por el Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mocha, en SESIONES EXTRAORDINARIAS efectuadas los días martes 14 de abril de 2020 y miércoles 15 de abril de 2020. Según consta en el libro de Actas de las Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mocha, al que me remitiré en caso de ser necesario, de conformidad a lo que dispone el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA.- Mocha, 16 de abril de 2020.- Cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, elévese a conocimiento del Señor Alcalde Cantonal del Gobierno Municipal de Mocha, para su sanción tres ejemplares originales LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA PARA CIRCULAR EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN MOCHA.

58 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA.- Mocha, 16 de abril de 2020.- a las 08H30.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización vigente; y, una vez que se ha cumplido con las disposiciones legales, SANCIONO FAVORABLEMENTE LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA PARA CIRCULAR EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN MOCHA, por tanto procédase de conformidad con la Ley, ordenando que sea publicada en la forma y lugares acostumbrados. ^*-a~>^

CERTIFICO.- Que el Decreto que antecede fue firmado por el Señor Ing. Danilo Patricio Ortiz Ortiz, en la fecha señalada.

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 59

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN MOCHA

CONSIDERANDO

Que, conforme determina el Art. 226 de la Constitución de la República de Ecuador las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la constitución y la ley»;

Que, la Constitución de la República de Ecuador en su Art. 238 consagra la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos automos descentralizados;

Que, el numeral 5 e inciso final del Art. 264 de la Constitución de la República de Ecuador en concordancia con los Arts 7,57 letra a), c) y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, reconocen a los gobiernos autónomos descentralizados la facultad normativa mediante la expedición de ordenanzas cantonales, mismas que deben referirse a una misma materia;

Que, los numerales 3, 5 y 6 del Art. 389 de la Constitución de la República de Ecuador, disponen asegurar, articular, realizar y coordinar acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional;

Que, la letra I) del Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dispone que son funciones del gobierno autónomo descentralizado «Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas…, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicio de faenamiento, plazas de mercado y cementerios;

Que, dentro de las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal el literal e) del Art. 55, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización «Crear, modificar, exonerar o suprimir tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras»;

Que, conforme lo determina el Art. 57, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización «Atribuciones del Concejo Municipal»,

60 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

letra c) «Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribución especial de mejoras por los servicios que presta y obras que ejecute»;

Que, el Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización «Atribuciones del Alcalde», letra e) dice: «Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarías que creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias correspondientes a su nivel de gobierno;

Que, el Artículo innumerado agregado a continuación del Artículo 86 del Código Orgánico Tributario, establece: «que los plazos y términos de todos los procesos administrativos tributarios, que se encuentren transcurriendo al momento de producirse un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que impida su despacho, se suspenderá hasta que se superen las causas que los provocaron.»;

Que, el numeral 5 del Art. 162 del Código Orgánico Administrativo, establece: «Suspensión del cómputo de plazos y términos en el procedimiento: 5) medie caso fortuito o fuerza mayor»;

Que, el Art. 30 del Código Civil establece: «Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.»;

Que, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su Director General declaró el brote de corona virus como pandemia global, instando a los países a intensificar las acciones para mitigar su propagación, protegiendo la salud de las personas con la finalidad de salvar vidas;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, declaró el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de corona virus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud que representa un alto grado de contagio para toda la ciudadanía y genera afectación a los derechos de la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública declara el Estado de Emergencia Sanitaria en todos

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 61

los establecimientos del sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus (COVID-19), y prevenir un posible contagio masivo en la población;

Que, mediante Resolución Administrativa N° A-ES COVID.19-001 -GADMM-2020 de fecha 16 de marzo 2020, el Sr. Medardo Ortiz, Alcalde Cantonal subrogante «Declara en situación de Emergencia Sanitaria al Cantón Mocha»; «Disponer la suspensión de la atención al público y suspender la jornada laboral de los servidores y trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Mocha; posteriormente por decisión del COE Cantonal se ordenó la suspensión de las actividades que se realicen en la Plaza de Ganado, Mercado y la venta de alimentos preparados, acogiendo las disposiciones del COE Nacional;

Que, con Resolución Administraba Interna No. 001-GADMM-2020, del 17 de marzo de 2020, el Sr. Medardo Ortiz, Alcalde Cantonal subrogante suspende plazos y términos de todos los procedimientos administrativos que se encuentren en ejecución o que deban iniciarse en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mocha;

Que, la Resolución Administrativa No. A-ES COVID19-004-GADMM-2020, suscrito por el Ing. Danilo Ortiz, Alcalde Cantonal, se amplió el estado de emergencia en la jurisdicción cantonal de Mocha;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1052, del 15 de mayo de 2020 el señor Presidente de la República del Ecuador/amplía por treinta días más el estado de excepción;

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, y los artículos 56 y 57 literal a) y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Expide, la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA LA EMISIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTES Y DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ARRIENDO DE PUESTOS DEL PARADERO TURÍSTICO, LOCALES COMERCIALES EN PLAZAS Y MERCADOS, DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL.

62 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

CAPITULO I

PRINCIPIOS, ÁMBITO Y OBJETO

Art. 1.- La presente Ordenanza se sustenta en los principios de servicio, solidaridad y justicia para con los contribuyentes que reciben el suministro de agua potable y alcantarillado; y, aquellos que mantienen contratos de arrendamiento por el uso de Plazas y Mercados del Cantón Mocha.

Art. 2.- El ámbito de la presente Ordenanza comprende el impuesto de patentes y las tasas y servicios que presta la municipalidad durante el estado de excepción y emergencia sanitaria que vive la colectividad debido a la Pandemia del COVID-19.

Art. 3.- El objeto de la presente Ordenanza es determinar y regular la recaudación de los tributos constantes en el artículo 2, para que sea aplicado durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria.

CAPITULO II

MULTAS Y RECARGOS EN EL IMPUESTO DE PATENTES MUNICIPALES

Art. 4.- Los pagos a efectuarse por concepto de impuesto de patentes municipales correspondientes al año 2020, no generarán multas, intereses ni recargos hasta el 31 de diciembre del presente año, aclarándose que los pagos de los años 2019 y anteriores se pagarán con los intereses y recargos que se encuentran vigentes.

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Art. 5.- Las planillas de agua potable y alcantarillado por el consumo total de los servicios, a partir del mes de marzo a diciembre del presente año, no generarán intereses ni recargos por el pago retrasado; el plazo para el pago de los meses indicados sin intereses ni recargos será hasta el 31 de diciembre de 2020, el interés por mora y los recargos se reiniciarán a calcular a partir de la planilla correspondiente al mes de enero de 2021, que deberá ser cancelada en el mes de febrero de 2021.

CAPITULO III

DE LOS CAÑONES ARRENDATICIOS

Art. 6.- Durante el tiempo que dure el estado de excepción y la emergencia sanitaria y hasta por sesenta días posteriores a la fecha en que se autorice el reinicio de las actividades económicas por parte del COE Cantonal, no se generarán títulos de crédito o facturas por concepto de arrendamiento u ocupación

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 63

de locales y puestos en las plazas, mercados, centro de Mercadeo de Ganado y Paradero La Estación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La Comisaría Municipal con la Unidad de Rentas levantarán el catastro correspondiente al mes de marzo con los valores para la emisión de títulos de crédito de la parte proporcional del canon arrendaticio de los días laborados antes del decreto del estado de excepción y la emergencia sanitaria.

SEGUNDA.- La Dirección Financiera dispondrá la baja de todos los títulos de crédito emitidos dentro de las fechas de la declaratoria de emergencia por arredamiento de plazas y mercados.

TERCERA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la aprobación por el Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, para lo cual de manera inmediata se publicará en la página web y redes sociales institucionales.

CUARTA.- Disponer a la Unidad de Sistemas aplicar los parámetros necesarios dentro del sistema informático a fin de cumplir con las regulaciones adoptadas en la presente Ordenanza.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mocha, a los veinte y ocho días del mes de mayo de 2020.

64 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

CERTIFICO.- Que la ORDENANZA QUE REGULA LA EMISIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTES Y DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ARRIENDO DE PUESTOS DEL PARADERO TURÍSTICO, LOCALES COMERCIALES EN PLAZAS Y MERCADOS, DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, que antecede fue discutido y aprobado por el Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mocha, en SESIONES ORDINARIAS efectuadas los días viernes 22 de mayo de 2020 y jueves 28 de mayo de 2020, según consta en el libro de Actas de las Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mocha, al que me remitiré en caso de ser necesario, de conformidad a lo que dispone el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA.- Mocha, 28 de mayo de 2020.- Cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, elévese a conocimiento del Señor Alcalde Cantonal del Gobierno Municipal de Mocha, para su sanción tres ejemplares originales LA ORDENANZA QUE REGULA LA EMISIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTES Y DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ARRIENDO DE PUESTOS DEL PARADERO TURÍSTICO, LOCALES COMERCIALES EN PLAZAS Y MERCADOS, DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL.

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 65

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA.- Mocha, 29 de mayo de 2020.- a las 12H00.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización vigente; y, una vez que se ha cumplido con las disposiciones legales, SANCIONO FAVORABLEMENTE LA ORDENANZA QUE REGULA LA EMISIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTES Y DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ARRIENDO DE PUESTOS DEL PARADERO TURÍSTICO, LOCALES COMERCIALES EN PLAZAS Y MERCADOS, DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, por tanto precédase de conformidad con la Ley, ordenando que sea publicada en la forma y lugares acostumbrados.

66 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

EL GOBIERO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJITO

CONSIDERANDO

Qué, el costo de la ejecución de obras públicas, por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjito, debe ser recuperado y reinvertido en beneficio colectivo;

Qué, deben garantizarse formas alternativas de inversión y recuperación del costo de las obras realizadas, permitiendo al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjito y al contribuyente obtener beneficios recíprocos;

Qué, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera;

Qué, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador determina que los gobiernos autónomos descentralizados tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Qué, el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, en relación con las competencias, numeral 5, faculta, de manera privativa a las municipalidades, la competencia de crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras;

Qué, el Art. 301 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que solo por acto competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasa y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley.

Qué, el Art. 55 literal e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en relación con las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, faculta de manera privativa a las municipalidades, la competencia de crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras;

Qué, el Art. 57 literal a) y c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en relación con las atribuciones del órgano legislativo municipal, faculta de manera privativa al Concejo Municipal, el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; y, la facultad de crear,

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 67

modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras;

Qué, el Art. 577 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que las municipalidades determinarán mediante ordenanza las contribuciones especiales de mejoras, a obras a ejecutarse en beneficio del cantón;

Qué, la contribución especial de mejoras debe pagarse, de manera equitativa, entre todos quienes reciben el beneficio de las obras realizadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado;

Qué, el COOTAD exige la incorporación de normas que garanticen la aplicación de principios de equidad tributaria;

Qué, la Constitución ha generado cambios en la política tributaria y que exige la aplicación de principios de justicia tributaria en beneficio de los sectores vulnerables de la población y de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.

Qué, es necesario actualizar la normativa que nos rige en esta materia, con la finalidad de continuar con la ejecución de obras en el cantón; y,

En uso de las atribuciones que le confiere el literal e) del artículo 55 y los literales a), b) y c) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 303 del martes 19 de octubre del 2010,

Expide;

LA ORDENANZA GENERAL NORMATIVA PARA LA DETERMINACIÓN, GESTIÓN,

RECUPERACIÓN E INFORMACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS, POR

OBRAS EJECUTADAS EN EL CANTÓN NARANJITO.

Título I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Materia imponible.- Es objeto de la contribución especial de mejoras el beneficio real o presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles de las áreas urbanas del cantón Naranjito, por la construcción de las siguientes obras públicas:

1. Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase;
2. Repavimentación urbana
3. Aceras, bordillos y cercas
4. Obras de alcantarillado

E) Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable

F) Desecación de pantanos y relleno de quebradas;

G) Plazas, parques, jardines, nuevo mercado municipal, sala de velaciones, etc.

68 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

Todas las obras declaradas de servicio público, mediante resolución por el Concejo Cantonal de Naranjito, que presten beneficio real o presuntivo a los propietarios de inmuebles ubicados en las áreas urbanas del cantón Naranjito.

Art. 2.- Hecho generador.- Existe el beneficio al que se refiere el artículo anterior, y, por tanto, nace la obligación tributaria, cuando una propiedad resulta colindante con una obra pública, o se encuentra comprendida dentro del área o zona de influencia de dicha obra, según lo determine la Departamento de Planificación o las Empresas Municipales.

Art. 3.- Carácter real de la contribución.- Esta contribución tiene carácter real. Las propiedades beneficiadas, cualquiera que sea su título legal o situación de empadronamiento, garantizan con su valor el débito tributario. Los propietarios responden hasta por el valor de la propiedad, de acuerdo con el avalúo comercial municipal vigente a la fecha de terminación de las obras a las que se refiere esta ordenanza.

Art. 4.- Sujeto activo.- Son sujetos activos de las contribuciones especiales de mejoras, reguladas en la presente ordenanza, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjito y sus empresas.

Art. 5.- Sujeto pasivo.- Son sujetos pasivos de cada contribución especial de mejoras y, por ende, están obligados al pago de la misma, las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, sin excepción, propietarias de los inmuebles beneficiados por las obras de servicio público señaladas en el artículo primero.

Art. 6.- Base imponible.- La base imponible de la contribución especial de mejoras será de un porcentaje de acuerdo a los artículos que se encuentran detallados más adelante, prorrateado entre las propiedades beneficiarías.

Art. 7.- independencia de las contribuciones.- Cada obra ejecutada o recibida para su cobro, por parte del Gobierno Autónomo Municipal Descentralizado del cantón Naranjito o sus empresas, dará lugar a una contribución especial de mejoras, e independiente una de otra.

Título II

DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS.

Art. 8.- Determinación de la base imponible de la contribución.- Para determinar la base imponible de cada contribución especial de mejoras, se considerarán los siguientes costos:

1. El precio de las propiedades cuya adquisición o expropiación haya sido necesaria para la ejecución de las obras; incluidas las indemnizaciones que se hubieren pagado o deban pagarse, por daños y perjuicios que se causaren por la ejecución de la obra, producidas por fuerza mayor o caso fortuito, deduciendo el precio en que se estimen los predios o fracciones de predios que no queden incorporados definitivamente a la misma;
2. El valor por demoliciones y acarreo de escombros;
3. El costo directo de la obra, sea ésta ejecutada por contrato, concesión, licitación o por administración directa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjito o de sus empresas, que comprenderá: movimiento de tierras, afirmados, pavimentación, andenes, bordillos, pavimento de aceras, muros de contención y

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 69

separación, puentes, túneles, obras de arte, equipos mecánicos o electromecánicos necesarios para el funcionamiento de la obra, canalización, teléfonos, gas y otros servicios, arborización, jardines y otras obras necesarias para la ejecución de proyectos de desarrollo local;

4. Los costos correspondientes a estudios y administración del proyecto, programación, fiscalización y dirección técnica; y,
5. Los costos financieros, sea de los créditos u otras fuentes de financiamiento necesarias para la ejecución de la obra y su recepción por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado o sus empresas.

Los costos de las obras determinadas en los literales precedentes se establecerán, en lo que se refiere al costo directo, mediante informe de la Dirección de Obras Públicas, de la empresa municipal respectiva; o de la Dirección a cuyo cargo se ha ejecutado o se encuentre ejecutando la obra objeto de la contribución. Tales costos se determinarán por las planillas correspondientes, con la intervención de la fiscalización municipal o de las empresas municipales. La jefatura de catastros, entregará la información necesaria para ubicar los predios beneficiados de la obra pública. Los costos financieros de la obra los determinará la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Municipal Descentralizado del cantón Naranjito o las similares de la empresa municipal pertinente. Para la determinación de estos costos financieros se establecerá una medida ponderada de todos los créditos nacionales o internacionales, por trimestre, así como, a la inversión directa del Gobierno Autónomo Municipal Descentralizado del cantón Naranjito se le reconocerá un costo financiero igual al del interés más bajo obtenido en el período trimestral.

En ningún caso se incluirá, en el costo, los gastos generales de la Administración Municipal o de sus empresas.

Art. 9.- Los costos que corresponden exclusivamente a estudios, fiscalización y dirección técnica, no excederán del 50% del costo directo de la obra, debiendo las direcciones técnicas responsables, determinar dichos costos realmente incorporados y justificados, técnica y contablemente para cada uno de los programas o proyectos que se ejecuten. LA DETERMINACIÓN DEL TIPO DE BENEFICIO

Art. 10.- Tipos de beneficios.- Por el beneficio que generan las obras que se pagan a través de las contribuciones especiales de mejoras, se clasifican en:

1. Locales, cuando las obras causan un beneficio directo a los predios frentistas;
2. Sectoriales, cuando las obras causan beneficio a un sector determinado;
3. Globales, las que causan un beneficio general a todos los inmuebles urbanos y centros poblados urbanos del cantón Naranjito.

Art. 11.» Corresponde a la Dirección de Planificación Proyectos Urbano & Rural y a las dependencias pertinentes de las empresas municipales la determinación de la clase de beneficio que genera la obra ejecutada.

Art. 12.- En el caso de obras recibidas como aportes a la ciudad, se cobrará de manera directa a los beneficiarios locales, teniendo en cuenta los costos municipales vigentes a la

70 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

época de la emisión en la parte correspondiente, según se establece en el Art. 8 de esta ordenanza.

Título III

DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DEL TRIBUTO AL SUJETO PASIVO

Art. 13.- Prorrateo de costo de obra.- Una vez establecido el costo de la obra sobre cuya base se ha de calcular el tributo, los inmuebles beneficiados con ella y el tipo de beneficio que les corresponda conforme la definición que haga la Dirección de Planificación Proyectos Urbano & Rural o el órgano de la Empresa Municipal respectiva, corresponderá a la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Municipal Descentralizado del cantón Naranjito o a la dependencia que tenga esa competencia en las empresas municipales conforme su orgánico funcional, determinar el tributo que gravará a prorrata a cada inmueble beneficiado, en función de los siguientes artículos:

Capítulo I

DISTRIBUCIÓN POR OBRAS VIALES

Art. 14.- En las vías locales, los costos por pavimentación y repavimentación urbanas, construcción y reconstrucción de toda clase de vías, en las que se tomarán en cuenta las obras de adoquinamiento, asfaltado o cualquier otra forma de intervención constructiva en las calzadas, el porcentaje de recuperación de la inversión será entre el 5% y el 30%, según determine la Dirección de Planificación Proyectos Urbano & Rural y se distribuirán de la siguiente manera: En vías de calzadas de hasta diez metros de ancho:

1. El cuarenta por ciento del monto a recaudar será prorrateado, sin excepción, entre todas las propiedades con frente a la vía, en la proporción a la medida de dicho frente;
2. El sesenta por ciento del monto a recaudar será prorrateado, sin excepción entre todas las propiedades con frente a la vía, en proporción al avalúo municipal del inmueble; y,
3. La suma de las alícuotas, así determinadas, será la cuantía de la contribución especial de mejoras, correspondiente a cada predio.

Art. 15.- Cuando se trate de las vías con calzadas mayores a diez metros de ancho o en las vías troncales del transporte público, los costos correspondientes a la dimensión excedente o a costos por intervenciones adicionales necesarias para el servicio de transportación pública, embellecimiento u otros elementos determinados como de convivencia pública, según determine la Dirección de Planificación Proyectos Urbano & Rural, se prorratearán a todos los predios de la ciudad en proporción al avalúo municipal, como obras de beneficio general, excluyendo a las propiedades frente a la vía, y cuando la obra se ejecute en las áreas rurales, se incluirá a los centros poblados.

En caso de lotes sin edificación o vacantes, que cuenten con los servicios básicos de agua y/o energía eléctrica; para efectos de calcular lo dispuesto en el literal b) del artículo 14, se

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 71

tomará de modo presuntivo la existencia de una edificación cuya superficie de construcción y avalúo se determinarán de la siguiente manera:

1.- Se establecerá un predio mediano, cuya superficie de lote y construcción serán iguales a las correspondientes medianas de los predios del respectivo sector catastral.

2.- Se determinará para cada lote sin edificación el correspondiente factor K, que será igual a la superficie del lote sin edificación dividida para la superficie del lote del predio mediano.

3.- El factor K, se multiplicará luego por el área de construcción del predio mediano y se obtendrá la correspondiente superficie de construcción presuntiva. A esta superficie se aplicará el avalúo mediano por metro cuadrado de construcción del sector y que será igual a la mediana de los avalúos por metro cuadrado de construcción correspondientes a las edificaciones existentes en el sector, obteniéndose de este modo el avalúo de la edificación presuntiva.

4.- Se consideran como vacantes para los efectos de esta ordenanza, no solo los predios que carezcan de edificación, sino aún aquellos que tengan construcciones precarias para usos distintos de los de la vivienda, o edificaciones inferiores a sesenta metros cuadrados.

Art. 16.- Se entenderán como obras de beneficio general las que correspondan al servicio público de transportación en sus líneas troncales, embellecimiento u otros elementos determinados como de convivencia pública; y los determinados en el literal g) del Art. 1 de esta ordenanza, los costos adicionales de inversión que se hayan hecho en función de tal servicio, según determine la Dirección de Planificación Proyectos Urbano & Rural y la Dirección de Obras Públicas Municipales, no serán imputables a los frentistas de tales vías, sino al conjunto de la ciudad y a los centros poblados de las parroquias rurales como obras de beneficio general.

Cuando se ejecuten obras de beneficio general, previo informe de Dirección de Planificación Proyectos Urbano & Rural o de las dependencias pertinentes de las empresas municipales, el Concejo mediante resolución determinará que la obra tiene esta característica, estableciendo los parámetros de la recuperación.

En todos los casos de obras de interés general, la emisión de los títulos de crédito se hará en el mes de enero del año siguiente al de la obra recibida.

Art. 17.- En el caso de inmuebles declarados bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, se emitirán obligaciones independientes para cada copropietario; debiendo, el cuarenta por ciento al que se refiere la letra a) del Artículo 14 de esta ordenanza, que se distribuirá de acuerdo a las alícuotas que por frente de vía les corresponde a cada uno de los copropietarios y, el sesenta por ciento al que se refiere la letra b) del mismo artículo, distribuirse en las alícuotas que les corresponde por el avalúo de la tierra y las mejoras introducidas; también en proporción a sus alícuotas, en el caso de obras locales. En el caso de globales pagarán a prorrata del avalúo municipal del inmueble de su propiedad.

Art. 18.- Si una propiedad tuviere frente a dos o más vías, el avalúo de aquella, se dividirá proporcionalmente a la medida de dichos frentes.

72 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

Art. 19.- El costo de las calzadas en la superficie comprendida entre las bocacalles, se gravará a las propiedades beneficiadas con el tramo donde se ejecuta la obra de pavimentación.

Capítulo II

DISTRIBUCIÓN POR ACERAS Y CERCAS

Art. 20.- En las aceras y cercas, cerramientos, muros, etc, el porcentaje de recuperación de la inversión será entre el 5% y el 30%, según determine la Dirección de Planificación Proyectos Urbano & Rural, y será distribuido entre los propietarios en relación al servicio u obra recibidos al frente de cada inmueble.

Art. 21.- En el caso de inmuebles declarados bajo el régimen de propiedad horizontal, se emitirán títulos de crédito individuales para cada copropietario, en relación a sus alícuotas y por el porcentaje de recuperación de la Inversión de la obra con frente a tal inmueble.

Capítulo III

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y OTRAS

REDES DE SERVICIO

Art. 22.- Se establece que le monto de recuperación de la inversión de las obras de las redes de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales y otras redes de servicio, serán máximo el 20%, recuperables en un plazo de 15 años, será prorrateado de acuerdo al avalúo municipal de las propiedades beneficiadas, bien sea tal beneficio, local, sectorial o global, según lo determine la Dirección de Planificación Proyectos Urbano & Rural o las empresas correspondientes o ligadas a los servicios cuyas redes se hayan ejecutado. Las redes domiciliarias de agua potable, alcantarillado, se cobrarán en función de la taza administrativa por este servicio.

Capítulo IV

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE: DESECACIÓN DE PANTANOS, RENATURALIZACIÓN DE

QUEBRADAS Y OBRAS DE RECUPERACIÓN TERRITORIAL

Art. 23.- El porcentaje de recuperación de la inversión será entre el 5% y el 30%, según determine la Dirección de Planificación Proyectos Urbano & Rural en este capítulo, se distribuirá del siguiente modo:

1. El sesenta por ciento del monto a recuperar entre los propietarios que reciban un beneficio directo de la obra realizada; entendiéndose por tales, los propietarios de inmuebles ubicados en la circunscripción territorial determinada por la Dirección de Planificación Proyectos Urbano & Rural del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjito; y,
2. El cuarenta por ciento del monto a recuperar entre los propietarios de inmuebles que reciban el beneficio de la obra ejecutada, excluyendo los señalados en el literal anterior. La Dirección de Planificación Proyectos Urbano & Rural, determinará los propietarios de

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 73

inmuebles que reciban este beneficio, pudiendo, de ser el caso, determinar este beneficio como general para todos los propietarios urbanos del cantón, y, en este caso, el pago total entre los propietarios urbanos del cantón Naranjito a prorrata del avalúo municipal.

Capítulo V

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE PARQUES, PLAZAS Y JARDINES

Art. 24.- Para efectos del pago de la contribución por parques, plazas y jardines; y otros elementos de infraestructura urbana similar, como mobiliario, iluminación ornamental, etc., se tendrán en cuenta el beneficio local o global que presten, según lo determine la Dirección de Planificación Proyectos Urbano & Rural y las empresas pertinentes.

Art. 25.- Las plazas, parques, jardines, de beneficio global, serán pagados de la siguiente forma:

1. El cuarenta por ciento será prorrateado, sin excepción, entre las todas las propiedades del cantón naranjito.
2. El sesenta por ciento restante será prorrateado, sin excepción entre todas las propiedades del cantón naranjito, en proporción al avalúo municipal del inmueble, según lo determine la Jefatura de Avalúos y Catastros Municipal.

Capítulo VI

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL MERCADO MUNICIPAL Y OTROS ELEMENTOS DE

EQUIPAMIENTO URBANO SIMILAR

Art. 26.- Para efectos del pago de la contribución por el nuevo Mercado Municipal del Cantón Naranjito, y otros elementos de Equipamiento Urbano similar, como Salas de Velaciones, Cementerios, Centros Comerciales etc., se tendrán en cuenta el beneficio global que presten, según lo determine la Dirección de Planificación Proyectos Urbano & Rural y las empresas pertinentes.

Art. 27.- El Nuevo Mercado Municipal y los otros elementos de Equipamiento Urbano similar de beneficio global, serán pagados de la siguiente forma:

1. Se establece que le monto de recuperación de la inversión de la obra del Mercado Municipal será el 20%, recuperables en un plazo de 10 años, que serán pagados conforme a los literales siguientes.
2. El cuarenta por ciento del monto a recuperarse será prorrateado, sin excepción, entre las todas las propiedades del cantón naranjito, incluyendo los predios de los centros poblados.
3. El sesenta por ciento del monto a recuperarse será prorrateado, sin excepción entre todas las propiedades del cantón naranjito, en proporción al avalúo municipal del inmueble, según lo determine la Jefatura de Avalúos y Catastros Municipal, incluyendo los predios de los centros poblados.
4. El porcentaje de recuperación de inversión para los otros elementos de Equipamiento Urbano similar lo determinará la Dirección de Planificación Proyectos Urbano & Rural y las empresas pertinentes.

74 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

CAPÍTULO VII

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE PUENTES, TÚNELES, PASOS A DESNIVEL Y DISTRIBUIDORES

DE TRÁFICO

Art. 28.- El porcentaje de recuperación de la inversión será entre el 5% y el 30%, según determine la Dirección de Planificación Proyectos Urbano & Rural en este capítulo, a prorrata del avalúo municipal de sus inmuebles. Estos beneficios siempre serán globales.

TÍTULO IV

DE LA LIQUIDACIÓN, EMISIÓN, PLAZO Y FORMA DE RECAUDACIÓN

Art. 29.- Liquidación de la obligación tributaria.- Dentro de los sesenta días hábiles posteriores a la recepción de la obra, todas las dependencias involucradas emitirán los informes y certificaciones necesarias para la determinación de la contribución especial de mejoras por parte de la Dirección Financiera municipal o la dependencia de las empresas municipales que tengan esas competencias conforme su orgánico funcional y la consecuente emisión de las liquidaciones tributarias, dentro de los 30 días siguientes de recibidos estos informes y certificaciones. Los Directores Financiero y de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjito o el funcionario competente de las empresas municipales coordinarán y vigilarán estas actuaciones. El Tesorero Municipal o su similar de las empresas municipales será el responsable de la notificación y posterior recaudación, para lo cual se podrá utilizar la red de instituciones financieras.

Art. 30.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Naranjito suscribirá convenios con las empresas municipales, para la recuperación de valores por contribuciones de mejoras en las obras que ejecuten tales empresas, de acuerdo a las determinaciones constantes de esta ordenanza y con la participación por recuperación que se fije en dichos convenios.

Art. 31.- La emisión de los títulos de crédito, estará en concordancia con el Código Orgánico Tributario; su cobro se lo realizará de acuerdo a lo establecido en el Art. 25.

TÍTULO V

PAGO Y DESTINO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS

Art. 32.- Forma y época de pago.- El plazo para el cobro de toda contribución especial de mejoras será de hasta veinte años, como máximo, cuando las obras se realicen con fondos propios. En las obras ejecutadas con otras fuentes de financiamiento, la recuperación de la inversión, se efectuará de acuerdo a las condiciones del préstamo; sin perjuicio de que, por situaciones de orden financiero, el pago se lo haga con plazos inferiores a los estipulados para la cancelación del préstamo, así mismo, se determinará la periodicidad del pago. Tal determinación tomará la dirección financiera municipal y de sus empresas. Al vencimiento de cada una de las obligaciones y estas no fueran satisfechas, se recargan con el interés por mora tributaria, en conformidad con el código tributario. La acción coactiva o

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 75

cualquier otro mecanismo de cobro se efectuará en función de mantener una cartera que no afecte las finanzas municipales.

No obstante, lo establecido, los contribuyentes podrán acogerse a los beneficios de facilidades de pago constantes en el Código Tributario, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en el mismo código.

Art. 33.- De existir copropietarios o coherederos de un bien gravado con la contribución, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjito y sus empresas podrán exigir el cumplimiento de la obligación a uno, a varios o a todos los copropietarios o coherederos, que son solidariamente responsables en el cumplimiento del pago. En todo caso, manteniéndose la solidaridad entre copropietarios o coherederos, en caso de división entre copropietarios o de partición entre coherederos de propiedades con débitos pendientes por concepto de cualquiera contribución especial de mejoras, éstos tendrán derecho a solicitar la división de la deuda tributaria a las direcciones financieras municipales o de sus empresas, previa a la emisión de los títulos de crédito.

Art. 34.- Transmisión de dominio de propiedades gravadas.- Para la transmisión de dominio de propiedades gravadas, se sujetará a lo establecido en el Código Tributario,

Art. 35.- Reclamos de los contribuyentes.- Los reclamos de los contribuyentes, si no se resolvieren en la instancia administrativa, se tramitarán por la vía contencioso-tributaria.

Art. 36.- Destino de los fondos recaudados.- El producto de las contribuciones especiales de mejoras, determinadas en esta ordenanza, se destinará, únicamente, al financiamiento de las respectivas obras. En el caso de obras no financiadas o ejecutadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjito o sus empresas, se creará un fondo destinado hasta por un 50% de la recaudación efectiva el que podrá ser utilizado para cubrir el costo total o parcial en la ejecución de obras con beneficio a sectores vulnerables, de acuerdo al estudio socio económico elaborado por la Unidad de Bienestar Social y la Dirección Financiera. La Dirección de Planificación junto con Obras Públicas y Catastros, determinarán los costos que no deberán ser considerados como base de cálculo de la contribución especial de mejoras, en los sectores vulnerables. Los costos restantes se distribuirán en función de los artículos anteriores.

TITULO VI

DE LAS REBAJAS ESPECIALES Y RÉGIMEN DE SUBSIDIOS.

Art. 37.- Rebajas especiales.- Previo al establecimiento del tributo por contribución especial de mejoras de los inmuebles de contribuyentes que siendo propietarios de uno o más predio, solo serán beneficiarios en un solo predio siempre y cuando sean adultos mayores y todas las mencionadas en el artículo 2 de la ley orgánica de discapacidad, se disminuirá el costo prorrateado al predio los costos de estudios, fiscalización dirección técnica y de financiamiento que tenga la obra en la parte de la propiedad.

De manera previa a la liquidación del tributo los propietarios que sean beneficiarios de la disminución de costos para el establecimiento de la contribución especial, presentarán ante la Dirección Financiera Municipal o la dependencia que tenga esa competencia en las

76 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

empresas municipales conforme su orgánico funcional, en su caso, una petición debidamente justificada a la que adjuntará:

1. Las personas de la tercera edad, copia de la cédula de ciudadanía;
2. Las personas discapacitadas presentarán copia del carnet otorgado por el CONADIS;

La Unidad de Avalúos y Catastros certificará que los solicitantes tuvieren un solo predio, para lo cual el peticionario deberá presentar el certificado del Registro de la Propiedad en el que consten los predios que posee en la jurisdicción cantonal de Naranjito.

De cambiar las condiciones que dieron origen a la consideración de la disminución del costo, se reliquidará el tributo sin considerar tal disminución desde la fecha en la que las condiciones hubiesen cambiado, siendo obligación del contribuyente notificar a la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjito o de la Empresa Municipal respectiva el cambio ocurrido, inmediatamente de producido, so pena de cometer el delito de defraudación tipificado en el Código Tributario.

Aquellos contribuyentes que obtengan el beneficio referido en éste artículo proporcionando información equivocada, errada o falsa pagarán el tributo íntegro con los intereses correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades legales sean civiles o penales respectivos.

Art. 38.- Las propiedades declaradas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjito como monumentos históricos, no causarán, total o parcialmente, el tributo de contribución especial de mejoras y no generará obligación tributaria alguna. Para acogerse a este beneficio, los propietarios de estos bienes deberán solicitar al Alcalde el trámite respectivo, quien encargará a la Unidad competente que informe al Director Financiero, si el bien constituye un monumento histórico y sobre su estado de conservación y mantenimiento.

Si dicho bien se encuentra en buen estado de conservación y mantenimiento, la Dirección Financiera dictará la resolución respectiva, de lo contrario negará la solicitud. Se consideran monumentos históricos beneficiarios del no pago de contribuciones especiales de mejoras, todos aquellos que hayan recibido tal calificación por parte del Concejo Cantonal, previo informe de la Comisión respectiva.

No se beneficiarán del no pago de contribuciones especiales de mejoras, las partes del inmueble que estén dedicadas a usos comerciales que generen renta a favor de sus propietarios.

Art. 39.- La cartera de contribución especial de mejoras podrá servir, total o parcialmente, para la emisión de bonos municipales, garantía o fideicomiso u otra forma de financiamiento que permita sostener un proceso de inversión en obra pública municipal, en el cantón Naranjito.

Art. 40.- Con el objeto de bajar costos y propiciar la participación ciudadana en la ejecución de obras públicas que sean recuperables vía contribución especial de mejoras, el Gobierno Autónomo Descentralizado y sus empresas podrán, a su arbitrio, recibir aportes, en dinero, de propietarios de inmuebles en las áreas urbanas del cantón Naranjito; emitiendo a favor de estos documentos de pago anticipado (notas de crédito) de la contribución especial de

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 77

mejoras por las obras a ejecutarse con tales contribuciones y en beneficio de esos mismos propietarios. Los incentivos para aquellos contribuyentes que realicen pagos anticipados, se establece de la siguiente manera:

1. Aquellos que anticipen el 100% de la Contribución, serán beneficiados con un descuento del 20%.
2. Aquellos que anticipen entre el 50% al 99% de la Contribución, serán beneficiados con un descuento del 10%.
3. Aquellos que anticipen entre el 10% al 49% de la Contribución, serán beneficiados con un descuento del 5%.

Art. 41.- Los aportes en trabajo comunitario deberán ser valorados a precio de mercado por las Direcciones de Obras Públicas y Financiera y ser imputados a la liquidación definitiva como pago previo por el propietario beneficiario.

Art. 42.- Independientemente de la suscripción de actas de entrega recepción de obras ejecutadas, producido el beneficio real, el Gobierno Autónomo Descentralizado y sus empresas, podrán efectuar liquidaciones parciales de crédito por contribución especial de mejoras, por obras ejecutadas en el cantón Naranjito. En este caso, las liquidaciones parciales serán imputables al título definitivo.

Art. 43.- El Concejo Cantonal autorizará y concederá licencias a los particulares, para que ejecuten obras que puedan pagarse mediante la contribución especial de mejoras; determinando, en tales licencias, los costos máximos de las obras, el sistema de pago por contribución de mejoras, y la fuente de pago de tales licencias, concesiones o cualquier forma reconocida por el derecho administrativo. Los títulos de crédito se emitirán cuando las obras sean entregadas, a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado o de sus empresas, previa fiscalización de las mismas.

TITULO Vl

DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN.

Art. 44.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Naranjito y sus empresas suscribirán convenios con las instituciones financieras para la recaudación de los créditos por contribución especial de mejoras. A su vez, el GAD suscribirá convenios con las empresas que presten servicios públicos, para la recaudación de las contribuciones de mejoras que tengan relación con los servicios que brinden tales empresas.

Art. 45.- Los contribuyentes, podrán realizar pagos anticipados a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Naranjito o sus empresas, como abono o cancelación de sus obligaciones. En estos casos se liquidarán tales valores a la fecha de pago.

TÍTULO VIII

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA.- Hasta que la Dirección de Obras Públicas presente el detalle de las obras ejecutadas desde el presente año con sus respectivos valores y el área de influencia de las mismas, con el fin de que la Unidad de Avalúos y Catastros de acuerdo a la base de datos

78 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

se procederá al cálculo de la contribución especial de mejoras de conformidad a lo que establece la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN GENERAL

PRIMERA.- Previo a emitir títulos de créditos por CEM, el concejo municipal de naranjito resolverá mediante resolución cuales son las obras a considerar, respetando las consideraciones previstas en esta ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA.-Todas las obras, según determinación de la Dirección de Planificación Proyectos Urbano & Rural o las direcciones técnicas correspondientes de las empresas municipales, determinarán, de manera previa a su ejecución el tiempo de vida útil de las mismas, en cuyos períodos, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjito y sus empresas, garantizarán el cuidado, mantenimiento y protección de tales obras, sin que en esos lapsos, se puedan imponer contribuciones adicionales a las obras ejecutadas y por cargo a su mantenimiento y conservación.

SEGUNDA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjito emitirá un documento técnico firmado por el Director de Obras Públicas Municipal y fiscalización, en los que consten los años de garantía que tiene cada una de las obras, a fin de que no se duplique el pago.

TERCERA.- La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Naranjito, y de su publicación en el Registro Oficial, y página web de la institución.

Anexo 1 factor K. métodos para determinar el valor del terreno por metro cuadrado.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

PRIMERA.- Deróguese la ordenanza para la aplicación y cobro de la contribución especial de mejoras por obras ejecutadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Naranjito que fue aprobada por el Concejo Municipal de Naranjito en sesiones ordinarias realizadas en los diecisiete y veintitrés días de mayo de 2012, y demás ordenanza expedida por el Concejo Municipal, sobre la misma materia en relación a la contribución especial de mejoras y las demás que se contraponga a la aplicación de la presente Ordenanza. Anexo 1 factor K. métodos para determinar el valor del terreno por metro cuadrado.

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 79

Dada y firmada en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjito, a los diez días del mes de julio del dos mil veinte.

CERTIFICO: Que la presente LA ORDENANZA GENERAL NORMATIVA PARA LA DETERMINACIÓN, GESTIÓN, RECUPERACIÓN E INFORMACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS, POR OBRAS EJECUTADAS EN EL CANTÓN, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Naranjito en sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas el treinta de junio y tres de julio del 2020. Naranjito, 10 de julio del 2020

ALCALDÍA DEL CANTÓN NARANJITO.- De conformidad como lo establecido en el Art.322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO «LA ORDENANZA GENERAL NORMATIVA PARA LA DETERMINACIÓN, GESTIÓN, RECUPERACIÓN E INFORMACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS, POR OBRAS EJECUTADAS EN EL CANTÓN, PROVINCIA DEL GUAYAS», y por cuanto dicha ordenanza está de acuerdo con la Constitución y Leyes de la República, ordeno su promulgación conforme lo dispone el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. CÚMPLASE.-Naranjito 10 de Julio del 2020

80 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

Lo Certifico.- firmo la presente «LA ORDENANZA GENERAL NORMATIVA PARA LA DETERMINACIÓN, GESTIÓN, RECUPERACIÓN E INFORMACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS, POR OBRAS EJECUTADAS EN EL CANTÓN, PROVINCIA DEL GUAYAS, a los diez días del mes de julio del 2020.-

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 81

A N E

X O

s

82 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

ANEXO 01

Norma 1.0 Método del potencial de desarrollo o de máximo aprovechamiento

Para efectos del avalúo, se parte del valor máximo que un comprador pagaría por el terreno urbanizado. Este procedimiento, con base en las normas de zonificación establecidas en la regulación urbana, sirve para calcular el valor máximo que soportaría el terreno, a través de deducir el valor de la potencial construcción, su categoría, estructura y el uso que pueda desarrollarse en él. El cálculo se realizará mediante la aplicación de la siguiente ecuación matemática:

Donde,

Vt =α* K * Pc * CosT

Vt = valor de terreno

α = porcentaje de incidencia del terreno en el proyecto

K = porcentaje área vendible (área útil)

Pc = precio del metro cuadrado de la construcción como nuevo

CosT = coeficiente de ocupación del suelo total (Cos Total).

Para la aplicación de este método se utilizará el formato que consta en el Anexo A, en la cual consta un ejemplo desarrollado.

Norma 1.1 Factor a – Factor de porcentaje de incidencia del terreno en el proyecto Este factor varía entre el 10% y 17%, dependiendo de las características de retiros, Cos en planta baja, Cos total, limitaciones urbanísticas, afectaciones y densidades que tenga el sector. De acuerdo a la categoría de edificación y uso se aplicará los siguientes rangos en porcentajes:

TABLA DE FACTORES DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA DEL TERRENO EN UN PROYECTO

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

FACTOR α

Construcción popular

Categoría A

10

Construcción económica

Categoría B

10 a 11

Construcción normal

Categoría C

11 a 12

Construcción primera

Categoría D

12 a 13

Construcción lujo

Categoría E

13 a 14

Comercio, oficinas, construcciones especiales

Categoría F

15 a 17

Tabla 1 factores de porcentaje de incidencia del terreno en un

proyecto

Registro Oficial N° 290 Miércoles 16 de septiembre de 2020 – 83

Anexo A Ficha para la determinación del valor del AIVA, mediante el uso del método del potencial

84 – Miércoles 16 de septiembre de 2020 Registro Oficial N° 290

Norma 1.2 Factor K

Considerando que, no todo el área de construcción en un proyecto es área útil vendible, se determina el factor K, comprendido entre un rango del 0.84 al 0.90, en relación al área útil sobre el área construida, se considerarán los siguientes porcentajes:

TABLA PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR «K»

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

FACTOR K

Construcción popular

Categoría A

0.90

Construcción económica

Categoría B

0.89

Construcción normal

Categoría C

0.87

Construcción primera

Categoría D

0.86

Construcción lujo

Categoría E

0.85

Comercio, oficinas, construcciones especiales

Categoría F

0.84

Tabla 2 Tablao para la determinación del factor «k»

Norma 1.3 Precio venta del metro cuadrado útil de la construcción

Para establecer el precio del metro cuadrado de la construcción (Pe) se considerará según las tipologías constructivas predominantes en el sector de estudio y el valor del metro cuadrado de lo construcción establecida en la Ordenanza de valoración vigente. De no existir una clara definición de tipologías constructivas se procederá a verificar aquellas más próximas y sus tendencias.

Norma 1 Coeficiente de ocupación del suelo total –CosT

Se aplicará el coeficiente establecido en la regulación urbana vigente para el sector.