Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles, 24 de Mayo de 2018 (R. O. 248, 24-mayo -2018 Suplemento

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

DECRETO:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:

395 Reorganícese la institucionalidad de la Presidencia de la República

FUNCIÓN JUDICIAL Y JUSTICIA INDÍGENA

RESOLUCIONES:

CONSEJO DE LA JUDICATURA:

052-2018 Apruébense los informes técnicos y desígnense notarios suplentes a nivel nacional

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO:

001-FIGE-2018 Dispónese que el doctor Edwin Paúl Pérez Reina, asuma las funciones de Fiscal General del Estado Encargado

003-FIGE-2018 Dese continuidad a los procesos de investigación preprocesal y procesal penal aperturados en la Fiscalía General del Estado

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

ORDENANZA MUNICIPAL:

– Cantón Chunchi: Que regula el cobro del impuesto al rodaje para vehículos motorizados

2 – Jueves 24 de mayo de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 248

Registro Oficial N° 248 – Suplemento Jueves 24 de mayo de 2018 – 3

No. 395

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA

Considerando:

Que, el artículo 141 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe de Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública;

Que, los números 3,5 y 6 del artículo 147 de la Constitución de la República atribuyen al Presidente de la República las competencias de definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva; dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control; y, crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación;

Que, el artículo 227 de la norma fundamental determina que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el número 15 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece como una de las atribuciones del Ministerio a cargo de las finanzas públicas, la de dictaminar en forma previa, obligatoria y vinculante sabré todo proyecto de ley, decreto, acuerdo, resolución, o cualquier otro instrumento legal o administrativo que tenga impacto en los recursos públicos o que genere obligaciones no contempladas en los presupuestos del sector público no financiero, exceptuando a los Gobiernos Autónomos Descentralizados;

Que, de acuerdo a las letras a), b), f), h) e i) del artículo 11 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, corresponde al Presidente de la República dirigir y resolver los asuntos superiores fundamentales de la Función Ejecutiva y del Estado ecuatoriano; orientar los aspectos fundamentales de las actividades de los organismos y entidades que conforman la Función Ejecutiva; adoptar decisiones de carácter general o específico, según corresponda, mediante decretos ejecutivos y, suprimir, fusionar y reorganizar organismos de la Función Ejecutiva;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 526, publicado en el Registro Oficial No. 116 de 3 de octubre de 2005, se creó la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República como dependencia de la Presidencia de la República, para el asesoramiento del Jefe de Estado;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 686, publicado en el Registro Oficial No. 202 de 31 de octubre de 2007, se creó la Secretaría General de la Presidencia;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1067, publicado en el Registro Oficial No. 791 de 6 de julio de 2016, se cambió de denominación a la Secretaría Particular de la Presidencia de la República por Secretaría General

de la Presidencia y se establecieron atribuciones que complementan y amplían las atribuciones del Decreto Ejecutivo No. 686;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 5 de 24 de mayo de 2017 se suprimió la Secretaría Nacional de la Administración Pública y se transfirió a la Secretaría General de la Presidencia de la República atribuciones relacionadas con gobierno, administración y gestión pública; emisión de políticas en materia de gobierno electrónico y simplificación de trámites; y, la gestión del archivo intermedio;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 7 de 24 de mayo de 2017 se suprimieron los Ministerios Coordinadores y se transfirió a la Secretaría General de la Presidencia de la República las atribuciones de analizar la información sectorial e intersectorial, incorporar las prioridades presidenciales en la formulación de políticas sectoriales e intersectoriales y dar seguimiento estratégico a los compromisos presidenciales y los consejos sectoriales;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 418, publicado en el Registro Oficial No. 243 de 26 de julio de 2010, se creó el Servicio de Protección Presidencial;

Que, de conformidad con el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 96, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 83 de 18 de septiembre de 2013, se cambió la denominación del Grupo de Transporte Aéreo Presidencial por el de Grupo de Transporte Aéreo Especial, y se lo adscribió a la Fuerza Aérea Ecuatoriana;

Que, mediante Acuerdo No. PR-SEGIN-2016-001 de 31 de marzo del año 2016, se expidió el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Presidencia de la República;

Que mediante Oficio No. MEF-MINFIN-2018-0278-O de 20 de abril de 2018 el Ministerio de Economía y Finanzas emite el correspondiente dictamen favorable, de conformidad con lo establecido en el número 15 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas;

Que, es necesario organizar de manera óptima la Presidencia de la República, conforme los requerimientos políticos, técnicos y funcionales; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 3, 5 y 6 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador, las letras a) y b) del artículo 17 y artículo 40 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada y, las letras a), b), f), h) e i) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Decreta:

Artículo 1.- Reorganícese la institucionalidad de la Presidencia de la República, la misma que contará con las siguientes Secretarías:

a) Secretaría General de la Presidencia de la República;

4 – Jueves 24 de mayo de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 248

  1. Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República; y,
  2. Secretaría Particular de la Presidencia de la República.

La máxima autoridad de cada una de estas Secretarías tendrá el rango de Ministro de Estado.

La estructura orgánica funcional de la Presidencia de la República se desarrollará en el correspondiente Estatuto de la institución.

Artículo 2.- Serán atribuciones de la Secretaría General de la Presidencia de la República, las siguientes:

  1. Ejercer la representación legal de la Presidencia de la República;
  2. Asesorar al Presidente de la República en materia de gestión y transparencia gubernamental, administración y gestión pública, y análisis estratégico, con el objeto de mejorar la eficiencia, calidez y calidad de la Función Ejecutiva;
  3. Coordinar la gestión gubernamental con el gabinete presidencial, autoridades del sector público, actores del sector privado y ciudadanía en general;
  4. Emitir políticas generales para la efectiva gestión de los organismos y entidades que conforman la administración pública central e institucional;
  5. Coordinar, promover y facilitar la implementación de los mecanismos de transparencia de la gestión de la administración pública central e institucional, que coadyuven a la detección y prevención de actos de corrupción;
  6. Valorar propuestas de creación, modificación, fusión, reorganización y supresión de organismos y entidades dependientes de la Función Ejecutiva, así como propuestas de asignación de sus competencias específicas, para la aprobación del Presidente de la República;
  7. Determinar la pertinencia estratégica de la propuestas para crear, modificar o suprimir las entidades o instancias de la Administración Pública de la Función Ejecutiva, a fin de disponer a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el inicio del análisis programático e institucional;
  8. Coordinar y realizar las gestiones que el Presidente de la República requiera con los Ministros de Estado y demás funcionarios del sector público;
  9. Coordinar la gestión de los consejeros de gobierno y asesores presidenciales;
  10. Coordinar y dar seguimiento a la gestión eficiente y oportuna de la ejecución de los programas y proyectos de interés nacional que sean considerados prioritarios por el Presidente de la República;
  11. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar todas las gestiones que se realizan para el efectivo cumplimiento de las disposiciones presidenciales;
  1. Participar como miembro pleno del Gabinete Presidencial;
  2. Delegar las responsabilidades y atribuciones pertinentes para la buena marcha de la institución;
  3. Dirigir la gestión administrativa, financiera e institucional de la Presidencia de la República;
  4. Aprobar el presupuesto y el plan anual de contrataciones de la Presidencia de la República;
  5. Ejercer la autoridad nominadora de la Presidencia, con excepción de los funcionarios cuyo nombramiento corresponda al Presidente de la República, atribución que podrá ser delegada;
  6. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la gestión efectiva de la atención ciudadana de la Presidencia de la República;
  7. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la efectiva gestión cultural de la Presidencia de la República;
  8. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la gestión de la administración del Palacio de Carondelet, conforme el Estatuto Orgánico por Procesos de la Presidencia de la República;
  9. Coordinar con el Servicio de Protección Presidencial, las acciones necesarias y oportunas para garantizar la seguridad del Primer mandatario;
  10. Expedir acuerdos, resoluciones y demás instrumentos necesarios para el adecuado cumplimiento de su gestión, funciones y atribuciones;
  11. Autorizar el uso de espacios públicos, viajes al exterior, vacaciones, licencias, con y sin remuneración, permisos y demás autorizaciones requeridas por las máximas autoridades de las entidades que conforman la Función Ejecutiva;
  12. Ejercer las facultades de regulación, control y gestión del archivo intermedio de la Administración Pública, de conformidad con la normativa vigente;

y,

24. Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean asignadas por el Presidente de la República, o que consten en el Estatuto Orgánico por Procesos de la Presidencia de la República.

Artículo 4.- Serán atribuciones de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República, las siguientes:

  1. Asesorar jurídicamente al Presidente de la República y a las máximas autoridades de la institución;
  2. Representar y patrocinar judicial y extrajudicialmente al Presidente de la República y a las autoridades de la Presidencia con rango de ministro de Estado;
  3. Comparecer en cualquier calidad, en nombre y representación del Presidente Constitucional de la República, ante la Corte Constitucional como máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional del país, y ante los distintos órganos de administración de justicia de la Función Judicial, tanto en acciones de justicia ordinaria como constitucional;

Registro Oficial N° 248 – Suplemento Jueves 24 de mayo de 2018 – 5

  1. Elaborar, revisar y validar los instrumentos normativos que se deriven de la facultad de colegislación del Presidente de la República y ponerlas a su consideración;
  2. Elaborar, revisar y validar propuestas de decretos ejecutivos y acuerdos presidenciales, de carácter general o específico, y ponerlas a consideración del Presidente de la República;
  3. Elaborar informes jurídicos sabré los ámbitos, temas, hechos y actores de interés de la Presidencia de la República;
  4. Realizar el seguimiento a la tramitación de los proyectos de Ley en la Asamblea Nacional en coordinación con las entidades involucradas;
  5. Brindar asesoría jurídica a las entidades del sector público en la elaboración de propuestas de leyes y demás normativa según requerimientos institucionales;
  6. Solicitar informes de la gestión estatal a cualquier funcionario, servidor o asesor las instituciones del Estado, respecto de los asuntos jurídicos que se encuentran en estudio y análisis de la Presidencia de la República;
  7. Asesorar jurídicamente a las entidades del sector publico que determine el/la Presidente/a de la República;
  8. Participar como miembro pleno del Gabinete Presidencial;
  9. Delegar las responsabilidades y atribuciones pertinentes para la buena marcha de las unidades administrativas a su cargo; y,
  10. Ejercer las demás atribuciones y responsabilidades que le sean asignadas por el Presidente/a de la República, o que consten en el Estatuto Orgánico por Procesos de la Presidencia de la República.

Artículo 5.- Serán atribuciones de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República las siguientes:

  1. Asesorar políticamente al Presidente de la República y gestionar el alineamiento político del Gobierno Nacional;
  2. Ejercer las funciones de portavoz en nombre de la Presidencia de la República, en aquellos temas que el Presidente le disponga;
  3. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la operatividad de todas las gestiones que se realizan para la adecuada ejecución de la Agenda Presidencial, a nivel nacional e internacional;
  4. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar todas las acciones que se realizan para la gestión efectiva de los asuntos logísticos y protocolares del Presidente de la República, a nivel nacional e internacional;
  5. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la correcta gestión de todos los asuntos relacionados con el Despacho Presidencial;
  6. Velar por que se cumplan a cabalidad las diversas actividades previstas del Presidente de la

República, garantizando la participación eficiente y activa de todas las unidades externas e internas involucradas;

  1. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la gestión efectiva de los contenidos presidenciales;
  2. Participar como miembro pleno del Gabinete Presidencial;
  3. Ejercer las demás atribuciones y responsabilidades que le sean asignadas por el Presidente/a de la República, o que consten en el Estatuto Orgánico por Procesos de la Presidencia de la República.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las Secretarías Generales y la Secretaría Particular de la Presidencia podrán contar con una Subsecretaría General, y los asesores requeridos de conformidad con sus necesidades administrativas e institucionales. Sus atribuciones y responsabilidades serán establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Presidencia de la República. Los titulares de las Subsecretarías Generales tendrán rango de Viceministros de Estado.

SEGUNDA.- A partir de la promulgación del presente Decreto Ejecutivo, el Grupo de Transporte Aéreo Especial -GTAE- deja de ser adscrito a la Fuerza Aérea Ecuatoriana -FAE- y pasa a formar parte de la estructura del Servicio de Protección Presidencial. La Fuerza Aérea Ecuatoriana mantendrá el control operativo y logístico del GTAE, a través de las entidades técnicas y especializadas correspondientes.

El GTAE estará conformado por personal militar operativo, técnico y administrativo en servicio activo de la FAE y por servidores públicos regidos por la Ley Orgánica del Servicio Público, de conformidad con las atribuciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico del Servicio de Protección Presidencial. En el ámbito disciplinario, tanto el personal militar como el del servicio público, dependerán de la máxima autoridad del Servicio de Protección Presidencial.

El GTAE estará a cargo del Comandante del Grupo, que será designado por el Presidente de la República de una terna de oficiales remitido por el Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Su cargo será de libre nombramiento y remoción y contará con la delegación por parte de la máxima autoridad del Servicio de Protección Presidencial para que pueda actuar con eficiencia y oportunidad en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, la máxima autoridad del Servicio de Protección Presidencial precautelará que el GTAE tenga la suficiente agilidad, flexibilidad y operatividad para cumplir con sus atribuciones y responsabilidades.

Todos los derechos y obligaciones que correspondan al Grupo de Transporte Aéreo Especial constantes en contratos, convenios o instrumentos jurídicos nacionales o internacionales, pasarán a ser asumidos por el Servicio de Protección Presidencial.

6 – Jueves 24 de mayo de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 248

El personal de servidores civiles que vinieren prestando servicios a contrato o comisión de servicios en el Grupo de Transporte Aéreo Especial adscrito a la FAE, podrá pasar a formar parte del Servicio de Protección Presidencial, previa evaluación y selección de acuerdo a los requerimientos de esta entidad.

Todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en otros instrumentos normativos a cargo del Grupo de Transporte Aéreo Especial adscrito a la RAE, pasarán a ser asumidos por el Servicio de Protección Presidencial.

El GTAE tendrá atribuciones para coordinar, planificar, operar y ejecutar las operaciones aéreas dentro y fuera del país, del Presidente, Vicepresidente de la República y autoridades del Estado; coordinar con la Secretaría General de la Presidencia los requerimientos de transporte aéreo del Presidente, Vicepresidente de la República, y autoridades del Estado, en ese orden; y, las demás que le asigne el Presidente de la República.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La Secretaría General de la Presidencia, en el plazo máximo de 60 días contados a partir de la fecha de expedición de este decreto, deberá realizar las respectivas creaciones, supresiones y reformas al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Presidencia de la República, de conformidad con lo establecido en este Decreto, y la normativa correspondiente; y gestionará su aprobación ante el Ministerio de Trabajo.

SEGUNDA.- La máxima autoridad del Servicio de Protección Presidencial, en el plazo máximo de 45 días contados a partir de la expedición del presente Decreto, enviará a la Secretaría General de la Presidencia, para su aprobación, el Estatuto Orgánico por Procesos del Servicio de Protección Presidencial; y, posteriormente, gestionará su aprobación ante el Ministerio de Trabajo en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la aprobación del Estatuto Orgánico por parte de la Secretaría General de la Presidencia de la República.

DISPOSICIONES REFORMATORIAS

PRIMERA.- Reemplazar el literal m) del Art. 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, por el siguiente: «m) Designar y remover a las máximas autoridades de las unidades administrativas que forman parte de la Presidencia de la República; asimismo podrá designar y remover a los demás servidores públicos del nivel jerárquico superior de la Presidencia de la República, pudiendo delegar esta atribución a las máximas autoridades de las entidades que forman parte de Presidencia.»

SEGUNDA.- Suprimir el numeral 1 del artículo innumerado que sigue al artículo 16 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; e, incorporar el siguiente numeral: «Las demás Secretarías que el Presidente de la República creare en uso de sus atribuciones «

TERCERA.- Sustituyase el literal f) del artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 418, publicado en el Registro Oficial No. 243 de 26 de julio de 2010, por el siguiente: «f Elaborar y presentar a la Secretaría General de la Presidencia de la República, para su aprobación y trámite pertinente, el Estatuto Orgánico del Servicio de Protección Presidencial;»

CUARTA.- Sustituyase el artículo 40 del Reglamento de aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, expedido mediante Decreto Ejecutivo 546 de 15 de noviembre de 2010, publicado en el Registro Oficial 339 de 29 de noviembre de 2010, que crea el Comité de Licitación Hidrocarburífera, por el siguiente:

«Art. 40.- Conformación.- El Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH), estará integrado por:

  1. El titular del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, o su delegado, quien lo presidirá.
  2. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas o su delegado.
  3. El funcionario responsable de la articulación del Consejo Sectorial de Infraestructura, o su delegado.»

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguense las siguientes normas y disposiciones: el Decreto Ejecutivo No. 526 publicado en el Registro Oficial No. 116 de 3 de octubre de 2005; el Decreto Ejecutivo No. 686 publicado en el Registro Oficial No. 202 de 31 de octubre de 2007; el Decreto Ejecutivo 451 publicado en el Registro Oficial 259 de 18 de agosto de 2010; el Decreto Ejecutivo No. 1067 publicado en el Registro Oficial No. 791 de 6 de julio de 2016; el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo 355 publicado en el Registro Oficial 205 de 02 de junio de 2010; el Artículo 11-A del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y todas aquellas normas de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Decreto Ejecutivo.

DISPOSICIÓN FINAL.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, se encargará la Secretaría General de Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 15 de mayo del 2018.

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

Quito, 22 de mayo del 2018, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

Documento firmado electrónicamente

Dra. Johana Pesantez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR

No. 052-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial…»;

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, establecen: «Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial (…); y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial»;

Que el artículo 200 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: «Las notarías y notarios son depositarios de la fe pública; serán nombrados por el Consejo de la Judicatura previo concurso público de oposición y méritos, sometido a impugnación y control social…»;

Que el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: «Con el fin de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial y los demás principios establecidos en la Constitución y este Código, dentro de los grandes lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios…»;

Que el numeral 5 del artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa que las notarías y los notarios son parte integrante de la Función Judicial;

Que el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: «El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial…»;

Que el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «10. Expedir (…) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial»;

Que el artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: «El Notariado es un órgano auxiliar de

la Función Judicial y el servicio notarial consiste en el desempeño de una función pública que la realizan las notarlas y los notarios, quienes son funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos que ocurran en su presencia…»;

Que el artículo 297 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa: «El Servicio Notarial se rige por la Constitución, este Código, la Ley Notarial y demás disposiciones legales y reglamentarias»;

Que el artículo 301 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: «El servicio notarial es permanente e ininterrumpido. Para cumplir sus funciones, cuando el caso amerite o las partes lo requieran, podrá autorizar los actos o contratos fuera de su despacho notarial…»;

Que el artículo 301A del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: «Cada notarla o notario titular contará con una o un notario suplente, quien debe reunir los mismos requisitos que el titular y lo reemplazará en casos de ausencia temporal. Para el efecto, la notarla o notario titular remitirá a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura el nombre de su notarla o notario suplente, que no podrá ser su cónyuge o conviviente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad ni primero de afinidad, y los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos. La falsedad de los documentos o información remitida ocasionará la destitución de la notaría o notario titular.

La notaría o notario titular será solidariamente responsable civil y administrativamente por las actuaciones de la notaría o notario suplente en el ejercicio de sus funciones.

En ningún caso, la notaría o notario suplente reemplazará al titular cuando la ausencia se deba por suspensión o destitución de la notaría o notario titular como consecuencia de una acción disciplinaria»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 14 de octubre de 2014, mediante Resolución 260-2014, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 371, de 10 de noviembre de 2014, resolvió: «EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERCICIO DE FUNCIONES DE LAS NOTARÍAS Y LOS NOTARIOS SUPLENTES»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 26 de octubre de 2015, mediante Resolución 344-2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 630, de 18 de noviembre de 2015, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 260-2014, DE 14 DE OCTUBRE DE

8 – Jueves 24 de mayo de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 248

2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: «EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERCICIO DE FUNCIONES DE LAS NOTARÍAS Y LOS NOTARIOS SUPLENTES»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 9 de mayo de 2016, mediante Resolución 085-2016, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 770, de 7 de junio de 2016, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 260-2014, DE 14 DE OCTUBRE DE 2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: «EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERCICIO DE FUNCIONES DE LAS NOTARÍAS Y LOS NOTARIOS SUPLENTES»;

Que mediante Memorandos CJ-DNTH-2018-1018-M, de 10 de abril de 2018; CJ-DNTH-2018-1055-M; de 16 de abril de 2018; y, CJ-DNTH-2018-1109-M, de 19 de abril de 2018, suscritos por la abogada Carolina Villagómez Monteros, Directora Nacional de Talento Humano, pone en conocimiento de la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), los informes técnicos Nos. DNTH-SA-604-2018; DNTH-SA-605-2018; DNTH-SA-606-2018; DNTH-SA-607-2018, de 3 de abril de 2018; DNTH-SA-629-2018, de 16 de abril de 2018; DNTH-SA-634-2018, DNTH-SA-635-2018; y, DNTH-SA-636-2018, de 18 de abril de 2018, respectivamente, referentes a la designación de notarios suplentes en las provincias de Bolívar, Chimborazo, El Oro, Manabí, Guayas y Pichincha;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció los Memorandos CJ-DG-2018-1499-M; CJ-DG-2018-1500-M; y, CJ-DG-2018-1501-M, de 26 de abril de 2018, suscritos por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General, quien remite los Memorandos circulares CJ-DNJ-2018-0094-MC, de 23 de abril de 2018; CJ-DNJ-2018-0090-MC, de 17 de abril de 2018; y, CJ-DNJ-2018-0084-MC, de 11 de abril de 2018, respectivamente, suscritos por la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), que contienen los proyectos de resolución para: aprobar los informes técnicos y designar notarios suplentes a nivel nacional; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los presentes,

RESUELVE:

APROBAR LOS INFORMES TÉCNICOS Y

DESIGNAR NOTARIOS SUPLENTES A NIVEL

NACIONAL

Artículo 1.- Aprobar los informes técnicos Nos. DNTH-SA-604-2018; DNTH-SA-605-2018; DNTH-

SA-606-2018; DNTH-SA-607-2018, de 3 de abril de 2018; DNTH-SA-629-2018, de 16 de abril de 2018; DNTH-SA-634-2018; DNTH-SA-635-2018; y, DNTH-SA-636-2018, de 18 de abril de 2018, respectivamente, contenidos en los Memorandos CJ-DNTH-2018-1018-M, de 10 de abril de 2018; CJ-DNTH-2018-1055-M, de 16 de abril de 2018; y, CJ-DNTH-2018-1109-M, de 19 de abril de 2018, suscritos por la abogada Carolina Villagómez Monteros, Directora Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, referentes a la designación de notarios suplentes en las provincias de Bolívar, Chimborazo, El Oro, Manabí, Guayas y Pichincha.

Artículo 2.- Designar notarios suplentes a nivel nacional, conforme con el anexo que forma parte de esta resolución.

Artículo 3.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la notificación y posesión de los notarios suplentes que constan en esta resolución, conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos previstos para el efecto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Previa la posesión de los notarios suplentes, se deberán observar las incompatibilidades determinadas en el artículo 78 del Código Orgánico de la Función Judicial. De ser el caso, el notario titular, deberá proponer un nuevo candidato que cumpla con lo establecido en el reglamento respectivo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General, la Dirección Nacional de Talento Humano y las Direcciones Provinciales de Bolívar, Chimborazo, El Oro, Manabí, Guayas y Pichincha del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

f.) Dr. Marco Maldonado, Presidente Alterno.

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

Registro Oficial N° 248 – Suplemento Jueves 24 de mayo de 2018 – 9

ANEXO

APROBAR LOS INFORMES TÉCNICOS Y DESIGNAR NOTARIOS SUPLENTES A NIVEL NACIONAL

NOTARIOS SUPLENTES EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR

No.

NOMBRE DEL NOTARIO TITULAR

NOTARIO

SUPLENTE A

REEMPLAZAR

NOMBRE NOTARIO POSTULANTE

NOTARÍA QUE APLICA

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

1

FIERRO

YÁNEZ FREDY

FERNANDO

QUINATOA MESA ÁNGEL MILTON

TOAPANTA

TOAPANTA CLÉVER

LEONARDO

1 – CALUMA

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

2

ROJAS NARVÁEZ

HENRY

OSWALDO

GRANDA DÁVILA ÍLTHER MANUEL

LARA GALARZA LIVIADELI

3 -GUARANDA

AUXILIAR

ADMINISTRATIVA

DE LA NOTARÍA

TERCERA

DEL CANTÓN

GUARANDA.

NOTARIO SUPLENTE EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

No.

NOMBRE DE

LA NOTARÍA

TITULAR

NOTARÍA

SUPLENTE A

REEMPLAZAR

NOMBRE NOTARIO POSTULANTE

NOTARÍA QUE APLICA

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

1

VALLE SORIA

MAYRA CLEOPATRA

PAZMIÑO VIZUETE PAULINA AUGUSTA

QUISHPI OLMEDO JORGE ESAU

1 – GUAMOTE

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

NOTARIO SUPLENTES EN LA PROVINCIA DE EL ORO

No.

NOMBRE DE

LA NOTARÍA

TITULAR

NOTARIO

SUPLENTE A

REEMPLAZAR

NOMBRE NOTARIO POSTULANTE

NOTARÍA QUE APLICA

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

1

CALLE PIZARRO

ESPERANZA DEL

PILAR

MORAN ESPINOZA

FRANCISCO

EDUARDO

OCAMPO RÍOS GALO ÁNGEL

1 – SANTA ROSA

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

0 – Jueves 24 de mayo de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 248

NOTARIOS SUPLENTES EN LA PROVINCIA DE GUAYAS

No.

NOMBRE DEL NOTARIO TITULAR

NOTARIO

SUPLENTE A

REEMPLAZAR

NOMBRE NOTARIO POSTULANTE

NOTARÍA QUE APLICA

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

1

ORELLANA ARGUDO CAROLA PATRICIA

PLÚAS BARCIAS LEONOR Y AQUELINE

1 – MILAGRO

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

2

MANZUR

CAPELO

SALIM

FERNANDO

VALLADARES

SALGADO

SILVANA PATRICIA

WILSON VALENCIA CARLOS ORACIO

12-GUAYAQUIL

ASISTENTE DE LA

NOTARÍA DÉCIMA

SEGUNDA DEL

CANTÓN GUAYAQUIL

3

JARRÍN ACUNZO VIRGILIO ANTONIO

ROURAGAME NATACHA LEONOR

BECERRA

ILLINGWORTH

PATRICIA MARÍA

13-GUAYAQUIL

ADMINISTRADORA

DE LA COMPAÑÍA

LEXIPOD S.A.

NOTARIO SUPLENTES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

No.

NOMBRE DEL NOTARIO TITULAR

NOTARIO

SUPLENTE A

REEMPLAZAR

NOMBRE NOTARÍA POSTULANTE

NOTARÍA QUE APLICA

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

1

CHAMORRO PEPINOSA

DIEGO HUMBERTO

PALMA SALAZAR CÉSAR MANUEL

GILER MENDOZA GABRIEL ENRIQUE

5-MANTA

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

NOTARIOS SUPLENTES EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

No.

NOMBRE DEL NOTARIO TITULAR

NOTARÍA

SUPLENTE A

REEMPLAZAR

NOMBRE NOTARIO POSTULANTE

NOTARÍA QUE APLICA

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

1

CASTILLO SALAZAR MÓNICA PATRICIA

VÉLEZ TERREROS LENIN VLADIMIR

66 – QUITO

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

2

ROMÁN CHACÓN GONZALO AUGUSTO

MOSQUERA AGUIRRE GABRIELA CATALINA

PUENTE

CAIZAPANTA

CARLOS ADRIÁN

76 – QUITO

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

Registro Oficial N° 248 – Suplemento Jueves 24 de mayo de 2018 – 11

Razón: Siento por tal que el anexo que antecede forma parte de la Resolución 052-2018, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General del Consejo de la Judicatura.

No. 001-FIGE-2018

Dr. Edwin Paúl Pérez Reina FISCAL GENERAL DEL ESTADO, ENCARGADO

Considerando:

Que, el artículo 194 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará deforma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso. «;

Que, el artículo 195 de la Carta Fundamental establece que: «La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley. «;

Que, El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en apego de las competencias, atribuciones y facultades legales que le fueron revestidas por el pueblo ecuatoriano, a través de la Consulta Popular y Referéndum, efectuado el 04 de febrero de 2018, mediante Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-023-02-05-2018, de 02 de mayo de 2018, Resolvió: «ARTÍCULO ÚNICO:

Designar como Fiscal General del Estado encargado al Dr. Edwin Paúl Pérez Reina, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, designe a su titular.

Encargar al Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, la posesión del encargo «;

Que, según Acta de fecha 03 de mayo de 2018, el doctor Julio César Trujillo, en su calidad de Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, posesionó al doctor Edwin Paúl Pérez Reina, en calidad de Fiscal General del Estado Encargado;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley,

Resuelve:

Artículo Único.- Asumir las funciones de Fiscal General del Estado Encargado, a partir del 03 de mayo de 2018.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Segunda.- Por Secretaría General notifíquese con la presente Resolución al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y a la Asamblea Nacional del Ecuador.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en el Despacho de la Fiscalía General del Estado, el 03 de mayo de 2018.

f.) Dr. Edwin Paúl Pérez Reina, Fiscal General del Estado, Encargado.

CERTIFICO: Que la resolución que antecede está suscrita por el señor doctor Edwin Paúl Pérez Reina, Fiscal General del Estado Encargado.- Quito a, 3 de mayo de 2018.

f) Dr. Alfredo Vintimilla Palacios, Secretario General, Fiscalía General del Estado.

FIGE.- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.-

CERTIFICO: Que las copias que anteceden en dos fojas, corresponden a los originales que reposan en los archivos a cargo y responsabilidad de la Secretaría General de la Fiscalía General del Estado.- Quito, 21 de mayo de 2018. f.) Secretario General.

12 – Jueves 24 de mayo de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 248

No. 003-FIGE-2018

Dr. Edwin Paúl Pérez Reina

FISCAL GENERAL DEL ESTADO ENCARGADO

Considerando:

Que, el artículo 194 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: «La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará deforma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso. «;

Que, el artículo 195 de la Carta Fundamental establece que: «La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias jórenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley. «;

Que, el artículo 169 de la Ley Suprema del Ecuador en lo relacionado al sistema procesal prevé lo siguiente: «es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. «;

Que, el décimo quinto numeral del artículo 325 de la Carta Fundamental establece que: «Se prohibe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, (…). La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios. «;

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial determina dentro de las políticas de justicia las siguientes: «Con el fin de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial y los demás principios establecidos en la Constitución y

este Código (…),los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios; (…); políticas de recursos humanos que consoliden la carrera (…) fiscal (…). «;

Que, el artículo 281 del Código Orgánico de la Función Judicial respecto a la naturaleza jurídica de la Fiscalía General del Estado determina que: «es un organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la República. «;

Que, los numerales 2, 3 y 11 del artículo 284 del Código Orgánico de la Función Judicial establece como competencias de la o el Fiscal General del Estado: «2. Determinar, dentro del marco de las políticas generales de la Función Judicial, las políticas institucionales y ponerlas en práctica por medio de las unidades administrativas correspondientes; 3. Expedir, mediante resolución, reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales de organización y procedimientos y cuanto instrumento se requiera para funcionar eficientemente; (…) 11. Preparar proyectos de estándares de calidad y eficiencia para los servicios institucionales prestados y ejecutarlos (…). «;

Que, la letra e) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece dentro de las atribuciones y obligaciones específicas de los Ministros de Estado y las máximas autoridades de las instituciones del Estado se encuentra: «Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones. «;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley,

Resuelve:

Artículo 1.- Dar continuidad a los procesos de investigación preprocesal y procesal penal aperturados en la Fiscalía General del Estado, conforme lo dispone el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal.

Artículo 2.- Emprender acciones inmediatas que coadyuven a combatir el crimen organizado y la erradicación de la corrupción, para lo cual se firmarán los respectivos acuerdos interinstitucionales.

Artículo 3.- Precautelar la institucionalidad, garantías y derechos de los servidores pertenecientes a la carrera fiscal y fiscal administrativa de la Fiscalía General del Estado.

egistro Oficial N° 248 – Suplemento Jueves 24 de mayo de 2018 – 13

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Dentro del término de ocho (8) días que regirán desde la expedición de la presente Resolución, en el ámbito de sus competencias las Coordinaciones y Direcciones de la Fiscalía General del Estado presentarán un informe a detalle a la máxima autoridad, a fin de conocer el estado en el que se encuentran los procesos a su cargo y posteriormente emitir las directrices correspondientes.

Segunda.- Suspender temporalmente la implementación del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía General del Estado, aprobado mediante Resolución No. 001-FIGE-2018, de 05 de enero de 2018, reformada mediante Resolución No. 012-FIGE-2018, de 28 de febrero de 2018.

Tercera.- La Coordinación General de Gestión de Recursos conjuntamente con la Coordinación General de Planificación y Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado, en el término de treinta (30) días que regirán desde la expedición de la presente Resolución, emitirán un informe técnico que contendrá observaciones y recomendaciones respecto a la continuidad o derogatoria de la implementación del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos institucional.

Cuarta.- Se dispone a las Fiscalías Provinciales, Coordinaciones y Direcciones que conforman la Fiscalía General del Estado, el cumplimiento obligatorio de las recomendaciones que fueron emitidas por la Contraloría General del Estado en los distintos exámenes llevados a cabo en la institución.

Quinta.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Sexta.- Notifíquese la presente Resolución a las Fiscalías Provinciales, Coordinaciones y Secretaría General, Direcciones, personal misional y administrativo de la Fiscalía General del Estado.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en el Despacho de la Fiscalía General del Estado, el 16 de mayo de 2018.

f.) Dr. Edwin Paúl Pérez Reina, Fiscal General del Estado Encargado.

CERTIFICO: Que la resolución que antecede está suscrita por el señor doctor Edwin Paúl Pérez Reina, Fiscal General del Estado Encargado.- Quito a, 16 de mayo de 2018.

f.) Dr. Paúl Villarreal Velásquez, Secretario General (E), Fiscalía General del Estado.

FIGE.- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.-

CERTIFICO: Que las copias que anteceden en dos fojas, corresponden a los originales que reposan en los archivos a cargo y responsabilidad de la Secretaría General de la Fiscalía General del Estado.- Quito, 21 de mayo de 2018. f.) Secretario General.

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI

Considerando:

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera.

Que, el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, faculta a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedir ordenanzas cantonales.

Que, el Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ejercerá la competencia exclusiva de crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones, así como, planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre en la circunscripción cantonal.

Que, el Art. 186 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización faculta a los gobiernos municipales a crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas, por el establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de su responsabilidad.

Que, el Art. 538 y siguientes del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina el impuesto que se aplicará en base al avalúo de los vehículos, el mismo que se lo deberá pagar en el Cantón donde este registrado el vehículo, estableciendo una tabla para el cobro en todos los municipios del País.

Que, el Art. 103 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, menciona: «La matricula será emitida en el ámbito de sus competencias… por los GADs,

14 – Jueves 24 de mayo de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 248

previo el pago de las tasas e impuestos correspondientes y el cumplimiento de los requisitos previstos en el Reglamento…».

Que, el Art. 160 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, inciso tercero, dice «La matricula será emitida…por los GADs, según corresponda, previo al pago de todas las tasas e impuestos vigentes…».

Que, la Resolución No. 557-DE-ANT-2015, de fecha 13 de Noviembre del 2015, emitida por la Agencia Nacional de Tránsito, Resuelve «Certificar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chunchi, empezará a ejecutar las competencias de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular en el ámbito de su jurisdicción.

En uso de sus facultades legales,

Expide:

la siguiente: ORDENANZA QUE REGULA EL

COBRO DEL IMPUESTO AL RODAJE PARA

VEHÍCULOS MOTORIZADOS DEL CANTÓN

CHUNCHI

Art. 1.- Objeto del Impuesto.- El impuesto se aplicará a todos los vehículos de propietarios domiciliados en el Cantón Chunchi y aquellos quienes realicen procesos de matriculación y revisión técnica vehicular en la Unidad de Tránsito de este Gobierno Autónomo Descentralizado.

Art. 2.- Competencia de Matriculación y Revisión Vehicular.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chunchi, ejercerá la competencia en el ámbito de su jurisdicción, en observancia de las disposiciones de Ley y demás normas aplicables.

Art. 3.- Requisitos para la Matriculación.- Son requisitos para la emisión de matrículas los siguientes:

  • Pago de todos los valores adeudados a los organismos competentes por concepto de matrícula, impuesto ambiental, SPPAT, multas, sanciones y otros verificables en el Sistema de Matriculación.
  • Pago del impuesto al rodaje.
  • Certificado de no adeudar a la Municipalidad; a excepción de los vehículos del GAD Municipal de Chunchi, y
  • demás requisitos contenidos en la Resolución No. 110-DIR-2013-ANT y los solicitados en el Sistema de Matriculación, según cada caso y sus posteriores reformas.

Art. 4.- Sujetos Pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto, todos los propietarios de vehículos, sean personas naturales o jurídicas que realicen el proceso de matriculación vehicular en el Cantón Chunchi.

Art. 5.- Registro del rodaje cantonal.-El Departamento Financiero llevará un registro contable del pago del rodaje cantonal, de los vehículos matriculados dentro del periodo fiscal correspondiente y tomará las acciones financieras debidas para llevar un registro de dicho cobro y contendrá los siguientes datos: a) Nombres y apellidos completos del propietario del vehículo, b) Cédula y/o RUC. c) Dirección domiciliaria del propietario, d) Tipo del vehículo, e) Modelo de vehículo, f) Placa, g) Avalúo del vehículo, h) Tonelaje, i) Número de motor y chasis del vehículo; y, j) Servicio que presta el vehículo.

Art. 6.- Transferencia de Dominio y revisión técnica vehicular.- En forma previa a la transferencia del dominio del vehículo y revisión técnica vehicular, el nuevo propietario deberá verificar que el anterior se halle al día en el pago de impuestos. En caso de que el dueño anterior no hubiere pagado el impuesto correspondiente al año anterior, el nuevo propietario asumirá el pago correspondiente de acuerdo a la tabla contenida en la presente Ordenanza.

TABLA PARA EL COBRO DEL RODAJE DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS.

Art. 7.- Base imponible.- La base imponible de este impuesto es el avalúo de los vehículos que consten registrados en el Servicio de Rentas Internas y los organismos de Tránsito correspondientes, acorde a la siguiente tabla: BASE IMPONIBLE TARIFA.

BASE IMPONIBLE

TARIFA

DESDE US $

HASTA US $

US $

0

1.000

5.00

1.001

4.000

10.00

4.001

8.000

15.00

8.001

12.000

20.00

12.001

16.000

25.00

16.001

20.000

30.00

20.001

30.000

35.00

Registro Oficial N° 248 – Suplemento Jueves 24 de mayo de 2018 – 15

30.001

40.000

55.00

40.001

En Adelante

75.00

Art. 8.- Exenciones.- Estarán exentos de este impuesto los vehículos oficiales al servicio:

De los miembros del Cuerpo Diplomático y Consular.

De los Organismos Internacionales, aplicando el principio de reciprocidad.

Del GAD Municipal de Chunchi y sus Instituciones Adscritas.

De la Cruz Roja Ecuatoriana, como ambulancias y otros con igual finalidad; y,

De los Cuerpos de Bomberos, como autobombas, coches, escala y otros vehículos especiales contra incendios.

Estarán exentos de este impuesto los vehículos que importen o que adquieran las personas con discapacidad, según lo establecido por la Ley de Discapacidades.

Art. 9.- Obligación de pago.- El Departamento de Rentas Municipal deberá crear la obligación del cobro del impuesto al rodaje a petición de parte interesada, para su debida recaudación, con los siguientes requisitos: Pago de la Matrícula. Copia Matrícula. Copia de Cédula. Ultima revisión vehicular.

Art. 10.- Lugar y Forma de Pago- Los propietarios de vehículos, en forma previa a la matrícula anual de los mismos, pagará el impuesto al rodaje en la ventanilla de recaudación que para el efecto el Departamento de Rentas Municipal haya designado. El (la) recaudador (a) responsable del cobro del impuesto y las tasas adicionales, deberá generar un parte diario de recaudación y depositar los valores correspondientes con los intereses si los hubiere en la forma en que lo determina el Código Tributario.

Art. 11.- Vencimiento.- La obligación de cobro vencerá el 31 de Diciembre del respectivo año fiscal, y, a partir del siguiente año se cobrará con los intereses y multas respectivas mediante la vía coactiva.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Queda derogada expresamente la REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DEL IMPUESTO AL RODAJE PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS DEL CANTÓN CHUNCHI, aprobada en sesiones de Concejo de 26 de Noviembre y 1 de

Diciembre del 2015; publicada en el Registro Oficial No. 748, de 5 de Mayo de 2016; y, toda norma de igual o menor jerarquía que se oponga a las disposiciones establecidas en la presente Ordenanza.

SEGUNDA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia una vez cumplida las disposiciones contempladas en el Art. 324 del COOTAD. Promulgación y Públicación.-El Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado, publicará todas las normas aprobadas en su gaceta oficial y en el dominio web de la Institución; si se tratase de normas de carácter tributario, además, las promulgará y remitirá para su publicación en el Registro Oficial.

TERCERA.- Inmediatamente luego de su publicación en el Registro Oficial, deberá ser comunicada a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), para el control correspondiente.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi a los veinte y tres días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho.

f.) Dr. Carlos Aguirre Arellano, Alcalde del cantón.

f.) Abg. Galo Quisatasi Cayo, Secretario del Concejo.

CERTIFICO, que la presente ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DEL IMPUESTO AL RODAJE PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS DEL CANTÓN CHUNCHI, fue conocida, discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi, en sesiones ordinarias celebradas el 15 y 23 de Marzo del 2018, de conformidad con lo que dispone los Arts. 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Chunchi, 26 de Marzo del 2018.

f.) Abg. Galo Quisatasi Cayo, Secretario del Concejo.

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHUNCHE- Abg. Galo Quisatasi C, a los veinte y seis días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 10H15, Vistos: De conformidad con el Art. 322 del COOTAD, remítase la noma aprobada al señor Alcalde para su sanción y promulgación. Cúmplase.

f.) Abg. Galo Quisatasi Cayo, Secretario del Concejo.

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI. Dr. Carlos Aguirre Arellano, Alcalde del Cantón, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 11H00, de conformidad con las disposiciones contenidas

16 – Jueves 24 de mayo de 2018 Suplemento – Registro Oficial N° 248

en el Art. 322 del COOTAD, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo con la Constitución y leyes de la República.-Sanciono la presente Ordenanza para que entre en vigencia conforme lo establece el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

f.) Dr. Carlos Aguirre Arellano, Alcalde del cantón.

CERTIFICADO DE SANCIÓN- El infrascrito Secretario General del Concejo Municipal Certifica que la presente Ordenanza fue sancionada por el Dr. Carlos Aguirre Arellano, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho.

f) Abg. Galo Quisatasi C, Secretario del Concejo.