Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles, 25 de Octubre de 2017 (R. O. 107, 25-octubre-2017)

SUMARIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social:

Ejecutivo:

Acuerdos

019

Subróguese el puesto de Ministro, a la señora Viceministra de Inclusión Económica y Social, Scheznarda Seirina Fernández Doumet

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos: Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos:

MJDHC-SDHC-2017-0047-A

Apruébese y concédese personalidad jurídica a las siguientes organizaciones religiosas:

Iglesia Evangélica Bilingüe La Nueva Salvación, ubicada en el cantón Morona, provincia de Morona Santiago

MJDHC-SDHC-2017-0048-A

Tabernáculo de Avivamiento y Restauración a Jehová Correrá el Justo y Será Levantado, ubicada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas

MJDHC-SDHC-2017-0049-A

Misión Cristiana Evangélica Armonía Celestial, ubicada en el cantón Naranjal, provincia del Guayas

MJDHC-SDHC-2017-0050-A

Iglesia Evangélica Bilingüe Joya Celestial, ubicada en el cantón Joya de Los Sachas, provincia de Orellana

MJDHC-SDHC-2017-0051-A

Ministerio Profético de Liberación Misionero el Reino del Espíritu Santo, ubicada en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos

Ministerio del Trabajo:

MDT-2017-0162

Deléguense facultades al titular del Viceministerio de Servicio Público

Agencia de Regulación y Control de Electricidad -ARCONEL-:

Regulación

ARCONEL–004/17

Emítese la Regulación para grandes consumidores

Ministerio de Industrias y Productividad: Subsecretaría del Sistema de la Calidad:

Resoluciones

17 500

Otórguese la renovación de la designación al organismo de inspección Centro de Apoyo al Desarrollo Metalmecánico CADME

Agencia de Regulación y Control Postal:

Resoluciones

ARCP-DE-2017-47

Expídese el Instructivo para establecer condiciones mínimas de los contratos de adhesión para la prestación de los servicios postales

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público:

INMOBILIAR-SGLB-2017-0043

Transfiérese a título gratuito y como cuerpo cierto un bien inmueble urbano de propiedad del Banco Central del Ecuador, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR ubicado en el cantón Quito, provincia de Pichincha

INMOBILIAR-SGLB-2017-0044

Transfiérese a título gratuito y como cuerpo cierto varios bienes inmuebles urbanos de propiedad del Banco Central del Ecuador, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR ubicado en el cantón Quito, provincia de Pichincha

INMOBILIAR-SGLB-2017-0045

Transfiérese a título gratuito y como cuerpo cierto varios bienes inmuebles urbanos de propiedad del Banco Central del Ecuador, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR ubicado en el cantón Quito, provincia de Pichincha

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911:

SIS-DG-2017-008

Expídese el Manual para los administradores de contratos, órdenes de compra /servicio y convenios de cooperación interinstitucional

SIS-DG-2017-011

Refórmese la Resolución N° SIS-DG-2017-008

Superintendencia de Bancos: Intendencia Regional de Cuenca:

Transparencia y Control Social

SB-IRC-2017-54

Califíquense como auditores internos y peritos valuadores a las siguientes personas:

Ingeniero Pablo Andrés Pucha Aguinsaca

SB-IRC-2017-56

Ingeniero Carlos Alberto Sigüencia Heras

CONTENIDO

No. 019

Dr. José Iván Espinel Molina

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Considerando:

Que, el numeral 1 del Artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, establece que cuando “(…) la conveniencia institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones”;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, determina: “Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales.

Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado.

Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial.

El funcionario a quien el Ministro hubiere delegado sus funciones responderá directamente de los actos realizados en ejercicio de tal delegación”;

Que, el artículo 126 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala: “Cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, se nombró al Dr. José Iván Espinel Molina, como Ministro de Inclusión Económica y Social;

Que, mediante Oficio No. MIES-MIES-2017-0696-O, de 28 de septiembre de 2017, el señor Ministro de Inclusión Económica y Social, le informa al señor Secretario General de la Presidencia de la República, que el día 10, 11, 12 y 13 de octubre de 2017, “Reciba un cordial saludo, pongo en su conocimiento que se recibió el Oficio Nro. PR-SSD-2017-30857-O, mediante el cual la Sra. Isabel Maldonado Vasco, Gestor de Gobierno, informa al Sr. Joaquín González-Alemán, represente residente de UNICEF en Ecuador que la Sra. Rocío González de Moreno, Delegada del Presidente de la República ante el Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, me delega en mi calidad de Ministro de Inclusión Económica y Social, para que asista al V Seminario Internacional sobre inversión en infancia “En busca de la incidencia para proteger y mejorar la asignación de recursos para la niñez”, a realizarse los días 10 y 11 de octubre de 2017 en Buenos Aires, Argentina. UNICEF se compromete a asumir la totalidad de costos que se refieren al viaje. (…) Adicionalmente, se está elaborando de una agenda el día 12 de octubre, que comprende tres actividades esenciales: la primera, es la visita a la Sra. Ministra de Desarrollo Social de Argentina, con el fin de promover un intercambio de experiencias entre Carteras de Estado afines y que atienden a la población más vulnerable de ambos países. La segunda actividad, es la reunión con organizaciones de la sociedad civil, que permitirán mostrar la experiencia del MIES, a la vez que adquirir conocimiento sobre lo que sucede en Argentina. Finalmente, se tendrá un encuentro con medios de comunicación, con el objetivo de difundir las actividades del MIES y promover un mejor conocimiento de la población del hermano país en relación con lo que sucede en Ecuador.”; y;

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 1 del Artículo 154 de la Constitución de la República en concordancia con el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Artículo 1.- Subrogar el puesto de Ministro de Inclusión Económica y Social, a la señora Viceministra de Inclusión Social, Scheznarda Seirina Fernández Doumet, los días 10, 11, 12 y 13 de octubre de 2017, sin perjuicio de sus funciones, atribuciones y obligaciones de acuerdo con las leyes y reglamentos.

Artículo 2.- El presente Acuerdo deberá ser puesto en conocimiento del Secretario General de la Presidencia de la República y publicado en el Registro Oficial.

Artículo 3.- Encargar la ejecución del presente Acuerdo Ministerial a la Coordinación General Administrativa Financiera.

DISPOSICION FINAL

PRIMERA.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los 06 de octubre de 2017.

f.) Dr. José Iván Espinel Molina, Ministro de Inclusión Económica y Social.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.- SECRETARÍA GENERAL.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Ilegible.

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

Nro. MJDHC-SDHC-2017-0047-A

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Y CULTOS

Considerando:

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “A las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en el Registro Oficial 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos, pasan a ser competencia del “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, publicado en el (Registro Oficial, Suplemento Nro. 16, de 16 de junio de 2017) R. O. (2SP) junio 16 No. 16 de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República, nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos y Cultos, la facultad de suscribir Acuerdos Ministeriales relativos a la aprobación de personalidad jurídica, reforma de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones religiosas, regidas por la Ley y el Reglamento de Cultos Religiosos;

Que, mediante Acción de Personal Nro. 002956 de 08 de junio de 2017, se nombró a Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca como Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos, a partir del 12 de junio de 2017;

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos…”; y, “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”;

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el Registro Oficial Nro. 547 de 23 de julio de 1937, señala: “Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”;

Que, la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de 2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad de religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado accionar en la sociedad”;

Que, el Estatuto mencionado en el considerando anterior establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45, como responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de protección al ejercicio de la libertad a practicar una religión, creencia o no práctica religiosa”; y, en el numeral 2.1.1.3, literal b), numeral 16 señala que la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, departamento que pertenece a la Subsecretaría mencionada, tiene entre otras responsabilidades, la de “Elaborar y emitir informes sobre estatutos de organizaciones relacionados con las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

Que, mediante comunicación de 06 de junio de 2016, ingresada a esta Cartera de Estado, con trámite Nro. MJDHCCGAF- DSG-2016-6567-E, la organización religiosa denominada IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE LA NUEVA SALVACIÓN, presentó la documentación pertinente y solicitó se inicie el proceso de aprobación de su Estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica;

Que, mediante Oficio Nro. MJDHC-SDHC-DRPLRCC- 2016-1996-O de 02 de agosto de 2016, se remitió al peticionario la comunicación de que se ha concluido con la revisión de la documentación y que se procederá con la emisión del informe motivado y del presente Acuerdo;

Que, mediante Informe Motivado Nro. MJDHC-SDHCDRPLRCC- 0130-2017, de 31 de junio de 2017, la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, recomienda a la SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTOS la aprobación del estatuto y reconocer la personalidad jurídica a la organización religiosa en formación IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE LA NUEVA SALVACIÓN, al determinar que ha cumplido con todos los requisitos exigidos en la Ley de Cultos y en el Reglamento de Cultos Religiosos; y,

En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013; y el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos:

Acuerda

Art. 1.- Aprobar el Estatuto, reconocer la personalidad jurídica y disponer la inscripción del Estatuto de la organización IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE LA NUEVA SALVACIÓN, en el Registro de Organizaciones Religiosas del Registro de la Propiedad del Cantón Morona, provincia de Morona Santiago domicilio de la entidad, como persona de derecho privado, sin fines de lucro, que para el ejercicio de los derechos y obligaciones se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; y, el Reglamento de Cultos Religiosos.

Art. 2.- Ordenar la publicación del Estatuto de la organización religiosa denominada IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE LA NUEVA SALVACIÓN en el Registro Oficial.

Art. 3.- Disponer se incorpore al registro general de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Estatuto y el expediente del IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE LA NUEVA SALVACIÓN.

Art. 4.- Disponer a la organización religiosa que ponga en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cualquier modificación en los Estatutos; integrantes de su gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, representante legal de la entidad, a efectos de ordenar su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, y a la Dirección de Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Art. 6.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros del IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE LA NUEVA SALVACIÓN, en primer lugar, buscarán como medio de solución los medios alternativos, determinados en sus normas estatutarias, y de persistir las discrepancias, optarán por el ejercicio de las acciones que la ley establece como métodos alternativos de solución de conflictos o ante la justicia ordinaria.

Art. 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro del IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE LA NUEVA SALVACIÓN, de comprobarse hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 19 día(s) del mes de Septiembre de dos mil diecisiete.

Documento firmado electrónicamente

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca, Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos.

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), copia (s) del documento que se encuentra en el Sistema de Gestión Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

Quito, cuatro de octubre de 2017.

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

Nro. MJDHC-SDHC-2017-0048-A

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y

CULTOS

Considerando:

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “A las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en el Registro Oficial 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos, pasan a ser competencia del “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 16, de 16 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República, nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos y Cultos, la facultad de suscribir Acuerdos Ministeriales relativos a la aprobación de personalidad jurídica, reforma de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones religiosas, regidas por la Ley y el Reglamento de Cultos Religiosos;

Que, mediante Acción de Personal Nro. 002956 de 08 de junio de 2017, se nombró a Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca como Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos, a partir del 12 de junio de 2017;

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos…”; y, “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”;

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el Registro Oficial Nro. 547 de 23 de julio de 1937, señala: “Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”;

Que, la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de 2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad de religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado accionar en la sociedad”;

Que, el Estatuto mencionado en el considerando anterior establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45, como responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de protección al ejercicio de la libertad a practicar una religión, creencia o no práctica religiosa”; y, en el numeral 2.1.1.3, literal b), numeral 16 señala que la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, departamento que pertenece a la Subsecre￾taría mencionada, tiene entre otras responsabilidades, la de “Elaborar y emitir informes sobre estatutos de organizaciones relacionados con las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

Que, mediante comunicación de 29 de noviembre de 2016, ingresada a esta Cartera de Estado, con trámite Nro. MJD HC-CJDHCZ8-2016-1262-E, la organización religiosa denominada TABERNÁCULO DE AVIVAMIENTO Y RESTAURACIÓN A JEHOVÁ CORRERÁ EL JUSTO Y SERÁ LEVANTADO, da cumplimiento con las observaciones y requisitos legalmente establecidos para el proceso de aprobación de su Estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica;

Que, mediante Oficio Nro. MJDHC-SDHC-DRPLRCC- 2017-1259-O de 23 de mayo de 2017, se remitió al peticionario la comunicación de que se ha concluido con la revisión de la documentación y que se procederá con la emisión del informe motivado y del presente Acuerdo;

Que, mediante Informe Motivado Nro. MJDHC-SDHC￾DRPLRCC-0182-2017, de 06 de julio de 2017, la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, recomienda a la SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTOS la aprobación del estatuto y reconocer la personalidad jurídica a la organización religiosa en formación TABERNÁCULO DE AVIVAMIENTO Y RESTAURACIÓN A JEHOVÁ CORRERÁ EL JUSTO Y SERÁ LEVANTADO, al determinar que ha cumplido con todos los requisitos exigidos en la Ley de Cultos y en el Reglamento de Cultos Religiosos; y,

En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013; y el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos:

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar el Estatuto, reconocer la personalidad jurídica y disponer la inscripción del Estatuto de la organización TABERNÁCULO DE AVIVAMIENTO Y RESTAURACIÓN A JEHOVÁ CORRERÁ EL JUSTO Y SERÁ LEVANTADO, en el Registro de Organizaciones Religiosas del Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil, provincia del Guayas domicilio de la entidad como persona de derecho privado, sin fines de lucro, que para el ejercicio de sus derechos y obligaciones se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; y, el Reglamento de Cultos Religiosos.

Art. 2.- Ordenar la publicación del Estatuto de la organización religiosa denominada TABERNÁCULO DE AVIVAMIENTO Y RESTAURACIÓN A JEHOVÁ CORRERÁ EL JUSTO Y SERÁ LEVANTADO en el Registro Oficial.

Art. 3.- Disponer se incorpore al registro general de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Estatuto y el expediente del TABERNÁCULO DE AVIVAMIENTO Y RESTAURACIÓN A JEHOVÁ CORRERÁ EL JUSTO Y SERÁ LEVANTADO.

Art. 4.- Disponer a la organización religiosa que ponga en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cualquier modificación en los Estatutos; integrantes de su gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, representante legal de la entidad, a efectos de ordenar su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, y a la Dirección de Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Art. 6.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros del TABERNÁCULO DE AVIVAMIENTO Y RESTAURACIÓN A JEHOVÁ CORRERÁ EL JUSTO Y SERÁ LEVANTADO, en primer lugar, buscarán como medio de solución los medios alternativos, determinados en sus normas estatutarias, y de persistir las discrepancias, optarán por el ejercicio de las acciones que la ley establece como métodos alternativos de solución de conflictos o ante la justicia ordinaria.

Art. 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro del TABERNÁCULO DE AVIVAMIENTO Y RESTAURACIÓN A JEHOVÁ CORRERÁ EL JUSTO Y SERÁ LEVANTADO, de comprobarse hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 19 día(s) del mes de Septiembre de dos mil diecisiete.

Documento firmado electrónicamente

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca, Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos.

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), copia (s) del documento que se encuentra en el Sistema de Gestión Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

Quito, dos de octubre de 2017.

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

Nro. MJDHC-SDHC-2017-0049-A

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y

CULTOS

Considerando:

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “A las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en el Registro Oficial 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos, pasan a ser competencia del “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 16, de 16 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República, nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos y Cultos, la facultad de suscribir Acuerdos Ministeriales relativos a la aprobación de personalidad jurídica, reforma de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones religiosas, regidas por la Ley y el Reglamento de Cultos Religiosos;

Que, mediante Acción de Personal Nro. 002956 de 08 de junio de 2017, se nombró a Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca como Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos, a partir del 12 de junio de 2017;

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos… ” ; y, “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”;

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el Registro Oficial Nro. 547 de 23 de julio de 1937, señala: “Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”;

Que, la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de 2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad de religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado accionar en la sociedad”;

Que, el Estatuto mencionado en el considerando anterior establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45, como responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de protección al ejercicio de la libertad a practicar una religión, creencia o no práctica religiosa”; y, en el numeral 2.1.1.3, literal b), numeral 16 señala que la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, departamento que pertenece a la Subsecretaría mencionada, tiene entre otras responsabilidades, la de “Elaborar y emitir informes sobre estatutos de organizaciones relacionados con las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

Que, mediante comunicación de 06 de marzo de 2017, ingresada a esta Cartera de Estado, con trámite Nro. MJDHC-CJDHCZ8-2017-0337-E, la organización religiosa denominada MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA ARMONÍA CELESTIAL, da cumplimiento con las observaciones y requisitos legalmente establecidos para el proceso de aprobación de su Estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica;

Que, mediante Oficio Nro. MJDHC-SDHC-DRPLRCC- 2017-1557-O de 19 de junio de 2017, se remitió al peticionario la comunicación de que se ha concluido con la revisión de la documentación y que se procederá con la emisión del informe motivado y del presente Acuerdo;

Que, mediante Informe Motivado Nro. MJDHC-SDHC￾DRPLRCC-0167-2017, de 05 de julio de 2017, la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, recomienda a la SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTOS la aprobación del estatuto y reconocer la personalidad jurídica a la organización religiosa en formación MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA ARMONÍA CELESTIAL, al determinar que ha cumplido con todos los requisitos exigidos en la Ley de Cultos y en el Reglamento de Cultos Religiosos; y,

En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013; y el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos:

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar el Estatuto, reconocer la personalidad jurídica y disponer la inscripción del Estatuto de la organización MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA ARMONÍA CELESTIAL, en el Registro de Organizaciones Religiosas del Registro de la Propiedad del Cantón Naranjal, provincia del Guayas domicilio de la entidad, como persona de derecho privado, sin fines de lucro, que para el ejercicio de sus derechos y obligaciones se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; y, el Reglamento de Cultos Religiosos.

Art. 2.- Ordenar la publicación del Estatuto de la organización religiosa denominada MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA ARMONÍA CELESTIAL en el Registro Oficial.

Art. 3.- Disponer se incorpore al registro general de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Estatuto y el expediente de la MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA ARMONÍA CELESTIAL.

Art. 4.- Disponer a la organización religiosa que ponga en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cualquier modificación en los Estatutos; integrantes de su gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, representante legal de la entidad, a efectos de ordenar su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, y a la Dirección de Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Art. 6.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA ARMONÍA CELESTIAL, en primer lugar, buscarán como medio de solución los medios alternativos, determinados en sus normas estatutarias, y de persistir las discrepancias, optarán por el ejercicio de las acciones que la ley establece como métodos alternativos de solución de conflictos o ante la justicia ordinaria.

Art. 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro de la MISIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA ARMONÍA CELESTIAL, de comprobarse hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 19 día(s) del mes de Septiembre de dos mil diecisiete.Documento firmado electrónicamente

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca, Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos.

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), copia (s) del documento que se encuentra en el Sistema de Gestión Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

Quito, dos de octubre de 2017.

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

Nro. MJDHC-SDHC-2017-0050-A

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca SUBSECRETARIA DE DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

Considerando:

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “A las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en el Registro Oficial 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos, pasan a ser competencia del “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 16, de 16 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República, nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos y Cultos, la facultad de suscribir Acuerdos Ministeriales relativos a la aprobación de personalidad jurídica, reforma de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones religiosas, regidas por la Ley y el Reglamento de Cultos Religiosos;

Que, mediante Acción de Personal Nro. 002956 de 08 de junio de 2017, se nombró a Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca como Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos, a partir del 12 de junio de 2017;

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos…”; y, “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”;

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el Registro Oficial Nro. 547 de 23 de julio de 1937, señala: “ Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”;

Que, la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de 2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad de religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado accionar en la sociedad”;

Que, el Estatuto mencionado en el considerando anterior establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45, como responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de protección al ejercicio de la libertad a practicar una religión, creencia o no práctica religiosa”; y, en el numeral 2.1.1.3, literal b), numeral 16 señala que la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, departamento que pertenece a la Subsecretaría mencionada, tiene entre otras responsabilidades, la de “Elaborar y emitir informes sobre estatutos de organizaciones relacionados con las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

Que, mediante comunicación de 11 de enero de 2017, ingresada a esta Cartera de Estado, con trámite Nro. MJDHC-CGAF-DSG-2017-0358-E, la organización religiosa denominada IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE JOYA CELESTIAL, da cumplimiento con las observaciones y requisitos legalmente establecidos para el proceso de aprobación de su Estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica;

Que, mediante Oficio Nro. MJDHC-SDHC-DRPLRCC- 2017-0952-O de 11 de abril de 2017, se remitió al peticionario la comunicación de que se ha concluido con la revisión de la documentación y que se procederá con la emisión del informe motivado y del presente Acuerdo;

Que, mediante Informe Motivado Nro. MJDHC-SDHC￾DRPLRCC-0178-2017, de 06 de julio de 2017, la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, recomienda a la SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTOS la aprobación del estatuto y reconocer la personalidad jurídica a la organización religiosa en formación IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE JOYA CELESTIAL, al determinar que ha cumplido con todos los requisitos exigidos en la Ley de Cultos y en el Reglamento de Cultos Religiosos; y,

En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013; y el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos:

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar el Estatuto, reconocer la personalidad jurídica y disponer la inscripción del Estatuto de la organización IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE JOYA CELESTIAL, en el Registro de Organizaciones Religiosas del Registro de la Propiedad del Cantón Joya de Los Sachas, provincia de Orellana domicilio de la entidad, como persona de derecho privado, sin fines de lucro, que para el ejercicio de sus derechos y obligaciones se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; y, el Reglamento de Cultos Religiosos.

Art. 2.- Ordenar la publicación del Estatuto de la organización religiosa denominada IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE JOYA CELESTIAL en el Registro Oficial.

Art. 3.- Disponer se incorpore al registro general de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Estatuto y el expediente de la IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE JOYA CELESTIAL.

Art. 4.- Disponer a la organización religiosa que ponga en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cualquier modificación en los Estatutos; integrantes de su gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, representante legal de la entidad, a efectos de ordenar su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, y a la Dirección de Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Art. 6.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros de la IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE JOYA CELESTIAL, en primer lugar, buscarán como medio de solución los medios alternativos, determinados en sus normas estatutarias, y de persistir las discrepancias, optarán por el ejercicio de las acciones que la ley establece como métodos alternativos de solución de conflictos o ante la justicia ordinaria.

Art. 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro de la IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE JOYA CELESTIAL, de comprobarse hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 19 día(s) del mes de Septiembre de dos mil diecisiete.

Documento firmado electrónicamente

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca, Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos.

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), copia (s) del documento que se encuentra en el Sistema de Gestión Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

Quito, dos de octubre de 2017.

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

Nro. MJDHC-SDHC-2017-0051-A

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

Considerando:

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “A las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en el Registro Oficial 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos, pasan a ser competencia del “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 16, de 16 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República, nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos y Cultos, la facultad de suscribir Acuerdos Ministeriales relativos a la aprobación de personalidad jurídica, reforma de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones religiosas, regidas por la Ley y el Reglamento de Cultos Religiosos;

Que, mediante Acción de Personal Nro. 002956 de 08 de junio de 2017, se nombró a Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca como Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos, a partir del 12 de junio de 2017;

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos…”; y, “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”;

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el Registro Oficial Nro. 547 de 23 de julio de 1937, señala: “Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”;

Que, la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de 2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad de religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado accionar en la sociedad”;

Que, el Estatuto mencionado en el considerando anterior establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45, como responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de protección al ejercicio de la libertad a practicar una religión, creencia o no práctica religiosa”; y, en el numeral 2.1.1.3, literal b), numeral 16 señala que la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, departamento que pertenece a la Subsecretaría mencionada, tiene entre otras responsabilidades, la de “Elaborar y emitir informes sobre estatutos de organizaciones relacionados con las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

Que, mediante comunicación de 07 de marzo de 2017, ingresada a esta Cartera de Estado, con trámite Nro. MJDHC-CGAF-DSG-2017-2772-E, la organización religiosa denominada MINISTERIO PROFÉTICO DE LIBERACIÓN MISIONERO EL REINO DEL ESPÍRITU SANTO, da cumplimiento con las observaciones y requisitos legalmente establecidos para el proceso de aprobación de su Estatuto y reconocimiento de la personalidad jurídica;

Que, mediante Oficio Nro. MJDHC-SDHC-DRPLRCC- 2017-1792-O de 13 de julio de 2017, se remitió al peticionario la comunicación de que se ha concluido con la revisión de la documentación y que se procederá con la emisión del informe motivado y del presente Acuerdo;

Que, mediante Informe Motivado Nro. MJDHC-SDHC￾DRPLRCC-0135-2017 de 14 de julio de 2017, la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, recomienda a la SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTOS la aprobación del estatuto y reconocer la personalidad jurídica a la organización religiosa en formación MINISTERIO PROFÉTICO DE LIBERACIÓN MISIONERO EL REINO DEL ESPÍRITU SANTO, al determinar que ha cumplido con todos los requisitos exigidos en la Ley de Cultos y en el Reglamento de Cultos Religiosos; y,

En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013; y el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos:

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar el Estatuto, reconocer la personalidad jurídica y disponer la inscripción del Estatuto de la organización MINISTERIO PROFÉTICO DE LIBERACIÓN MISIONERO EL REINO DEL ESPÍRITU SANTO, en el Registro de Organizaciones Religiosas del Registro de la Propiedad del Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos domicilio de la entidad, como persona de derecho privado, sin fines de lucro, que para el ejercicio de sus derechos y obligaciones se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; y, el Reglamento de Cultos Religiosos.

Art. 2.- Ordenar la publicación del Estatuto de la organización religiosa denominada MINISTERIO PROFÉTICO DE LIBERACIÓN MISIONERO EL REINO DEL ESPÍRITU SANTO en el Registro Oficial.

Art. 3.- Disponer se incorpore al registro general de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Estatuto y el expediente del MINISTERIO

PROFÉTICO DE LIBERACIÓN MISIONERO EL REINO DEL ESPÍRITU SANTO.

Art. 4.- Disponer a la organización religiosa que ponga en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cualquier modificación en los Estatutos; integrantes de su gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, representante legal de la entidad, a efectos de ordenar su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, y a la Dirección de Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Art. 6.- Para la solución de los conflictos y controversias internas, los miembros del MINISTERIO PROFÉTICO DE LIBERACIÓN MISIONERO EL REINO DEL ESPÍRITU SANTO, en primer lugar, buscarán como medio de solución los medios alternativos, determinados en sus normas estatutarias, y de persistir las discrepancias, optarán por el ejercicio de las acciones que la ley establece como métodos alternativos de solución de conflictos o ante la justicia ordinaria.

Art. 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro del MINISTERIO PROFÉTICO DE LIBERACIÓN MISIONERO EL REINO DEL ESPÍRITU SANTO, de comprobarse hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 19 día(s) del mes de Septiembre de dos mil diecisiete.

Documento firmado electrónicamente

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca, Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos.

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), copia (s) del documento que se encuentra en el Sistema de Gestión Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

Quito, dos de octubre de 2017.

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Nro. MDT-2017-0162

Abg. Héctor Guanopatín Jaime

MINISTRO DEL TRABAJO SUBROGANTE

Considerando:

Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que a las Ministras y los Ministros de Estado, les corresponde, además de las atribuciones establecidas en la ley, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 226 de la norma suprema establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público, es de aplicación obligatoria para:

“1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y Control Social, Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional;

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales;

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y,

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de servicios públicos.”

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8, de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República, señor licenciado Lenín Moreno Garcés, designa al señor abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta, como Ministro del Trabajo; y, al señor economista Andrés Iván Mideros Mora como Secretario Nacional de Planificación;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 135 de fecha 01 de septiembre de 2017 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 76 de fecha 11 de septiembre de 2017, se emiten las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público;

Que, el artículo 12 del Decreto Ejecutivo Nro. 135 de fecha 01 de septiembre de 2017, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 76 de fecha 11 de septiembre de 2017 dispone al Ministerio del Trabajo y a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, con base al análisis técnico respectivo, identifiquen aquellas unidades de las instituciones públicas de la Función Ejecutiva que no generen aporte significativo al cumplimiento de su misión institucional, tanto en su funcionamiento como en los productos y servicios que brinden, a fin de proceder a su eliminación;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), en su artículo 17 determina que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que, mediante Acuerdo Interministerial Nro. MDT-2017- 160 de 03 de octubre de 2017, suscrito por el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo y el Ministro del Trabajo Subrogante, se emite “EL INSTRUCTIVO Y DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DEL DECERETO EJECUTIVO NRO. 315, DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017”;

Que, mediante Oficio Nro. MDT-MDT-2017-0479, de 29 de septiembre de 2017, se emitió el informe técnico del análisis de la estructura y unidades de la Vicepresidencia de la República, en aplicación del artículo 12 del Decreto Ejecutivo Nro. 135, de 01 de septiembre de 2017;

Que, mediante Oficio Nro. PR-SGPR-2017-7003-O, de 29 de septiembre de 2017, la Presidencia de la República a través del Secretario General de la Presidencia, dispone la ejecución inmediata de las conclusiones y recomendaciones del informe técnico presentado por el Ministro de Trabajo con Oficio Nro. MDT-MDT-2017-0479, de 29 de septiembre de 2017, en relación a la Vicepresidencia de la República;

Que, mediante Oficio Nro. MDT-MDT-2017-0480 de 03 de octubre de 201, se remite el informe técnico del análisis de la estructura y unidades de la Vicepresidencia de la República, en aplicación del artículo 12 del Decreto Ejecutivo Nro. 135, de 01 de septiembre de 2017, enviado al señor magister Andrés Iván Mideros Mora, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, necesarias para la eficiente gestión de la Vicepresidencia de la República;

Que, mediante Oficio Nro. SENPLADES-2017-0582- OF de 03 de octubre de 2017, la Secretaria Nacional de Desarrollo y Planificación considera que los instrumentos de institucionalidad propuestos por el Ministerio de Trabajo para la Vicepresidencia de la República;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0159 expedido el 02 de octubre de 2017, se acuerda que el abogado Héctor Oswaldo Guanopatin Jaime, Viceministro de Trabajo y Empleo, subrogue las funciones de Ministro del Trabajo los días 3 al 7 de octubre de 2017;

Que, mediante Oficio Nro. SENPLADES-2017-0582- OF de 03 de octubre de 2017, en el marco de las competencias y atribuciones de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en materia de institucionalidad del Estado, se considera que los instrumentos de institucionalidad propuestos por el Ministerio de Trabajo para la Vicepresidencia de la República están acorde a los lineamientos de institucionalidad Estatal, su marco normativo vigente y el rol que deben desempeñar en la estructura de la Función Ejecutiva; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, y artículos 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

Artículo 1.- Delegar al titular del Viceministerio de Servicio Público, lo siguiente:

Suscribir los actos administrativos y de simple administración, para nombrar y remover a los servidores públicos de la escala de 1 a 20 grados de la Vicepresidencia de la República del Ecuador, previo informe de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de esta Cartera de Estado, deberá nombrar y remover los servidores públicos de la Vicepresidencia de la República del Ecuador, en ejecución del proceso de depuración institucional de esta entidad, de conformidad con el informe Nro. MDT￾MDT-2017-0479; Oficio Nro. MDT-MDT-2017-0480 y Oficio Nro. SENPLADES-2017-0582-OF de 03 de octubre de 2017.

Autorizar y ejecutar los distintos movimientos de personal prescritos en la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento General, previo informe técnico de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional; así como, las fi guras jurídicas prescitas en el Código de Trabajo, en el caso de los servidores públicos contratados bajo dicho régimen laboral, con base a los informes Oficio Nro. MDT-MDT-2017-0479; Oficio Nro. MDT-MDT-2017-0480 Oficio Nro. SENPLADES-2017-0582-OF de 03 de octubre de 2017.

DISPOSICIÓN GENERAL

PRIMERA.- El servidor delegado de conformidad con el artículo 59 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en todo acto o resolución que vaya a ejecutar o adoptar en virtud de esta delegación, hará constar expresamente esta circunstancia y deberá observar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias; y como delegado, será responsable por cualquier falta por acción u omisión en el ejercicio de la misma.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los 03 de octubre de 2017.

f.) Abg. Héctor Guanopatín Jaime, Ministro del Trabajo Subrogante.

AGENCIA DE REGULACIÓN Y

CONTROL DE ELECTRICIDAD

No. ARCONEL-004/17

REQUISITOS, CONDICIONES Y

CALIFICACIÓN DE GRANDES CONSUMIDORES

EN EL SECTOR ELÉCTRICO

Considerando:

Que, el artículo 314 de la Constitución de la República preceptúa que, el Estado será responsable de la provisión de servicios públicos, entre otros, el de energía eléctrica, de acuerdo con los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad;

Que, en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 16 de enero de 2015, se promulgó la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica -LOSPEE-, la cual establece las disposiciones para el funcionamiento del Sector Eléctrico Ecuatoriano;

Que, el artículo 4 de la LOSPEE establece los derechos de los consumidores o usuarios finales, cuyos numerales 1 y 6 determinan que el consumidor tiene el derecho a recibir el servicio público de energía eléctrica acorde con los principios constitucionales de eficiencia, responsabilidad, continuidad, calidad y precio equitativo; y debe recibir un trato equitativo, no discriminatorio o abusivo, en la prestación del servicio público de energía eléctrica;

Que, el artículo 3, numeral 11 de la LOSPEE define a un Gran Consumidor como la persona jurídica, cuyas características de consumo, establecidas por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad -ARCONEL-, a través de la respectiva regulación, le facultan para acordar libremente con un generador o autogenerador privados, la compra de la energía eléctrica para su abastecimiento;

Que, el artículo 44 de la LOSPEE establece que los grandes consumidores serán aquellas personas jurídicas, debidamente calificadas como tales por el organismo competente, cuyas características de consumo le facultan para actuar a través de contratos bilaterales;

Que, el artículo 46 de la LOSPEE señala que las transacciones de bloques de energía podrán celebrarse únicamente por compras y ventas de energía a través de contratos suscritos por los participantes y que se liquidarán comercialmente por parte del Operador Nacional de Electricidad, CENACE, en función de los precios pactados en los contratos. Sin embargo, para el cierre comercial de las transacciones comerciales a través de contratos, se podrán efectuar liquidaciones de transacciones en el corto plazo;

Que, los artículos 47 y 48 de la LOSPEE, señalan que el CENACE efectuará el despacho económico de las unidades y centrales de generación, sobre la base de la programación de la operación de largo, mediano y corto plazo, con la finalidad de obtener el mínimo costo horario posible de la electricidad, considerando los costos variables de producción que deben ser declarados por cada generador y auditados por dicho operador, conforme a la normativa respectiva;

Que, el artículo 50 de la LOSPEE establece que los generadores mixtos, privados o de economía popular y solidaria, cuando contraten con empresas eléctricas dedicadas a la actividad de distribución y comercialización, deberán hacerlo en contratos regulados, de conformidad con la regulación específica que emita la ARCONEL y que también pueden contratar con grandes consumidores a través de contratos bilaterales;

Que, el artículo 51 de la LOSPEE, define a las transacciones de corto plazo como las que se puedan originar por la diferencia entre montos de energía contratados y los realmente consumidos o producidos, o por los servicios asociados a la generación o transporte de energía. Siendo la energía valorada con el costo económico obtenido del despacho real de generación al final de cada hora, denominado costo horario de la energía;

Que, el artículo 61 de la ley ibídem señala que se exceptúan de los precios sujetos a regulación las transferencias de energía eléctrica entre los generadores de capital privado y los excedentes de energía eléctrica de los autogeneradores con los grandes consumidores, a través de los contratos bilaterales;

Que, mediante Resolución 011/06, de sesión de Directorio de 18 de enero de 2006, el CONELEC aprobó la Regulación No. CONELEC–001/06 “Requisitos para la calificación de Grandes Consumidores”, mediante la cual se establecieron los requisitos que debía cumplir un usuario para ser considerado como Gran Consumidor, y el procedimiento para su calificación y participación en el anterior mercado mayorista;

Que, es necesario actualizar los requisitos condiciones y calificación de los Grandes Consumidores, con el objeto de armonizar su participación con los principios definidos en la LOSPEE; y,

En ejercicio de las atribuciones y deberes señalados en los numerales 1 y 2 del artículo 15 de la LOSPEE, que permiten a la ARCONEL regular el Sector Eléctrico y dictar las regulaciones a las cuales deberán ajustarse las empresas eléctricas, el Operador Nacional de Electricidad -CENACE- y los consumidores o usuarios finales,

Resuelve:

Emitir la Regulación denominada «REGULACIÓN PARA GRANDES CONSUMIDORES»

1. OBJETIVO

Regular los requisitos, características, condiciones y procedimientos para la calificación de Grandes Consumidores en el Sector Eléctrico Ecuatoriano, así como sus obligaciones y responsabilidades.

2. ALCANCE

Determinar los requisitos generales y el proceso a seguir para que una persona jurídica pueda ser calificada como Gran Consumidor por parte de ARCONEL; y establecer las condiciones técnicas, operativas y comerciales que deberá cumplir el Gran Consumidor como participante del sector eléctrico.

Esta Regulación es de cumplimiento obligatorio para el CENACE, las empresas eléctricas de distribución, el transmisor y los Grandes Consumidores del sector eléctrico.

3. SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ARCONEL Agencia de Regulación y Control de Electricidad

CENACE-ONE Operador Nacional de Electricidad

EAC Esquema de Alivio de Carga

LOSPEE Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica

MEER Ministerio de Electricidad y Energía Renovable

SISMEC Sistema de Medición Comercial

SNT Sistema Nacional de Transmisión

SEE Sector Eléctrico Ecuatoriano

4. DEFINICIONES

Área de servicio: Es el área geográfica donde una empresa de distribución presta el servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica; y, el servicio de alumbrado público general.

Autogenerador: Persona jurídica dedicada a una actividad productiva o comercial, cuya generación eléctrica se destina al abastecimiento de su demanda, pudiendo, eventualmente, producir excedentes de generación que pueden ser puestos a disposición de la demanda regulada y grandes consumidores.

Contrato Bilateral: Contrato para la compraventa de energía eléctrica suscrito entre un generador o autogenerador con un gran consumidor; o entre participantes habilitados para la importación o exportación de energía.

Contrato de conexión: Contrato suscrito entre un usuario de la red con la empresa de distribución o transmisión en la que se estipulan las responsabilidades en cuanto a propiedad, operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones, y demás relaciones técnicas y legales que se deriven de la conexión de este usuario con el sistema eléctrico.

Contratos regulados.- Contratos suscritos entre un generador o autogenerador con todas las empresas distribuidoras para la compraventa de energía en forma proporcional a sus demandas, cuyos aspectos técnicos y comerciales se rigen a lo establecido en la normativa vigente.

Demanda no regulada: Corresponde a los consumos de energía de grandes consumidores y de los consumos propios de autogeneradores.

Empresa eléctrica de distribución y comercialización o distribuidora: Persona jurídica cuyo título habilitante le faculta para realizar las actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica y alumbrado público general dentro de su área de servicio.

Empresa eléctrica de transmisión o transmisor: Persona jurídica cuyo título habilitante le faculta para realizar la actividad de transmisión de energía eléctrica.

Energía firme: Es la producción efectiva de energía eléctrica, en un período dado, que tenga una probabilidad de ocurrencia del 90% anual.

Gran Consumidor: Persona jurídica, cuyas características de consumo establecidas en la presente regulación le facultan para acordar libremente con un generador o con un autogenerador, mediante la suscripción de contratos bilaterales, la compra de energía eléctrica para su total abastecimiento, no pudiendo comercializar energía a terceros. Para el régimen sancionatorio, el Gran Consumidor tendrá el mismo tratamiento que un usuario final.

Sistema de Medición Comercial–SISMEC-: Es el conjunto de equipos, programas y sistema de comunicación, que permite medir las transferencias de energía eléctrica, con la finalidad de valorar las transacciones de electricidad que realicen los participantes del SEE.

Calificación como gran consumidor: Acto administrativo, mediante el cual la ARCONEL avala el cumplimiento de requisitos para ser calificado como gran consumidor, mediante la emisión de una Resolución.

Habilitación de la calificación: Condición mediante la cual un gran consumidor, luego de haber obtenido la calificación, inicia su participación en el sector eléctrico.

CAPITULO I

5. REQUISITOS A SER PRESENTADOS PARA EL TRÁMITE DE CALIFICACIÓN COMO GRAN CONSUMIDOR

Para iniciar el trámite de calificación como Gran Consumidor el interesado deberá presentar una solicitud a la ARCONEL, en la cual adjunte los requisitos y certificaciones determinadas en la presente Regulación.

5.1 Requisitos legales

Certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías;

Nombramiento del representante legal de la compañía; y,

Cédula y papeleta de votación del representante legal de la compañía.

Estos documentos serán verificados por la ARCONEL, mediante los mecanismos que ésta considere.

5.2 Requisitos técnicos

Formulario de información básica del solicitante, suscrito por el representante legal de la compañía, conforme al formato que establezca la ARCONEL.

Formulario certificado por la empresa distribuidora, para usuarios regulados, o CENACE, para el caso de consumos propios de autogeneradores, conforme al formato que establezca la ARCONEL, en el que se reportará, para cada uno de los seis meses anteriores a la solicitud, la demanda máxima del mes; y, por otra parte, el consumo de energía de los últimos doce meses anteriores a la solicitud. Con la información contenida en el formulario, ARCONEL verificará que el promedio de las referidas demandas sea igual o mayor a 1000 kW y, el consumo anual de energía igual o mayor a 7000 MWh.

La calificación como gran consumidor a una persona jurídica se tramitará para un punto de consumo a la vez, asociado a un único sistema de medición comercial.

Diagrama Unifilar del punto de conexión al sistema de transmisión o distribución donde se encuentre ubicada la instalación a ser calificada por el interesado; este documento deberá tener la firma de responsabilidad de un ingeniero eléctrico.

5.3 Certificaciones

Certificación de la empresa distribuidora de no mantener deudas por el servicio de energía eléctrica y alumbrado público, en caso de ser usuario regulado.

Certificado de cumplimiento de obligaciones derivadas del contrato de conexión, en caso de cambiar su condición de consumo propio a gran consumidor.

Carta suscrita por el interesado, en la que se señale el compromiso adquirido con generadores o autogeneradores para la suscripción de los contratos bilaterales, indicando las cantidades de potencia y energía a ser contratadas.

5.4 Estudio técnico para interesados que no cuentan con historial de consumo

Las personas jurídicas interesadas en ser calificadas como grandes consumidores, cuyas instalaciones tengan un historial del consumo inferior a los 12 meses de la presentación de la solicitud o no tenga un historial de consumo, deberán presentar un estudio técnico suscrito por un ingeniero eléctrico, en el que se determine el cumplimiento de las demandas de potencia y de energía establecidas en la presente Regulación.

Para el caso de instalaciones que se encuentren en funcionamiento con una antelación mayor a los 12 meses de la presentación de la solicitud, y que por tener generación propia no registran con la distribuidora las demandas de potencia y los consumo de energía mínimos exigidos en esta Regulación, el interesado deberá remitir, de manera similar a lo indicado en el primer párrafo de este numeral, un estudio técnico en el que se demuestre el cumplimiento de los requisitos mínimos de demanda de potencia y de energía indicados en esta Regulación.

En cualquiera de los dos casos, luego de cumplidos los doce meses de operación, el gran consumidor deberá remitir a la ARCONEL el formulario de demandas de potencia y de consumo de energía certificados por el CENACE, de acuerdo al formato que ARCONEL determine.

6. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS

La ARCONEL verificará y analizará en un término de quince (15) días, a partir de que el interesado ingrese la solicitud, si con los requisitos entregados se puede determinar que el solicitante cumple con las características y obligaciones para ser calificado como gran consumidor.

La ARCONEL notificará al interesado, luego del referido análisis, si está en condiciones de ser calificado como Gran Consumidor o, en su defecto, los aspectos que merecen ser superados por el solicitante para continuar con el trámite de calificación; para la verificación y análisis de la nueva documentación se aplicará lo señalado en el primer párrafo de este numeral.

7. RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN COMO GRAN CONSUMIDOR

Una vez que la ARCONEL notifique al interesado que se encuentra en condiciones para ser calificado como gran consumidor, dispondrá de veinte (20) días término para la elaboración de los informes técnico y legal correspondientes y, emisión de la Resolución Administrativa emitida por la Dirección Ejecutiva mediante la cual se le otorgue la calificación como Gran Consumidor.

La Resolución Administrativa de la ARCONEL será comunicada al interesado, CENACE, empresa distribuidora y al transmisor, de ser el caso, la cual regirá a partir de la fecha de notificación al interesado.

La calificación como gran consumidor tendrá un plazo indefinido.

CAPÍTULO II

8. CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN DE GRANDES CONSUMIDORES EN EL SECTOR ELÉCTRICO

8.1 Habilitación e Integración al sector eléctrico

8.1.1 Suscripción del contrato bilateral

En un plazo máximo de hasta 30 días calendario luego de haber obtenido la calificación como gran consumidor, el interesado deberá remitir a la ARCONEL los contratos bilaterales debidamente suscritos con generadores o autogeneradores, cuyo objeto principal sea el cubrimiento total de las demandas de potencia y de los consumos de energía del Gran Consumidor.

De no haberse suscrito los contratos bilaterales en el plazo establecido en la presente Regulación, la calificación como gran consumidor será revocada, debiendo el interesado esperar un año, a partir de la calificación, para iniciar un nuevo proceso de calificación como tal.

8.1.2 Condiciones mínimas del contrato bilateral

El contrato bilateral a suscribirse entre el gran consumidor y un generador o autogenerador deberá considerar que la producción asignada para el cubrimiento de las demandas de potencia y de la energía requerida por el gran consumidor no esté comprometida bajo otros contratos u obligaciones con el sector eléctrico. Las condiciones económicas de compraventa estarán pactadas libremente por las partes y las condiciones de despacho y liquidación guardarán concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente.

El contrato bilateral contendrá al menos las obligaciones, plazo, derechos, garantías entre las partes, que deben estar debidamente alineadas al marco normativo vigente; estos contratos bilaterales tendrán una vigencia mínima de una año y deberán ser elevados a escritura pública.

8.1.3 Sistemas de medición comercial y de supervisión y control en tiempo real

El gran consumidor, en un plazo máximo de hasta 30 días luego de haber obtenido la calificación, deberá instalar y oficializar ante el CENACE el sistema de medición comercial -SISMEC-, mismo que deberá cumplir con lo dispuesto en la regulación vigente sobre la materia.

Una vez efectuada la oficialización del SISMEC del gran consumidor, el CENACE procederá a la emisión de un certificado que avale que el referido sistema cumple con la regulación vigente, documento que deberá ser remitido por parte del gran consumidor a la ARCONEL, dentro del plazo indicado en el primer párrafo de este numeral; de no cumplirse con este requerimiento, siempre y cuando sea imputable al gran consumidor, la calificación como gran consumidor será revocada, debiendo el interesado esperar un año, a partir de la emisión de la calificación, para iniciar un nuevo proceso de calificación.

La propiedad, condiciones, operación y responsabilidades sobre el sistema de medición comercial se sujetarán a lo que establezca la regulación vigente sobre este particular.

La implementación del sistema de supervisión y control en tiempo real será aplicable a los grandes consumidores conectados al SNT y se sujetará a lo dispuesto en la normativa vigente sobre la materia.

8.1.4 Contrato de Conexión

El gran consumidor, en un plazo máximo de hasta 30 días luego de haber obtenido la calificación, deberá remitir a la ARCONEL una copia del contrato de conexión a la red de transporte de distribución o de transmisión, según corresponda. El contrato de conexión deberá ser elevado a escritura pública.

De no haberse suscrito el contrato de conexión en el plazo establecido en la presente Regulación, siempre y cuando sea imputable al gran consumidor, la calificación como gran consumidor será revocada, debiendo el interesado esperar un año, a partir de la calificación, para iniciar un nuevo proceso de calificación.

8.1.5 Habilitación del Gran Consumidor en el sector eléctrico

La ARCONEL analizará los documentos señaladas en los numerales del 8.1.1 al 8.1.4 de esta regulación y emitirá su pronunciamiento dentro de los 15 días término a partir de la entrega de la información. En caso sea necesario, la ARCONEL solicitará al CENACE su revisión a los contratos bilaterales, y la emisión del informe respectivo, sobre los aspectos que pudieran tener incidencia en el proceso de liquidación de las transacciones comerciales.

De identificar alguna inconsistencia, ARCONEL informará al gran consumidor y otorgará un plazo para su subsanación. De no presentar los documentos debidamente corregidos en el plazo otorgado se procederá a la revocatoria de la calificación.

El gran consumidor, para estar habilitado para participar en el sector eléctrico, cumplirá las obligaciones señaladas en los numerales del 8.1.1 al 8.1.4.

La habilitación para que pueda participar como gran consumidor en las transacciones del sector eléctrico, correrá a partir de las 00h00 del primer día del mes subsiguiente que la ARCONEL notifique al gran consumidor que se cumplieron las obligaciones referidas en los numerales del 8.1.1 al 8.1.4., esto con la finalidad de evitar una doble facturación como usuario regulado y gran consumidor.

Esta habilitación será notificada al gran consumidor, así como al CENACE, a la distribuidora y al transmisor, adjuntando copia del contrato bilateral, con el objeto de que estos organismos implementen las acciones correspondientes en el ámbito de sus competencias.

8.2 Permanencia y participación en el sector eléctrico

8.2.1 Transacciones permitidas en el sector eléctrico

El gran consumidor podrá participar en el sector eléctrico mediante la suscripción de contratos bilaterales con generadores o autogeneradores que cuenten con un Título Habilitante.

Los contratos bilaterales que se suscriban entre un gran consumidor con generadores o autogeneradores cubrirán la totalidad de las demandas de potencia y de los consumos de energía del gran consumidor.

De modificarse algún contrato bilateral o de suscribirse uno nuevo, el gran consumidor entregará una copia a la ARCONEL, para el respectivo análisis y validación.

Otras obligaciones comerciales del gran consumidor en el sector eléctrico, se sujetarán a lo señalado en la normativa vigente emitida para el efecto.

8.2.2 Esquema de alivio de carga por baja frecuencia y cumplimiento del factor de potencia

El gran consumidor deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente y lo estipulado en el contrato de conexión en cuanto a la implementación del esquema de alivio de carga EAC por baja frecuencia y cumplimiento del factor de potencia; de existir incumplimientos de estos parámetros se aplicarán los cargos o sanciones señalados en dicho contrato de conexión, la normativa vigente y en la LOSPEE.

8.2.3 Control de la calificación

La ARCONEL, con base en sus atribuciones, efectuará, al menos anualmente, el control del cumplimiento del gran consumidor con lo establecido en la normativa vigente y en la Resolución de Calificación. El gran consumidor deberá entregar a la ARCONEL la información necesaria, en los plazos y formatos que se determinen para el efecto.

9. REVOCATORIA DE LA RESOLUCIÓN DE LA CALIFICACIÓN

9.1 Causales de revocatoria:

Son causales de revocatoria de la Resolución de la calificación como Gran Consumidor las siguientes:

Previo a la habilitación:

No presentar a la ARCONEL los contratos bilaterales en el plazo establecido en la presente Regulación;

No instalar el SISMEC o el sistema de supervisión y control en tiempo real en el plazo establecido en la presente Regulación; y,

No suscribir el contrato de conexión en el plazo señalado en la presente Regulación y conforme a lo que establece la normativa relacionada para el efecto.

Posterior a la habilitación:

No contar con los contratos bilaterales vigentes y validados por la ARCONEL que le permitan cubrir todos sus requerimientos de potencia y de energía;

No contar con el contrato de conexión vigente;

Registrar valores de demanda de potencia y/o consumos de energía, inferiores a los exigidos en el literal b) numeral 5.2 de la presente regulación;

Vender o comercializar energía a terceros;

Cambiar el punto de conexión; y,

Por cambios de normativa que afecten los requisitos y características de los grandes consumidores.

9.2 Procedimiento de Revocatoria

Cuando la ARCONEL determine que el Gran Consumidor ha incurrido en una causal de revocatoria le notificará y otorgará un término máximo de quince (15) días para que presente los descargos respectivos.

Para el caso de incumplimiento de los requisitos de demanda de potencia y de consumo de energía, en uno o en ambos parámetros, se otorgará un plazo para su remediación, mismo que no será mayor a seis meses.

La ARCONEL, una vez cumplido el plazo señalado en el párrafo inicial de este numeral, realizará el análisis respectivo con la información disponible. En caso de que las pruebas de descargo no justifiquen el incumplimiento o no sean entregadas, se procederá a la revocatoria, caso contrario se notificará al Gran Consumidor que se han aceptado las pruebas.

La revocatoria de calificación se realizará mediante acto administrativo de la Dirección Ejecutiva de ARCONEL, previo los informes técnicos y legales internos y será notificada formalmente a las partes interesadas, en un término de veinte

(20) días a partir de la finalización del plazo para entrega de los descargos.

La revocatoria será efectiva a partir de las 00h00 del primer día del mes dentro del cual se notifique al Gran Consumidor la resolución respectiva.

El gran consumidor que fue sujeto de una revocatoria no podrá volver a participar en el sector eléctrico en esta condición por un período de un año a partir de la notificación de la revocatoria; se exceptúa de esta restricción a los grandes consumidores cuya calificación haya sido revocada por las causales e) y f) señaladas en el numeral 9.1 de esta Regulación.

10. INFRACCIONES Y SANCIONES

Las infracciones en las que incurra el gran consumidor así como las respectivas sanciones, están establecidas en el capítulo V, artículo 68, numeral 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y en el Código Orgánico Integral Penal.

11. CARGOS DE TERCEROS

El pago de cargos a terceros, tales como tasas de recolección de basura y contribución al Cuerpo de Bomberos, se sujetará a lo que establezcan las ordenanzas o normativas respectivas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Estas disposiciones transitorias estarán vigentes y serán aplicables hasta que se expidan las regulaciones que se dispone en la LOSPEE en los aspectos relacionados con el despacho y liquidación de las transacciones del sector eléctrico.

PRIMERA: Los generadores o autogeneradores de capital privado que se encuentren en operación, están facultados a suscribir contratos bilaterales de compraventa de energía con grandes consumidores, así como también contratos regulados con las distribuidoras.

SEGUNDA: Los grandes consumidores deberán suscribir un solo contrato bilateral con un generador o autogenerador para el abastecimiento de la totalidad de sus requerimientos de potencia y de energía.

TERCERA: CONDICIONES PARA LA DETERMINACIÓN DE POTENCIA Y ENERGÍA A COMPROMETERSE EN CONTRATOS BILATERALES

La potencia y energía que un generador comprometa a través de contratos bilaterales, se sustentará en un estudio que será presentado a la ARCONEL, que determine su disponibilidad de potencia y energía firme para cumplir el abastecimiento de los requerimientos de sus grandes consumidores; estudio que deberá considerar todas las variables que incidan en su producción energética.

Para el caso de un autogenerador habilitado para la venta de excedentes, este estudio considerará adicionalmente que la energía que podrá ofertar a través de contratos bilaterales, será aquella que resulte después de cubrir todos los requerimientos de sus consumos propios. Los generadores y autogeneradores que tengan un Título Habilitante con condiciones preferentes, no podrán suscribir contratos bilaterales mientras mantengan tales condiciones.

CUARTA: CONDICIONES DE DESPACHO Y LIQUIDACIÓN PARA GENERADORES Y AUTUGENERADORES PRIVADOS, QUE CUENTEN CON UN TITULO HABILITANTE Y SUSCRIBAN CONTRATOS BILATERALES CON GRANDES CONSUMIDORES

El generador o autogenerador deberá considerar que la suma de las energías comprometidas en contratos bilaterales no supere el total de la energía firme proyectada anualmente, conforme lo determinado en el estudio señalado en la disposición anterior; ni que la suma de las máximas demandas de potencia comprometidas, supere su potencia efectiva.

El CENACE efectuará el despacho económico de los generadores y de los excedentes de autogeneradores, de acuerdo con la normativa vigente.

La liquidación de los generadores y de los excedentes de autogeneradores que tengan suscritos contratos bilaterales y regulados, considerará lo siguiente:

El CENACE establecerá para cada generador o autogenerador y, para cada hora del día la energía generada.

El CENACE determinará para cada hora del día la energía total consumida por los grandes consumidores de un generador o autogenerador, separando aquella que fue abastecida por el generador o autogenerador de aquella que fue abastecida por el sistema, en caso de que esto último ocurra.

La energía mensual que no fue abastecida por el generador o autogenerador a sus grandes consumidores, será facturada por la distribuidora respectiva, a la tarifa que le corresponda de conformidad con el pliego tarifario vigente y en base a la información proporcionada por el CENACE.

Si el generador o autogenerador tiene suscritos contratos bilaterales y regulados, se aplicará lo siguiente:

La energía mensual resultante después de que el generador o autogenerador haya cubierto los requerimientos de sus consumos propios y de sus grandes consumidores, según corresponda, se liquidará a las distribuidoras en función de los contratos regulados.

En caso de que el generador o autogenerador, no cubra los requerimientos de sus grandes consumidores, el CENACE calculará la energía mensual que debe facturar la distribuidora respectiva a cada gran consumidor, de acuerdo al pliego tarifario vigente, de la siguiente manera:

Donde:

Porcentaje de asignación de la energía suministrada por el sistema al gran consumidor i

Energía promedio mensual comprometida por el generador o autogenerador al gran consumidor i, establecida en el contrato bilateral

Sumatoria de la energía promedio mensual comprometida por el generador o autogenerador a todos los grandes consumidores, conforme a lo establecido en los contratos bilaterales

N Número de contratos bilaterales suscritos por el generador o autogenerador

Una vez calculados tales porcentajes, se determinará la energía suministrada por el sistema a cada gran consumidor, aplicando la siguiente fórmula:

Donde:

Energía suministrada por el sistema al gran consumidor i de un generador o autogenerador

Energía total suministrada por el sistema a los grandes consumidores de un generador o autogenerador

e) Si el generador o autogenerador tiene suscritos únicamente contratos bilaterales, se aplicará lo siguiente:

El CENACE calculará al final de cada mes la diferencia entre la energía producida por los generadores o autogeneradores, una vez cubiertos los requerimientos de sus grandes consumidores, y la suministrada por el sistema a dichos grandes consumidores.

Si la diferencia es positiva se considerará como un excedente de generación y será liquidada al generador o autogenerador al costo horario de la energía.

Si la diferencia es negativa, se considerará que el sistema suministró esta energía a los grandes consumidores, la cual será facturada por la respectiva distribuidora según el pliego tarifario vigente, aplicando la metodología descrita en el literal d)

QUINTA.- ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA DE GRANDES CONSUMIDORES La distribuidora con la cual el gran consumidor tenga suscrito el contrato de conexión, considerará a la carga del gran consumidor como parte de su demanda para efectos del diseño e implementación de su esquema de alivio de carga.

Los grandes consumidores conectados a las redes de transmisión se sujetarán a lo que establezca la normativa vigente y a los procedimientos del CENACE.

SEXTA.- FACTOR DE POTENCIA

El gran consumidor que mantenga suscrito un contrato de conexión con una distribuidora, cancelará a ésta la penalización por bajo factor de potencia cuando sea inferior a 0,92, aplicando el pliego tarifario vigente de acuerdo a la categoría y grupo de tarifa que le correspondería si fuera usuario regulado.

La distribuidora determinará el factor de potencia del gran consumidor considerando la misma base de cálculo que utiliza para un usuario regulado, para lo cual empleará los datos registrados por el SISMEC. El CENACE otorgará a la distribuidora el permiso y acceso necesarios para la obtención de dichos datos.

En caso de que el factor de potencia promedio mensual sea inferior a 0,6, el Gran Consumidor pondrá a consideración de la distribuidora un plan de acción para corregir la desviación identificada, el cual, previa aprobación de la distribuidora, será de cumplimiento obligatorio por parte del Gran Consumidor.

Los aspectos relacionados al factor de potencia de un gran consumidor que mantiene suscrito un contrato de conexión con el transmisor se sujetarán a lo establecido en la normativa vigente.

SÉPTIMA.- SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL El gran consumidor cancelará a la empresa distribuidora, en cuya área de servicio se encuentre ubicado, el valor correspondiente por el servicio de alumbrado público general, el cual se determinará considerando la misma base de cálculo que utiliza para un usuario regulado.

El CENACE otorgará a la distribuidora el permiso y acceso necesarios para la obtención de los datos que requiera del SISMEC para efectos de cálculo de los cargos por el servicio de alumbrado público general.

OCTAVA.- CONTRATO DE CONEXIÓN

El contrato de conexión a suscribirse entre un gran consumidor con la distribuidora o el transmisor se sujetará al modelo establecido en el Anexo 1, el cual debe ser elevado a escritura pública.

NOVENA.- AUTOGENERADORES Y SUS CONSUMOS PROPIOS

Los autogeneradores deben cumplir lo establecido en las disposiciones transitorias quinta, sexta, séptima y octava de esta Regulación, para cada uno de sus consumos propios.

Para los consumos propios que se encuentren habilitados como tal en el sector eléctrico, cuyos autogeneradores hayan suscrito o estén por suscribir contratos de conexión, adoptarán el modelo de contrato de conexión establecido en el Anexo 1; para los casos mencionados anteriormente no aplica la obligación de que los contratos de conexión sean elevados a escritura pública.

DISPOSICIONES FINALES

La presente Regulación sustituye a la Regulación No. CONELEC 001/06, que fuera aprobada por el Directorio del CONELEC, mediante Resolución No. 011/06, en sesión de 18 de enero de 2006, por tanto esta última queda derogada en todas sus partes.

Deróguese la Disposición General Primera de la Regulación No. CONELEC 013/08, Disposición Reformatoria Cuarta de la Regulación No. CONELEC 004/09 y la Resolución No. 018/10, en lo que esté relacionado con grandes consumidores.

Las disposiciones señaladas en la presente regulación reemplazarán a aquellas establecidas en otras normativas que se opongan.

Certifico que esta Regulación fue aprobada por el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad– ARCONEL, mediante Resolución No. 067/17, en sesión del 19 de septiembre de 2017.

Quito, 04 de octubre de 2017

f.) Lcda. Lorena Logroño S., Secretaria General, Encargada.

ANEXO No. 1

Señor Notario:

Sírvase incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, el Contrato de Conexión (Autogeneradores o Grandes Consumidores), al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: COMPARECIENTES.-

Comparecen a la celebración del presente CONTRATO DE CONEXIÓN, por una parte la compañía ………………………,calificada como …………………..(Gran consumidor o Autogenerador), representada legalmente por ……………………(nombre del Representante Legal), conforme consta del nombramiento que se anexa a este contrato, a quien para efectos del presente contrato se le denominará “USUARIO DE LA RED”, y por otra, la Empresa Eléctrica……………………., debidamente representada por su

Gerente General ………………….., conforme el nombramiento que se anexa, a quien para efectos del presente instrumento se le denominará “LA DISTRIBUIDORA”, al tenor de las siguientes cláusulas:

SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1626 de 2 de julio de 2001, publicado en el Registro Oficial Nro. 365 de 10 de julio de 2001 se expidió el Reglamento para el Libre Acceso a los Sistemas de Transmisión y Distribución– RLASTD, el cual estableció las normas para solicitar, otorgar y mantener el libre acceso a la capacidad existente o remanente de los sistemas de transmisión o de distribución, que requieren los agentes del sector eléctrico, así como las obligaciones y responsabilidades que las partes deben cumplir en relación con dicho libre acceso; una de las responsabilidades de los agentes para acceder a los sistemas de distribución es la firma de contrato de conexión.

El Directorio del CONELEC mediante Resolución Nro. 118/12 de 27 de diciembre de 2012, aprobó la Regulación Nro. CONELEC 008/12, “Modelo de contrato para la prestación del suministro de servicio público de energía eléctrica a los consumidores” la cual establece el modelo de contrato para la prestación del suministro de servicio público de energía eléctrica a ser suscrito entre las empresas distribuidoras y los consumidores regulados; así como también determina los aspectos que debe contener el contrato de conexión a ser suscrito entre las empresas distribuidoras y los consumidores no regulados (grandes consumidores y autogeneradores–consumos propios) que se conecten a su red eléctrica para de esta manera normar la relación de la empresa con este tipo de consumidores.

La DISTRIBUIDORA con fecha…………., ante el Notario……….del Cantón…………, suscribió el Título Habilitante para la Prestación del Servicio Público de Distribución y Comercialización de energía eléctrica.

La DISTRIBUIDORA, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica –LOSPEE- y de su título habilitante, tiene la responsabilidad de prestar el servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica a toda la demanda de electricidad que le sea requerida dentro de su área de servicio, cumpliendo con los niveles de calidad establecidos en la regulación vigente sobre la materia.

Caso A.- Autogenerador

El CONELEC (o MEER para futuros títulos habilitantes) y la compañía……………………… (Autogenerador), con fecha………………, suscribieron el Título Habilitante para realizar la actividad de autogeneración con venta de excedentes.

b) Los consumos propios declarados por la compañía……………………… (Autogenerador), se listan en el anexo al título habilitante, (o en el documento mediante el cual ARCONEL autoriza la habilitación de los consumos propios), entre los cuales consta la empresa……………………(consumo propio)

c) La DISTRIBUIDORA, mediante Documento Nro……………… de………(fecha) aprobó la factibilidad de conexión del USUARIO DE LA RED al sistema de distribución. (Aplica para nuevos puntos de conexión)

Caso B.- Gran consumidor

El ARCONEL, con fecha………………, otorgó a la empresa………………………, la Calificación de Gran Consumidor.

La DISTRIBUIDORA, mediante Documento Nro……………… de…………(fecha) aprobó la factibilidad de conexión del USUARIO DE LA RED al sistema de distribución. (Aplica para nuevos puntos de conexión)

TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-

Copia certificada del nombramiento del representante legal de la DISTRIBUIDORA.

Copia certificada del nombramiento del representante legal del USUARIO DE LA RED.

Informe de factibilidad de conexión del USUARIO DE LA RED a la red de distribución. (Aplica para nuevos puntos de conexión)

Forman parte de este Contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes documentos:

Anexo No. 1: Definición de términos.

Anexo No. 2: Descripción de equipos e instalaciones que forman parte del campo de conexión y mediante los cuales se materializa la vinculación eléctrica del USUARIO DE LA RED con el sistema de la DISTRIBUIDORA. Incluye entre otros: equipos y aparatos de transformación, maniobra, protección, comunicación, medición, control y auxiliares y línea de interconexión. Se especifica la propiedad de estos componentes.

Anexo No. 3: Diagramas unifilares

Anexo No. 4: Infracciones y Sanciones

CUARTA: OBJETO.-

Caso A.- Autogenerador

El Objeto del presente contrato es definir las responsabilidades en cuanto a propiedad, operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones y demás relaciones técnicas, comerciales y legales que se deriven de la conexión eléctrica del USUARIO DE LA RED, al sistema de la DISTRIBUIDORA, en el punto de conexión definido en la cláusula sexta del presente contrato, correspondiente al consumo propio denominado………………

Caso B.- Gran consumidor

El Objeto del presente contrato es definir las responsabilidades en cuanto a la propiedad, operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones y demás relaciones técnicas, comerciales y legales que se deriven de la conexión eléctrica del USUARIO DE LA RED, al sistema de la DISTRIBUIDORA, en el punto de conexión definido en la cláusula sexta del presente contrato.

QUINTA: INTERPRETACIÓN DE TÉRMINOS.-

Los términos utilizados en el texto de este Contrato serán interpretados en el sentido literal y obvio, por tanto las partes acuerdan aceptar su real significado. En caso de conflicto entre el texto del Contrato y cualquiera de sus Anexos, prevalecerá el texto del Contrato. De mantenerse controversia en la interpretación, se aplicará lo establecido en la Codificación del Código Civil Ecuatoriano, en su Libro IV, las normas contenidas en el Título XIII: “De la Interpretación de los Contratos”.

La interpretación de los términos técnicos utilizados en el texto del presente Contrato, se sujetará a las definiciones establecidas en el Anexo 1: Definición de Términos. En lo no previsto en el Anexo 1, se aplicará las definiciones que constan en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y demás normativa relacionada.

SEXTA: CONDICIONES TÉCNICAS.-

SEIS PUNTO UNO: CAMPO DE CONEXIÓN, FRONTERAS Y PROPIEDAD DE EQUIPOS E INSTALACIONES

El punto de conexión y la propiedad de equipos e instalaciones del campo de conexión de la DISTRIBUIDORA y del USUARIO DE LA RED se detallan en el Anexo Nº 2, documento que forma parte del presente Contrato.

La ubicación del campo de conexión es:

Bahía de la subestación o estructura:……………………

Coordenadas (georeferencia):………………………………

Calle Principal: …………. Nro. ………….

Calle Secundaria: ………….. Referencia: ……….…

Parroquia: …………. Cantón: …….……

Provincia: …………..

Voltaje nominal del punto de conexión (kV): ……….

SEIS PUNTO DOS: DATOS GENERALES DE LA CARGA

En el punto de conexión el USUARIO DE LA RED declara tener una carga instalada de: ………. kilovatios (kW), con una demanda de potencia declarada de……… (kW) para uso:

Especificar: Categoria, Grupo y Tarifa al que pertenecería la carga, como usuario regulado, según lo establecido en el pliego tarifario vigente.

SEIS PUNTO TRES: ESQUEMA DE PROTECCIÓN Y CALIBRACIÓN

El esquema de protecciones y las calibraciones correspondientes han sido aprobados por la DISTRIBUIDORA y consta en el Anexo No. 2 del presente Contrato. De requerirse modificaciones de alguno de estos aspectos técnicos, merecerá la aprobación previa de la DISTRIBUIDORA y el referido Anexo deberá ser actualizado y formará parte del presente instrumento legal.

SEIS PUNTO CUATRO: SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL

La propiedad y responsabilidades sobre el sistema de medición comercial se sujetarán a lo que establezca la regulación respectiva.

SEIS PUNTO CINCO: CALIDAD DEL SERVICIO

Los niveles de calidad del servicio que debe cumplir la DISTRIBUIDORA y los parámetros técnicos de la carga que debe cumplir el USUARIO DE LA RED en el punto de conexión, se sujetarán a lo establecido en la normativa vigente.

El valor que le corresponderá pagar al USUARIO DE LA RED, en caso de incumplimiento del límite de factor de potencia en el punto de conexión, se sujetará a lo establecido en la normativa vigente.

En caso de que el factor de potencia promedio mensual sea inferior a 0,6, el USUARIO DE LA RED pondrá a consideración de la DISTRIBUIDORA un plan de acción para corregir la desviación identificada, el cual, previa aprobación de la DISTRIBUIDORA, será de cumplimiento obligatorio por parte del USUARIO DE LA RED.

SÉPTIMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.-

SIETE PUNTO UNO: OPERACIÓN

La operación de los equipos e instalaciones involucradas en el campo de conexión será de responsabilidad de la DISTRIBUIDORA. Las actividades de operación se realizarán en coordinación con el USUARIO DE LA RED.

La implementación del esquema de alivio de carga por parte del USUARIO DE LA RED se sujetará a lo dispuesto en la normativa vigente.

SIETE PUNTO DOS: MANTENIMIENTOS

Caso A.- Solo campo de Conexión

La DISTRIBUIDORA realizará el mantenimiento de los equipos e instalaciones del campo de conexión definidos en el presente contrato. Los costos de este mantenimiento serán responsabilidad del USUARIO DE LA RED.

La DISTRIBUIDORA, en coordinación con el USUARIO DE LA RED, elaborará y aprobará hasta el 31 de diciembre de cada año, el plan anual de mantenimientos del año siguiente con su presupuesto referencial detallado.

Caso B.- Campo de Conexión y línea de interconexión dedicada, cuando la DISTRIBUIDORA decida realizar el mantenimiento de la línea, ya sea por seguridad del sistema o cuando hubieren convenido con el USUARIO DE LA RED.

La DISTRIBUIDORA realizará el mantenimiento de los equipos e instalaciones del campo de conexión y de la línea de interconexión dedicada definidos en el presente contrato. Los costos de estos mantenimientos serán responsabilidad del USUARIO DE LA RED.

La DISTRIBUIDORA, en coordinación con el USUARIO DE LA RED, elaborará y aprobará hasta el 31 de diciembre de cada año, el plan anual de mantenimientos del año siguiente con su presupuesto referencial detallado.

OCTAVA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

OCHO PUNTO UNO: OBLIGACIONES DE LA DISTRIBUIDORA

DERECHOS:

Recibir el pago oportuno por los servicios prestados al USUARIO DE LA RED, establecidos en el presente contrato.

Solicitar información de carácter técnico, relacionados a la prestación de los servicios señalados en el presente contrato.

Acceder a las instalaciones del USUARIO DE LA RED, el personal autorizado de la DISTRIBUIDORA, a efectos de realizar inspecciones técnicas, labores de control, toma de lecturas o desconexiones.

OBLIGACIONES:

Prestar el servicio de transporte de energía eléctrica, y el suministro de energía en conformidad con lo establecido en la normativa vigente, acorde con los principios constitucionales de eficiencia, responsabilidad, continuidad y calidad.

Poner a disposición del USUARIO DE LA RED canales de comunicación que permitan atender de forma continua, las 24 horas del día, durante todos los días del año, sus reclamos, consultas y solicitudes.

Resarcir los daños que se produjeren a los equipos del USUARIO DE LA RED, destinados a la realización de sus procesos internos, ocasionados por deficiencias de la energía entregada en el punto de conexión o fallas en el sistema de distribución imputables a la DISTRIBUIDORA.

Sujetarse a las normas de seguridad establecidas por el USUARIO DE LA RED, para el acceso del personal de la DISTRIBUIDORA a las instalaciones del usuario.

OCHO PUNTO DOS: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO DE LA RED:

DERECHOS:

Recibir la energía eléctrica en el punto de conexión acorde con los principios constitucionales de eficiencia, responsabilidad, continuidad y calidad;

Reclamar a la DISTRIBUIDORA en caso de inconformidad con la calidad de energía entregada en el punto de conexión o con los valores facturados, y recibir una respuesta oportuna;

Ser oportunamente informado, por cualquier medio idóneo, sobre los trabajos o acciones que puedan conducir a una suspensión del servicio eléctrico;

Participar en audiencias públicas convocadas por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL; y,

Ser indemnizado por los daños ocasionados por deficiencias de la energía entregada en el punto de conexión o fallas en el sistema de distribución imputables a la DISTRIBUIDORA.

OBLIGACIONES:

Cuidar las instalaciones eléctricas que le permiten contar con el suministro de electricidad;

Evitar cualquier riesgo que pueda afectar a su salud o a su vida, así como a la de los demás;

Haber cumplido con todas las obligaciones derivadas de anteriores contratos con la DISTRIBUIDORA a nombre del USUARIO DE LA RED, en los casos que corresponda;

Responsabilizarse de sus instalaciones eléctricas, incluido el sistema de puesta a tierra, a fin de que estén en óptimas condiciones para recibir la energía eléctrica. Cualquier falla, o efecto secundario, derivado de sus instalaciones interiores, es de responsabilidad del USUARIO DE LA RED;

Permitir el acceso a sus instalaciones al personal autorizado por la DISTRIBUIDORA, a fin de ejecutar las actividades de su responsabilidad, establecidas en el presente contrato.

Pagar los cargos económicos establecidos en este contrato.

g) Pagar los cargos económicos que le sean impuestos por infracciones establecidas en este contrato.

NOVENA: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.-

Son los costos por los servicios de operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones que forman parte del campo de conexión y de la línea de interconexión dedicada.

Para el efecto, la DISTRIBUIDORA entregará al USUARIO DE LA RED un reporte detallado y valorado de los trabajos y actividades de operación y mantenimiento, efectivamente realizados.

DÉCIMA: DESCONEXIÓN DEL USUARIO DE LA RED.- La DISTRIBUIDORA podrá abrir la conexión del USUARIO DE LA RED con el sistema de distribución por las siguientes causas:

Cuando no cancele las facturas emitidas por la DISTRIBUIDORA por los conceptos y en los términos establecidos en el presente contrato.

Cuando se detecte consumos de energía eléctrica, a través de instalaciones clandestinas, directas y/o similares, que alteren o impidan el normal funcionamiento del medidor;

Cuando la infraestructura eléctrica para la conexión de la red de la DISTRIBUIDORA y las instalaciones del USUARIO DE LA RED no cumpla con las condiciones técnicas que establezca la DISTRIBUIDORA;

Cuando se compruebe el consumo de energía eléctrica en circunstancias que incumplan lo estipulado en el presente contrato;

Cuando la empresa eléctrica, previo aviso, mediante adecuados medios de comunicación, comunique oportunamente al USUARIO DE LA RED, que por motivos de mantenimiento o reparación, se producirá una suspensión de energía eléctrica;

Cuando existan conexiones al sistema de la empresa eléctrica sin contar con su autorización; y,

Por causas de fuerza mayor o caso fortuito.

Para el efecto, previo a la suspensión, la DISTRIBUIDORA emitirá una notificación al USUARIO DE LA RED, en la que se detallará el o los motivos de la suspensión, se exceptúa de dicha obligación los eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

Para el caso de suspensiones programadas del servicio la DISTRIBUIDORA deberá informar al USUARIO DE LA RED, con un mínimo de 24 horas de antelación. La notificación deberá contener como mínimo la siguiente información:

Fecha y hora de desconexión.

Fecha y hora de reconexión.

Medidas que deberá adoptar el USUARIO DE LA RED para evitar afectaciones a personas y equipos, durante el periodo que dure la desconexión y reconexión.

Los tiempos para el restablecimiento del servicio,, serán los establecidos en la normativa aplicable para el efecto.

Cuando la suspensión del servicio se dé por causa atribuible al USUARIO DE LA RED, la DISTRIBUIDORA está autorizada a facturarle un único valor adicional, previa notificación, correspondiente al servicio de corte y reconexión, el cual deberá constar en la factura que se le emita el mes posterior al corte. Esto, sin perjuicio de la aplicación de los intereses legales correspondientes, en caso de pagos atrasados.

La DISTRIBUIDORA determinará el valor de corte y reconexión que aplicarán al USUARIO DE LA RED.

UNDÉCIMA: PEAJE DE DISTRIBUCIÓN.-

El valor mensual por peaje de distribución que deberá cancelar el USUARIO DE LA RED se sujetará a lo que establezca el pliego tarifario vigente.

DUODECIMA: PAGO DE ENERGÍA A LA DISTRIBUIDORA

Caso A.- Autogenerador calificados con la Regulación No. CONELEC 001/14

La energía no cubierta por el autogenerador al USUARIO DE LA RED, será facturada por la DISTRIBUIDORA, aplicando la tarifa del pliego tarifario vigente al que pertenecería si fuere usuario regulado.

La energía a facturarse por la DISTRIBUIDORA será la determinada por el CENACE, conforme a la normativa vigente.

Nota: Esta cláusula no es aplicable para autogene￾radores habilitados antes de la Regulación No. CONELEC 001/14.

Caso B.- Gran Consumidor

La energía no cubierta por los generadores o autogeneradores, con los cuales el USUARIO DE LA RED tenga suscritos contratos bilaterales, será facturada por la DISTRIBUIDORA, aplicando la tarifa del pliego tarifario vigente al que pertenecería si fuera usuario regulado.

La energía a facturarse por la DISTRIBUIDORA será la determinada por el CENACE, conforme a la normativa vigente.

DÉCIMA TERCERA: CARGOS A TERCEROS.-

El pago de cargos a terceros, tales como tasas de recolección de basura y contribución al Cuerpo de Bomberos, se sujetará a lo que establezca la normativa respectiva.

DÉCIMA CUARTA: SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL.-

El USUARIO DE LA RED cancelará a la DISTRIBUIDORA el valor correspondiente por el servicio de alumbrado público general, el cual se determinará considerando la misma base de cálculo que utiliza para un usuario regulado.

DÉCIMA QUINTA: FACTURACIÓN Y PAGO.-

La DISTRIBUIDORA emitirá las facturas por los conceptos establecidos en este contrato al USUARIO DE LA RED, con al menos diez (10) días de anticipación a la fecha de vencimiento.

En caso de que el USUARIO DE LA RED incumpla el pago de las facturas emitidas por la DISTRIBUIDORA dentro de los plazos estipulados, se obliga a pagar los intereses por mora calculados en función de lo que establezca el Código Tributario y normativa conexa. Todos los pagos que realice el USUARIO DE LA RED se contabilizarán en primer lugar al valor de los intereses y luego al capital.

DÉCIMA SEXTA: INFRACCIONES Y SANCIONES.-

El USUARIO DE LA RED manifiesta en forma expresa su conocimiento de las infracciones y sanciones previstas en el Anexo No. 4 del presente contrato, en el capítulo V de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y en el Código Orgánico Integral Penal.

Las sanciones establecidas en el Anexo No. 4 serán aplicadas por la DISTRIBUIDORA sin perjuicio de otras sanciones que puedan ser aplicadas por ARCONEL o la autoridad competente por el cometimiento de infracciones no contempladas en el presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA: REPOSICIÓN DE EQUIPOS.-

El USUARIO DE LA RED es el responsable, en caso de daño, de la reparación y/o reposición de los equipos e instalaciones de su propiedad definidos en el Anexo No. 2, con excepción de los daños ocasionados por causas imputables a la DISTRIBUIDORA, debidamente demostrados conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente, los cuales serán reconocidos por esta última.

DÉCIMA OCTAVA: PLAZO DEL CONTRATO.-

El presente Contrato tendrá vigencia de un (1) año contado a partir de la fecha de suscripción, y será prorrogado automática e indefinidamente siempre y cuando no exista manifestación expresa en contrario de una de las partes, o se incurra en alguna o varias de las causales de terminación del contrato antes de la fecha de su vencimiento.

DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-

Serán causales de terminación del presente Contrato las siguientes:

El cambio de condición del Gran consumidor/consumo propio a usuario regulado y suscripción del contrato de suministro con la DISTRIBUIDORA;

Por mutuo acuerdo de las partes;

Por la terminación de la vigencia del Título Habilitante de la DISTRIBUIDORA; y,

Por la terminación de la vigencia del Título Habilitante del Autogenerador;

En caso de terminación del presente Contrato, las partes deberán suscribir un Acta en la cual se determinen y liquiden las obligaciones mutuas de las partes.

VIGÉSIMA: DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN.-

Se establece que la información técnica y comercial estará disponible entre las partes, en lo concerniente con la ejecución del presente Contrato, mientras que para terceros su disponibilidad dependerá de la autorización expresa conjunta de las partes, en el caso de aquella declarada como confidencial formalmente y de manera previa.

Se exceptúa toda aquella que constituya obligación entre organismos del sector, que sea orden de autoridad o juez competente, o que esté establecida en la normativa y los títulos habilitantes vigentes, o los que los sustituyeran.

VIGÉSIMA PRIMERA: CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.-

Las partes podrán suscribir adendas o contratos complementarios para la plena ejecución del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA: GASTOS NOTARIALES.-

Los gastos notariales para la suscripción del presente Contrato serán asumidos por el USUARIO DE LA RED o requirente de la conexión al sistema de distribución.

VIGÉSIMA TERCERA: CUANTÍA.-

Considerando la naturaleza del presente instrumento legal, las partes reconocen y declaran que este Contrato es de cuantía indeterminada.

VIGESIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

Aquellos asuntos de índole regulatorio sobre la ejecución e implementación del contrato, que produzcan divergencias que no puedan solucionarse por mutuo acuerdo, serán sometidos a consideración del Director Ejecutivo del ARCONEL. En caso de divergencias o controversias de índole comercial u otras, que no hayan podido ser superadas, estas serán sometidas a la jurisdicción ordinaria.

VIGÉSIMA QUINTA: FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.-

Para los efectos contemplados en el presente Contrato, los términos de fuerza mayor y caso fortuito serán los definidos en el Art. 30 de la Codificación del Código Civil Ecuatoriano.

En caso de fuerza mayor o caso fortuito, la parte afectada notificará a la otra y a la autoridad competente, dentro del plazo de cinco (5) días contado a partir de ocurrido el hecho, explicando los efectos causados por el evento en el cumplimiento del Contrato, adjuntando la documentación correspondiente.

La calificación de un evento de fuerza mayor o caso fortuito será determinada por la autoridad competente según el procedimiento que esta disponga.

Ninguna de las partes responderá por el incumplimiento, suspensión o retraso en la ejecución de sus obligaciones de este Contrato, ni estará obligada a indemnizar a la otra por los perjuicios causados, cuando el incumplimiento o el retraso se hayan debido a Fuerza Mayor o Caso Fortuito, debidamente calificadas.

En caso de que las partes no hubieran notificado el acaecimiento de un evento calificado como fortuito o fuerza mayor, dentro del plazo establecido, se entenderá como no ocurrido, y por tanto, todas las obligaciones previstas en el presente Contrato serán exigibles.

VIGÉSIMA SEXTA: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN.-

Para constancia y fiel cumplimiento de lo convenido, las partes declaran su domicilio en la ciudad de……………………., renunciando el USUARIO DE LA RED a cualquier fuero especial, que en razón de domicilio pueda tener.

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

USUARIO DE LA RED:

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

De la DISTRIBUIDORA:

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

VIGÉSIMA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN.-

Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este contrato, por así convenir a sus intereses.

Para constancia de todo lo cual firman el presente contrato en tres (3) ejemplares del mismo tenor y valor. En la ciudad de……………… a los……….. días del mes de…………………. de…………………

……………………. …………………………..

DISTRIBUIDORA AUTOGENERADOR O

GRAN CONSUMIDOR

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y

PRODUCTIVIDAD

No. 17 500

LA SUBSECRETARÍA DEL

SISTEMA DE LA CALIDAD

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 52 establece que “las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”;

Que el artículo 227 de la Constitución establece que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

Que el artículo 12 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, sustituido por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, dispone que para la ejecución de las políticas que dictamine el Comité Interministerial de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad tendrá entre otras, la siguiente atribución: “e) Designar temporalmente laboratorios, organismos evaluadores de la conformidad y otros órganos necesarios para temas específicos, siempre y cuando éstos no existan en el país. Los organismos designados no podrán dar servicios como entes acreditados en temas diferentes a la designación”;

Que el artículo 21 del Reglamento a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad señala que “La designación en materia de evaluación de la conformidad que el Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO, otorgue temporalmente a los Organismos Evaluadores de la Conformidad–OECs (laboratorios, organismos de certificación, organismos de inspección), siempre y cuando éstos no existan en el país acreditados, se realizará sobre la base de la oferta y la demanda y el informe técnico de cumplimiento de requisitos que será presentado, para cada caso, por el OAE. (…);

Que el Artículo 25 del Reglamento a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, vigente mediante Decreto 756, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 450 de 17 de mayo de 2011, establece que el Ministro de Industrias y Productividad en base al informe presentado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano –OAE- resolverá conceder o negar la Designación; y, dispone que transcurridos los dos años, el OEC podrá solicitar la renovación de la designación por una vez, siempre y cuando se evidencie el mantenimiento de las condiciones iniciales de designación mediante un informe anual de evaluación de seguimiento realizado por el OAE, y se hubiere iniciado un proceso de acreditación ante el OAE para el alcance en cuestión;

Que en el artículo 27 del Reglamento a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad se establecen las obligaciones que los Organismos Evaluadores de la Conformidad designados deben cumplir;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de noviembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de conceder o negar la designación al organismo de evaluación de la conformidad solicitante.

I. VISTOS:

1.1 Mediante Resolución Nro. 15 256 de 03 de septiembre de 2015, la Mgs. Ana Cox Vásconez Subsecretaria de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad, resolvió: “ARTÍCULO 1. OTORGAR la DESIGNACIÓN al Organismo de Inspección CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO-CADME, para ejecutar actividades de inspección en el sector automotriz (…)”.

1.2 Mediante oficio Nro. OF-UTA-CADME- 161-C17 de 21 y 28 de julio 2017, la Ing. Alejandra Lascano Moreno, Coordinadora de CADME, solicita a la Ing. Ana Cox Vásconez, Subsecretaria de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad, la RENOVACIÓN DE DESIGNACIÓN otorgada mediante Resolución Nro. 15 256 de 03 de septiembre de 2015, para tal efecto adjunta la documentación respectiva.

1.3 Mediante oficio Nro. MIPRO-DECC-2017-1789- OF de julio y de 03 de agosto de 2017, el Mgs. Jaime Oswaldo Naranjo Iñiguez, Director de Evaluación y Control de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad, informó a la Eco. Johana Zapata Maldonado, Directora Ejecutiva del Servicio de Acreditación Ecuatoriano, que: “(…) la Ing. Alejandra Marlene Lascano Moreta, Coordinador CADME, presenta una solicitud tendiente a obtener la RENOVACIÓN DE DESIGNACIÓN para realizar las actividades de inspección conforme los documentos normativos: NTE INEN 2205 (2R) “BUS URBANO”; RTE INEN 034 (4R), RTE INEN 038 “BUS URBANO”; RTE INEN 041 (2R) “VEHICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR”; NTE INEN 1668 (1R) “VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS INTRARREGIONAL E INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL”; RTE INEN 043 (2R) “VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS INTRARREGIONAL E INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL (…)” y solicitó:“(…) disponer a quien corresponda la verificación de la existencia de OEC Acreditados en el país para el alcance requerido; o si existen OEC en proceso de acreditación.”.

1.4 Mediante oficio Nro. OF-UTA-CADME-165-C17 de 27 de julio de 2017, la Ing. Alejandra Lascano Moreta, Coordinadora de CADME indicó a la Mgs. Ana Cox Vásconez, Subsecretaria de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad, los alcances para los cuales se solicitan la renovación de la designación y remitió los documentos faltantes para continuar con el proceso de renovación de designación.

1.5 Mediante oficio Nro. SAE-DGT-2017-0109- OF de 02 de agosto de 2017, el Eco. Gabriel Antonio Suárez Moncayo, Coordinador General Técnico del SAE a la fecha, informó al Mgs. Jaime Oswaldo Naranjo Iñiguez, Director de Evaluación y Control de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad que: “1. Para los RTE INEN 038 “BUS URBANO”, RTE INEN 041(2R) “VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR” y RTE INEN 043 (2R) “VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS INTRAREGIONAL E INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL, no existen organismos acreditados, pero si en proceso de acreditación. 2. El organismo CADME actualmente está designado mediante resolución otorgada por el Ministerio de Industrias y Productividad Nro. MIPRO 15 256 de 3 de septiembre de 2015, también para la norma NTE INEN 2664 y el reglamento 034, para los cuales no existen organismos acreditados, pero si en proceso de acreditación (…)”.

1.6 Mediante oficio Nro. MIPRO-DECC-2017- 1854-OF de 03 de agosto de 2017, el Mgs. Jaime Oswaldo Naranjo Iñiguez, Director de Evaluación y Control de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad, informó a la Eco. Johana Zapata Maldonado, Directora Ejecutiva del Servicio de Acreditación Ecuatoriano, que: “(…) la Ing. Alejandra Marlene Lascano Moreta, Coordinador CADME, remite un alcance al Oficio OF-UTACADME- 161- C17 de 21 de julio de 2017, mediante el cual, solicita la renovación de la designación para realizar las actividades de inspección conforme los documentos normativos: NTE INEN 2205 (2R) “VEHICULOS AUTOMOTORES. BUS URBANO. REQUISITOS”; REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 034 (4R) “ELEMENTOS MINIMOS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES (…)” y solicitó: “(…) disponer a quien corresponda que en virtud del artículo 3 y 4 del Acuerdo Ministerial No. 14 074 de 19 de mayo de 2017, realice la verificación de la existencia de OEC Acreditados en el país para el alcance requerido; o si existen OEC en proceso de acreditación”.

1.7 Mediante oficio Nro. SAE-DGT-2017-0115- OF de 04 de agosto de 2017, el Eco. Gabriel Antonio Suárez Moncayo, Coordinador General Técnico del SAE a la fecha, informó al Mgs. Jaime Oswaldo Naranjo Iñiguez, Director de Evaluación y Control de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad que: “1. Para los RTE INEN 038 (2R) “Bus urbano”, RTE INEN 041(2R) “Vehículos de transporte escolar” y RTE INEN 043 (2R) “Vehículos de Transporte público de pasajeros intrarregional e interprovincial e interprovincial, no existen organismos acreditados; pero sí en proceso de acreditación, Adicionalmente, señala que el organismo CADME actualmente está designado mediante resolución otorgada por el Ministerio de Industrias y Productividad Nro. MIPRO 15 256 de 3 de septiembre de 2015, también para la norma NTE INEN 2664 “Fabricantes de carrocerías metálicas para vehículos de transporte de pasajeros” y el reglamento RTE INEN 034 “Elementos mínimos de seguridad en vehículos automotores” y señala a la NTE INEN 2205 “Bus Urbano”, para los cuales no existen organismos acreditados, pero si en proceso de acreditación”.

1.8 Mediante oficio Nro. OF-UTA-CADME-173-C17 de 07 de agosto de 2017, la Ing. Alejandra Lascano Moreta, Coordinadora de CADME indicó al Mgs. Jaime Oswaldo Naranjo Iñiguez, Director de Evaluación y Control de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad: “En cuanto a la aclaración sobre la NTE INEN 1668 (1R) que no corresponde a la resolución 15 256 mencionada, pongo en su conocimiento que dicha normativa se encuentra en vigencia desde marzo 2015 y fue incluida de manera obligatoria con el Reglamento 043 con la Resolución 15 211 para lo cual nuestro organismo basado en los requisitos de la INEN ISO 17020 2013 para organismos de inspección, requisito 7.1 métodos y procedimientos de inspección ha considerado necesario actualizar nuestro método y procedimiento de inspección en referencia al reglamento y norma antes mencionada, por lo cual se solicita se incluya en nuestro proceso de renovación a la normativa mencionada ya que ésta es una actualización del reglamento incluyendo a la norma para su cumplimiento de manera obligatoria”.

1.9 Mediante oficio Nro. MIPRO-DECC-2017- 1897-OF de 08 de agosto de 2017, el Mgs. Jaime Oswaldo Naranjo Iñiguez, Director de Evaluación y Control de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad, informó a la Eco. Johana Zapata Maldonado, Directora Ejecutiva del Servicio de Acreditación Ecuatoriano, que: “(…) una vez que el CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO MERALMECÁNICO-CADME, mediante oficio OF-UTA-CADME-173-C17 de 7 de agosto de 2017, expresa su compromiso y aceptación de continuar con el proceso de renovación de designación de la Resolución 15 256 en los alcances indicados en la misma”, esta Subsecretaria del Sistema de Calidad, remite la siguiente documentación a fin que se continúe con el trámite pertinente”.

1.2 La Econ. Johana Paola Zapata Maldonado Directora Ejecutiva del Servicio de Acreditación Ecuatoriano mediante Oficio No. SAE-SAE- 2017-0530-OF de 26 de septiembre de 2017, pone en conocimiento de la Subsecretaría del Sistema de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO lo siguiente:

1.2.1 Mediante oficio Nro. SAE-DI-2017-0320-OF de 09 de agosto de 2017, el Ing. Miguel Boada Monge, Director de Inspección del SAE, envío a la Ing. Alejandra Lascano Moreta, Coordinadora de CADME, la propuesta de evaluadores para la evaluación de Renovación de Designación

1.2.2 Mediante Informe Técnico SAE INS 17-064 D “Evaluación de la Capacidad Técnica para designación como Organismo de Inspección” del Centro de Apoyo al Desarrollo Metalmecánico CADME de 17 de agosto de 2017, el Equipo Evaluador del SAE concluyó que: “Para la continuidad del proceso de renovación de designación, el Organismos de Inspección Empresa Pública de la Universidad Técnica de Ambato UTA (CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME), deberá presentar al Servicio de Acreditación Ecuatoriano, evidencia del cierre efectivo de la no Conformidades detectada durante la Evaluación conforme el Acuerdo Ministerial del Ministerio de Industrias y Productividad Nro 17-074 del Art. 11 el OEC dispone de 90 días para tomar acciones que evidencie un cierre efectivo de las No Conformidades, luego de esto el SAE emitirá un informe al Ministerio de Industrias y Productividad, para que decida sobre la Renovación de Designación como Organismo de Inspección para el alcance solicitado”.

1.2.3 (…) Mediante oficio Nro. OF-UTA-CADME- 189-C17 de 28 de agosto de 2017, el Ing. Gustavo Patín M, Coordinador (E) de CADME remitió a la Eco. Johana Zapata Maldonado, Directora Ejecutiva del SAE las evidencias adicionales correspondientes al cierre efectivo de las No Conformidades.

1.2.4 Mediante Informe para la Decisión SAE INS 17- 064 D de 14 de septiembre de 2017, el Evaluador Líder del SAE informó que el Equipo Evaluador y la Dirección de Inspección recomiendan: “Renovar la designación del organismo, en base al artículo 25, del Reglamento General a la Ley del Sistema Nacional Ecuatoriano de la Calidad que señala: “Transcurridos los dos años, el OEC podrá solicitar la renovación de la designación por una vez, siempre y cuando evidencie el mantenimiento de las condiciones iniciales de designación mediante un informe anual de evaluación de seguimiento realizado por el OAE, y si hubiera iniciado un proceso de acreditación ante OAE para el alcance en cuestión”.

1.2.5 Mediante memorando Nro. SAE-DI-2017- 0193-M de 15 de septiembre de 2017, la Mgs. Soraya Ruíz Salazar Directora de Inspección (S) informó a la Eco. Iván Martínez Dobronsky, Coordinador General Técnico (E) del SAE que: “(…) Una vez cumplidos los requisitos y concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación para la renovación de designación y revisada la información presentada por el organismo UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO U.T.A (Centro de Apoyo al desarrollo metalmecánico CADME), la Dirección de Inspección, se permite RECOMENDAR la suscripción del documento que permita conceder la RENOVACIÓN DE LA DESIGNACIÓN en el alcance descrito en el anexo 1 de este documento ante el Ministerio de Industrias y Productividad – MIPRO.

1.2.6 Mediante memorando Nro. SAE-DGT-2017- 0302-M de 19 de septiembre de 2017, la Eco. Iván Martínez Dobronsky, Coordinador General Técnico (E) informó al Abg. Andrés Carrillo Sánchez, Director Ejecutivo (S) que “(…) la Coordinación General Técnica, acogiendo la recomendación de memorando Nro SAE-DI- 2017-0193-M, de fecha 15 de septiembre de 2017 y recibido en la Coordinación General el 18 de septiembre de 2017; conforme los antecedentes contenidos en los documentos antes señalados, se permite RECOMENDAR a la Dirección Ejecutiva del SAE, emitir el informe correspondiente a fin de que la autoridad competente decida sobre el reconocimiento de DESIGNACIÓN del Organismo de Inspección Universidad Técnica de Ambato U.T.A. (Centro de Apoyo al Desarrollo Metalmecánico CADME), una vez que cumplió con los requisitos y concluyó satisfactoriamente el proceso de evaluación para la renovación de la designación del alcance definido en el Anexo I del informe para la Designación del SAE No. SAE INS-17-064 D de 14 de septiembre de 2017”.

1.2.7 Mediante memorando Nro. SAE-DAJ-2017- 0300-M, de 22 de septiembre de 2017, el Abg. Andrés Carrillo Sánchez, Director de Asesoría Jurídica, informó a la Eco. Johana Zapata Maldonado, Directora Ejecutiva del SAE, lo siguiente: “De conformidad a la evaluación para designación como organismo de certificación constante en el Informe Técnico Nro. SAE INS 17-064 de 14 septiembre de 2017 en la que el evaluador líder designado del SAE recomendó continuar con el proceso de designación; así como la recomendación constante en los memorandos Nros.SAE-DI-2017-0193-M de 15 de septiembre de 2017 y SAE-DGT-2017-0302-M de 19 de septiembre de 2017, una vez que se verificó el cumplimiento de la normativa legal vigente y acogiendo el criterio técnico del Coordinador General Técnico del SAE, es factible remitir al Ministerio de Industrias y Productividad el informe técnico referente a la renovación de la designación del Organismo Inspección CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME.”.

La Econ. Johana Paola Zapata Maldonado, en su calidad de Directora Ejecutiva, del SAE con Oficio Nro. SAE-SAE- 2017-0530-OF, de fecha 26 de septiembre de 2017, presenta el informe referente a la solicitud de renovación designación del Organismo de Inspección CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME, el mismo que en su conclusión manifiesta: “(…) Por lo expuesto y de acuerdo a la normativa legal enunciada, una vez que el Servicio de Acreditación SAE, realizó la evaluación respectiva al Organismo de Inspección se concluye que el Inspección CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME, cumplió con los requisitos y finalizó satisfactoriamente el proceso de evaluación para la Renovación de la Designación conforme a lo definido en el Anexo I (…)

Por lo expuesto y en ejercicio de las facultades que le confiere la ley,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- OTORGAR la RENOVACIÓN DE LA DESIGNACIÓN al Organismo de Inspección CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME.” en el alcance que se detalla a continuación:

ALCANCE PARA RENOVACIÓN DE DESIGNACIÓN:

ORGANISMO DE INSPECCIÓN UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO UTA (CENTRO DE APOYO AL

DESARROLLO DE METALMECÁNICO CADME)

SECTOR: AUTOMOTRIZ

Campo de inspección/

elementos a inspeccionar

Metodólogía

Procedimientos de Inspección

Código de Norma/Descripción de la

norma

Inspección de Bus Urbano

(Bus Minibús)

Visual Documental

Instrumental

Proceso de Evaluación de la

conformidad de la NTE INEN

2205-RTE INEN 038

RTE INEN 038 (2R)

“Bus urbano”, NTE INEN 2205 (2R)

Inspección de Elementos

Mínimos de Seguridad en

Vehículos Automotores

Visual Documental

Proceso de Evaluación de la

conformidad de la RTE INEN

034 (Elementos mínimos de

seguridad) PROC-2,3,1-1

RTE INEN 034 (4R) “Elementos de

seguridad en vehículos automotores”.

Inspección de Vehículos de

Transporte Escolar

Visual Documental

Instrumental

Proceso de Evaluación de la

conformidad del RTE INEN 041

PROC-2.3.3-1

RTE INEN 041 (2R)

“Vehículos de transporte escolar”

Vehículos de Transporte

Público de Pasajeros

Intrarregional, Interprovincial

e Intraprovincial

Visual Documental

Instrumental

Proceso de Evaluación de la

conformidad de la RTE INEN

043 (bus interprovincial e

Intraprovincial) PROC-2,3,4-1

RTE INEN 043 (2R)

“Vehículos de Transporte Público de

Pasajeros Intrarregional, Interprovincial e Intraprovincial”

Inspección De Carrocerías

Metálicas para vehículos de

Transporte de pasajeros

Visual Documental

Instrumental

Proceso de Evaluación de la

conformidad Unidad Prototipo

PROC-2.3.4-1

NTE INEN 2664:2013 ”Vehículos

Automotores Fabricantes de Carrocerías Metálicas para Vehículos de Transporte de Pasajeros”.

ARTÍCULO 2.- Reconocer al Ing. Oscar Fabián Tene Salazar, portador de la cédula de ciudadanía 1804117081 como Responsable Técnico del Organismo CADME para los alcances de la presente Renovación de Designación.

ARTÍCULO 3.- La presente RENOVACIÓN DE DESIGNACIÓN tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de suscripción.

ARTÍCULO 4. El Organismo de Inspección CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento General de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad., deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

Mantener en todo momento las condiciones en base a las cuales se concedió la designación;

Facilitar información actualizada, en relación con el alcance técnico designado;

No utilizar la designación de manera que pueda perjudicar la reputación del organismo designante o del OAE

Informar inmediatamente al MIPRO, sobre cualquier modificación relativa al cumplimiento de las condiciones que permitieron la designación;

Ser responsables de los resultados de los ensayos y de los certificados de evaluación de la conformidad emitidos respectivamente y, para el caso de los Organismos de Certificación de Productos y de Inspección, ser responsable de los resultados de los ensayos de los productos que hayan sido certificados;

Cobrar las tarifas previamente notificadas al MIPRO para la actividad de evaluación de la conformidad designada, en el caso de los OECs que hayan recibido o cuenten con recursos provenientes del Estado, estos deben solicitar previamente la respectiva aprobación del MIPRO; y,

Otras que se señalen en la Ley, el presente reglamento, o las resoluciones dictadas por el MIPRO o el Comité Interministerial de la Calidad.

ARTÍCULO 5.- El Ministerio de Industrias y Productividad procederá a excluir Organismo de Inspección “CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO METALMECÁNICO CADME” del Registro de Organismo de Inspección DESIGNADOS si incurriere en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones propias de la renovación de designación otorgada mediante esta Resolución.

ARTÍCULO 6.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de la publicación en el Registro oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 26 de septiembre de 2017.

f.) Mgs. Ana Cox Vásconez, Subsecretaria del Sistema de la Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUC￾TIVIDAD.- CERTIFICA.- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- Fecha: 04 de octubre de 2017.- 10:23.- Firma: Ilegible.- 8 fojas.

Nro. ARCP-DE-2017-47

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA

DE REGULACIÓN Y CONTROL POSTAL

Considerando:

Que, el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sea atribuidas en la Constitución y la ley”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que, el artículo 301 de la Constitución, señala que: “Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modifi car, exonerar y extinguir tasas y contribuciones”;

Que, el Estado ecuatoriano, como suscriptor del Convenio Postal Universal, ha acordado establecer y garantizar la prestación del Servicio Postal Universal (SPU) ratificado en las actas de Ginebra de 2008;

Que, en el Suplemento del Registro Oficial nro. 603 de 07 de octubre de 2015, se promulgó la Ley General de los Servicios Postales, creando en su artículo 8 a: “(…) la Agencia de Regulación y Control Postal, como un organismo técnico-administrativo especializado y desconcentrado, adscrito al Ministerio rector del sector postal, con personalidad jurídica de derecho público, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio (…) encargada de regular y controlar a los operadores postales, así como también de velar el cumplimiento de las políticas y directrices dictadas por el Ministerio rector de los servicios postales. (…) La Agencia de Regulación y Control Postal contará con un Directorio y una Directora o Director Ejecutivo”;

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 13 Ibídem, determinan las atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Postal, estableciendo: “1. Ejercer la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia de Regulación y Control Postal; (…) 5. Expedir los reglamentos, normas técnicas y manuales para la regulación, control y desarrollo de la prestación del servicio postal (…)”;

Que, en el Registro Oficial nro. 854 de 04 de octubre de 2016, se publicó el Reglamento General a la Ley General de los Servicios Postales, su artículo 34 dispone: “Sin perjuicio de la aplicación de las reglas establecidas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, las condiciones generales de los contratos de adhesión que celebren los operadores postales con sus usuarios, serán reguladas por la Agencia de Regulación y Control Postal, las que serán de cumplimiento obligatorio por parte de los operadores postales.

Los modelos de contratos de adhesión que utilicen los prestadores de servicios deberán ser remitidos a la Agencia de Regulación y Control Postal para su inscripción en el Registro General de Operadores Postales”.

Que, mediante Resolución No. DIR-ARCP-001-2015-001 de 17 de noviembre de 2015, el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Postal, designó al ingeniero Francisco Cevallos Zambrano, como Director Ejecutivo de la Entidad; y,

En ejercicio de las atribuciones concedidas al Director Ejecutivo en el numeral 5 del artículo 13 de la Ley General de los Servicios Postales,

Expide:

El siguiente: INSTRUCTIVO PARA ESTABLECER CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES

Artículo 1.- El presente instructivo tiene por objeto regular los contratos de adhesión que utilizan los operadores postales en la prestación de los servicios postales.

Artículo 2.- El ámbito de aplicación de este instructivo, se extiende de manera obligatoria a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, de economía popular y solidaria y los que realicen actividades postales.

Artículo 3.- Los contratos de adhesión elaborados de forma unilateral por el Operador Postal y que se utilizan en la prestación de los servicios postales, obligatoriamente serán por escrito e inscritos en el Registro General de Operadores Postales; podrán ser parte de la factura o de la guía de remisión o como documento adjunto debidamente suscrito por las partes, el mismo que deberá constar en idioma castellano y en idiomas ancestrales de uso oficial para los pueblos indígenas.

Artículo 3.- Condiciones mínimas de los contratos de adhesión:

a) COMPARECIENTES:

Nombres y apellidos en el caso de personas naturales.

Nombre o razón social en el caso de personas jurídicas.

Número de cédula o Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Dirección del Remitente y código postal.

b) CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO:

Nombres y apellidos completos del destinatario, dirección y código postal.

Tipo de servicio.

Código de tracking.

Declaración del contenido.

Peso de envío.

Tarifa, seguro e impuestos legales.

Tiempo de entrega.

Declaración que el texto constante en el reverso de las guías de remisión o facturas forma parte integrante del mismo.

c) GENERALES:

Indemnización por los daños que sufra el envío postal debido al incumplimiento de las condiciones de la prestación del servicio, además en el caso de retraso en la entrega del envío postal por causas imputables al operador postal, que se aplicará de conformidad con la normativa expedida por la Agencia de Regulación y Control Postal.

Indemnización en caso de pérdida, robo, hurto, expoliación o avería, que se aplicará de conformidad con la normativa expedida por la Agencia de Regulación y Control Postal.

Declaración que los datos del cliente se encuentran protegidos, salvo pedido expreso de autoridad competente o judicial.

Facultad del remitente para recuperar los envíos postales no entregados al destinatario.

Facultad para presentar reclamos y quejas ante el operador postal dentro del plazo determinado por la Agencia de Regulación y Control Postal.

Artículo 4.- Ningún contrato podrá establecer cláusulas que:

Eximan, atenúen o limiten la responsabilidad del operador postal;

Impliquen renuncia a los derechos de los consumidores o de alguna manera limiten su ejercicio;

Cuando se deba probar un hecho, el operador postal no puede trasladar la presentación de las pruebas al usuario;

Impongan la utilización obligatoria de un arbitraje o mediación;

Permitan al operador postal la variación unilateral del precio o de cualquier condición del contrato;

Autoricen exclusivamente al operador postal de forma unilateral a no cumplir el contrato, o revocar cualquier derecho del consumidor;Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o utilizados antes de que se suscriba el contrato, o sean ilegibles;

Impliquen renuncia por parte del consumidor a presentar quejas o reclamos ante la Agencia de Regulación y Control Postal;

Cualquier otra cláusula o estipulación que cause indefensión al consumidor o sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres; y,

Otras que contravengan a la normativa legal vigente.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Instructivo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 03 de octubre de 2017.

f.) Ing. Francisco Cevallos Zambrano, Director Ejecutivo, Agencia de Regulación y Control Postal.

Es fiel copia del original.- f.) Ilegible.

No. INMOBILIAR-SGLB-2017-0043

Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN LEGAL DE BIENES

DELEGADO DEL DIRECTOR GENERAL DEL

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL

SECTOR PÚBLICO

Considerando:

Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece como deber de las instituciones pública la coordinación de acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución.

Que, el Artículo 227 ibídem establece lo siguiente: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.

Que, el artículo 321 de la Carta Magna dispone, lo siguiente: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberá cumplir su función social y ambiental”.

Que, el numeral 25 del Artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, establece, lo siguiente: “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características”.

Que, el Código Orgánico Monetario y Financiero, en el artículo veintiséis (26) señala lo siguiente: “El Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, parte de la Función Ejecutiva, de duración indefinida, con autonomía administrativa y presupuestaria, cuya organización y funciones están determinadas en la Constitución de la República, este Código, su estatuto, las regulaciones expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y los reglamentos internos”.

Que, el numeral 3 del artículo 56 del citado Código prohíbe al Banco Central del Ecuador, lo siguiente: “(…) Conceder con recursos del Banco Central del Ecuador ayudas donaciones o contribuciones a favor de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, salvo aquellos bienes propios, cuyo traspaso a otras entidades del sector público a título gratuito se podrá realizar conforme lo previsto en la ley”.

Que, la Disposición Transitoria Décima del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone: “De los activos, derechos y competencias de la ex AGD transferidos al Ministerio de Finanzas. Los activos, derechos y competencias que se transfirieron al Ministerio de Finanzas de conformidad con la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, pasarán a partir de la publicación de la presente Ley a la Unidad de gestión y ejecución de derecho público del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD (…). Las Superintendencias, los registradores de la Propiedad, Mercantil o responsables de cualquier otro registro público, procederán a registrar la nueva titularidad de estos bienes en base a esta Ley y el oficio o instrumento que emitirá el Ministerio de Finanzas para tal efecto. En todos los fideicomisos en los que la ex – AGD fue constituyente y/o beneficiaría, los plazos o condiciones con valor de plazo que constan en los contratos de fideicomiso que estableció o mantuvo la ex AGD y que fueron traspasados al Ministerio de Finanzas se declaran vencidos, y el Ministerio de Finanzas procederá a entregar los activos, bienes y derechos constantes en dichos contratos a la unidad de gestión y ejecución del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD.”.

Que, el Artículo 58.8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone, lo siguiente: “Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés social ni, en el caso de donación, de insinuación judicial. Se la podrá realizar por compraventa, permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de activos.”.

Que, el Artículo 61 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone, lo siguiente: “Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público que lleguen a un acuerdo para el efecto, se requerirá resolución motivada de las máximas autoridades”.

Que, el segundo inciso del Artículo 90, de la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público indica, lo siguiente: “[…] Cuando intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso sino donación y, en este evento, existirá transferencia de dominio que se sujetará a las normas especiales de la donación y demás disposiciones legales pertinentes respecto de la materia”.

Que, el Artículo 4 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece: “Los órganos y entidades que comprenden la Función Ejecutiva deberán servir al interés general de la sociedad y someterán sus actuaciones a los principios de legalidad, jerarquía, tutela, cooperación y coordinación, según el caso, bajo los sistemas de descentralización y desconcentración administrativa. Las máximas autoridades de cada órgano y entidad serán responsables de la aplicación de estos principios”.

Que, el Artículo 8 ibídem dispone lo siguiente: “Las Administraciones Públicas, en el desarrollo de su actividad propia y en sus relaciones recíprocas, deberán respetar las competencias de las o tras Administraciones y prestar, en su propia competencia, la cooperación que las demás recabaren para el cumplimiento de sus fines”.

Que, de conformidad con el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 798 publicado en el Registro Oficial No. 485 de fecha 06 de julio del 2011, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 50 de fecha 22 de julio del 2013, se transformó a la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, en Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, como organismo de derecho público, con personalidad jurídica, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 641 de 25 de marzo de 2015, el Presidente de la República reformó el Decreto Ejecutivo Nro. 798 de 22 de junio de 2011, disponiendo en el artículo 1: “[…] Sustitúyase el Artículo 3, por el siguiente: “Artículo 3.- El ámbito de acción del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, será respecto de los bienes inmuebles urbanos de las siguientes entidades: 1.- Las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional; 2.- Las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva y las empresas en las que el Estado posea participación accionaria mayoritaria. También podrá intervenir respecto a inmuebles rurales, siempre y cuando no hayan estado o no estén destinados a actividades agrícolas y no fueren requeridos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP.

De igual manera su ámbito de acción comprende los bienes muebles que no son por destinación inmuebles y que sean transferidos a INMOBILIAR y aquellos que se los reciban en cumplimiento de disposiciones legales expresas…”. Las funciones del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, están determinadas en el Artículo 4 Numeral 8 del Decreto Ejecutivo 798, en el que se establece: “…Gestionar los requerimientos y adquirir inmuebles para satisfacer necesidades públicas de las entidades detalladas en el Artículo 3 de este decreto…”.

Que, mediante RESOLUCIÓN número 01 de 02 de junio de 2017, el Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, resolvió: “Artículo Primero.- Designar al señor Nicolás José Issa Wagner para que ejerza el cargo de Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.”.

Que, mediante Acuerdo Nro. INMOBILIAR-ACUERDO￾DGSGI-2017-0010 de fecha 22 de junio de 2017, el Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR en el Art. 8, literal e) delegó al titular de la Subdirección de Gestión Legal de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, para que en su nombre y representación, emita resoluciones de transferencia de dominio de los bienes inmuebles de propiedad del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

Que, mediante Acuerdo 049 de 9 de marzo de 2010, publicado en el Registro Oficial número 156 de 23 de marzo de 2010, la Ministra de Finanzas creó la “Coordinación General de Administración de Activos y Derechos ex AGD, como unidad administrativa dependiente del despacho de la Ministro/a de Finanzas, con sede en Quito”, la misma que tuvo “como funciones, competencias y atribuciones las conferidas al Ministerio de Finanzas por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera y el Decreto Ejecutivo No. 202 de 31 de diciembre del 2009.”.

Que, el Decreto Ejecutivo 553, publicado en el Registro Oficial 335 del 7 de diciembre de 2010, creó la Unidad de Gestión y Ejecución de derecho público del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD, y decretó lo siguiente: “Art. 3.- Transfiéranse todos las atribuciones, competencias, derechos, obligaciones y patrimonio de la Coordinación General de Administración de Activos y Derechos ex AGD a la Unidad de Gestión y Ejecución de derecho público del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD.”.

Que, Mediante Decreto Ejecutivo número 705 de 25 de junio 2015, suscrito por el economista Rafael Correa, entonces Presidente Constitucional de la República, se decretó: “Artículo 1.- Suprímase la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad. Art. 2.- Transfiéranse todos las atribuciones, funciones, competencias, derechos, obligaciones y patrimonio de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD￾CFN No Más Impunidad al Banco Central del Ecuador, incluyendo los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos. (…) DISPOSICION FINAL.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia el quince de julio del año dos mil quince, encárguese al Gerente General del Banco Central del Ecuador y, en lo que corresponda, al Ministerio de Finanzas y a la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera.”. (Énfasis añadido)

Que, mediante RESOLUCIÓN-ADMINISTRATIVA número BCE guión cero cero tres nueve guión dos mil dieciséis (BCE-0039-2016) de fecha tres (03) de mayo de dos mil dieciséis (2016) suscrita por el Econ. Diego Martínez Vinueza, Gerente General del Banco Central del Ecuador, se resolvió: “Artículo 1.- Transferir a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, a título gratuito bajo la fi gura de donación, de manera irrevocable y como cuerpos ciertos, los inmuebles urbanos pertenecientes a la extinta Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD, que fueron trasladados al Banco Central del Ecuador (BCE), mediante Decreto Ejecutivo No. 705 de 25 de junio de 2015, incluyendo todos los bienes muebles de estos inmuebles. (…)”.

Que, mediante certificado de gravámenes emitido por el señor Registrador de la Propiedad del cantón Quito, se desprende que el inmueble se encuentra a nombre del Banco Central del Ecuador, mismo que se detalla a continuación:

(i) Inmueble producto de la unificación de los lotes de terreno ubicados en el sector las Acacias, situado en la parroquia Chaupicruz, cantón Quito, provincia de Pichincha. Con matrícula CHAUP0061100, código catastral (1190609036000000000).

Que, mediante cédula catastral en propiedad horizontal del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se desprende que el inmueble antes mencionado es Urbano y es de propiedad del Banco Central del Ecuador.

Que, mediante Oficio No. BCE-DRC-2017-0356-O de 21 de septiembre de 2017, la Directora de Regularización y Contratos Quito del Banco Central del Ecuador informó al Subdirector de Gestión Legal de Bienes de INMOBILIAR, lo siguiente: “(…) con el fin de llevar a efecto el proceso de trasferencia a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR, me permito remitir en copias simples la documentación del bien inmueble urbano producto de la unificación de los lotes de terreno ubicados en el sector las Acacias, situado en la parroquia Chaupicruz del cantón Quito (…)”.

Que, mediante Acción de Personal CGAF￾DATH-2017-1268, de fecha 12 de septiembre del 2017, se designó al Mgs. Juan Carlos Paladines, como Subdirector de Gestión Legal de Bienes.

Con las consideraciones expuestas, en ejercicio de la función administrativa y en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, el Acuerdo Nro. INMOBILIAR-ACUERDO-DGSGI-2017-0010, la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público; y, la RESOLUCIÓN-ADMINISTRATIVA NO. BCE-0039-2016 de 03 de mayo de 2016;

Resuelve:

Artículo 1. Aceptar la transferencia a título gratuito y como cuerpo cierto el bien inmueble urbano de propiedad del Banco Central del Ecuador, sin prohibiciones de enajenar, ni gravamen, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, incluyendo todos los bienes muebles que se reputen inmuebles por su destino, accesión o incorporación así como sus accesorios, sus usos, costumbres, entradas y salidas; mismo que se detallan a continuación:

(i) Inmueble producto de la unificación de los lotes de terreno ubicados en el sector las Acacias, situado en la parroquia Chaupicruz, cantón Quito, provincia de Pichincha. Con matrícula CHAUP0061100, código catastral (1190609036000000000).

Artículo 2. Disponer que la Dirección de Legalización del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, coordine con el Banco Central del Ecuador los trámites legales, técnicos y administrativos que correspondan con el objeto de perfeccionar la transferencia de dominio de los inmuebles referidos a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

Artículo 3. Disponer que el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, asuma los gastos que demande la presente transferencia de dominio, estableciéndose expresamente que estos actos jurídicos están exentos del pago de tributos, de conformidad con lo prevenido en los artículos 35 de la Codificación del Código Tributario; 534 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Artículo 4. Disponer que una vez que se perfeccione la transferencia de dominio, la Coordinación General Administrativa Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, suscriba la correspondiente acta entrega recepción y contabilice en los registros de la institución el inmueble recibido como activo de INMOBILIAR, de conformidad con lo establecido en la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público.

Artículo 5. Disponer a la Dirección de Catastro de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, actualice e incorpore en su base de datos el inmueble antes descrito para mantener una información catastral del bien inmueble que ingrese a INMOBILIAR.

Artículo 6. Notificar con el contenido de la presente Resolución al Banco Central del Ecuador, a efecto de que dicho Organismo viabilice eficazmente y a la brevedad posible el proceso de transferencia del inmueble objeto de esta Resolución, así como a la Subdirección de Administración de Bienes, la Subdirección Técnica Inmobiliaria; y, a la Coordinación General Administrativa y Financiera, para los fines consecuentes.

Artículo 7.- Disponer a la Dirección de Legalización, que se realicen las acciones necesarias para su publicación en el Registro Oficial.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción

Dado y firmado en San Francisco de Quito, D. M., el 3 de octubre del dos mil diecisiete.

f.) Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo, Subdirector de Gestión Legal de Bienes, Delegado del Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

No. INMOBILIAR-SGLB-2017-0044

Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN LEGAL DE BIENES DELEGADO DEL DIRECTOR GENERAL DEL

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL

SECTOR PÚBLICO.

Considerando:

Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece como deber de las instituciones públicas la coordinación de acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución.

Que, el Artículo 227 ibídem establece lo siguiente: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.

Que, el artículo 321 de la Carta Magna dispone, lo siguiente: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberá cumplir su función social y ambiental”.

Que, el numeral 25 del Artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, establece, lo siguiente: “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características”.

Que, el Código Orgánico Monetario y Financiero, en el artículo veintiséis (26) señala lo siguiente: “El Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, parte de la Función Ejecutiva, de duración indefinida, con autonomía administrativa y presupuestaria, cuya organización y funciones están determinadas en la Constitución de la República, este Código, su estatuto, las regulaciones expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y los reglamentos internos”.

Que, el numeral 3 del artículo 56 del citado Código prohíbe al Banco Central del Ecuador, lo siguiente: “(…) Conceder con recursos del Banco Central del Ecuador ayudas donaciones o contribuciones a favor de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, salvo aquellos bienes propios, cuyo traspaso a otras entidades del sector público a título gratuito se podrá realizar conforme lo previsto en la ley”.

Que, la Disposición Transitoria Décima del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone: “De los activos, derechos y competencias de la ex AGD transferidos al Ministerio de Finanzas. Los activos, derechos y competencias que se transfirieron al Ministerio de Finanzas de conformidad con la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, pasarán a partir de la publicación de la presente Ley a la Unidad de gestión y ejecución de derecho público del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD (…). Las Superintendencias, los registradores de la Propiedad, Mercantil o responsables de cualquier otro registro público, procederán a registrar la nueva titularidad de estos bienes en base a esta Ley y el oficio o instrumento que emitirá el Ministerio de Finanzas para tal efecto. En todos los fideicomisos en los que la ex–AGD fue constituyente y/o beneficiaría, los plazos o condiciones con valor de plazo que constan en los contratos de fideicomiso que estableció o mantuvo la ex AGD y que fueron traspasados al Ministerio de Finanzas se declaran vencidos, y el Ministerio de Finanzas procederá a entregar los activos, bienes y derechos constantes en dichos contratos a la unidad de gestión y ejecución del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD.”.

Que, el Artículo 58.8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone, lo siguiente: “Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés social ni, en el caso de donación, de insinuación judicial. Se la podrá realizar por compraventa, permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de activos.”.

Que, el Artículo 61 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone, lo siguiente: “Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público que lleguen a un acuerdo para el efecto, se requerirá resolución motivada de las máximas autoridades”.

Que, el segundo inciso del Artículo 90, de la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público indica, lo siguiente: “[…] Cuando intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso sino donación y, en este evento, existirá transferencia de dominio que se sujetará a las normas especiales de la donación y demás disposiciones legales pertinentes respecto de la materia”.

Que, el Artículo 4 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece: “Los órganos y entidades que comprenden la Función Ejecutiva deberán servir al interés general de la sociedad y someterán sus actuaciones a los principios de legalidad, jerarquía, tutela, cooperación y coordinación, según el caso, bajo los sistemas de descentralización y desconcentración administrativa. Las máximas autoridades de cada órgano y entidad serán responsables de la aplicación de estos principios”.

Que, el Artículo 8 ibídem dispone lo siguiente: “Las Administraciones Públicas, en el desarrollo de su actividad propia y en sus relaciones recíprocas, deberán respetar las competencias de las o tras Administraciones y prestar, en su propia competencia, la cooperación que las demás recabaren para el cumplimiento de sus fines”.

Que, de conformidad con el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 798 publicado en el Registro Oficial No. 485 de fecha 06 de julio del 2011, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 50 de fecha 22 de julio del 2013, se transformó a la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, en Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, como organismo de derecho público, con personalidad jurídica, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 641 de 25 de marzo de 2015, el Presidente de la República reformó el Decreto Ejecutivo Nro. 798 de 22 de junio de 2011, disponiendo en el artículo 1: “[…] Sustitúyase el Artículo 3, por el siguiente: “Artículo 3.- El ámbito de acción del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, será respecto de los bienes inmuebles urbanos de las siguientes entidades: 1.- Las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional; 2.- Las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva y las empresas en las que el Estado posea participación accionaria mayoritaria. También podrá intervenir respecto a inmuebles rurales, siempre y cuando no hayan estado o no estén destinados a actividades agrícolas y no fueren requeridos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP.

De igual manera su ámbito de acción comprende los bienes muebles que no son por destinación inmuebles y que sean transferidos a INMOBILIAR y aquellos que se los reciban en cumplimiento de disposiciones legales expresas…”. Las funciones del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, están determinadas en el Artículo 4 Numeral 8 del Decreto Ejecutivo 798, en el que se establece: “…Gestionar los requerimientos y adquirir inmuebles para satisfacer necesidades públicas de las entidades detalladas en el Artículo 3 de este decreto…”.

Que, mediante RESOLUCIÓN número 01 de 02 de junio de 2017, el Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, resolvió: “Artículo Primero

.- Designar al señor Nicolás José Issa Wagner para que ejerza el cargo de Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.”.

Que, mediante Acuerdo Nro. INMOBILIAR-ACUERDO￾DGSGI-2017-0010 de fecha 22 de junio de 2017, el Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR en el Art. 8, literal e) delegó al titular de la Subdirección de Gestión Legal de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, para que en su nombre y representación, emita resoluciones de transferencia de dominio de los bienes inmuebles de propiedad del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

Que, mediante Acuerdo 049 de 9 de marzo de 2010, publicado en el Registro Oficial número 156 de 23 de marzo de 2010, la Ministra de Finanzas creó la “Coordinación General de Administración de Activos y Derechos ex AGD, como unidad administrativa dependiente del despacho de la Ministro/a de Finanzas, con sede en Quito”, la misma que tuvo “como funciones, competencias y atribuciones las conferidas al Ministerio de Finanzas por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera y el Decreto Ejecutivo No. 202 de 31 de diciembre del 2009.”.

Que, el Decreto Ejecutivo 553, publicado en el Registro Oficial 335 del 7 de diciembre de 2010, creó la Unidad de Gestión y Ejecución de derecho público del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD, y decretó lo siguiente: “Art. 3.- Transfiéranse todos las atribuciones, competencias, derechos, obligaciones y patrimonio de la Coordinación General de Administración de Activos y Derechos ex AGD a la Unidad de Gestión y Ejecución de derecho público del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD.”.

Que, Mediante Decreto Ejecutivo número 705 de 25 de junio 2015, suscrito por el economista Rafael Correa, entonces Presidente Constitucional de la República, se

decretó: “Artículo 1.- Suprímase la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGDCFN No Más Impunidad. Art. 2.- Transfiéranse todos las atribuciones, funciones, competencias, derechos, obligaciones y patrimonio de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGDCFN No Más Impunidad al Banco Central del Ecuador, incluyendo los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos. (…) DISPOSICION FINAL.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia el quince de julio del año dos mil quince, encárguese al Gerente General del Banco Central del Ecuador y, en lo que corresponda, al Ministerio de Finanzas y a la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera.”. (Énfasis añadido)

Que, mediante RESOLUCIÓN-ADMINISTRATIVA número BCE guión cero cero tres nueve guión dos mil dieciséis (BCE-0039-2016) de fecha tres (03) de mayo de dos mil dieciséis (2016) suscrita por el Econ. Diego Martínez Vinueza, Gerente General del Banco Central del Ecuador, se resolvió: “Artículo 1.- Transferir a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, a título gratuito bajo la figura de donación, de manera irrevocable y como cuerpos ciertos, los inmuebles urbanos pertenecientes a la extinta Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD, que fueron trasladados al Banco Central del Ecuador (BCE), mediante Decreto Ejecutivo No. 705 de 25 de junio de 2015, incluyendo todos los bienes muebles de estos inmuebles. (…)”.

Que, mediante certificados de gravámenes emitido por el señor Registrador de la Propiedad del cantón Quito, se desprende que los inmuebles se encuentra a nombre del Banco Central del Ecuador, mismos que se detallan a continuación:

(i) Oficina número mil cuatrocientos cinco ( 1405), del décimo cuarto piso, que forma parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de Pichincha. Código GID (217836), código catastral (1030301008001013005).

(ii) Estacionamiento número diez (10), del tercer subsuelo, que forma parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de Pichincha. Código GID (218047), código catastral (1030301008002001023).

Que, mediante cédulas catastrales en propiedad horizontal del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se desprenden que los inmuebles antes mencionados son Urbanos y son de propiedad del Banco Central del Ecuador. Que, mediante Oficio No. BCE-DRC-2017-0358-OF de 26 de septiembre de 2017, la Directora de Regularización y Contratos Quito del Banco Central del Ecuador informó al Subdirector de Gestión Legal de Bienes de INMOBILIAR, lo siguiente: “(…) solicito a usted se sirva emitir la respectiva Resolución de Aceptación, de los inmuebles que se hacen referencia en el presente (…)”.

Que, mediante Acción de Personal CGAFDATH- 2017-1268, de fecha 12 de septiembre del 2017, se designó al Mgs. Juan Carlos Paladines, como Subdirector de Gestión Legal de Bienes.

Con las consideraciones expuestas, en ejercicio de la función administrativa y en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, el Acuerdo Nro. INMOBILIARACUERDO- DGSGI-2017-0010, la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público; y, la RESOLUCIÓN-ADMINISTRATIVA NO. BCE-0039-2016 de 03 de mayo de 2016;

Resuelve:

Artículo 1. Aceptar la transferencia a título gratuito y como cuerpo cierto de los bienes inmuebles urbanos de propiedad del Banco Central del Ecuador, sin prohibiciones de enajenar, ni gravamen, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, incluyendo todos los bienes muebles que se reputen inmuebles por su destino, accesión o incorporación así como sus accesorios, sus usos, costumbres, entradas y salidas; mismo que se detallan a continuación:

(i) Oficina número mil cuatrocientos cinco (1405), del décimo cuarto piso, que forma parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de Pichincha. Código GID (217836), código catastral (1030301008001013005).

(ii) Estacionamiento número diez (10), del tercer subsuelo, que forma parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de Pichincha. Código GID (218047), código catastral (1030301008002001023).

Artículo 2. Disponer que la Dirección de Legalización del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, coordine con el Banco Central del Ecuador los trámites legales, técnicos y administrativos que correspondan con el objeto de perfeccionar la transferencia de dominio de los inmuebles referidos a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

Artículo 3. Disponer que el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, asuma los gastos que demande la presente transferencia de dominio, estableciéndose expresamente que estos actos jurídicos están exentos del pago de tributos, de conformidad con lo prevenido en los artículos 35 de la Codificación del Código Tributario; 534 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Artículo 4. Disponer que una vez que se perfeccione la transferencia de dominio, la Coordinación General Administrativa Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, suscriba la correspondiente acta entrega recepción y contabilice en los registros de la institución los inmuebles recibido como activo de INMOBILIAR, de conformidad con lo establecido en la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público.

Artículo 5. Disponer a la Dirección de Catastro de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, actualice e incorpore en su base de datos los inmuebles antes descritos para mantener una información catastral de los bienes inmuebles que ingresen a INMOBILIAR.

Artículo 6. Notificar con el contenido de la presente Resolución al Banco Central del Ecuador, a efecto de que dicho Organismo viabilice eficazmente y a la brevedad posible el proceso de transferencia de los inmuebles objeto de esta Resolución, así como a la Subdirección de Administración de Bienes, la Subdirección Técnica Inmobiliaria; y, a la Coordinación General Administrativa y Financiera, para los fines consecuentes.

Artículo 7.- Disponer a la Dirección de Legalización, que se realicen las acciones necesarias para su publicación en el Registro Oficial.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción

Dado y firmado en San Francisco de Quito, D. M., el 3 de octubre del dos mil diecisiete.

f.) Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo, Subdirector de Gestión Legal de Bienes, Delegado del Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

No. INMOBILIAR-SGLB-2017-0045

Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN LEGAL DE BIENES

DELEGADO DEL DIRECTOR GENERAL DEL

SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL

SECTOR PÚBLICO

Considerando:

Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece como deber de las instituciones públicas la coordinación de acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución.

Que, el Artículo 227 ibídem establece lo siguiente: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”

Que, el artículo 321 de la Carta Magna dispone, lo siguiente: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberá cumplir su función social y ambiental”.

Que, el numeral 25 del Artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, establece, lo siguiente: “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características”.

Que, el Código Orgánico Monetario y Financiero, en el artículo veintiséis (26) señala lo siguiente: “El Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, parte de la Función Ejecutiva, de duración indefinida, con autonomía administrativa y presupuestaria, cuya organización y funciones están determinadas en la Constitución de la República, este Código, su estatuto, las regulaciones expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y los reglamentos internos”.

Que, el numeral 3 del artículo 56 del citado Código prohíbe al Banco Central del Ecuador, lo siguiente: “(…) Conceder con recursos del Banco Central del Ecuador ayudas donaciones o contribuciones a favor de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, salvo aquellos bienes propios, cuyo traspaso a otras entidades del sector público a título gratuito se podrá realizar conforme lo previsto en la ley”.

Que, la Disposición Transitoria Décima del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone: “De los activos, derechos y competencias de la ex AGD transferidos al Ministerio de Finanzas. Los activos, derechos y competencias que se transfirieron al Ministerio de Finanzas de conformidad con la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, pasarán a partir de la publicación de la presente Ley a la Unidad de gestión y ejecución de derecho público del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD (…). Las Superintendencias, los registradores de la Propiedad, Mercantil o responsables de cualquier otro registro público, procederán a registrar la nueva titularidad de estos bienes en base a esta Ley y el oficio o instrumento que emitirá el Ministerio de Finanzas para tal efecto. En todos los fideicomisos en los que la ex–AGD fue constituyente y/o beneficiaría, los plazos o condiciones con valor de plazo que constan en los contratos de fideicomiso que estableció o mantuvo la ex AGD y que fueron traspasados al Ministerio de Finanzas se declaran vencidos, y el Ministerio de Finanzas procederá a entregar los activos, bienes y derechos constantes en dichos contratos a la unidad de gestión y ejecución del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD.”.

Que, el Artículo 58.8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone, lo siguiente: “Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés social ni, en el caso de donación, de insinuación judicial. Se la podrá realizar por compraventa, permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de activos.”.

Que, el Artículo 61 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone, lo siguiente: “Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público que lleguen a un acuerdo para el efecto, se requerirá resolución motivada de las máximas autoridades”.

Que, el segundo inciso del Artículo 90, de la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público indica, lo siguiente: “[…] Cuando intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso sino donación y, en este evento, existirá transferencia de dominio que se sujetará a las normas especiales de la donación y demás disposiciones legales pertinentes respecto de la materia”.

Que, el Artículo 4 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece: “Los órganos y entidades que comprenden la Función Ejecutiva deberán servir al interés general de la sociedad y someterán sus actuaciones a los principios de legalidad, jerarquía, tutela, cooperación y coordinación, según el caso, bajo los sistemas de descentralización y desconcentración administrativa. Las máximas autoridades de cada órgano y entidad serán responsables de la aplicación de estos principios”.

Que, el Artículo 8 ibídem dispone lo siguiente: “Las Administraciones Públicas, en el desarrollo de su actividad propia y en sus relaciones recíprocas, deberán respetar las competencias de las o tras Administraciones y prestar, en su propia competencia, la cooperación que las demás recabaren para el cumplimiento de sus fines”.

Que, de conformidad con el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 798 publicado en el Registro Oficial No. 485 de fecha 06 de julio del 2011, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 50 de fecha 22 de julio del 2013, se transformó a la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, en Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, como organismo de derecho público, con personalidad jurídica, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera y jurisdicción nacional, con sede principal en la ciudad de Quito.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 641 de 25 de marzo de 2015, el Presidente de la República reformó el Decreto Ejecutivo Nro. 798 de 22 de junio de 2011, disponiendo en el artículo 1: “[…] Sustitúyase el Artículo 3, por el siguiente: “Artículo 3.- El ámbito de acción del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, será respecto de los bienes inmuebles urbanos de las siguientes entidades: 1.- Las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional; 2.- Las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva y las empresas en las que el Estado posea participación accionaria mayoritaria. También podrá intervenir respecto a inmuebles rurales, siempre y cuando no hayan estado o no estén destinados a actividades agrícolas y no fueren requeridos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP.

De igual manera su ámbito de acción comprende los bienes muebles que no son por destinación inmuebles y que sean transferidos a INMOBILIAR y aquellos que se los reciban en cumplimiento de disposiciones legales expresas…”. Las funciones del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, están determinadas en el Artículo 4 Numeral 8 del Decreto Ejecutivo 798, en el que se establece: “…Gestionar los requerimientos y adquirir inmuebles para satisfacer necesidades públicas de las entidades detalladas en el Artículo 3 de este decreto…”.

Que, mediante RESOLUCIÓN número 01 de 02 de junio de 2017, el Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, resolvió: “Artículo Primero.- Designar al señor Nicolás José Issa Wagner para que ejerza el cargo de Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.”.

Que, mediante Acuerdo Nro. INMOBILIAR-ACUERDO￾DGSGI-2017-0010 de fecha 22 de junio de 2017, el Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR en el Art. 8, literal e) delegó al titular de la Subdirección de Gestión Legal de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, para que en su nombre y representación, emita resoluciones de transferencia de dominio de los bienes inmuebles de propiedad del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

Que, mediante Acuerdo 049 de 9 de marzo de 2010, publicado en el Registro Oficial número 156 de 23 de marzo de 2010, la Ministra de Finanzas creó la “Coordinación General de Administración de Activos y Derechos ex AGD, como unidad administrativa dependiente del despacho de la Ministro/a de Finanzas, con sede en Quito”, la misma que tuvo “como funciones, competencias y atribuciones las conferidas al Ministerio de Finanzas por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera y el Decreto Ejecutivo No. 202 de 31 de diciembre del 2009.”.

Que, el Decreto Ejecutivo 553, publicado en el Registro Oficial 335 del 7 de diciembre de 2010, creó la Unidad de Gestión y Ejecución de derecho público del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD, y decretó lo siguiente: “Art. 3.- Transfiéranse todos las atribuciones, competencias, derechos, obligaciones y patrimonio de la Coordinación General de Administración de Activos y Derechos ex AGD a la Unidad de Gestión y Ejecución de derecho público del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD.”.

Que, Mediante Decreto Ejecutivo número 705 de 25 de junio 2015, suscrito por el economista Rafael Correa, entonces Presidente Constitucional de la República, se decretó: “Artículo 1.- Suprímase la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad. Art. 2.- Transfiéranse todos las atribuciones, funciones, competencias, derechos, obligaciones y patrimonio de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD￾CFN No Más Impunidad al Banco Central del Ecuador, incluyendo los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos. (…) DISPOSICION FINAL.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia el quince de julio del año dos mil quince, encárguese al Gerente General del Banco Central del Ecuador y, en lo que corresponda, al Ministerio de Finanzas y a la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera.”. (Énfasis añadido)

Que, mediante RESOLUCIÓN-ADMINISTRATIVA número BCE guión cero cero tres nueve guión dos mil dieciséis (BCE-0039-2016) de fecha tres (03) de mayo de dos mil dieciséis (2016) suscrita por el Econ. Diego Martínez Vinueza, Gerente General del Banco Central del Ecuador, se resolvió: “Artículo 1.- Transferir a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, a título gratuito bajo la figura de donación, de manera irrevocable y como cuerpos ciertos, los inmuebles urbanos pertenecientes a la extinta Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN NO MÁS IMPUNIDAD, que fueron trasladados al Banco Central del Ecuador (BCE), mediante Decreto Ejecutivo No. 705 de 25 de junio de 2015, incluyendo todos los bienes muebles de estos inmuebles. (…)”.

Que, mediante certificados de gravámenes emitido por el señor Registrador de la Propiedad del cantón Quito, se desprende que los inmuebles se encuentra a nombre del Banco Central del Ecuador, mismos que se detalla a continuación:

Oficina número trescientos cuatro (304), que forma parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de Pichincha, con Código GID (217587), código catastral (1030301008001003004).

Estacionamiento número quince (15), que forma parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de Pichincha, con Código GID (218035), código catastral (1030301008002001009).

Oficina número trescientos uno (301), ubicada en el segundo piso que forma parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de Pichincha, con Código GID (217586), código catastral (1030301008001003001).

Estacionamiento número diez y siete (17), del segundo subsuelo que forma parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de Pichincha, con Código GID (218036), código catastral (1030301008002001008).

Que, mediante cédula catastral en propiedad horizontal del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se desprenden que los inmuebles antes mencionados son Urbanos y catastrados a nombre del Banco Central del Ecuador.

Que, mediante Oficio No. BCE-DRC-2017-0365-OF de 02 de octubre de 2017, la Directora de Regularización y Contratos Quito del Banco Central del Ecuador informó al Subdirector de Gestión Legal de Bienes de INMOBILIAR, lo siguiente: “(…) con el fin de llevar a efecto el proceso de trasferencia a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR, me permito remitir el listado actualizado de CUATRO (4) bienes inmuebles urbanos ubicados en la ciudad de Quito (…)”.

Que, mediante Acción de Personal CGAF￾DATH-2017-1268, de fecha 12 de septiembre del 2017, se designó al Mgs. Juan Carlos Paladines, como Subdirector de Gestión Legal de Bienes.

Con las consideraciones expuestas, en ejercicio de la función administrativa y en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, el Acuerdo Nro. INMOBILIAR-ACUERDO-DGSGI-2017-0010, la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público; y, la RESOLUCIÓN￾ADMINISTRATIVA NO. BCE-0039-2016 de 03 de mayo de 2016;

Resuelve:

Artículo 1. Aceptar la transferencia a título gratuito y como cuerpo cierto los bienes inmuebles urbanos de propiedad del Banco Central del Ecuador, sin prohibiciones de enajenar, ni gravamen, a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, incluyendo todos los bienes muebles que se reputen inmuebles por su destino, accesión o incorporación así como sus accesorios, sus usos, costumbres, entradas y salidas; mismo que se detallan a continuación:

Oficina número trescientos cuatro (304), que forma parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de Pichincha, con Código GID (217587), código catastral (1030301008001003004).

Estacionamiento número quince (15), que forma parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de Pichincha, con Código GID (218035), código catastral (1030301008002001009).

Oficina número trescientos uno (301), ubicada en el segundo piso que forma parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de Pichincha, con Código GID (217586), código catastral (1030301008001003001).

Estacionamiento número diez y siete (17), del segundo subsuelo que forma parte del Edificio Banco de Préstamos, situado en la parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia de Pichincha, con Código GID (218036), código catastral (1030301008002001008).

Artículo 2. Disponer que la Dirección de Legalización del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, coordine con el Banco Central del Ecuador los trámites legales, técnicos y administrativos que correspondan con el objeto de perfeccionar la transferencia de dominio de los inmuebles referidos a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

Artículo 3. Disponer que el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, asuma los gastos que demande la presente transferencia de dominio, estableciéndose expresamente que estos actos jurídicos están exentos del pago de tributos, de conformidad con lo prevenido en los artículos 35 de la Codificación del Código Tributario; 534 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Artículo 4. Disponer que una vez que se perfeccione la transferencia de dominio, la Coordinación General Administrativa Financiera del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, suscriba las correspondientes actas entrega recepción y contabilice en los registros de la institución los inmuebles recibidos como activo de INMOBILIAR, de conformidad con lo establecido en la Codificación y Reforma al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público.

Artículo 5. Disponer a la Dirección de Catastro de Bienes del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, actualice e incorpore en su base de datos los inmuebles antes descritos para mantener una información catastral de los bienes inmuebles que ingresen a INMOBILIAR.

Artículo 6. Notificar con el contenido de la presente Resolución al Banco Central del Ecuador, a efecto de que dicho Organismo viabilice eficazmente y a la brevedad posible el proceso de transferencia de los inmuebles objeto de esta Resolución, así como a la Subdirección de Administración de Bienes, la Subdirección Técnica Inmobiliaria; y, a la Coordinación General Administrativa y Financiera, para los fines consecuentes.

Artículo 7.- Disponer a la Dirección de Legalización, que se realicen las acciones necesarias para su publicación en el Registro Oficial.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción

Dado y firmado en San Francisco de Quito, D. M., el 3 de octubre del dos mil diecisiete.

f.) Mgs. Juan Carlos Paladines Salcedo, Subdirector de Gestión Legal de Bienes, Delegado del Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

Nº SIS-DG-2017-008

Mgs. Andrés Sandoval Vargas

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD

ECU 911

Considerando:

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración y descentralización”;

Que el artículo 233 párrafo primero de la Norma Suprema determina que: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”;

Que el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública instituye que: “El supervisor y el fiscalizador del contrato, son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos”;

Que el artículo 121 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevé que: “En todo contrato, la entidad contratante designará de manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiera lugar. Si el contrato es de ejecución de obra, prevé y requiere de los servicios de fiscalización, el administrador del contrato velará porque éste actué de acuerdo a las especificaciones constantes en los pliegos o en el propio contrato”;

Que la Norma de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos N° 408-17 establece que: “El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.

Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto (…)”.

En uso de las facultades y atribuciones que confiere el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y el artículo 11 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos:

Resuelve:

Expedir el Manual para los Administradores de

Contratos, Órdenes de Compra /Servicio y Convenios

de Cooperación Interinstitucional

CAPÍTULO I

Objeto, Alcance y Objetivos

Artículo 1.- Objeto.- El presente manual establece las directrices necesarias para la administración eficaz y eficiente de los contratos, órdenes de compra/ servicios y convenios de cooperación interinstitucional que el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a Nivel Nacional suscriba, con todos sus proveedores e instituciones, sean estas públicas o privadas; así como, los lineamientos, acciones y funciones que desempeña la o el servidor, designado para administrar el cumplimiento de un contrato, órdenes de compra/ servicios y convenio de cooperación interinstitucional.

Artículo 2.- Alcance.- El presente Manual para administradores de contratos, órdenes de compra/ servicios y convenios de cooperación interinstitucional es de obligatorio cumplimiento para todos los servidores y trabajadores del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 que sean designados para la administración, iniciará desde su nombramiento como Administrador y culminará con el acompañamiento y suscripción de las correspondientes actas de entrega recepción definitivas y/ o informes de satisfacción en el caso de contratos y/o órdenes de compra/ servicios, según corresponda; en el caso de convenios de cooperación interinstitucional, actas de liquidación.

Artículo 3.- Objetivos.- Cuidar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los órganos y entidades de control y regulación en las materias pertinentes.

CAPÍTULO II

Responsabilidad del Administrador

Artículo 4.- Serán responsabilidades del Administrador del Contrato, Órdenes de Compra/ Servicios o Convenio de Cooperación Interinstitucional, controlar, supervisar y vigilar la ejecución de los instrumentos asignados a fin de garantizar a la entidad, el fiel cumplimiento de las obligaciones pactadas, con sujeción a la normativa legal vigente.

Artículo 5.- Las funciones del administrador de contrato serán las siguientes:

Gestionar con el Área de Adquisiciones, la obtención de su respectiva clave del portal institucional del SERCOP, a fin de que proceda con el registro, desarrollo y seguimiento del correspondiente contrato, interactuando con la herramienta del sistema de Compras Públicas (subir al portal toda la documentación relevante Art. 13 del Reglamento de la LOSNCP y la Resolución N° RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto del 2016.).

Velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.

Elaborar los respectivos informes de: ejecución del contrato y sus complementarios, aplicación de multas y sanciones, entre otros contemplados en las normas que regulan el Sistema Nacional de Contratación Pública.

Recibir y analizar los requerimientos formulados por el contratista o contraparte, para lo cual coordinará con las diferentes áreas técnicas y administrativas del SIS ECU 911.

Realizar el seguimiento y control periódico de la ejecución del contrato, para lo cual mantendrá los respectivos expedientes documentales que registren todos los actos realizados en virtud de realizar los pagos que correspondan.

Velar el adecuado cumplimiento por parte del Fiscalizador, en los casos de ejecución de obra.

Solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la conformación de la comisión técnica de entrega recepción de bienes o servicios.

Intervenir en las actas de entrega recepción provisional, parcial, total y definitiva, las cuales serán suscritas por el contratista y los integrantes de la comisión técnica designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, la cual estará conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato. Las actas contendrán los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria. En las recepciones provisionales parciales, se hará constar como antecedente los datos relacionados con la recepción precedente. La última recepción definitiva incluirá la información sumaria de todas las anteriores.

Verificar que las facturas estén correctamente presentadas, de acuerdo a la Ley.

Coordinar en todas las instancias del proceso contractual con las diferentes áreas para que los trámites se realicen a tiempo.

Poner en conocimiento del SERCOP el incumplimiento en que hubiese incurrido el proveedor adjudicado mediante comunicación suscrita por la máxima autoridad institucional o su delegado, señalando de manera expresa el incumplimiento en que éste haya incurrido, acompañado de los documentos probatorios que justifiquen los hechos alegados.

Solicitar los pagos de acuerdo a las cláusulas del contrato, en un término no mayor de tres días, desde la suscripción de las correspondientes actas de entrega recepción parcial o total y/o informes de satisfacción, según corresponda; para lo cual, se observará lo contemplado en el artículo 101 de la LOSNCP, respecto de la retención indebida de pagos.

Artículo 6.- Las funciones de un administrador de órdenes de compra/ servicios serán las siguientes:

Realizar la recepción del bien/servicio adquirido.

Verificar que el bien/ servicio recibido cumpla con los términos de referencia o especificaciones técnicas establecidas.

Suscribir la respectiva acta de entrega recepción del bien adquirido y/o informe a satisfacción, según corresponda.

Poner en conocimiento del SERCOP el incumplimiento en que hubiese incurrido el proveedor adjudicado mediante comunicación suscrita por la máxima autoridad institucional o su delegado, señalando de manera expresa el incumplimiento en que éste haya incurrido, acompañado de los documentos probatorios que justifiquen los hechos alegados.

Solicitar los pagos del proveedor en un término no mayor a tres (3) días, desde la realización de la entrega total o parcial, para lo cual se observará lo contemplado en el artículo 101 de la LOSNCP, respecto de la retención indebida de pagos.

Artículo 7.- Las funciones del administrador de convenios de cooperación interinstitucional, serán las siguientes:

Llenar la ficha de evaluación de convenio en los primeros días de cada mes.

Entregar los documentos de respaldo – actas entrega recepción, informes, listas de asistencia, productos entregados, etc. (Cargar en la carpeta virtual).

Reportar al responsable jurídico alcances o modificación al convenio o su ejecución, dentro de 5 días después de efectuada.

Realizar el seguimiento y control periódico de la ejecución del convenio, para lo cual mantendrá los respectivos expedientes documentales que registren todos los actos realizados en virtud del objeto y obligaciones del convenio.

Las que se establecen en el Convenio suscrito.

CAPÍTULO III

Responsabilidad del Fiscalizador

Artículo 8.- Para los casos de contratos de obras en los que se requiera la designación de un fiscalizador, sus responsabilidades serán las siguientes:

Proponer al Administrador del Contrato la organización e infraestructura necesaria, para administrar o inspeccionar el proyecto en el sitio donde éste se construirá.

Planear, programar y aplicar controles de calidad, financiero y de avance físico, que aseguren la correcta ejecución de la obra.

Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los diseños definitivos, las especificaciones técnicas, programas de trabajo y normas técnicas aplicables.

Identificar la posible existencia de errores u omisiones o ambas de forma oportuna, que puedan presentarse en los planos constructivos o especificaciones, así como imprevistos técnicos.

Resolver oportunamente los problemas técnicos que se presenten durante la ejecución de las obras.

Justificar técnicamente los trabajos extraordinarios o las modificaciones que se tengan que realizar durante la ejecución de las obras e informar al administrador del contrato para adoptar las decisiones que correspondan.

Obtener información estadística en el proyecto sobre el rendimiento del personal, materiales, equipos y maquinaria; sobre la incidencia de las condiciones climáticas en el tiempo laborado, o sobre cualquier otro aspecto útil para la preparación de futuros proyectos.

Velar porque los materiales, la mano de obra, equipos y maquinaria empleados en la ejecución de la obra, sean adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones o en la oferta del contratista.

Evaluar el avance del proyecto, al menos una vez por mes, para determinar su estado, documentar los resultados obtenidos y mantener informados a los mandos superiores, sobre el avance de la obra, los problemas surgidos durante su ejecución y las medidas aplicadas.

Excepcionalmente, cuando se presenten problemas que afecten las condiciones pactadas en cuanto a plazos, calidad o presupuesto, comunicarán al administrador del contrato para que lo resuelva.

Coordinar las pruebas finales de aceptación y la entrega de las obras para su entrada en operación.

Realizar los informes correspondientes en caso de celebrar contratos complementarios y suscribir las órdenes de trabajo en el caso de ejecución de obras.

CAPÍTULO IV

Designación del administrador de Contrato, Órdenes

de Compra /Servicio, Convenio de Cooperación

Interinstitucional

Artículo 9.- El ordenador de gasto, designará en calidad de administrador de contrato, órdenes de compra /servicio, al servidor que reúna el perfil profesional necesario para llevar a cabo dicha actividad, considerando su experiencia, criterio analítico, conocimientos en el desarrollo y control del área. La notificación se realizará a través de un Memorando.

En el caso de los contratos, la Dirección de Asesoría Jurídica, notificará al administrador de contrato, adjuntando un ejemplar original del contrato.

Respecto a los convenios de cooperación interinstitucional, la designación se efectuará, en el convenio o en su defecto a través de un memorando instituido por la máxima autoridad o su delegado.

CAPÍTULO V

Cumplimiento de Obligaciones durante

la Ejecución del Contrato

Artículo 10.- Anticipos.- El administrador del contrato solicitará por escrito a la Dirección Financiera, el pago del anticipo establecido contractualmente; para lo cual, deberá adjuntar el expediente completo que garantice el pago.

Artículo 11.- Pago Parciales y Definitivos.- Los pagos parciales y definitivos estipulados contractualmente, deberán ser solicitados por el administrador del contrato, de manera formal (por escrito) al Director/a Financiero/a, conforme a los términos dispuestos en el contrato.

CAPÍTULO VI

Recepción y Liquidación

Artículo 12.- Recepción.- Las directrices para la recepción y liquidación del objeto contractual estará sujetas a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General. Las actas de recepciones provisionales, parciales, totales y definitivas serán suscritas por el contratista y los integrantes de la comisión técnica designada por la máxima autoridad y su delegado, la cual estará conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.

Artículo 13.- Recepción Provisional.- Todo proceso de ejecución de obras deberá contener cláusulas especificas en lo que se refiere al procedimiento para llevar a cabo la recepción del objeto contractual. Para facilidad, se considera una buena práctica estipular en las cláusulas la realización de una “Recepción Provisional” y posteriormente una “Recepción Definitiva”, en las recepciones provisionales, se hará constar como antecedente los datos y/o información relacionada con la recepción precedente. La última recepción provisional incluirá la información sumaria de todas las anteriores.

Las observaciones que fueran necesarias serán transmitidas al Contratista para que cumpla con las correcciones necesarias de manera escrita en forma detallada y concisa; aquellas observaciones deberán estar basadas bajo los siguientes parámetros:

Daños causados a otros trabajos como consecuencia de la ejecución de algún rubro contractual.

Daños o deterioro resultantes de la falta de protección contra la intemperie.

Perdida o daño por robo o vandalismo.

Defectos pasados por alto anteriormente, los cuales si no son corregidos inmediatamente pueden constituirse en daños a la salud y seguridad.

Defectos latentes aun no aparentes, los cuales puedan emerger al hacer uso de la obra ejecutada.

Defectos menores que a juicio de la Fiscalización, podrá ser subsanados antes de la recepción definitiva.

Artículo 14.- Recepción Definitiva.- En los contratos de obra, la recepción definitiva procederá una vez transcurrido el término previsto en el contrato, que no podrá ser menos a seis meses, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de estas.

El acta recepción definitiva será suscrita por las partes, el plazo previsto en el contrato siempre que no existan observaciones pendientes en relaciones con los trabajos de consultoría y el informe final definitivo del estudio o proyecto.

Artículo 15.- Solicitud de Pago.- Para solicitar el pago a través de memorando dirigido al/el director/a financiero/a, el administrador de contrato, orden de compra o servicio deberá adjuntar lo siguiente:

En caso de bienes.

1.- Cuando la adquisición es a través de un contrato u orden de compra, se deberá considerar los documentos mínimos que se detallan a continuación:

Comunicación del proveedor, solicitando la recepción de los bienes.

Acta entrega recepción definitiva.

Nota de ingreso del bien a bodega.

Factura debidamente legalizada.

Garantía técnica.

2.- En el caso de contratos se deberán adicionar a los documentos señalados anteriormente, los que se detallan a continuación:

Memorando de designación de la comisión técnica para la entrega recepción de los bienes.

Informe de satisfacción del administrador del contrato.

Acta entrega recepción definitiva, debidamente legalizada.

Documentos que sustenten las prórrogas autorizadas o no concedidas, en caso de existir.

Documentos adicionales determinados en el contrato.

En caso de servicios:

1.- Cuando la adquisición es a través de un contrato, orden de Servicio, se deberá considerar los documentos mínimos que se detallan a continuación:

Informe por parte del proveedor, en el que se detalle todas las actividades realizadas durante su ejecución.

Informe de satisfacción del administrador del contrato.

Factura debidamente legalizada.

2.- En el caso de contratos se deberán adicionar a los documentos señalados anteriormente, los que se detallan a continuación:

Memorando de designación de la comisión técnica para la entrega recepción de los servicios.

Acta entrega recepción definitiva, debidamente legalizada.

Documentos que sustenten las prórrogas autorizadas o no concedidas, en caso de existir.

Documentos adicionales determinados en el contrato.

Artículo 16.- Liquidación del Contrato.- La liquidación económico contable del contrato, que forma parte integrante del acta entrega recepción, se dejará constancia de lo ejecutado, se determinaran los valores recibidos por el contratista, los pendientes de pago o los que deban deducirse o deba devolver por cualquier concepto, aplicando los reajustes correspondientes, podrá también procederse a las compensaciones a que hubiere lugar, la liquidación final será parte de la recepción definitiva.

Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez días siguientes a la liquidación, vencido el término causaran intereses legales y los daños y perjuicios que justificare la parte afectada.

Disposición General.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la Dirección General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, a los 18 días de julio de 2017.

f.) Mgs. Andrés Sandoval Vargas, Director General, Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

ECU 911.- SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD.- LÍNEA ÚNICA PARA EMERGENCIA.- Es fiel copia del original.- f.) Ilegible.

Nº SIS-DG-2017- 011

MGS. Andrés Sandoval Vargas

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD

ECU 911

Considerando:

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que, el artículo 233 inciso primero de la Norma Suprema, dispone: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”;

Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prescribe lo siguiente: “El supervisor y el fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos. Esta responsabilidad es administrativa, civil y penal según corresponda”;

Que, el artículo 121 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina que: “En todo contrato, la entidad contratante designará de manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiera lugar. Si el contrato es de ejecución de obras, prevé y requiere de los servicios de fiscalización, el administrador del contrato velará porque ésta actúe de acuerdo a las especificaciones constantes en los pliegos o en el propio contrato”;

Que, la Norma de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos N° 408-17 establece que: “El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.

Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto (…)”.

Que, mediante Memorando N° SIS-SIS-2017-0161-M de 09 de junio de 2017, se solicita al abogado Rubén Ochoa, Director de Asesoría Jurídica, en ese momento, “(…) con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los contratos y/o convenios de cooperación interinstitucional suscritos, así como también a generar los mecanismos de control necesarios, con los cuales se adopten las medidas oportunas que resguarden los recursos públicos, comunico su delegación como responsables de la elaboración de manuales e instructivos que sean para uso y entrega de los servidores que cumplan las funciones de administradores de los instrumentos antes referidos”;

Que, mediante Informe General N° DAAC-0058-2017, de 01 de junio de 2017, suscrito por CPA. Ing. Miriam Cañar Iñiguez, Directora de Auditoría de Administración Central de la Contraloría General del Estado, remite las recomendaciones, en base al marco del examen especial realizado a las operaciones administrativas y financieras relacionadas con el proceso de implementación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana FASE I y FASE II a nivel nacional, por el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2011 y el 31 de julio de 2016, en el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911;

Que, mediante Resolución N° SIS-DG-2017-008 de 18 de julio de 2017, suscrita por el Mgs. Andrés Sandoval Vargas, Director General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, resuelve expedir el Manual para los Administradores de Contratos, Órdenes de Compra/Servicio y Convenios de Cooperación Interinstitucional;

Que, mediante Memorando N° SIS-SIS-2017-0295-M de 16 de agosto de 2017, el Mgs. Andrés Sandoval Vargas, Director General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, comunicó a las autoridades del Nivel Jerárquico Superior, a nivel nacional, zonal y local, las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, provenientes del examen especial que se detalla en líneas anteriores. Además solicitó que el cumplimiento de lo dispuesto por el órgano de control, sea efectuado por la Coordinación General Administrativa Financiera y la Dirección de Asesoría Jurídica, a fin de canalizar las recomendaciones en la normativa interna.

En uso de las facultades y atribuciones que confiere el artículo 77 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, el artículo 11 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911:

Resuelve:

Reformar la Resolución N° SIS-DG-2017-008 suscrita por el Director General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, el 18 de julio de 2017, en los siguientes términos:

Artículo 1.- A continuación de la letra l) del artículo 5, agréguese lo siguiente:

“m) Mantener un archivo con los documentos de sustento de las subcontrataciones y de los rubros nuevos, materiales, suministros y costos.

n) Realizar un control previo de las cantidades y valores planillados previas al pago, con el fin de que se cancele los valores correctos, de acuerdo a los rubros ejecutados, establecidos en el proceso pre contractual y contractual.

o) Analizar la pertinencia de modificaciones a los rubros, cantidades y precios unitarios establecidos en las especificaciones técnicas iniciales.

p) Emitir Informes Técnicos, previa a la ejecución de modificaciones de los rubros, cantidades y precios unitarios.

q) Mantener un expediente físico de las modificaciones realizadas a los rubros, cantidades y precios unitarios.

s) Verificar que las cantidades planilladas y los bienes, servicios y obras contratadas, serán las que deban ser canceladas.”

Artículo 2.- A continuación de la letra l) del artículo 8, agréguese lo siguiente:

“m) Mantener un archivo con los documentos de sustento de las subcontrataciones y de los rubros nuevos, materiales, suministros y costos.

n) Realizar un control previo de las cantidades y valores planillados previas al pago, con el fin de que se cancele los valores correctos, de acuerdo a los rubros ejecutados, establecidos en el proceso pre contractual y contractual.

o) Analizar la pertinencia de modificaciones a los rubros, cantidades y precios unitarios establecidos en las especificaciones técnicas iniciales.

p) Emitir Informes Técnicos, previa a la ejecución de modificaciones de los rubros, cantidades y precios unitarios.

s) Verificar que las cantidades planilladas y los bienes, servicios y obras contratadas, serán las que deban canceladas.”

Artículo 3.- A continuación del artículo 16, agréguese el siguiente capítulo con sus respectivos artículos:

“CAPÍTULO VII

Unidades Requirentes

Artículo 17.- Las Unidades requirentes tendrán las siguientes responsabilidades, sin perjuicio de aquellas que se deriven de la Ley, su Reglamento General y demás normativa secundaria expedida para el efecto por el ente rector en materia de contratación pública:

Elaborar los estudios, especificaciones técnicas y presupuesto en base a lo dispuesto a la normativa legal vigente.

Establecer mecanismos en los términos de referencia y especificaciones técnicas, que aseguren el control de la ejecución del contrato.

Elaborar las especificaciones técnicas y presupuesto en forma completa y desagregada a fin de que se puede identificar los respectivos rubros y el objeto contractual.”

Artículo 18.- Las Unidades Operativas del ECU 911, llevarán un control documental

del estado, traslado y recepción de bienes, equipos y sistemas a su cargo”.

Disposiciones Finales

Primera.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Segunda.- Dispóngase la codificación de las Resoluciones N° SIS-DG-2017-008 y N° SIS-DG-2017-011.

Dado en la Dirección General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, a los 19 días de septiembre de 2017.

f.) Mgs. Andrés Sandoval Vargas, Director General, Servicio Integrado de Seguridad

ECU 911. ECU 911.- SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD.- LÍNEA ÚNICA PARA EMERGENCIA.- Es fiel copia del original.- f.) Ilegible.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

No. SB-IRC-2017-54

Ab. Carmen Lucía Carrasco

INTENDENTE REGIONAL DE CUENCA

Considerando:

Que el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los peritos valuadores;

Que la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso;

Que el artículo 4, del capítulo IV “Normas para la calificación y registro de peritos avaluadores”, del título XXI “De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del libro I “Normas generales para las Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y de la Junta Bancaria, establece los requisitos para la calificación de los peritos avaluadores;

Que el ingeniero Pablo Andrés Pucha Aguinsaca, mediante comunicaciones ingresadas en este Organismo de control, de 28 marzo y 3 de mayo de 2017, presenta y completa la documentación, con la finalidad de obtener la calificación como perito valuador de bienes inmuebles de las instituciones financieras controladas por la Superintendencia de Bancos;

Que a la presente fecha, el ingeniero Pablo Andrés Pucha Aguinsaca, no se halla en mora como deudor directo o indirecto y no registra cheques protestados ni cuentas corrientes cerradas;

Que mediante memorando No. SB-IRC-2017-0188-M de 1 de junio 2017, se ha emitido informe favorable para la calificación del ingeniero Pablo Andrés Pucha Aguinsaca; y,

En ejercicio de la delegación de atribuciones conferida por el señor Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2015-151 de 2 de marzo de 2015,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero Pablo Andrés Pucha Aguinsaca, portador de la cédula de ciudadanía No. 1104678915, para que pueda desempeñarse como Perito Valuador de Bienes Inmuebles, en las instituciones que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de peritos valuadores, se le asigne el número de registro No. PVC-2017-1839 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Cuenca, el primero de junio de dos mil diecisiete.

f.) Ab. Carmen Lucía Carrasco, Intendente Regional de Cuenca.

LO CERTIFICO.- Cuenca, primero de junio de dos mil diecisiete.

f.) Ab. Verónica Herrera Jaramillo, Secretaria Ad-Hoc.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Certifico que es fiel copia del original.- Cuenca 7-6-2017.- f.) Ilegible, Superintendencia de Banco, Intendencia Regional de Cuenca.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

No. SB-IRC-2017-56

Ab. Carmen Lucía Carrasco

INTENDENTE REGIONAL DE CUENCA

Considerando:

Que el numeral 24, del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, establece dentro de las funciones otorgadas a la Superintendencia de Bancos, la calificación de los peritos valuadores;

Que la primera disposición transitoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone que las resoluciones que constan en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y de la Junta Bancaria, mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, hasta que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resuelva lo que corresponda, según el caso;

Que el artículo 4, del capítulo IV “Normas para la calificación y registro de peritos avaluadores”, del título XXI “De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del libro I “Normas generales para las Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y de la Junta Bancaria, establece los requisitos para la calificación de los peritos avaluadores;

Que el ingeniero Carlos Alberto Sigüencia Heras, mediante comunicaciones ingresadas en este Organismo de control, de 6 y 30 de junio de 2017, presenta y completa la documentación, con la finalidad de obtener la calificación como perito valuador de bienes inmuebles de las instituciones financieras controladas por la Superintendencia de Bancos;

Que a la presente fecha, el ingeniero Carlos Alberto Sigüencia Heras, no se halla en mora como deudor directo o indirecto y no registra cheques protestados ni cuentas corrientes cerradas;

Que mediante memorando No. SB-IRC-2017-0243-M de 10 de julio 2017, se ha emitido informe favorable para la calificación del ingeniero Carlos Alberto Sigüencia Heras; y,

En ejercicio de la delegación de atribuciones conferida por el señor Superintendente de Bancos mediante resolución No. SB-2015-151 de 2 de marzo de 2015,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- CALIFICAR al ingeniero Carlos Alberto Sigüencia Heras, portador de la cédula de ciudadanía No. 010301443-7, para que pueda desempeñarse como Perito Valuador de Bienes Inmuebles, en las instituciones que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el registro de peritos valuadores, se le asigne el número de registro No. PVC-2017-1850 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Cuenca, el diez de julio de dos mil diecisiete.

f.) Ab. Carmen Lucía Carrasco, Intendente Regional de Cuenca.

LO CERTIFICO.- Cuenca, diez de julio de dos mil diecisiete.

f.) Ab. Verónica Herrera Jaramillo, Secretaria Ad-Hoc.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Certifico que es fiel copia del original.- Cuenca.- f.) Ilegible, Superintendencia de Bancos, Intendencia Regional de Cuenca.