Administración del Señor
Ec. Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Miércoles 04 de Enero de 2017 – R. O. No. 915
SUPLEMENTO
SUMARIO
Presidencia de
la República:
Ejecutivo:
Decretos
1273 Nómbrese
Comandante General de la Fuerza Aérea, al señor Brigadier General Patricio Mora
Escobar
1274 Renuévese
la declaratoria del estado de excepción en las provincias de: Manabí y
Esmeraldas por los efectos adversos del desastre natural ocurrido el 16 de
abril de 2016
1275 Refórmese
el Reglamento General a la Ley de Minería
1276 Declárese
el estado de excepción en el territorio de la provincia de Morona Santiago
Fe de Erratas:
CONTENIDO
Rafael Correa
Delgado
PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL
DE LA
REPÚBLICA
Considerando:
Que el
artículo 147 número 16 de la Constitución de la República establece la facultad
del Presidente de la República para designar a los integrantes del alto mando
militar;
Que mediante
decreto ejecutivo No. 1270 de 9 de diciembre de 2016, se designó como Jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al señor Teniente General César
Merizalde Pavón, anterior Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Visto
el Oficio No. MDN-MDN-2016-S-008, de 9 de diciembre de 2016, mediante el cual
el señor Ministro de Defensa remite la terna de los tres oficiales en servicio activo
más antiguos de la Fuerza Aérea, para la designación Comandante General de esa
Fuerza, que la hará el Presidente Constitucional de la República de conformidad
con el primer inciso del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional;
En ejercicio
de las atribuciones conferidas en el número 16 del artículo 147 de la
Constitución de la República y artículo 31 de la Ley Orgánica de Defensa
Nacional,
Decreta:
Artículo 1.- NOMBRAR
como Comandante General de la Fuerza Aérea, al señor Brigadier General Patricio
Mora Escobar.
Artículo
Final.- Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente
fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en
Milagro, a los nueve días del mes de diciembre de 2016.
f.) Rafael
Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.
Quito 16 de
Diciembre del 2016, certifico que el que antecede es fiel copia del original.
Documento
firmado electrónicamente. Alexis Mera Giler.
SECRETARIO
GENERAL JURÍDICO.
Secretaría
General Jurídica.
Rafael Correa
Delgado
PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL
DE LA
REPÚBLICA
Considerando:
Que el
artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho
de la población tiene derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay;
Que el
artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el
Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos
ambientales negativos cuando exista certidumbre de daño; y, que en caso de duda
sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista
evidencia científica de daño, el Estado adoptará medidas protectoras y
oportunas;
Que el
artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador señala que es
obligación del Estado proteger a las personas, las colectividades y la
naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o
antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la
recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad;
Que de
conformidad con el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador,
el Estado ejercerá la rectoría del sistema nacional descentralizado de gestión
de riesgo a través del organismo técnico establecido en la ley;
Que la Ley de
Seguridad Pública y del Estado, establece a la Secretaría Nacional de Gestión
de Riesgos como órgano rector del sistema nacional descentralizado de gestión
de riesgo;
Que de
conformidad con la ley de la materia son funciones del organismo técnico, entre
otras, articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de
prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar
las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre: y,
realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y
prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados
de desastres o emergencias en el territorio nacional;
Que el día de
16 de abril de 2016 se presentaron eventos telúricos ubicados entre las
provincias de Esmeraldas y Manabí, y posteriormente se han presentado réplicas
de gran intensidad lo que mantiene la tensión por la situación;
Que siendo
entendible la intención de los afectados por reanudar su propósito de vida
ellos pretenden retornar a sus hogares situados en inmuebles que precisamente constituyen
un riesgo para su vida o integridad física, en las zonas afectadas por el
terremoto de 16 de abril de 2016 y sus réplicas, por lo que es necesario tomar
medidas para prevenir esos actos;
Que el
Ministro de Coordinación de Seguridad, mediante oficio No. MICS-DM-2016-0963 de
9 de septiembre de 2016, solicitó la renovación de la declaratoria del estado de
excepción;
En ejercicio
de las facultades que le confieren los artículos 164 y siguientes de la
Constitución de la República: y, 29 y 36 y siguientes de la Ley de Seguridad
Pública y del Estado,
Decreta:
Artículo 1.- RENOVAR
la declaratoria del estado de excepción en las provincias de: Manabí y
Esmeraldas por los efectos adversos del desastre natural ocurrido el 16 de abril
de 2016.
Artículo 2.- DISPONER
LA MOVILIZACIÓN en todo el territorio nacional hacia las provincias de:
Esmeraldas y Manabí; de tal manera que todas las entidades de la Administración
Pública Central e Institucional, en especial las Fuerzas Armadas, de la Policía
Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias afectadas
deberán coordinar esfuerzos con el fin de ejecutar las acciones necesarias e
indispensables para mitigar y prevenir los riesgos, así como enfrentar,
recuperar y mejorar las condiciones adversas, que provocaron los eventos
telúricos del día 16 de abril de 2016 y sus réplicas.
Artículo 3.- SUSPENDER
el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio y de libre tránsito
de los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas, en
las provincias de Manabí y Esmeraldas, por cuanto algunos ciudadanos pretenden
retornar a sus hogares situados en inmuebles que precisamente constituyen un riesgo
para su vida o integridad física. El Ministerio de Coordinación de Seguridad
determinará la forma de aplicar esta medida para conseguir la finalidad
señalada.
Artículo 4.- DISPONER
las requisiciones a las que haya lugar para solventar la emergencia producida.
Las
requisiciones se harán en casos de extrema necesidad y en estricto cumplimiento
del ordenamiento jurídico aplicable para esta situación.
Artículo 5.- El
Ministerio de Finanzas situará los recursos suficientes para atender la
situación de excepción.
Artículo 6.- Esta
renovación del estado de excepción regirá durante treinta días a partir de la
suscripción de este decreto ejecutivo. El ámbito territorial de aplicación es
en las provincias indicadas.
Artículo 7.- Notifíquese
de esta declaratoria de renovación del estado de excepción a la Asamblea
Nacional y a la Corte Constitucional.
Artículo 8.- Notifíquese
de la suspensión del ejercicio del derecho a la inviolabilidad y de libre
tránsito de los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas
que pretenden retornar a sus hogares situados en inmuebles en riesgo, en las
provincias de Manabí y Esmeraldas a la Organización de Naciones Unidas y a la Organización
de Estados Americanos.
Artículo 9.- De
la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia desde la
fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,
encárguense los ministros de: Coordinación de Seguridad, del Interior, de
Defensa, de Finanzas, de Salud, de Inclusión Económica y Social; y la
Secretaria de Gestión de Riesgos.
Dado, en la
ciudad de Portoviejo, a 13 de diciembre de 2016.
f.) Rafael
Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.
Quito 16 de
Diciembre del 2016, certifico que el que antecede es fiel copia del original.
Documento firmado
electrónicamente.
Alexis Mera
Giler.
SECRETARIO
GENERAL JURÍDICO.
Secretaría
General Jurídica.
Rafael Correa
Delgado
PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL
DE LA
REPÚBLICA
Considerando:
Que, la
Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum el 28 de
septiembre del año 2008 y publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de
octubre de 2008, establece en los artículos 1, 313, 316 y 408 que, inter alia,
los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su
patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible en general, los
productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos; y, se reserva
el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar bajo los principios
de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia; así como
también delegar de manera excepcional a la iniciativa privada y a la economía
popular y solidaria;
Que, el
numeral 11 del artículo 261 de la Carta Fundamental prescribe que el Estado
Central tendrá competencias exclusivas sobre los recursos energéticos,
minerales e hidrocarburíferos;
Que, la Ley de
Minería fue promulgada en el Registro Oficial Suplemento No. 517 del 29 de
enero del 2009, y conforme a sus artículos 39 y 41, se establece que el concesionario
minero deberá suscribir con el Estado, a través del Ministerio Sectorial, un
contrato de explotación minera que contendrá los términos, condiciones y plazos
para las etapas de construcción y montaje, extracción, transporte y
comercialización de los minerales obtenidos dentro de los límites de la
concesión minera;
Que, la
Disposición General Tercera de la Ley de Minería prescribe que: ?el Estado es
el titular de las regalías, patentes, utilidades laborales atribuibles al
Estado en el porcentaje que le corresponda de acuerdo con esta Ley y del ajuste
que sea necesario para cumplir con el artículo 408 de la Constitución, mismos
que serán recaudados a través del Servicio de Rentas Internas, que para estos
fines está investido de todas las facultades y atribuciones que le otorga la
normativa tributaria vigente y esta Ley?;
Que, para
cumplir con la aludida disposición general, el Ministerio de Recursos Naturales
no Renovables mediante Acuerdo Ministerial No. 323, publicado en el Registro
Oficial No. 657 de 9 de marzo de 2012, expidió el Instructivo de auditoría,
cálculo de regalías y beneficios de la actividad minera metálica;
Que, el
artículo 2 del Reglamento General a la Ley de Minería señala que: ?Corresponde
al Presidente de la República la definición y dirección de la política minera nacional.
Para el desarrollo de dicha política, su ejecución y aplicación, el Estado
obrará por intermedio del Ministerio Sectorial, y las entidades y organismos
que se determinan en la Ley de Minería y este Reglamento?;
Que, el
Decreto Ejecutivo No. 475 publicado en el Registro Oficial No. 385 de 28 de
noviembre de 2014, reforma el Reglamento General a la Ley de Minería en
relación con el Impuesto a los ingresos extraordinarios y el Ajuste Soberano;
Que, el
presente reglamento tiene por objeto definir el procedimiento para el cálculo y
aplicación de impuestos y otras contribuciones a la actividad minera.
En ejercicio
de las atribuciones que le otorga el numeral 13 del artículo 147 de la
Constitución de la República
Decreta:
Expedir las
siguientes REFORMAS AL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE MINERÍA
Artículo 1.- En
el artículo 86.1 del Reglamento General a la Ley de Minería efectúense las
siguientes reformas:
1.- Agréguese
el siguiente texto al inicio del título del artículo 86.1:
?Del precio
base?; debiendo quedar: ?86.1 Del precio base del Impuesto a los Ingresos
Extraordinarios.-?
2.- Agréguese
el siguiente texto a continuación del primer inciso del artículo 86.1:
?Este cálculo
se actualizará cada mes usando para el efecto la información disponible a ese
momento, de manera que se establecerá un solo precio base nacional para cada metal
cada mes, el cual se aplicará a todas las concesiones mineras sujetas al
régimen de minería a gran escala que han recuperado su inversión desde una
perspectiva financiera.?
3.-
Sustitúyase la definición de la variable ?PM? por la siguiente:
?PM = Promedio
de los precios diarios de los últimos 10 años del metal relevante ajustados a
términos reales a la fecha del cálculo usando la variación del índice de
precios al consumidor de los Estados Unidos de América (CPI, por sus siglas en
inglés) publicado por el Banco Central del Ecuador, o la entidad que haga sus
veces, o de no existir, a través de los índices publicados por el Bureau of Labor
Statistics de Estados Unidos de Norte América.?
4.- Agréguese
después de las definiciones de las variables de la fórmula para el cálculo del
precio base, lo siguiente:
?El promedio
de los precios diarios de los últimos diez años del metal relevante incluirá
los siguientes rubros:
Donde:
n = Número de
observaciones diarias durante el periodo de cálculo
i = Días de
mercado de los 10 años anteriores a la fecha de cálculo
PMn = Promedio
de los precios diarios de los últimos 10 años del metal relevante.
PDi = Precio
de cada día i
FIi = Factor
de inflación, calculado a partir de la variación del índice de los precios al
consumidor de los Estados Unidos de América (CPI, por sus siglas en inglés)
publicado por el Banco Central del Ecuador, o la entidad que haga sus veces, o
de no existir, a través de los índices publicados por el Bureau of Labor
Statistics de Estados Unidos de Norte América, entre la fecha de cada precio i
y la fecha de cálculo?.
Artículo 2.- Agréguese
a continuación del artículo 86.1 en el Reglamento General a la Ley de Minería,
el siguiente artículo innumerado:
?Art….- Del
cálculo del Impuesto a los Ingresos Extraordinarios.- El cálculo del Impuesto a
los Ingresos Extraordinarios, tanto para el mineral principal, como para los minerales
secundarios, será realizado una vez que se cuente con la liquidación definitiva
de cada venta, liquidación que deberá ser presentada en un plazo no mayor a
cinco meses contados a partir de la fecha de venta, de conformidad con la
siguiente fórmula:
IIE = (PVB
?PB) x CM x 70%
Donde:
IIE = Impuesto
a los Ingresos Extraordinarios
PVB = Precio
de Venta Bruto, este es el precio de venta internacional del mineral metálico
pagable contenido en el Mineral Principal o Secundario, mismo que será igual al
precio de venta definido en los Contratos de Comercialización respectivos.
PB = Precio
Base
CM = Cantidad
de mineral
El cálculo
antes detallado será realizado por cada venta y con base a la información
contenida en la liquidación definitiva; por consiguiente, si el Precio de Venta
Bruto es menor o igual al Precio Base, el valor a ser pagado será igual a cero
(0).
Los Contratos
de Comercialización deben ser registrados en el Registro Minero con quince días
de anticipación a la fecha de inicio de la carga de la primera venta de las exportaciones
a que se refieran. Cualquier modificación a los Contratos de Comercialización
será aplicable para las ventas posteriores a la fecha de dicha modificación y
deberá ser igualmente registrada en el Registro Minero con quince días de
anticipación a la fecha de inicio de la carga de la primera venta de la o las
exportaciones a que se refiere.?.
Artículo 3.- En
el inciso primero del artículo 86.2 del Reglamento General a la Ley de Minería,
sustitúyanse las palabras ?del contrato de explotación minera? por las palabras
?de la concesión minera?.
Artículo 4.- En
los artículos 86.3 y 86.4 del Reglamento General a la Ley de Minería realícense
los siguientes cambios:
1.-
Sustitúyase en la definición de la variable i = años del contrato
transcurridos, por la siguiente: ?i = años transcurridos desde la fecha de
otorgamiento de la concesión minera?.
2.-
Sustitúyanse las palabras ?del contrato de explotación minera? y ?al contrato
de explotación minera? por ?de la concesión minera?.
DISPOSICIÓN
FINAL.- El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.
Dado en el
Palacio Nacional, en Quito, a, 14 de diciembre de 2016.
f.) Rafael
Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.
f.) Patricio
Rivera Yánez, Ministro Coordinador de la Política Económica.
Quito 16 de Diciembre
del 2016, certifico que el que antecede es fiel copia del original.
Documento firmado
electrónicamente.
Alexis Mera
Giler.
SECRETARIO
GENERAL JURÍDICO.
Secretaría
General Jurídica.
Rafael Correa
Delgado
PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL
DE LA
REPÚBLICA
Considerando:
Que, el
artículo primero de la Constitución de la República, en sus dos primeros
incisos establecen:
?El Ecuador es
un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en
forma de república y se gobierna de manera descentralizada.
La soberanía radica
en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a
través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa
previstas en la Constitución.?;
Que, el
numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República instituye que uno
de los deberes primordiales del Estado es el de garantizar a sus habitantes el
derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad
democrática y libre de corrupción;
Que, el
apartado a) del numeral 3 del artículo 66 de la Constitución de la República
establece que el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad
personal que incluye entre otras la integridad física, psíquica y moral;
Que, el
artículo 164 de la Constitución de la República faculta al Presidente de la
República decretar estados de excepción en todo el territorio nacional o en
parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno,
grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración
del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del
Estado.;
Que el
artículo 393 de la Constitución de la República estatuye que el Estado
garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas,
para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de
paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de
infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se
encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno;
Que, el
artículo 32 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece que los casos
de estado de excepción son: agresión, conflicto armado internacional o interno,
grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural;
Que, el
artículo 35 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece: Declarado el
estado de excepción y siempre que el Presidente de la República haya dispuesto el
empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, deberán coordinar acciones
para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, responsable del mantenimiento
del orden público, hasta que éste haya sido restablecido;
Que, el día de
hoy 14 de diciembre de 2016, se han generado agresiones a miembros de la
Policía Nacional y Fuerzas Armadas en la provincia de Morona Santiago, Cantones
San Juan Bosco y Limón Indaza, por parte de grupos ilegalmente armados, que presuntamente
han provocado hasta el momento una víctima mortal y varios heridos, y que por
tanto, atentan contra la seguridad ciudadana, la integridad de las personas, y
la paz y convivencia social;
Que, se vuelve
necesario identificar el grupo o grupos de personas ilegalmente armadas que se
han reunido para generar estos actos de agresión, con el fin de evitar futuros
hechos de violencia que puedan comprometer los derechos fundamentales de los ciudadanos;
Que, algunos
medios locales de comunicación que han servido de plataforma para instigar y
provocar los referidos actos de agresión y violencia;
Que, el
Ministro de Coordinación de Seguridad, mediante oficio No. MICS-DM-2016-0978 de
14 de diciembre de 2016, solicitó la declaratoria del estado de excepción;
En ejercicio
de las facultades que le confieren los artículos 164 y siguientes de la Constitución
de la República; y, 29, 32 y siguientes de la Ley de Seguridad Pública y del
Estado,
Decreta:
Artículo 1.- DECLARAR
el Estado de Excepción en el territorio de la Provincia de Morona Santiago, en
razón de las agresiones a miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en
la Provincia de Morona Santiago, cantones San Juan Bosco y Limón Indaza, por
parte de grupos ilegalmente armados, han atentado contra la seguridad
ciudadana, la integridad de las personas, y la paz y convivencia social, que
generan una grave conmoción interna en esa provincia de la región amazónica.
Artículo 2.- LA
MOVILIZACIÓN de personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, para
garantizar el orden interno en la Provincia de Mor ona Santiago.
Se dispone a
los señores Ministros Defensa Nacional y del Interior para que, mediante el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ejecuten las
acciones necesarias con la finalidad de que se garantice a los habitantes de la
Provincia de Morona Santiago seguridad interna, ciudadana y humana, derechos
tutelados por la Constitución de la República y deber fundamental del Estado.
Artículo 3.- SUSPENDER
el ejercicio de los derechos previstos en los numerales, 13, 14, y 22 del
artículo 66 de la Constitución de la República, y el derecho a la información
en los términos del numeral 4 del artículo 165 del mismo Código Político, en la
Provincia de Morona Santiago, que se refieren a: el derecho a la libertad de
expresión y opinión, el derecho a asociarse y reunirse; el derecho a transitar
libremente; y el derecho a la inviolabilidad de domicilio por cuanto algunos
ciudadanos pretenden generar violencia que constituye un riesgo para su vida o
integridad física. El Ministerio de Coordinación de Seguridad determinará la forma
de aplicar esta medida.
Artículo 4.- El
período de duración de este estado de excepción es de 30 días a partir de la
suscripción del presente decreto ejecutivo. El ámbito territorial de aplicación
es la Provincia de Morona Santiago. Artículo 5.- Notifíquese esta declaratoria
a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, a la Organización de los
Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas.
Artículo 6.- De
la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia desde la
fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,
encárguense los Ministros de Defensa y del Interior.
Dado en San
Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 14 de diciembre del
2016.
f.) Rafael
Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.
Quito 16 de
Diciembre del 2016, certifico que el que antecede es fiel copia del original.
Documento firmado
electrónicamente.
Alexis Mera
Giler.
SECRETARIO
GENERAL JURÍDICO.
Secretaría
General Jurídica
– Rectificamos
el error deslizado en la portada del Séptimo Suplemento del Registro Oficial
No. 913 de 30 de diciembre de 2016.
