Registro Oficial No 906- Miércoles 06 de Marzo de 2013 Suplemento

marzo 8, 2013

n n Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado n n Presidente Constitucional de la República del Ecuador n n Miércoles 06 de Marzo de 2013 – R. O. No. 906 n n SUPLEMENTO n n SUMARIO n n Corte Constitucional del Ecuador: n n Resolución n n 001-2013-CC Refórmase el Reglamento de Sustanciación de […]

n Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

n Presidente Constitucional de la República del Ecuador

n Miércoles 06 de Marzo de 2013 – R. O. No. 906

n SUPLEMENTO

n SUMARIO

n Corte Constitucional del Ecuador:

n Resolución

n 001-2013-CC Refórmase el Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de esta Corte

n Sentencias

n 012-12-SEP-CC-2012 Acéptase la acción extraordinaria de protección propuesta por el señor Víctor Manuel Díaz Almeida y otro

n 081-12-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección presentada por el Dr. Walter Eraldo Cuenca Herrera

n 192-12-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Luis Alberto Rosero Sánchez

n Servicio de Rentas Internas:

n Circular

n NAC-DGECCGC13-00001 A quienes realicen importaciones de bebidas contenidas en botellas plásticas gravadas con el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, a los recicladores y a los centros de acopio

n Resoluciones

n NAC-DGERCGC13-00085 Refórmase la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00568, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 788 de 13 de septiembre de 2012

n NAC-DGERCGC13-00086 Derógase la Resolución No. NAC-DGER2005-0029 de la Dirección General del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial No. 514 de 28 de enero de 2005

n Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanza Municipal:

n – Cantón Loreto: Reformatoria a la Ordenanza para la determinación, gestión, recaudación e información de las contribuciones especiales de mejoras, por obras ejecutadas en el cantón

n CONTENIDO

n n n

n CORTE CONSTITUCIONAL

n DEL ECUADOR

n RESOLUCIÓN 001-2013-CC

n El Pleno de la Corte Constitucional

n CONSIDERANDO:

n Que, la Constitución de la República, publicada en Registro Oficial N.º 449 del 20 de octubre de 2008, en su artículo 429 establece que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia en esta materia;

n Que, se encuentra en vigencia la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en Registro Oficial N.º 52 del 22 de octubre de 2009;

n Que, el numeral 8 del artículo 191 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional confiere al Pleno de la Corte Constitucional la facultad de expedir, interpretar y modificar, a través de resoluciones, los reglamentos internos necesarios para el funcionamiento de la Corte Constitucional;

n Que, el Pleno de la Corte Constitucional para el período de transición, de conformidad con la Undécima Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dictó el Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, publicado en el Registro Oficial N.º 127 del 10 de febrero del 2010;

n Que, la Primera Corte Constitucional del Ecuador fue posesionada en sus funciones el día 6 de noviembre de 2012, de conformidad con los artículos 434 de la Constitución de la República y 183 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional;

n Que, para la eficaz aplicación de los principios y reglas establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es necesario que la Corte Constitucional cuente con la interpretación constitucional atinente a los requisitos de admisibilidad de la acción extraordinaria de protección;

n En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la siguiente:

n RESOLUCIÓN

n PRIMERO.- Agréguese a continuación del cuarto inciso del artículo 35 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, el siguiente inciso:

n ?El cómputo del término de veinte días establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se contará a partir de que la última decisión judicial a la que se imputa la violación del derecho constitucional o del debido proceso se encuentre ejecutoriada?.

n SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efectos para todas las causas que se encuentren en conocimiento de la Sala de Admisión en funciones, a partir de esta fecha y sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

n DISPOCISIÓN FINAL.- Publíquese y cúmplase.

n Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, a los 5 días del mes de marzo del 2013.

n f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente.

n Razón: Siento por tal que la Resolución que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, con 6 votos de los señores jueces y señoras juezas: Marcelo Jaramillo Villa, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz Guzmán, Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire, sin contar con la presencia del señor juez y señoras juezas Antonio Gagliardo Loor, Ruth Seni Pinoargote y María del Carmen Maldonado Sánchez, en sesión ordinaria del 05 de marzo de 2013.

n f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.

n CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado Por: Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, a 05 de marzo del 2013.- f.) Ilegible.- Secretaría General.

n CORTE CONSTITUCIONAL PARA EL

n PERIODO DE TRANSICIÓN

n Quito, D.M., 15 de febrero del 2012.

n SENTENCIA N.º 012-12-SEP-CC-2012

n CASO N.º 1088-11-EP

n Juez Constitucional Ponente: Dr. Patricio Pazmiño Freire

n I. ANTECEDENTES

n Resumen de admisibilidad

n La presente acción extraordinaria de protección fue presentada por el señor Víctor Manuel Díaz Almeida y Nelson Vicente Díaz Andrade el 28 de junio del 2011. Esa misma fecha, la Secretaría General de la Corte Constitucional certifica que en referencia a la acción extraordinaria de protección N.º 1088-11-EP, no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.

n Con fecha 13 de septiembre del 2011, la Sala de Admisión, conformada por la doctora Ruth Seni Pinoargote y los doctores Edgar Zárate Zárate y Hernando Morales Vinueza, avoca conocimiento de la causa N.º 1088-11-EP, resolviendo, en el marco de los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional1, admitir la causa N.º 1088-11-EP al reunir los requisitos de procedibilidad contenidos en la Constitución de la República2 y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, disponiendo que se proceda al sorteo correspondiente para la sustanciación de la acción. El auto de admisión de la presente causa fue notificado el 16 de septiembre del 2011.

n De conformidad con el sorteo realizado en la sesión del Pleno del Organismo del 12 de octubre del 2011, al doctor Patricio Pazmiño Freire le corresponde sustanciar la causa N.º 1088-11-EP.

n El 31 de octubre del 2011, el doctor Patricio Pazmiño Freire avoca conocimiento de la causa, en consonancia con la normativa aplicable al caso correspondiente al Título II, Capítulo VIII de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y a los artículos 18 y 19 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. El 7 de noviembre del 2011 las partes fueron notificadas del avoco dentro del proceso.

n Argumentos jurídicos planteados en la demanda

n Los señores Víctor Manuel Díaz Almeida y Nelson Vicente Díaz Andrade presentan acción extraordinaria de protección en contra de la Sentencia emitida por los señores jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia con fecha 30 de mayo del 2011 a las 10h00.

n Argumentan que el señor Víctor Manuel Díaz Almeida actualmente tiene 83 años de edad y es legítimo propietario de la casa ubicada en la Avenida Atahualpa N.º 3089, del barrio San José del Vínculo, parroquia Sangolquí del cantón Rumiñahui, conforme se acredita con el certificado conferido por el señor registrador de la propiedad de dicho cantón. Ese bien inmueble fue arrendado al señor Nelson Díaz desde el 15 de junio del 2007. Este contrato tuvo vigencia hasta el 5 de marzo del 2009, fecha en la cual se expidió una orden de desalojo en contra del arrendatario por falta de pago de las mensualidades de arrendamiento.

n Indican que el señor Segundo Samuel Larco Amores, consuegro del señor Víctor Manuel Díaz Almeida, presenta una denuncia acusándolos de haber cometido el delito de falsedad ideológica en la suscripción del contrato de arrendamiento. Sobre el tema, los accionantes indican que la validez del

n n n n n
n

n 1 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el suplemento del Registro Oficial Nº 52 de 22 de octubre de 2009.

n 2 Constitución de la República de Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nº 449 de 20 de Octubre de 2008. contrato de arrendamiento fue declarado por el juez décimo séptimo de lo civil de Pichincha en Sentencia ejecutoriada. Según los accionantes ?la validez del contrato no ha sido ni siquiera cuestionada por cuanto nadie ha demandado su falsedad, consecuentemente no existe sentencia que declare a este contrato de arrendamiento como falso y que en ella se ordene el enjuiciamiento penal?, lo que presuntamente vulneraría el principio de prejudicialidad contenido en el artículo 180, tercer inciso del Código de Procedimiento Civil.

n En ese mismo sentido indican que la detención realizada al señor Víctor Manuel Díaz Almeida ha violado diversos tratados internacionales de derechos humanos e informes de organismos internacionales de derechos humanos, toda vez que al tener 83 años de edad y una situación de salud precaria, se ha solicitado en varias ocasiones la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión, sin obtener pronunciamiento alguno de la Tercera Sala de la Corte Provincial de Garantías Penales de Pichincha, presuntamente vulnerando su derecho a la libertad e integridad personal, contenidos en la Constitución de la República y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

n Pretensión concreta

n Los accionantes solicitan que se enmienden las violaciones constitucionales que ocurrieron dentro del proceso y además se conceda el arresto domiciliario al señor Víctor Manuel Díaz Almeida, designando su domicilio en la Avenida Atahualpa N.º 3089, del barrio San José del Vínculo, parroquia Sangolquí del cantón Rumiñahui.

n Contestación a la demanda

n Dentro del expediente no consta ningún pronunciamiento o informe proveniente de los legitimados pasivos, jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, del fiscal general del Estado y del señor Larco Amores Segundo Samuel, a pesar de haber sido notificados en sus respectivos lugares de trabajo y casillero judicial, respectivamente.

n II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA

n CORTE CONSTITUCIONAL

n Competencia

n La Corte Constitucional, para el periodo de transición, es competente para conocer y resolver sobre las acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 429 y 437 de la Constitución de la República, y el artículo 27 del Régimen de Transición, publicado con la Constitución de la República en el Registro Oficial N.º 449 del 20 de octubre del 2008, en concordancia con el artículo 191 numeral 2 literal d y Tercera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 3 numeral 8, literal b y artículo 35 tercer inciso del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

n
n

n Legitimación activa

n Según el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción extraordinaria de protección puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que han o hayan debido ser parte en un proceso. Dentro del presente caso, los señores Víctor Manuel Díaz Almeida y Nelson Vicente Díaz Andrade son legitimados activos en la presente causa, toda vez que formaron parte del proceso 0006-2011-LVR, seguido en su contra por el señor Segundo Lacro Amores, y cuya resolución expedida por los señores jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la corte Nacional de Justicia, del 30 de mayo del 2011 a las 10h00, es actualmente impugnada mediante la presente acción extraordinaria de protección.

n Cuestión previa sobre la naturaleza, alcance y efectos de la acción extraordinaria de protección

n Tal como esta Corte lo ha expuesto en diferentes oportunidades, la justicia ordinaria debe también ser responsable en el cumplimiento y garantía de los derechos contenidos en la Constitución, más aún respecto de los principios y derechos en los que se enmarca el debido proceso y el derecho a la seguridad jurídica, por lo que resulta lógico que existan mecanismos que tutelen aquellos derechos presuntamente vulnerados dentro de procesos de justicia ordinaria.

n En ese sentido, es preciso advertir que todos los poderes del Estado deben respetar la Constitución, y como tal la justicia ordinaria se enfrenta ante situaciones que guardan relación directa con derechos constitucionales, por lo que inadvertir dicha relación significaría restar primacía a la Constitución y desconocer su carácter vinculante y de aplicación directa por todos los funcionarios y autoridades públicas del país, sin importar su pertenencia a cualquier poder del Estado.

n El cambio de paradigma constitucional, generado por la aprobación de la Constitución del 2008, prevé la posibilidad extraordinaria de tutelar los derechos constitucionales que pudieran ser vulnerados durante la emisión de una sentencia definitiva o auto definitivo resultado de un proceso judicial. De esta manera, la acción extraordinaria de protección debe ser entendida como una garantía constitucional que tiene por objeto verificar el cumplimiento del debido proceso y garantizar además los derechos constitucionales que, presuntamente, podían haber sido vulnerados dentro de procesos jurisdiccionales, por lo que cabe recordar que la acción extraordinaria de protección no puede ser confundida con un recurso procesal o una nueva instancia dentro del proceso, sino que es de naturaleza extraordinaria y deben cumplirse ciertos requisitos para que sea procedente.

n En ese sentido, el artículo 94 de la Constitución de la República dispone los requisitos que deben ser cumplidos para que la acción extraordinaria de protección sea procedente, dentro de los cuales consta su pertinencia en contra de sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución y en los cuales se hayan agotado todos los recursos ordinarios o extraordinarios dentro del término legal.

n Por este motivo, la Corte Constitucional debe aclarar que solo se pronunciará respecto de la posible violación de derechos reconocidos y garantizados en la Constitución de la República de Ecuador o en Instrumentos Internacional de Derechos Humanos, de los cuales el Ecuador sea signatario, y no de temas que son competencia de la justicia ordinaria y se relacionan a circunstancias de mera legalidad.

n La Corte conocerá si existe violación al debido proceso u otro derecho reconocido en la Constitución de la República, con estricto respeto y apego a la Competencia de la Máxima Corte de justicia ordinaria para resolver en derecho y conforme a las reglas del debido proceso, los casos sometidos a su conocimiento.

n Determinación de problemas jurídicos

n i. La inexistencia de los centros adecuados para el cumplimiento de condenas a penas privativas de libertad de personas pertenecientes al grupo de atención prioritaria de adultos mayores (mayor de 65 años de edad) ¿vulnera el derecho contenido en el artículo 38 numeral 7, en concordancia con el artículo 77 numeral 12 de la Constitución de la República, obligando a aplicar medidas o penas alternativas a la privación de la libertad?

n En base al problema jurídico planteado, esta Corte se referirá primeramente a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el señor Víctor Manuel Díaz Almeida, y su pertenencia a un grupo de atención prioritaria; seguidamente se pronunciará respecto a la necesidad de contar con centros de rehabilitación adecuados para personas adultas mayores y por último verificará si en el presente caso se ha vulnerado o no los derechos del señor Víctor Manuel Díaz Almeida.

n a) Situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el señor Víctor Manuel Díaz Almeida

n En primer lugar, llama la atención de esta Corte la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el señor Víctor Manuel Díaz Almeida, al ser un ciudadano mayor de edad de 84 años y con graves trastornos de salud, lo que lo sitúa dentro de los grupos de atención prioritaria protegidos especialmente por la Constitución, tal como consta en los artículos 36, 37 y 38 de la Constitución de la República, en especial el derecho a acceder a una vivienda que asegure su vida digna (artículo 37 numeral 7) y la creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad, mediante la creación de centros adecuados para tal efecto (artículo 38 numeral 7), los cuales no han sido previstos en el presente caso, tal como la Corte pronunciará.

n b) La necesidad de contar con centros de rehabilitación adecuados para personas adultas mayores

n La adopción de la Constitución del 2008 trajo consigo un cambio paradigmático dentro del derecho penal y del sistema de rehabilitación social en Ecuador. Dentro de este marco se establecieron nuevos mecanismos para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, tomando como fundamento su situación de vulnerabilidad.

n En ese sentido, el 22 de julio del 2008, la Asamblea de Montecristi aprobó la Ley Reformatoria al Código de Ejecución de Penas y Código Penal para la Transformación del Sistema de Rehabilitación Social3, en cuyo artículo 6 disponía:

n Art. 6.- Interprétese el artículo 57 sustituido del Código Penal, de la siguiente manera: Se entenderá por «prisión correccional» y «casa de prisión» a lugares especializados para la rehabilitación de adultos mayores, que serán administrados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (negrillas nos pertenecen),

n En ese mismo sentido, esta Corte Constitucional se pronunció respecto a la aplicabilidad del artículo 57 del Código Penal dentro de la Causa N.º 0015-2007-DI, en la cual esta Corte observó que la norma citada:

n (?) consagra un mecanismo de diferenciación, en la medida en que establece condiciones favorables para las personas de sesenta años o más (sic), no para excluirles de la aplicación de sanciones por la comisión de delitos sancionados con reclusión ni para sustituirles la pena, sino para que la condena aplicable sea cumplida en lugares distintos a los que debería cumplirse la reclusión, es decir en casas de prisión, como se encuentra previsto en el Código Penal4.

n Si bien es cierto el caso citado hace referencia a una Declaratoria de Inaplicabilidad de norma anterior a las reformas planteadas por la Asamblea Constituyente el 22 de julio del 2008, también es cierto que esta Corte Constitucional plantea con bastante claridad el contenido esencial del derecho fundamental contenido en el artículo 38 numeral 7 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 57 del Código Penal, pues señala de manera clara la finalidad y objetivo que persigue aquel derecho protegido al plantear dicha diferenciación, en este caso el derecho de las personas adultas mayores a cumplir sanciones o condenas en lugares previstos y adecuados a su situación de vulnerabilidad, contenido esencial que fue fortalecido por la reforma legal antes señalada.

n La Corte Constitucional previó dentro del caso citado que la diferenciación aplicada en el artículo 57 del Código Penal tiene como finalidad garantizar la calidad de vida de las personas que por su edad se tornan vulnerables en relación a su estado de salud, a su condición física-anímica y a su capacidad laboral, por lo que el cumplimiento de una condena debe realizarse en lugares que presten las mejores condiciones para evitar su mayor deterioro dentro de ?nuestro sistema carcelario que en general presta condiciones precarias?5.

n En igual sentido se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al observar que toda persona privada de libertad debe tener acceso a algunos elementos esenciales para el respeto a su vida digna, como espacio suficiente para su distracción, ventilación y calefacción apropiadas, además de ciertas condiciones indispensables para la garantía de sus derechos fundamentales. De igual manera dichas instalaciones deberán:

n (?) tomar en cuenta las necesidades especiales de las personas enfermas, las portadoras de discapacidad, los niños y niñas, las mujeres embarazadas o madres lactantes, y los adultos mayores, entre otras6 (negrillas nos pertenecen)

n Al respecto, el artículo 38 numeral 7 de la Constitución de la República dispone que los centros de privación de libertad de adultos mayores deban ser adecuados para tal efecto, lo que, en consonancia con el artículo 38 numerales 1, 4, 5 y 8 de la Constitución, implica contar con el adecuado desarrollo y protección integral de sus derechos y necesidades, en los cuales se propenda a desarrollar programas para evitar todo tipo de maltrato o violencia, sistemas destinados a fomentar la realización de actividades recreativas y espirituales, y mecanismos de protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas.

n Dentro de estas circunstancia, el Estado ecuatoriano ha suscrito un Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado y los representantes de las víctimas del caso 12.631 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos7, en el cual se insta al Estado ecuatoriano la creación de una ?casa de prisión para las personas de la tercera edad y de centros especializados para establecer una reclusión diferenciada entre las distintas internas, condenadas y no condenadas?, Acuerdo el cual no solo genera efectos vinculantes para el caso concreto, sino que además estimula la creación de políticas públicas por parte del Estado para la consecución de los fines y principios constitucionales y obligaciones internacionales.

n El objeto de crear dichos establecimiento preferenciales para personas adultas mayores justamente se refleja en las necesidades y circunstancias especiales en las que estas se

n encuentran, así por ejemplo, se deben tomar en cuenta las ?medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores (?)?8 Por este motivo, Ecuador se encuentra en la actualidad realizando las gestiones necesarias para la creación de una Casa de Prisión para Adultos Mayores en Quevedo, sin embargo, dicha Casa de Prisión no presta servicios en la actualidad, dando paso a que resulte indispensable que los jueces de garantías penales establezcan un tratamiento diferenciado positivo respecto de las circunstancias en las que debe cumplirse una pena privativa de libertad para mayores adultos.

n Justamente en base a la compleja y vulnerable situación en la que se encuentran dichas personas, en aplicación del artículo 38 numeral 7, y en concordancia con el artículo 77 numeral 12 de la Constitución de la República, se ha previsto la posibilidad de aplicar medidas alternativas y sustitutivas a la privación de libertad hasta que el Estado cuente con casas o centros de prisión que garanticen los derechos de los adultos mayores como grupo de atención prioritaria en los términos establecidos por la Constitución y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

n
n

n 3 Ley Reformatoria al Código de Ejecución de Penas y Código Penal para la Transformación del Sistema de Rehabilitación Social, publicada en el Registro Oficial Suplemento nº 393 de 31 de julio de 2008.

n 4 Corte Constitucional para el Periodo de Transición, Resolución Nº 0015-2007-DI, 31 de marzo de 2009. Juez Ponente: Hernando Morales Vinueza.

n 5 Ibíd.

n 6 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008.

n 7 Protocolización del acuerdo de solución amistosa celebrado entre el Estado Ecuatoriano y los representantes de las víctimas del caso 12.631 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Registro Oficial Nº 635, de 16 de julio de 2009. Quito.

n 8 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Documento aprobado por la Comisión en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008. Principio X.

n
n

n Por lo expresado, es de profunda preocupación para esta Corte Constitucional el hecho de que el señor Víctor Manuel Díaz Almeida se encuentre en una grave situación de vulnerabilidad y que además se violenten sus derechos constitucionales dentro de la sentencia impugnada, en primer lugar por ser una persona adulta mayor o de tercera edad; en segundo lugar debido a su precario estado anímico y de salud, en tercer lugar respecto a su situación como persona privada de libertad que se encuentra cumpliendo su condena en un centro de privación de libertad que no es adecuado a su estado de salud y avanzada edad, incurriendo de esta manera en una doble violación de los artículos 38 numeral 7, y 77 numeral 12 de la Constitución de la República, pues no solamente existe una omisión constitucional al no prever la existencia de casas de prisión para personas mayores a 65 años de edad, como lo estipula el artículo 38 numeral 7 de la Constitución, sino que además se ve obligado a cumplir su condena en un lugar que no cumple con las condiciones previstas en la Constitución de la República y en instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

n III. DECISIÓN

n En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, expide la siguiente:

n SETENCIA

n Declarar vulnerados los derechos constitucionales contenidos en los artículos 38 numeral 7 y 77 numeral 12 de la Constitución de la República.

n Aceptar la presente acción extraordinaria de protección propuesta por los señores Víctor Manuel Díaz Almeida y Nelson Vicente Díaz Andrade, en contra de la sentencia emitida por la Segunda Sala de la Corte Nacional de Justicia el 30 de mayo del 2011 a las 10h00, dentro del juicio penal N.º 0006-LVR-2011.

n Reparar los derechos constitucionales del señor Víctor Manuel Díaz Almeida, para lo cual se ordena al Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha que en consideración a la situación de vulnerabilidad, de edad y de salud, aplique la medida sustitutiva pertinente y más favorable al accionante, de conformidad con la Constitución y la Ley.

n Disponer al Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha que informe a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la presente sentencia en un término máximo de 72 horas.

n Notifíquese, publíquese y cúmplase.

n f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, PRESIDENTE.

n f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL (e).

n Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con nueve votos de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz Yunes, Hernando Morales Vinueza, Ruth Seni Pinargote, Fabián Sancho Lobato, Manuel Viteri Olvera, Edgar Zárate Zárate y Patricio Pazmiño Freire, en sesión extraordinaria del día miércoles quince de febrero del dos mil doce. Lo certifico.

n f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL (e).

n CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado Por: Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, a 04 de marzo del 2013.- f.) Ilegible.- Secretaría General.

n CAUSA 1088-11-EP

n Razón: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue suscrita por el doctor Patricio Pazmiño Freire, Presidente de la Corte Constitucional, el día sábado veinticinco de febrero de dos mil doce.- Lo certifico.

n f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL (E).

n CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado Por: Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, a 04 de marzo del 2013.- f.) Ilegible.- Secretaría General.

n CAUSA N.º 1088-11-EP

n PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Quito D.M, 19 de febrero del 2013 a las 11h10. VISTOS.- Incorpórese al expediente N.º 1088-11-EP, el escrito presentado por los legitimados activos, señores Víctor Manuel Díaz Almeida y Nelson Vicente Díaz, el 29 de febrero de 2012, mediante el cual solicitan aclaración respecto de la Sentencia N.º 012-12-SEP-CC-2012, dictada por el Pleno de la Corte Constitucional el día 15 de febrero de 2012 y notificada a las partes el día 25 de febrero de 2012. Atendiendo lo solicitado se CONSIDERA: PRIMERO.- El Pleno de la Corte Constitucional, es competente para atender el pedido de ampliación presentado, de conformidad con lo previsto en el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el artículo 29 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ?Las sentencias y dictámenes constitucionales son de inmediato cumplimiento, sin perjuicio de la interposición de los recursos de aclaración o ampliación, y sin perjuicio de su modulación?. Por tanto, se reitera que las sentencias constitucionales no pueden ser objeto de modificación o reforma; sin embargo, cabe la posibilidad que éstas sean ampliadas o aclaradas, en razón de la presentación de los recursos correspondientes. TERCERO.- Conforme se desprende del escrito presentado por el legitimado activo, el recurso tiene por objeto lo siguiente: ?(?) aclarar sobre la situación del señor Nelson Vicente Díaz Andrango?. CUARTO.- La sentencia N.º 012-12-SEP-CC-2012, dictada por la Corte Constitucional, aceptó la acción extraordinaria de protección, propuesta en contra de la sentencia emitida por la Segunda Sala de la Corte Nacional de Justicia, el 30 de mayo de 2011 a las 10h00, dentro del juicio penal N.º 0006-LVR-2011. Como medida de reparación de los derechos constitucionales del señor Víctor Manuel Díaz Almeida, ordenó al Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha que en consideración a la situación de vulnerabilidad, de edad y de salud, aplique la medida sustitutiva pertinente y más favorable al accionante, de conformidad con la Constitución y la Ley. En consideración de lo señalado, se observa que en todas sus partes es clara y completa. Conforme se evidencia del escrito presentado, los fundamentos de la solicitud están encaminados a que se modifique el contenido de la sentencia, refiriéndose a la situación de Nelson Vicente Díaz, sin embargo se debe señalar que la Corte Constitucional declaró la vulneración de los derechos constitucionales del señor Víctor Manuel Díaz Almeida, respecto a su condición de vulnerabilidad por ser una persona de la tercera edad. Por las razones expuestas, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve negar el pedido de aclaración y ampliación formulado por los señores Víctor Manuel Díaz Almeida y Nelson Vicente Díaz; y disponer que se esté a lo resuelto en la sentencia N.º 012- 12-SEP-CC, dictada por el Pleno de la Corte Constitucional el día 15 de febrero de 2012. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

n f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, PRESIDENTE.

n Razón: Siento por tal, que el auto que antecede fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional, con siete votos de los señores jueces y señoras juezas: María del Carmen Maldonado Sánchez, Marcelo Jaramillo Villa, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote y Patricio Pazmiño Freire, sin contar con la presencia de los doctores Antonio Gagliardo Loor y Manuel Viteri Olvera, en sesión extraordinaria del 19 de febrero de 2013. Lo certifico.

n f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.

n CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado Por: Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, a 04 de marzo del 2013.- f.) Ilegible.- Secretaría General.

n CORTE CONSTITUCIONAL

n PARA EL PERIODODE TRANSICIÓN

n Quito, D. M., 29 de marzo del 2012

n SENTENCIA N.º 081-12-SEP-CC

n CASO N.º 1316-10-EP

n Jueza ponente: Dra. Ruth Seni Pinoargote

n I. ANTECEDENTES

n Resumen de admisibilidad

n La demanda se presenta en la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia el 15 de septiembre del 2010 a las 16h05, y en la Corte Constitucional, para el período de transición, el 16 de septiembre del 2010 a las 10h29.

n El secretario general de la Corte Constitucional, con fecha 16 de septiembre del 2010 a las 17h15, certifica que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.

n Mediante providencia del 24 de noviembre del 2010 a las 17h05, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, previo a resolver sobre la admisibilidad de la causa, dispone que el accionante aclare y complete su demanda.

n Dado cumplimiento a lo ordenado en providencia del 24 de noviembre del 2010, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, mediante auto del 07 de diciembre del 2010 a las 15h57, admite a trámite la acción extraordinaria de protección N.º 1316-10-EP, ordenando que se proceda con el sorteo de rigor.

n Por su parte, la Dra. Ruth Seni Pinoargote, jueza sustanciadora, en virtud del sorteo correspondiente y de conformidad con la normativa constitucional y legal aplicable al caso, con fecha 09 de marzo del 2011 a las 11h17, avoca conocimiento de la causa y dispone que se cite con la demanda a los señores jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia; a la Dirección Regional del Servicio de Rentas Internas de El Oro; al procurador general del Estado y al legitimado activo, y conforme el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se convoca a las partes para el 16 de marzo del 2011 a las 15h00, para ser oídas en la audiencia pública.

n Detalle de la demanda

n El Dr. Walter Eraldo Cuenca Herrera, en su calidad de gerente general y como tal representante legal de la Compañía Grupo Camaronero Cía. Ltda., fundamentado en los artículos 437 de la Constitución y 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, comparece con acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia del 17 de agosto del 2010 a las 16h10, emitida por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, mediante la cual ?casa la sentencia y declara la validez de las resoluciones impugnadas? dentro del proceso N.º 409- 2009, que llegó a su conocimiento en virtud de la interposición de los recursos de casación y de hecho, respectivamente, presentados por el Servicio de Rentas Internas de El Oro, en contra de la resolución de la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N.º 2 de Guayaquil.

n Señala que dentro del proceso sustanciado ante la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal de Guayaquil, se analizaron de manera pormenorizada los argumentos expuestos por parte de su representada y de la Administración Tributaria que dieron origen a la resolución que reconoce sus derechos y que declara con lugar la demanda de impugnación propuesta por José Luis Aguirre Celi, por los derechos que representa al Grupo Camaronero Cía. Ltda. GRUCAM Cía. Ltda., dejando sin efecto las actas de Determinación Tributaria N.º 0720060100001, por el impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2001, y 0720060100002, por el impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2002, respectivamente, emitidas por el director regional del Servicio de Rentas de El Oro.

n Lo anterior sirvió de base para que la Sala de ese Tribunal dictara la sentencia que posteriormente ha sido impugnada por el Servicio de Rentas Internas y que la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario declara su validez que ahora, de manera errónea el impugnante, es decir, el SRI, pretende desconocer.

n Resaltan que quien impugna la sentencia que da origen al pronunciamiento de la Sala de lo Tributario de la Corte Nacional de Justicia es el Servicio de Rentas Internas de El Oro, no su representada, toda vez que el Grupo Camaronero Cía. Ltda., es beneficiaria de la resolución del inferior, cuyo mandato ha sido declarado válido por la Corte Nacional de Justicia.

n En el escrito de ampliación y aclaración de la demanda, el accionante sostiene que la Corte Nacional de Justicia, al expedir el fallo en el que se acepta la casación interpuesta por la Dirección Regional del Servicio de Rentas Internas dentro del proceso N.º 409-2009, vulnera el debido proceso por falta de motivación, puesto que en la misma se limitan a manifestar que la sentencia emitida por el Tribunal Distrital de lo Fiscal de Guayaquil carecía de motivación y que se habían limitado a transcribir textos del Código Tributario; hecho que en general vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, si bien se manifiesta que la sentencia de instancia carece de motivación, ellos incurren en lo mismo, pues no establecen el porqué de esa falta de motivación; manifiestan además, que los argumentos del actor no cuestionan el ejercicio de la facultad determinadora de la administración, lo que se impugna son actos de procedimiento, sobre lo cual nada dice la Sala juzgadora ni la Sala de Casación, decisión que vulnera su derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.

n Solicita la reparación integral de sus derechos y que la sentencia se retrotraiga al momento en que se evidencia la violación de sus derechos, dejando sin efecto la sentencia emitida por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia del 17 de agosto del 2010 a las 16h10.

n Contestación a la demanda

n El Econ. Antonio Avilés Sanmartín, en su calidad de director regional El Oro del Servicio de Rentas Internas en lo principal señala: La acción extraordinaria de protección nació de manera fundamental para proteger los derechos constitucionales y el debido proceso en sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se haya violado los derechos reconocidos por la Constitución. Bajo dicha consideración se debe analizar lo que efectivamente ocurrió dentro del recurso de casación, y entonces salta a la vista que en todo el escrito de la acción constitucional, existe expresa manifestación de la aceptación que la empresa GRUPAM Cía. Ltda., le otorga al fallo de casación, que motiva la presente acción. Es decir, muy por el contrario a una violación de derechos, el accionante expresa conformidad con el contenido de la resolución de la Corte Nacional, lo cual constituye un primer contrasentido con la propia naturaleza jurídica de esta acción.

n Es curiosa la aparente confusión del accionante, quien a pesar del sentido con el cual fue dictado el fallo de casación, procede a interpretar dicha resolución judicial de una manera descabellada y arbitraria.

n Los jueces, al momento de resolver el recurso de casación planteado por la administración tributaria, utilizan de manera irrebatible el término casar para significar con ello que la sentencia del inferior quedaba anulada o revocada, en definitiva quitándole efecto jurídico; por otro lado, tal vez de forma imprecisa ?se declara la validez de las resoluciones impugnadas?, parte que merece mucha atención por cuanto el accionante GRUCAM Cía. Ltda., a través de su representada, pretende desviar el verdadero sentido del fallo de casación al indicar que las resoluciones impugnadas son expresa referencia a la sentencia dictada por los jueces distritales de la Tercera Sala del TDF N.º 2, afirmación que no resiste el menor análisis, por cuanto, en primer lugar, no se hace referencia a la sentencia de instancia, debido a que esta es una sola, por lo que no cabe el uso del plural; en segundo lugar, el contexto del fallo de casación y todo el análisis jurídico incluido en él, apunta a quitar la validez a la sentencia del Tribunal Distrital de lo Fiscal, no a ratificarla, como erradamente considera el accionante, cuestión que es por demás visible en el texto; por tanto, la tesis de que lo que se pretende es confirmar la sentencia del Tribunal de lo Fiscal carece de validez jurídica. Obviamente, como los actos administrativos impugnados eran las actas de determinación, la falta de precisión en la resolución de casación es la que crea esta confusión, pero que al final de cuentas no da mérito para la interposición de ningún incidente o recurso y menos aún de una acción extraordinaria de protección, tal cual en forma errónea se ha planteado, lo que refleja el ánimo del accionante de entorpecer la labor administradora de justicia y de manera directa la facultad recaudadora de la Administración Tributaria. Parece que el accionante, con el único afán de oponerse sin razón a la decisión judicial, pretende valerse de cualquier argumento fútil para tratar de fundamentar su errónea posición, vemos que hace alusión a la interposición de un recurso de hecho, a la evacuación de una audiencia informal, cuestiones tan circunstanciales que fueron ventiladas de conformidad con las normas de procedimiento correspondientes, que no merecen mayor comentario si se considera que el expediente de casación contempla todas y cada una de las actuaciones judiciales, entre ellas la admisión del recurso de hecho y por ende el conocimiento de los fundamentos del recurso de casación presentado. Solicita que se rechace la presente acción.

n Audiencia pública

n Conforme a la razón sentada por el abogado Esteban Secaira Vaca, actuario de la Dra. Ruth Seni Pinoargote, jueza sustanciadora, se establece que el 30 de marzo del 2011 a las 15h00, tuvo lugar la audiencia pública, misma que contó con la participación del Dr. Ramiro García, en representación del legitimado activo; del Dr. José Suing, en representación de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia; del Dr. Juan Carlos Córdova, por parte del Servicio de Rentas Internas Regional de El Oro. No se contó con la presencia de la Procuraduría General del Estado, pese a estar debidamente notificada.

n II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA

n CORTE CONSTITUCIONAL

n Competencia de la Corte

n La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver el presente caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Régimen de Transición, publicado con la Constitución de la República en el Registro Oficial N.º 449 del 20 de octubre del 2008; artículos 94 y 437 de la Constitución de la República; 60 a 64 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el artículo 34 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de competencia de la Corte Constitucional.

n Por otra parte, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez.

n Consideraciones de la Corte acerca de la acción extraordinaria de protección

n Dentro de las denominadas garantías jurisdiccionales, la Constitución de la República ha instituido la denominada acción extraordinaria de protección, con la finalidad de revisar el debido cumplimiento, observancia y respeto de los derechos determinados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en lo que respecta al debido proceso y la tutela judicial efectiva en los procesos judiciales, sean estos ordinarios o constitucionales.

n En tal virtud, se debe tener presente que la naturaleza de esta acción persigue dos finalidades: por un lado, corrige los posibles errores judiciales que se han cometido dentro de un proceso y, por otro, sirve como herramienta para alcanzar la uniformidad constitucional del ordenamiento jurídico, sentando precedentes indispensables para precautelar la plena vigencia de los derechos garantizados por la Constitución.

n Mediante la acción extraordinaria de protección no puede pretenderse que se ventilen asuntos de mera legalidad, ya que son observados por los órganos jurisdiccionales competentes en las instancias correspondientes; incurrir en este despropósito supondría convertir a esta garantía en otra instancia ordinaria, lo cual se debe evitar.

n Determinación de los problemas jurídicos a resolverse

n Después de un examen minucioso del expediente y la documentación que se adjunta, se puede determinar con claridad los siguientes problemas jurídicos cuya resolución es necesaria para decidir el caso:

n ¿Corresponde establecer los efectos de una sentencia de casación a través de una acción extraordinaria de protección?

n La sentencia impugnada ¿vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el debido proceso?

n Resolución a los problemas jurídicos planteados

n ¿Corresponde establecer los efectos de una sentencia de casación a través de una acción extraordinaria de protección?

n El Tribunal Distrital de lo Fiscal N.º 2, Tercera Sala, mediante sentencia del 03 de agosto del 2009, dentro del juicio de impugnación 6689-4345-06, resuelve declarar con lugar la demanda de impugnación propuesta por José Luis Aguirre Celi, por los derechos que representa del Grupo Camaronero Cía. Ltda. GRUCAM Cía. Ltda., dejando sin efecto el Acta de Determinación Tributaria N.º 0720060100001, por el impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2001 y el Acta de Determinación Tributaria N.º 0720060100002, por el impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2002, emitidas por el director regional del Servicio de Rentas Internas de El Oro.

n El Servicio de Rentas Internas interpuso recurso de hecho de esta decisión, tras haber sido negado el de casación, el mismo que fue aceptado a través de auto del 15 de diciembre del 2009.

n La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, mediante sentencia del 17 de agosto del 2010, dentro del recurso 409-2009 ?Casa la sentencia y declara la validez de las resoluciones impugnadas?.

n Esta decisión, a criterio del accionante, deriva en dos situaciones: La primera, que la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario casa la sentencia; y la segunda, que en la misma sentencia, dicha Sala declara la validez de las resoluciones impugnadas.

n Es decir, más allá de casar la sentencia, ?reconoce el derecho que ha sido legítimamente aceptado por el inferior?. Este particular modo de interpretar los efectos de la sentencia por parte del accionante nos conduce al siguiente análisis:

n El artículo 94 de la Constitución de la República establece que la acción extraordinaria de protección procede contra sentencias o autos definitivos en los que se ha violado derechos constitucionales. Por su parte, el artículo 437 agrega a las resoluciones con fuerza de sentencia y le otorga particular importancia al debido proceso entre los derechos protegidos, sin excluir a los demás derechos. Por lo tanto, corresponde al juez constitucional verificar si el juez ordinario, en la tramitación de la causa, ha vulnerado el debido proceso u otro derecho constitucional. Si eventualmente se verificara la existencia de tal violación, deberá dejar sin efecto la decisión impugnada y consecuentemente retrotraer la actuación del juez desde el momento mismo que se determinó tal vulneración, procediendo a devolver el proceso para que, de ser posible, otro juez actúe dentro del marco constitucional. Por lo tanto, la Corte Constitucional no entra a dilucidar aspectos sin relación con el problema constitucional, no dicta sentencias en lugar de los jueces que conocen de las causas, menos aún, tal cual es la pretensión del recurrente, le corresponde determinar los efectos de una sentencia, que bien pudo oportunamente dilucidarse mediante los pedidos horizontales de aclaración y ampliación, aspecto que además es atribuible a la negligencia de la persona titular de los derechos constitucionales supuestamente vulnerados.

n b) La sentencia impugnada ¿vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el debido proceso?

n En virtud de lo analizado en el párrafo que antecede, es evidente que la sentencia del 17 de agosto del 2010, expedida por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, no vulnera derecho alguno de los invocados en la demanda, y que las pretensiones alegadas carecen de fundamento jurídico en tanto aparecen contradictorias y confusas, lo que evidencia además el desconocimiento del verdadero sentido y naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección; y contrario a lo que sugiere la demanda, la actuación de los jueces al dar cumplimiento a las diferentes diligencias judiciales dentro de los términos y plazos establecidos en la ley, han garantizado el debido proceso exigido por el artículo 76 de la Constitución de la República. En esa medida, mal puede existir atentado a la tutela judicial o a la seguridad jurídica efectiva previstos en los artículos 75 y 82 de la Constitución de la República.

n III. DECISIÓN

n En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, expide la siguiente:

n SENTENCIA

n Declarar que no ha existido vulneración de derechos constitucionales.

n Negar la acción extraordinaria de protección presentada por el Dr. Walter Eraldo Cuenca Herrera.

n Notifíquese, publíquese y cúmplase.

n f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, PRESIDENTE.

n f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, SECRETARIA GENERAL.

n Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con seis votos de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz Yunes, Hernando Morales Vinueza, Ruth Seni Pinoargote y Patricio Pazmiño Freire; sin contar con la presencia de los doctores Nina Pacari Vega, Manuel Viteri Olvera y Edgar Zárate Zárate, en sesión extraordinaria del día jueves veintinueve de marzo del dos mil doce. Lo certifico.

n f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, SECRETARIA GENERAL

n CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado Por: Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, a 28 de febrero del 2013.- f.) Ilegible.- Secretaría General.

n CAUSA 1316-10-EP

n Razón: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue suscrita por el doctor Patricio Pazmiño Freire, Presidente de la Corte Constitucional, el día miércoles 09 de mayo de dos mil doce.- Lo certifico.

n f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

n CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado Por: Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, a 28 de febrero del 2013.- f.) Ilegible.- Secretaría General.

n CASO N.º 1316-10-EP

n PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.- Quito, D.M., 19 de febrero del 2013 a las 11h15.- VISTOS: Agréguese al expediente la solicitud de ampliación y aclaración presentada por el doctor Ramiro García Falconí, en calidad de abogado defensor del legitimado activo, Grupo Camaronero Grucam Cía. Ltda., respecto de la sentencia dictada por la Corte Constitucional, para el periodo de transición, el 29 de marzo de 2012. Agréguese también el escrito presentado por el economista Antonio Avilés Sanmartín en su calidad de director regional del Servicio de Rentas Internas del Oro, en relación al avoco conocimiento de esta causa, se establece lo siguiente: PRIMERO: La ampliación procede cuando no se hubieran resuelto a