Registro Oficial No 743- Miércoles 11 de Julio de 2012 Primer Suplemento (Segunda Parte)

julio 11, 2012

n n n n n Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado n n Presidente Constitucional de la República del Ecuador n n Miércoles 11 de Julio de 2012 – R. O. No. 743 n n n n n n SUPLEMENTO n n n n En el caso concreto, al analizar la sentencia impugnada, la […]

n Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

n Presidente Constitucional de la República del Ecuador

n Miércoles 11 de Julio de 2012 – R. O. No. 743

n SUPLEMENTO

n En el caso concreto, al analizar la sentencia impugnada, la Corte observa que los juzgadores en su sentencia de 23 de marzo de 2010, las 10h00, en su considerando cuarto manifiesta: ?CUARTO: ANÁLISIS DE LA SALA.- el recurrente, manifiesta que se ha violentado su derecho constitucional al debido proceso y en especial su derecho a la defensa. Según el acto administrativo impugnado el Ministro de Educación procede a la Remoción del accionante, en esta situación jurídica la persona está en una situación de libre remoción, determinando que la autoridad nominadora puede dar por terminada la relación laboral en cualquier momento. Es por ello que haciendo uso de esa competencia el Ministro dio por terminada dicha relación. No es necesario seguir un sumario administrativo que implica el derecho a la defensa. El recurrente en uso de sus derechos y deberes puede ejercitar las acciones legales que le asistan impugnando la legalidad. Pero en este caso no cabe la acción constitucional, ya que no se ha violentado ningún derecho constitucional que se deba declarar y reparar [?]?.

n Frente a esta posición de la Sala se debe hacer las siguientes consideraciones: El derecho vulnerado en el caso sub judice es a la defensa, puesto que la autoridad (Ministro de Educación) actuó sin tener competencia para sancionar con la remoción del docente; en consecuencia, existe una flagrante violación constitucional por cuanto el afectado fue distraído de su juez competente y no fue sometido a un debido proceso, lo cual coloca al hecho en el ámbito de la constitucionalidad y no de la mera legalidad. En esa misma línea, la Corte Constitucional ya se pronunció al emitir la Resolución No. 0019-2008-TC, en el caso signado con el No. 00019-2008-TC, en cuya parte pertinente de la consideración décimo sexta, expresamente señaló: ?[?] no es el Ministro de Educación la autoridad competente para imponer la sanción de remoción a los docentes [?]?; de igual modo, en la consideración décimo séptima de la misma resolución determinó que ?la remoción indudablemente constituye una sanción?.

n De ahí que la Corte concluye en que la presente causa es de relevancia constitucional y no de mera legalidad, en tal virtud, la máxima autoridad del Ministerio de Educación no era competente para conocer y sancionar al docente, puesto que expresamente existen los órganos administrativos encargados de llevar adelante un procedimiento enmarcado en el debido proceso, respetando el derecho a la defensa del hoy legitimado activo; en la especie determinados en el artículo 33 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio que determina que las sanciones de suspensión y remoción, serán resueltas por la Comisión de defensa Profesional Provincial pertinente; de cuya decisión se podrá apelar ante la Comisión de Defensa

n Profesional Regional correspondiente.

n Ahora bien, el Ministerio de Educación argumenta que su decisión de remover al docente se sustentaba en lo que disponía la Ley Reformatoria a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, publicado en el Registro Oficial No. 639 de 22 de julio de 2009 que, en su artículo 13 reformado decía:

n ?Los directivos de todos los establecimientos educativos durarán 4 años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez, siempre que ganen los respectivos concursos públicos de méritos y oposición. Podrán ser removidos de su función directiva por la autoridad educativa nacional en caso de desacato y/o falta grave, que serán definidos en el reglamento respectivo. En caso de remoción del directivo, se convocará a concurso público de méritos y oposición en un plazo perentorio de 30 días. El nuevo Directivo, será posesionado en un plazo que no exceda de 60 días contados a partir de la convocatoria a concurso. El Directivo removido, será reincorporado a sus funciones anteriores, si la falta que motivó su remoción no fuera considerada grave?.

n De la lectura se puede evidenciar que uno de los elementos sustanciales que establece la norma es la remoción concebida como medida de sanción contra aquellos docentes que incurrieren en desacato o falta grave. Se podría decir, entonces, que el tema central no es la competencia de la cual esté investida la autoridad para aplicar una sanción, sino que la autoridad competente debe actuar respetando los derechos reconocidos en la Constitución.

n Se debe tener presente que la definición de lo que constituiría desacato o falta grave fue remitida para que éstas fueran desarrolladas en el Reglamento a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. Por otro lado, es necesario precisar que en la reforma del reglamento no sufrió modificación alguna el Art. 119 del Reglamento a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional que señalaba que para la aplicación de las sanciones como la remoción, previamente debía instaurarse el sumario administrativo correspondiente.

n Si la remoción del docente es producto del cometimiento de una falta grave no cabe la menor duda que la remoción constituye una sanción; siendo así, a fin de evitar arbitrariedades, por mandato legal era necesario determinar si se produjo o no el hecho del que se acusa, las circunstancias del mismo así como el grado de responsabilidad en la falta que habría cometido el docente; para lo cual, indudablemente debía mediar el procedimiento administrativo en el cual debía ejercer su derecho constitucional a la defensa.

n La ausencia del sumario administrativo es lo que da lugar a la arbitrariedad pues la consecuencia inmediata es la vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, por lo que, una vez más queda evidenciado que la causa es de naturaleza constitucional y no de mera legalidad.

n Por lo antes expuesto, se puede colegir que al no haberse realizado un procedimiento administrativo acorde a los principios constitucionales del debido proceso flagrantemente existió una vulneración de derechos constitucionales por parte del Ministerio de Educación en contra del legitimado activo, circunstancia que se evidencia al producirse la destitución sin un sumario administrativo en donde el sancionado pueda ejercer su derecho constitucional a la defensa, pilar fundamental del sistema procesal ecuatoriano.

n 2. La actuación de los jueces de la Corte provincial vulnera el derecho a la seguridad jurídica del accionante?.

n El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina el derecho a la seguridad jurídica el mismo que tiene relación con el cumplimiento de los mandatos constitucionales, estableciéndose mediante aquel postulado una verdadera supremacía material del contenido de la Carta Fundamental del Estado ecuatoriano; para aquello y para tener certeza respecto a una aplicación normativa acorde a la Constitución se prevé que las normas que formen parte del ordenamiento jurídico se encuentren determinadas previamente; además, deben ser claras y públicas; solo de esta manera se logra conformar una certeza de que la normativa existente en la legislación será aplicada cumpliendo ciertos lineamientos que generan la confianza ciudadana acerca del respeto de los derechos consagrados en el texto constitucional.

n Todos estos presupuestos deben ser observados por las autoridades competentes, quienes en la presente causa investidas de potestad jurisdiccional deben dar fiel cumplimiento a lo que dispone la Constitución de la República, respetando y haciendo respetar los derechos que se consagran alrededor del texto constitucional.

n La Corte Constitucional del Ecuador, respecto al principio de seguridad jurídica ha manifestado:

n ?[?] Mediante un ejercicio de interpretación integral del texto constitucional se determina que el derecho a la seguridad jurídica es el pilar sobre el cual se asienta la confianza ciudadana en cuanto a las actuaciones de los distintos poderes públicos; en virtud de aquello, los actos emanados de dichas autoridades públicas deben contener un apego a los preceptos constitucionales, reconociendo la existencia de las normas que integran el ordenamiento jurídico ecuatoriano, las mismas que deben ser claras y precisas, sujetándose a las atribuciones que le compete a cada órgano?4.

n No obstante lo manifestado por el legitimado activo, en la presente causa, esta Corte debe precisar que el principio de la seguridad jurídica conforme lo establece la Constitución de la República en su artículo 82 debe observar dos circunstancias: por un lado el respeto a la Constitución; y por otro, la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes; en aquel sentido, corresponde a esta Corte realizar un ejercicio interpretativo respecto a una supuesta vulneración de este principio constitucional en el caso subjudice.

n n n n n

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n

n 4 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 076-10-SEPCC, Caso No. 1114-10-EP, juez constitucional ponente Dr. Roberto Bhrunis Lemarie.

n Respecto al primero de los tópicos señalados ?respeto a la Constitución-, se debe recordar que la Constitución de la República constituye la norma jerárquica superior dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano; en aquel sentido, todas las disposiciones normativas infraconstitucionales deben guardar armonía con el texto constitucional, caso contrario serán inválidas, en la medida en que no puede existir contradicción normativa legal con el texto constitucional.

n Por tanto, cualquier disposición normativa debe estar acorde con el marco constitucional ecuatoriano, en igual sentido las actuaciones de las diversas instituciones, autoridades y funcionarios públicos o particulares deben enmarcar su accionar dentro de las normas constitucionales.

n Por otro lado, conforme lo prescribe la Carta Fundamental del Estado ecuatoriano, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos constitucionales, lo cual se encuentra contenido en el art. 11.9 de la Constitución de la República dada la naturaleza garantista de la normativa constitucional.

n Conforme se ha determinado en el acápite anterior se evidencia que la máxima autoridad del Ministerio del Educación en el proceso sancionatorio administrativo en contra del rector del Colegio Técnico Superior Sucre, ha inobservado las normas constitucionales atinentes a las garantías del debido proceso y en la especie al derecho a la defensa de las partes, disposiciones normativas contenidas de manera clara, expresa y pública en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República, debiendo esta norma constitucional bajo el paradigma constitucional garantista ecuatoriano ser observado y aplicado por todas las autoridades públicas en el país. Al no haberse observado esta disposición normativa constitucional la autoridad del Ministerio de Educación está atentando en contra de una norma constitucional expresa lo cual va en detrimento de la seguridad jurídica del Estado.

n Un segundo tópico a analizarse es si las normas son claras, públicas y aplicadas por autoridad competente. Respecto a aquello se debe recordar al legitimado activo que la Constitución de la República al ser un instrumento jurídico está compuesto por un conjunto de normas, la mismas que atendiendo a los principios de supremacía y jerarquía constitucional adquieren una relevancia jerárquicamente superior frente a disposiciones infraconstitucionales; en aquel sentido, se puede determinar a través de una interpretación integral del texto constitucional que el conjunto normativo de Constitución y la propia percepción del nuevo modelo de Estado Constitucional de Derechos y Justicia, obliga a todas las personas a respetar las normas constitucionales.

n En igual sentido, las disposiciones normativas de carácter infraconstitucional deben guardar conformidad con el texto constitucional, caso contrario no serán válidas dentro del ordenamiento jurídico y carecerán de eficacia jurídica; así lo dispone el art. 424 del texto constitucional que establece:

n ?La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica [?]?.

n Adicionalmente, se debe mencionar que la Corte Constitucional en la sentencia No. 001-10-PJO-CC, ha manifestado como jurisprudencia vinculante lo siguiente: ?3.3. La Corte Constitucional, tal como lo ha dicho en ocasiones anteriores, determina que los servidores públicos, en este caso particular, juezas y jueces del país, cuando conocen de garantías jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus funciones originales y reciben la denominación de juezas y jueces [?]?5. En aquel sentido las juezas y jueces al conocer una acción de garantías como en el caso subjudice se presentó mediante acción de protección de derechos ejercen su competencia constitucional, por tanto han dado cumplimento al principio de seguridad jurídica; adicionalmente, y atendiendo a la noción garantista de la Carta Fundamental la jurisprudencia obligatoria del más alto órgano de administración de justicia constitucional ha manifestado: ?[?] 1.2. Las juezas y jueces constitucionales para asegurar el ejercicio de las garantías jurisdiccionales reconocidas en el artículo 86 de la Constitución de la República y del principio iura novit curia no podrán justificar la improcedencia de una garantía jurisdiccional, como tampoco de los recursos y etapas procesales, en la falta de enunciación de la norma, motivación u oscuridad de las pretensiones; es su deber subsanar dichas deficiencias y continuar con la sustanciación de la causa [?]?6.

n En la especie, los jueces que integran la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el momento en el cual conocen la apelación de la acción de protección de derechos deben guiar sus actuaciones por los principios constitucionales antes descritos, observando que el caso puesto a su conocimiento se de cumplimiento a las normas constitucionales, en la especie el respeto del debido proceso y el derecho a la defensa de las partes procesales; esta circunstancia no ha sido observado por los juzgadores cuya decisión se impugna a través de esta acción extraordinaria de protección, ante lo cual se observa una vulneración del derecho a la seguridad jurídica en la causa puesta a conocimiento de esta Corte Constitucional.

n n n n n
n

n 4 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 076-10-SEPCC, Caso No. 1114-10-EP, juez constitucional ponente Dr. Roberto Bhrunis Lemarie.

n 5 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 001-10-PJOCC, caso No. 0999-09-JP, Segundo Suplemento del RO. No. 351 de 29 de diciembre de 2010.

n 6 Ibídem

n CONCLUSIONES FINALES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.-

n Conforme se ha destacado en líneas anteriores, el debido proceso es un pilar fundamental que permite articular la protección de varios derechos constitucionales de las partes que se encuentran inmersas dentro de una determinada causa; en aquel sentido, cualquier interpretación que se realice respecto a este principio debe realizársela de manera integral; para lo cual se requiere contrastar los derechos que forman parte del debido proceso, principalmente con el derecho a la defensa; llegando a la conclusión de que al imponerse una sanción sin que medie un procedimiento adecuado que permita la defensa a una de las partes procesales, se produce un atentado a este derecho constitucional. Respecto a este particular, es pertinente determinar que el artículo 226 de la Constitución de la República establece que: ?Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.?

n La norma constitucional expuesta establece una sólida base para que los representantes, administradores y directores de las instituciones públicas guarden respeto a los derechos constitucionales, acatando las normas del ordenamiento jurídico del país. Su inclusión como norma constitucional tiene como objetivo central establecer un límite jurídico al accionar de las autoridades que ejercen las funciones antes mencionadas.

n En este sentido el Ministro de Educación, al igual que todos los organismos del Estado tenía atribuciones claramente definidas en la Ley Orgánica de Educación, Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional y sus Reglamentos vigentes en ese entonces; por tanto, la autoridad educativa no podía accionar mas allá de lo que estaba permitido en la Constitución y la Ley; en la especie observar el debido proceso (art. 76 Constitución); y el art. 33 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio7 que establece para el caso de remoción de funciones el procedimiento y a autoridades competentes para llevar a efecto esa sanción.

n Cabe destacar que estas disposiciones normativas fueron las que estuvieron vigentes a la fecha de la imposición de la sanción, por tanto en apego a la disposición contenida en al art. 76 numeral 3 de la Constitución de la República se debe recordar que:?Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley, sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento?.

n Estas circunstancias debieron ser observadas por los juzgadores de la Corte Provincial, considerando que el proceso puesto a su conocimiento era una acción de garantías jurisdiccionales subida en apelación, debiendo en su resolución observar las normas constitucionales y legales descritas en líneas anteriores, garantizándose el debido proceso, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica en el país; una vez analizada la sentencia impugnada a través de esta acción extraordinaria de protección se puede evidenciar que los operadores de justicia han vulnerado estos derechos constitucionales.

n DECISIÓN

n En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional para el período de Transición, expide la siguiente:

n SENTENCIA

n Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada por Luis Marcelo Arteaga Castillo, en contra de la sentencia dictada por la Segunda Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la apelación a la acción de protección No. 149-10-PZ.

n Restituir al legitimado activo Luis Marcelo Arteaga Castillo, en su cargo de Rector del Colegio Técnico Superior ?Sucre? de la ciudad de Quito.

n Devolver el expediente al juzgado de origen

n Publicar la presente sentencia en el Registro Oficial.-

n n n n n

n
n

n 7 Art. 33 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio.- ?Las sanciones que se aplicarán según la gravedad de la falta cometida por el docente serán:

n [?] 4.- Remoción de funciones; y,

n Las sanciones de amonestación escrita y multa serán impuestas por la autoridad superior respectiva; las sanciones de suspensión y remoción de funciones, por la Comisión de Defensa Profesional Provincial pertinente; y, la sanción de destitución, por la Comisión de Defensa Profesional Regional correspondiente?.

n De las sanciones de amonestación escrita y multa se podrá apelar para ante la Comisión de Defensa Profesional Provincial.

n De las sanciones de suspensión o remoción de funciones se podrá apelar para ante la Comisión de Defensa profesional Regional correspondiente.

n Únicamente en los casos de destitución del cargo se podrá interponer recurso de apelación para ante el Ministerio de Educación?.

n NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-

n f.) Dra. Nina Pacari Vega, Jueza Constitucional.

n f.) Dr. Alfonso Luz Yunes, Juez Constitucional.

n f.) Dr. Hernando Morales Vinueza, Juez Constitucional.

n CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por: f.) Ilegible.- Quito, a 4 de julio del 2012.- f.) Ilegible, Secretaría General.

n CAUSA 0804-10-EP

n Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el doctor Patricio Pazmiño Freire, Presidente de la Corte Constitucional, el día lunes 07 de mayo del dos mil doce.- Lo certifico.

n f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

n CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por: f.) Ilegible.- Quito, a 4 de julio del 2012.- f.) Ilegible, Secretaría General.

n FE DE ERRATAS EN LA SENTENCIA N.º 046-12- SEP-CC (CAUSA N.º 0804-10-EP)

n Debido a un lapsus calami en la sentencia N.º 046-12-SEPCC, dentro de la causa N.º 0804-10-EP, se sienta la siguiente fe de erratas, por cuanto no se ha hecho constar el siguiente texto que debe ir a continuación del último párrafo de la página 6 de 8:

n «En el desarrollo del alcance del debido proceso, la Corte Constitucional de Colombia ha reconocido que: ?(?) comprende una serie de garantías con las cuales se busca sujetar a las reglas mínimas sustantivas y procedimentales el desarrollo de las actuaciones adelantadas por las autoridades en el ámbito judicial y administrativo, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas vinculadas (?) toda vez que salvaguarda la primacía del principio de legalidad e igualdad, así como realiza efectivamente el derecho de acceso a la administración de justicia, sustento básico y esencial de una sociedad democrática?1. Significa entonces, que el debido proceso se convierte en un dispositivo para garantizar la sujeción de las autoridades al sistema de reglas señalado por el Estado Constitucional, es decir, que no se circunscribe a la protección de un derecho estricto sensu, sino al conjunto de principios que sirvieron de fundamento.

n El debido proceso determina la validez procesal; su violación atenta la seguridad jurídica y los derechos de las personas en un proceso determinado. Del análisis realizado al expediente constitucional no se evidencia ninguna violación al debido proceso, en razón de que a los legitimados activos y pasivos se les otorgó las garantías procesales, esto es, de intervenir en todas las fases administrativas y judiciales, de allí que una insatisfacción subjetiva a las pretensiones del accionante no debe asumirse como violaciones al debido proceso, ni peor aún de su derecho a la defensa, pues se verifica que el accionante tuvo la oportunidad de comparecer en el proceso, en la audiencia, con la oportunidad de presentar su recurso de apelación, razón por la cual la simple enunciación de que se ha vulnerado el debido proceso, específicamente el derecho a la defensa, no constituye un argumento válido para la procedencia de la acción extraordinaria de protección.

n En el caso concreto, la Corte advierte que la sentencia impugnada goza de suficiente motivación, es decir, los jueces al analizar el caso, encuentran que el ministro de Educación, aplicando las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, adoptó el acto que fue materia de impugnación en la acción de protección; en consecuencia, esta Corte, del análisis somero e integral de la sentencia impugnada, constata que entre los hechos, la argumentación jurídica y la decisión judicial existe coherencia, una razonabilidad objetiva, protege el derecho a la tutela efectiva y al debido proceso.»

n Así, tanto el texto en mención, como el párrafo previsto antes de la decisión deberán constar en la página 7 de 8, y el numeral III que contiene la decisión de la sentencia constará a fojas 8 de 8.

n Se deja constancia de que este texto es idéntico al proyecto enviado por el juez sustanciador y aprobado por el pleno de la Corte Constitucional, en sesión extraordinaria del 20 de marzo del 2012.- Distrito Metropolitano de Quito, 30 de mayo del 2012. Notifíquese y cúmplase.

n Lo certifico.

n f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

n CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por: f.) Ilegible.- Quito, a 4 de julio del 2012.- f.) Ilegible, Secretaría General.

n Quito, D. M., 03 de abril del 2012

n n n n n

n
n

n 1 Corte Constitucional de Colombia, C-383-2000.

n SENTENCIA N.º 104-12-SEP-CC

n CASO N.º 1662-10-EP

n CORTE CONSTITUCIONAL

n PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN

n Jueza constitucional sustanciadora: Dra. Nina Pacari Vega

n I. ANTECEDENTES

n Resumen de admisibilidad

n La presente acción extraordinaria de protección fue interpuesta ante la Corte Constitucional, para el período de transición, el 15 de noviembre del 2010.

n De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N.º 127 del 10 de febrero del 2010, a fs. 3 la Secretaría General certificó que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción, en consecuencia, la solicitud no contraviene la norma citada.

n La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición, mediante auto del 18 de enero del 2011 a las 09h54, avocó conocimiento de la presente causa, y admitió a trámite la acción (fs. 6 y 7), indicando que se proceda al sorteo para la sustanciación de la misma.

n El 03 de marzo del 2011, se efectuó en el Pleno de la Corte Constitucional el sorteo correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, según consta en el acta del sorteo que se encuentra a fs. 9 del expediente, correspondiendo a la Dra. Nina Pacari Vega sustanciar la presente causa, signada con el N.º 1662-10-EP

n Mediante auto del 28 de abril 2011 a las 10h50, la jueza sustanciadora avocó conocimiento de esta acción extraordinaria de protección, de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Tercera y artículos 194 numeral 3, y 195 inciso primero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, disponiendo que se notifique con el contenido de esta providencia al juez tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, Dr. Ángel Moisés Pereira.

n De la solicitud y sus argumentos

n La señora María Augusta Morillo Tamayo, fundamentando su solicitud en lo que establecen los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 34 y siguientes del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, presenta esta acción extraordinaria de protección en los siguientes términos:

n Interpone la presente acción extraordinaria de protección impugnando las providencias dictadas el 21 de septiembre del 2010 a las 10h42 y el 27 de septiembre del 2010 a las 10h42 por el juez tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, dentro de la acción de protección N.º 0401- 2008 propuesta por José Francisco Batioja Bautista en contra de Luis Agustín Morillo Tamayo, Francisco Eugenio Morillo Tamayo, Ruth Antonieta Morillo Tamayo, María Augusta del Carmen Morillo Tamayo, Patricia Marina Morillo Tamayo y Carmen Hortensia Tamayo Sánchez.

n Señala que por convenir a sus intereses y debido a la inercia del anterior abogado defensor, el 20 de enero del 2010 presentó un escrito ante el señor juez tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, nombrando como defensora a la Ab. Elisabeth Cevallos, solicitando confesión judicial para el actor José Francisco Batioja y señalando el casillero judicial N.º 153 para sus futuras notificaciones.

n Que el señor juez provee su petición el 04 de febrero del 2010 y amplía el término del perito para presentar su informe y no se notifica dicho decreto a la compareciente en el casillero judicial N.º 153, llegando a desconocer el señalamiento de confesión judicial que había sido fijado en la misma providencia para el 22 de febrero del 2010, diligencia en la que tampoco pudo participar en razón de la falta de notificación, habiéndose vulnerado de ese modo su derecho a la defensa.

n El señor juez, con fecha 12 de febrero del 2010, corre traslado a las partes de la presentación del informe pericial, del que tampoco tuvo conocimiento por falta de notificación, no obstante haber señalado en fechas anteriores el casillero, impidiéndole de esta forma presentar las respectivas observaciones al informe pericial.

n La accionante considera que por desconocimiento de la diligencia de confesión judicial realizada en fechas anteriores solicitó nueva fecha para que tuviera lugar una nueva diligencia, la misma que le fue negada por el señor juez, bajo el argumento de que la misma ya se ha cumplido.

n Que el 16 de junio del 2010, el juez tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas dicta sentencia, que tampoco le fue notificada en su casillero.

n Que al solicitar copias del proceso llega a tener conocimiento de que se había dictado sentencia, por lo que la actual legitimada activa interpuso el recurso de apelación, siendo rechazado por considerarse extemporáneo.

n Finalmente, la accionante considera que la sentencia y providencias dictadas por el juez vulneraron el artículo 76 numeral 7 literales a, c y m de la Constitución de la República, por lo que solicita que las mismas se dejen sin efecto.

n Pretensión concreta

n La legitimada activa solicita que se repare integralmente el daño que le ha causado el juez tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas y a la vez se deje sin efecto las providencias dictadas el 21 y 27 de septiembre del 2010 a las 10h42 por el Dr. Ángel Moisés Pereira, juez tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas y se ordene la reparación integral de las afecciones que ha sufrido, ordenando que el señor juez deje insubsistentes y sin ningún valor las providencias que le han impedido el recurso de apelación.

n Identificación de los derechos presuntamente vulnerados por la decisión judicial

n Según la accionante, se han vulnerado los siguientes derechos constitucionales: el derecho a la defensa, el derecho a ser escuchado oportunamente en igualdad de condiciones, contar con los medios necesarios para la defensa y el derecho de impugnar la resolución, establecidos en el artículo 76 de la Constitución vigente.

n ?Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

n 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

n Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.

n c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.

n m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos?.

n De la contestación y sus argumentos

n Una vez admitido a trámite el proceso, a través de auto de fecha 18 de enero del 2011 a las 09h54, el legitimado pasivo, doctor Ángel Moisés Pereira, juez tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, mediante escrito presentado el 11 de mayo del 2011, manifiesta lo siguiente:

n Que el juicio ordinario signado con el número 401-2008 planteado por el señor José Francisco Batioja en contra de Luis Morillo Tamayo y otros, se tramitó observando todas las normas procesales correspondientes a esta clase de juicios.

n Respecto a la falta de notificación en la casilla judicial N.º 153 expuesta por la accionante, explica que no se la notificó en la casilla mencionada, puesto que en el escrito presentado el 20 de enero del 2010, no se agregó ningún número de casilla judicial; que la mencionada casilla (153) fue llenada posteriormente, a mano alzada y con esfero.

n Sobre la falta de notificación de la sentencia, considera que se la realizó de manera correcta en la casilla N.º 281 del Ab. Leónidas Díaz Ramírez, casilla judicial señalada con anterioridad por la accionante y otros.

n Finalmente, solicita que se tome en consideración que la persona que reclama falta de notificación en la casilla judicial N.º 153, es la señora María Augusta Morillo Tamayo, y la persona que presenta la acción extraordinaria de protección es María Augusta Tamayo, es decir, a esta última no se la ha dejado en indefensión, ya que no fue parte procesal en el juicio civil ordinario.

n De la audiencia pública

n En la audiencia pública realizada el 11 de mayo del 2011 a las 15h00, comparece la legitimada activa, señora María Augusta Morillo Tamayo, por medio de su abogado defensor, el doctor Wilson Quiñónez Ramírez, el mismo que dentro de su intervención expuso lo siguiente:

n En el presente caso el señor juez tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas violó el derecho al debido proceso, al haber impedido a la legitimada activa a defenderse conforme a derecho.

n El 20 de enero del 2010 su representada designó a su nuevo abogado defensor y además, señaló una nueva casilla judicial signada con el N.º 153; sin embargo, todas las providencias y demás notificaciones se las realizaron en su casilla anterior, por lo que jamás tuvo conocimiento de las diligencias practicadas.

n Que el 4 de febrero del 2010, antes de que se emita sentencia y mediante escritos de su nuevo abogado, solicita varias diligencias, las mismas que siendo proveídas no fueron notificadas en el casillero señalado por la legitimada activa, dejándola en absoluta indefensión.

n Que el 3 de septiembre del 2010, su abogado defensor solicita copias certificadas de todo el proceso, dentro de lo cual conoce que la sentencia de prescripción fue dictada a favor del actor señor José Francisco Batioja Bautista, de la misma presentó el recurso de apelación correspondiente, pero fue negado por extemporáneo.

n Señala además que las providencias de fechas 21 y 27 de septiembre del 2010, vulneraron sus derechos constitucionales, específicamente el artículo 76 numeral 7 literal m, que trata: ?recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos?, por lo que solicita que se deje sin efecto la sentencia emitida por el señor juez tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas; de igual manera, se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de lo que se dejó de notificar en su nueva casilla judicial.

n No comparecen a la audiencia el legitimado pasivo juez tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas ni el señor José Francisco Batioja Bautista, tercero con interés en la causa, a pesar de encontrarse legal y debidamente notificados.

n II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA

n CORTE CONSTITUCIONAL

n Competencia de la Corte

n El Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437 de la Constitución de la República, es competente para conocer y resolver la acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, en concordancia con lo que dispone el artículo 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y artículo 34 y siguientes del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

n De la naturaleza de la acción extraordinaria de protección

n Conforme ya lo ha expresado la Corte Constitucional en varias de sus sentencias, la acción extraordinaria de protección procede en contra de sentencias, autos en firme o ejecutoriados, y resoluciones judiciales que pongan fin al proceso.

n En esencia, la Corte Constitucional, para el período de transición, por medio de esta acción excepcional solo se pronunciará respecto a dos cuestiones principales: la vulneración de derechos constitucionales o la violación de normas del debido proceso.

n La naturaleza de la acción extraordinaria de protección consiste en que la vulneración de derechos constitucionales o la violación de normas del debido proceso no queden en la impunidad, por lo que asumiendo el espíritu tutelar la vigente Carta Fundamental, mediante esta acción excepcional las sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados puedan ser analizados por parte del más alto órgano de control de constitucionalidad en el país como es la Corte Constitucional, teniendo como efecto inmediato, si se encontrare la vulneración de derechos, la reparación del derecho violado y, por ende, el dejar sin efecto la resolución que ha sido impugnada.

n Determinación de los problemas jurídicos

n Para resolver la causa, esta Corte procede a efectuar el análisis de fondo correspondiente, en base a los siguientes problemas jurídicos:

n 1.- ¿Existe falta de notificación en el caso que se analiza y de ser así, dicha falta vulnera las normas del debido proceso?

n 2.- Mediante sus actuaciones, el juez Tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas ¿vulneró a la accionante el derecho a la defensa?

n 3.- ¿Existe falta de motivación en la sentencia objeto de esta acción extraordinaria de protección?

n 1. ¿Existe falta de notificación en el caso que se analiza y de ser así, dicha falta vulnera las normas del debido proceso?

n La legitimada activa considera que la falta de notificación en que ha incurrido el juez de primera instancia, le ha vulnerado el derecho constitucional a la defensa, puesto que, mediante escrito del 20 de enero del 2010, designó a su nuevo abogado defensor y señaló una nueva casilla judicial signada con el N.º 153; sin embargo, ninguna providencia posterior a esa fecha, ni la sentencia en sí, le ha sido notificada en dicha casilla judicial.

n Sobre la notificación, esta Corte Constitucional ha señalado que ??comprende el acto de informar a las partes la actuación de un órgano jurisdiccional determinándose, en esencia, la publicidad y transparencia de los procesos, los mismos que solo estarán garantizados si las partes intervinientes en el mismo se hallan informados debidamente de todas las actuaciones que se realizan en un proceso?1.

n En las sentencias N.º 012-09- SEP-CC, dentro del caso N.º 0048-08-EP2, ha señalado también que la omisión de esa solemnidad (falta de notificación) atenta el debido proceso y a la seguridad jurídica.

n En conclusión, la notificación con la actuación del órgano jurisdiccional es consustancial al debido proceso, puesto que a partir de la notificación, las partes inmersas en el proceso podrán preparar su defensa, podrán ser escuchadas en igualdad de condiciones, podrán presentar de modo verbal o escrito las razones o argumentos de los que se crean asistidas y replicar los argumentos de la otra parte, o podrán presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra; por tanto, los juzgadores tienen la obligación de no omitir esta parte procesal so pena de incurrir en vulneración al debido proceso, así como al derecho a la defensa, establecida como garantía en el artículo 76 numeral 7 literales a, b, c y h de la Constitución de la República.

n Debe quedar claro que la notificación es una parte consustancial del debido proceso, y este es el guardián de las solemnidades de los juicios; por tanto, cualquier acción u omisión que deviniera en un atentado grave a estas solemnidades y que de igual manera provoque un daño grave a los derechos de cualesquiera de las partes, requiere ser reparado.

n De la revisión del expediente (fojas 75 del proceso de instancia), la Corte encuentra que según la razón sentada por la Secretaría del Juzgado con fecha 20 de enero del 2010, la legitimada activa, María Augusta Morillo Tamayo, presenta un escrito solicitando al señor juez Tercero de lo Civil de Esmeraldas la confesión judicial del demandante, José Francisco Batioja Bautista, señalando en aquel escrito el nuevo casillero judicial N.º. 153, perteneciente a la Dra. Elizabeth Cevallos, para recibir futuras notificaciones; razón que de modo expreso deja sin validez alguna el argumento del juzgador, pues se debe tener presente que el secretario es aquella persona que da fe de la presentación del escrito y en aquella razón no existe constancia alguna de la no fijación del casillero judicial, al contrario, la secretaria del Juzgado da fe del escrito presentado en el cual consta el señalamiento del nuevo casillero judicial.

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n 1 (Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 012-09-SEPCC, caso No. 0048-08-EP, de fecha 14 de julio de 2009).

n 2 Del análisis del expediente, la Corte Constitucional determina que, en efecto, la Resolución de fecha 12 de enero del 2007 a las 08h50, emitida por la Primera Sala de lo Laboral y Social de la ex Corte Suprema de Justicia, vulnera las normas del debido proceso, por cuanto la falta de notificación viola el derecho que el legitimado activo tenía para realizar diligentemente su derecho constitucional a la defensa, lo cual va en detrimento también de la seguridad jurídica, colocando al legitimado activo en una situación de desventaja real al no poder acudir a los órganos jurisdiccionales en igualdad de condiciones frente a su opositor?. (Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 012-09- SEP-CC, caso 0048-08-EP, jueza ponente Dra. Nina Pacari Vega, 14 de julio 2009).

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n El juez de la causa, mediante providencia del 4 de febrero del 2010 (fojas 78) si bien atiende lo referente a la confesión judicial fijando día y hora para que tenga lugar dicha diligencia, no dispone que se tome en cuenta el nuevo casillero judicial, asunto que sí lo hace respecto del cambio de casillero señalado por el perito Ab. Piar Flores Ortiz. Esta flagrante omisión, que bien puede ser concebida como discriminatoria o falta de imparcialidad, incide directamente en la vulneración del derecho a la defensa; por tanto, la omisión en el cumplimiento de una solemnidad procesal ocasiona que la legitimada activa quede en absoluta indefensión.

n De la prolija revisión del expediente esta Corte constata que a partir de fojas 76 del proceso, la legitimada activa no ha sido notificada en su casillero judicial N.º 153 con ninguna de las providencias emitidas por el juez Tercero de lo Civil de Esmeraldas ni con la sentencia dictada en dicha causa; es más, el propio juzgador admite que no se la notificó en la casilla 153 debido a que en el escrito presentado el 20 de enero del 2010, no constaba ningún número de casilla judicial, argumento sin fundamento en virtud de la razón sentada por el secretario del Juzgado, conforme se había analizado en líneas anteriores; en consecuencia, la falta de notificación no atañe a la Secretaría del Juzgado, sino a la omisión expresa del juzgador, quien no dispuso en la providencia respectiva que se tome en cuenta el nuevo casillero judicial y de este modo cumplir con una solemnidad que es parte consustancial del debido proceso. Esta omisión es la que no le ha permitido a la legitimada activa, María Augusta Morillo Tamayo, presentar las correspondientes observaciones al informe pericial del Ab. José Piar Flores Ortiz, de fecha 09 de febrero del 2010 a las 12h00, ni actuar en ninguno de los actos judiciales posteriores al 20 de enero del 2010; por tanto, se vulnera el derecho a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, el derecho a presentar de forma verbal o escrita las razones o los argumentos de los que se creía asistida y replicar los argumentos de la otra parte que constituyen elementos esenciales del debido proceso.

n Ahora bien, el doctor Ángel Moisés Pereira, juez tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, a fojas 18 del caso N.º 1662-10-EP, entre sus alegatos manifiesta lo siguiente: ?sobre la alegación de la señora María Augusta Morillo en la acción de protección extraordinaria que no se ha tomado en consideración la casilla judicial 153 de folio 75, es porque el escrito ingresado por ventanilla el 20 de enero de 2010, a las 16h07, no consta ninguna casilla, evidenciando que el número 153 ha sido llenado con posterioridad y no se sabe por quien, realizado a mano alzada y con esfero?.

n No obstante lo anotado por el juez tercero de lo Civil de Esmeraldas, de la razón sentada al pie del escrito presentado por la legitimada activa y que consta a fojas 75 del expediente de instancia, consta el siguiente texto: ?Presentado en el día de hoy miércoles veinte de enero de dos mil diez, a las dieciséis horas y siete minutos, con 02 copias iguales a su original. Adjunta: adjunta un sobre cerrado. Certifico?. A continuación consta una firma que pertenece a la Dra. Graciela Mora Toro, Secretaria del Juzgado, por tanto, la señora secretaria ha dado fe que en el escrito constaba la casilla judicial N.º 153, quedando establecido que lo alegado por el legitimado pasivo no deja de ser una absurda elucubración.

n 2.- Mediante sus actuaciones ¿el Juez Tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas vulneró el derecho a la defensa de la accionante?

n La Constitución ecuatoriana, en su misión tutelar de derechos constitucionales, se encuentra facultada para velar por el máximo respeto de los derechos constitucionales consagrados en la Carta Magna, con la finalidad de que los operadores de justicia, en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, no vulneren los derechos constitucionales ni el debido proceso. En ese contexto, la Constitución ecuatoriana, en el artículo 76 numeral 7 literal a expresa: ?Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado de procedimiento?.

n El profesor Francisco Caamaño, respecto al derecho a la defensa, manifiesta que: ?Todos tienen derecho a la autodefensa, es decir, a comparecer en un proceso, asumir su propia representación y oponerse a las pretensiones sustentadas de contrario. Todos tienen derecho a hablar y a expresar sus razones en un proceso judicial en el que se cuestiona el ejercicio de sus derechos o intereses legítimos?3.

n Según el tratadista, Vázquez Russi, citado por Alfonso Rodríguez: ?El derecho de defensa aparece como una norma de rango constitucional, válido para todo tipo de proceso, derivado de los valores de seguridad jurídica y de igualdad de oportunidades, ligada a una recta administración de justicia y concretada a través de las disposiciones de los códigos de rito que posibiliten, de la manera más amplia, la debida contradicción ante la acción, permitiendo que el accionado pueda ser oído, hacer valer sus razones, ofrecer y controlar la prueba e intervenir en la causa en pie de igualdad con la parte actora?4.

n En el caso concreto, una vez revisado el expediente, se evidencia que la falta de notificación vulneró el derecho a la defensa, puesto que no presentó ninguna observación al peritaje así como tampoco pudo actuar frente a los autos y providencias dictados a partir del 20 de enero del 2010 por el señor juez tercero de lo Civil de Esmeraldas, dejando a la legitimada activa en absoluta indefensión.

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n 3 Caamaño, Francisco. El derecho a la defensa y asistencia letrada en cuadernos de Derecho Público. Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2000, pág.114.

n 4 Vásquez Russi, Jorge citado por Rodríguez, Orlando Alfonso. La presunción de inocencia y el derecho de defensa en la presunción de inocencia principios universales. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá (COL), 2001, pags. 519-520.

n 3. ¿Existe falta de motivación en la sentencia objeto de esta acción extraordinaria de protección?

n En la legislación ecuatoriana el derecho a la motivación se encuentra consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República, que literalmente consagra: ?Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados?.

n Muchos tratadistas consideran que la misión fundamental de los jueces consiste en motivar las resoluciones en términos asequibles; para el profesor Hernández, motivar es: ??en definitiva la construcción de las legítimas, coherentes y pertinentes razones jurídicas que tiene el juez y toda autoridad pública para resolver en determinado sentido el caso sometido a su conocimiento y decisión (?) La motivación le da sentido a la resolución, debe convencer a quien la lea de la justicia y profesionalidad de la decisión de fondo contenida en ella?5.

n De la prolija revisión del proceso esta Corte constata que a fojas 40 consta la providencia del 21 de abril del 2009 a las 08h26, dictada por el juez tercero de lo Civil de Esmeraldas, cuyo contenido es el siguiente: ?VISTOS.- De la revisión del proceso aparece que los demandados han reconvenido al actor sin que dicha reconvención se haya corrido traslado a la parte contraria, omisión esta que influye en la decisión de la causa, por lo que (?) de oficio se declara la nulidad de todo lo actuado a partir de fojas 23 en adelante ??.

n La Corte constata también que a fojas 32 consta la declaración testimonial de Agustín Quiñones Cabezas, a fojas 32 vuelta la declaración de Santos Hugo Angulo Jaén, a fojas 33 de Germán Ilario Aparicio Benavides y a fojas 34 la del testigo Maximiliano González Gonzalez; fojas que mediante providencia del 21 de abril del 2009 fueron declaradas nulas de oficio.

n Del análisis de la sentencia dictada el 16 de julio del 2010, la Corte evidencia que el juzgador considera como base de su motivación las declaraciones testimoniales que mediante providencia fueron declaradas nulas, tanto es así que en el considerando Quinto de la sentencia impugnada se dice: ?Dentro del término de prueba el actor reproduce los documentos base de la demanda, presenta los testimonios de los señores AGUSTIN QUIÑONEZ CABEZAS, SANTOS ANGULO JAEN, GERMAN ILARIO APARICIO Y MAXIMILIANO GONZALEZ GONZALEZ, quienes al contestar el pliego de preguntas para ellos formulado da suficiente razón de sus dichos??6.

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n 5 Hernández Terán, Miguel. Seguridad Jurídica: Análisis, Doctrina y Jurisprudencia. Editorial Edino, Guayaquil (EC), 2004, pág. 55.

n 6 Fojas 101-102 de la causa No. 401-2008.

n De lo anotado se infiere claramente que el juzgador se acoge a fojas procesales inexistentes como efecto jurídico de la nulidad, puesto que carecen de validez, por lo que, en estricto sentido, es evidente la falta de motivación, debiendo señalar que de la revisión al expediente de instancia, una vez que ha sido subsanado el procedimiento, a partir de fojas 40 en adelante no se encuentra declaración testimonial alguna de AGUSTIN QUIÑONEZ CABEZAS, SANTOS ANGULO JAEN, GERMAN ILARIO APARICIO Y MAXIMILIANO GONZALEZ GONZALEZ.

n Este hecho permite demostrar que la sentencia carece de motivación por sustento inadecuado entre los hechos fácticos, los actos procesales y la resolución emitida, por tanto vulnera de modo flagrante el artículo 76 numeral 7 literal l ?el derecho a la motivación? consagrado en la Constitución de la República.

n Finalmente, en cuanto a la alegación del tercero con interés respecto a una supuesta ilegitimidad de personería por cuanto la demanda de acción extraordinaria de protección es presentada por María Augusta Tamayo y no por María Augusta Morillo Tamayo, se debe mencionar que el artículo 169 de la Constitución de la República determina el principio de primacía de lo sustancial por sobre lo formal en acciones constitucionales. En aquel sentido, el antes mentado artículo establece que ?? no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades?. Del análisis del expediente se puede colegir que este error ha sido subsanado en el devenir procesal, en donde el sujeto procesal, María Augusta Morillo Tamayo, se encuentra plenamente identificado; por tanto, no tiene asidero lo manifestado por el tercero con interés respecto a que la hoy accionante no fue parte procesal en el juicio civil ordinario.

n III. DECISIÓN

n En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y