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n REGISTRO OFICIAL
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n Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado
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n Presidente Constitucional de la República del Ecuador
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n Miércoles, 16 de Mayo de 2012 – R. O. No. 704
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n SUPLEMENTO
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n SUMARIO
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n Servicio de Rentas Internas:
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n Circular
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n NAC-DGECCGC12-00007 A las instituciones del Estado, empresas públicas y privadas, que requieran para la atención de trámites, la presentación del certificado del Registro Único de Contribuyentes (RUC) actualizado
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n Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación:
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n Resoluciones
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n 0138-DIGERCIC-DNAJ-2012 Delégase al economista Edwin Eduardo Loayza Polo, Subdirector del Registro Civil, Identificación y Cedulación, todas las funciones y atribuciones que la Constitución y la ley le confieren al Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, el tiempo que dure la ausencia del Director General titular
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n 0284-DIGERCIC-DNAJ-2012 Delégase al ingeniero Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General de Planificación de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, todas las funciones y atribuciones que la Constitución y la ley le confieren al Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, el tiempo que dure la ausencia del Director General titular
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n Corte Constitucional-Para el Periodo de Transición:
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n Sentencias
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n 015-12-SEP-CC Declárase que no ha existido vulneración de derechos constitucionales y niéganse las acciones extraordinarias de protección presentadas por el señor Ricardo González Rubio Gutiérrez y otro
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n 0027-12-SEP-CC Decláranse vulnerados los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la seguridad jurídica y acéptase la acción extraordinaria de protección propuesta por la abogada Cecilia María Zurita Toledo, liquidadora de Filanbanco S. A. en liquidación
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n Ordenanzas Municipales:
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n – Cantón Cuenca: Que establece las tasas por servicios de rastro y plazas de ganado de la Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas de Ganado EMURPLAG EP
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n Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Gonzanamá: Que regula la organización, administración y funcionamiento del Registro de la Propiedad
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n CONTENIDO
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n n
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n CIRCULAR No. NAC-DGECCGC12-00007
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n A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, QUE REQUIERAN
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n PARA LA ATENCIÓN DE TRÁMITES, LA
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n PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DEL
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n REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) ACTUALIZADO
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n De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director General del Servicio de Rentas Internas expedir resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración.
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n
n El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.
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n El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.
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n
n En concordancia, el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la Administración Tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia.
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n El artículo 3 de la Codificación de la Ley del Registro Único de Contribuyentes establece los sujetos que están obligados a inscribirse por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
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n El artículo 14 del mismo cuerpo legal, en concordancia con lo señalado en el artículo 11 de su reglamento de aplicación, señala los casos en los cuales los sujetos pasivos deben actualizar su información en el Registro Único de Contribuyentes, dentro del plazo de treinta días de ocurridos cualquiera de los hechos enumerados en el referido artículo.
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n
n Adicionalmente, el artículo 19 del Reglamento para la Aplicación de la Ley del Registro Único de Contribuyentes establece que la información contenida en el certificado de inscripción en el RUC, es de carácter público, por lo que el Servicio de Rentas Internas ha puesto a disposición de los sujetos pasivos la consulta de RUC en línea, a través de su página web www.sri.gob.ec.
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n
n Con base en la normativa constitucional, legal y reglamentaria anteriormente señalada, esta Administración Tributaria recuerda a las instituciones del Estado, a las empresas públicas y a las empresas privadas, que requieran para la atención de trámites, la presentación del certificado del RUC, actualizado, lo siguiente:
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n La actualización en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) procede únicamente cuando han cambiado los datos correspondientes a la información del respectivo sujeto pasivo, conforme lo establece el artículo 14 de la Codificación de la Ley del RUC, en concordancia con el artículo 11 de su reglamento de aplicación, para lo cual los sujetos pasivos disponen de un plazo de 30 días (hábiles) contados a partir de la fecha en la cual ocurrieron los hechos.
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n
n En este sentido, salvo los casos señalados en la normativa tributaria vigente, los sujetos pasivos no están obligados a actualizar su certificado de RUC.
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n Comuníquese y publíquese.
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n Dictó y firmó la circular que antecede, el doctor Manolo Rodas Beltrán, Director General (S) del Servicio de Rentas Internas, en Quito, D. M., 9 de mayo del 2012.
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n Lo certifico.-
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n f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General del Servicio de Rentas Internas.
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n Jorge Mario Montaño Prado
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n DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN.
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n
n
n Considerando:
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n
n Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador la Administración Pública se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
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n
n
n Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la ley o por decreto;
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n
n Que, el artículo 11 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 414 de viernes 29 de agosto del 2008, establece las atribuciones y responsabilidades que deberá cumplir la Subdirección General;
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n
n
n Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8, publicado en el Registro Oficial No. 10 de 24 de agosto del 2009, se adscribe la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información;
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n
n Que, con oficio No. MRECI-SAMCR-2012-0029 de 12 de marzo del 2012, el Ministerio de de Relaciones Exteriores invita al señor Director General de la DIGERC, que en función al Convenio de Cooperación Interinstitucional a suscribirse participe en la presentación de la operatividad del sistema de emisión de documentación en el Consulado de Murcia ? España, del 15 al 17 de marzo del 2012;
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n
n Que, según oficio No. 2012-00242-DIR-G de 13 de marzo del 2012, el señor Director General de la DIGERCIC, solicita al Ing. Jaime Guerrero Ruiz, Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información autorizar el traslado su viaje en comisión de servicios, los días del 14 al 20 de marzo; autorizado conforme sumilla inserta en el mismo documento;
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n
n Que, la Subsecretaría Nacional de la Administración Pública, autorizó el viaje del Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Jorge Mario Montaño a la ciudad de Murcia ? España, mediante la suscripción de la solicitud de viaje No.16641; y,
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n
n
n En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y 100 del Código Civil,
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n Resuelve:
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n Artículo. 1.- Delegar al economista Edwin Eduardo Loayza Polo, Subdirector del Registro Civil, Identificación y Cedulación, todas las funciones y atribuciones que la Constitución y la ley le confieren al Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, desde el día miércoles 14 de marzo a las 14h00, hasta el día martes 20 de marzo del 2012, incluido, tiempo que durará la ausencia del Director General titular.
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n
n
n El Director General Encargado, tendrá competencia nacional en función del ejercicio del presente encargo y de sus funciones, responderá administrativa, civil y penalmente por los actos realizados durante el tiempo de encargo, y tendrá derecho a percibir el valor por subrogación que le corresponda.
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n
n
n Artículo. 2.- Disponer a la Dirección de Recursos Humanos que una vez suscrita la presente resolución se elaboren las correspondientes acciones de personal de comisión de servicios al exterior del suscrito Director General y de encargo de funciones.
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n
n Artículo. 3.- Notificar con el contenido de la presente resolución, a través de la Secretaría General de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, a la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP) y a las instancias internas pertinentes de la institución.
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n
n Artículo. 4.- La presente delegación entrará en vigencia conforme el contenido de la presente resolución, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
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n
n Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los trece días del mes de marzo del dos mil doce.
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n
n f.) Jorge Mario Montaño Prado, Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.
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n
n DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN.- f.) Ilegible.- Certifico que es fiel copia del original.- 10 de mayo del 2012.
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n
n
n
n Jorge Mario Montaño Prado
n
n DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN.
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n
n
n Considerando:
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n
n
n Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador la Administración Pública se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
n
n
n
n Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la ley o por decreto;
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n
n
n Que, el artículo 11 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesas de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 414 de viernes 29 de agosto del 2008, establece las atribuciones y responsabilidades que deberá cumplir la Subdirección General;
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n
n
n Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8, publicado en el Registro Oficial No. 10 de 24 de agosto del 2009, se adscribe la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información;
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n
n Que, con oficio s/n de 19 de abril del 2012, la Subsecretaría de Asuntos Migratorios, Consulares, y Refugio invita al señor Director General de la DIGERCIC, a que en función al Convenio de Cooperación Interinstitucional a suscribirse con el Ministerio de Relaciones Exteriores, participe en la presentación, instalación, y capacitación operativa del sistema para la emisión de documentación en los consulados del Ecuador en los Estados Unidos de Norte América;
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n
n Que, el Director de Talento Humano mediante informe técnico No. DHT-172- 2012 de 3 de mayo del 2012, emite dictamen favorable relativo al desplazamiento de la máxima autoridad institucional a los Estados Unidos de Norte América, con la finalidad de mantener reuniones de trabajo, donde se abordarán temas sobre la implementación del sistema registral, en beneficio de ciudadanos ecuatorianos residentes en ese país;
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n
n
n Que, la Subsecretaría Nacional de la Administración Pública, autorizó el viaje del Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Jorge Mario Montaño a los Estados Unidos de Norte América, mediante la suscripción de la solicitud de viaje No. 17858; y,
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n
n
n En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y 100 del Código Civil,
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n
n Resuelve:
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n
n Artículo. 1.- Delegar al ingeniero Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General de Planificación de la Dirección General Registro Civil, Identificación y Cedulación, todas las funciones y atribuciones que la Constitución y la ley le confieren al Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, desde el día lunes 7 de mayo, hasta el día jueves 10 de mayo del 2012, tiempo que durará la ausencia del Director General titular.
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n
n
n El Director General Encargado, tendrá competencia nacional en función del ejercicio del presente encargo y de sus funciones, responderá administrativa, civil y penalmente por los actos realizados durante el tiempo de encargo, y tendrá derecho a percibir el valor por subrogación que le corresponda.
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n
n
n Artículo. 2.- Disponer a la Dirección de Talento Humano que una vez suscrita la presente resolución se elaboren las correspondientes acciones de personal de comisión de servicios al exterior del suscrito Director General y de encargo de funciones.
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n
n
n Artículo. 3.- Notificar con el contenido de la presente resolución, a través de la Secretaría General de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, a la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP) y a las instancias internas pertinentes de la institución.
n
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n
n Artículo. 4.- La presente delegación entrará en vigencia conforme el contenido de la presente resolución, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
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n Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los tres días del mes de mayo del dos mil doce.
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n
n f.) Jorge Mario Montaño Prado, Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.
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n
n DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN.- f.) Ilegible.- Certifico que es fiel copia del original.- 10 de mayo del 2012.
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n Quito, D. M., 06 de marzo del 2012
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n CASO N.º 0208-10-EP
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n CORTE CONSTITUCIONAL
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n PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN
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n
n Jueza constitucional sustanciadora: Dra. Ruth Seni Pinoargote
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n I. ANTECEDENTES
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n
n La demanda se presenta en la Corte Constitucional, para el período de transición, el 05 de marzo del 2010 a las 09h36.
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n
n
n La Secretaria General de la Corte Constitucional, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 del Reglamento de Sustanciación de Proceso y del 2010 a las 17h45, certifica que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.
n
n
n
n Por su parte, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, mediante auto del 13 de abril del 2010 a las 15h19, admite a trámite la acción extraordinaria de protección N.º 0208-10-EP.
n
n
n
n Del mismo modo, en virtud de lo dispuesto en la normativa aplicable al caso y el sorteo de rigor, la Dra. Ruth Seni Pinoargote, en su calidad de jueza sustanciadora, mediante auto del 13 de mayo del 2010 a las 10h00, avoca conocimiento de la presente acción extraordinaria de protección N.º 0208-10-EP.
n
n
n
n Detalle de la demanda
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n
n Ricardo González Rubio Gutiérrez, por sus propios derechos y fundamentado en lo dispuesto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, presenta acción extraordinaria de protección en contra del auto de inadmisión del 19 de enero del 2010 a las 09h00, expedido por la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, dentro del juicio laboral N.º 39-2010, seguido por Juan Francisco Zunino Parra contra Nino Fruit Company S. A., por violatorio del debido proceso, derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva.
n
n
n
n Plantea que el recurso fue inadmitido por la Sala sustentándose en la exclusiva razón que en el escrito ?ha indicado las normas aplicables a la valoración de la prueba que se han infringido, por considerar que aquellas han sido objeto de falta de aplicación, pero ha omitido mencionar las disposiciones de carácter sustantivo que se ha transgredido en forma indirecta como producto del error en la apreciación de los medios probatorios Por consiguiente y al no existir precisión, este Tribunal rechaza el recurso propuesto, según lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Casación?.
n
n
n
n Subraya que ningún juez constitucional puede aceptar que el auto transcrito contenga la motivación exigida por el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República, y es inadmisible aceptar el cumplimiento de esa exigencia constitucional por ser diferentes los hechos que se exponen a los que constan en el proceso.
n
n
n
n Agrega que el recurso de casación contiene los dos requisitos para la procedencia de la causal tercera prescrita en el artículo 3 de la Ley de Casación, esto es, la cita de los artículos referentes a la aplicación de las reglas sobre la aplicación de la prueba inaplicada y las normas sustantivas indirectamente vulneradas.
n
n
n
n Asegura que se menciona con precisión los artículos del Código de Procedimiento Civil y del Código de Trabajo que se infringieron en la aplicación de los medios probatorios, lo cual en forma expresa acepta la misma Sala; se razona y argumenta con exactitud, sindéresis y lógica en qué consiste la transgresión de la norma o normas de derecho que regulan la valoración de la prueba, lo cual es objetado por los juzgadores de casación; y, finalmente, se enuncia en el escrito que contiene el recurso, en forma concreta que todo ello condujo indirectamente o por ?efecto carambola? a aplicar indebidamente las normas de la relación laboral a una relación jurídica esencial y materialmente distinta, pues ?definitivamente? no existió vínculo laboral? dado que la relación laboral, luego del finiquito, se torno ?en relación civil reconocida también por el actor en la confesión judicial?.
n
n
n
n Al no haber reconocido la Sala de lo Laboral esta evidente realidad procesal, en forma directa, incumplió con lo prescrito en los artículos 22 y 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, y vulneró en forma evidente tres derechos constitucionales inherentes al debido proceso y al derecho a la defensa: a) Falta de motivación, pues la expresada es falsa (literal l, numeral 7, artículo 76 de la Constitución de la República); b) La negación de que la causa sea sustanciada ante los jueces naturales y competentes que eran los de materia civil y no laboral (literal k, numeral 7, artículo 76 de la Constitución de la República); y, c) La ilegal e inconstitucional inadmisión de la sustanciación del recurso de casación legalmente interpuesto (literal m, numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República).
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n
n
n Se evidencia en forma natural que no existió motivación acorde a los antecedentes de hecho y que, por el contrario, se trata de una falsa motivación, lo que condujo a que se vulnere el derecho de defensa y determinó que se acepte la competencia de jueces que no lo eran en razón de la materia; finalmente, causó que los jueces de la Sala nieguen el derecho a que el recurso interpuesto sea sustanciado y resuelto por el fondo, vulnerando además el derecho a la tutela judicial efectiva.
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n
n
n Solicita que en sentencia motivada se declare la nulidad del auto de inadmisión expedido por la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia del 19 de enero del 2010, en el juicio laboral N.º 39-2010, por arbitrario y del que niega la revocatoria peticionada el 01 de febrero del 2010, y dispongan que se califique el recurso de casación interpuesto para que sea resuelto conforme a la ley.
n
n
n
n De igual modo, el Ing. Tomás Chang Yánez, por sus propios derechos y fundamentado en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República y demás normativa aplicable al caso, presenta acción extraordinaria de protección en contra del auto del 19 de enero del 2010 a las 09h00, expedido por la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, dentro del trámite N.º 39-2010, seguido por Juan Zunino Parra, por violatorio del debido proceso y la seguridad jurídica.
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n A su juicio, no se analizaron y valoraron debidamente las pruebas dentro del juicio y que luego de ?recién recibir el proceso de alzada el día 11 de enero del presente año, ya con fecha 19 del mismo mes y año, emiten su resolución definitiva, luego de tan solo cinco escasos días hábiles, han procedido a leer, analizar, estudiar más de trescientas páginas de prueba cada uno de los señores jueces nacionales??.
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n
n
n Señala que se han violado sus derechos contemplados en los artículos 1, 11 numeral 3, 75, 76 y 82 de la Constitución de la República; artículos 59 y 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por las siguientes razones: a) Falta de personería jurídica de la parte demandada, señor Tomás Chang Yánez; b) Validez del acta de finiquito (no es impugnable), pues cumple con los requisitos establecidos en el Código de Trabajo; c) Existencia de una relación de carácter civil y no laboral denominada ?arrendamiento de servicios intangibles?, por lo que existe incompetencia en razón de la materia de los juzgadores de primera y segunda instancias; d) Perjurio cometido por el actor al momento de rendir la confesión judicial; y, e) Inexistencia del despido intempestivo alegado.
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n
n Solicita que se deje sin efecto la sentencia del 19 de enero del 2010, emitido por la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, dentro del trámite N.º 39-2010 y se ordene las medidas cautelares necesarias para remediar el daño.
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n
n Contestación a la demanda
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n
n Dr. Alonso Flores Heredia, juez presidente de la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, en relación con las acciones extraordinarias de protección presentadas por el Ing. Tomás Chang Yánez y Ricardo González Rubio Gutiérrez, en contra del auto del 19 de enero del 2010, emitido por el Tribunal de Casación, dentro del proceso 39-2010 de índole laboral, presenta su informe de descargo en los siguientes términos:
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n
n
n Respecto a la acción presentada por Ricardo González Rubio Gutiérrez, en síntesis se señala que el Tribunal se abstiene de realizar cualquier tipo de consideración respecto al fondo del asunto, puesto que la providencia que se impugna no resuelve la cuestión controvertida, sometida a conocimiento de los jueces nacionales, sino que se trata de un auto interlocutorio que rechaza liminarmente el recurso extraordinario de casación propuesto por no cumplir con los requisitos indispensables para su aceptación, tanto más que ello implicaría anticipar un criterio, lo cual se encuentra vedado por la Constitución y la ley. El recurso extraordinario de casación propende la defensa del derecho objetivo, ius constitutioni, velando por su correcta y uniforme aplicación o interpretación, así como protección y restauración del derecho subjetivo de las partes en litigio, ius litigatoris, cuando los tribunales hubieren aplicado indebidamente el derecho al caso concreto sometido a juzgamiento.
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n
n
n Sin embargo, dado su carácter eminentemente técnico y dispositivo, se exige que para que pueda entrar a conocer el fondo de las cuestiones planteadas, el Tribunal analice una serie de requisitos de procedibilidad exigidos por la Ley de Casación para su calificación y admisión. En este sentido, las diversas salas de la ex Corte Suprema, hoy Corte Nacional de Justicia, a través de reiterados fallos han declarado que son cuatro los requisitos exigidos por la Ley para que sea admitido el recurso de casación atendiendo lo que disponen los artículos 2, 4, 5 y 6 de la citada Ley.
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n
n
n En el presente caso, la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional, habiendo realizado el respectivo análisis del escrito de interposición y fundamentación del recurso propuesto por Ricardo González Rubio Gutiérrez, encontró que este era improcedente.
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n
n Respecto a las alegaciones efectuadas por el recurrente en el escrito de casación se debe tener presente lo dispuesto en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, relativa a la vulneración de normas afines con la valoración de la prueba.
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n
n Indica que conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia, la valoración de la prueba es una atribución de los jueces y tribunales de instancia, y el Tribunal de Casación no tiene atribuciones para hacer otra y nueva valoración, salvo casos excepcionales, cuando aparezca indudablemente que no hay aplicación de las reglas valorativas de la prueba, o que exista una valoración ilógica o contradictoria que haya conducido a tomar una decisión arbitraria, haciendo necesario un nuevo análisis.
n
n En tal virtud, el recurrente, para que prospere su recurso, debe cumplir las siguientes exigencias: 1. Identificar el medio de prueba en el que a su juicio se ha infringido la norma o normas de derecho que regulen la valoración de esa prueba; 2. Identificar la norma de derecho que regula la valoración de la prueba, que estima ha sido transgredida; 3. Demostrar, con razonamientos de lógica jurídica completos, concretos y exactos, en qué consiste la transgresión de la norma o normas de derecho que regulan la valoración de la prueba; 4. Identificar las normas sustantivas o materiales que en la parte resolutiva del fallo han sido equivocadamente aplicadas o no, por carambola o en forma indirecta, por la trasgresión de los preceptos jurídicos que rigen la valoración de la prueba.
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n
n
n En el presente caso, si el recurrente invocó la causal tercera del citado artículo, en la fundamentación del escrito debió demostrar con absoluta precisión el error de derecho en que incurrió el juez al ?aplicar o inaplicar? los preceptos jurídicos relacionados a la valoración de la prueba; sin embargo, revisado el recurso de casación se evidenció que el hoy accionante en ninguna parte de su escrito se refiere a la falta de aplicación del ?acta de finiquito?, como argumenta en su acción, para refutar la supuesta inexistencia del vínculo laboral.
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n
n Resulta ilógico que el accionante señale que en el fallo que se impugna se han infringido las normas contenidas en los artículos 113, 114 primer inciso, 115 y 142 del Código de Procedimiento Civil, cuando su argumentación entraña una errónea e indebida aplicación de las normas de la valoración de la prueba relativas a la confesión judicial, mas no una falta de aplicación, pues el juez sí aplicó la norma, pero a criterio del recurrente esta interpretación no fue correcta.
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n
n En cuanto a la afirmación del recurrente de que existe ?falta de motivación?, ya que la Segunda Sala de manera contradictoria determinó que no se acepte la competencia de jueces que no lo eran en razón de la materia, lo cual les negó su derecho a conocer el fondo del asunto, afectando su derecho a la tutela judicial efectiva, señalan al respecto que la acción extraordinaria de protección ataca el auto de admisibilidad de un recurso de casación, por lo que mal podría un juez o tribunal colegiado entrar a conocer el fondo del asunto porque eso implicaría anticipar criterio, más aún si la supuesta ?incompetencia del juez? por disposición expresa del artículo 571 solo podrá alegarse como excepción y debe ser resuelta en sentencia de fondo.
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n
n
n En la especie, el auto de admisibilidad del recurso cumple con las exigencias de la motivación expresa, clara, completa, legítima y lógica, pues se señalan los razonamientos de hecho y de derecho en los que la Sala sustenta su auto, basándose en las alegaciones expresas de las partes, por lo que no existe la supuesta contradicción a la que se refiere el recurrente.
n
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n
n En definitiva, la Sala estimó que existió suficiente carga argumentativa para inadmitir el recurso de casación interpuesto por Ricardo González Rubio, sin que ello signifique una lesión a los derechos constitucionales invocados por el recurrente.
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n
n En relación a la acción extraordinaria de protección presentada por el Ing. Tomás Chang Yánez, argumenta en resumen lo siguiente: La procedencia o improcedencia de un recurso de casación está dada por el conjunto de los requisitos necesarios para que el Tribunal Superior pueda pronunciarse sobre el fondo de la impugnación; sin embargo, conforme el artículo 8 de la Ley de Casación, la Sala tiene el término de 15 días para dictar el auto inicial de admisión o inadmisión tanto del recurso de casación como del de hecho, en caso de haberlo, lo cual efectivamente ocurrió en la especie, pues los juzgadores de casación dentro del término establecido y previa verificación de si concurren o no los requisitos de fondo y de forma exigidos por la Ley de Casación, inadmitieron liminarmente el mismo, por lo que resulta extraña la afirmación del accionante sobre la premura de la mal llamada ?sentencia?. En efecto, cabe indicar que el objeto de la presente acción no está dirigido contra una ?sentencia? como lo sostiene el recurrente, sino contra un ?auto? de procedibilidad de recurso, por lo que mal pudo este Tribunal entrar a conocer el fondo del asunto como se refiere el accionante en su extenso escrito.
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n El recurrente pretende que a través de un auto de inadmisión de un recurso de casación, los juzgadores se pronuncien sobre la sentencia emitida por el tribunal de última instancia, esto es sobre la falta de personería de Tomás Chang, la incompetencia de los jueces de trabajo, la validez del acta de finiquito, el supuesto perjurio cometido por el actor al momento de rendir su confesión judicial, la inexistencia del despido intempestivo alegado, asunto que se encuentra prohibido por la Constitución y la ley.
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n En el presente caso, el auto de inadmisión del recurso de casación presentado por Tomás Chang Yánez, señalaba que el recurrente fundaba su recurso en las causales segunda y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. La causal segunda se refiere al hecho de que la sentencia que se impugna ha sido dictada sobre un proceso que está viciado de nulidad no saneada, violándose una solemnidad sustancial de las contempladas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; por ello, el demandado en su recurso debía establecer cuál ha sido la nulidad insanable o la indefensión provocada dentro del proceso. Además, alegó la infracción directa de varias disposiciones constitucionales, legales y varios precedentes jurisprudenciales, sin fundar el recurso en la causal primera del artículo 3 de la mentada Ley, y omitiendo particularizar el vicio o cargo en el cual creyó que recayó cada una de la normas que consideró transgredidas, esto es, indicar si fueron objeto de aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación, pues dichos conceptos son excluyentes y contradictorios entre sí.
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n Con relación a la causal tercera, el casacionista si bien invoca el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil aplicable a la valoración de la prueba, en su argumentación no ha mencionado la o las disposiciones sustantivas que se infringieron en forma indirecta como consecuencia del yerro en la apreciación de los medios probatorios, por lo que al no existir esta relación causal, es imposible que esta Sala pueda conocer el recurso planteado.
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n En la especie, al tratarse de un auto que rechaza de manera liminar el recurso de casación propuesto por el accionante a través de la acción extraordinaria de protección, debió indicar de forma motivada la forma como la citada providencia lesionó su derecho al debido proceso o a la seguridad jurídica, debió indicar cuál o cuáles fueron los yerros o agravios de la Sala para rechazar su recurso tanto al vicio que denuncia como el derecho que lo sustenta. Solicita que se rechacen las demandas propuestas.
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n II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE
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n LA CORTE CONSTITUCIONAL
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n Competencia de la Corte Constitucional
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n La Corte Constitucional, para el periodo de transición, es competente para conocer y resolver sobre las acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 429 y 437 de la Constitución de la República, y el artículo 27 del Régimen de Transición, publicado con la Constitución de la República en el Registro Oficial N.º 449 del 20 de octubre del 2008, en concordancia con el artículo 191 numeral 2 literal d y Tercera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 3 numeral 8, literal b y artículo 35 tercer inciso del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.
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n Argumentación de la Corte al problema planteado
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n Dentro de las denominadas garantías jurisdiccionales, la Constitución de la República ha instituido la denominada acción extraordinaria de protección, con la finalidad de revisar el debido cumplimiento, observancia y respeto de los derechos determinados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en lo que respecta al debido proceso y la tutela judicial efectiva en los procesos judiciales, sean ordinarios o constitucionales. En otras palabras, esta garantía jurisdiccional tiene por objetivo materializar el postulado de que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia y que su deber primordial es garantizar el goce efectivo de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.
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n Sin embargo, se debe tener presente que si bien esta acción busca revisar y remediar vulneraciones de derechos emanados de los poderes públicos, incluido el judicial a través de la Corte Constitucional, este órgano de justicia constitucional debe abstenerse de conocer hechos que se aparten del problema constitucional y de efectuar consideraciones sobre la actuación de los jueces en temas de legalidad. En este sentido, la acción extraordinaria de protección no puede ser desnaturalizada al convertírsela en la práctica de una ulterior instancia del recurso ordinario o de casación, sino como una medida excepcional, cuando existe realmente la vulneración a la tutela judicial efectiva o las normas del debido proceso.
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n Por tanto, es necesario orientar el análisis a la verificación de las supuestas vulneraciones a la tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, falta de motivación y a la seguridad jurídica que según los recurrentes habrían incurrido los jueces de la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, mediante auto del 19 de enero del 2010 a las 09h00, dentro del proceso N.º 39-2010.
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n El artículo 94 de la Constitución de la República en que se fundamenta la acción señala: ?La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuere atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado?.
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n Por su parte, el artículo 437 ibídem establece: ?Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso, la Corte constatará el cumplimiento de los siguientes requisitos:
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n Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados.
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n Que el recurrente demuestre en el juzgamiento se ha violado por acción u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos por la Constitución?.
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n En este orden, los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen que la acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución y puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que han o hayan debido ser parte de un proceso.
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n Así las cosas, el accionante Ricardo González Rubio Gutiérrez impugna mediante esta acción el auto del 19 de enero del 2010 a las 09h00, dentro del proceso N.º 39-2010, emitido por los jueces de la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, complementado con la negativa a su revocatoria en auto del 01 de febrero del 2010, lesionando con ello su derecho al debido proceso establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República al inadmitir el recurso de casación; es decir, se habría obrado ?más allá de infracciones graves a nivel de legalidad procesal?.
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n Fundamenta su petición esencialmente al asegurar que ?La regla general es que procede la acción extraordinaria cuando el enjuiciamiento ha concluido y se han agotado los recursos ordinarios y extraordinarios; pero la excepción es, por ejemplo, cuando se dicta un auto que se torna firme, ejecutoriado y definitivo en sede judicial y con éste se vulneran derechos fundamentales de una persona en forma grave e inevitable. Es decir, se ha frustrado la preservación de esos derechos en sede judicial?.
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n El recurso de casación según Jaime Flor Rubianes ?Es el recurso extraordinario que la ley concede a la parte agraviada con ciertas resoluciones judiciales para obtener la invalidación de éstas, cuando han sido dictadas con omisión de formalidades legales o, cuando han incidido en un procedimiento vicioso?1.
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n Sin embargo, dado su carácter eminentemente técnico y dispositivo se exige que para que el Tribunal de Casación pueda entrar a conocer el fondo de las cuestiones planteadas, debe analizar una serie de requisitos de procedibilidad exigidos por la Ley de Casación para su calificación y admisión; es así que su artículo 2 establece que el recurso de casación procede contra: a) Las sentencias y los autos que pongan fin a los procesos de conocimiento; y, b) Contra las providencias de ejecución de fallos que: Contravienen lo ejecutoriado; que contienen puntos no controvertidos, y que contienen puntos no decididos en el fallo. Por su parte, el artículo 3 ibídem establece las causales en que debe fundamentarse dicho recurso, a saber: a) En aplicación indebida; b) falta de aplicación; y, c) errónea interpretación. Según el mismo autor, en los siguientes casos: ?A. Se refiere al derecho sustantivo, jurisprudencia obligatoria y a las normas procesales que vician el proceso de nulidad, en los siguientes casos: a) Siempre que existan vicios insalvables; b) Si se ha provocado indefensión a las partes; c) Si las causas de nulidad han influido en la decisión de la causa; y, d) Siempre y cuando no se hubieren convalidado los vicios. Si se refiere a preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que haya conducido a una equivocada aplicación o no aplicación de las normas de derecho. B. En el caso de que se haya resuelto lo que no fue materia del litigio u omitido de resolver puntos que fueran materia de la litis. C. En el caso de que la sentencia no contuviere los requisitos exigidos en la ley o su parte dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles?2.
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n Del mismo modo, el juez a aquo, de conformidad con el artículo 7 de la misma Ley de Casación, ante quien se interpone el recurso, revisará los siguientes aspectos para su admisión: a) Si la sentencia o auto es susceptible de recurso; b) Si se ha interpuesto dentro del término legal; c) Si el escrito que contiene el recurso reúne los requisitos formales de admisibilidad; y, d) Si procede la concesión del recurso de casación, el tribunal a aquo concederá dicho recurso haciendo una exposición detallada de los fundamentos de la decisión, y si la parte recurrente solicita fijar caución, debe establecer el monto de la misma para disponer la suspensión de la ejecución del fallo impugnado. El Tribunal ad quem, por su parte, hará la misma revisión de admisibilidad, y luego de ello, en caso de que cumpla los requisitos legales, admitirá a trámite la impugnación; caso contrario, rechaza el recurso y dispone que se devuelva el proceso
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n n n n n
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n 1 Rubianes, Jaime Flor. Teoría General de los Recursos Procesales. Corporación de Estudios y Publicaciones-Tercera Edición. Pág. 59.
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n 2 Teoría General de los Recursos Procesales. Corporación de Estudios y Publicaciones-Tercera Edición. Págs. 62 y 63.
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n al inferior.
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n Conforme se puede constatar del auto del 19 de enero del 2010, materia de impugnación, la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, en relación con el recurso propuesto por Ricardo González Rubio Gutiérrez, encontró que esta era improcedente, por cuanto consideró que: ??la causal tercera procede en aquellos casos en que ha existido violación indirecta de normas de derecho sustantivo como consecuencia de la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. El demandado en su escrito contentivo del recurso ha indicado las normas aplicables a la valoración de la prueba que se han infringido, por considerar que aquellas han sido objeto de falta de aplicación, pero ha omitido mencionar las disposiciones de carácter sustantivo que se ha transgredido en forma indirecta como producto del error de la apreciación de los medios probatorios. Por consiguiente, al no existir dicha precisión, este Tribunal rechaza el recurso propuesto, según lo establecido en el artículo 8 de la Ley de casación?.
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n Cabe precisar que conforme la doctrina y la jurisprudencia, la valoración de la prueba es una atribución de los jueces y tribunales de instancia; por lo tanto, es una atribución de la que carece el Tribunal de Casación, salvo en casos excepcionales en los que se establezca que no hay aplicación de las reglas valorativas de la prueba, o que exista una valoración ilógica o contradictoria y que ello haya conducido a tomar una decisión arbitraria, haciéndose imprescindible un nuevo análisis para determinar con certeza si el tribunal de instancia ha interpretado y aplicado erróneamente las disposiciones legales o los principios de la sana crítica, en razón del valor dado a las pruebas.
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n En tal virtud, el casacionista, para que prospere su recurso, debió cumplir con los siguientes requerimientos: a) Identificar el medio de prueba en el que, a su juicio, se ha infringido la norma o normas de derecho que regulen la valoración de esa prueba; b) Identificar la norma de derecho que regula la valoración de la prueba, que estima ha sido transgredida; c) Demostrar con razonamientos de lógica jurídica completos, concretos y exactos, en qué consiste la transgresión de la norma o normas de derecho que regulan la valoración de la prueba; y, d) Identificar las normas sustantivas o materiales que en la parte resolutiva del fallo han sido equivocadamente aplicadas o no han sido aplicadas, por carambola o en forma indirecta, por transgresión de los preceptos jurídicos que rigen la valoración de la prueba.
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n En definitiva, si bien es verdad que el recurrente invocó la causal tercera del artículo 3, en su escrito debió fundamentar con absoluta precisión el error de derecho en que incurrió al aplicar o inaplicar los preceptos jurídicos relativos a la valoración de la prueba; aspectos que evidentemente no se cumplieron.
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n Como se puede apreciar de la simple lectura del auto, la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional realizó un examen de admisibilidad del recurso de casación, resultado del cual encontró que este era improcedente, sin que esto signifique que exista vulneración de la tutela judicial efectiva o el derecho al debido proceso y con ellos, la vulneración del derecho a la defensa del recurrente. En otras palabras, el rechazo del recurso de casación no significa, como parece interpretar el recurrente, que el Tribunal de Casación deba aceptar necesariamente las pretensiones que han sido formuladas en el pedido; recordemos que la decisión de los jueces no solo que exige la aplicación adecuada de la normativa, sino que también deben resolverse en base a los principios de imparcialidad, sana crítica y libre apreciación de los hechos, entendidos como la garantía de una idónea reflexión?3.
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n Por lo tanto, la acción extraordinaria de protección presentada por Ricardo González Rubio González, con base a los fundamentos expuestos, deviene en improcedente. Por último, en cuanto a la acción extraordinaria de protección presentada por Tomás Chang Yánez, es necesario precisar que el objeto de la presente acción extraordinaria de protección no se encuentra debidamente direccionada, pues no se trata de una ?sentencia? como lo sugiere el recurrente, sino de un auto de admisibilidad al recurso de casación interpuesto, lo que evidencia una falta de precisión en la identificación del acto materia de impugnación; a más de ello, si bien es verdad que asegura se ha violentado su derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso, no justifica de manera clara tales vulneraciones, pues se limita a su simple enunciación; más bien la demanda describe la relación fáctica de lo actuado en el proceso, como que se tratase de un alegato de legalidad; es decir, impugna el acto del 19 de enero del 2010, por cuanto a su juicio no se analizaron y valoraron debidamente las pruebas, esto en razón de que luego de ?tan solo cinco escasos días hábiles, han procedido a leer, analizar, estudiar más de trescientas páginas de pruebas cada uno de los señores jueces nacionales??. A más de ello, cuestiona y sugiere que se analice la falta de personería jurídica de la parte demandada, Ing. Tomás Chang Yánez, la validez del acta de finiquito, pues a su criterio no cumpliría con los requisitos establecidos en el Código de Trabajo; existencia de una relación de tipo civil y no laboral denominada ?arrendamiento de servicios intangibles?, por lo que existiría incompetencia en razón de la materia por parte de los juzgadores de primera y segunda instancias; perjurio cometido por el actor al momento de rendir su confesión judicial, e inexistencia del despido intempestivo alegado; es decir, todos planteamientos y pedidos ajenos a la naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección, que no persiguen otro objetivo que conducir a esta Corte a una nueva revisión de la controversia planteada, lo cual se contrapone a lo establecido en el inciso segundo del artículo 437 de la Constitución de la República y 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
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n Por lo expuesto, la Corte Constitucional estima que las acciones extraordinarias de protección presentadas tanto por Ricardo González Rubio Gutiérrez, como por Tomás Chang Yánez, no cumplen con los requisitos exigidos por los artículos
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n 3 Couture Eduardo. Las Reglas de la Sana Crítica. Pág. 24. 94 y 437 de la Constitución de la República y demás normativa legal pertinente, en la medida en que no han sido debidamente demostrada la vulneración de los derechos invocados y reproducidos por los recurrentes en la demanda.
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n III. DECISIÓN
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n En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, expide la siguiente:
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n SENTENCIA
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n Declarar que no ha existido vulneración de derechos constitucionales.
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n Negar las acciones extraordinarias de protección presentadas por Ricardo González Rubio Gutiérrez y por Tomás Chang Yánez.
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n Devolver el expediente al juez de origen, para que dé el trámite que en derecho corresponda.
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n Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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n f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente.
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n
n f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.
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n Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con nueve votos de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz Yunes, Miguel Ángel Naranjo, Ruth Seni Pinoargote, Fabián Sancho Lobato, Manuel Viteri Olvera, Edgar Zárate Zárate y Patricio Pazmiño Freire, en sesión extraordinaria del día martes seis de marzo del dos mil doce. Lo certifico.
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n f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.
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n CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por f.) Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, a ????? f.) Ilegible, Secretaría General.
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n CAUSA 0208-10-EP
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n Razón: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue suscrita por el doctor Patricio Pazmiño Friere, Presidente de la Corte Constitucional, el día martes veinticuatro de abril de dos mil doce.- Lo certifico.
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n
n f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.
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n CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por f.) Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, a ????? f.) Ilegible, Secretaría General.
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n Quito, D. M., 06 de marzo del 2012
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n
n SENTENCIA N.º 0027-12-SEP-CC
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n CASO N.º 0355-10-EP
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n
n CORTE CONSTITUCIONAL
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n PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN
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n Juez constitucional ponente: Dr. Roberto Bhrunis Lemarie
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n I. ANTECEDENTES
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n
n Resumen de admisibilidad
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n La abogada Cecilia María Zurita Toledo, en su calidad de liquidadora de Filanbanco S. A. en Liquidación, mediante acción extraordinaria de protección presentada el 23 de marzo del año 2010, solicitó a la Corte Constitucional, para el periodo de transición, que se deje sin efecto las sentencias del 8 de enero del 2008 a las 08h15, emitida por el juez décimo segundo de lo civil de Guayaquil; del 20 de noviembre del 2008, emitida por la Segunda Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas; la sentencia del 11 de enero del 2010 a las 16h45 y su negativa de aclaración del 24 de febrero del 2010 a las 15h15, emitidas por la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia dentro del Juicio N.º 535- 09-KR, porque considera que se han inobservado las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 75, 76 numerales 1 y 7 literales a, k y l y 82 de la Constitución de la República.
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n La Secretaría General de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, el 08 de abril del 2010 a las 17h45, certificó que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.
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n El 27 de abril del 2010, la Sala de Admisión, de conformidad con las normas de la Constitución de la República aplicables al caso, el artículo 197 y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N.º 52 del 22 de octubre del 2009, el Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N.º 127 del 10 de febrero del 2010 y del sorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional para la conformación de la Sala de Admisión en sesión extraordinaria del 18 de marzo del 2010, esta Sala, conformada por los doctores: Patricio Pazmiño Freire, Patricio Herrera Betancourt y Ruth Seni Pinoargote, jueces constitucionales, en ejercicio de su competencia, avocó conocimiento de la presente causa, en la cual se admitió a trámite la acción extraordinaria de protección N.º 0355-10- EP.
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n
n El 11 de mayo del 2012 a las 8h30, en virtud del sorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, y de conformidad con lo dispuesto en la parte pertinente del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Contro