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REGISTRO OFICIAL

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Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

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Presidente Constitucional de la República del Ecuador

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Miércoles, 28 de Octubre de 2009 – R. O. No. 56

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SUPLEMENTO

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FUNCION JUDICIAL

n n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA n PRIMERA SALA DE LO PENAL: n n

Recursos de casación, revisión y apelación en los juicios penales seguidos en contra de las siguientes personas:

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101-08…. Chan Mang Chang Peñafiel en contra de Carlos Wilmores Bravo Cobeña y otros

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102-08…. José Diego Chugchilán Ugsha autor y responsable del delito de homicidio en perjuicio de María Rosa Zumba Cayo

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103-08…. Manuel de Jesús Matailo Puga autor y responsable del delito de homicidio en perjuicio de Néstor Ortega García

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104-08…. Mauricio Altamirano Acevedo y otro autor y cómplice del delito de violación en perjuicio de la menor Ana Karen Sánchez Flores

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105-08…. Manuel Pedro Aguirre Mejía como autor del delito tipificado y sancionado en el Art. 221 inciso primero, parte final del Código Penal

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106-08…. José Manuel Sigcha como autor del delito de lesiones, tipificado en el inciso primero del artículo 465 del Código Penal

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107-08…. Jaime Ezequiel Hurtado Cárdenas autor responsable del delito de violación tipificado en el Art. 512 número 1 del Código Penal

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108-08…. Robert Washington Lucas Mantuano en contra de Yhira Lúcette Gonsembach Estupiñán

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109-08…. Medardo Israel Coque Veloz y otro como autores responsables del delito de hurto que incrimina el artículo 547 y sanciona el 548 del Código Penal

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110-08…. María Magdalena Ibañas Guerrero, como autora responsable de la infracción que tipifica y reprime el Art. 64 de la Ley de Sustancias Estupefacientes

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111-08…. Enma Piedad Vallejo Palacios como autora del delito de lesiones tipificado y sancionado en el Art. 464 inciso segundo del Código Penal

n n 112-08…. José Quesada Cumbicus por peculado n n

117-08…. José Santos Flores autor del delito de asesinato en contra de Edison Mauricio Flores de la Cruz

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118-08…. José Tomás Romero Romero en contra de Federico Juventino Armijos

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119-08…. Carlos Alberto Barreto Moreta responsable del delito tipificado en el artículo 512 número 1 del Código Penal en contra de Marlene Fernanda Moreta Sandoval

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120-08…. Marco Antonio Lascano y otros autores del delito tipificado y sancionado por el artículo 80, inciso primero

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121-08…. María de Lourdes Sinaluisa Tasambay y otro en contra de Rosa María Pozo Tenelema y otros

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122-08…. Pedro Llinín Asarumbay y otros por delito de usurpación

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123-08…. Dr. Daniel Rigoberto Mora Rivas en contra de Héctor Alejandro Sánchez Ramírez

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No. 101-08 n n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA n PRIMERA SALA DE LO PENAL n n

Quito, 21 de febrero del 2008; las 12h00.

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VISTOS: Avoca conocimiento de la presente causa el Dr. Jaime Velasco Dávila en calidad de Magistrado titular de este Tribunal.- Chan Mang Chang Peñafiel, en su escrito presentado el 27 de abril del 2007 (fs. 20 a 21 vta.), interpone recurso de casación por encontrarse inconforme con la sentencia de mayoría pronunciada por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil el 19 de abril del 2006 (fs. 14 a 16 vta. del cuaderno de segunda instancia), por la cual se confirmó el fallo dictado por el Juez Décimo Cuarto de lo Penal del Guayas el 24 de julio del 2006 (fs. 228 a 230 de los autos), mediante la que se declaró sin lugar la acusación particular deducida por el ahora recurrente en contra de Carlos Wilmores Bravo Cobeña, Rodrigo Eduardo Cevallos Larrea, Wigberto Milton Tovar Zambrano, Francisco Ernesto San pedro Quijano, Jacqueline Janeth Valle Romero, Gonzalo Bautista Cajape Cortez, Ricardo Jhonny Cajape Cortez, Jacinto Alejandro Pico Cuenca, Anita María Castillo Quiñónez, Hernán Enrique Toro Belduma y Rosa Cecilia Párraga Román, sin costas ni honorarios que regular; igualmente, en auto de fecha 20 de junio del 2006 (fs. 26 del cuaderno de la Corte Superior), se amplió la sentencia y se declaró temeraria la acusación particular, providencia en la que también se concedió el recurso de casación en cuestión. PRIMERO: Esta Sala tiene potestad jurisdiccional y competencia para el conocimiento y resolución del presente recurso, en virtud del sorteo de ley realizado, al tenor del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, 27 de agosto del 2007, así como de conformidad con los artículos 200 de la Constitución Política de la República y 349 del Código de Procedimiento Penal, y especialmente por la Resolución No. 006-2003-DI expedida por el Tribunal Constitucional, publicada en el Registro Oficial número 194 de 21 de octubre del 2003, que posibilita en forma legal impugnar las sentencias dictadas por delitos de acción penal privada. SEGUNDO: El recurso de casación ha sido tramitado conforme a las prescripciones constantes en el Capítulo IV, del Título IV, del Libro IV del Código de Procedimiento Penal, por lo que se declara su validez. TERCERO: Del texto de la sentencia impugnada, la Sala conoce los siguientes antecedentes: Que los socios de la Cooperativa de Transporte «Intirumiñahui», ubicada en la ciudad de Guayaquil en la avenida Ernesto Albán s/n y Mercedes Arzube Roca, de nombres Hernán Enrique Toro Belduma, Rosa Cecilia Párraga Román, Anita María Castillo Quiñónez, Jacinto Alejandro Pico Cuenca, Carlos Wilmores Bravo Coveña, Ricardo Jhonny Cajape Cortez, Gonzalo Bautista Cajape Cortez, Jacqueline Jannett Valle Romero, Francisco Ernesto Sanpedro Quijano, Wigberto Milton Tovar Zambrano y Rodrigo Eduardo Cevallos Larrea; han comparecido ante el Consejo de Vigilancia de dicha cooperativa, entre los días 5 a 7 de octubre del 2005, y han procedido a reconocer la firma y rúbrica y han ratificado una denuncia por la cual han manifestado lo siguiente: «Los abajo firmantes socios de la Cooperativa de Transporte Intirumiñahui, ante ustedes comparecemos y presentamos la correspondiente denuncia respecto de las infracciones o irregularidades que en forma grave y reiterada vienen cometiendo los socios Sres.: Carlos Proaño Lozano, Mang Chang Peñafiel, Manuel Oña Llumiquinga, Miguel Ángel Oña Llumiquinga, Raúl Buenaño Cordero, Abel Campoverde Solís, Luis Azanza Aguilar, Carlos Contreras Araujo; y, Alicia Guadalupe Zavala, quiénes desde hace mucho tiempo a la fecha se han dedicado a la ingrata tarea de realizar acciones disociadoras y desleales en contra de los directivos y socios de la institución a la que pertenecen, sin fundamento legal alguno, llevando al extremo de jugar con el honor y buena fama de Directivos, pretendiendo crear actos de anarquismos al interior y exterior de la organización cooperativa (…) se han dedicado a la ingrata tarea de expresarse en lugar públicos tales como la estación de la Cooperativa y en los exteriores e interiores de las oficinas de la misma (…) se expresan con plena demostración de la mala conducta notoria, agresiones descomedidas en contra de los dirigentes de la Cooperativa, miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Gerente (…) lo que conlleva quebrantar la armonía interna de la cooperativa constituyéndose sus acciones en actitudes hostiles en actos y hechos disociadores y desleales en contra de los actuales directivos y de su institución a la que pertenecen, en lo principal, los referidos socios pretenden crear un estado de anarquía al interior de la cooperativa, donde se induce hacer a cada quien lo que le viene en gana, pretendiéndose crear el caos administrativo como si estuviéramos en épocas de completa corrupción social» (sic). Que en dicha denuncia se ha manifestado que los denunciados les han imputado a los socios Rodrigo Ruilova Toledo y Carlos Bravo Coveña, actos de malversación de fondos y de disposición arbitraria de dineros, por lo que según el querellante, los querellados han cometido con esa denuncia y su posterior ratificación, el delito de «injurias calumniosas graves» (sic). CUARTO: En el libelo presentado el 9 de noviembre del 2007 (fs. 3 y 4 del cuaderno de casación), Chan Mang Chang Peñafiel fundamenta su recurso de casación y, en lo principal, ha manifestado lo siguiente: 1) Que en la sentencia recurrida (sentencia de mayoría) la Segunda Sala de lo Penal de La Corte Superior de Justicia de Guayaquil ha incurrido en una errónea interpretación de normas de derecho, específicamente el artículo 216 número 5 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que dicho órgano jurisdiccional ha considerado que los querellados no han cometido delito alguno sino que hicieron uso del jus narrandi al haber fundamentado la denuncia materia de la presente causa en el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Cooperativas, lo que a criterio del proponente no es verdad, por cuanto dicha norma jurídica en ningún momento faculta «al denunciante, proceder a cometer injurias calumniosas». 2) Agrega el solicitante que el fallo de mayoría no hace análisis alguno de las pruebas de cargo y descargo, es decir que no ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, tanto más cuanto que conforme al artículo 125 del Código de Procedimiento Penal se debe contar con el testimonio de cualquier persona que conozca de la comisión del delito; que a pesar de que en el recurso de casación no se analizan las pruebas, el recurrente estima necesario resaltar que justamente quienes deben rendir testimonio son aquellas personas que intervinieron, vieron o escucharon la comisión de la infracción y que en el presente caso los testigos que él ha presentado son personas honorables y no parcializadas, de conformidad con lo dispuesto por el número 5 del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil y que cada una de las pruebas han de ser apreciadas en su contexto aplicando el principio de la sana crítica. 3) Seguidamente, el casacionista expresa que se ha violado la ley por falta de aplicación de los números 1 y 3 del artículo 490 del Código Penal, por cuanto afirma que consta de autos que las injurias fueron presentadas mediante escrito que contenía una denuncia de orden administrativo; que además los querellados comparecieron a reconocer sus firmas y rúbricas, lo que demuestra la reiteración y premeditación en sus acciones injuriosas, más aun si dichas personas posteriormente rindieron testimonios llegando a la temeridad y malicia de agregar otras injurias en su contra (del querellante), con mala fe y la intención de causar daño, agregando elementos agravantes a la comisión del delito. Que no puede considerarse la aplicación del inciso primero del artículo 500 del Código Penal sino al contrario el último inciso del antes mencionado artículo. Afirma el recurrente que tiene la convicción de que se encuentra probada la comisión del delito, y que los juzgadores han hecho una abstracción de índole subjetiva que no tiene una sola prueba de sustento, porque de conformidad a la legislación ecuatoriana penal, el mero hecho de una mofa, risa, apodo e incluso una bofetada o puntapié, constituyen injurias. 4) Más adelante, el peticionario sostiene que nuestra legislación es tan protectora de la dignidad del ser humano, que de conformidad a lo contemplado por el artículo 497 del Código Penal, no se admite la posibilidad que la verdad de la imputación sea eximente de responsabilidad del delito de injuria y que ello se encuentra corroborado por múltiples fallos de casación, por lo que considera que no es dable que los querellados pretendan justificar las injurias afirmando que las mismas son una verdad y que cuando se presente una denuncia en la misma no se debe ofender la dignidad del denunciado, citando ciertos criterios del tratadista Eusebio Gómez sobre esta clase de ilícitos y que al decirle que es una persona de mala conducta notoria, un disociador, que induzco a los demás socios a la desobediencia, que quebrantó la armonía interna de la cooperativa, que estas afirmaciones en su contra siendo como es una persona de su posición social y profesional de gran desempeño dentro del ámbito privado y público, le hacen sentir lesionado en su buen nombre y buena fama. Que en consecuencia, los juzgadores han hecho una errónea aplicación del principio constante en el artículo 497 del Código Penal. 5) A continuación, afirma que no se ha protegido ni garantizado su dignidad de conformidad con el número 8 del artículo 23 de la Constitución Política de la República; que cómo puede ser posible que tanto el juzgador de primera instancia como los miembros de la Sala de segunda instancia hayan procedido a calificar de temeraria a la querella, a pesar de haber reconocido que los fundamentos de hecho y de derecho de la querella eran reales, por lo que han hecho una errónea aplicación del último inciso del artículo 373 del Código de Procedimiento Penal. 6) Por último, el recurrente sostiene que consta de autos del voto salvado favorable a la querella, del Dr. Vicente Pazmiño Martínez; pero que no aparece del proceso su voto salvado de la ampliación y aclaración de la sentencia, por la cual se calificó de temeraria la querella, lo que a criterio del recurrente implica la comisión del delito de prevaricato por parte del Dr. Pazmiño Martínez, por lo que solicita se envíe copia certificada del proceso al señor Ministro Fiscal del Guayas. QUINTO: De conformidad con el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 358 ibídem, corresponde a esta Sala determinar si en la sentencia se han cometido violaciones legales en alguna de las formas previstas por la primera de las disposiciones legales mencionadas; con tal finalidad, analizada la sentencia impugnada y tomando en cuenta lo manifestado por el recurrente en su escrito de fundamentación, se realizan las siguientes puntualizaciones: De la lectura del escrito de fundamentación, se observa que la primera alegación del recurrente tiene que ver con el hecho de que la Sala ad quem ha incurrido en una errónea interpretación del artículo 216 número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 216 ibídem y 115 del Código de Procedimiento Penal, refiriéndose igualmente al hecho de que los juzgadores han aplicado incorrectamente la noción del jus narrandi al haber afirmado que los querellados fundamentaron la denuncia materia del presente enjuiciamiento en el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Cooperativas. Al respecto, la Sala observa que el recurrente, en una sola alegación, se refiere a dos cuestiones que no guardan relación entre ellas, toda vez que, por un lado, arguye una supuesta inobservancia de normas procesales que rigen la valoración y práctica de testimonios y, por otro lado, las cuestiones relativas al animus narrando que ha sido aplicado por la Sala ad quem; consecuentemente, esta Sala de Casación se referirá separadamente a cada uno de tales argumentos en orden a hacer efectivo el control de legalidad de la sentencia, inherente al recurso de casación. En lo correspondiente a las inobservancias de las normas que regulan la prueba, es menester precisar que de conformidad con la Disposición General Segunda del Código de Procedimiento Penal, en lo que no está previsto en dicho código, «se observará lo previsto por el Código de Procedimiento Civil, si fuere compatible con la naturaleza del proceso penal acusatorio»; más en lo referente a la admisibilidad de la prueba testimonial, la Ley Adjetiva Penal contiene normas expresas, como son las contempladas en los artículos 125 y 126, estableciéndose como regla general que «Con excepción del testimonio de las personas mencionadas en el artículo siguiente, no se rechazará el de persona alguna», debiendo indicarse que el artículo 126 en referencia prescribe que «No serán obligados a declarar los parientes del acusado comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni su cónyuge o conviviente en unión de hecho. No se recibirá el testimonio de las personas depositarias de un secreto en razón de su profesión, oficio o función, si la declaración versa sobre la materia del secreto. En caso de haber sido convocados, deben comparecer, explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar el secreto y abstenerse de declarar». – De la lectura de la sentencia, se observa que en el considerando tercero de la misma los miembros de la Sala ad quem han manifestado que (del querellante) «rindieron a su favor testimonio el Ec. Manuel Oña Llumiquinga, Carlos Contreras Araujo, y Abel Campoverde Solís, declaraciones que obran de fs. 173, 175, y 177, personas que fueron incluidas en la misma denuncia por la que se querella el actor y por tanto obviamente no son testigos imparciales». Dicha conclusión, no obedece a una equivocada aplicación de las normas citadas por el ahora recurrente; por el contrario, tienen que ver con la valoración de la prueba que ha hecho la Sala de Segunda Instancia y que, de conformidad con el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal, debe efectuarse conforme a las reglas de la sana crítica. En consecuencia, los ministros de la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil han considerado que los testimonios presentados por el querellante carecen de imparcialidad, no en razón de haberlos considerado inadmisibles, sino porque del análisis de todo el acervo probatorio en su contexto, llegaron a la conclusión de que dichas declaraciones no podían llegar a formar la convicción en los juzgadores acerca de la existencia del delito de injurias y la responsabilidad del acusado, toda vez que atento a los postulados de la lógica y de la razón así como por su propia experiencia -que doctrinaria y jurisprudencialmente han sido concebidos como los elementos que conforman las reglas de la sana crítica- han determinado la falta de imparcialidad de las declaraciones testimoniales presentadas por el querellante. Por manera que las alegaciones del casacionista, carecen de sustento legal y jurídico. SEXTO: En lo que respecta a las presuntas violaciones de los números 1 y 3 del artículo 490 y 491 del Código Penal por falta de aplicación, en relación con la noción del animus narrandi, la Sala realiza las siguientes precisiones de orden legal, doctrinario y jurisprudencial: 1) En la legislación ecuatoriana, el delito de injurias, conforme al artículo 489 de la Ley Sustantiva Penal, se clasifica en calumniosa y no calumniosa, dividiéndose ésta última en grave y leve. La injuria calumniosa -la cual precisamente ha motivado la iniciación de la presente causa, consiste, de conformidad con el referido artículo 489 del Código Penal, «en la falsa imputación de un delito»; empero, como no basta con que a una persona se le califique genéricamente de delincuente -verbi gratia ladrón, estafador o violador- sino que las expresiones han de ser específicas y determinadas, como bien lo advierte el autor Carlos Cisneros Pazmiño cuando afirma que «La imputación debe ser determinada: el hecho delictivo tiene que ser preciso, concreto y determinado, sin importar si se trata de un delito consumado, frustrado o en grado de tentativa; no bastan las imputaciones vagas o genéricas, como el llamar ‘ladrón’ o ‘estafador’ a un individuo». (Dr. Carlos Cisneros Pazmiño, La Calumnia, en Jurisprudencia especializada penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, Tomo III, julio-octubre 2004, p. 27). 2) Más, junto al elemento objetivo al que se ha hecho referencia, es necesario para que prospere la acción de injurias, que se demuestre el animus injuriandi en la persona que profirió las expresiones que se consideran ofensivas. Como lo sostiene Soler «Es evidente que la acción injuriosa debe apoyarse en el conocimiento positivo del valor ultrajante de la expresión, acompañado de la voluntad de proferir la palabra, no obstante ese conocimiento y a pesar del significado que la palabra adquirirá al ser empleada» (Sebastián Soler, Derecho penal argentino, Tomo III, Segunda Reimpresión, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1953, p. 254). Igualmente, reiterada jurisprudencia de esta Corte Suprema ha coincidido en señalar la importancia el animus injuriandi en torno a la configuración del delito de injurias; así, se ha expresado que «La injuria consiste objetivamente en el ánimo deliberado de ofender y para que se configure el delito, esa conducta requiere tres elementos: primero, el objetivo material, consistente en la acción proferida o acción ejecutada; segundo, el ANIMO DE INJURIAR, requisito de marcado signo de orden subjetivo pero que vértebra con especificidad al delito; y, el tercero, la valoración determinante del alcance, naturaleza y magnitud de la ofensa» (…) «por lo que faltando aquella prueba de intención de ofender, no hay configuración de injurias por el acusado». (Gaceta Judicial Serie XVII, No. 1, septiembre-diciembre 1999, p. 161). Por manera que no existiendo animus injuriandi, no se configura la injuria, sea esta calumniosa o no calumniosa. 3) En consecuencia, bien puede ocurrir que objetiva y etimológicamente una expresión pueda aparecer prima facie como injuriosa; mas, si existen circunstancias que determinen que un tal término no haya sido pronunciado con la intención de lesionar el honor de la persona aludida, simplemente no se puede considerar demostrada la existencia del delito de injuria. Así lo ha sostenido este alto Tribunal de Casación cuando ha manifestado que «El honor de las personas es un derecho fundamental reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos al igual que en la Convención Interamericana y se ha recogido en al Constitución Política, siendo deber del Estado proteger el ejercicio de ese derecho, protección que se ejerce a través de los recursos judiciales suficientes, y en esto radica el sustento de la sanción del delito de injurias. Sin embargo, para que se configure tal delito es necesario establecer el animus injuriandi (…). En resumen, para determinar la existencia del animus injuriandi que es consustancial al delito de injurias es preciso establecer la existencia del tipo objetivo de la injuria misma: que sea apta e idónea para afectar la honra, si contiene agravio o imputación calumniosa. Se debe preguntar además si hay ánimo de injuriar, es decir si las expresiones fueron inferidas con ese propósito evidente. ‘El animus narrandi’, el ‘animus jocandi’ no configuran la injuria» (Gaceta Judicial Serie XVI, No. 13, septiembre-diciembre 1998, p. 3569). 4) Soler señala que «se suele plantear el tema de modo que se considera la posibilidad de excluir ese animus en virtud de la concurrencia de otros animi que serían incompatibles con aquél y que, en consecuencia, eliminarían el delito. En este sentido, se habla del animus… narrandi…como situaciones subjetivas que harían desaparecer el carácter ofensivo de ciertos hechos por vía eliminatoria» (Soler, ob.cit., p. 252). Tal criterio ha sido recogido y desarrollado por las Salas de lo Penal de esta Corte Suprema, especialmente cuando se manifestó que «por lo dispuesto en el numeral 14 del, artículo 97 de la Constitución Política de la República, toda persona que presuma o conozca del cometimiento de actos de corrupción se encuentra obligado a denunciarlos, sin que por lo mismo una denuncia de actos de corrupción constituya delito de injuria» (Gaceta Judicial Serie XVII, No. 8, enero-abril 2002, p. 2420). Consecuentemente, el solo hecho de denunciar posibles actuaciones incorrectas de ciertas personas, no puede considerarse como una acción injuriosa, no solo porque queda excluido el animus injuriandi, sino además porque ello obedece al interés público consagrado como una obligación ciudadana, que en algunos casos se traduce en el deber de salvaguardar la integridad de un gremio o institución; empero, se debe aclarar que tampoco puede admitirse un abuso del derecho de denunciar e informar, habida cuenta que deben respetarse los límites constitucionales que resguardan el núcleo intangible de los derechos fundamentales, encontrándose entre ellos la honra y el buen nombre. 5) En el caso sub lite de la lectura de la sentencia se observa que la denuncia presentada por los querellados y socios de la Cooperativa de Transportes «Intirumiñahui» en contra -inter alia- del ahora recurrente y querellante, no constituye delito de injuria calumniosa, por cuanto ha estado sujeta a los límites que imponía la propia necesidad de poner en conocimiento de la autoridad competente, en este caso el Consejo de Administración de dicha cooperativa, hechos que los denunciantes consideraron apartados de la probidad, menos aun si en dicho libelo expresamente han hecho constar la solicitud de que a los soci