Administración
del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del
Ecuador

Miércoles 20 de Enero de 2016 – R. O. No. 466

EDICIÓN ESPECIAL

Judicial y Justicia Indigena

Resoluciones

Corte Nacional de Justicia: Sala de lo
Contencioso Tributario

380-2010 Recursos de casación de los juicios
interpuestos por las siguientes personas naturales y/o jurídicas:

Antonio Nasser Baduy Cía. Ltda. en contra del
Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana

404-2010 Director Regional del Servicio de
Rentas Internas Litoral Sur en contra de Rey Banano del Pacífico, REYBANPAC S.
A

433-2010 Director Regional del Servicio de
Rentas Internas Litoral Sur en contra de Carlos Alberto Hidalgo Reto

437-2010 Director General y Regional del
Servicio de Rentas Internas Regional Norte en contra de Oleoducto de Crudos
Pesados OCP del Ecuador S. A. L

440-2010 Schlumberger Surenco S. A. en contra
del Gerente General y Gerente del Primer Distrito de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana

Sala Especializada de la Familia, Niñez y
Adolescencia:

Recursos de casación de los juicios
interpuestos por las siguientes personas:

014-2012 Señora Esthela Abad Jimenez en contra
del señor Carlos Máximo Salazar Yaguana

015-2012 Señor Angel Armijos Chavez en contra
del señor Angel Rolando Armijos Granda

016-2012 Señor Manuel Torres Borja en contra
de la señora María del Pilar Balladares

017-2012 Señor José Chuqui Aguila en contra de
la señora Marianita Chalco Chimbo

019-2012 Señor Nexi Poderosa Bazurto Arauz en
contra del señor José Gaudencio Vélez Véle

020-2012 Señor Wilson Teodoro Sacoto Guamán en
contra de la señora Laura Azucena Peñafiel Méndez

Primera Sala de lo Penal

Recursos de casación de los juicios
interpuestos por las siguientes personas:

274-09 Cleotilde Mantilla en contra de Carlos
Cervantes Acurio

510-2009 Luis Paz Rivera en contra de Mayra
Alexandra Males Cordero

554-2009 Elsa Carranza Mendoza en contra de
Oswaldo Rodolfo Sanmartín Intriago

634-2009 El Estado Ecuatoriano en contra de
Luis David Loja Sánchez

698-2009 Teresa Barreiro en contra de Ramón
Darío Cedeño

707-2009 Ebelin Fuentes Vargas en contra de
Bolívar González Chumbi Nasurqui

713-2009 María Chariguaman en contra de
Octavio Alfonso Ortega Parra

1357-2009 Mónica Carranza Jácome en contra de
Segundo Olegario Valarezo Lapo

CONTENIDO


EN EL
JUICIO DE IMPUGNACIÓN SEGUIDO POR ANTONIO JOSÉ NASSER BADUY CIA. LTDA., EN CONTRA
DEL GERENTE GENERAL DE LA CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA

No. 380-2010

JUEZ
PONENTE: Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia.

CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA

SALA
DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

Quito,
a 5 de Julio del 2012, las 11H30.

VISTOS:
Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la Resolución No.
004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y, por
la Resolución de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte Nacional
de Justicia. En lo principal, la Abg. Dora Vega Mera, Procuradora Fiscal de la
Corporación Aduanera Ecuatoriana, interpone recurso de casación en contra de la
sentencia dictada el 19 de abril de 2010 por la Segunda Sala Temporal del
Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en la ciudad de Guayaquil,
dentro del juicio de impugnación No. 1137-2009 seguido por la compañía ANTONIO
NASSER BADUY CIA. LTDA., contra la Autoridad Aduanera. Calificado el recurso la
empresa lo contesta el primero de septiembre de 2010. Pedidos los autos para
resolver, se considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver
el presente recurso de conformidad con el primer numeral del artículo 184 de la
Constitución y artículo 1 de la Codificación de Ley de Casación. SEGUNDO: La
representante de la Autoridad Aduanera fundamenta su recurso en la causal
primera del artículo 3 de la Ley de Casación; argumenta que se han infringido
las siguientes disposiciones: arts. 4,
220.5, innumerado siguiente al

233 y
311 del Código Tributario; arts. 9 y 15 de la Ley Orgánica de Aduanas; art. 137
de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria; y, art. 226 de la
Constitución. Manifiesta que en razón de que la controversia se dirige contra
un acto administrativo de determinación tributaria, la accionante debió
presentar una caución equivalente al 10% de la cuantía junto con la demanda o
el Tribunal debió ordenar su cumplimiento previo a la calificación de la misma,
lo cual no consta en el proceso; que los tributos al comercio exterior son fundamentalmente
derechos arancelarios y/o ad valorem y otros impuestos que se establecen en el
Arancel Aduanero y gravan a la importación de mercaderías procedentes del extranjero,
impuestos aplicables a la vigencia de la presentación de la declaración
aduanera a consumo, que la Sala ha dejado de aplicar; que la mercancía
clasificada en la subpartida arancelaria 8539.29.10.00-0000 a la fecha de la declaración
aduanera, 18 de febrero de 2008, se encontraba gravada con el 100% al ICE, de
acuerdo al art. 137 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, que
reforma el art. 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno disponiendo que los
focos incandescentes se gravan con el 100% del ICE; que el Decreto
CGN-GAJ-DRR-PV-0486 emitido por el Gerente General a la insinuación del recurso
de revisión no es Resolución, ya que la sola insinuación no otorga derecho al
administrado, al contrario del reclamo administrativo que sí es un derecho del
administrado. TERCERO: El representante de la Empresa actora, en la contestación
al recurso expresa que la Segunda Sala del Tribunal Distrital es competente
para resolver la demanda de impugnación; que su impugnación es la materia
principal de la controversia, particularmente lo señalado en el art. 272 del
Código Tributario; que la prueba es suficiente conforme a las reglas de la sana
crítica, que el valor probatorio tiene fuerza no solo en el aspecto formal sino
fundamentalmente en el aspecto material;
que la sentencia aplicó las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y
de la Constitución; que el demandado no ha señalado implícitamente la causal en
que se funda el recurso, pues el art. 3 de la Ley de Casación tiene varias
circunstancias que debieron ser delimitadas dentro de la interposición del recurso
que el reclamante no lo ha hecho; que no señala de acuerdo con la realidad del
fallo las normas de derecho infringidas y hace una enumeración antojadiza y sin
explicación. CUARTO: Los cuestionamientos a la sentencia, amparados en la causal
primera del art. 3 de la Ley de Casación es por falta de aplicación y errónea interpretación
de las normas que señala en el escrito de interposición del recurso, razón por
la que el mismo fue calificado y aceptado a trámite por esta Sala especializada,
por lo que el cuestionamiento que formula el representante de la Empresa
actora, en su escrito de contestación al recurso, sobre la improcedencia del
recurso, carece de fundamento. QUINTO: Uno de los cuestionamientos que formula
la recurrente en contra de la sentencia es el relacionado con la falta de
afianzamiento por parte de la Empresa actora, tema que ha sido materia de
observación desde la contestación a la demanda que obra de f. 52 del proceso y
que no ha sido atendido por la Sala de instancia. Sobre el afianzamiento es
preciso señalar que, de conformidad con lo preceptuado en el art. innumerado agregado
después del 233 del Código Tributario por el art. 7 de la Ley Reformatoria para
la Equidad Tributaria del Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 242 de
29 de diciembre de 2007 y por tanto aplicable al caso, éste debe presentarse al
juez contencioso tributario por el equivalente al 10% de la cuantía, requisito
sin el cual, no se podrá calificar la demanda, requerimiento que, según obra
del proceso, no fue observado por el juez de sustanciación de la Sala
juzgadora. Al no haber cumplido con tal exigencia legal por parte del
accionante, no cabía sustanciarse el proceso. Se aclara, que al caso no es
aplicable la sentencia expedida por la Corte Constitucional el 5 de agosto de 2010,
publicada en el segundo suplemento al Registro Oficial No. 256 de 12 de agosto
de 2010, que declara constitucional el afianzamiento, condicionado a
presentarlo luego de la calificación de la demanda, por tratarse de una decisión
sobreviniente. Pero además, analizado el expediente se encuentra que, la
demanda presentada el 12 de junio de 2009, impugna el acto administrativo
contenido en la providencia No. GGN-GAJ-DRR-PV-0486, de 15 de abril de 2009, es
decir que la acción que pretende la empresa accionante está fuera del plazo
contenido en el art. 229 del Código Tributario, lo cual también es advertido
por la demandada en su escrito de contestación, pero que no merece
pronunciamiento alguno por parte de la Sala juzgadora, pese a que el ejercicio
de un derecho debe hacerse en el marco de la ley, conforme lo ha establecido esta
Sala de manera reiterada. Por lo expuesto, la Sala especializada de la Corte
Nacional, en ejercicio del control de legalidad previsto en el art. 273 del Código
Tributario, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y
POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, casa la sentencia
y declara improcedente la acción propuesta por la empresa actora. Notifíquese,
publíquese y devuélvase.

f.)
Dr. José Suing Nagua, Juez Nacional.

f.)
Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueza Nacional.

f.)
Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez. Certifico.

f.)
Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora, encargada.

En
Quito, a seis de julio del dos mil doce, a partir de las quince horas, notifico
la Sentencia que antecede a ANTONIO JOSE NASSER BADUY., en el casillero judicial
No. 952 del Dr. Lenin Rosero; y al señor GERENTE GENERAL DE LA CORPORACION ADUANERA
ECUATORIANA, en el casillero judicial No. 1346 de la Dra. Dora Vega Mera.-
Certifico.

f.)
Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora, encargada.

380-2010/ACLARACIÓN

CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA

SALA
ESPECIALIZADA DE LO

CONTENCIOSO
TRIBUTARIO

Quito,
a 25 de Julio del 2012, las 11h45.

VISTOS:
El señor José Antonio Nasse Baduy, por los derechos que representa de la
compañía Antonio Nasser Baduy Cía. Ltda., solicita recurso de ampliación de la sentencia
dictada por esta Sala el 29 de junio de 2012. Corrido traslado con el pedido,
la Autoridad demandada no lo ha contestado, en este estado corresponde a la
Sala pronunciarse, para lo cual realiza las siguientes consideraciones: PRIMERO:
El Art. 274 del Código Tributario, norma aplicable a la aclaración y ampliación
en materia contencioso-tributaria, dice que la primera tendrá lugar cuando la
sentencia fuere oscura, y la segunda, cuando se hubiere omitido resolver sobre
algún punto de la litis o sobre multas, intereses o costas. SEGUNDO: En el
presente caso, la empresa recurrente solicita que ?sírvase aclarar el fallo dictado,
en el sentido de que no fue observado por el juez de sustanciación de la sala
juzgadora si tal hecho formal incide en el resultado de la litis.?, al
respecto, la Sala observa que no existe oscuridad en el fallo emitido y más
bien es el petitorio presentado por el señor José Antonio Nasser Baduy el que
no está muy claro y presta a confusión, pues el considerando Quinto de la
sentencia dictada explica claramente el punto principal de la litis. Adicionalmente
la Sala no puede modificar el texto o contenido de la sentencia pronunciada
como pretende el peticionario. En razón de lo expuesto, por no estar la
sentencia de 5 de julio de 2012 incursa en el supuesto previsto en el Art. 274
del Código Tributario, por improcedente se rechaza la aclaración solicitada por
el José Antonio Nasser Baduy, por los derechos que representa de la compañía
Antonio Nasser Baduy Cía. Ltda. S. A.- Notifíquese y devuélvase el proceso al
Tribunal de origen como estaba ordenado.

f.)
Dr. José Suing Nagua, Juez Nacional.

f.)
Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueza Nacional.

f.)
Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez Permanente. Certifico.

f.)
Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora, encargada.

En
Quito, a veinticinco de julio del dos mil doce, a partir de las quince horas,
notifico el Auto que antecede a la COMPAÑÍA ANTONIO NASSER BADUY., en el
casillero judicial No. 952 del Dr. Lenin Rosero; y al DIRECTOR GENERAL DE LA
CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA, en el casillero judicial No. 1346 de la Abogada
Dora Vega.- Certifico.

f.)
Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora, encargada.

RAZÓN:
Las cinco copias que anteceden son iguales a su original constante en el juicio
de IMPUGNACIÓN No. 380- 2010 que sigue la Compañía ANTONIO JOSÉ NASSER BADUY
CIA. LTDA., en contra del GERENTE DE LA CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA.
Quito, a 06 de septiembre del 2012. Certifico.

f.)
Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada

No. 404-2010

JUEZ
PONENTE: DR. JOSÉ SUING NAGUA.

CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA

SALA
DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

Quito,
a 21 de junio de 2012, a las 10h00.

VISTOS:
Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución No. 004-2012
de 25 de Enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y por la Resolución
de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia. En lo principal, el Ing. Johnny Alcívar Zavala,
Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur, interpone
recurso de casación en contra de la sentencia dictada el 18 de junio de 2010
por la Segunda Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede
en la ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de impugnación No. 656-2009
seguido por la compañía Rey Banano del Pacífico, REYBANPAC S.A. Esta Sala
califica el recurso y la empresa actora lo contesta el 9 de septiembre de 2010.
Pedidos los autos para resolver, se considera: PRIMERO: La Sala es competente
para conocer y resolver el recurso interpuesto de conformidad con el primer numeral
del artículo 184 de la Constitución y artículo 1 de la Codificación de la Ley
de Casación. SEGUNDO: El representante del Servicio de Rentas Internas
fundamenta el recurso en las causales primera, tercera y quinta del artículo 3
de la Ley de Casación; considera que existe falta de aplicación de las normas
contenidas en el Reglamento de Facturación, en la Resolución No. 921 del SRI,
de precedentes jurisprudenciales, los arts. 115 y 117 del Código de
Procedimiento Civil y art. 273 del Código Tributario. Manifiesta que algunas de
las glosas resueltas en la resolución del reclamo No. 109012004RREC008938 se basan
en que el contribuyente no ha sustentado sus transacciones comerciales y económicas
en documentos válidos de acuerdo lo establecido en el Reglamento de Facturación;
que es lógico que los jueces al momento
de dictar sentencia debieron haber analizado y aplicado las normas del
Reglamento de Facturación ya que las mismas estaban vigentes para el ejercicio
fiscal del año 2000, que es evidente que no las han aplicado en vista de que ni
siquiera las hacen mención, lo cual considera que es atentatorio a la seguridad
jurídica del Estado prevista en la Constitución de la República; que tampoco se
ha aplicado la Resolución 921, publicada en el Registro Oficial No. 229 de 21
de diciembre de 2000, siendo de obligatorio cumplimiento para el ejercicio
fiscal de 2000, desconociendo que el Tribunal Constitucional lo ratificó pues
una eventual suspensión atentaría contra el principio de seguridad jurídica;
que la sentencia no aplica el precedente jurisprudencial emitido por la Sala
Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia relacionada con la
invalidez de los comprobantes de venta por incumplimiento de los requisitos
establecidos en el Reglamento de Facturación; que no aplicó los preceptos
establecidos en los arts. 115 y 117 del Código de Procedimiento Civil, que no
valoraron en forma alguna el informe pericial presentado por la Ing. Vanesa
Salcedo, que se limita a decir que ?nunca se constituyó en las oficinas de la
empresa??, desconociendo que el actor no prestó todas las facilidades para
acceder a la documentación como se había quedado en la diligencia de exhibición
de documentos; que no existe la motivación que ordena el art. 273 del Código
Tributario, cuyo texto transcribe que es garantía del debido proceso, que la
sentencia en ningún momento hace referencia a norma jurídica o fallo de casación
mediante el cual explique la decisión tomada, que la motivación constituye un
requisito legal y constitucionalmente exigido, lo cual redunda en que la falta de
motivación torna nula la sentencia dictada; respalda sus argumentos con
definiciones doctrinarias y fallos de la ex Corte Suprema de Justicia que
refiere. TERCERO: La empresa actora en la contestación al recurso, en lo
principal, expresa que la Administración Tributaria sustenta el recurso interpuesto
en la falta de aplicación de normas, prevista en el art. 3 de la Ley de
Casación, que en ningún momento señala los casos concretos en que se habría
dejado de aplicar tales criterios contenidos en las normas materiales o formales
citadas, que se limita a la mera enunciación de normas y no establece en qué
casos concretos se habría producido su falta de aplicación; que el Tribunal de instancia
actuó con criterio totalmente claro, respecto de la procedencia de lo
peticionado con las limitaciones previstas, no solo en las normas citadas sino
en abundante jurisprudencia; que los jueces, al momento de dictar su sentencia
realizan una análisis jurídico respecto de los comprobantes aportados por el
contribuyente dentro del proceso y la aplicación de las normas formales y
materiales previstas para la especie; respecto a la falta de aplicación de precedentes
jurisprudenciales, que cita fallos que contienen el análisis de varios hechos,
pero que no señala cómo se concreta tal planteamiento a los casos que se
ventilan en la especie; que respecto a la falta de aplicación de preceptos jurídicos
aplicables a la valoración de la prueba, la formalidad del recurso exige una
mayor precisión y concreción del mismo al momento de su planteamiento respecto
de la aplicación indebida de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración
de la prueba; que sobre la falta de motivación, la expresada por el Tribunal
soporta debidamente las decisiones adoptadas, que no solamente hace una
apreciación abundante de los hechos económicos y presupuestos de hechos, sino
que además hace una generosa cita de
normas de carácter formal y material para sustentar el proceso lógico y
exegético de la subsunción del uno respecto del otro. CUARTO: Un tema que esta
Sala especializada considera prioritario analizar es el relacionado con la
falta de motivación alegada por el recurrente, habida cuenta la consecuencia de
nulidad prevista en el art. 76, número 7, letra l de la Constitución de la
República, si ello ocurriese. Para resolver, se formulan las siguientes consideraciones:
4.1. La empresa actora impugna parcialmente la Resolución No. 109012004RREC008938
expedida por el Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral
Sur, reclamando la ratificación de glosas establecidas en el Acta de
Determinación No. 008- SRI-DRLS-2003-001 por concepto de Impuesto a la Renta del
ejercicio 2000; 4.2. Analizada la sentencia de la Sala de instancia, se
encuentra que la argumentación de respaldo a su decisión es la que consta en el
considerando Cuarto del fallo, que hace una referencia general a las pruebas
actuadas e informes periciales, de lo que se concluye que ?del análisis de la
documentación que obra de autos dentro del proceso se desprende que el
contribuyente si cumplió con lo que establece el sistema impositivo ecuatoriano?;
4.3. Tales razonamientos sin embargo, a criterio de esta Sala especializada, no
cumplen con el deber fundamental del juzgador de confrontar los hechos, las
razones por las que la Administración Tributaria ratificó las glosas
establecidas en el Acta de Determinación que motivó el reclamo y posterior resolución
impugnada con el derecho, estos los fundamentos jurídicos de su ratificación;
tal es la deficiencia de análisis que no se repara en la naturaleza de cada una
de las glosas que han sido ratificadas por la Administración; el fallo tampoco
se refiere a los argumentos por los que la empresa actora impugna tal ratificación,
ni se refiere a las pruebas que se habrían presentado en defensa de sus
argumentos. Estas deficiencias de la parte considerativa del fallo, sin lugar a
dudas, equivale a falta de motivación, por lo que la sentencia es nula y así se
la declara. QUINTO: Corresponde, en aplicación de lo previsto en el art. 16 de
la Ley de Casación, expedir el fallo pertinente. El contribuyente, con los argumentos
que obran de la demanda, solicita dejar sin efecto las glosas establecidas en
el Acta de Determinación que motiva el reclamo y que fueron confirmadas en la Resolución
impugnada; las glosas corresponden a: ?Compra de Productos Terminados?, por US
$ 4.350; ?Importaciones de Productos Terminados?, por US$ 6.902,30; ?Mano de Obra
Directa? por US $116.487,99; ?Mantenimiento y Reparaciones? por US $65.764,68;
?Sueldos, Salarios, Beneficios Sociales e Indemnizaciones? por US $ 125.393,14;
?Gastos de Gestión? (viajes y administración) por US$ 58.187,44; ?Gastos de
Gestión? (depreciación de vehículos) por US $ 650.115,92; e, ?Ingresos no Operacionales
Exentos no Gravados? por US $ 9`100.652,79; las razones por las que la
Administración confirma las glosas constan en la resolución impugnada; en atención
a la naturaleza de las glosas y a los cuestionamientos, se analiza y resuelve
en forma individual cada glosa. 5.1. Sobre la glosa ?Compra de Productos Terminados?,
por US$ 4.350, el argumento de la Administración Tributaria es que el
contribuyente dejó sin justificar dicha cantidad por adjuntar comprobantes de venta
no válidos, de acuerdo al art. 4 del Reglamento de Facturación, en concreto,
que el RUC que consta en el comprobante no pertenece a la empresa; al respecto
es preciso señalar que el cuestionamiento
para rechazar el comprobante no es de incumplimiento de requisitos previstos en
el Reglamento, pues lo que se advierte que existe es un RUC que no pertenece a
la Empresa, pero que a decir de ésta, en el comprobante se hizo constar el RUC
de la compañía REYBANCORP AGRICOLAS S.A., empresa que luego fue absorbida por
su representada, documentos presentados como prueba, que no han sido objetados
por la Administración Tributaria, por lo que se desecha la glosa. 5.2. Respecto
a la glosa ?Importaciones de Productos Terminados?, por US $ 6.902,30, que el
contribuyente dejó sin justificar, pues los asientos contables en los cuales se
reversaban las provisiones de seguros de importación no es considerado
documento válido para sustentar costos o gastos de conformidad con el Reglamento
de Facturación vigente a la fecha, por lo que es pertinente su ratificación. 5.3.
Sobre la glosa ?Mano de Obra Directa? por US$ 116.487,99, que la empresa
considera que no está debidamente motivada porque se fundamenta en hechos y documentos
que no se produjeron en fechas observadas, esta Sala encuentra que la empresa
actora no ha justificado el valor glosado, por lo que se confirma la glosa; 5.4
En relación a la glosa ?Mantenimiento y Reparaciones? por US $ 65.764,68 se
establece que si bien la empresa ha presentado documentos para justificar
parcialmente los cargos, éstos no cumplen los requisitos establecidos en el art.
16 del Reglamento de Facturación por lo que se ratifica la glosa; 5.5. Respecto
a la glosa ?Sueldos, Salarios, Beneficios Sociales e Indemnizaciones? por US$
125.393,14 consta que del estudio actuarial de jubilación patronal y
bonificación por desahucio, se determina que el incremento y capitalización del
valor actual de la reserva matemática para obligaciones futuras, para
trabajadores de más de diez años ascendía a la cantidad de US $ 27.738,03,
quedando sin justificar el valor de US$ 125.393,14 por lo que de acuerdo al
literal g del número 1 del art. 17 del Reglamento para la Aplicación de la Ley
de Régimen Tributario Interno, que exigía que la compañía debe contar con el
estudio actuarial pertinente, lo no justificado constituye gasto no deducible
para el cálculo del impuesto a la renta por lo que se ratifica la glosa; 5.6. Sobre
la glosa ?Gastos de Gestión? (viajes y administración) por US $ 58.187,44 en la
verificación, la Administración Tributaria encontró gastos no soportados, gastos
no generadores de renta y diferencias entre el gasto soportado y el gasto
declarado, habiéndose justificado solo en forma parcial; la empresa no ha justificado
los cargos imputados, por lo que se confirma la glosa; 5.7. Respecto a la glosa
?Gastos de Gestión? (depreciación de vehículos) por US$ 650.115,92 el
contribuyente no ha justificado las inconsistencias encontradas por la
Administración Tributaria, en tanto el valor por concepto de depreciación de
vehículos ya se encontraba consignado y la justificación de que se tratan de
vehículos diferentes a los contabilizados en los centros de costos declarados,
no han sido justificados, por lo que se confirma la glosa; 5.8. En relación a
la glosa ?Ingresos no Operacionales Exentos no Gravados? por US $ 9`100.652,79
hay que señalar que fue establecida por la Administración Tributaria en
aplicación de la Resolución N. 921 publicada en el Registro Oficial No. 229 de
1 de diciembre de 2000 que, en su artículo único establecía que ?Los resultados
de aplicar el sistema de corrección monetaria, para efectos de la conversión de
los estados financieros de sucres a dólares, efectuado de acuerdo con la Norma Ecuatoriana de Contabilidad No.
17, deben afectar a pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2000, debiendo
en consecuencia, el resultado de la cuenta Resultado por Exposición a la
Inflación, ser considerado para efectos tributarios como gasto deducible si es
negativo o como ingreso gravable si es positivo?, pues el impuesto a la renta
es consecuencia de los resultados obtenidos en el período comprendido entre el
primero de enero y el 31 de diciembre de 2000, independiente de la fecha en que
se presente la correspondiente declaración. Como el Resultado por Exposición a
la Inflación es positivo, debe ser considerado como ingreso gravable, razón por
la que se ratifica la glosa. Por lo expuesto, sin que sea necesario realizar
otras consideraciones, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte
Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y
POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, casa la sentencia
recurrida y declara la validez de la resolución impugnada en los términos consignados
en el considerando Quinto de este fallo. Notifíquese, publíquese y devuélvase.

f.)
Dr. José Suing Nagua, Juez Nacional

f.)
Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueza Nacional.

f.)
Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez. Certifico.

f.) Dra.
Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora, encargada.

En
Quito, a veintiuno de junio del dos mil doce, a partir de las quince horas,
notifico la Sentencia que antecede a la COMPAÑÍA REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO
C.A., en el casillero judicial No. 2645 de la Dra. Marcela Rodríguez y otros; y
al DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR, en el
casillero judicial No. 568 de la Dra. Tania Ramírez.- Certifico.

f.)
Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora, encargada.

No.
404-2010

CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA

SALA
DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

Quito,
a 23 de julio de 2012; las 10h22.

VISTOS:
El Ab. Leonardo Viteri Andrade solicita aclaración de la sentencia, para lo
cual transcribe el considerando 5.8 de la misma, en base a lo cual argumenta que
esta Sala acogiendo el criterio de la Administración Tributaria ha ratificado
la glosa determinada en fase administrativa. Siendo trascendental la decisión
tomada, dice que no se han aplicado normas de Derecho, las cuales reproduce, y
considera que la Resolución Administrativa que motiva la sentencia no puede
modificar las obligaciones tributarias que solamente nacen de la norma jurídica
con rango de Ley. Dice que no se han aplicado el art. 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno; los
arts. 3 y 14 del Código Tributario; y, el art. 8 de la Ley de Creación del Servicio

de
Rentas Internas, cuyos textos reproduce. Solicita que esta Sala aclare la
sentencia, para no dejar dudas sobre el tema. Se ha corrido traslado con el
pedido a la parte contraria que no contesta. Para resolver lo que corresponda
se considera: 1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código
Tributario ?La aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura??. 2.- Esta
Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, amparada en lo que dispone el
art. 274 del Código Tributario, en concordancia con el art. 282 del Código de Procedimiento
Civil, norma supletoria en materia tributaria, considera que lo requerido por
la empresa actora está suficientemente explicitado en el considerando 5.8 de la
sentencia, tanto más que mediante Resolución Constitucional No. 184-2001-TP
publicada en el Registro Oficial No. 425 de 3 de octubre del 2001, el Tribunal Constitucional
de aquel entonces declaró que la Resolución 921 emitida por la Directora
General del Servicio de Rentas Internas de 13 de diciembre del 2000, publicada
en el Registro Oficial No. 229, de 21 de diciembre del 2000, no es
inconstitucional; por consiguiente, no hay nada que aclarar sobre el tema, pues
no se cumple con la exigencia de la norma para que la misma proceda. Notifíquese.-

f.)
Dr. José Suing Nagua, Juez Nacional.

f.)
Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueza Nacional.

f.)
Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez. Certifico.

f.) Dra.
Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora, encargada.

En
Quito, a veintitrés de julio del dos mil doce, a partir de las quince horas,
notifico el Auto que antecede a la COMPAÑÍA REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO
C.A., en el casillero judicial No. 2645 de la Dra. Marcela Rodríguez y otros; y
al DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, en el casillero judicial
No. 568 de la Dra. Tania Ramírez Cárdenas.- Certifico.

f.)
Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora, encargada.

RAZÓN:
Las ocho copias que anteceden son iguales a sus originales constantes en el
juicio de IMPUGNACIÓN No. 404-2010 seguido por LA COMPAÑÍA REYBANPAC, REY
BANANO DEL PACIFICO., contra el DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS DEL LITORAL SUR.- Quito, a 20 de agosto del 2012.

Certifico.

f.)
Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora, Encargada.

No. 433-2010

JUEZ
PONENTE: DR. GUSTAVO DURANGO VELA.

CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA

SALA
ESPECIALIZADA DE LO

CONTENCIOSO
TRIBUTARIO

Quito,
a 14 de agosto de 2012, las 10h30.

VISTOS:
Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución No. 004-2012
de 25 de Enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y por la Resolución
de conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia. En lo principal, el Ing. Johnny Alberto Alcivar
Zavala, en calidad de Director Regional Litoral Sur del Servicio de Rentas
Internas, mediante escrito de 16 de julio del 2010 interpone recurso de
casación en contra de la sentencia expedida el 25 de junio de 2010, por la
Segunda Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en la
ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de impugnación No. 0708-2009, interpuesto
por el señor Carlos Alberto Hidalgo Reto en contra de la Administración Tributaria,
la Sala de Instancia lo admite a trámite mediante auto de 26 de julio de 2010.
Subido que ha sido el proceso para su aceptación o rechazo, esta Sala
Especializada de la Corte Nacional de Justicia lo admite ha tramite mediante providencia
dictada el 28 de septiembre del 2010, y se pone en conocimiento de las partes
para que se dé cumplimiento a lo que establece el art. 13 de la Ley de
Casación. La Empresa no lo ha contestado, se ha limitado a fijar domicilio
mediante escrito de 13 de Diciembre del 2010. Siendo el estado de la causa el
de dictar sentencia para hacerlo se considera: PRIMERO: Esta Sala es competente
para conocer y resolver el recurso en conformidad con el art. 184 numeral 1 de
la Constitución vigente, art. 1 de la Codificación de la Ley de Casación y
numeral 1 del art. 185 del Código Orgánico de la Función Judicial. SEGUNDO: El
recurrente fundamenta su recurso en las causales primera y tercera del art. 3
de la Ley de Casación, pues la Sala Juzgadora al momento de emitir sentencia;
según él se infringió las siguientes normas de derecho: art. 76, numeral 7
literal l, de la Constitución de la República, que exige el cumplimiento de la
motivación en las decisiones de los poderes públicos; los artículos 274, 275 y
276 del Código de Procedimiento Civil , que establece como requisito de las sentencias
que las mismas contengan la especificación de las normas pertinentes en las que
se funda la decisión de la causa; artículo 270 que tiene relación con la
valoración de las pruebas y 273 del Código Tributario, que establece que la
función del Juez en la etapa de impugnación es controlar la legalidad de los
antecedentes, la actuación administrativa formada mediante el expediente
respectivo, en razón de los cuales se expidió este fallo. Sostiene que con
respecto a la causal primera que, existió ?falta de aplicación? del art. 270 del
Código Tributario, con respecto a la valoración de las pruebas y del art. 273
del Código ibídem, en lo que tiene que ver con la motivación de la sentencia
emitida por el Tribunal. Que la sentencia emitida no contiene los requisitos
exigidos por las normas contenidas en la Constitución de la República, como
tampoco los de los artículos 273, 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil. Que
el literal l numeral 7 del art. 76 de la
Constitución de la República, establece como garantía del debido proceso el que
los actos o resoluciones expedidos por el poder público deben estar motivados y
deben explicar la pertinencia de su aplicación y que, la sentencia impugnada,
en ningún momento hace referencia a norma jurídica alguna o algún fallo de
casación que explique la decisión tomada. En lo que tiene referencia a la
causal tercera que, existió ?falta de aplicación o errónea interpretación? de
los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. Que la doctrina
indica que la motivación de la sentencia no implica solamente mencionar el mero
elemento probatorio valorado para la expedición de la decisión sino que, es
necesario que se articule con las normas procesales y sustanciales pertinentes
que le permitan al juzgador establecer, e informar a las partes, porque el
elemento probatorio decide legalmente la causa sujeta a su resolución, que las exigencias
han sido expresamente establecidas no sólo en la norma constitucional y en
fallos de casación, sino también en los artículos 274, 275 y 276 del Código de Procedimiento
Civil los cuales han sido directamente vulnerados por el Tribunal Juzgador al
momento de emitir la sentencia, la cual no cumple estos requisitos esenciales que
debe reunir una decisión judicial. Que en la parte resolutiva de la sentencia
no consta una sola norma legal en que se apoye su decisión y que, la sentencia
sólo hace un recuento de lo alegado por la parte actora en su demanda, de lo
que contestó la Administración Tributaria y una transcripción del informe
pericial presentado por la perito insinuada por la parte actora, pero que en
ninguna parte consta lo que ordena el segundo inciso del art. 273 del Código
Tributario. Que por lo expuesto pide se case la sentencia recurrida y se le
deje sin valor. TERCERO: El Tribunal Juzgador en su fallo manifiesta que según
el art. 273 del Código Tributario la carga de la prueba corresponde al actor,
en esencia los hechos que ha propuesto afirmativamente en su demanda, salvo
aquellos que se presumen legalmente, que en este caso el actor ha probado las
aseveraciones hechas en su demanda. En el Registro Oficial N° 564 de 26 de
abril del 2002, consta publicado en el Reglamento sobre los Requisitos Mínimos
que deben contener los Informes de Auditoría Externa, en particular el art. 6
dice: ?la contratación de auditores externos se le realizará a través de
documento escrito, hasta noventa días antes del cierre del ejercicio económico
y se informará a esta Superintendencia el nombre del auditor o auditora contratada,
dentro del plazo de treinta días contados desde la suscripción del respectivo
documento?. Por otra parte sostiene que, de conformidad con la Resolución N°
NAC- 0613, publicada en el Registro Oficial N° 136 de 30 de julio del 2003, en
el art. 1, se dispone: ?Ampliar el plazo establecido por el inciso segundo del
art. 213 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
y sus reformas, para la entrega del informe de cumplimiento de las obligaciones
tributarias, en la forma y con el contenido establecido por el Servicio de Rentas
Internas, correspondientes al ejercicio económico del año 2002 por parte de los
Auditores externos, hasta el 31 de julio de 2003?, e igualmente que, el art. 2
ibídem prevé multas pero para el ejercicio económico 2002, por tanto no existe
efecto retroactivo por cuanto el presente caso se trata del ejercicio económico
de 2001. Que la providencia de 17 de enero de 2006 dispone que la parte demandada
dentro del término de cinco días, cumpla con lo establecido en el inciso
primero del art. 245 de la Codificación
del Código Tributario, de conformidad con el segundo inciso del mismo artículo,
y que la Administración Tributaria no dio cumplimiento a lo que manda esta disposición,
es decir acompañar copia certificada de la Resolución o acto impugnado del que
se trate, por lo que se estará a lo previsto en el segundo inciso del art. 246
del Código Tributario, es decir a las afirmaciones y asertos que el actor haya
presentado. Por lo que declara con lugar la demanda. CUARTO: Corresponde a esta
Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional,
corroborar si la Sala Juzgadora en su sentencia de 25 de junio del 2010
infringió o no las normas constitucionales y legales referidas por el
recurrente por lo que hace las siguientes consideraciones: 4.1.- En relación a las
normas constitucionales que dice haberse violentado en la sentencia, y en
especial lo referente a la ?falta de motivación?, porque de ser cierto la
aseveración hecha por el recurrente, dicha omisión produciría la nulidad de la sentencia,
al tenor de lo ordenado en el art. 76, numeral 7, literal l) de la Constitución
de la República, que ha sido esgrimida en forma equivocada dentro de la causal
tercera del art. 3 de la Ley de Casación, pues según lo ha mantenido esta Sala
en varios fallos concordantes y reiterados, el alegar falta de motivación se
configura y enmarca mas bien, en la causal quinta. Dicha norma constitucional
establece que todos los actos y actuaciones de los poderes públicos, se
expedirán por escrito y que además, serán debidamente motivados, circunstancia
que para una sentencia de un Tribunal de Justicia es un deber sustancial. 4.2.-
De la revisión del fallo dictado por la Sala A quo esta Sala Especializada,
encuentra que el fundamento básico esgrimido en la sentencia, para aceptar la
demanda propuesta por el Auditor externo Carlos Hidalgo Reto, es la falta de
cumplimiento por parte de la Autoridad Tributaria demandada, del requerimiento
señalado en el Art. 246 del Código
Tributario y que ha sido dispuesto en providencia del 17 de enero de 2006, que
no es otro que la obligación de adjuntar a la contestación a la demanda, la
copia certificada de la resolución impugnada, y por ese motivo se estarán a las
afirmaciones hechas en la demanda. No puede de ninguna manera soslayarse el
derecho de una de las partes con este argumento, porque en primer lugar de la
revisión del proceso consta de fs. 6 a 8 copia de la Resolución N° RLS-GTRRS-A53-2005-0109
de 4 de mayo de 2005, adjuntada por el mismo actor y que es motivo de la impugnación,
y en segundo lugar porque el efecto de ese incumplimiento no es, ni puede ser,
el de aceptar la demanda ipso jure, sin un análisis jurídico de los fundamentos
de la demanda y de la contestación hecha por la Autoridad; esta Sala
Especializada considera que, el efecto de la aplicación del inciso final del
Art. 246 referido, es que debe entenderse que el documento presentado por el actor,
es auténtico, lo cual, al menos en el presente caso, nadie lo ha puesto en
duda, y sus afirmaciones deben ser demostradas, pues no se trata del efecto del
silencio administrativo por la falta de pronunciamiento en un reclamo
administrativo, al que equivocadamente está equiparando la Sala de instancia. 4.3.-
En este caso la falta de motivación evidente de la sentencia, produce un vicio
de nulidad, pero que está íntimamente ligado a la errónea interpretación que la
Sala Aquo ha hecho del Art. 246 del Código Tributario, esgrimido como casual de
casación por el recurrente (causal 1ra. del Art. 3 de la Ley de Casación). Como
consecuencia de lo anotado, esta Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA
EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, casa la sentencia dictada por la Segunda Sala
Temporal del Tribunal Distrital N° 2 de lo Fiscal con asiento en Guayaquil, y
de conformidad a lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley de la materia,
convirtiéndose en Tribunal de instancia, para resolver sobre lo principal, hace
las siguientes consideraciones: UNO) Conforme a lo dispuesto en el Art. 425 de
la Constitución de la República, las normas de carácter constitucional tienen
prelación sobre cualquier otra, incluso Tratados Internacionales, leyes orgánicas
y ordinarias, no se diga Reglamentos o Disposiciones Generales, para efecto de
lo cual existen varias normas en la Constitución que regulan este principio, como
las señaladas en el art. 10, 11, 76 y prácticamente su texto integro que, se le
considera garantista y de ejecución inmediata y prevalente, en especial el
numeral 3 de esta última norma que dice: ?Nadie podrá ser juzgado ni sancionado
por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la
ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le
aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley.?- DOS) Es
principio clásico y consuetudinario del Derecho, aquel contenido en el Art. 11
del Código Penal, que textualmente reza: ?No hay infracción sin conciencia, voluntad
y dolo? Nadie podrá ser reprimido por un acto previsto en la ley como
infracción, si el acontecimiento dañoso o peligroso de que depende la
existencia de la infracción, no es consecuencia de su acción u omisión?.- TRES)
La Resolución N° RLS-GTRRS-A53-2005-0109 de 4 de mayo del 2005 impugnada por el
auditor externo Hidalgo, le impone una sanción en base de lo señalado en el Reglamento
para la Aplicación de la Ley de régimen Tributario Interno y la Resolución No
452 del 20 de mayo de 2002 (inaplicable para el ejercicio 2001 que se discute),
y se le impone la multa de 250 dólares, porque según la Autoridad no ha
presentado el informe de cumplimiento tributario de la Empresa CENTRO DE
NUTRICIÓN GENERAL DEL ECUADOR S.A. CENUGE, es decir imponiéndole una sanción
por un hecho que no puede imputársele y menos que sea consecuencia de su acción
u omisión, puesto que, de conformidad a lo señalado en el Art. 96, literal d)
del Código Tributario, la presentación de declaraciones de impuestos es
obligación exclusiva del contribuyente o responsable. Por lo expuesto, no por
las razones expuestas en la sentencia, sino por las que se han señalado en
esta, se admite la demanda presentada por Carlos Alberto Hidalgo Reto y se deja
sin efecto la Resolución impugnada. Sin costas.- Notifíquese, devuélvase y
cúmplase.- f.) Dr. José Suing Nagua, Juez Nacional.

f.)
Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueza Nacional. (V.S.)

f.)
Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez. Certifico.

f.)
Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora Encargada.

VOTO
SALVADO No. 433-2010

CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR

SALA
DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

DRA.
MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA.

ACTOR:
Carlos Alberto Hidalgo Reto.

DEMANDADO
Director Regional del Servicio de

(RECURRENTE):
Rentas Internas del Litoral Sur.

Quito,
a 16 de agosto del 2012, las 10H30.

VISTOS:
Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución No. 004-2012
de 25 de Enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura y por la Resolución
de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia. Esta Sala Especializada de lo Contencioso
Tributario es competente para conocer y pronunciarse sobre el recurso de casación
en virtud de lo establecido en el Art. 184, numeral 1 de la Constitución de la
República, Art. 185, segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico de la
Función Judicial, artículo 1 de la Ley de Casación.

ANTECEDENTES

1.1.- El
ingeniero Johnny Alberto Alcívar Zavala, en calidad de Director Regional
Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas, mediante escrito de 16 de julio de
2010 interpone recurso de casación en contra de la sentencia expedida el 25 de
junio del 2010, por la Segunda Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo
Fiscal No. 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de impugnación
No. 0708-2009, interpuesto por el señor Carlos Alberto Hidalgo Reto en contra
de la Administración Tributaria, el Tribunal Aquo le califica como admisible mediante
providencia dictada el 28 de septiembre del 2010. Pasa a conocimiento de las
partes, para que se dé cumplimiento a lo que establece el Art. 13 de la Ley de casación.
La Empresa no lo ha contestado, se ha limitado a fijar domicilio mediante
escrito de 13 de diciembre del 2010. 1.2.- El recurrente fundamenta el recurso
en las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. La Sala
Juzgadora, al momento de emitir la sentencia, según el recurrente, infringió
las siguientes normas de derecho: Art. 76 numeral 7 literal l de la Constitución
de la República del Ecuador, que exige el cumplimiento de la motivación en las
decisiones de los poderes públicos; los artículos 274, 275 y 276 del Código de
Procedimiento Civil, que establece como requisito de las sentencia que las
mismas contengan la especificación de las normas pertinentes en las que se
funda la decisión de la causa; artículos 270 que tiene relación con la
valoración de las pruebas y 273 del Código Tributario, que establece que la
función del Juez en la etapa de impugnación es controlar la legalidad de los
antecedentes, la actuación administrativa formada mediante el expediente
respectivo, en razón de los cuales se expidió este fallo. Se señala que con
respecto a la causal primera, existió ?falta de aplicación? del Art. 270 del Código
Tributario. Que la Sentencia emitida no contiene los requisitos exigidos por
las normas contenidas en la Constitución de la República, como tampoco los de
los artículos 273. 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil. Que el literal
l numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República, establece como
garantía del debido proceso, el que los actos o resoluciones expedidos por el
poder público deben estar motivados y deben explicar la pertinencia de su aplicación y
que, la sentencia impugnada, en ningún momento hace referencia a norma jurídica
alguno o algún fallo de casación que explique la decisión tomada. En lo que
tiene referencia a la causal tercera que, existió ?falta de aplicación o
errónea interpretación? de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración
de la prueba. Que la doctrina indica que la motivación de la sentencia no
implica solamente mencionar el mero elemento probatorio valorado para la
expedición de la decisión sino que, es necesario que se articule con las normas
procesales y sustanciales pertinentes que le permitan al juzgador establecer, e
informar a las partes, por qué el elemento probatorio decide legalmente la
causa sujeta a su resolución, que las exigencias que han sido expresamente
establecidas no solo en la norma constitucional y en fallos de casación, sino también
en los artículos 274, 275 y 276 del Código de Procedimiento Civil, los cuales
han sido directamente vulnerados por el Tribunal Juzgador al momento de emitir la
sentencia, la cual no cumple estos requisitos esenciales que debe reunir una
decisión judicial. Que en la parte resolutiva de la sentencia no consta una sola
norma legal en que se apoye su decisión y que, la sentencia solo hace un recuento
de lo alegado por la parte actora en su demanda, de lo que contestó la
Administración Tributaria y una transcripción y del informe pericial presentado
por la perito insinuada por la parte actora, pero que en ninguna parte consta
lo que ordena el segundo inciso del Art. 273 del Código Tributario. Que por lo
expuesto pide se case la sentencia recurrida y se le deje sin valor. 1.3.- Concedido
el recurso de casación, la Empresa no lo ha contestado, se ha limitado a fijar
domicilio mediante escrito de 13 de Diciembre de 2010. 1.4.- El Tribunal
Juzgador en su fallo manifiesta que según el Art. 273 del Código Tributario la carga
de la prueba corresponde al actor, en esencia los hechos que ha propuesto
afirmativamente en su demanda, salvo aquellos que se presumen legalmente, que
en este caso el actor ha probado las aseveraciones hechas en su demanda. En el
Registro Oficial No. 564 de 26 de abril del 2002, consta publicado el Reglamento
sobre los Requisitos Mínimos que deben contener los Informes de Auditoría Externa,
en particular el art. 6 dice: ?La contratación de auditores externos se la
realizará a través de documento escrito, hasta noventa días antes del cierre
del ejercicio económico y se informará a esta Superintendencia el nombre del
auditor o auditora contratada, dentro del plazo de treinta días contados desde
la suscripción del respectivo documento?. Por otra parte sostiene que, de
conformidad con la Resolución No. NAC-0613, publicada en el Registro Oficial
No. 136 de 30 de julio del 2003, en el Art. 1, se dispone: ?Ampliar el plazo
establecido por el inciso segundo del Art. 213 del reglamento para la
Aplicación de la Ley de Régimen Tribu