Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 11 de abril de 2018 (R. 42, 11–abril -2019)

Edición Constitucional

Año I – Nº 42

Quito, miércoles 11 de abril de 2018

CORTE CONSTITUCIONAL

DEL ECUADOR

SENTENCIA:

119-18-SEP-CC Acéptese la acción extraordinaria de protección presentada por el ingeniero Luis Amoroso Mora, Alcalde Cantonal de Ambato y otro

CORTE CONSTITUCIONAL

DEL ECUADOR

SALA DE ADMISIÓN:

CAUSA:

0053-17-IN Acumulada al Caso Nro. 0022-17-IN Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos.- Legitimado activo: Ramiro Ávila Santamaría y otros

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Quito D.M., 28 de marzo de 2018

SENTENCIA N.º 119-18-SEP-CC

CASO N.° 0990-15-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 15 de mayo de 2015, el ingeniero Luis Amoroso Mota y doctor Edwín Fabián Usinia S. en calidades de alcalde cantonal y procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad de Ambato, respectivamente, y la abogada Margarita Mayorga, ex secretaria del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Ambato, presentaron conjuntamente una acción extraordinaria de protección en contra de la resolución de apelación a la negativa de revocatoria a las medidas cautelares constitucionales, dictada el 16 de abril de 2015 por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, dentro de la acción de medidas cautelares constitucionales N.° 18571-2015-0165.

La Secretaría General de la Corte Constitucional certificó el 02 de julio de 2015 que en referencia a la causa N.° 0990-15-EP, no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción,

A través de auto dictado el 13 de octubre de 2015, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por el juez y las juezas constitucionales doctores Manuel Viteri Olvera, Tatiana Ordeñana Sierra y María del Carmen Mal donado Sánchez, admitió a trámite la acción extraordinaria de protección N.° 0990-15-EP.

De conformidad con el sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión ordinaria de 18 de noviembre de 2015; la Secretaría General del organismo, remitió el expediente aL despacho de la jueza sustanciadora doctora Wendy Molina Andrade; quien avocó conocimiento de la misma mediante providencia de fecha 26 de octubre de 2017, con la cual se notificó a los’

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legitimados pasivos, y se convocó para audiencia pública a realizarse el día 09 de noviembre de 2017.

Sentencia, auto o resolución con fuerza de sentencia que se impugna

Conforme se señaló previamente, los legitimados activos impugnan en forma expresa la resolución dictada el 16 de abril de 2015 por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua., dentro de la acción de medidas cautelares constitucionales N.° 18571-2015-0165;, la misma que rechaza el recurso de apelación interpuesto en contra de la negativa de revocatoria a las medidas cautelares dictadas el 19 de febrero de 2015 por la Unidad Judicial Primero de Violencia contra la Mujer y Familia de Tungurahua. La resolución impugnada señala en su parte pertinente lo siguiente:

NOVENO.- RESOLUCIÓN En base a dichas consideraciones y sin que sea necesaria ninguna otra, este Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, con fundamento en las normas invocadas, precedentemente, RESUELVE, rechazar el recurso de apelación interpuesto par los señores Ing. Luis Amoroso Mora, Doctor Edwin Fabián Usinia y Ab. Margarita Mayorga, Alcalde del cantón Ambato; Procurador Síndico del Municipio de Ambato y Secretaria del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Ambato, respectivamente.

Antecedentes de la presente acción

La presente acción extraordinaria de protección tiene como antecedente el pedido de medidas cautelares presentado el 11 de febrero de 2015 por los ciudadanos Pablo Andrés Carlosama Morejón, Martin Felipe Ogaz Oviedo e Iván Antonio Moncayo Rodríguez en vista de que en la ciudad de Ambato los días 15 y 16 de febrero de 2015 se realizaría una corrida de toros organizada por la empresa CITOTUSA S.A, quienes, a través de los medios de difusión del evento, manifestaban que se permitiría el ingreso de adolescentes desde los 12 años de edad, circunstancia que, a criterio de los legitimados activos en la medidas cautelares, evidenciaba una amenaza a los derechos de integridad tísica y psicológica de los adolescentes al estar expuestos a actos de violencia y maltrato, establecidos por la Constitución de la República e instrumentos internacionales.

Las medidas cautelares fueron conocidas en primera instancia por la jueza de la Unidad Judicial Primero de Violencia contra la Mujer y Familia de Tungurahua, quien mediante providencia convocó a audiencia pública que se celebró el día 12

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de febrero de 2015, en la cual se resolvió dentro de la misma diligencia aceptar la petición de medidas cautelares, disponiendo la prohibición del ingreso de adolescentes menores de 16 años a las corridas de toros a llevarse a cabo los días 15 y 16 de febrero de 2015, en la ciudad de Ambato. Para cuyo efecto, se oficio al jefe de la sub-zona de Policía de Tungurahua N.° 18, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ambato, al intendente general de policía de Tungurahua, al defensor del pueblo, al jefe de la DINAPEN y al Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, a fin de que controlen el cumplimiento de lo dispuesto en resolución judicial. La resolución escrita fue emitida el 19 de febrero de 2015 por la jueza constitucional antes mencionada.

De la decisión detallada anteriormente, el alcalde y el procurador síndico de la Municipalidad de Ambato, junto con la secretaria del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, solicitaron el 24 de febrero de 2015, se revoque las medidas cautelares dispuestas. Ante lo cual la jueza de la Unidad Judicial Primero de Violencia contra la Mujer y Familia de Tungurahua resolvió en resolución de 05 de marzo de 2015 negar el pedido de revocatoria, toda vez que a su criterio las medidas cautelares ya se cumplieron y por tanto se extinguió el acto que amenazaba la vulneración de derechos.

Finalmente, los legitimados pasivos en las medidas cautelares, interpusieron el recurso de apelación, mismo que fue conocido y resuelto por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua mediante resolución de 16 de abril de 2015, en la cual rechazó el recurso interpuesto.

Descripción de la demanda

Argumentos planteados en la demanda

Al proponer la presente acción extraordinaria de protección, los accionantes señalan que la resolución impugnada vulnera el derecho a la seguridad jurídica en cuanto se ha convalidado el que se deje sin efecto la Resolución Municipal N.º 038-2015, emitida en sesión ordinaria de 03 de febrero de 2015, en la cual se resolvió aprobar como edad mínima para el ingreso a los espectáculos taurinos, los doce años de edad, a través del Reglamento para el Acceso a los Espectáculos Públicos que afecten el Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes, dictado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que, a decir de los

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accionantes dentro de la presente garantía, se encontraba derogada por la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la igualdad, la misma que fue publicada en el R.O.S. N.° 283 de 07 de julio de 2014.

Con respecto a la aparente vulneración del derecho a la seguridad jurídica, los accionantes argumentan lo siguiente:

…los señores Jueces podrían vulnerar normas constitucionales, dejando de aplicar el trámite previsto en la ley, perjudicando y violando la segundad jurídica de las personas, dejando de aplicar lo estipulado en la Constitución, y las leyes vigentes, desdibujando así el espíritu mismo del ordenamiento jurídico, aplicable dentro de una Constitución garantista siendo evidente la violación a la segundad jurídica, y principio de legalidad porque los ciudadanos no tendrían la certeza de que leyes existentes van a ser aplicadas, quedando en la incertidumbre e inseguridad los resultados de un proceso, que devendría injusto ante el desconocimiento de las normas legales que vayan a aplicarse, sin que se observen oportunamente las mismas,,.

Por otro lado, señalan que se está vulnerando la autonomía municipal del GAD de Ambato establecida en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, ya que las medidas cautelares han impedido el cumplimiento de su resolución emanada dentro de su competencia. Además, que la vía correcta de impugnación de actos normativos es a través de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, por lo que los jueces que resolvieron las medidas solicitas no eran competentes. Al respecto, los legitimados activos manifiestan: «A más que los Señores magistrados, no se realiza un análisis sobre la única vía de impugnación, al acto normativo emitido por la Municipalidad, que es por medio de la acción de inconstitucional i dad, ante la Corte Constitucional, según se desprende del Art. 404 del COOTAD, afectando así nuestro derecho a una tutela efectiva, y violando la seguridad jurídica.»

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados

Dentro de la demanda de acción extraordinaria de protección bajo análisis, los legitimados activos alegan la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República.

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Pretensión concreta de los accionantes

Los accionantes solicitan a este organismo se acepte la acción extraordinaria de protección, y se declare la vulneración de los derechos constitucionales y como consecuencia de ello, se ordene la reparación integral de los mismos, haciendo que cesen todas las afectaciones y se declare la nulidad integral de la resolución emitida el 16 de abril de 2015.

Contestación a la demanda

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la jueza sustanciadora mediante providencia de 26 de octubre de 2017, los jueces de la Sala Penal de la Corle Provincial de Justicia de Tungurahua, presentan con fecha 07 de noviembre de 2017 su informe de descargo de los argumentos que fundamentan la demanda, puntualizando lo siguiente:

Los legitimados activos, no esclarecen en su Acción o no dan aviso, que fue la organización del evento de la época; «Feria de Ambato Nuestra Señora de la Merced», los días 15 y 16 de febrero del año 2015, lo que genera la adopción de las medidas cautelares; que acorde lo dispuesto en el Art. 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tiene por objeto evitar o cesar la amenaza o violaciones constitucionales. Tal feria, representa un acto contrario al interés superior precedentemente referido. En hechos, las medidas fueron cumplidas según afirmación de la Jueza de conocimiento. Toman una parte de la resolución dictada por los suscritos y no la relaciona con el resto de la misma, en la que obran consideraciones constitucionales sobre el tema. En ninguna parte de la resolución materia de a presente Acción, asoma que nos hayamos pronunciado derogando la Ordenanza Municipal de regulación de espectáculos públicos. La misma, se mantiene y por ende, no se ha violentado la autonomía municipal reclamada. Lo que ocurre en que aquella, no puede colisionar con la obligación estatal de atención prioritaria a las niña, niños y adolescentes, prescrito en el Art. 35 déla Constitución de la República (,,.) según el Art. 28 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no existe ningún prejuzga miento al respecto.

Terceros interesados

Procuraduría General del Estado

El abogado Marcos Edison Arteaga Valenzuela, comparece en calidad de director nacional de patrocinio, delegado del procurador general del Estado, mediante escrito presentado el 09 de noviembre de 2017, en lo principal indica que las medidas cautelares ya no se encuentran vigentes y señala lo siguiente:

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En vista de la naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección, le corresponde a los accionantes demostrar sus fundamentos fácticos y jurídicos. En consecuencia, solicito a la Corte Constitucional resolver la presente causa conforme a Derecho, con especial consideración del principio de interés superior de niño.

Defensoría del Pueblo

Comparecen medíante amicus curiae, presentado el 09 de noviembre de 2017, el abogado Rodrigo Valera Torres y Silvia Pozo Trujillo en calidad de director general tutelar y directora nacional de atención prioritaria y libertades de la Defensoría del Pueblo, respectivamente, indicando que existen observaciones generales del Comité de Derechos del Niño que recomiendan que el Estado ecuatoriano fije una edad permitida para el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los espectáculos taurinos, en este sentido indican:

Fijar una edad para permitir el acceso a los espectáculos taurino, como es 18 años, pretende garantizar el adecuado desarrollo de niñas, niños y adolescentes y ofrecer un ambiente libre de violencia. Esta norma revela una preocupación porque esta clase de eventos pueden perturbar la integridad personal de los niños, niña y adolescente, exponerles a condiciones de violencia no apropiadas para su edad y afectar su normal desarrollo (.,.).

Argumentan, que la competencia respecto a la regulación de espectáculos públicos la tienen los municipios, pero el ejercicio de esta atribución de los Gobiernos Autónomos Descentralizados debe formularse mediante normativa que observe la legislación nacional y vele por el interés superior del niño, en concordancia con el principio de aplicación más favorable y de no regresividad.

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional

El doctor Byron Valarezo Olmedo, en calidad de secretario técnico presenta un amicus curiae con fecha 09 de noviembre de 2017, manifestando en lo principal:

Lo establecido en el Reglamento para el acceso a los Espectáculos Públicos sobre el límite de edad de 16 años para ingresar a determinados espectáculos públicos, responde 3 la necesidad de que las y los adolescentes participen conforme a su crecimiento físico e intelectual como actores sociales y no como meros ejecutores o consentidores de algo. (…) La eficaz y oportuna protección de los derechos de la niñez y adolescencia debe brindarse, contando con todos los elementos necesarios para garantizar y respetar el interés superior del niño, respondiendo así al inciso tercero del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. (…) De ahí que a partir de la de promulgación

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de la LOCNI, corresponde a cada municipio regular los espectáculos públicos que tengan lugar en cada localidad y las ordenanzas que regulen estos eventos sustituirán al Reglamento aprobado por el ex Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Es importante señalar que dichas regulaciones deberán precautelar y garantizar la integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia y demás normativa nacional e internacional de derechos humanos que ampara a las niñas, niños y adolescentes; particularmente precautelar el derecha a la integridad psicológica establecido en el articulo 50 del Código de la Niñez y Adolescencia, que pudiera estar amenazado o vulnerado de permitirse el ingreso de niñas, niños y adolescentes menores de 16 años a las corridas de toros. (…) Además, el principio de progresividad establecido en el artículo 11.8 de la Constitución señala que ‘»el contenido de los derechos se desarrollara de maneta progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas», es decir que el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar y respetar los derechos que aportan al desarrollo y madurez de niños, niñas y adolescentes. Por esto, cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe el ejercicio de los derechos, es inconstitucional, además de que los resultados pueden resultar perjudiciales para la efectividad de los mismos. (…) Frente al caso que nos ocupa, cabe resaltar que la tauromaquia está asociada a formas de «bullying» (para excitar al animal) y a la violencia física y mental, por lo que ser espectador de una escena de violencia puede generar afectaciones c impactos personales y socialmente nocivos, particularmente cu niñas, niños y adolescentes. La naturalización del «bullying» (acoso) y la violencia, como es el del espectáculo de la excitación y matanza de un animal, en un contexto «aceptable» y loado, lo hace -acorde con la teoría ya universal mente reconocida del aprendizaje social¹– aún más legitimo e imitable como fundamento para el pensamiento y la acción para los pequeños². Más aún si en su entorno es aceptado, aplaudido y elogiado por adultos significativos (como padres, familiares, miembros de la comunidad, etc.). Esa naturalización conlleva a incrementar el interés en el aprendizaje social -que imita o emula lo valorado, apreciado y celebrado por los adultos significativos^” y. a la vez, a elevar el umbral de tolerancia y legitimización hacia actos de bullying y violencia que los pequeños y adolescentes aprenden a aceptar, conviviendo con ellos con idéntica «normalidad» que asumida por sus adultos significativos en los actos o espectáculos de bullying, dolor y muerte. Si bien es cierto que para algunos esto puede ser supuestamente aceptable por tratarse de un «espectáculo», esto lo hace aún más nocivo para la mente de niña, niños y adolescentes, pues esta naturalidad puede ser llevada, por emulación o imitación, consciente o inconsciente, a otros campos de acción y desempeño (como, por ejemplo, la consideración ingenua del bullying en ámbitos educacionales o laborales como «entretenimiento legítimo» para quien lo ejecuta y «espectáculo» aplaudible para otros).

¹ Blandura, A. (1977); Social LearningTheory; Pub. by Prentice Hall, Engiewood Cliffs, NJ.

² Bandura, A. (1986); Social Foundations pf Thought and Action; Pub. by Prenlice Hall, Engiewood -Cliffs, NJ.

³ Bandura, A, (.1997); Imi latió n of Film-mediated agressive males; Pub. in JHournal of Abnormal and

Social Psychology, 67, 601-607.

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Audiencia Pública

De conformidad a lo dispuesto en providencia de 26 de octubre de 2017, el 09 de noviembre de 2017 tuvo lugar la audiencia pública dentro del caso N.° 0990-15-EP. La misma que contó con las siguientes comparecencias:

En representación de los legitimados activos, la Ab, Daniela Ruíz, Ab. Galo Pico y el Dr. Marco Lara, quienes en lo principal manifestaron que los jueces de la Corte Provincial no consideraron que todos los actos de carácter normativo deben ser impugnados ante la Corte Constitucional con una acción de inconstitucionalidad. Por lo cual, tanto la Unidad Judicial como la Corte Provincial rio eran los órganos judiciales competentes para conocer este tipo de acción, en virtud de que fue impugnada la Resolución Municipal N.^ú 038-2015 en la que se resolvió la edad de los adolescentes al ingreso de las corridas de toros que será a partir de los 12 años acompañada de un adulto, por lo que tampoco se consideró la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

De igual forma, los intervenientes manifestaron que las corridas de toros es un legado de nuestros antepasados y de nuestra cultura, recogida en los artículos 4 y 21 de la Constitución de la República. En este sentido, los adolescentes tienen el derecho de acceder a estos eventos culturales y participar a cualquier espectáculo público que haya sido calificado adecuado para su edad. En este caso, se está permitiendo que ingresen a partir de los 12 años acompañados de sus padres, según un estudio realizado en la ciudad de Madrid, con lo cual hay bases suficientes para sustentar científicamente una medida como la prohibición de entrada a menores de 14 años a las plazas de toros.

Respecto a la decisión impugnada de la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua se reconoce que el Reglamento emitido por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia respecto al ingreso dé adolescentes a espectáculos taurinos es jerárquicamente superior a la resolución del Municipio. No se toma en cuenta que con la promulgación de la Ley de los Consejos de la Igualdad que reforma el artículo 48 del Código de Niñez y Adolescencia -que es la base para que el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia haya emitido este Reglamento- delegando a los Municipios que dicten la regulación de espectáculos públicos, ya no era competente aplicar este Reglamento vulnerando el artículo 82 de la Constitución de la República.

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Finalmente, hicieron énfasis en que el COOTAD le da al GAD municipal la autonomía de emitir regulaciones, y que estos actos normativos deben ser impugnados por la vía de inconstitucionalidad.

Como tercero interesado, la Dra. Silvia Pozo Trajillo, en representación de la Defensoría del Pueblo quien argumentó en lo principal que tanta los estándares internacionales respecto a los espectáculos taurinos, como la Convención de los Derechos del Niño dispone la obligación del Estado de proteger el interés superior de los niños. Respecto a espectáculos públicos la Convención interamericana de Derechos Humanos dice que estos eventos pueden ser sometidos a la censura previa con el objeto de regular el acceso a ellos y de esta manera proteger la infancia y la adolescencia. Asimismo, manifiesta que con respecto a la tauromaquia, la observación del Comité de los Derechos del Niño de 4 de octubre de 2017, dirigida expresamente al Ecuador, se insta a que se fije por ley la edad mínima de 18 años para asistir y participar en espectáculos taurinos;, a fin de garantizar el adecuado desarrollo de las niños, niños y adolescentes, y ofrecer un ambiente libre de violencia.

Como tercero interesado, el Ab. Michelle Erazo Cárdenas y el Dr. Mario Meló Cevallos en representación de los señores Pablo Andrés Carlosama Morejón, Martín Felipe Ogaz Oviedo e Iván Antonio Moncayo Rodríguez, quienes señalaron en lo principal que la medida cautelar fue progresiva respecto a los derechos de la niñez, toda vez que precauteló los derechos de integridad, a una vida libre de violencia de niños, niñas y adolescentes y sobre todo precauteló el principio de interés superior reconocido en la Constitución de la República y en los Instrumentos Internacionales de protección de la niñez y adolescencia. Asimismo, acotaron que la Resolución Municipal debe estar en armonía con el ordenamiento nacional e internacional que permita que sea una norma válida. Finalmente, manifestaron que a través de las medidas cautelares otorgadas por la jueza de la unidad judicial y ratificada por la Corte Provincial, se garantizaron efectivamente los derechos a la integridad, a la vida libre de violencia y al principio de interés superior, así como también se observó el conjunto de normas internacional y las observaciones del Comité de los derechos del Niño, y las recomendaciones de los estudios de las Naciones Unidas que instan dar prioridad «a la eliminación de todas las formas de violencia en contra de los niño, niñas y

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adolescentes, sensibilizar sobre la violencia física y mental asociada con la tauromaquia y su impacto en los niños.

En calidad de tercera interesada, la socióloga Sara Oviedo Fierro quien expone la postura del Comité de los Derechos del Niño de la Nacionales Unidas ONU, en la medida que fue su vicepresidenta por 4 años, señaló que según la Convención de los Derechos del Niño, se adquiere este estatus desde que se nace hasta que se cumplen 18 años, sin embargo, en el Ecuador se ha dividido entre niños y adolescentes lo cual; a su criterio, ha dado paso a una confusión. Asimismo, manifestó que el interés superior del niño significa garantizar el derecho holístico con lo cual se supone que las autoridades públicas deben proteger a los niños de las actitudes que toman adultos. Sumando que el Comité no ha entendida la tauromaquia como cultura sino como violencia, desde el 2014 al 2017 ha dado recomendaciones a 6 de los 8 países que tienen este tipo de prácticas violentas, entre esos el Ecuador. En este tiempo el Ecuador ya venía trabajando en la protección relacionada con el tema. Manifestó asimismo, que los estudios sugieren que la presencia de un adulto o un padre que acompañe a un menor de edad no puede protegerlo de los efectos perjudiciales de presenciar el evento, al contrario, la presencia de un adulto cercano y entusiasta podría exacerbar el impacto nocivo sobre el niño, como efecto esta la apatía frente al maltrato y sufrimiento, y asociados con varios tipos de violencia, entre otros resultados de los estudios. Frente a esta situación, manifestó la socióloga, lo que el Comité sugiere a los Estados son medidas legislativas ya administrativas para proteger a todos los niños que participan en el entrenamientos y actuaciones de la tauromaquia, así como en su calidad de espectadores. El Ecuador tomando en cuenta estas consideraciones ya tenía regulaciones respecto a este tipo de espectáculos por lo que pido que no retrocedamos, ustedes saben que no se puede retroceder en derechos.

En calidad de tercero interesado, el Ab. Santiago Ruíz en representación del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, quien señaló que este tipo de eventos que involucra la tortura de un animal, afecta el desarrollo integral y psicológico de niños, niñas y adolescentes, y que puede limitar su normal desarrollo. La tauromaquia está asociada al maltrato de un animal y al bullying, lo que puede generar un impacto nocivo a los niños, como es el maltrato y matanza de un animal en un contexto aceptable y loable lo hace, más aún si es elogiado y aplaudido por adultos y padres, esta naturalización incrementa el

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interés en e] aprendizaje que emula lo apreciado por los adultos y a la vez eleva el umbral de la tolerancia y legitimación hacia actos de violencia. Aunque el aprendizaje social es importante en la construcción de las personas en especial en su etapa más joven, los mensajes que emanan de las corridas de toros pueden ser particularmente nocivos, como paradigmas de actuaciones degradantes vulnerando la integridad psicológica de los adolescentes menores de 16 años. Con lo cual manifestó que la posición del Consejo Nacional para la Igualdad intergeneracional es de que se deje sentado un precedente en el cual se prohíba el ingreso de niños, niñas y adolescentes menores de 16 años a las corridas de toros, así como eventos futuros de la misma categoría, por considerar que la tortura de un animal, afecta la integridad psicológica de estos grupos de atención prioritaria, así como en cumplimiento de los estándares internacionales mencionados anteriormente.

En calidad ele tercero interesado, la señora Catalina Chiriboga por sus propios derechos como aficionada taurina, interviene señalando que las corridas de toros están reconocidas como una actividad cultural y artística, con lo cual se siente discriminada en sus raíces, en su identidad cultural y en su mestizaje. A su criterio los artículo 4, 11, 66 numeral 29 literal d), 26, 27 y 28 de la Constitución de la República, sustenta la legalidad de las corridas de toros y el derecho de los ciudadanos a participar en las mismas. La realización de espectáculos taurinos no se encuentra prohibida por ley, por lo tanto, es permitido, peor aún existe prohibición legal para que los menores puedan ser espectadores de una corrida. La tauromaquia es una herencia familiar y colectiva, los niños que acuden a estos espectáculos lo hacen en compañía de sus padres de forma voluntaria. El Estado garantiza la libertad de enseñanza y de aprender en su propio ámbito cultural, las madres, padres y/o sus representantes tendrán la libertad de escoger una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas, en un marco de tolerancia y respeto. Prohibir la estrada de niños y adolescentes a corridas de toros atentaría expresamente el artículo 43 del Código de la Niñez y Adolescencia que señala; «Derecho a la vida cultural. – Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural. En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo público que haya sido calificado como adecuado para su edad, por la autoridad competente. Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales ‘impulsar actividades culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas y adolescentes».

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TI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional, es competente para conocer y resolver sobre las acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los Arts. 94 y 437 de la Constitución de la República, en concordancia con los Arts. 63 y 191, numeral 2, literal d) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y de acuerdo con el Art. 3, numeral 8, literal c) y tercer inciso del Art. 46 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

Legitimación activa

Los accionantes se encuentran legitimados para interponer la presente acción extraordinaria de protección, en virtud de cumplir con los requerimientos establecidos en el artículo 437 de la Constitución de la República y de conformidad con el artículo 439 ibídem que establece que las acciones constitucionales podrán ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano individual o colectivamente y en concordancia con el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Naturaleza jurídica y objeto de la Acción Extraordinaria de Protección

La acción extraordinaria de protección prevista en el artículo 94 de la Constitución de la República es una garantía jurisdiccional creada por el constituyente con el fin de garantizar, proteger, tutelar y amparar los derechos constitucionales y el debido proceso que, por acción u omisión, sean violados o afectados en las decisiones judiciales.

La acción extraordinaria de protección procede exclusivamente en contra de sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, una vez que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de La persona titular del derecho constitucional vulnerado.

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En tal razón, es un mecanismo excepcional que busca garantizar la supremacía de la Constitución frente a acciones y omisiones en las actuaciones de los jueces. No se trata de una instancia superpuesta a las ya existentes, ni la misma tiene por objeto deslegitimar o desmerecer la actuación de tos jueces ordinarios; por el contrario, tiene como único fin la consecución de un sistema de justicia caracterizado por el respeto y sujeción a la Constitución.

Determinación del problema jurídico

A partir de la revisión de los argumentos expresados en la demanda, este organismo estima necesario sistematizar su argumentación a partir del planteamiento del siguiente problema jurídico;

La resolución dictada el 16 de abril de 2015 por la Sala Penal de la Corte Provincial de Tungurahua, dentro del recurso de apelación del auto que negó la revocatoria de medidas cautelares autónomas dictada dentro del proceso N.° 18571-2015-0165, ¿vulneró el derecho constitucional a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República?

Desarrollo del problema jurídico

La resolución dictada el 16 de abril de 2015 por la Sala Penal de la Corte Provincial de Tungurahua, dentro del recurso de apelación del auto que negó la revocatoria de medidas cautelares autónomas dictada dentro del proceso N.° 18571-2015-0165, ¿vulneró el derecho constitucional a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República?

Los accionantes mencionan que las autoridades judiciales han violado el derecho a la seguridad jurídica, ya que no tuvieron certeza de qué leyes iban a ser observadas por las autoridades jurisdiccionales en el proceso puesto en su conocimiento, por lo que indican quedaron en la incertidumbre e inseguridad ante esté desconocimiento.

Además, expresan que los operadores de justicia vulneran la seguridad jurídica debido a que inobservaron que la impugnación de actos normativos de los órganos legislativos que forman parte de los Gobiernos Autónomos

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Descentralizados deben ser impugnados ante la Corte Constitucional del Ecuador y no a través de medidas cautelares.

Así entonces, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho a la segundad jurídica, en los siguientes términos: «El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes».

De esta manera, esta Corte Constitucional, mediante sentencia N.° 093-17-SEP-CC, dictada en el caso N° 1120-13-EP, indica que:

…es importante mencionar que la seguridad jurídica implica el respeto de las normas constitucionales y legales por parte de la autoridad competente, lo cual a su vez otorga tranquilidad en los ciudadanos, en el sentido de otorgarles certeza en cuanto a las normas que serán utilizadas dentro de un proceso, evitando de esta manera una actuación arbitraria por parte de los juzgadores respecto a la aplicación o interpretación de la normativa preestablecida,

En este sentido, el derecho en cuestión es aquel que garantiza el respeto de las normas contenidas en la Constitución de la República y en el resto del ordenamiento jurídico, por lo que, permite que las personas tengan certeza que las autoridades competentes respeten sus derechos a través de la debida observancia de la normativa ciara, previa y pública.

De igual forma, en la sentencia N.° 037-16-SEP-CC, emitida en el caso N.° 0977-14-EP, este Organismo argumentó que el derecho a la seguridad jurídica:

… obliga a los administradores de justicia a observar las normas jurídicas que componen el ordenamiento jurídico, las mismas que deben haber sido expedidas de manera clara, previa y pública. El cumplimiento de este derecho permite generar confianza a las personas respecto de la existencia de un operador jurídico competente que tutelará sus derechos en base a la observancia de las normas existentes.

Así entonces, es importante señalar que en función del derecho a la seguridad jurídica, las partes intervintentes en un proceso tienen la convicción que la autoridad competente al resolver cada una de las causas sometidas a su conocimiento, no puede de manera injustificada, arbitraria y/o discrecional, alejarse de los parámetros constitucionales, jurisprudenciales y legales que

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regulan cada una de las acciones.

Ahora bien, una vez determinado el marco normativo y jurisprudencial relacionado con el derecho a la seguridad jurídica y, puesto que el caso concreto proviene de una acción de medidas cautelares autónomas, esta Corte Constitucional considera oportuno referirse a la naturaleza de dicha garantía jurisdiccional.

En este contexto, la acción constitucional de medidas cautelares está recogida en el artículo 87 de la Constitución de la República, que establece: «Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar u hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho».

Además, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho.

Asimismo, el artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, prescribe:

7_.as medidas cautelares tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que se pretenda evitar o detener, tales coma la comunicación inmediata con la autoridad o persona que podría prevenir o detener la violación, la suspensión provisional del acto, la orden de vigilancia policial, la visita al lugar de los hechos. En ningún caso se podrán ordenar medidas privativas de la libertad.

Al respecto, esta Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia N.° 034-13-SCN-CC, dictada dentro del caso N,°0561-12-CN, ha señalado que:

Las medidas cautelares pueden ser activadas cuando ocurren tanto amenazas como vulneraciones o violaciones de los derechos constitucionales, sin embargo, los efectos en uno u otro caso son distintos. En el primer supuesto, es decir en caso que concurran las amenazas, el objeto es prevenir una posible vulneración de los derechos, evitando que sucedan los hechos que se consideran atentatorios a derechos; en tanto que en el segundo supuesto, es decir en el caso de vulneraciones o violaciones a derechos constitucionales, el objeto es cesar dicha trasgresión.

⁴ Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.º 397-16-SEP-CC, caso N.° 1017-11-EP

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De esta manera, es claro que nuestro ordenamiento jurídico distingue dos clases de medidas cautelares: la autónoma o independiente y la conjunta; la primera de ellas busca la prevención de la posible vulneración de un derecho, en tanto que la medida cautelar conjunta, al proceder dentro del conocimiento de una garantía jurisdiccional, cumple su rol luego de haber lesionado o vulnerado el derecho constitucional, bajo el supuesto que dicha lesión y sus efectos aún siguen vigentes, siendo su objetivo precisamente, el cese de tal vulneración.⁵

Por otro lado, el Pleno del Organismo en la sentencia N.° 002-15-SIS-CC,⁶ dictada dentro del caso N.° 0068-12-IS determinó que «… dentro de este tipo de medidas debe estar presente el hecho cierto e irrebatible de que la decisión que adopte un juez constitucional al conceder una medida cautelar no implica, bajo ninguna circunstancia, la declaratoria de violación sobre derechos constitucionales».

De acuerdo a lo señalado, se debe tener presente que la medida cautelar tiene un carácter temporal que se fundamenta en la verosimilitud de los hechos alegados, dado que no constituye certeza de la posible vulneración de un derecho, así como las medidas no pueden ser indefinidas, ya que se supeditan al conocimiento posterior del proceso principal.

Ahora bien, del análisis del caso concreto se desprende que los accionantes mencionan que se vulneró el derecho a la seguridad jurídica en virtud que los operadores de justicia negaron la revocatoria de las medidas cautelares, sin observar que la impugnación de actos normativos de los órganos legislativos que forman parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben ser impugnados ante la Corte Constitucional del Ecuador y no a través de medidas cautelares.

En relación a lo señalado, esta Corte procede a realizar el análisis de la resolución dictada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Tungurahua, de 16 de abril de 2015, para verificar si existe o no vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica.

⁵ Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 104-15-SEP-CC, casa N.° 1133-11-EP.

⁶ Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N°. 002-15-SIS-CC de 21 de enero de 2015,

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Así entonces, en el primer considerando de la resolución los operadores de justicia señalan que su jurisdicción se encuentra establecida en los artículos 178,2 de la Constitución de la República y 152 del Código Orgánico de la Función Judicial; así también, indican que la competencia para conocer y resolver el caso, se encuentra determinada en el artículo 87 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Seguidamente, en el segundo acápite la jueza y jueces constitucionales indican que no hay lugar a la declaratoria de nulidad, por cuanto, no se advierte la ex i sien cía de vicios que afecten el proceso, ya que se han observado las garantías constitucionales del debido proceso y la tutela judicial efectiva, determinados en los artículos 76 y 75 de la Constitución de la República.

Después, en el considerando sexto denominado »consideraciones jurídicas», las autoridades judiciales indican que de acuerdo al artículo 75 de la Constitución, toda persona (lene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos. Luego, se refieren al artículo 86 ibídem, expresando que cualquier persona puede proponer las acciones previstas en la Constitución, Además, realizan la transcripción del artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para demos tral­la naturaleza de las medidas cautelares.

Posteriormente, en el considerando octavo las autoridades judiciales mencionan que al proponerse una acción de medidas cautelares deben observarse previamente los requisitos del artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Después, en el mismo acápite manifiestan que los Municipios de acuerdo al artículo 5 del COOTAD, tienen autonomía y se rigen mediante normas y órganos de gobierno propios, por lo que ninguna función del Estado, según el artículo 6 ibídem, podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Así también, señalan que el Municipio de Ambato mediante «Ordenanza que declara como festejos de interés cultural y regula los espectáculos taurinos”, prohíbe el ingreso de menores de 12 años a dichos espectáculos; por lo que.

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posteriormente, indican que la Constitución en su artículo 425 señala el orden jerárquico de aplicación de las norma expresando que luego de aquella se encuentran los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las ordinarias, las normas regionales y ordenanzas distritales; y, los decretos, reglamentos y ordenanzas.

En el mismo acápite octavo, Ia jueza y jueces indican que «… la Ordenanza que el Municipio de Ambato, ha promulgado con respecto a los espectáculos taurinos, regulando la entrada de personas y con prohibición a menores de 12 años, tiene aplicación jerárquica inferior respecto al Reglamento dictado por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia».

Finalmente, en el considerando noveno las autoridades judiciales resolvieron rechazar el recurso de apelación interpuesto por el ingeniero Luis Amoroso Mora, doctor Edwin Fabián Usinia y la abogada Margarita Mayorga, en sus calidades de alcalde del cantón Ambato, procurador síndico del Municipio de Ambato y secretaría del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Abato, respectivamente.

De lo señalado en los párrafos anteriores, este Organismo observa que el tribunal en lo principal se refiere a la naturaleza de las medidas cautelares, sin realizar un análisis acerca de la revocatoria de las medidas cautelares; posteriormente, indica la autonomía que tienen los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en función de las normas del COTAAD, para luego determinar que no se han inobservado dichas normas, sino que más bien, la Resolución Municipal tiene la calidad de aplicación jerárquica inferior, tanto así, que el fundamento para solicitar y conceder las medidas cautelares es veraz.

En este contexto, es importante señalar que el artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina que:

La revocatoria de las medidas cautelares procederá sólo cuando se haya evitado o interrumpido la violación de derechos, hayan cesado los requisitos previstos en esta ley o se demuestre que no tenían fundamento. En este último caso, la persona o institución contra la que se dictó la medida podrá defenderse y presentar los hechos o argumentos que sustenten la revocatoria de la medida cautelar. Para que proceda la revocatoria, la institución o persona a quien se haya delegado o las partes, deberán, informar a Ia jueza o juez sobre la ejecución de las medidas.

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Asimismo, en relación a la revocatoria de medidas cautelares, la Corte Constitucional en la sentencia N.° 034-13-SCN-CC, dictada en el caso N.° 0561-12-CN, determinó que aun cuando las circunstancias que generaron la disposición de medidas cautelares hayan cesado sus efectos en el tiempo y se hayan cumplido las medidas dictadas, es decir hayan evitado o interrumpido la violación de derechos,. la autoridad que las dispuso, o en este caso el órgano superior de apelación, debe pronunciarse en un auto por el que confirma o revoca, motivad amen te, las medidas cautelares, el cual es susceptible de ser apelado, conforme con lo establecido en la Ley.

En virtud a los expuesto, esta Corte ha identificado que las autoridades judiciales han omitido realizar un análisis esencial dentro del pedido de revocatoria como es el determinar si se ha evitado o no la violación de los derechos que en su momento fueron reclamados por el legitimado activo en las medidas cautelares, circunstancia que, conforme lo ha establecido esta Corte Constitucional en su jurisprudencia, no puede ser ignorada por los jueces al momento de conocer y resolver respecto a la procedencia o no de una revocatoria, más aún si se toma en consideración que los autoridades judiciales, investidas con jurisdicción constitucional, están obligadas, dentro de una petición de revocatoria, a dictar el correspondiente auto confirmando las medidas en caso que la amenaza o violación persistan o, de lo contrario, ordenar su revocatoria de configurarse cualquiera de las causales previstas en el artículo 35, es decir cuando se haya evitado o interrumpido la violación de derechos, hayan cesado los requisitos previstos en esta ley o se demuestre que no tenían fundamento.

Por otro lado, del análisis del presente caso se observa que uno de los objetivos de la medida cautelar era la suspensión de la resolución dictada por el Municipio de Ambato, en la cual se permite el ingreso a espectáculos taurinos a los niños, niñas y adolescentes de 12 años en adelante; por lo que, los representantes del Municipio solicitaron la revocatoria de dichas medidas cautelares, indicando que a través de éstas los jueces no pueden suspender un acto normativo emitido por autoridad competente.

Al respecto, es relevante señalar que la Corte Constitucional en la sentencia 110-1.4-SEP-CC, emitida en el caso 1733-11-EP ha sido enfática en señalar que:

De esta forma, realizando una interpretación sistemática de la Constitución de la’ República, se desprende que la posibilidad de suspender provisionalmente una

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disposición jurídica y por ende los efectos que su vigencia produce, o la concesión o revocatoria de medidas cautelares referentes a la aplicabilidad o inaplicabilidad de dicha norma, es una atribución privativa de la Corte Constitucional dentro del control de constitucionalidad, conforme lo dispuesto en el artículo 436 numeral 2 de la Constitución de la República.

En tal sentido, las juezas y jueces ordinarios cuando en conocimiento de una garantía jurisdiccional se convierten en jueces constitucionales, no tienen potestad ni competencia para suspender una disposición jurídica o sus efectos, ya que de hacerlo incurrirían en una arrogación de funciones.

Al respecto, se desprende que los operadores de justicia inobservaron la jurisprudencia de la Corte Constitucional señalada anteriormente, la cual claramente determina que a través del otorgamiento de medidas cautelares no se puede suspender una disposición jurídica y sus efectos, por lo que, les correspondía revocar las mismas, evitando así la vulneración del derecho constitucional a la segundad jurídica

Además, considerando que el contenido esencial del derecho constitucional a la seguridad jurídica es el máximo respeto a la Constitución de la República, se evidencia que el tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, al negar la revocatoria de una medida cautelar cuyo objeto era suspender la ejecución de una resolución municipal por considerarla inconstitucional, dejaron de observar las normas jurídicas, previas, claras y públicas, por cuanto se arrogaron funciones y competencias que no ostentaban, ya que al órgano, al que privativamente le corresponde dicha atribución es la Corte Constitucional, conforme lo dicho en líneas precedentes.

Por consiguiente, esta Corte concluye que la resolución dictada el 16 de abril de 2015, por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, vulnera el derecho constitucional a la seguridad jurídica, recogido en el artículo 82 de la Constitución de la República.

Consideraciones adicionales de la Corte Constitucional

De conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 429 y numeral 1 del artículo 4-36 de la Constitución de la República, este Organismo está en la obligación de garantizar la eficacia de los derechos constitucionales. Para ello

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una vez que se ha determinado que la resolución de segunda instancia incurrió en vulneraciones de derechos constitucionales, es fundamental que este Organismo se pronuncie respecto de una posible afectación de derechos en el auto emitido en primera instancia, dictado por la Unidad Judicial Primera de Violencia contra la Mujer y la Familia de Tungurahua, de 05 de marzo de 2015. Esto con el objeto de determinar si procede dejarlo en firme o si en su defecto, corresponde resarcir directamente las violaciones incurridas por ambas instancias.

En función de lo expuesto, este Organismo procederá a analizar si en el auto dictado en primera instancia se vulneraron o no derechos constitucionales. Para el efecto, esta Corte Constitucional planteará y analizará el siguiente problema jurídico:

El auto emitido el 5 de marzo de 2015, por la Unidad Judicial Primera de Violencia contra la Mujer y la Familia de Tungurahua, ¿vulnera el derecho a la seguridad jurídica, recogido en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador?

Antes de realizar el análisis del problema jurídico, es importante señalar los argumentos presentados en el auto emitido el 5 de marzo de 2015, por i a Unidad Judicial Primera de Violencia contra la Mujer y la Familia de Tungurahua,

VISTOS.- Agréguese al expediente constitucional los siguientes documentos: 1.- Los dos escritos presentados por los accionantes, señores: Carlosama Morejón Pablo Andrés, Ogaz Oviedo Martín Felipe y Moncayo Rodríguez Iván Antonio; 2.- El Informe presentado por el Abogado Milton Leónidas Arroba Bermúdez, Coordinador General Zonal 3 de la Defensoría del Pueblo y ocho anexos; 3.- El informe presentado por la señora Intendente General de Policía de Tungurahua, Subrogante; 4.- el informe presentado por el señor Jefe de la JEPROPENA-SZ-TUNGURAHUA, al cual adjunta seis anexos, con lo cual se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en providencia inmediata anterior. En lo principal y atendiendo la petición de revocatoria de las medidas cautelares que consta a fojas 121 y vlta, del expediente; al respecto se dispone: Tanto el artículo 87 de la Constitución de la República como el artículo 26 de la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional coinciden que la finalidad de las medidas cautelares es el «evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, siendo éstas de rápida adopción y corta duración». Ahora bien al ser las medidas cautelares una parte de la potestad jurisdiccional, cumplen también un rol específico, que al iniciar una acción procesal y al finalizarse debe obtenerse una medida o providencia cautelar. En la audiencia pública llevada a cabo el día jueves 12 de Febrero del 2015, a las 161130′, y por considerar que es la edad apropiada, se resolvió aceptar la petición de medidas cautelares disponiendo que para

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la corrida de toros a llevarse a cabo en esta ciudad de Ambato, los días 15 y 16 de febrero del 2015, se prohíba el ingreso a los adolescentes menores de 16 años de edad, quedando notificados con dicha resolución los convocados, sin perjuicio de la emisión por escrito de la respectiva resolución y de oficiar a las instancias legales pertinentes para su cumplimiento. De los informes presentados y al inicio enunciados, se desprende que efectivamente se dio estricto cumplimiento a lo resuelto por esta Autoridad, con lo cual se evitó que loa derechos de los adolescentes de 12 años de edad sean vulnerados, en especial el derecho a la vida sin violencia, a la salud psíquica, a la integridad personal o a la educación de los niños, niñas y adolescentes: tomando como fundamento el interés superior del niño y adolescente- según el análisis que se realiza en la resolución por escrito emitida e] jueves 19 de febrero del 2015, a las 16h15′. El artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que procede la revocatoria de las medidas cautelares solo cuando se haya evitado o interrumpido la violación de los derechos, hayan cesado los requisitos previstos en dicha ley o se demuestre que no se tenía fundamento. El argumento en que se sustentan los peticionarios es que al haber otorgado la medida cautelar, se ,,. «lesiona directamente a la garantía de autonomía municipal prescrito en el artículo 5 del COOTAD…». Como ya quedó claro en la resolución escrita, no se desconoce la potestad del GAD de Ambato a través de sus diferentes órganos administrativos y legislativos emitir actos normativos, los cuales deben estar en armonía con las garantías y derechos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales, precautelando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero qué significa «revocar». Según el diccionario Jurídico de Cabanellas, es «dejar sin efecto una declaración de voluntad o un acto jurídico en el que se tenga unilateralmente tal potestad»; también es: anular, desautorizar, abolir, disolver, invalidar o derogar. Ahora el análisis debe centrarse en: ¿cabe «revocar» una medida que ya ha sido ejecutada?, tomando en consideración que ésta fue específicamente para dos fechas y que en materia constitucional se resuelve en base al derecho o derechos que se está protegiendo. Las medidas cautelares no crean derechos, intervienen cuando ya existe un ser jurídico constitucional y están en pleno funcionamiento, actuando donde existe la amenaza objetiva de violación de los derechos. El tratadista Luis Cueva Camón en su libro «Medidas Cautelares Constitucionales», en la página 130, en cuanto a la revocatoria de las medidas cautelares y en referencia a los casos en que proceden, indica que … «en este último caso, la persona o institución contra la que se dicta la medida podrá defenderse y presentar los hechos o argumentos que sustenten la revocatoria de la medida cautelar, pero esta actividad procesal no es privativa de este caso, debe desarrollársela en todos los demás que hemos señalado; en todos aquellos se debe demostrar, con pruebas y argumentos, que las condiciones que dieron lugar a las medidas cautelares ya no existen o que nunca existieron». La revocatoria de las medidas cautelares no procede, entre otros aspectos si se demuestra que tenía fundamento. El artículo 11 de la Constitución de la República, en el numeral 9 establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en dicha norma constitucional, siendo obligación de las autoridades que ejercen potestades públicas el precautelar le efectiva vigencia de las normas constitucionales: por lo expuesto y tomando en consideración que las medidas cautelares dictadas ya se cumplieron, es decir ya se extinguió el acto; y en caso de hacerlo se caería en una contradicción donde sí se dejaría desprotegidos a los adolescentes de 12 años, no pudiendo revocar algo ejecutado, más aún cuando no existe la certeza efectiva y real que los derechos protegidos de los adolescentes de dicha edad no pueden ser potencial mente vulnerados

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y no se ha dado a conocer otra medida eficaz e inmediata que precautele el goce efectivo y protección de los derechos de los adolescentes de 12 años, tomando en consideración que es deber del Estado el proteger los derechos de este grupo vulnerable. Por lo expuesto se niega lo solicitado por improcedente.

Ahora bien, con el fin de resolver el problema jurídico señalado en párrafos anteriores, esta Corte procede a analizar si el auto de primera instancia que niega la revocatoria de medidas cautelares garantizó el derecho a la seguridad jurídica, determinado en el artículo 82 de la Constitución de la República.

Como ya se señaló en el problema jurídico anterior, las partes intervinientes en un proceso, en función del derecho a la seguridad jurídica, tienen la convicción que la autoridad competente al resolver cada una de las causas sometidas a su conocimiento, no puede de manera injustificada, arbitraria y/o discrecional, alejarse de los parámetros constitucionales, jurisprudenciales y legales que regulan cada una de las acciones.⁷

De esta manera, en el auto impugnado la jueza indica que tanto el artículo 87 de la Constitución de la República como el artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional coinciden que la finalidad de las medidas cautelares es el evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos.

Luego, la autoridad judicial índica que el artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que procede la revocatoria de las medidas cautelares solo cuando se haya evitado o interrumpido la violación de los derechos; hayan cesado los requisitos previstos en dicha ley o se demuestre que no se tenía fundamento.

Seguidamente, la jueza de la Unidad Judicial de Tungurahua menciona que:

… el argumento en que se sustentan los peticionarios es que al haber otorgado la medida cautelar, se.., «lesiona directamente a la garantía de autonomía municipal prescrito en el artículo 5 del COOTAD…». Como ya quedó claro en la resolución escrita, no se desconoce la potestad del GAD de Ambato a través de sus diferentes Órganos administra ti vos y legislativos emitir actos normativos, los cuales deben estar en armonía con las garantías y derechos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales, precautelando los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

⁷ Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 397-16-SEP-CC, caso N.° 1017-11-EP

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Asimismo, manifiesta que el artículo 11 de la Constitución de la República, en el numeral 9 establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en dicha norma constitucional, siendo obligación de las autoridades que ejercen potestades públicas el precautelar la efectiva vigencia de las normas constitucionales. Seguidamente indica que:

…por lo expuesto y tomando en consideración que las medidas cautelares dictadas ya se cumplieron, es decir ya se extinguió el acto; y en caso de hacerlo se caería en una contradicción donde sí se dejaría desprotegidos a los adolescentes de 12 años, no pudiendo revocar algo ejecutado, más aún cuando no existe la certeza efectiva y real que los derechos protegidos de los adolescentes de dicha edad no pueden ser potencialmente vulnerados y no se ha dado a conocer otra medida eficaz e inmediata que precautele el goce efectivo y protección de los derechos de los adolescentes de 12 años, tomando en consideración que es deber del Estado el proteger los derechos de este grupo vulnerable.

Finalmente, la jueza negó la revocatoria de la medida cautelar señalando que lo solicitado por las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de Ambato, es improcedente.

De lo expuesto, se desprende que los argumentos principales de la jueza de instancia para negar la revocatoria de las medidas cautelares, se enfocan en señalar que las medidas cautelares ya se extinguieron; y, que los actos normativos dictados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben estar en armonía con las garantías y derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, por lo que al revocar dichas medidas «… se caería en una contradicción donde sí se dejaría desprotegidos a los adolescentes de 12 años,..».

Al respecto, es necesario indicar que la sentencia N.° 034-13-SCN-CC, dictada dentro del caso N.º 0561-12-CN determina que:

… los operadores de justicia deben tener en cuenta que las medidas cautelares tienen el carácter de provisionales; por tanto, el efecto de la resolución que las conceda subsistirá en tanto persistan las circunstancias que las justifique o concluya la acción constitucional destinada a la protección de los derechos reconocidos en la Constitución, de haber sido presentada en conjunto con ella.⁸

⁸ Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 034-13-SCN-CC, caso N.^º 0561-12-CN.

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De esta manera, la jueza debía tener presente lo señalado por esta entidad constitucional acerca que las medidas cautelares tienen carácter provisional, por lo que al observar que el objetivo por el cual fue dictada la acción de medidas cautelares fue cumplido, debió aceptar la revocatoria de las mismas.

Por otro lado, del auto en estudio también se observa que la jueza al negar (a revocatoria de las medidas cautelares suspende la resolución municipal dictada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Ambato, la cual señala que se permitirá el ingreso a espectáculos taurinos a los niños, niñas y adolescentes desde los 12 años.

De esta forma, nuevamente es importante recordar lo señalado por esta Corte Constitucional en la sentencia N.º 110-14-SEP-CC, emitida en el caso N.° 1733-11-EP, toda vez que determinó:

De esta forma, realizando una interpretad ó ti sistemática de la Constitución de la República, se desprende que la posibilidad de suspender provisionalmente una disposición jurídica y por ende los efectos que su vigencia produce, o la concesión o revocatoria de medidas cautelares referentes a la aplicabilidad o inaplicabilidad de dicha norma, es una atribución privativa de la Corte Constitucional dentro del control de constitucionalidad, conforme lo dispuesto en el artículo 436 numeral 2 de la Constitución de la República.

En tal sentido, este Organismo advierte que el auto que niega en primera instancia el pedido de revocatoria ha inobservado las normas propias de las medidas cautelares en lo relacionado a su revocatoria, así como las reglas jurisprudenciales dictadas por la Corte Constitucional, toda vez que al basar su negativa en la simple apreciación que el acto atentatorio de derechos se había ya extinguido, se ha incurrido con ello en una evidente contradicción, pues si los actos que atentaban con vulnerar los derechos constitucionales invocados en las medidas cautelares en efecto habían transcurrido, era procedente ordenar la revocatoria de dichas medidas.

Además, la jueza al negar la revocatoria suspende los efectos de la Resolución Concejal emitida por el Municipio de Ambato, arrogándose funciones que no le corresponden, ya que como se señaló anteriormente, esa potestad es exclusiva de; la Corte Constitucional.

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En virtud a lo señalado, se desprende que la jueza de la Unidad Judicial Primero de Violencia contra la Mujer y Familia de Tungurahua, en el auto dictado el 5 de marzo de 2015, inobservó las disposiciones constitucionales, legales, claras, públicas y previas relacionadas con la revocatoria de las medidas cautelares, pol­lo que, vulneró el derecho a la segundad jurídica, reconocido en el artículo 82 de la Constitución de la República.

Seguidamente, corresponde a la Corte Constitucional examinar si la resolución dictada el 19 de febrero de 2015, por la Unidad Judicial Primera de Violencia contra la Mujer y la Familia de Tungurahua, al otorgar las medidas cautelares vulneró o no de derechos constitucionales. Para cuyo efecto, esta Corte planteará y resolverá el siguiente problema jurídico:

¿La resolución de 19 de febrero de 2015, dictada por la Unidad Judicial Primera de Violencia contra la Mujer y Familia de Tungurahua, vulnera el derecho al debido proceso en la garantía que corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, reconocido en el artículo 76, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, en conexidad con el derecho a la seguridad jurídica recogido en el artículo 82 ibídem?.

Previo a realizar el análisis del problema jurídico, es importante tener en cuenta los argumentos presentados por la jueza de la Unidad Judicial Primera de Violencia contra la Mujer y la Familia de Tungurahua, en la resolución de 19 de febrero de 2015.

VISTOS.- Los señores PABLO ANDRÉS CARLOSAMA MOREJON, MARTIN FELIPE OGAZ OVIEDO e IVAN ANTONIO MONCAYO RODRÍGUEZ amparados en el artículo 87 de la Constitución de la República, artículos 6, inciso segundo, 26 y siguientes de la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional deducen la petición de acción de medidas cautelares argumentando que «en la ciudad de Ambato, los días 15 y 16 de febrero del 2015 se realizará la corrida de toros denominada «Feria de Ambato Nuestra Señora de la Merced» organizado por CITOTUSA S.A, quienes a través de los medios de difusión del evento, mencionan que se permitirá el ingreso a las niñas, niños y adolescentes desde los 12 años». PRIMERO.- Aceptada la acción constitucional al trámite pertinente y una vez que han sido legal mente notificados todas las instituciones y empresas relacionadas con el caso, compareciendo el Delegado de la Regional Zonal de la Defensoria del Pueblo, quien lo hace dentro del trámite constitucional coma AMICUS CURIAE. (…) SEGUNDO.- En la sustanciación de la presente acción de medidas cautelares se han observado los requisitos de ley, por lo que no existe solemnidad sustancial alguna que

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influya en la decisión de la causa, por lo que se declara su validez. TERCERO.- En virtud del sorteo correspondiente, esta autoridad es competente para conocer y resolver la presente acción de medidas cautelares conforme a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 de los artículos 86 y SS de la Constitución de la República en concordancia con lo dispuesto en los artículos 7 y 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 52 del 22 de octubre del 2009.- CUARTO: Desde el 20 de octubre del 2008, con la promulgación en el Registro Oficial de la Constitución de la República, el Estado Ecuatoriano pasó a ser un Estado de Derechos y Justicia, siendo la principal novedad la tutela jurídica de los derechos y garantías constitucionales como uno de los deberes primordiales del Estado, instituyéndose los respectivos medios de protección jurídica constitucional, siendo la Constitución la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, además de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución (…) La Corte Constitucional Para el Periodo de Transición, dentro de la sentencia No. 045-11-SEP-CC, caso No. 0385-11-EP, ha determinado que «Todo el orden a mié rita jurídico se encuentra dirigido hacia la protección de derechos constitucionales y legales… las garantías jurisdiccionales que se han previsto para la tutela de los derechos constitucionales deben buscar precisamente este fin, la protección de derechos constitucionales…» siendo mi deber como jueza constitucional observar lo dispuesto, tutelando los derechos de los adolescentes que están sobre los derechos de los demás. En ningún momento se está desconociendo la facultad normativa que tiene el Concejo Municipal del GAD de Ambato, como tampoco me corresponde analizar respecto a la resolución emitida por dicho órgano legislativo cantonal (…) El artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que «todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado», siendo responsabilidad de los Estados Partes el respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio, además el de adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de Otro carácter administrativo que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades y entre otros derechos con que cuentan los adolescentes está el derecho a la vida cultural pudiendo acceder a cualquier espectáculo público que haya sido previamente calificado como adecuado para su edad por la autoridad competente, prohibiendo el artículo 49 del Código de la Niñez y Adolescencia el ingreso de niños y adolescentes a los espectáculos que hayan sido calificados como inconvenientes para su edad. (…) QUINTO.- La Constitución del Ecuador en el artículo 87 señala que: «Se podrán ordenar medidas cautelares conjuntas o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho”. Por su lado la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional manifiesta que las medidas cautelares tienen como finalidad evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, debiendo ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener, considerando grave cuando pueda ocasionar daño irreversible o por la intensidad o frecuencia de la violación. Las medidas cautelares constitucionales son de rápida adopción y de corta duración. (…) Sí bien es cierto que las corridas de toros son un espectáculo público, no obstante de aquello la autonomía -«normativa de regulación de la que gozan los GAD Municipales debe estar en armonía con los principios y derechos constitucionales tal como lo dispone el artículo 84 de la

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Constitución de la República, siendo el motivo de análisis la edad que se debe permitir el ingreso de los adolescentes a este Upo de espectáculos, tomando en consideración que a esa edad su desarrollo depende de la caja de herramientas que la cultura le entrega y que su desarrollo psicológico y social es un proceso de cambio ordenado y por etapas y periodos vivénciales que se logran en interacción con el medio, de pensamientos, de lenguaje, de emociones y sentimientos y de relaciones interpersonales,, en este proceso el adolescente va formando una visión del mundo, de la sociedad y de sí mismo, siendo responsabilidad del Estado y de la sociedad el evitar que el adolescente se desenvuelva en sus primeras experiencias en un entorno de violencia- ¿Qué valor tendría contar con una amplia gama de derechos sin la posibilidad de exigir su cumplimiento?. Los derechos en si carecen de valor si no existen los medios adecuados para hacerlos efectivos, siendo estos medios las garantías jurisdiccionales las cuales hacen posible que los derechos sean una realidad en la vida cotidiana de un individuo. Los derechos y garantías Forman una unidad dialéctica, los primeros son facultades o atribuciones y las garantías herramientas para llevarlos a la práctica. Por las consideraciones expuestas y al ser el objeto de una medida cautelar el evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución de la República y los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos, y al tener conocimiento que se va a llevar a cabo corridas de toros donde se permitirá el ingreso a menores de 16 años, escuchadas que han sido las partes procesales, RESUELVO: amparada en los artículos 1,10,35,44 y 45 de la Constitución de la República, artículos 1, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 18,27,43, 49 y 50 del Código de la Niñez y Adolescencia, aceptar la petición de medidas cautelares propuesta por los señores PABLO ANDRÉS CARLOS AMA MOREJON, MARTIN FELIPE OGAZ OVIEDO e IVAN ANTONIO MONCAYO RODRÍGUEZ en tal virtud dispongo que en las corridas de toros a llevarse a cabo los días 15 y 16 de febrero del 2015, en la plaza de toros de esta ciudad de Ambato, PROHIBIR el ingreso a los adolescentes menores de 16 años de edad, quedando notificados con la resolución las autoridades o representantes que participaron en la audiencia, sin perjuicio del envío de los oficios correspondientes para su cumplimiento y de la notificación de la resolución en las respectivas casillas judiciales… (SIC)

Ahora bien, el artículo 76 de la Constitución de la República consagra un amplio catálogo de garantías que configuran el derecho al debido proceso, el mismo que consiste en:

Un mínimo de presupuestos y condiciones para tramitar adecuadamente un procedimiento y asegurar condiciones mínimas para la defensa, constituyendo además una concreta disposición desde el ingreso al proceso y durante el transcurso de toda la instancia, para concluir con una decisión adecuadamente motivada que encuentre concreción en la ejecución de lo dispuesto por los jueces⁹.

En este contexto, el derecho al debido proceso se define como el sistema de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la

⁹ Corle Constitucional del Ecuador, sentencia N.º 136-16-SEF-CC, caso N.º 2001-11-EE, sentencia N.° 143-16-SEP-CC, caso N.° 1827-11-EP, sentencia N.º 067-10-SEP-CC, caso N.º 0945-09-EP.

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protección de los justiciables, incursos en una actuación judicial o administrativa, para que_: durante su trámite respectivo, se respeten sus garantías constitucionales y se alcance la correcta aplicación de la justicia en iguales condiciones.

De esta forma, este derecho constitucional se configura por medio de la vigencia y observancia de sus garantías básicas, entre ellas, la prevista en el artículo 76 numeral 1 de la Constitución de la República, que textualmente señala: »Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes».

En virtud de lo señalado, este Organismo Constitucional en la sentencia N.° 092-15-SEP-CC, dictada dentro del caso N.° 0357-14-EP, manifestó que esta garantía:

… busca establecer un limite a la actuación discrecional de las actuaciones públicas, límite que se encuentra dado por las normas y los derechos de las partes a ser aplicadas y garantizadas dentro de un proceso administrativo o judicial en el que se ventile una controversia, en virtud de la cual se demanda una resolución que tutele de manera adecuada los derechos de las partes en litigio…

Así pues, el derecho constitucional al debido proceso en la garantía del cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, guarda íntima relación con el derecho a la seguridad jurídica, debido a que como los derechos constitucionales son indivisibles e ínter-dependientes,¹» por lo que, no cabe duda que la autoridad pública, al garantizar las normas y los derechos de las partes dentro de un proceso administrativo o judicial, tiene que asegurar no solo el respeto a la Constitución de la República sino al resto del ordenamiento jurídico que contiene normas previas, claras y públicas, con lo cual se consigue: «La sujeción de todos los poderes del Estado a la Constitución en donde la ley se concreta en la contabilidad, en el ordenamiento jurídico, en la certeza sobre el derecho escrito vigente, es decir, el reconocimiento y la previsión de la situación jurídica»¹¹.

¹⁰ Constitución de la República del Ecuador, artículo 11 numeral 6, establece; Art.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

6, Tocios los principios y los derechos con inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.

¹¹ Corle Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 064-15-SEP-CC, caso N.° 0331-12-EP.

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Así entonces, el derecho a la seguridad jurídica tiene como objetivo impedir la realización ele actividades arbitrarias por parte de los operadores de justicia con el fin de dotar de certeza jurídica a los ciudadanos y ciudadanas respecto de las situaciones jurídicas consolidadas, así como predictibilidad respecto de sus expectativas legítimamente fundadas.

Ahora bien, no obstante que en párrafos precedentes se hizo referencia a la naturaleza de la acción de medidas cautelares, esta Corte Constitucional considera pertinente realizarlo nuevamente, toda vez que en este punto se va analizar si la concesión de medidas cautelares vulneró o no derechos constitucionales.

En efecto, la acción constitucional de medidas cautelares está recogida en el artículo 87 de la Constitución de la República, que establece: «Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho».

De lo señalado, queda claro que las medidas cautelares proceden ante dos supuestos: a) cuando existe la amenaza de una vulneración de un derecho constitucional, en cuyo caso, el objetivo es cesar la amenaza o evitar la transgresión del derecho; y, b) cuando existe la violación del derecho, en el cual, el objetivo es cesar la vulneración del mismo. El supuesto que motiva la activación de las medidas cautelares y el objetivo que se persigue con la misma, determina su forma de presentación.

En relación a lo mencionado, esta Corte Constitucional del Ecuador, acerca de las medidas cautelares, en la sentencia N.° 319-17-SEP-GC, dentro del caso N.° 1030-12-EP mencionó que: «… si la medida cautelar está destinada a prevenir la violación de un derecho -cesar la amenaza- esta deberá presentarse de forma autónoma; mientras que, si el objetivo es cesar una violación que ya ha ocurrido, esta deberá presentarse de forma conjunta con la garantía jurisdiccional pertinente para acreditar la vulneración del derecho alegado».

Una vez determinada la naturaleza de la acción de medidas cautelares, se procede a analizar la resolución, para verificar si hubo o no vulneración del derecho al debido proceso en la garantía que corresponde a toda autoridad administrativa en

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judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, reconocido en el artículo 76, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, en conexidad con el derecho a la seguridad jurídica recogido en el artículo 82 ibídem.

De esta manera, la jueza señala que los señores Pablo Andrés Carlosama Morejón, Martin Felipe Ogaz Oviedo e I van Antonio Monea y o Rodríguez amparados en el artículo 87 de la Constitución de la República y en los artículos ó, inciso segundo y 26 de la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, presentaron una petición de medidas cautelares.

En el segundo acápite la autoridad judicial indica que en la sustanciación de la acción de medidas cautelares se han observado los requisitos de ley, por lo que no existe solemnidad sustancial alguna que influya en la decisión de la causa, declarando su validez,

Posteriormente, en el considerando tercero, la operadora de justicia manifiesta que es competente para conocer y resolver la acción de medidas cautelares, conforme a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 de los artículos 86 y 88 de la Constitución de la República, en concordancia con lo determinado en los artículos 7 y 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Luego, en el acápite cuarto la jueza expresa que con la promulgación de la Constitución de la República, el Estado ecuatoriano pasó a ser un Estada de Derechos y Justicia, siendo la principal novedad la tutela jurídica de los derechos y garantías constitucionales como uno de los deberes primordiales del Estado, instituyéndose los respectivos medios de protección jurídica constitucional, siendo la Constitución la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, además de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador.

Así también, en el considerando quinto la autoridad judicial transcribe el artículo 87 de la Constitución de la República e indica que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional manifiesta que las medidas cautelares tiene como finalidad evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre

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derechos humanos, debiendo ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener, considerando grave cuando pueda ocasionar daño irreversible o por la intensidad o frecuencia de la violación.

De igual modo,, en el mismo considerando la jueza expresa que «Si bien es cierto que las corridas de toros son un espectáculo público, no obstante de aquello la autonomía normativa de regulación de la que gozan los GAD Municipales debe estar en armonía con los principios y derechos constitucionales tal como lo dispone el artículo 84 de la Constitución de la República…».

Finalmente, la Unidad Judicial de Tungurahua resolvió aceptar la petición de medidas cautelares propuesta, disponiendo que en las corridas de toros a llevarse a cabo los días 15 y 16 de febrero de 2015, en la plaza de toros de la ciudad de Ambato, se prohíba el ingreso a los adolescentes menores de 16 años de edad.

De los considerandos analizados, se desprende que la jueza principalmente basa sus argumentos señalando que la resolución expedida por el Municipio de Ambato vulnera derechos por cuanta no se encuentra en armonía con las normas dispuestas en la Constitución de la República, específicamente en el artículo 84 de la Constitución de la República, el cual señala que:

Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.

De esta manera, se observa que la jueza al aceptar la acción de medidas cautelares suspende lo dispuesto en la resolución concejal dictada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Ambato, la cual señala que se permitirá el ingreso a espectáculos taurinos a los niños, niñas y adolescentes desde los 12 años, con el razonamiento que h misma es inconstitucional por cuanto no observa lo dispuesto en la Constitución de la República.

Como ya se señaló en los problemas jurídicos anteriores, esta Corte en la sentencia N.° 110-14-SEP-CC, dictada en el caso N.° 1733-11-EP, ha sido enfática en señalar que:

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De esta forma, realizando una interpretación sistemática de la Constitución de la República, ye desprende que la posibilidad de suspender provisionalmente una disposición jurídica y por ende los efectos que su vigencia produce, o la concesión o revocatoria de medidas cautelares referentes a la aplicabilidad o inaplicabilidad de dicha norma, es una atribución privativa de la Corte Constitucional dentro del control de constitucionalidad, conforme lo dispuesto en el artículo 436 numeral 2 de la Constitución de la República.

En este sentido, es importante tener presente que la Corte Constitucional es el Organismo al que le corresponde garantizar la armonía del ordenamiento jurídico con la norma constitucional, mediante la realización de un control de constitucionalidad. De esta manera, las autoridades jurisdiccionales que se encuentren en conocimiento de una garantía jurisdiccional no tienen potestad ni competencia para suspender una disposición jurídica o sus efectos, caso contrario incurrirían en una arrogación de funciones, vulnerando así el derecho a garantizar el cumplimiento de las normas y el derecho a la seguridad jurídica.

Asimismo, este Organismo, en la sentencia N.° 110-14-SEP-CC, dictada dentro del caso N.° 1733-11-EP, señaló que:

El control abstracto de constitucionalidad, dentro del cual se incluye la acción de inconstitucionalidad de norma, es un mecanismo que tiene por finalidad garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la eliminación de las incompatibilidades normativas, por razones de fondo o forma, entre las normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico.

En efecto, la solicitud de una medida cautelar autónoma de ninguna manera puede suspender un acto normativo con efectos generales, dado que alteraría la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico, por cuanto el principio de presunción de constitucionalidad de las disposiciones jurídicas, se constituye en un principio constitucional vinculado directamente con el derecho constitucional a la seguridad jurídica, en tanto garantiza la aplicación de normas jurídicas, previas, claras, públicas por parte de las autoridades competentes.

En tal sentido, la jueza de instancia al suspender los efectos de una ordenanza rompe con el principio señalado en el párrafo anterior, inobservando el derecho a la seguridad jurídica, puesto que se arroga funciones que no le competen al conocer una acción de medidas cautelares.

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De lo expuesto, esta Corte advierte que la jueza de instancia inobservó las normas determinadas en la Constitución de la República y las reglas jurisprudenciales dictadas por este organismo constitucional, toda vez que al otorgar las medidas cautelares autónomas que suspendieron los efectos de un acto normativo con efectos generales, en este caso la resolución concejal dictada por el Municipio de Ambato, no consideró que la única institución que tiene la competencia para realizar un control de constitucionalidad de normas es la Corte Constitucional.

Por consiguiente, la resolución dictada el 19 de febrero de 2015, por la Unidad Judicial Primera de Violencia contra la Mujer y Familia de Tungurahua no tomó en cuenta que corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes; y además, inobservó la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, vulnerando así el derecho al debido proceso en la garantía de garantizar el cumplimiento de las normas; y, a la seguridad jurídica, contenidos en los artículos 76 numeral 1; y, 82 de la Constitución de la República.

Finalmente, es importante señalar que esta Corte Constitucional no puede revertir los efectos que trajo consigo la expedición de la resolución de 19 de febrero de 2015, por la Unidad Judicial Primera de Violencia contra la Mujer y Familia de Tungurahua, toda vez que los mismos se encuentran consumados. En tal virtud, una reversión de los mismos causaría vulneraciones sistemáticas a derechos constitucionales.

Conexidad por inconstitucionalidad de norma

Adicionalmente, este Organismo, en atención a la temática del caso sub judice, estima necesario pronunciarse respecto a la Resolución 038-2015, emitida por el Concejo Municipal de Ambato, de 3 de febrero de 2015, la cual señala:

RESOLUCIÓN DE CONSEJO 038-2015

Al respecto, el Concejo Municipal de Ambato en sesión ordinaria de martes 3 de febrero de 2015, en base a la sugerencia contenida en el informe 001-2015 de la Comisión Taurina, que guarda relación con el segundo suplemento número 283 del Registro Oficial que expide la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, en el que se señala que en su disposición reformatoria segunda: «en el

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artículo 48 del Código de la Niñez y Adolescencia Sustitúyase el último párrafo por d siguiente; «los municipios dictarán regulaciones sobre espectáculos públicos; mientras que el consejo de regulación de desarrollo de la informática y comunicación dictará regulaciones sobre programas de radio y televisión y uso de juegos y programas computarizados o electrónicos.» Por la misma razón, en el Art. 104 de la Ley Orgánica de la Ley de Comunicación Sustitúyase la frase «El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia» por la frase «Los Municipios». En tal razón, y conforme ha sido expuesta la regulación para el acceso de los espectáculos públicos a menores, le corresponde hoy a las municipalidades; y en razón a la cercanía de los eventos taurinos por motivo de la Fiesta d e la Fruta y de las Flores; en uso de sus atribuciones contempladas en el artículo 57 literales a) y d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que estipula: «a).- El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones»; «d).- Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares»; RESOLVIÓ aprobar como edad mínima el ingreso a los espectáculos taurinos, los doce años de edad, con la compañía de un adulto. Notifiquese.-

En este sentido, el artículo 436 de la Constitución de la República, dispone; «Art. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones: (…) 3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas son contrarias a la Constitución»

A su vez, el artículo 3 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Corte Constitucional establece;

Art. 3.- Competencias de la Corte Constitucional.- De conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y su jurisprudencia, la Corte Constitucional tiene las siguientes competencias: (…) 5. Efectuar control automático de constitucionalidad de: (…) c) Normas conexas, ctianda en casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas son contrarias a la Constitución.

En este orden de ideas, es importante recalcar que la Corte Constitucional, en la sentencia N.° 155-15-SEP-CC, emitida en el caso N.° 1212-12-EP, manifestó;

… esta Corte es et máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia en materia constitucional. Es así que, cuando en el conocimiento de un caso concreto se llega a determinar que alguna norma es contraria a la Constitución, este Organismo ejerciendo un irrestricto control de la misma y de encontrar normativa que

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no guarda coherencia con los principios y derechos constitucionales, debe expulsarla del ordenamiento jurídico.

Resulta claro entonces, que con este mecanismo se busca garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico, a través de la identificación y eliminación de cualquier incompatibilidad normativa entre normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico.¹²

En el marco de las consideraciones expuestas, este Organismo, con la finalidad de garantizar los derechos constitucionales de las personas, encuentra oportuno realizar un análisis que permita verificar si la resolución N.° 038-2015, emitida el 5 de febrero de 2015, por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ambato, afecta a algún derecho constitucional o incurre en una prohibición consagrada en la Constitución de la República.

Ahora bien, de acuerdo a lo señalado, esta Corte Constitucional procede a determinar si la resolución N.° 038-2015, al «… aprobar como edad mínima el ingreso a espectáculos taurinos, los doce años de edad, con la compañía de un adulto», vulnera el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Así entonces, el artículo 44 de la Constitución de la República, respecto al interés superior de niñas, niños y adolescentes indica que;

El Estado, la sociedad y la Familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.

¹² Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 74.- Finalidad.- El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la eliminación de las incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de forma, entre las normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico.

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Así también, en relación al interés superior del niño, el segundo inciso del artículo 45 de la Constitución de la República prescribe que:

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en loa contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.

Considerando lo expuesto, es menester determinar que las normas constitucionales citadas ubican a los niños, niñas y adolescentes dentro de los grupos de ti tención prioritaria; por lo que, al pertenecer a este grupo, son sujetos de protección constitucional agravada, lo cual se traduce que la satisfacción, ejercicio efectivo y plena vigencia de sus derechos e intereses legítimos, deberán constituirse en el objetivo esencial cuando se adopten medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas.¹³

En este sentido, el Estado tiene la obligación de otorgar un trato prioritario a las niñas, niños y adolescentes, para asegurar su desarrollo integral y el pleno ejercicio de sus derechos, en relación al principio del interés superior del niño, niñas y adolescentes; el principio de prevalencía de sus derechos o trato prioritario; y, el principio de corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.

Además, es importante tener presente que la necesidad de proporcionar a los niños, niñas y adolescentes una protección especial se enunció por primera vez en el contexto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, luego en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1954, después, en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959; y, posteriormente, en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989¹⁴. Este último instrumento normativo internacional de carácter coercitivo y vinculante, cambió la protección

¹³ Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 064-15-SEP-CC, caso N.° 0331-12-EP.

¹⁴ Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989. Este instrumento internacional se publicó en el Registro Oficial Suplemento 153 del 25 de noviembre de 2005.

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jurídica del grupo formado por niños, niñas y adolescentes, ya que establece principios de protección integral a favor de los niños, niñas y adolescentes. ¹⁵

Así también, acerca del principio del interés superior del niño, niñas y adolescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3 numeral 1: «En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño (…)».

Por su parte, este Organismo constitucional en la sentencia N.° 012-17-SIN-CC, en el caso N.°0026-10-IN, indicó: «…el principio de trato prioritario implica que ante una posible confrontación de derechos de distintos sujetos, entre los cuales se encuentren niños, niñas o adolescentes, se debe considerar su especial condición al momento de cotejar los derechos en conflicto».

Por tanto, la prioridad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se logra considerando la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, quienes deben coordinar actividades a efectos de asegurar una adecuada atención a los niños, niñas y adolescentes; con la finalidad que cada actor asuma un nivel de responsabilidad y cumpla un rol específico en el cuidado y crianza de dichos sujetos.¹⁶

En función de aquello, los niños, niñas y adolescentes no sólo son sujetos de protección especial sino «sujetos de derechos y garantías»¹⁷, lo que conlleva al otorgamiento de una protección especial para asegurar su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

De conformidad con lo referido,, el Concejo Municipal al dictar sus resoluciones debe tener presente lo determinado por la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en este caso, todo lo relacionado con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, en función de que son sujetos de protección especial; y, con la finalidad de garantizar su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

¹⁵ Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 068-18-SEP-CC, Caso N.° 1529-16-EP

¹⁶ Corle Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 012-17-SIN-CC, caso N.° 0026-10-IN.

¹⁷ Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 15.

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Ahora bien, en virtud que la resolución en estudio se relaciona con el ingreso a espectáculos taurinos de los niños, niñas y adolescentes de 12 años en adelante, esta Corte considera oportuno mencionar que el Comité de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas, en consideración de la Convención de los Derechos del Niño, el 26 de octubre de 2017, en su 76° período de sesiones , emitió las «Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Ecuador», por lo que, en su acápite sobre la violencia contra los niños se refirió a la Tauromaquia señalando que: «El Comité recomienda que la edad mínima para presenciar corridas de toros y participar en ellas se incremente de 16 a 18 anos, y que sea un requisito legal.»

Esta recomendación se realiza debido a que el Comité de los Derechos de los Niños considera que la tauromaquia genera violencia en los niños, niñas y adolescentes que participan tanto en el entrenamiento como en los espectáculos públicos como asistentes,

De esta manera, según lo señalado en párrafos anteriores, esta Corte Constitucional considera que los espectáculos taurinos no deben ser permitidos para los niños, niñas y adolescentes debido a que afecta a su integridad y a su desarrollo personal, ya que dichos espectáculos contienen un alto nivel de violencia.

Así también, se debe tener claro que la Constitución de la República en su artículo 46 numeral 4 dispone que: Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 4. Protección y atención contra Lodo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones

Asimismo, el artículo 66, numeral 3, litera] b) señala: «Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: (…) b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado…». Además, se debe tener presente que la Convención ínter americana de Derechos Humanos, en el artículo 13 numeral 4, establece que: «Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia …”

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En virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores, este Organismo evidencia que la Resolución de Concejo N.° 038-2015, emitida el 05 de febrero de 2015, por el Concejo Municipal de Ambato, al «… aprobar corno edad mínima el ingreso a los espectáculos taurino, los doce años de edad con la compañía de un adulto» inobserva lo señalado por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que se refieren al interés superior del niño y a la prohibición que los niños, niñas y adolescentes asistan a espectáculos públicos que inciten a la violencia,, ya que esto afecta a su integridad, a su desarrollo personal y al goce y ejercicio de sus derechos.

Por consiguiente, una vez efectuado el examen de constitucionalidad en el presente caso, se puede concluir que la Resolución de Concejo N.° 038-2015, de 05 de febrero de 2015, emitida por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad de Ambato que establece «Aprobar como edad mínima el ingreso a los espectáculos taurinos, los doce años de edad, con la compañía de un adulto», de ninguna manera guarda armonía con los preceptos constitucionales establecidos en los artículos 44, 45 y 46 numeral 4 de la Constitución de la República; y, el articulo 3 numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; por tanto, se considera que la aplicación de dicha resolución no tiene una justificación razonable y más bien restringe el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes., por lo que se declara su inconstitucionalidad.

En este punto, este Organismo ha sido enfático al señalar que la aplicación de las decisiones constitucionales es integral, así en las sentencias N.° 003-16-SEP-CC; 004-16-SEP-CQ 012-16-SEF-CC; 017-16-SEP-CC; 019-16-SEP-CC; 025-16-SEP-CC; 036-16-SEP-CC; 038-16-SEP-CC; 049-16-SEP-CC; 052-16-SEP-CC y 055-16-SEP-CC; así como del auto de verificación dictado dentro del caso N.° 0042-10-IS, este Organismo ha determinado que es de obligatorio cumplimiento y sujeción, la decisum o resolución, así como los argumentos centrales que son la base de dicha decisión y que constituyen la ratio deciden di

Este criterio incluso ha sido recogido por la normativa del Código Orgánico General de Procesos, en el artículo 101, que dispone «… para apreciar el alcance de la sentencia, se tendrá en cuenta no solo la parte resolutiva, sino también la motivación de la misma».

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Finalmente, en virtud de que el Ecuador ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, a través del Decreto Ejecutivo N.° 1330, publicado en el Registro Oficial N.° 400 de 21 de marzo de 1990, se debe tener presente que las observaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, son consideradas obligatorias como normas internas del país; por consiguiente, este organismo constitucional conmina a que el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Ambato, en el término de 60 días a partir de la notificación de la presente sentencia, regule el ingreso de niñas, niños y adolescentes a espectáculos taurinos, tomando en cuenta las »Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Ecuador»¹⁸, y en observancia de lo determinado en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Particular que deberá ser informado a este Organismo de manera documentada.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración del derecho constitucional a la segundad jurídica,

previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República; así como también, el derecho al debido proceso en la garantía que corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, reconocido en el artículo 76 numeral 1 ibídem.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:

¹⁸ Comité de los Derechos de los Niños de Nacionales Un idus, «Observaciones finales sobre tos informes periódicos quinto y sexto Combinados del Ecuador», 76 periodo de Sesiones, 26 de octubre de 2017.

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3.1. Restitución de los derechos vulnerados

1. Dejar sin efecto la resolución dictada el 16 de abril de 2015, las 11:18, por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua.
2. Dejar sin efecto la resolución dictada el 5 de marzo de 2015, las 11:58, por la Unidad judicial Primero de Violencia contra la Mujer y Familia de Tungurahua.
3. Dejar sin efecto la resolución dictada el 19 de febrero de 2015, las 16:15, por la Unidad Judicial Primero de Violencia contra la Mujer y Familia de Tungurahua.

3.2. Medidas de satisfacción

3.2.1. La emisión de la presente sentencia y su publicación en el Registro Oficial constituyen en sí mismas medidas de satisfacción de los derechos vulnerados en el presente caso.

3.2.2. Se dispone que el Consejo de la Judicatura, a través de su representante legal, efectúe una amplia difusión del contenido de la presente sentencia entre las juezas y jueces que tienen competencia para conocer garantías jurisdiccionales, por medio de atento oficio a las judicaturas, con el contenido de la presente sentencia. El representante del Consejo de la Judicatura deberá informar de manera documentada a esta Corte Constitucional sobre el cumplimiento de esta medida dentro del término de veinte días contados a partir de la notificación de la presente decisión.

3.3. Medida de investigación, determinación de responsabilidades y sanción

3.3.1. Se dispone que el Consejo de la Judicatura, a través de su representante legal, ordene al órgano correspondiente la investigación y establecimiento de responsabilidades según corresponda conforme a la ley, por las vulneraciones a los derechos constitucionales señalados en la

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presente sentencia. En caso de verificarse La existencia de infracciones que merezcan ser sancionadas, se deberá proceder con dichas sanciones. El presidente del Consejo de la Judicatura, o su delegado, deberá informar a esta Corte de manera documentada, dentro del plazo máximo de veinte días desde la notificación con la presente sentencia, el inicio de la ejecución de la medida, e informará mensualmente sobre los avances en su ejecución hasta su finalización,

4. Las medidas de reparación dispuestas en esta sentencia, deberán ser ejecutadas de conformidad con la Constitución de la República, la Ley y la aplicación integral de esta decisión constitucional, esto es considerando la decisum o resolución, así como los argumentos centrales que son la base de la decisión y que constituyen la ratio, bajo prevenciones de aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República, en caso de no hacerlo.
5. Declarar, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 436 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, la inconstitucionalidad de la Resolución de Concejo N.° 038-2015, de 5 de febrero de 2015, emitida por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ambato que establece: «Aprobar como edad mínima el ingreso a los espectáculos taurinos, los doce años de edad, con la compañía de un adulto».
6. Conminar a que el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Ambato, en el término de 60 días a partir la de notificación de la presente sentencia, regule el ingreso de niñas, niños y adolescentes a espectáculos taurinos, tomando en cuenta las «Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Ecuador», y en observancia de lo determinado en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Particular que deberá ser informado a este Organismo de manera documentada.
7. Disponer la publicación de la presente sentencia en la Gaceta Constitucional.

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S. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Razón: Siento par tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, con odio votos de las señoras juezas y señores jueces: Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia del juez Manuel Viteri OÍ vera, en sesión del 28 de marzo del 2018. Lo certifico.

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CASO Nro. 0990-15-EP

RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor Alfredo Ruíz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día viernes seis de abril del dos mil dieciocho.- Lo certifico.

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SALA DE ADMISIÓN

RESUMEN CAUSA No. 0053-17-IN Acumulada al Caso Nro. 0022-17-IN

En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Admisión, mediante auto de 26 de marzo del 2018, a las 12h12 y de conformidad con lo establecido en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:

CAUSA: Acción pública de inconstitucionalidad dé actos normativos.

LEGITIMADO ACTIVO: Ramiro Ávila Santamaría, Víctor Rivadeneira Cabezas, Felipe Castro León. Dolores Miño Buitrón. Mario Meló Cavellos y Claudia Storini.

CASILLAS CONSTITUCIONALES: 090; y 091;

LEGITIMADOS PASIVOS: Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional

de la República del Ecuador; Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional; y, Rafael Parreño Navas, procurador general del Estado.

NORMAS CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS:

Artículos 1; 57; 95; 103; 104; 105; 136; 138; y 401 de la Constitución de la República.

PRETENSIÓN JURÍDICA: Solicita se declare la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 10 de 08 de junio de 2017.

De conformidad con lo dispuesto por la Sala de Admisión, publíquese este resumen de la demanda en el Registro Oficial y en el Portal Electrónico de la Corte Constitucional.

LO CERTIFICO.- Quito D.M., 03 de abril del 2018, a las 09:50.