Registro Oficial No 406- Miércoles 06 de Marzo de 2013 Edicion Especial

marzo 11, 2013

n n Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado n n Presidente Constitucional de la República del Ecuador n n Miércoles 06 de Marzo de 2013 – R. O. No. 406 n n EDICIÓN ESPECIAL n n SUMARIO n n Judicial y Justicia Indígena n n Corte Nacional de Justicia Sala de lo Civil, Mercantil […]

n Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

n Presidente Constitucional de la República del Ecuador

n Miércoles 06 de Marzo de 2013 – R. O. No. 406

n EDICIÓN ESPECIAL

n SUMARIO

n Judicial y Justicia Indígena

n Corte Nacional de Justicia Sala de lo Civil, Mercantil y Familia:

n Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes personas naturales y/o jurídicas:

n 513-2011 Segundo Ángel María Tenezaca Quito en contra de Manuel Antonio Mayancela Cajamarca y otra

n 515-2011 Elsa Esperanza Bravo García en contra de Pedro José Mendoza García y otros

n 517-2011 Municipio de Quito en contra de Fabiola Cárdenas Andrade y otros

n 518-2011 Carlos Alberto Becdach Santomaro en contra de Daydi Juana Lucas Estupiñán

n 519-2011 Cruz Yadira Haón Jama en contra de Joel Marcelo Haón Briones

n 520-2011 Jacinto Cavero Cavero y otra en contra de Mercedes Morales Navarro

n 521-2011 Víctor Aguilar en contra del señor Reginaldo Zapata Jara

n 525-2011 José Muñoz García y otra en contra de María Narcisa de Jesús Pico Cedeño

n 529-2011 Asociación de Pequeños Mineros Autónomos de las Cuencas del Río Nambija en contra de Florencio Secundino Pacheco Llanos y otros

n 536-2011 Néstor Zurita Mora y otra en contra de la Empresa de Ferrocarriles Ecuatoriana

n 537-2011 Ángel Octavio Brito Mendieta y otra en contra de Rosa María Sasalima Singncha

n 552-2011 Imelda Gladis Guevara Freire en contra de Galo Narciso Jácome Vaca y otra

n CONTENIDO

n n

n No. 513-2011

n Juicio: 269-09 GNC.

n Actor: Segundo Angel María Tenezaca Quito.

n Demandados: Dr. Guillermo Robles López, Procurador Judicial de Manuel Antonio Mayancela Cajamarca y María Hortensia Chuqui Tenezaca.

n Juez Ponente: Dr. Galo Martínez Pinto.

n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

n SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIA

n (269/09 GNC) Quito,

n Fdo.) Dres. Galo Martínez Pinto, Carlos Ramírez Romero y Manuel Sánchez Zuraty, Jueces Nacionales.-

n CERTIFICO: Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator.

n CERTIFICO:

n Que las cuatro copias que anteceden, son tomadas de sus actuaciones originales constantes en el juicio ordinario No. 269-09 GNC (R. 511-2011) que por reivindicación sigue DR. GUILLERMO ROBLES LÓPEZ, PROCURADOR JUDICIAL DE SEGUNDO ANGEL MARÍA TENEZACA QUITO contra MANUEL ANTONIO MAYANCELA CAJAMARCA Y MARIA HORTENSIA CHUQUI TENEZACA. Quito, a 24 de agosto de 2011.

n f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator.

n No. 515-2011

n Juicio: 659-2010-k.r.

n Actora: Elsa Esperanza Bravo García.

n Demandados: Pedro José Mendoza García y otros.

n Juez Ponente: Dr. Galo Martínez Pinto.

n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

n SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIA

n Quito, a 21 de julio de 2011; las 10h55.

n VISTOS:- Conocemos la presente causa como Jueces de la Sala Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en mérito a lo dispuesto en la segunda disposición transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo de 2009; en el numeral 4 literales a) y b) del apartado IV, DECISIÓN, de la sentencia interpretativa 001-08-SI-CC pronunciada por la Corte Constitucional el 28 de noviembre de 2008, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre del ese año, posesionados el 17 de diciembre del mismo año ante el Consejo de la Judicatura; y, en concordancia con el artículo 5 de la resolución sustitutiva adoptada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia el diciembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009; y los artículos 184.1 de la Constitución de la República del Ecuador y 1 de la Ley de Casación. En lo principal, en el juicio especial colusorio propuesto por Elsa Esperanza Bravo García contra la parte demandada representada por Pedro José Mendoza García, María Francisca Mendoza García y otros en el que se desechó el recurso de apelación interpuesto por aquélla y que confirmó el fallo subido en grado en el sentido que allí se indica, esto es, declarando sin lugar la demanda; la parte actora deduce recurso extraordinario de casación respecto de la sentencia pronunciada el 16 de agosto de 2010, a las 11h30 por la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, con sede en Portoviejo y que confirmó el fallo de primer nivel, como está dicho y en los términos que allí se mencionan, rechazando por tanto el recurso de apelación interpuesto, dentro del juicio ya expresado, seguido por la parte recurrente. Aceptado a trámite el recurso extraordinario de casación y, encontrándose la causa en estado de resolución, para hacerlo, la Sala efectúa las consideraciones previas siguientes: PRIMERA: Declarar su competencia para conocer el recurso extraordinario de casación en virtud de lo dispuesto en los artículos 184.1 de la Constitución de la República del Ecuador y 1 de la Ley de Casación y por cuanto esta Sala calificó el recurso de la relación por cumplir los requisitos de procedencia, oportunidad, legitimación y formalidades exigidas por el artículo 6 de la ley de la materia, admitiéndolo a trámite. SEGUNDA: La parte recurrente, fundamenta su recurso extraordinario aduciendo la trasgresión de las normas jurídicas contenidas en los artículos siguientes: 1 de la Ley para el juzgamiento de la colusión; 23 numerales 23 y 27; 24 numeral 17; 163, 272 y 273 de la Constitución Política, esto es, la de 1998; 115, 131 y 207 del Código de Procedimiento Civil así como los fallos jurisprudenciales que menciona; normas supremas actuales contenidas en los artículos 76, numerales 1 y 7, literal l; 1, 11 numerales 3, 4, 5 y 6, 75, 76 numeral 1, 62, 169, 172, 417, 425, 426 y 427; 4, 2, 6, 17 inciso primero, 23 inciso primero, 25, 130.2 del Código Orgánico de la Función Judicial; 1, 31 y 48 de la Ley de Inquilinato; 222, 969, 1777, 1|779, 1787, 8.2 literal h de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 19 de la Ley de Casación; y otros fallos jurisprudenciales allí consignados. Las causales por virtud de las cuales ataca el fallo pronunciado son la primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación; particulares que analizaremos pormenorizadamente más adelante. De este modo, queda circunscrito los parámetros dentro de los cuales se constriñe el recurso planteado y que será motivo de examen de este Tribunal de Casación, conforme al principio dispositivo consignado en los artículos 168.6 de la Constitución de la República del Ecuador, actualmente en vigencia y 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. TERCERA: Como se argumenta vulneración de preceptos constitucionales cuya invocación se ha hecho de modo autónomo corresponde primeramente referirnos a este aspecto en virtud del principio doctrinal y positivo de la supremacía constitucional. Se expresa en el memorial que se ha afectado, en suma, las normas contenidas en los artículos 76, numerales 1 y 7, literal l; 1, 11numerales 3, 4, 5 y 6; 75, 76.1; 82, 169, 172, 417, 425, 426 y 427 de la Constitución de la República del Ecuador ; 8, numeral 2, literal h de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y que por tratarse de instrumentos internacionales su examen se lo hará, concordantemente con las normas supremas en mención. 3.1 Las disposiciones de la relación aluden, de manera genérica y abstracta a las garantías básicas existentes del derecho al debido proceso y que informan el accionar del Estado ecuatoriano respecto de los habitantes de este territorio; así pues, ciertamente que corresponde a toda autoridad garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes; así como que el derecho a la defensa incluye, en el literal l del numeral 7, la motivación obligada que debe caracterizar a las resoluciones de los poderes públicos y cuya inobservancia, reprochable en la Carta Suprema anterior, en la actual se la sanciona con la nulidad elevada a rango constitucional. Sin embargo, tocante a lo primero, esas ideas genéricas y abstractas constituyen enunciados teoréticos que, si no se singularizan, demuestran y refieren a temas puntuales carecen de asidero, como en la especie. Esas normas dicen relación, de modo genérico y abstracto a la filosofía político jurídico que inspira al Estado ecuatoriano; sin embargo, en el análisis que se efectúa en el memorial no se hace ninguna vinculación con las disposiciones procedimentales y sustantivas que se aducen violentadas como para que pudiera hablarse de alguna fundamentación. Tocante a lo segundo, se reprocha al fallo pronunciado y cuestionado falta de motivación, cuando, las causales que se han invocado son la primera y tercera que no se refieren a ese vicio, en lugar de haberlo hecho al amparo de la quinta; por lo cual no es factible efectuar entonces control de constitucionalidad alguno 3.2 En cuanto a las normas consignadas en el instrumento internacional referido, esto es, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos -y que por disposición de la normativa suprema contenida en los artículos 424 y siguientes, constituyen cuerpos legales prevalentes sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público y en el orden en que se han mencionado-; ciertamente que su artículo 8, numeral 2, literal h dispone que todo individuo tiene derecho de recurrir de un pronunciamiento determinado ante un juez o tribunal superior, lo cual se ha dado en este caso en estudio; no se ha lesionado ningún derecho de la parte recurrente ni se le ha obstado del ejercicio de su facultad de plantear su desacuerdo ante un órgano superior. Ha gozado del derecho a las dos instancias, ha ejercido el derecho a la defensa y ha dispuesto del debido proceso, de modo que resulta inocuo hacer el fundamento filosófico y doctrinal en cuestión cuando sí se ha dispuesto de las etapas procesales correspondientes. Por lo expuesto, no ha lugar al reproche que se hace a la sentencia expedida al amparo de la supuesta vulneración de normas constitucionales e internacionales. Por tanto, se desestima ese cargo. CUARTA: Corresponde continuar el estudio del recurso planteado en este vez al amparo de la causal tercera siguiendo el orden lógico jurídico correspondiente, pues, de llegarse a aceptar algún cargo se tornaría irrelevante continuar el examen del recurso bajo otra causal. La tercera, conocida doctrinariamente, como de afectación directa de norma procedimental y que, como consecuencia de tal vulneración lesiona, igualmente, aunque de manera indirecta norma de derecho de orden sustancial o material; de modo entonces que, en la configuración de esta causal concurren dos trasgresiones sucesivas, reiteramos, por así decirlo: la primera, violación de preceptos jurídicos aplicables a la valoración probatoria por cualquiera de los tres supuestos antes mencionados (aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación); y, la segunda afectación de normas de derecho como consecuencia de la primera y que conduce a la equivocada aplicación o no aplicación de estas normas materiales en la sentencia o auto, como ya está expresado. Por tanto, la parte recurrente, al invocar esta causal debe determinar lo siguiente: 1. Los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que pudiesen haber sido violentados; 2. El modo por el que se comete el vicio, esto es, aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación; 3. Qué normas de derecho han sido equivocadamente aplicadas o no aplicadas como consecuencia de la trasgresión de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba; y, 4. Explicar y demostrar, cómo la aplicación indebida, falta de aplicación o la errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a dicha valoración probatoria han conducido a la afectación de normas de derecho, ora por equivocada aplicación o por su falta de aplicación. Sin embargo, en el memorial del recurso deducido no se demuestra, la vulneración legal que se aduce haberse producido. 3.1 En efecto, en ese memorial se hace una descripción muy genérica y por lo mismo ambigua acerca de la impugnación que se pretende hacer; intentando cuestionarse la forma en que el juzgador de segundo nivel apreció la prueba actuada cuando ello corresponde a la potestad exclusiva jurisdiccional de éste. Una cosa es la trasgresión normativa que pudiese haberse dado y que se demuestre y otra, diferente, es expresar un cuestionamiento por la forma distinta a su pretensión. No demostrándose dónde la trasgresión directa de las normas procedimentales aducidas, la premisa lógico jurídica que plantea esta causal luce incompleta; motivo por los cuales no cabe siquiera entrar a analizar la invocación que se hace de los artículos 115, 131 y 207 del libro procesal civil. La disposición mencionada en primer término, referente a la valoración de la prueba, sí contiene precepto en ese sentido, aduciéndose que no ha sido aplicado y que como consecuencia de esa vulneración directa se habría lesionado, indirectamente, las normas contenidas en el artículo 222 del Código Civil, pues respecto de la impresionante cantidad de disposiciones invocadas, son únicamente eso: citadas y no más. Adicionalmente, reiteramos que en la fundamentación del recurso, no se confronta adecuadamente la norma del artículo 115 del libro procesal civil, supuestamente trasgredida de modo directo, con las disposiciones de orden sustantivo o material que, a consecuencia de esa vulneración hubiesen sido afectadas de manera indirecta, por manera que, insistimos, no está dada la proposición silogística completa. Ciertamente sí, que la norma contenida en el artículo 115 (antes 119) del libro procesal civil comporta un precepto de valoración de la prueba, como ya se dijo, cuando menciona que esta se apreciará en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica la que constituye un método de valoración, ciertamente y en donde se contiene, por así decirlo, dos reglas a seguir: la sana crítica, propiamente dicha y la obligación de valorar todas las pruebas aunque, en la especie, reiteramos, no se hace mención ni se demuestra probanza alguna acerca de qué clases de pruebas pudieron no haberse apreciado en conjunto sino que simplemente se hace una referencia generalizada en su texto. La sana crítica, citada sin fundamento, es una especie de método valorativo -que se expresa a través de la experiencia del juzgador y las reglas de la lógica formal, entre otros-; y, la siguiente, la obligación del administrador de justicia de valorar todas las pruebas. Apreciar en conjunto, como dice la norma procesal, quiere decir analizar toda una ?masa de pruebas? al decir de los jurisconsultos anglosajones; y, las reglas de la sana crítica -que es un método de valoración de la prueba- son, para el insigne tratadista uruguayo Eduardo Couture, ?las reglas del correcto entendimiento humano? y por eso intervienen allí las reglas del recto pensar, a juicio de Pfander, es decir, de la lógica de las formas y la experiencia del juzgador (Fundamentos de Derecho Procesal Civil; B. Aires, 1997, 3era. Edición, p. 270) y, apreciar en conjunto la actividad probatoria, según Toboada Roca, constituye ?aquella actividad intelectual que realiza el juzgador de la instancia analizando y conjugando los diversos elementos probatorios aportados por los litigantes? y por virtud de ello concluye que son ciertas algunas de las alegaciones fácticas; y es que en verdad debe estarse a las pruebas cuya ?estimación conjunta de todas las articuladas,?? tiene que resultar conducente al objetivo del caso (Murcia Ballén, Recurso de Casación, 6ta. Edición, Bogotá, p.p.409 y 410). De allí que, para nuestra ex Corte Suprema de Justicia, las reglas de la sana crítica no están consignadas en códigos ni leyes; tampoco han sido elaboradas por la doctrina ni por la jurisprudencia; y, por lo mismo, sostiene que no se puede invocar ?errónea interpretación? del precepto en general y por tanto de las reglas de la sana crítica? o, como en la especie, a juicio del recurrente, una no aplicación de los preceptos jurídicos atinentes a la valoración de la prueba cuya potestad jurisdiccional, por lo demás, atañe exclusivamente a los juzgadores de nivel. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que ?El sistema procesal de las libres convicciones, también llamado de las pruebas morales o materiales, por oposición al sistema procesal de los pruebas legales, es aquel en el cual el juzgador resuelve con absoluta libertad, según su leal saber y entender (?) según el régimen que se llama de libres convicciones, el juez sólo está obligado a expresar sus conclusiones respecto de la prueba de los hechos; mientras que según el denominado de la sana crítica, debe expresar, además, cuál ha sido el razonamiento que ha seguido para llegar a tales conclusiones? (A. Noceitti Fasolino, Enciclopedia Jurídica Omeba, t. XVII, p.p. 655, 657, Editorial Bibliográfica Argentina S.R.L. B. Aires, 1964). Por otro lado, hay que considerar que cuando el Juez decide con arreglo a la sana crítica, como en el caso de la norma contenida en el artículo 115 del libro procesal civil (antes 119) ?no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente?, como señala Couture, conspicuo tratadista uruguayo citado, pues, eso sería libre convicción; sistemas en suma distintos al de tasación o tarifa legal, de tanta importancia en el derecho germánico; y que en la especie no ha habido tal razonamiento arbitrario como parecería sostenerlo la parte recurrente a juzgar por el enunciado genérico que ha hecho. En lo tocante al artículo 121 del mismo Código adjetivo civil, (invocado como 131 en una cita errada) por la recurrente como norma valorativa de prueba, debemos consignar que esta disposición no contiene norma alguna en ese sentido y, no es tampoco sustantiva; trata acerca de los medios de prueba y no más.; y respecto del artículo 207 del mismo libro procesal civil que trata acerca de la apreciación de la declaración testimonial (acerca del cual sólo se cita sin hacer una confrontación en la fundamentación del memorial anárquico); debemos expresar que tampoco contiene norma de valoración probatoria como erróneamente sostiene la parte recurrente y, adicionalmente señalamos que no es tampoco norma de derecho sustantivo. El fundamento que se hace en el memorial para reprochar el fallo es el que tiene que ver con la manera de apreciar la prueba por parte del juzgador siendo que eso es de su entera potestad discrecional cuando por ejemplo, alude a la declaratoria de confesos de los demandados y que, debe tener en su opinión valor de ?prueba plena?, expresando que ?los asertos de mi demanda se encuentran plenamente probados con las declaraciones de confesos de los accionados;??; cuando, conforme a lo dispuesto en el artículo 131 del Código procesal civil, queda al ?libre criterio? de los juzgadores -de primer y segundo nivel-, ?dar a esta confesión tácita el valor de prueba?.; o como cuando reprocha la apreciación efectuada por el juzgador a los testimonios rendidos, pues, en su opinión, ?los presupuestos de esta disposición se encuentran cumplidos y probados con la prueba testimonial pues al manifestar esta la razón de sus dichos y las circunstancias por las que llegó a conocimiento de los testigos lo que respondieron a las preguntas a ellos formuladas,??. Esta forma de presentar el recurso es totalmente contraria a la técnica procesal que debe observarse en casación; tanto más que la naturaleza jurídica de esta causal tercera impide, de suyo, pretender que se revalore pruebas o que se vuelva a consideraciones de orden fáctico que se supone ya aceptadas; lo cual parecer ser el ánimo de la parte recurrente con su escrito contentivo del recurso extraordinario análogo al extinguido recurso de tercera instancia; intentando imponer su criterio subjetivo por sobre la apreciación del juzgador, olvidando que lo que se discute y debe demostrarse es la trasgresión jurídica de preceptos legales, procedimentales o sustantivos, según corresponda. No habiéndose demostrado la vulneración directa de la norma de procedimiento, la premisa silogística luce incompleta y, por lo mismo, resulta inocuo hacer alguna correlación con el artículo 222 del Código Civil que trata acerca de los derechos y obligaciones de las uniones de hecho bajo las condiciones y requisitos allí consignados, ?generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal?, en lo que tiene que ver con la sociedad de bienes, ciertamente; aunque en la especie no se ha demostrado, previamente, la vulneración directa de las normas procedimentales atinentes a la valoración de la prueba, como ya se ha dicho, y que constituye condición sine qua non previa para poder entrar al análisis de la afectación indirecta de normas sustantivas, dado que, no siendo así, la premisa lógico jurídica luce incompleta, como en el caso en análisis. Por otro lado y al margen de las consideraciones puramente formales relativas al recurso, pudiera suponerse o presumirse lo que se asevera en la demanda; aunque de allí a comprobar, fehacientemente, los actos colusorios que se han demandado hay diferencia. Por otro lado, la misma norma sustantiva consigna en el artículo siguiente, una presunción acerca de la referida unión de hecho; pero, la ?apreciación de la prueba correspondiente? es de potestad de los jueces de nivel, obviamente aplicando las reglas de la sana crítica, ya explicadas de modo analítico; y, en la especie, a juicio del juzgador de instancia, no se ha probado lo señalado en el libelo de demanda. Llama a equívocos la forma de redacción de éste al aseverar que la ?unión de hecho debe ser declarada judicialmente o por voluntad de las partes para que se acoja y tenga dichos efectos?, cuando debió decir o aclarar que el establecimiento de la unión de hecho de esa forma daría derechos a los beneficios del seguro social y otros de ese carácter; queriendo entender que lo que el tribunal quiso expresar es que habría resultado fácil la comprobación de los actos colusorios de haber habido una declaración judicial o el establecimiento de esa voluntad por otros medios legales dado que el mismo código lo único que hace a ese respecto es ?presumir? esa unión; lo cual admite prueba en contrario La Sala advierte que el supuesto de la causal tercera invocada no se cumple, por lo antes referido de modo analítico; y no existiendo por lo demás el silogismo lógico jurídico completo al no haberse demostrado la afectación directa del expresado artículo 119 (ahora 115) no ha lugar para aceptar la impugnación o cargo efectuado al amparo de esta causal. Por las consideraciones precedentes, se rechaza el cargo efectuado por la causal tercera. QUINTA: Corresponde ahora efectuar el análisis en referencia a la causal primera. Esta, imputa vicios ?in iudicando? y puede darse por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva. Aquí, tampoco se permite revalorar la prueba ni fijar nuevamente hechos ya establecidos, que se dan por aceptados pues, la esencia de esta causal apunta a demostrar, jurídicamente, la vulneración propiamente dicha de normas de derecho. Es que cuando el juzgador dicta sentencia y llega a la convicción de la veracidad de determinados hechos, alegados otra por el actor ora por el demandado (demanda y contestación); luego de reducir los hechos a los tipos jurídicos conducentes, busca una norma o normas de derecho sustantivo que le sean aplicables (subsunción del hecho en la norma y que es una operación de abstracción mental propia del intelecto humano). Una norma material, estructuralmente hablando, tiene dos partes por así decirlo: un supuesto y una consecuencia. En ocasiones, la norma carece de estas dos partes pero se complementa con una o más normas con las que forma una proposición jurídica completa. La subsunción no es sino la operación o encadenamiento lógico mental, propio de la lógica formal, de una situación fáctica, específica, concreta en la previsión abstracta, genérica o hipotética contenida en la norma en cuestión. El vicio de juzgamiento o ?in iudicando? contemplado en esta causal se da en tres casos: 1. Cuando el juzgador deja de aplicar la norma sustantiva al caso controvertido y que, de haberlo hecho, habría determinado que la decisión en la sentencia sea distinta; 2. Cuando el Juez entiende rectamente la norma pero la aplica a un supuesto fáctico diferente del hipotético contemplado en ella, incurriendo así en un error en la equivocada relación del precepto con el caso controvertido; y, 3. Cuando el juzgador incurre en un yerro de hermenéutica, de exégesis jurídica al interpretar la norma, atribuyéndole un sentido y alcance que no tiene. En la especie, la parte recurrente aduce, pretendiendo sustentar esta causal vulneración de las normas mencionadas en el numeral segundo de este fallo, referentes a la Ley de Inquilinato, en concordancia con las disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial, si bien no fundamenta ni demuestra dónde la trasgresión de las normas en cuestión; por un lado. De otra parte, insiste en fusionar en el 4.3 y 4.6 de su memorial los mismos argumentos que utilizó para la causal tercera, desde que reitera en sostener que ?existe la falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, lo que ha conducido??; lo cual resulta inaceptable por contrario a la técnica procesal de casación. Nótese que insiste en su memorial que recuerda a los alegatos de bien probado de la desaparecida tercera instancia, en afirmar discrepancias con su apreciación subjetiva de la cuestión. Así, asevera que ?con dicho instrumento (el de la transferencia de dominio de quien asegura fue su conviviente a favor de su hermana) se solicita un desahucio en mi contra, sin ser inquilina, y con ello se me priva no solo del 5=% de lo que me corresponde por la transferencia de dominio referida y se me priva de la posesión por el lanzamiento del que fui objeto en dicho trámite de desahucio cuando de autos consta que mi supuesto ?arrendador?, el accionado?me enviaba dinero desde los Estados Unidos de Norte América a la dirección de la casa??; y más adelante continúa: ?conscientes ustedes de mi derecho, ya que no se ha probado mi calidad de inquilina,?; refiriéndose o únicamente citándose las normas antes referidas y no más, por lo que, a más de lo anteriormente expresado, no es posible efectuar control de legalidad alguna; cuando la naturaleza jurídica de esta causal que analiza errores o vicios ?in iudicando?, no permite apreciar revalorización de pruebas ni retornar a cuestiones fácticas que se supone fueron discutidas y aceptadas. Por lo demás, unas mismas normas cuya afectación o violación no se ha demostrado ya fueron objeto de fundamentación con ocasión de la causal tercera, lo cual impide que la misma norma sirva de sustento para otras causales a la vez, como lo hemos reiterado; impidiéndose, por lo demás, hacer control de legalidad alguno. No encontramos ninguna otra norma sustantiva o jurídica que, en la especie, como se aduce, se hubiese dejado de aplicar, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios -citados pero que suponen previamente su trasgresión, no demostrada- y que estuviere fundamentada, en la sentencia o auto, y que hayan sido determinantes en la parte dispositiva de la sentencia o auto, como dice la causal primera invocada; y, así entonces, no se ha fundamentado ni demostrado la vulneración comentada. Por tanto, se desestima el cargo que se hace al amparo de la causal primera. Por las consideraciones y motivaciones precedentes y sin que sea menester otras, esta Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia de la que se ha recurrido y que fuera pronunciada el 16 de agosto de 2010, a las 11h30 por la Sala Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, con sede en Portoviejo. Sin costas ni multas. Léase, notifíquese y devuélvase.

n Fdo.) Dres. Galo Martínez Pinto, Carlos Ramírez Romero, Manuel Sánchez Zuraty, Jueces Nacionales y Carlos Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.

n CERTIFICO:

n Que las seis copias que anteceden son tomadas de su original, constante en el juicio No. 659-2010-k.r (Resolución No. 515-2011), por colusión sigue: ELSA ESPERANZA BRAVO GARCÍA contra PEDRO JOSÉ MENDOZA GARCÍA y Otros.- Quito, 24 de agosto de 2011.

n f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator, Sala de lo Civil Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia.

n No. 517-2011

n Juicio: 324-2010 B.T.R.

n Actor: Municipio de Quito.

n Demandados: Fabiola Cárdenas Andrade y otros.

n Juez Ponente: Doctor Manuel Sánchez Zuraty.

n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

n SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIA

n Quito, julio 25 de 2011; las 15h00´.

n VISTOS: Conocemos la presente causa como Jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en mérito a lo dispuesto en la segunda disposición transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo de 2009; en el numeral 4, literales a) y b), del apartado IV, DECISIÓN, de la Sentencia interpretativa 001-08-SI-CC, dictada por la Corte Constitucional el 28 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre del mismo año, debidamente posesionados el día 17 de diciembre de 2008, ante el Consejo Nacional de la Judicatura; y, en concordancia con el Art. 5 de la Resolución Sustitutiva tomada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión de 22 de diciembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009; y, los artículos 184 de la Constitución de la República del Ecuador y 1 de la Ley de Casación. En lo principal, los demandados Fabiola Cárdenas Andrade y otros, en el incidente de readquisición de inmueble expropiado propuesto por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, deducen recurso de casación contra el auto dictado por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 17 de febrero de 2010, las 16h21 (fojas 98 a 100 del cuaderno de segunda instancia), que confirma el del inferior que niega el incidente formulado. El recurso se encuentra en estado de resolución, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver la presente causa en virtud de la Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, las normas señaladas en la parte expositiva del presente fallo y la distribución en razón de la materia, hecha mediante Resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión realizada el día 22 de diciembre de 2008, publicada en Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009. El recurso de casación ha sido calificado y admitido a trámite en esta Sala, mediante auto de 25 de octubre de 2010, las 09h40. SEGUNDO.- En virtud del principio dispositivo contemplado en el Art. 168, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, desarrollado en el Art. 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, son los recurrentes quienes fijan los límites del análisis y decisión del Tribunal de Casación. TERCERO.- Los peticionarios consideran infringidas las siguientes normas de derecho: artículos 113, 114, 115, 117, 165, 170, 262, 274, 280, 783, 793, 797, 804, 918 y 1009 del Código de Procedimiento Civil. Artículos 14, 63 y 248 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Artículos 75, numeral 3 del Art. 86, 95 y 169 de la Constitución de la República. Artículos 5, 9, 19, 23, 25, 27 y 28 del Código Orgánico de la Función Judicial. Artículos10, 18, 19, 1697 y 1699 del Código Civil. Las causales en la que funda el recurso son la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta del artículo 3 de la Ley de Casación. CUARTO.- Por principio de supremacía constitucional, establecido en los artículos 424 y 425 de la Constitución de la República del Ecuador, corresponde analizar en primer lugar los cargos por inconstitucionalidad, no obstante, como han sido presentados integrados a las diferentes causales, se los tratará en el marco de cada una de ellas. QUINTO.- La causal segunda del Art. 3 de la Ley de Casación se refiere a la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente; por tanto, para que prospere una impugnación por la causal segunda es necesario que se cumpla con los requisitos de tipicidad y trascendencia para que existe nulidad procesal: la tipicidad se refiere a que la causa de la nulidad debe ser una violación de solemnidad sustancial o violación de trámite, establecidos en los artículos 344 y 1014 del Código de Procedimiento Civil u otras leyes que los tipifiquen, y la trascendencia se refiere a que tal nulidad hubiere influido en la decisión de la causa o provocado indefensión y que no hubiere quedado convalidada legalmente. 5.1. Los recurrentes acusan la errónea interpretación de normas procesales, que ha influido en la decisión de la causa. Luego de transcribir el Art. 804 del Código de Procedimiento Civil y parte del auto impugnado, explican que se ha creado un vacío legal que provoca indefensión; que la Sala no ha considerado que la expropiación es un acto jurídico de derecho público de carácter unilateral de poder de autoridad, por el cual el Estado o las entidades del sector público adquieren el dominio de la cosa expropiada, sin necesitar del consentimiento del propietario.

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n Que los dueños solo han tenido la nuda propiedad que les da atribuciones que hacen relación al dominio, desde la primera providencia dictada por el Juez Octavo de lo Civil de Pichincha, en que dispuso la ocupación inmediata del inmueble. Que la Sala ad quem debió explicar la norma o procedimiento para demandar la readquisición, si no ha operado la tradición. Que en al auto los jueces han dado a la norma un diverso sentido y espíritu del que le dio el legislador, que busca el cumplimiento de una obra pública y el empleo o destino del bien para la finalidad señalada en la declaratoria de utilidad pública. Que con el razonamiento de la Sala, si la entidad expropiante no inscribe la sentencia se impide automáticamente que el dueño pueda reclamar la readquisición porque no hay norma ni procedimiento; por lo que sostienen que existe errónea interpretación del Art. 804 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no se han acatado las siguientes normas. Art. 75, numeral 3, Art. 86, 169, 321 y 323 de la Constitución de la República; artículos 274, 280, 781, 793, 804, 1004 y 1009 del Código de Procedimiento Civil; artículos 4, 5, 25, 28 y 29 del Código Orgánico de la Función Judicial; Art. 18 del Código Civil y Art. 248 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 5.2. Cuando los recurrentes acusan ?errónea interpretación de norma procesal?, están en verdad utilizando la causal segunda del Art. 3 de la Ley de Casación, que es la que tiene por objeto encontrar vicios de procedimiento o ?in procedendo?, que puedan causar la nulidad procesal. Para que se declaren nulidades procesales es necesario que se cumplan los principios de tipicidad y trascendencia, esto es que la nulidad tiene que estar tipificada en la ley y que tenga trascendencia en la decisión de la causa o cause indefensión. En el libelo del recurso, ninguna de las normas invocadas tipifica nulidad procesal y consecuentemente, no puede haber trascendencia en la decisión de la causa. Por otra parte, la proposición contiene un vicio lógico absurdo, cuando por una parte se dice que existe ?errónea interpretación? del Art. 804 del Código de Procedimiento Civil, y más adelante se expresa que ?no se han acatado las siguientes normas (?) Art. 804 del Código de Procedimiento Civil?; es absurdo porque una norma que no se ha acatado (no se ha aplicado) mal puede interpretarse erróneamente, porque para que una norma se interprete es necesario que se haya aplicado; esto solo como aclaración, porque el Art. 804 ibídem tampoco es una norma que tipifique nulidad procesal alguna. Por todo lo cual no se aceptan los cargos. SEXTO.- La causal quinta del Art. 3 de la Ley de Casación, opera cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la ley o en su parte dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles. Sobre esta causal, pueden presentarse vicios de inconsistencia o incongruencia en el fallo mismo, cuando no hay armonía entre la parte considerativa y la resolutiva?, debe entenderse que estos vicios emanan del simple análisis del fallo cuestionado y no de la confrontación entre éste, la demanda y la contestación, ya que en esta última hipótesis estaríamos frente a los vicios contemplados en la causal cuarta. El fallo casado será incongruente cuando se contradiga a sí mismo, en cambio será inconsistente cuando la conclusión del silogismo no esté debidamente respaldada por las premisas del mismo. El artículo 274 del Código de Procedimiento Civil dispone: ?En las sentencias y en los autos se decidirá con claridad los puntos que fueren materia de la resolución, fundándose en la Ley y en los méritos del proceso, y, a falta de Ley, en los principios de justicia universal?. El artículo 275 ibídem dice: ?Los decretos, autos y sentencias expresarán con claridad lo que se manda o resuelve; y en ningún caso se hará uso de frases obscuras o indeterminadas como ocurra a quien corresponda, venga en forma, como se pide, etc.? Finalmente, el artículo 276 del mismo cuerpo legal dispone: ?En las sentencias y en los autos que decidan algún incidente o resuelvan sobre la acción principal, se expresará el asunto que va a decidirse y los fundamentos o motivos de la decisión. No se entenderá cumplido este precepto en los fallos de segunda o tercera instancia, por la mera referencia a un fallo anterior?. 6.1. Luego de transcribir parte del auto impugnado, los recurrentes explican que el Art. 274 del Código de Procedimiento Civil señala que en los autos se decidirán con claridad los puntos que fueren materia de la resolución fundándose en la Ley y en los méritos del proceso, a falta de ley, en los precedentes jurisprudenciales obligatorios, y en los principios de la justicia universal; que la resolución de la Sala únicamente cancela la medida cautelar de protección y de emergencia, ordenada por la Jueza Octava de lo Civil de Pichincha, en su primera providencia de 13 de junio de 2000, fundamentado en el Art. 918 del Código de Procedimiento Civil, solicitada a causa de la cancelación de la Declaratoria de Utilidad Pública, realizada sin autorización del Concejo del Distrito Metropolitano de Quito, con un oficio sin número ni fecha, remitido por el ex Procurador Síndico Municipal, marginado el 8 de noviembre de 1999. Que la Sala ad quem ha adoptado una decisión que no da solución al proceso, ya que la ley señala que si la cosa expropiada no se destinare al objeto que motivo la expropiación dentro de seis meses, contados desde que se hizo la última notificación de la sentencia, o no se iniciaren los trabajos dentro del mismo plazo, el dueño anterior puede readquirirla, consignando el valor que se pagó por la expropiación, ante el mismo juez y el mismo proceso. Que la resolución de la Sala de ningún modo da solución definitiva al proceso porque si la municipalidad procede a inscribir la sentencia, este acto resulta ineficaz y extemporáneo, ya que su derecho precluyó de conformidad a lo señalado en el Art. 804 ibídem, consiguientemente el fallo contiene una decisión contradictoria, que no da solución definitiva al proceso, y como señala la parte final del numeral 3 del Art. 86 de la Constitución de la República, ?los procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución?. 6.2. El auto impugnado da solución al proceso, porque dice lo siguiente: ?QUINTO. Entre las funciones primordiales del municipio, según el artículo 14 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, está la de ?15ª?. Promover y apoyar el desarrollo cultural, artístico, deportivo y de recreación, para lo cual podrá coordinar con instituciones públicas o privadas afines?. Al declarar de utilidad pública y resolver la expropiación con el carácter de ocupación urgente, del inmueble tantas veces referido, ?previos los respectivos informes técnicos? proponer la demanda de expropiación, alcanzar sentencia favorable, pagar el valor fijado por el juez como indemnización del bien expropiado, y contribuir a la construcción, con la colaboración de los moradores del sector, personas particulares y otras Instituciones Públicas todas las obras que se han especificado, el Municipio demandante ha cumplido a cabalidad el objeto que motivó la expropiación, sin que por lo mismo la administración de justicia deba tutelar una pretensión carente de todo sustento legal y fáctico como es la readquisición del bien expropiado; pues, no es correcto pretender que todas las necesidades de los habitantes de las diversas comunidades, siempre y solo deban ser atendidas y satisfechas ya sea por el Estado o las municipalidades, como se desprende de los múltiples escritos que obran del proceso, cuando se quiere interpretar que las obras debían ser realizadas exclusivamente por la Municipalidad expropiante. Por esta virtud, se desestima el recurso interpuesto y en los términos de esta resolución, se confirma el auto venido en grado. Se cancela la medida cautelar dictada por la Jueza Octava de lo Civil el 13 de junio de 2000, notificada al Registrador de la Propiedad de este cantón, para que se abstenga de inscribir transferencia alguna sobre el bien a readquirirse, pues se trata de una medida que en momento alguno debió ser dictada, lo que permitirá que el Municipio del Distrito Metropolitano inscriba la sentencia recaída en el juicio de expropiación?. Transcripción con la que se demuestra que el Tribunal ad quem resuelve dando solución al conflicto porque se refiere a la pretensión de readquisición del inmueble expropiado, y un asunto conexo que es la cancelación de la medida cautelar; motivos por los cuales no se aceptan los cargos. SÉPTIMO.- La causal cuarta opera cuando existe resolución, en la sentencia, de lo que no fuera materia del litigio u omisión de resolver en ella todos los puntos de la litis. Esta causal recoge los vicios de ultra petita y de extra petita, así como los de citra petita o mínima petita. Constituye ultra petita cuando hay exceso porque se resuelve más de lo pedido. En cambio cuando se decide sobre puntos que no han sido objeto del litigio, el vicio de actividad será de extra petita?. La justicia civil se rige por el principio dispositivo, en consecuencia el que los Jueces y Tribunales al resolver, deben atenerse a los puntos que se les ha sometido oportuna y debidamente a la decisión o sea en los términos en que quedó trabada la litis. Esto es, que solo en la demanda y en la contestación a la demanda, se fijan definitivamente los términos del debate y el alcance de la sentencia. En materia civil, siempre que se trate de conocer si hay identidad entre una sentencia y una demanda, el factor determinante es la pretensión aducida en ésta y resuelta en aquella, pues que en la demanda se encierra la pretensión del demandante. El principio de la congruencia, delimita el contenido de la sentencia en tanto cuanto ésta debe proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las pretensiones o impugnaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas a fin de que exista la identidad jurídica entre lo pedido y lo resuelto. La incongruencia es un error in procedendo que tiene tres aspectos: a) Cuando se otorga más de lo pedido (plus o ultra petita); b) Cuando se otorga algo distinto a lo pedido (extra petita); y, c) Cuando se deja de resolver sobre algo pedido (citra petita). Entonces como instrumento de análisis, el defecto procesal de incongruencia debe resultar de la comparación entre la súplica de la demanda y la parte dispositiva de la sentencia. 7.1. Los recurrentes expresan que en el auto impugnado se ha omitido resolver sobre los puntos de la litis. Explican que el auto no considera la providencia de 13 de marzo de 2001 emitida a las 9h00, en la que la Jueza a quo aceptó a trámite el incidente para la readquisición; que el auto no considera el destino del valor devuelto, que se pagó por la expropiación de USD $ 3.079,23, que se consignó por orden de la Jueza a quo y que fue entregada mediante cheque a la orden del Juzgado Octavo de lo Civil de Pichincha y depositada en el Banco de Fomento en virtud de la providencia de 18 de mayo de 2001; que el auto no considera la legalidad de las construcciones y el hecho de que no han podido ser ejecutadas de manera legal por la municipalidad, por cuanto falta el título de propiedad del inmueble, requisito indispensable para proceder con cualquier acto y contrato relacionado con la construcción de la obra pública; que el auto no analiza, bajo qué circunstancias y quieres ejecutaron las obras en el inmueble, a los que en el auto se les denomina de modo general ?habitantes de las diversas comunidades? que no son otra cosa que invasores, ocupantes ilegales pertenecientes a una libra sin personería jurídica denominada ?Liga Panamericana Sur ?El Blanqueado?, a quienes se le permitió intervenir en el presente juicio bajo la supuesta calidad de ?terceristas?, sin que conste en ninguna parte del proceso la calificación como tales, pero que el auto finalmente lo reconoce, al indicar expresamente que: ?la Liga Panamericana Sur ?El Blanqueado?, no corresponde pronunciamiento alguno en este incidente?. Luego de transcribir parte del auto impugnado, comenta que no indica en que parte del proceso consta la autorización del Concejo para ejecutar la obra con la ayuda de la comunidad de conformidad con el número 9 del Art. 63 de la Ley de Régimen Municipal y los procedimientos establecidos en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito para la contratación de obras, bienes y servicios o; a la entrega en comodato de bienes municipales etc.; el auto no señala ? dice- quién representa a la comunidad en el presente proceso, y bajo qué norma reglamentaria, ordenanza, orden o ley se ha ejecutado la obra pública, y como ha intervenido la municipalidad en la ejecución y control de las obras. Que el auto toma en cuenta únicamente lo mencionado por la municipalidad, para lo cual transcribe parte del auto, y continúa explicando que la Sala no analiza ni los escritos ni las pruebas presentadas por los recurrentes, y respecto de lo mencionado en el auto, cabe indicar que en la foja 27 del proceso, consta la fecha de la calificación de la demanda que dice febrero 12 de 1987, pero debe decir marzo 12 de 1987, por cuanto la demanda se presentó el 4 de marzo del mismo año. Que en varios escritos han demostrado que antes de que el juez ordene la ocupación, la sede social ya se encontraba edificada, ya que el 23 de febrero de 1987, el propietario Antonio Sauleo Giordano presentó una demanda de obra nueva ante el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha, en contra del Prefecto Provincial doctor Fabián Alarcón Rivera y Procurador Síndico del Consejo Provincial de Pichincha, en el juicio N° 0179-97-ME, la copia certificada de la demanda así como la certificación de la Sala de Sorteos de la Función Judicial y la copia certificada de la parte pertinente del libro de causas del Juzgado Tercero que se agregaron al proceso en su debida oportunidad; por lo tanto queda demostrado ?dice- que existe la argumentación y las pruebas suficientes que demuestran que el terreno se encontraba invadido antes de que el Juez ordene la ocupación. Que el auto no considera que desde el 8 de noviembre de 1999, ha sido cancelada la declaratoria de utilidad pública, por lo que desaparece el requisito fundamental para la existencia de la expropiación, y el objeto de la misma ya no sería la construcción y habilitación por parte de la Municipalidad de Quito, de un campo deportivo, produciéndose un cambio en el destino de aquel que originó la calificación de utilidad pública, que tiene por objeto aseverar que las obras a realizarse sean efectivamente requeridas por el interés público; esta garantía justifica la expropiación lo que implica una garantía del derecho constitucional a la propiedad; que este acto de cancelación de la declaratoria de utilidad pública realizado con posterioridad a la sentencia, conlleva a eliminar la finalidad de la expropiación y a un requisito fundamental señalado en el Art. 783 del Código de Procedimiento Civil; que el tratadista de derecho administrativo Miguel S. Marienhoff, en su obra Tratado de Derecho Administrativo, tomo IV, p. 200, dice respecto de la cancelación de la declaratoria de utilidad pública ?si dicha inexistencia de utilidad pública surgiere ?después? de terminado el juicio de expropiación, el damnificado debe recurrir a la acción de retrocesión?. Que en el auto se ha analizado lo que no es materia del litigio, un documento improcedente esgrimido por el representante de la liga y por los abogados municipales en calidad de ?jurisprudencia? que es la Resolución N° 078- RA-01-I.S. del amparo constitucional N° 579-2000-RA dictado el 15 de enero de 2001 por la Primera Sala del Tribunal Constitucional, que fue agregado al proceso por el abogado de la Municipalidad mediante escrito de 21 de julio de 2001, es decir, fuera de término de prueba, dispuesto por la Jueza Octava de lo Civil de Pichincha, quien mediante providencia de 17 de mayo de 2001 a las 15h30, concedió el término de cuatro días, es decir que la Sala ad quem ha tomado en cuenta un documento presentado extemporáneamente y que pertenece a un organismo independiente de la Función Judicial; luego transcribe parte al auto y continúa explicando que el recurso de amparo no tenía por objeto impedir la expropiación, sino que se interpuso en razón