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REGISTRO OFICIAL
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Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado
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Presidente Constitucional de la República del Ecuador
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Miércoles, 09 de Marzo de 2011 – R. O. No. 399
n n n
ASAMBLEA NACIONAL
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nEL PLENO
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nLEY:
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nLey de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales.
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nFUNCIÓN EJECUTIVA
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nDECRETO:
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n699 Convócase a las ecuatorianas y ecuatorianos y a los extranjeros residentes en el Ecuador con derecho al sufragio a Consulta Popular, para que se pronuncien sobre varias preguntas.
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nACUERDOS:
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nMINISTERIO DE FINANZAS:
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n035 Incorpóranse en el vigente Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, varios ítems.
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n041 Incorpóranse en el vigente Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, varios ítems.
n
n043 MF-2011 Delégase al ingeniero Carlos Vallejo López, Embajador del Ecuador en Roma – Italia, para que en representación del señor Ministro suscriba el Convenio de Crédito entre la República del Ecuador y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, FIDA.
n
nMINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS:
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n0253 Refórmase el estatuto y el cambio de denominación de Centro Cristiano Ministerial Evangélico de Desarrollo Espiritual y Social “Yo Soy la Raíz” a Iglesia “Yo Soy la Raíz”, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
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n0254 Subrógase las funciones del señor Ministro, al señor Javier Córdova Unda y las del señor Viceministro, al señor Eduardo Sandoya Sánchez.
n
nMINISTERIO DE RELACIONES LABORALES:
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n00037 Dispónese que el pago de la décima cuarta remuneración para personas que trabajan en la modalidad de jornada parcial permanente, se hará en proporción al tiempo de trabajo efectivamente realizado dentro del mismo mes.
n
nMINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:
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n00000102 Acéptase la renuncia irrevocable presentada por el doctor Patricio Ordóñez Chiriboga, a la Presidencia del Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano.
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n00000128 Delégase y autorízase al ingeniero Carlos Horacio Macías García, para que en representación del señor Ministro, actúe como delegado ante el Directorio de la Junta de Recursos Hidráulicos y Obras Básicas de Jipijapa, Paján y Puerto López.
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nRESOLUCIONES:
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nMINISTERIO DEL AMBIENTE:
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n542 Apruébase el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Estación Base Celular Valdez, ubicado en el cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas y otórgase la licencia ambiental para la construcción y operación de dicha base.
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nCORPORACIÓN DE SEGURO DE DEPÓSITOS:
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nCOSEDE-DIR-2011-001 Fíjase en US $ 28,000,00 el valor máximo por concepto de cobertura del seguro de depósitos en las instituciones financieras privadas sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, a partir del 1 de enero del 2011.
n
nCOSEDE-DIR-2011-002 Expídese el Reglamento
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nSobre los Aportes y Cuentas Aseguradas por el Seguro de Depósitos.
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nJUNTA BANCARIA:
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nJB-2011-1872 Refórmase el Capítulo V “Constitución, funcionamiento y las operaciones de las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito y los departamentos de tarjetas de crédito de las instituciones financieras”, del Título I “De la consti-tución”, del Libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero”, de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria.
n
nJB-2011-1873 Refórmase el Capítulo I “Relación entre el patrimonio técnico total y los activos y contingentes ponderados por riesgo para las instituciones del sistema financiero”, del Título V “Del patrimonio técnico”, del Libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero”, de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria.
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nORDENANZAS MUNICIPALES:
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n04 CCP Gobierno Municipal Autónomo del Cantón Paute: Para el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos, que prestare a los usuarios.
n
nGADCM-13-2011 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Francisco de Milagro: Sustitutiva que reglamenta la instalación y funcionamiento de los mataderos o camales frigoríficos, la inspección sanitaria de los animales de abasto y carnes de consumo humano y la industrialización, transporte y comercio de las mimas.
n
nGobierno Municipal Autónomo del Can-tón El Triunfo: Que reglamenta la aplicación y recaudación del impuesto predial rústico para el bienio 2011-2012.
n n
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n n n REPÚBLICA DEL ECUADOR n Asamblea Nacional n n Oficio No. SAN-2011-0155 n n Quito, 21 de febrero del 2011 n n Señor Ingeniero n Hugo del Pozo Barrezueta n Director del Registro Oficial n Ciudad n n De mi consideración: n n
La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el proyecto de LEY DE RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES.
n n
En sesión de 18 de febrero del 2011, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial presentada por el señor Presidente Constitucional de la República.
n n
Por lo expuesto; y, tal como lo dispone el artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el texto de la LEY DE RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES, para que se sirva publicarlo en el Registro Oficial.
n n Atentamente, n n f.) Dr. Andrés Segovia S., Secretario General. n n REPÚBLICA DEL ECUADOR n ASAMBLEA NACIONAL n n EL PLENO n n CONSIDERANDO: n n
Que, es deber del Estado reconocer y prestar atención oportuna y necesaria a los héroes y heroínas y sus dependientes, con la finalidad de garantizar su supervivencia con dignidad y bienestar, y que no existe ninguna normativa que defina los mecanismos y criterios para determinar quiénes serán declarados héroes o heroínas y que establezca los beneficios consiguientes a los que se harán acreedores;
n n
Que, las Leyes de Seguridad Social de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas establecen beneficios para los ex combatientes de las campañas militares de la independencia, las ocurridas entre 1883 a 1899 y la internacional de 1941, así como para sus viudas y descendientes;
n
n n n
Que, así mismo, la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995 establece beneficios para quienes mediante Decreto Ejecutivo fueron declarados héroes nacionales; sin considerar en ella a los combatientes que quedaron discapacitados total o parcialmente, ni a quienes por su destacada participación en conflictos armados fueron condecorados con preseas como la Cruz de Guerra, Vencedores de Tarqui, Atahualpa, Cabo Minacho;
n n
Que, mediante oficio No. MF-SP-DE-2010 501970, de 7 de julio del 2010, el Ministerio de Finanzas, en virtud del oficio No. T. 1917-SNJ-1D-891 del 8 de junio del 2010, remitido por la Secretaría Nacional Jurídica de la Presidencia de la República, establece la disponibilidad de recursos para cubrir el costo de la presente Ley, a partir del año 2011, debiendo incluirse en la respectiva pro forma presupuestaria del Gobierno Central; y,
n n
En ejercicio de sus atribuciones y facultades, aprueba la siguiente:
n n LEY DE RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES Y n HEROÍNAS NACIONALES n n
Art. 1.- Objeto.- Esta Ley tiene por objeto establecer y regular el procedimiento para reconocer como Héroes y Heroínas Nacionales a los ciudadanos y ciudadanas que hayan realizado actos únicos, verificables, de valor, solidaridad y entrega, más allá del comportamiento normal esperado y del estricto cumplimiento del deber, aún a riesgo de su propia integridad; salvando vidas, protegiendo las Instituciones establecidas por nuestra Constitución o defendiendo la dignidad, soberanía e integridad territorial del Estado.
n n
Art. 2.- Del trámite: La calidad de héroe o heroína nacional, se obtendrá mediante trámite sumario sustanciado ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cual conformará una comisión que verifique y califique el acto heroico y estará integrada por:
n n 1) El Presidente de la República o su delegado; n n
2) El Presidente de la Asamblea Nacional o su delegado, y;
n n 3) El Defensor del Pueblo o su delegado. n n
En caso de que el o la postulante a héroe o heroína sea servidor público, además de los integrantes de la comisión antes señalada, se sumarán a la misma:
n n
La máxima autoridad de la institución a la que pertenezca el servidor; y,
n n
El ministro del ramo, cuando el servidor pertenezca a la Función Ejecutiva. Este procedimiento de verificación y calificación podrá iniciarse de oficio, a petición de parte o por solicitud de terceros, y será sometido a veeduría e impugnación ciudadana, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento.
n n
Art. 3.- Declaratoria y beneficios: Se declara de interés social y público la protección de los héroes y heroínas nacionales.
n n
Los beneficios por la presente Ley se consideran como derechos adquiridos del héroe o heroína nacional. En caso de muerte del titular, recibirán los beneficios en el siguiente orden de prelación: sus cónyuges y convivientes en unión libre legalmente reconocida, sobreviviente; los hijos e hijas menores de edad; mayores de edad con discapacidad total o parcial permanente, en forma proporcional; y los padres.
n n Los beneficios son los siguientes: n n
Una pensión mensual equivalente a dos remuneraciones básicas unificadas. Si el o la beneficiaria recibe otra pensión por parte de los Institutos de Seguridad Social, originada en los mismos actos que motivaron la condición de héroe o heroína recibirá la de mayor valor.
n n
En caso de que el héroe o heroína se presente a un concurso público de méritos y oposición se le otorgará un puntaje inicial equivalente al diez por ciento del total del puntaje considerado.
n n
El Estado otorgará becas completas para que puedan cursar sus estudios hasta el tercer nivel; inclusive para la admisión en planteles de educación privada, previa evaluación satisfactoria.
n n
El Estado, a través del Ministerio de la Vivienda, entregará en propiedad a título gratuito, una vivienda en condiciones de habitabilidad acorde con las necesidades del titular y su núcleo familiar directo, la cual deberá estar ubicada en el lugar de residencia habitual de la beneficiaria o beneficiario.
n n
Acceso preferencial a los beneficios de los proyectos y programas sociales impulsados por el Estado.
n n
Los miembros del personal militar o policial, que hayan sido declarados héroes o heroínas y que tengan discapacidad total o parcial permanente, que expresen su voluntad de continuar en el servicio activo, previa calificación del organismo competente para regular la carrera profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, podrán continuar en el servicio activo, reclasificarse de ser necesario, y ascender en igualdad de condiciones que el resto de su promoción, de acuerdo con las normas especiales del Ministerio respectivo.
n n
Al separarse del servicio activo cumpliendo los requisitos contemplados en la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas o la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, adicionalmente tendrán derecho a una indemnización única equivalente a una Remuneración Básica Unificada por cada año de servicio, sin perjuicio de otras prestaciones que les correspondan de conformidad con lo establecido en las leyes citadas y la presente Ley. Aquellos servidores y servidoras públicas civiles declarados héroes y heroínas nacionales, que no sean miembros del personal militar o policial y que tengan discapacidad total o parcial permanente, al jubilarse recibirán una indemnización adicional de una remuneración básica unificada por cada año de servicio. Para estos efectos, los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos contemplados en la Ley Orgánica de Servicio Público y en la Ley de Seguridad Social.
n n
Tendrán acceso y atención gratuita y preferente en los hospitales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o del Sistema de Salud Pública, incluyendo la provisión sin costo de prótesis, aparatos ortopédicos y/o medicamentos que el titular requiera para atender enfermedades, lesiones o discapacidades temporales o permanentes causados con ocasión de los actos heroicos que se reconocen.
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Art. 4.- El servicio de pago de las pensiones establecidas en la presente Ley corresponde al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA, para los militares; al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISSPOL, para el personal policial; y, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, para los ciudadanos civiles.
n n
Art. 5.- Los recursos necesarios para el cumplimiento de esta Ley serán asignados con cargo al Presupuesto General del Estado.
n n
Las autoridades civiles y militares serán sancionadas con la destitución del cargo por el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley.
n n DISPOSICIONES GENERALES n n
PRIMERA.- Los beneficiarios de la presente Ley que pasaren a prestar servicios bajo relación de dependencia, no perderán los beneficios que les confiere este cuerpo normativo.
n n
SEGUNDA.- En caso de duda de la presente Ley para regular el pago de las indemnizaciones y pensiones establecidas, los Consejos Directivos del Instituto de Seguridad Social IESS; de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA; y, de la Policía Nacional, ISSPOL, aplicarán las disposiciones en el sentido que más favorezca a sus beneficiarios.
n n
TERCERA.- El Reglamento a la presente ley, será elaborado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dentro del plazo de noventa días contados a partir de la promulgación de la presente ley.
n n DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA n n
No serán afectados por la presente Ley los derechos de los beneficiarios de las pensiones como ex combatientes del conflicto Internacional de 1941 y tampoco los de las viudas que hayan sido legalmente calificadas por el Ministerio de Defensa Nacional hasta 1993, ni los de los ex combatientes del conflicto bélico del año 1995.
n n DISPOSICIONES FINALES n n
PRIMERA.- De los ex combatientes: Todos los ex combatientes efectivos que hayan enfrentado un conflicto armado, previa la certificación del Ministerio de Defensa Nacional, recibirán:
n n
1.- El Estado asignará cupos anuales para becas de estudio completas a los ex combatientes y a sus hijas e hijos menores de edad y mayores de edad con discapacidad total o parcial permanente que en su calidad de estudiantes, y por su origen socioeconómico, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, encuentren dificultades para ingresar, mantener y finalizar su formación educativa integral, hasta el tercer nivel; y,
n n
2.- En caso de que el ex combatiente se presente a un concurso público de méritos y oposición se le otorgará un puntaje inicial equivalente al cinco por ciento del total del puntaje considerado.
n n
Adicionalmente, se otorga estos derechos a aquellas personas que resultaren con lesiones físicas o sicológicas de carácter total o parcial permanente, como consecuencia del levantamiento de campos minados o por manipulación de artefactos explosivos en cumplimiento de misiones de seguridad ciudadana; así como a las hijas y los hijos menores de edad y mayores de edad con discapacidad total o parcial permanente, de quienes perdieron la vida en esta labor.
n n
SEGUNDA.- Todas aquellas personas beneficiadas por la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995, publicado en el Registro Oficial No. 666 de marzo 31 de 1995 y sus reformas; así como quienes recibieron Encomio Solemne por su conducta en dicho Conflicto; y las condecoradas con la Cruz de Guerra o su equivalente del conflicto de 1981; serán acreedoras a todos los beneficios que la presente Ley contempla para los héroes y heroínas nacionales, si previamente recibieron prestaciones de igual o similar naturaleza, estas se entenderán imputadas a los beneficios de la presente ley.
n n DISPOSICIONES DEROGATORIAS n n
PRIMERA.- En la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, realícese las siguientes reformas:
n n
Sustitúyase el artículo 70, por el siguiente: “Art. 70.- Son Pensiones del Estado, calificadas en virtud de leyes especiales a favor de los pensionistas de Retiro, Invalidez y Montepío obtenidas antes del 9 de marzo de 1959; y, Ex combatientes de la Campaña Internacional de 1941.”.
n n n
Sustitúyase el artículo 108, por el siguiente: “Art. 108.- Los pensionistas de la Ex – Caja Militar, pensionistas del Estado y ex – combatientes de la Campaña de 1941, mantendrán sus derechos adquiridos y accederán a las prestaciones y servicios, en base a las cotizaciones acreditadas a los correspondientes seguros, de conformidad con esta ley y sus reglamentos.”.
n n
SEGUNDA De la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en el Título Sexto denominado: “LAS PENSIONES DEL ESTADO», deróguese lo siguiente:
n n
El Capítulo IV denominado LOS DERECHOHABIENTES DE COMBATIENTES DE CAMPAÑAS MILITARES»; y,
n n
El Capítulo V denominado “DE LOS DESCENDIENTES DE PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA».
n n
En el artículo 74, suprímase la siguiente frase: «, y sus viudas, cuyas, pensiones de carácter no contributivo fueron creadas por Ley.»; y,
n n
En el artículo 98, suprímase la siguiente frase: “ex combatientes de campañas militares y descendientes de Próceres de la Independencia».
n n
TERCERA.- Derógase en la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, lo siguiente: El segundo inciso del artículo 67; y, el artículo 131.
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil once. f) FERNANDO CORDERO CUEVA Presidente DR. ANDRÉS SEGOVIA S. Secretario General.
n n n
CERTIFICO que la Asamblea Nacional discutió y aprobó la LEY DE RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES, en primer debate el 5 de noviembre de 2010, en segundo debate el 13 de enero de 2011 y se pronunció sobre la objeción parcial del Presidente de la República el 18 de febrero de 2011.
n n n Quito, 21 de febrero del 2011. n n n f.) DR. ANDRÉS SEGOVIA S., Secretario General. n n No. 669 n n Rafael Correa Delgado n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL n DE LA REPÚBLICA n n CONSIDERANDO: n n
Que, en este momento histórico de la República es necesario acudir al pueblo ecuatoriano para consultarle respecto de enmiendas constitucionales y temas de interés general, que se detallan y fundamentan a continuación:
n n I n n Enmiendas constitucionales n n
1. Sobre la caducidad de la prisión preventiva:
n n
El Estado mantiene dentro de sus responsabilidades la promoción y garantía de la seguridad pública, y la prevención y reducción de la criminalidad en la sociedad, así como el aseguramiento del acceso a la justicia y crear y ejecutar los mecanismos necesarios para la sanción del delito.
n n
Sin embargo, este deber del Estado ha tenido obstáculos para su cumplimiento, puesto que en un gran número de ocasiones los procesos investigativos penales no alcanzan el objetivo de determinar la existencia del delito, la responsabilidad de quien lo comete, así como la aplicación y ejecución de la correspondiente sanción, debido a que la caducidad de las medidas cautelares privativas de libertad establecidas en la Constitución, no concuerdan con la realidad procesal. Esta situación ha causado que, desde enero del 2007 a octubre del 2010, miles de personas privadas de libertad por orden judicial de medida cautelar hayan obtenido su libertad, sin que hayan sido juzgadas, dificultando la efectiva administración de la justicia, la sanción del delito y sus responsables y promoviendo el aumento de la inseguridad e impunidad.
n n
Se ha determinado que las personas procesadas utilizando cualquier artilugio provocan la caducidad de la prisión preventiva, lo cual debe ser impedido, a través de la correspondiente reforma constitucional, agravando la sanción de la que deben ser objeto lo operadores de justicia, por el incumplimiento de sus funciones, por acción u omisión.
n n
Que el dictamen emitido por la Corte Constitucional, ha reconocido que los fundamentos presentados para tratar el tema de la caducidad de la prisión preventiva son argumentos válidos dentro de la discusión jurídica y ha realizado una interpretación evolutiva de la Constitución y atendiendo a la enorme preocupación social producto del fenómeno delictivo de la seguridad ciudadana y ante la falta de celeridad por parte de los operadores judiciales, la Corte sugiere agregar algunos elementos que permitan aplicar de manera efectiva y con mayor certidumbre el artículo 77 numeral 9 de la Constitución de la República, por lo cual, haciendo uso de su facultad interpretativa y de ejercicio del control constitucional realizó una sugerencia modificando la pregunta inicialmente presentada, la cual es acogida en su totalidad.
n n
2. Sobre la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva.
n n
La norma constitucional establece la posibilidad de que las juezas y jueces dicten siempre medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva; de ahí que se ha generado un amplio debate con respecto a esta norma constitucional que permite que las personas privadas de libertad por medida cautelar que estén siendo procesadas por delitos sancionados incluso con pena de reclusión, puedan obtener su libertad por sustitución de la medida cautelar.
n n
En la práctica el artículo 77 numeral 1 de la Constitución, tiene una errada aplicación por parte de algunos jueces, lo que ha generado, en ciertas ocasiones, una discrecionalidad injustificada al momento de sustituir una medida por otra. Dicha lectura se manifiesta cuando los jueces aplican el artículo 77 numeral 1, sin observar los requisitos y condiciones establecidas en la ley; cuando en realidad dicho artículo manifiesta claramente la obligación de los jueces de revisar, en toda ocasión, los motivos que permitan la sustitución de la prisión preventiva por las medidas cautelares correspondientes. Corresponde al legislador regular la prisión preventiva, adecuándola al marco establecido en la Constitución, lo que implica su verificación periódica en consonancia con la realidad social donde pretende su aplicación, correspondiendo al juzgador también examinar la efectiva concurrencia de los elementos normativos en el caso sometido a su competencia.
n n
En este contexto considero que se debe enmendar la Constitución, garantizando que la privación de la libertad no será la regla general y que los casos, plazos, condiciones y requisitos en la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, estén considerados en la ley.
n n
3. Propiedad de Instituciones Financieras y Medios de Comunicación:
n n
El espíritu de la Constitución es que los grupos financieros y de comunicación privados se dediquen exclusivamente a las funciones que como tales les corresponde, y no tomen parte en otro tipo de actividades ajenas a su objeto, sin embargo, la norma actualmente vigente del artículo 312 de la Constitución ha permitido que surjan algunas interpretaciones equívocas que en ciertos casos pueden contradecir el espíritu y finalidades que, en este sentido, tiene la Constitución. Por lo tanto, se hace necesario enmendar el indicado artículo 312, para que el mismo tenga una mayor precisión y, de igual manera, establezca una prohibición mucho más clara y ajustada a los parámetros constitucionales, con el objeto de garantizar la independencia, tanto del sistema financiero, como de los medios de comunicación masiva privados de carácter nacional, a efectos de evitar conflictos de intereses.
n n
4. Administración de Justicia y Consejo de la Judicatura de Transición:
n n
Es importante señalar que desde la promulgación de la Constitución de la República han transcurrido más de 2 años sin que se haya nombrado el nuevo Consejo de la Judicatura y por tanto, no se ha iniciado el proceso de reestructuración y renovación de la administración de justicia. Es urgente y necesario que se efectúe una depuración de los servidores judiciales a fin de que el Estado pueda cumplir con sus propósitos y fines que incluye una correcta y eficaz administración de justicia.
n n
El proceso de designación podría demorar un tiempo considerable, el cual afectaría directamente a la ciudadanía que está necesitada de una reforma integral en el sector justicia, que sea capaz de solucionar la profunda crisis en la que se encuentra.
n n
También es importante fortalecer todas las instituciones que conforman esta Función del Estado, a efectos de que exista un crecimiento armónico y coherente, puesto que los problemas no son particulares de las judicaturas sino de todo el sector en su conjunto.
n n
Para agilitar los cambios necesarios y poner en marcha la reestructuración de la Función Judicial, es indispensable sustituir el actual Consejo de la Judicatura, y en su reemplazo, se debe crear un Consejo de Transición conformado por tres delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la función de Transparencia y Control Social, a la cual debe dotársele de todas las facultades que las Disposiciones Transitorias del Código Orgánico de la Función Judicial le otorgan al nuevo Consejo de la Judicatura.
n n
5. Nueva integración del Consejo de la Judicatura.
n n
Concomitante con lo explicado en el numeral anterior, se debe modificar la integración del nuevo Consejo de la Judicatura, el cual se debe integrar por Delegados del Presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien lo presidirá; del Fiscal General del Estado; del Defensor Público General; de la Función Ejecutiva; y de la Asamblea Nacional, quienes serán designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de ternas, dentro de un proceso público de escrutinio, con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana.
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Cabe mencionar que al momento se encuentra en proceso un concurso de merecimientos y oposición por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación de nueve Vocales del Consejo de la Judicatura, que se prevé, igualmente, demorará, razón por la cual dicho proceso, una vez que sea aprobada esta enmienda constitucional, no tiene sentido continúe.
n n
En relación con las funciones que el nuevo Consejo de la Judicatura debe cumplir, la Corte Constitucional acertadamente ha concluido que las reformas legales al Código Orgánico de la Función Judicial planteadas en el anexo 5, guardan relación directa con la enmienda constitucional propuesta, ya que es lógico que si la composición del Consejo de la Judicatura se está modificando, es natural que las atribuciones, funciones y órganos auxiliares, se modifiquen también. De es