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REGISTRO OFICIAL
n
Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado
n
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
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Miércoles, 09 de Marzo de 2011 – R. O. No. 399
n
SUPLEMENTO
n n n
FUNCIÓN EJECUTIVA:
n
nACUERDO:
n
nSECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS:
n
nSNGR-006-2011 Concédese el plazo de 15 días contados a partir de la firma del presente acuerdo, a las personas naturales o jurí-dicas que realizaban la actividad de explo-tación minera en las zonas de las quebradas Matalanga, Casa Negra y en la mina Curipamba, así como, todas aquellas actividades de extracción, procesamiento y beneficio de mineral en plantas, que se encuentren operando sin los permisos y autorizaciones legales correspondientes, que estén situadas en el distrito minero Zaruma-Portovelo de la provincia de El Oro.
n
nCONSEJO NACIONAL ELECTORAL:
n
nCONVOCATORIA:
n
nConvócase a las ciudadanas y ciudadanos aptos para sufragar, domiciliados en el país o en el exterior inscritos en el Registro Electoral, para que se pronuncien sobre varias preguntas del referéndum.
n
nRESOLUCIONES:
n
nPLE-CNE-1-1-3-2011 Recuérdase que está prohibida la contratación y difusión de publicidad en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias que se refiera directa o indirectamente al pro-ceso electoral o a los temas propuestos en la consulta popular y referéndum a realizarse el 7 de mayo de 2011.
n
nPLE-CNE-2-1-3-2011 Refórmase el Reglamento para el ejercicio de la democracia directa a través de la iniciativa popular normativa, consultas populares, referéndum y revocatoria del mandato, publicado en el Registro Oficial No. 371 de 26 de enero del 2011.
n
nPLE-CNE-2-4-3-2011 Convócase a las organizaciones sociales y políticas de carácter nacional, interesadas en participar en la campaña electoral de consulta popular y referéndum, a inscribirse, para lo cual deberán cumplir varios requisitos.
n
nCORTE CONSTITUCIONAL
nPARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN
n
nSENTENCIA:
n
n077-10-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por la señora Cecilia María Zurita Toledo, en su calidad de Liquidadora de Filanbanco S. A., en contra de la sentencia emitida por la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia el 12 de noviembre del 2009, y la aclaración del 22 de diciembre del 2009, dictada por la misma Sala, dentro del juicio especial por excepciones signado con el Nº 141-2009-KR, por no existir vulneración del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 76, numeral 7, literal l) de la Constitución de la Republica.
n n
n
n n No. SNGR-006-2011 n n Dra. M. Pilar Cornejo R. de Grunauer n SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS n n Considerando: n n
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1046-A, de fecha 26 de abril del 2008, publicado en Registro Oficial No. 345 de 26 de mayo del 2008, se reorganiza la Dirección Nacional de Defensa Civil, mediante la figura de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, adquiriendo por este mandato, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos que hasta ese momento le correspondían a la Dirección Nacional de Defensa Civil y a la Secretaría General del COSENA, en materia de Defensa Civil;
n n
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 42 de 10 de septiembre del 2009, la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, pasa a denominarse Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que ejercerá sus competencias y funciones de manera independiente, descentralizada y desconcentrada;
n n
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 52 de 18 de septiembre del 2009, se nombra como Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, a la doctora María del Pilar Cornejo Rodríguez de Grunauer;
n n
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 103 de 20 de octubre del 2009, publicado en el Registro Oficial No. 58 de 30 de octubre del 2009, se reforma el Decreto Ejecutivo No. 42 y se le da el rango de Ministro de Estado a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos;
n n
Que, mediante Resolución de Regulación por Prohibición No. SNGR-002-2011, de fecha 20 de enero del 2011, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en atención del riesgo inminente que se vive en los cantones Portovelo y Zaruma, ambos de la provincia de El Oro, resolvió suspender las actividades mineras que se vienen realizando sin permisos ni licencias, en los sectores de la quebrada Matalanga, Casa Negra y en la mina Curipamba, así como, suspender las actividades de procesamiento de materiales que operen sin los permisos y licencias correspondientes;
n n
Que, el espíritu de la Resolución de Prohibición por Regulación No. SNGR-002-2011 no es la suspensión definitiva de las actividades mineras en los cantones Zaruma y Portovelo, sino que en aras de lograr un control preventivo, estas estén suspendidas temporalmente hasta que se efectúen las regularizaciones del caso;
n n
Que, es imprescindible determinar plazos de ejecución para que los explotadores, extractores y procesadores mineros inicien sus procesos de regularización, así como, se cuente con un plazo determinado para el cumplimiento de la regularización técnica y legal en referencia; y,
n n
Por las consideraciones expuestas en uso de las facultades legales que le confieren los artículos 154 numeral 1; 389 y 390; de la Constitución de la República; 11 y 34 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado,
n n Acuerda: n n
Artículo 1.- Conceder a las personas naturales o jurídicas que realizaban la actividad de explotación minera en las zonas de las quebradas Matalanga, Casa Negra y en la mina Curipamba, así como, todas aquellas actividades de extracción, procesamiento y beneficio de mineral en plantas, que se encuentren operando sin los permisos y autorizaciones legales correspondientes, que estén situadas en el distrito minero Zaruma-Portovelo de la provincia de El Oro, el plazo de 15 días contados a partir de la firma del presente acuerdo para que se inicien las acciones de regulación de las actividades que venían desempañando, todas aquellas personas, ya sean naturales o jurídicas que no hayan iniciado sus procesos de regularización en el plazo indicado, quedarán suspendidas de sus actividades de explotación, extracción, procesamiento o beneficio de materiales mineros de manera indefinida.
n n
Artículo 2.- Reanudar las actividades de extracción de materiales y procesamiento y beneficio de los mismos, únicamente para aquellas personas naturales y/o jurídicas que hayan dado inicio al proceso de regularización conforme lo señala el artículo inmediato anterior. Todas aquellas personas naturales o jurídicas que no hayan iniciado su proceso de regularización dentro del plazo señalado, quedarán suspendidas de forma permanente por la carencia de permisos y licencias que prevé la ley, para efectuar la actividad de explotación, extracción y procesamiento de materiales mineros según sea el caso.
n n
Artículo 3.- Conceder un plazo no superior de 150 días calendario para que aquellos procesos de regularización que se hayan iniciado dentro del plazo estipulado en el artículo 2 del presente acuerdo cuenten con todos los permisos y licencias de explotación minera conforme lo manda la normativa legal vigente, así como con un plan coordinado y responsable de explotación técnica minera.
n n
Artículo 4.- Suspender de forma definitiva todas las actividades de explotación, extracción, procesamiento y beneficio de actividades mineras que cumplido el plazo de 150 días calendario que señala el artículo 4 del presente acuerdo no cuenten con los respectivos permisos y licencias de funcionamiento, así como, con un plan responsable y técnico de explotación minera.
n n
Artículo 5.- Poner el presente acuerdo en conocimiento del Ministerio de Ambiente del Ecuador y Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, para su coordinación y atención.
n n
Artículo 6.- Solicitar al señor Gobernador de la provincia de El Oro, presente informes de avance de cumplimiento periódicos conforme al cumplimiento del presente acuerdo y de la Resolución de Prohibición por Regulación No. SNGR-002-2011; cuente con la colaboración de los representantes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en la provincia de El Oro, para su cumplimiento. Dado y firmado en el despacho de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en Quito, D. M., a los dieciséis días del mes de febrero del dos mil once.
n n SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE n RIESGOS SECRETARIA NACIONAL n n
f.) Dra. María del Pilar Cornejo de Grunauer, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos.
n n
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.- 17 de febrero del 2011.- f.) Ilegible, Asesoría Jurídica.- Fiel copia del original.
n n n Oficio No. 00001080 n n Quito, 4 de marzo del 2011. n n Señor ingeniero n Hugo Del Pozo Barrezueta n DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL n En su Despacho. n n De mi consideración: n n
Agradeceré disponer la publicación en el Registro Oficial, la CONVOCATORIA A CONSULTA POPULAR 2011, aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en sesión ordinaria de viernes 4 de marzo del 2011, con Resolución PLE-CNE-1-4-3-2011.
n n
Solicito se publique la resolución sin las firmas de los señores y señoritas consejeros y consejeras, ya que la publicación en los periódicos se realizó de la misma forma.
n n
Sin otro particular, reitero mis sentimientos de alta consideración y estima.
n n Atentamente, n n
f.) Dr. Eduardo Armendáriz Villalva, Secretario General del Consejo Nacional Electoral.
n n PLE-CNE-1-4-3-2011 n n “CONVOCATORIA n n EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL n n Considerando: n n
Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 219, de la Constitución de la República del Ecuador, el Consejo Nacional Electoral, tiene la facultad para organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos electorales;
n n
Que, el artículo 104 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el Presidente de la República, puede disponer al Consejo Nacional Electoral convoque a consulta popular respecto de los asuntos que estime conveniente, previo el dictamen de la Corte Constitucional;
n n
Que, el artículo 441 de la misma Carta Magna, señala que la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezcan restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma a la Constitución, se realizará mediante referéndum solicitado por el Presidente de la República;
n n
Que, el artículo 100 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que todo proyecto de enmienda o reforma constitucional debe ser enviada a la Corte Constitucional para que establezca cuál de los procedimientos previstos en la Ley Suprema corresponde, cuando la iniciativa provenga del Presidente de la República;
n n
Que, el Presidente de la República mediante oficio Nº 5715-SNJ-11-55 de 17 de enero de 2011 presentó ante la Corte Constitucional, el pedido de dictamen para proceder con la Convocatoria a Consulta Popular a fin de enmendar la Constitución de la República y consultar a los ecuatorianos temas de interés común;
n n
Que, la Corte Constitucional emitió los dictámenes Nos. 001-11-DRC-CC y 001-DCP-CC-2011 de 15 de febrero de 2011, declarando la constitucionalidad formal condicionada de la Consulta Popular;
n n
Que, mediante Decreto Ejecutivo 669 con fecha 21 de febrero de 2011, el Presidente de la República dispuso al Consejo Nacional Electoral convoque a consulta popular;
n n
Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina entre las funciones del Consejo Nacional Electoral, organizar los procesos de referéndum, consulta popular o revocatoria de mandato;
n n
Que, el artículo 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina los requisitos y procedimientos que se debe cumplir para convocar a una Consulta Popular por disposición del Presidente de la República;
n n
Que, el artículo 202 del Código de la Democracia dispone que el Consejo Nacional Electoral determinará la fecha de inicio y culminación de la campaña electoral, en concordancia con lo que establece el artículo 28 del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa;
n n
Que, mediante resolución PLE-CNE-2-6-1-2011 de 6 de enero de 2011, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resuelve aprobar el Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular, Normativa, Consultas Populares, Referéndums y Revocatoria de Mandato;
n n
Que, el Pleno del Consejo Nacional Electoral mediante resolución PLE-CNE-5-24-2-2011 de 24 de febrero de 2011, en aplicación del artículo 80 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, dispuso cerrar el registro electoral con fecha 25 de febrero del 2011 para la Consulta Popular 2011; y,
n n
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
n n CONVOCA: n n
1. A las ciudadanas y ciudadanos aptos para sufragar, domiciliados en el país o en el exterior inscritos en el Registro Electoral, para que se pronuncien sobre las siguientes preguntas:
n n PREGUNTAS DEL REFERÉNDUM: n n
1 ¿Está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República, incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando esta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en Ia administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la función judicial, como se establece en el anexo 1?
n n
SI ( ) NO ( )
n n Anexo 1.- n n
Incorpórese a continuación del primer inciso al numeral 9 del artículo 77, uno que dirá:
n n
«La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han ocurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad con la ley.».
n n
2. ¿Está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la privación de la libertad se apliquen bajo las condiciones y requisitos establecidos en la ley, ENMENDANDO LA CONSTITUCIÓN DE ACUERDO AL ANEXO 2?.
n n
SI ( ) NO ( )
n n Anexo 2.- n n El artículo 77 numeral 1 dirá: n n
«La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley.»
n n El artículo 77 numeral 11 dirá: n n
«La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley.»
n n
3. ¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, ENMENDANDO LA CONSTITUCIÓN COMO LO ESTABLECE EL ANEXO 3?
n n
SI ( ) NO ( )
n n Anexo 3.- n n
En el primer inciso del artículo 312 de la Constitución dirá:
n n
«Las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso. Los respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta disposición, de conformidad con el marco constitucional y normativo vigente.»
n n
En el primer inciso de la DISPOSICIÓN TRANSITORIA VIGÉSIMO NOVENA, dirá:
n n
«Las acciones y participaciones que posean las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, en empresas distintas al sector en que participan, se enajenarán en el plazo de un año contado a partir de la aprobación de esta reforma en referendo.»
n n
4. ¿Está usted de acuerdo en sustituir el actual Pleno del Consejo de la Judicatura por un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres miembros designados, uno por la Función Ejecutiva, uno por la Función Legislativa y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que en el plazo improrrogable de 18 meses, ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la Función Judicial, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 4?
n n
SI ( ) NO ( )
n n Anexo 4.- n n El artículo 20 del Régimen de Transición dirá: n n
«Art. 20.- Se disuelve el actual Pleno del Consejo de la Judicatura; en su reemplazo se crea un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres delegados designados y sus respectivos alternos: uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social; todos los delegados y sus alternos estarán sometidos a juicio político.
n n
Este Consejo de la Judicatura transitorio tendrá todas las facultades establecidas en la Constitución, así como las dispuestas en el Código Orgánico de Ia Función Judicial, y ejercerán sus funciones por un período improrrogable de 18 meses.
n n
El Consejo de la Judicatura definitivo se conformará mediante el procedimiento establecido en el artículo 179 de la Constitución enmendada. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social asegurará que los miembros del nuevo Consejo de la Judicatura estén designados antes de concluidos los 18 meses de funciones del Consejo de la Judicatura de transición.
n n
Queda sin efecto el concurso de méritos y oposición que Ileva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura.
n n n
Suprímase la Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico de la Función Judicial.»
n n
5. ¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, como lo establece el anexo 5?
n n
SI ( ) NO ( )
n n Anexo 5 n n
Enmiéndese la Constitución de la República del Ecuador de la siguiente manera:
n n
Los artículos 179 y 181 de la Constitución de la República dirán:
n n
«Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.
n n
Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana.
n n
El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
n n
Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años.
n n
El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros».
n n
«Art. 181.- Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley:
n n
1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial.
n n
2. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos.
n n
3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas.
n n
4. Administrar la carrera y la profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial.
n n 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. n n
Las decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría simple.»
n n Suprímase el último inciso del artículo 180 de la Constitución. n n
Refórmase los siguientes artículos del Código Orgánico de la Función Judicial:
n n
1.- En los artículos 60, 65, 66, 72, 89, 115, 157 y 298, en donde dice: «Comisión de Administración de Recursos Humanos», dirá: «Unidad de Recursos Humanos».
n n 2.- El primer inciso del artículo 99 dirá: n n
«Art. 99.- COMISIÓN DE SERVICIOS.- Cuando la servidora o el servidor de la Función Judicial tuviere que trasladarse fuera del lugar de su sede de trabajo para cumplir sus funciones, se le declarará en comisión de servicios con remuneración. La comisión que deba cumplirse en el país o en el exterior será otorgada por el Director General del Consejo de Ia Judicatura.»
n n 3.- El numeral 10 del artículo 100 dirá: n n
«… 10. Residir en el lugar en donde ejerce el cargo. Excepcionalmente podrá residir en otro lugar cercano, de fácil e inmediata comunicación, en virtud de autorización expresa de la Directora o Director de la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura; … »
n n 4.- El inciso cuarto del artículo 101 dirá: n n
«Igualmente la servidora o el servidor de la Función Judicial podrá solicitar el traslado a un puesto o cargo que a la fecha estuviere vacante. El Director General del Consejo de la Judicatura o la Directora o el Director Provincial, según el caso, podrá resolver favorablemente tal solicitud si la servidora o el servidor de la Función Judicial, de acuerdo a la evaluación respectiva, tiene la idoneidad y la preparación apropiadas para el nuevo puesto o cargo.»
n n 5.- El inciso tercero del artículo 183 dirá: n n
«Necesariamente cada jueza o juez integrará por lo menos dos salas, a excepción de la Presidenta o Presidente de la Corte, que deberá integrar solamente una. Sin embargo, de creerlo necesario, a pedido suyo, en su lugar podrá actuar una Conjueza o Conjuez. Al efecto, al posesionarse las juezas o los jueces acordarán las salas que integrarán. De no hacerlo, esta designación la hará el pleno de la Corte Nacional, el cual igualmente podrá modificar en cualquier tiempo y disponer la integración, tomando en cuenta la especialización y el perfil de la jueza o juez.
n n 6.- El numeral 7 del artículo 109 dirá: n n
«…7. Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable; …»
n n
7.- El numeral 7 del artículo 217 elimínese las palabras «comisiones especializadas».
n n
8.- En el artículo 255 agréguese como numeral 3, lo siguiente:
n n
«…3. Manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones; …»
n n
9.- Suprímanse los artículos 257, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 y 278.
n n
10.- Los artículos 258, 261, 262, 263, 264, 269, 279 y 280, dirán lo siguiente:
n n
«Art. 258.- INTEGRACIÓN.- El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.
n n
Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana.
n n
El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Con