n
n Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado
n
n Presidente Constitucional de la República del Ecuador
n
n Miércoles 05 de Diciembre de 2012 – R. O. No. 373
n
n EDICIÓN ESPECIAL
n
n SUMARIO
n
n Judicial y Justicia Indígena
n
n Corte Nacional de Justicia: Primera Sala de lo Penal:
n
n Recursos de casación en los juicios seguidos a las siguientes personas:
n
n 606-09 Luis Alberto Chávez Lara
n
n 624-09 Julio Patricio Noboa Navas
n
n 1003-09 Mario Efraín Chiliquinga Porras
n
n 1007-09 Luis Bonete Cajamarca y otra
n
n 1300-09 Carlos Oracio Padilla Delgado
n
n 1329-09 Eduardo Roberto Barragán Barragán y otros
n
n 1387-09 Abogado José Iván Jacho López
n
n 1398-09 María Edilia Guerrero Rogallego
n
n 1406-2009 Aleticia Campoverde Salazar
n
n 1410-09 Néstor Oswaldo Cueva Toapanta y otros
n
n 7-10 Jaime Eduardo Secaira Tamami
n
n 41-2010 Renán Vitelio Quiroz Vélez
n
n 57-2010 Juan Andrés Saa Morales
n
n 75-2010 Néstor Oswaldo Cueva Toapanta y otros
n
n 95-2010 Christian Flores Chicaiza y otros
n
n 100-2010 Luis Antonio Gutama Misacango y otros
n
n Judicial y Justicia Indígena
n
n 140-2010 Francisco Ernesto Cruz Velásquez
n
n 166-2010 Doctor Hernán Ulloa Parada
n
n 272-10 María Esterfilia González
n
n 290-2010 Lelia María Cevallos Mosquera
n
n 323-10 Ricardo Roberto Encalada Alvarado
n
n 330-2010 Juan Carlos Rodríguez Ordóñez y otra
n
n 447-2010 Abogado Guillermo Hermógenes Falconí Ramos
n
n CONTENIDO
n n
n
n
n
n PONENTE: DR. MILTON PEÑARRETA ÁLVAREZ
n
n (Art. 185 de la Constitución de la República delEcuador)
n
n
n
n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
n
n PRIMERA SALA DE LO PENAL
n
n
n
n Quito, 5 de julio del 2010, las 17h25.
n
n
n
n VISTOS: El Tribunal Tercero de lo Penal de Pichincha mediante sentencia dictada el 27 de junio del 2008, impone una pena de dieciseis años de reclusión mayor especial a Luis Alberto Chávez Lara, por considerarlo autor del delito tipificado y sancionado por los Art. 512 ordinal 1 y 513 del Código Penal, sentencia de la cual interpone recurso de casación el antes mencionado procesado. Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: En virtud de lo dispuesto en el Art. 184 numeral 1; Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República del Ecuador publicada en el R.O. No 449 de 20 de octubre del 2008; numeral séptimo de la sentencia interpretativa: 001-08-SI-CC de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional y publicada en el R.O. No. 479 de 2 de diciembre de 2008; la Resolución dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 22 de diciembre del 2008; y, el sorteo de ley respectivo, en nuestras calidades de jueces nacionales de esta Primera Sala de lo Penal, avocamos conocimiento de la presente causa.- SEGUNDO: Examinado el procedimiento de la presente acción, no se advierte vicio u omisión de solemnidad sustancial que pudiera acarrear su nulidad; por lo que este Tribunal de Casación declara la validez de esta causa penal.- TERCERO: A fojas 1 de los autos comparece la señora Sandra Monserrate Vélez Macías, con denuncia, manifestando que Luis Alfredo Chávez Lara ha violado a su hija de doce años de edad, y que la última vez lo ha hecho en la Clínica Jerusalem, donde se encontraba internada por haber intentado suicidarse, que le ha quitado el suero que tenía puesta en el brazo, la ha llevado al baño y luego de cometer el delito le ha amenazado para que no avise a sus padres, que cuando ella se ha enterado, él le ha ofrecido pagarle los estudios y una pensión a la niña para que no lo denuncie.- CUARTO: El recurrente ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los Art. 352 y 353 del Código de Procedimiento Penal al fundamentar su recurso de casación mediante escrito presentado el 31 de marzo del 2009, que se encuentra agregado al expediente de la Sala, no concreta ni invoca disposición legal alguna en particular que hubiere sido infringida. Manifiesta que el tribunal juzgador ha violado la ley al emitir su pronunciamiento de condena, cuando ha existido voluntad y conciencia de parte de la niña; por lo que pide que se case la sentencia en su favor.- QUINTO: El señor Director Nacional de Asesoría Jurídica, Subrogante del Fiscal General del Estado al contestar el traslado dispuesto por esta Sala con el escrito de fundamentación y al tenor de lo dispuesto por el Art. 355 del Código de Procedimiento Penal manifiesta: El impugnante en su fundamentación trata de desvirtuar su responsabilidad, alegando que ignoraba la edad de la ofendida, que por consiguiente no actuó con conciencia y voluntad, alegación que no tiene sustento jurídico en razón del análisis crítico de los medios probatorios de cargo y de descargo realizados por el Tribunal Penal, juzgador que realizó su análisis crítico, conforme a las reglas de la sana crítica y en base a los principios dispositivo, de inmediación y contradicción, llegando a la certeza de la existencia de la infracción y de la responsabilidad de acusado, fallo que se encuentra suficientemente motivado y en el que se concluye que Lady Diana Vélez Macías fue víctima de agresión sexual por parte de Luis Chávez Lara. ?El recurso de casación por su carácter extraordinario tiene como finalidad corregir errores de derecho, generados en la sentencia por violación de la Ley, ya por contravenir expresamente a su texto, ya por haber hecho una falsa aplicación de ella o por haberla interpretado erróneamente, conforme lo determina el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, demanda un análisis o examen de la sentencia, más no del proceso, ya que este medio de impugnación no faculta realizar un nuevo examen de los medios probatorios que sirvieron de base de la sentencia, como pretende el impugnante.?. Por las consideraciones expuestas estima que el recurrente no ha demostrado que hubiere violación de la ley, ya que la sentencia se encuentra apegada a derecho, por lo que debe rechazarse el recurso.- SEXTO: 1) El recurso de casación según la doctrina tiene como objeto principal el control de la legalidad de las sentencias dictadas por los jueces de Instancia, y en este contexto, corregir los posibles errores in iudicando que la afecten; el tribunal de Casación, no puede reexaminar las constancias procesales que ya fueron valoradas, mucho más si el recurso no se refiere de manera concreta a violación de la ley respecto de la valoración de la prueba; 2) Para que prospere la casación, es indispensable que la fundamentación sea clara, precisa y lógica; para ello, el recurrente debe especificar la violación de la norma en cualquiera de las hipótesis fijadas en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal; esto es, evidenciar la contravención a las normas legales en cuanto a su texto, o establecer claramente en qué consiste la errónea interpretación de la ley o la falsa aplicación de la misma, lo que en ningún momento hace el recurrente, únicamente hace un alegato, con lo que el recurrente busca demostrar al tribunal de Casación que el juez inferior, se equivocó al dictar la sentencia recurrida; 3) La finalidad de la prueba es establecer ?tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del imputado? debiendo apreciarse esos elementos probatorios conforme a las reglas de la sana crítica. Es incontrovertible que las presunciones que el Juez o el Tribunal obtengan en el proceso deben estar ?basadas en indicios probados, graves, precisos y concordantes; mas, para que esos indicios se pueda presumir el nexo causal entre delito y responsabilidad, deben encontrarse plena y absolutamente cumplidos los requisitos que de manera taxativa establece el Art. 88 del Código de Procedimiento Penal, como ha sucedido en el presente caso, donde en la fundamentación el recurrente está reconociendo que tuvo relaciones sexuales con la menor, solo que según él lo hizo con su consentimiento, sin tener en cuenta que para que exista violación no es necesaria la fuerza o la intimidación, basta el acceso carnal con una menor de 14 años de edad y que no se pueden considerar atenuantes porque a esa edad le falta consentimiento, en virtud de que su facultad intelectiva está recién en desarrollo; 4) En este tipo de infracciones es difícil que exista prueba directa de la responsabilidad, tanto la jurisprudencia, como la doctrina admiten que es muy raro la existencia de testigos presenciales.- Para establecer la responsabilidad el juzgador debe hacer uso de las reglas de la sana crítica como lo señala el Art. 86 del Código de Procedimiento Penal, lo que ha sucedido valorando la prueba en conjunto. 5) La prueba presentada por las partes es la siguiente: a) Las declaraciones de Ximena Vélez Cevallos, prima de la víctima, quien fue testigo de que en algunas ocasiones Luis Chávez Lara, a la fuerza le encerró a Lady Vélez Macías para violarla; sin embargo, aunque ella hubiera aceptado, el delito estaba cometido, porque la menor no tenía capacidad emocional, ni legal para consentir un acto sexual.- b) Declaración de los sicólogos que hicieron la valoración sicológica de la víctima, indicando el Dr. Ítalo Rojas Cueva, que la menor le refirió que Luis Chávez Lara le obligó a tener relaciones sexuales por la fuerza, pero luego le pidió disculpas, que la niña tiene una dependencia emocional con el procesado y el Dr. Estuardo Paredes Morales, dijo que mostraba pocos deseos de hablar y solo contestaba sí o no; c) Testimonios de las Policías Lcda. Verónica Reinoso Villamarín, Trabajadora Social de la DINAPEN y Lcda. María del Rocío Muñoz Guamba,
n
n
n
n
n enfermera de la Clínica Jerusalem, quien explica que lo único que oyó en la habitación eran murmullos y que el joven había acompañado toda la noche a la niña; d) Declaración del Dr. Daniel Patricio Jarrín Molina quien ha encontrado que la menor tiene desgarros antiguos, pero también acción sexual reciente, lo que coincide con el tiempo que la niña se encontraba en la clínica; e) testimonio de la Cabo Primero de Policía Ana Lucía Cruz Navarro, quien ha realizado el reconocimiento del lugar de los hechos; Testimonio de Luis Chávez Lara, f) Testimonios de Diego Escobar López, entre otros. g) Prueba documental como unas cartas escritas por la menor, y el desistimiento de la acción presentada por la madre de la menor y a la que se opuso la fiscal, por tratarse de un delito de acción pública, entre otras pruebas que una vez valoradas y analizadas de manera crítica, llevaron al Tribunal juzgador a la convicción de que el acusado es autor del delito que tipifica el Art. 512 ordinal 1 del Código Penal, es decir que el Tribunal Penal ha aplicado correctamente la sana crítica y demás principios de valoración de la prueba, tanto para comprobar la existencia del delito así como para determinar la responsabilidad del acusado. Por lo tanto, el fallo condenatorio se encuentra debidamente motivado en pruebas practicadas constitucionalmente y que han sido valoradas de igual modo, en la forma que determina la Ley, por lo que al no existir en la sentencia ninguna causal de las establecidas en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, esta Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, declara improcedente el recurso de casación interpuesto por el recurrente Luis Alberto Chávez Lara y dispone devolver el proceso al Tribunal Penal de origen para los fines de Ley. NOTIFIQUESE.-
n
n
n
n f.) Dr. Hernán Ulloa Parada, Juez Nacional.
n
n
n
n f.) Dr. Luis Moyano Alarcón, Juez Nacional.
n
n
n
n f.) Dr. Milton Peñarreta Álvarez, Juez Nacional.
n
n CERTIFICO:
n
n
n
n f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.
n
n
n
n Juicio No. 606-09, que por violación sigue el Estado en contra de Luis Chávez Lara.
n
n
n
n Certifico que las tres fotocopias que anteceden son iguales a sus originales.- Quito, 4 de octubre del 2010.
n
n
n
n f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.
n
n
n
n
n
n
n JUEZ PONENTE: DR. LUIS MOYANO ALARCON
n
n (Art. 185 de la Constitución de la República del Ecuador)
n
n
n
n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
n
n PRIMERA SALA DE LO PENAL
n
n
n
n Quito, 30 de agosto de 2010.- Las 17h00.
n
n
n
n VISTOS: Julio Noboa Navas, interpone recurso de revisión de la sentencia pronunciada por el Primer Tribunal Penal de Pichincha el 14 de noviembre del 2003, que le impuso la pena de veinte años de reclusión mayor especial por considerarle autor responsable del delito tipificado y sancionado en el artículo 512 numeral 1 514 del Código Penal, en concordancia con el artículo 515 del mismo Código. Tramitado el recurso y encontrándose la causa en estado de resolver, para hacerlo, se considera. PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Esta Sala es competente para conocer el recurso de revisión en virtud de lo dispuesto en el artículo 184 numeral 1; Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República del Ecuador publicada en el R. O. No 449 de 20 de diciembre del 2008; y, la Resolución dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 22 de diciembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No 511 de 21 de enero del 2009; así como los artículos 359 y 360 del Código de Procedimiento Penal, y el sorteo de ley respectivo.- SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL: El recurso de revisión se ha sustanciado conforme al rito procesal pertinente, y las garantías del debido proceso, por lo tanto se declara su validez. TERCERO.- FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO: El recurrente en su escrito de interposición y fundamentación del recurso de fs. 372 a 375 y vta., alega: Que según el informe del Condado de Suffolk se concluye que el caso fue cerrado, sin fundamento, al no haber evidencia que algún niño nombrado en el informe fue abusado, y que el sujeto de la investigación fue una persona que vivía con ellos, más nunca Julio Noboa Navas. Que desde el 22 de abril del 2002 no tuvo contacto físico con sus hijos, y que cuando comprobó que habían salido de Estados Unidos de Norteamérica con destino a Ecuador, hizo todo lo posible para localizarlos y cuando pudo hablar con su hijo Alejandro le prometió que les iría a ver para que regresen a Estados Unidos, y al enterarse de esto la madre de sus hijos, lo llamó a su teléfono para amenazarlo que si pretendía quitarle a los niños lo denunciaría y haría que lo metan preso, pero como no ha agredido a su hijos en ningún sentido regresó al Ecuador, pues su propósito era luchar por la tenencia de sus hijos, quienes corrían peligro en manos de una persona que muestra una conducta irritable e inestable. Que Mónica Leonor Beltrán Castro en su denuncia presentada y versión rendida ante la Agente Fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, así como su testimonio rendido ante el Tribunal Penal Primero de lo Penal de Pichincha, no mantiene una sola versión de los hechos. Que la menor Mónica Estefanía Noboa Beltrán en su versión rendida ante la Fiscal dirige sus sospechas a otra persona diferente a el compareciente como es Raimundo, quien alquilaba el beisman de la casa del recurrente en los Estados Unidos de Norteamérica, mientras que en su declaración rendida en la audiencia de juzgamiento ante el Tribunal Penal no dijo nada del particular, más bien le imputó de haberle manoseado y besado a ella. Que no se ha probado conforme a derecho la existencia del delito al que se refiere la sentencia, pues el Tribunal Penal ha dictado sentencia fundamentado en el informe pericial del doctor Adolfo Andrade, el mismo que para que sea eficaz y surta efectos legales debe cumplir con los presupuestos determinados en el artículo 98 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que éste debe responder al resultado material del hecho que el fiscal investiga, de manera que en esencia debe reproducir el aspecto objetivo de la norma penal incriminatoria; es decir los elementos materiales del tipo, en este caso el de violación, lo que no se ha logrado, porque al omitir lo ordenado en la norma, el pronunciamiento no es especializado, no es por lo tanto cierto y consecuentemente es falso. Que el Tribunal Penal no ha tomado en cuenta su alegación respecto a la falsedad del informe pericial de reconocimiento médico legal proctológico de los menores, desvirtuado por su defensa; porque a partir de la denuncia que motivó la instrucción fiscal se establece, que los menores, que aparecen como víctimas en este proceso, viajan desde Nueva York con destino a la ciudad de Quito el 22 de abril de 2002; el hecho según la denuncia se comete en dicha ciudad norteamericana «aproximadamente en septiembre de 2001», según la denuncia y la instrucción fiscal, el recurrente Julio Noboa, viaja de Nueva York a Quito el 22 de septiembre del 2002; dos días después, esto es el 24 de septiembre del 2002, donde fue aprehendido por la fuerza pública en Quito. Que en el informe los peritos encuentran «orificio anal dilatado un centímetro de diámetro, por ser accedido sexualmente con miembro viril», cuando el orificio anal de un niño de seis años, por el acceso carnal con el órgano sexual masculino, se destruye, no se dilata.- Que en el proceso consta el pasaporte, el certificado del Consulado de los Estados Unidos y los movimientos migratorios con el cual prueba su presencia en el Ecuador y si los menores estuvieron lejos de su padre entre abril y septiembre en que viajó a Quito, cómo puede ser el autor de la violación de su hijo supuestamente violado. Que en las investigaciones realizadas desde el inicio del proceso por la doctora Clara Aveiga Solórzano se denota parcialización a favor de la denunciante Mónica Leonor Beltrán, habiendo el recurrente solicitado en varias ocasiones que se le practique el examen psicosomático con la finalidad de demostrar con pruebas técnicas y científicas que no es adicto a bebidas alcohólicas, mucho menos a drogas de ninguna naturaleza que puedan afectar su estado físico y/o mental, peticiones que fueron denegadas por el Fiscal por improcedentes; sin embargo, en su dictamen, toma como cierta la falsa imputación de Mónica Beltrán «que siempre estaba en estado etílico y bajo los efectos de algún tipo de droga»; tanto más, que en la audiencia de juzgamiento, ante el tribunal penal, la doctora Clara Aveiga Solórzano, en la etapa de debate, afirma «por ser un alcohólico pido que esta condición sea tomada como agravante»; es decir, la sola aseveración de una persona y la presunción de otra, constituyen prueba en su contra. Que no se ha tomado en cuenta el testimonio rendido en la audiencia de juzgamiento por el doctor Stalin Oviedo Garzón, médico y profesor de medicina legal en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, quien analizó los informes periciales realizados por el doctor Luis Andrade Arias, discrepando totalmente con lo expuesto por éste; sin embargo de lo cual el tribunal penal, no considera las situaciones que en derecho se violaron, pues los exámenes periciales realizados a sus hijos no tuvieron la acuciosidad que el caso amerita, simplemente se basaron en simples presunciones que el doctor Luis Andrade dedujo; por lo que de conformidad con el artículo 360 causales 3, 4 y 6 del Código de Procedimiento Penal interpone recurso de revisión.- CUARTO: PRUEBA PRESENTADA POR EL RECURRENTE: En la apertura de prueba dispuesta por la Sala, Julio Patricio Noboa Navas, presentó como prueba nueva lo siguiente: 1.- El peritaje médico ginecológico elaborado por el doctor Edmundo Enrique Santillán Calle, perito médico legista, acreditado por la Fiscalía General del Estado, quien realiza el análisis pericial de los informes médicos ginecológicos practicados por el Doctor Adolfo Andrade Arias a los menores Helen Nicole y Alejandro Patricio Noboa Beltrán, de un año seis meses y seis años de edad, respectivamente, realizado con fecha 23 de agosto del 2002, análisis nuevo pericial que refiere: a) que la menor Helen Nicole Noboa Beltrán acudió acompañado de su madre, quien indica que Julio Patricio Noboa Navas de 49 años de edad, padre de la menor ha insistido «en juegos sexuales con los hijos, hasta llegar al manosea con la niña»; b) que el informe anterior refiere que: «himen intacto pero dilatado por introducción de los dedos»; c) el perito médico acreditado por la Fiscalía Dr. Edmundo Santillan Calle que realizó el segundo examen, manifiesta: «El presente examen (anterior) no guarda coherencia con la realidad, se habla de un himen intacto pero dilatado por introducción de los dedos. Una menor de dos años de edad presenta un orificio himenial menor a 4 milímetros, que va a impedir la penetración así sea del dedo más pequeño de la mano, que de darse el caso hubiese existido ruptura himenial, pero si se emplean otros dedos de la mano que tienen diámetro menor, igualmente puedo indicar que un himen dilatado como se asevera en el informe analizado son valorables a partir de los seis años de edad. En síntesis puedo concluir que lo descrito en el informe pericial (anterior) no puede darse por lo antes descrito, principalmente por la edad de la menor de una año seis meses, el diámetro del orificio himenial menor a cuatro milímetros, desproporción entre éste y los dedos de la mano» la edad de la examinada no es para valorar un himen dilatado y lo peor por ser de corta edad se puede poner en peligro hasta la vida por darse en estos casos lesiones muy severas?» 2.- En el mismo informe y con respecto al examen médico pericial realizado al menor de seis años Alejandro Patricio Noboa Beltrán, se expresa: a) que éste acudió acompañado de su madre, quien refiere que el agresor es su padre con manoseo y acceso carnal con el miembro viril»; b) Que el examen anterior dice al respecto que el menor presenta: «Un orificio anal dilatado un centímetro por ser accedido sexualmente por miembro viril y por múltiples ocasiones. Aún no se encuentra insuficiencia de esfínter anal»; c) El Dr. Enrique Santillán Calle, concluye que: «? igualmente puedo indicar que no hay coherencia en lo descrito en el examen pericial ya que la realidad es otra. Se habla de un orificio anal dilatado de un centímetro de diámetro, este valor es normal en el esfínter anal, de haber existido acceso por vía anal con el miembro viril y por repetidas ocasiones debió existir fisuras y desgarro a ese nivel? el único criterio admisible como sugestivo son las cicatrices antiguas en el ano. En conclusión igual puedo indicar que lo descrito en el informe pericial practicado en la persona del menor no puede darse por lo anteriormente indicado, ya que existen factores como, la dilatación de un centímetro del esfínter anal que es normal, de haber habido penetración hubiese presentado lesiones severas como fisuras y desgarros, por la desproporción existente entre el miembro viril del adulto y el esfínter anal del menor, que incluso pudieron haber requerido atención médica … «, Además el perito Dr. Enrique Santillán Calle, para fundamentar su conclusión, adjunta a su informe, fotocopia simple de las hojas 257 y 258 del Libro de Medicina Legal del profesor Eduardo Vargas Alvarado, editorial Trillas, reimpresión junio 2002; 3.- De fs. 49 a 54 consta el Oficio ASNº4-CH-D-D-S-0168, emitido por la doctora Alicia Cajamarca, Directora del Área de Salud Nº4, en el cual indica a la Sala que: » ? no consta el nombre de la señora Mónica Beltrán Castro, por cuanto no existe historia clínica en nuestra unidad, con respecto al punto número 5, hace llegar copias de la historia clínica No. 111081 de la señora Mónica Estefanía Noboa Beltrán, la misma que fue atendida por la obstetríz Sara Céspedes …?, respecto al punto No. 6 remite un certificado emitido por la Líder de Gestión de Recursos Humanos, del cual se desprende que el Dr. Fernando Almeida, no consta como funcionario del Área de Salud Nº4 Chimbacalle; 4.- Los movimientos migratorios de la menor Helen Nicole Noboa Beltrán y de Mónica Beltrán Castro, emitido por la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional del Ecuador (fs. 35), del cual se desprende que las prenombradas viajaron vía aérea desde Estados Unidos de Norte América con destino a Ecuador, el 22 de abril del 2002, vuelo No. 881, aerolínea Continental. Del otro menor Patricio Noboa Beltrán, no se encuentra en el sistema informático de la Policía Nacional, aquello porque su nombre se encuentra agregado al pasaporte de su madre, pero que, en todo caso, como ella misma ha manifestado, su hijo Patricio está en el Ecuador, desde el 22 de abril del 2002. 5.- De fs. 41 a 43 el movimiento migratorio de Julio Patricio Noboa Navas, emitido por la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional del Ecuador, del cual se desprende que el recurrente viajó vía aérea desde Estados Unidos de Norte América con destino a Ecuador, el 12 de septiembre del 2002, vuelo No. 967, aerolínea América Airlines; 6.- La certificación conferida por el señor Robert Leach, Presidente de la empresa R. Leach LANDSCAPING, INC., en New York – USA., legalmente traducida y apostillada, documento público que certifica: » ? que Julio Patricio Noboa Navas trabajaba para la empresa R. Leach LANDSCAPING, INC., en el horario de 8:00am a 6:00pm de lunes a sábado; y, los días domingos realizaba trabajos extras de pintura, mantenimiento y jardinería…»; 7.- De fs. 3 a 6 consta la certificación otorgada por la señora Ilvis Sonia Rodríguez, Trabajadora Social del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Suffolk de los Estados Unidos de Norte América, legalmente traducida y apostillada, instrumento público del cual la prenombrada funcionaria, entre otras cosas certifica: «?que luego la investigación realizada por la Unidad Especial de Victimas del departamento de policía y las diversas entrevistas realizadas a los menores y a los padres, ni el departamento de policía ni esta agencia encontraron «alguna evidencia» en este caso para probar que algún niño había sido maltratado o había sido abusado, por lo tanto este caso fue cerrado «sin fundamento» significando que haya habido evidencia que algún niño nombrado en el informe fue abusado…»; 8.- Las fotografías: No. 1, Mónica Beltrán; Nº2, Mónica Beltrán junto a Estefanía y Alejandro Noboa Beltrán hijos del recurrente; y Nº3, Mónica Beltrán junto a Julio Noboa (fs. 11 a 13); h) De fs. 15 a 17 certificado de recards, otorgado por el Departamento de Policía del Condado de Suffolf a favor de Julio Patricio Noboa Navas. 9.- De fs. 19 a 20, certificados extendidos por la Directora del Centro de Rehabilitación Social de Varones No 1 de Quito, de donde se desprende que Julio Patricio Noboa Navas registra actividad en razón de haber trabajado como Ayudante de Carpintería y que ha participado en conferencias del VHI Sida, es lector de Biblioteca y en actividades en la semana Cultural de Sueños de Libertad; en actividades sociales, culturales y deportivas organizadas en el pabellón «C». SEXTO.- DICTAMEN FISCAL: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, el doctor Washington Pesántez Muñoz, Fiscal General del Estado en su dictamen constante a fs. 45 y 46 del expediente de revisión, en el numeral tercero, señala: Que los términos de la norma contenida en el artículo 360 numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, considera que un informe pericial es malicioso cuando las consideraciones o definiciones adoptadas por el perito están cargadas de una intencionalidad expresa o manifiesta para, aún en contra de los resultados objetivos de la experticia, beneficiar a alguien, y consecuentemente, perjudicar a otro; y por otra parte, un informe pericial será errado, cuando sus conclusiones y apreciaciones se sustenten en criterios técnicos no adecuados o no pertinentes al objeto de la pericia, o cuando por informaciones no certeras o ambiguas, se construyen definiciones y apreciaciones que contradicen la lógica, la objetividad o la razonabilidad. Por lo mismo, la actividad probatoria para estos casos debe dirigirse de manera directa y positiva a justificar la hipótesis relacionada a informes periciales maliciosos o errados, presupuesto de impugnación que requiere para su comprobación, de nuevos exámenes técnicos y científicos dirigidos a mostrar que las conclusiones y diagnóstico esbozados en las iniciales actuaciones periciales, adolecen de evidentes errores de determinación o de concepción producidos por utilización inadecuada de métodos, por informaciones impertinentes y extrañas al objeto de la pericia, o por manipulación negligente o deliberada, y en este último caso, dirigida a producir o presentar conclusiones apartadas o ajenas a los resultados técnicos y objetivos de un examen o actuación pericial, buscando de propósito alterar el contenido o la significación de tales resultados, generando en consecuencia que las definiciones periciales respecto al caso o materia examinada son absoluta o relativamente diferentes a las inicialmente señaladas. De otra parte, la expresión «testigo falso» hace alusión a la contraposición que existe entre lo que afirma el declarante y lo que realmente corresponde a la realidad de un acontecimiento, y específicamente, cuando el informante procede con dolo a alterar la esencia o el contenido de un hecho que objetivamente lo conoce a plenitud. De ahí que, la formulación de prueba o la presentación de nuevos hechos deben orientarse, de modo directo y positivo, a comprobar que quienes prestaron declaración en el juicio proporcionaron datos o información falsos, esto es, no correspondientes a la verdad objetiva del hecho y antecedentes que fueron materia de juzgamiento, cuestión que indudablemente no se cubre con la sola crítica u observación a los testimonios brindados en el juicio comparándolos con el texto de una versión o declaración inicial recibida en la etapa de investigación fiscal, desde luego que son los medios de prueba que se formulan en la audiencia de juzgamiento los que le sirven al juzgador para sustentar su pronunciamiento y decisión. En lo relacionado a la causal cuarta del artículo 360 de la norma adjetiva penal, señala que el recurrente tampoco ha presentado medios de prueba idóneos y suficientes para demostrar que el procesado no es responsable del delito por el que se lo sancionó, pues el documento que se presenta en este proceso de revisión y que está relacionado a un informe del Condado de Suffolk en el que se menciona que se ha cerrado un caso de investigación sobre una denuncia por similares hechos, que se adelantaba en los Estados Unidos de Norteamérica, por falta de evidencias, no constituye un medio de prueba directo constitutivo de un nuevo hecho con el que pueda justificarse que el procesado no es responsable del delito de violación por el que se lo condenó en el proceso principal, desde luego que la actividad probatoria en estos casos debe dirigirse en forma unívoca a enervar o destruir los resultados de la información que se articuló y desarrolló en la audiencia de juzgamiento por parte de la acusación fiscal, y de la que el Tribunal se valió para formar su convicción y construir los razonamientos con los que definió el juicio de culpabilidad y de reproche frente a la conducta del acusado; y, además en cuanto a la causal sexta del mismo artículo 360 del Código Ibídem, señala que el Tribunal realizó la actividad de valoración de los medios de prueba materiales que formuló la acusación fiscal en la audiencia de juicio, en especial los testimonios y explicaciones que ofrecieron los peritos Dr. Adolfo Andrade, y las Psicólogas Clínicas Doctoras Natacha Villacreses Villalba y Elena Sotomayor Ramos, quienes han intervenido en las diligencias de reconocimiento médico de los vestigios dejados por la infracción, el primeramente señalado, y en la investigación y valoración psicológicas practicadas a los menores Helen Nicole y Alejandro Patricio Noboa Beltrán, en el caso de las otras peritos, de cuyo mérito y resultados el Juzgador ha formado su convicción para declarar que se ha comprobado conforme a derecho la existencia objetiva del delito de violación que se perpetró en perjuicio de los menores antes referidos. Concluye solicitando a la Sala que desestime el recurso de revisión interpuesto por Julio Patricio Noboa Navas, por infundado e improcedente. SEPTIMO.- ANÁLISIS DOCTRINARIO: El procedimiento penal tiene como finalidad llegar a la imposición de una pena respetando la verdad procesal, si esto es así resulta razonable la legitimidad de la sanción por un acto adecuadamente típico y antijurídico. Frente a la posibilidad de un error judicial en la apreciación correcta de los hechos, surge la necesidad de la reparación mediante el mecanismo de un recurso de excepción como es la revisión, asumiendo el riesgo de la vulnerabilidad de la cosa juzgada, de la que el maestro uruguayo, don EDUARDO J. COUTURE, expresara que es: «la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla». En virtud de la cosa juzgada, la sentencia en firme es generalmente inatacable e impugnable cuando se han agotado los términos para la interposición de los recursos, o cuando habiendo sido interpuestos, el Tribunal de Alzada ha ratificado la resolución del juez a- quo. Para el profesor CLARIA OLMEDO en su Derecho Procesal Penal, es objetable considerar a la revisión como un recurso en sentido estricto expresando que: «mejor parece considerarlo como una acción impugnativa que persigue la revocación de una sentencia firme y anulación del proceso en que se pronunció, fundándose en circunstancias nuevas para la causa por ser recién conocidas o haberse presentado con posterioridad». Participamos de considerar a la revisión como un verdadero recurso, que permite rever una sentencia condenatoria que se encuentra en firme y que no puede ser impugnada por medios normales. En cuanto a los efectos, una vez sustanciado el recurso si se lo declara procedente, se revoca la sentencia y anula el proceso en el que se hubiere dictado la condena. Esta excepcional institución pretende la reivindicación del reo y el restablecimiento de la justicia, mediante la reparación del error judicial. Ni siquiera en el antiguo derecho romano se consagró la irrevocabilidad de la cosa juzgada, pues allí también cedía ésta, si se demostraba que había habido fraude procesal por prevaricatio o tergiversatio, llegándose a la rescisión de la sentencia y a la inintegrum restitutio. La revisión de una sentencia penal tiene un gran alcance, porque si uno de los fines del proceso penal es hallar la verdad material, no puede admitirse que la firmeza de la sentencia impida definitivamente su búsqueda, que prevalezca contra esa verdad el efecto preclusivo del fallo. Por ello, no hay sujeción a plazo alguno, pudiendo intentarse incluso después de fallecida la persona legitimada. Por lo tanto son requisitos de la sentencia: a) Que haya sido dictada en un proceso por un delito determinado; b) Que la emita un órgano jurisdiccional competente; c) Que sea firme, definitiva y ejecutoriada, que ponga fin a un proceso resolviendo definitivamente su objeto; d) Que conlleve una condena con pena de multa, prisión o reclusión. La revisión en materia penal es taxativa en la legislación penal procesal ecuatoriana en seis casos, motivados y determinados en el artículo 360 del Código Adjetivo Penal y de los cuales los cinco primeros deben establecer nuevos hechos o medios de prueba que sustentan en la revisión y que tienen que haber sobrevenido o revelarse después de la sentencia de condena. En la legislación ecuatoriana, esto significa que no es posible obtener la revisión cuando el hecho nuevo o la prueba nueva justifican sólo una pena menos grave. En el caso del numeral sexto, no se requiere de nueva prueba, pues por esta causal corresponde al juzgador analizar los hechos objetivamente producidos dentro del proceso y que exigen del juzgador la revisión total del expediente. OCTAVO.- ANALISIS DE LA SALA: 1.- El objeto del recurso de revisión es el examen de toda sentencia condenatoria, definitiva, firme y ejecutoriada, dictada en un proceso penal conocido por un Tribunal Penal o Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. El artículo 359 del Código de Procedimiento Penal, establece que el recurso de revisión podrá proponerse en cualquier tiempo, después de ejecutoriada la sentencia condenatoria, en base a las causales señaladas en el artículo 360 ibídem. De la interposición del recurso se establece que el recurrente motiva con precisión las causales 3, 4 y 6 por las cuales propuso su recurso. 2.- El recurrente con la nueva prueba aportada en el recurso de revisión ha demostrado de manera irrefutable y conforme a derecho que no existen los presupuestos contenidos en el Art. 512 numeral 1 La violación se consuma con el acceso carnal, esto es, con la penetración del miembro viril vía bucal, vaginal o anal, o en su defecto por la introducción de los dedos u órganos distintos a los del miembro viril, aunque no fuera perfecta o completa, por vía vaginal o anal. En el caso que nos ocupa, los exámenes médicos demuestran contundentemente que los menores Helen Nicole y Alejandro Noboa Beltrán, no presentan huellas o vestigios que configuren el delito de violación, por cuanto las conclusiones a las que llegó el Dr. Adolfo Andrade en los exámenes periciales de fecha 23 de agosto del 2002, son erradas, imprecisas, sus experticias no reúnen los requisitos determinados en el Art. 98 del Código de Procedimiento Penal, lo cual los convierte en ineficaces, y sin embargo de ello, el Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha sin mayor acuciosidad y haciendo una interpretación extensiva de los principios reguladores de la prueba en materia penal los tomó en cuenta y fundó su decisión en tales informes, violando con ello los artículos 86, 87 y 88 del Código de Procedimiento Penal relativos con la valoración de la prueba. Cabe señalar que con la experticia realizada por el Dr. Enrique Santillán Calle, perito médico legista acreditado legalmente ante La Fiscalía General del Estado, designado y posesionado por la Sala, analizó los resultados de los exámenes médicos legales y sus conclusiones, practicados por el doctor Adolfo Andrade, llegando técnica y científicamente a las siguientes conclusiones: a) Que los menores Helen Nicole y Alejandro Patricio Noboa Beltrán, no presentaban indicios que permitan determinar que hayan sido abusados sexualmente; b) Que la menor Helen Nicole Noboa Beltrán a la fecha de la pericia médico ginecológica tenía un año seis meses de edad, y que de haber sido abusada sexualmente hubiera presentado lesiones severas e incluso su vida hubiera sido puesta en peligro, sin embargo conforme se deprende del examen ginecológico el himen de Helen Nicole Noboa Beltrán estaba intacto y además no se encontraron lesiones vía vaginal ni cicatrices antiguas; c) Que el menor Alejandro Patricio Noboa Beltrán a la fecha de la pericia médico ginecológica tenía seis años de edad, y de haber sido abusado sexualmente vía anal por miembro viril, debería haber presentado fisuras y/o desgarros e insuficiencia del esfínter, lesiones que requieren atención médica urgente, sin embargo del examen médico ginecológico practicado se evidenció que el menor Alejandro Patricio Noboa Beltrán, no presentaba insuficiencia de esfínter anal, y la dilatación del orificio anal, es normal. Consecuentemente si los menores Helen Nicole y Alejandro Patricio Noboa Beltrán, a la fecha de la pericia médico ginecológica practicada por el Dr. Adolfo Andrade, esto es, el 23 de agosto del 2002, no presentaban indicios, huellas o vestigios que permitan establecer abuso sexual reciente o antiguo, mal puede esta Sala condenar a una persona por un delito, cuya existencia y materialidad no se encuentra demostradas, o que, al menos existe duda razonable con respecto a su perpetración 3.- Con la práctica de la nueva prueba, el recurrente ha demostrado que en su lugar de residencia, la cuidad de New York de los Estados Unidos de Norteamérica, la Unidad Especial de Víctimas del Departamento de Policía del Condado de Suffolk, el 19 de abril del 2002, realizó una investigación según denuncia presentada por la señora Mónica Beltrán Castro, por el supuesto delito de abuso sexual del menor Alejandro Patricio Noboa Beltrán, contra un sujeto de nombres Raimundo Marcelino, caso que fue cerrado por carecer de fundamento alguno. Además el recurrente ha demostrado con la prueba nueva que su trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica, era a tiempo completo de lunes a sábado e inclusive los domingos. Además, según consta de las certificaciones que contienen los movimientos migratorios incorporados en este recurso de revisión, el recurrente probó no haber mantenido contacto físico con sus hijos desde el 22 de abril del 2002, fecha en la cual la señora Mónica Beltrán Castro viajó junto a sus hijos Helen Nicole, Alejandro Patricio y Mónica Noboa Beltrán, desde los Estados Unidos de Norteamérica con destino a Ecuador. 4.- Se ha demostrado también que la acusadora Mónica Beltrán Castro, presentó documentos privados falsos, que fueron valorados y acogidos como prueba por el Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha, falsedad evidenciada con la actuación de la nueva prueba, que constituyen documentos públicos, que contradicen y desvirtúan contundentemente la prueba valorada equivocadamente por el Tribunal Penal para imponer la sentencia condenatoria al recurrente, incluso el Tribunal de primer nivel, considero y aceptó como una circunstancia agravante e impuso la pena máxima, sin que exista la certeza de la existencia del tipo penal así como de la responsabilidad del recurrente. En consecuencia esta Sala considera que tanto el testimonio de la acusadora particular señora Mónica Beltrán Castro, así como la documentación que forjó e incorporó al proceso, carecen de eficacia probatoria por cuanto han vulnerado el derecho y garantías constitucionales determinadas en el Art. 24 numeral 7 y 17 de la Constitución Política de la República del Ecuador vigente a la fecha de la expedición de la sentencia condenatoria; garantías constitucionales que se encuentran ratificadas en el Art. 76 numerales 2 y 4; y, Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, norma suprema de cumplimiento obligatorio e imperativo por todas las personas autoridades e instituciones sujetas a la Constitución, conforme lo dispone el Art. 11. 5 ibídem, en concordancia con los principios determinados en los Arts. 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 25 del Código Orgánico de la Función Judicial.- 5.- Del análisis exhaustivo de todo el proceso que ha realizado la Sala, atento a la invocación de la causal sexta del artículo 360 del Código de Procedimiento Penal que ha hecho el recurrente, así como del análisis de la nueva prueba dirigida a justificar las causales tercera y cuarta del artículo antes citado, hemos determinado los siguientes aspectos fácticos y jurídicos de trascendental importancia: a) la denunciante MÓNICA LEONOR BELTRÁN CASTRO, en los diversos actos procesales producidos por ella, esto es, denuncia de fojas 1 y 2, versión de fojas 9 y testimonio de fojas 339 vuelta y 340, acredita diversos hechos de naturaleza sexual, que se contradicen entre sí, no solamente con respecto a los elementos fácticos, sino en cuanto a los sujetos incriminados, pues mientras en la denuncia inicial acusa directamente a un tal RAIMUNDO de actos sexuales en contra de su hijo ALEJANDRO PATRICIO, agrega también que «sospecha que mi propio esposo JULIO PATRICIO pudo haber violado a su hijo». Indica que estas agresiones sexuales se produjeron en los Estados Unidos de Norteamérica, aproximadamente por el mes de septiembre del 2001, en el que el referido Raimundo, sujeto de nacionalidad mexicana, fue a vivir con ellos; b) En su versión de fojas 9, refiere que el 19 de abril del 2002, presentó denuncia a la policía de New York., «ya que dos días antes mi hijo me había comentado que un amigo de su padre llamado Raimundo le había manoseado el pene y había hecho que mi hijo de seis años le toque también a él sus partes intimas» En esta versión ya no refiere que estos supuestos hechos se produjeron en el mes de septiembre del 2001, sino dos días antes de su denuncia; esto es, el 17 de abril del 2002. De igual manera refiere en su versión que: Cuando ya regresamos al Ecuador mi hijo me contó que su padre, en varias ocasiones le había introducido el dedo en el ano, cosa que me ha preocupado mucho, además me ha señalado que este hombre que supuestamente era su padre, también le ha sabido meter el dedo en la vagina de mi hija de un año y medio.» De esta versión cabe algunas interrogantes: Por qué la denunciante y madre de los menores supuestamente agredidos, señora Mónica Beltrán Castro, si ya conocía de la agresión sexual de sus dos hijos, por parte del hoy recurrente, en su denuncia inicial, no hace mención de este particular?……….Si la denunciante ya conocía que el supuesto agresor sexual era Julio Noboa Navas, por qué la denuncia inicial se dirige básicamente sobre un tal Raimundo? ??Por qué la denuncia recién se presenta el 22 de agosto del 2002, si la denunciante ya conocía sobre estos hechos desde su llegada al Ecuador; esto es, desde el 22 de abril del 2002?; c) a fojas 27 consta la versión del menor ALEJANDRO PATRICIO NOBOA BELTRÁN, quien en lo principal señala que: «Mi papi me tocó la nalguita con el dedito por sobre el pantalón, yo estaba con Helen Nicole, ella es chiquita, tiene un añito, a la Helen le tocó la vagina con el lápiz por debajo de la ropa….». Esta versión constituye un elemento fáctico de mucha importancia, ya que los hechos que relata Mónica Beltrán Castro en su denuncia, fue por información del referido menor, quien en su primera versión, si bien es verdad hace relación a actos de naturaleza sexual, en ningún momento refiere a violación alguna, al no mencionar introducción de miembro viril u otro objeto, por vía vaginal o anal, en ninguno de los dos menores. d) Lo que más llama la atención de esta Sala es que, la denunciante Mónica Beltrán Castro, luego de sacar subrepticiamente la cantidad de $ 6.168,00 de la cuenta bancaria de la cuenta que conjuntamente mantenía con su cónyuge, regresó desde E.E.U.U. al Ecuador el 22 de abril del 2002, trayendo junto a ella a todos sus hijos, sin el conocimiento de su padre y ahora recurrente Julio Noboa Navas, causándole un agravio humano y familiar, al eximirle consiente y voluntariamente de los derechos legítimos que como padre le concierne. Cuando el recurrente luego de «hacer lo humanamente posible por localizar a sus hijos en el Ecuador lo que consiguió con la ayuda de sus familiares», pudo hablar con su hijo Alejandro a quien le comento semanas antes de su viaje al Ecuador que «pronto los iría a ver para que regresen a los Estados Unidos, situación que le comentó a su madre y ella muy furiosa me llamó (dice el recurrente) a mi móvil en horas de trabajo y me amenazó que si volvía al Ecuador y trataba de quitarle a los niños me denunciaría y haría que me metan preso», citas que se encuentran en el escrito de fundamentación del recurso y que son una corroboración de lo ya manifestado por el recurrente, tanto en su versión inicial, así como en el testimonio rendido en juicio; e) en efecto, la señora Mónica Leonor Beltrán Castro junto con sus tres hijos, vino al Ecuador, el 22 de abril del 2002, sin embargo de lo cual, ésta recién presenta la denuncia que ha servido de base a este juicio, el 22 de agosto del 2002, esto es, a los cuatro meses de su estadía en el país, justo cuando su cónyuge Julio Noboa Navas ubicó su domicilio en el Ecuador y le manifestó que venía por sus hijos para llevarlos a los estados Unidos, lo que evidencia que la causa de ésta controversia judicial, no estriba propiamente en los hechos y actos incriminados al recurrente, sino en la tenencia legal de los hijos, cuya resolución compete a los jueces de la Niñez y Adolescencia, así como a la justicia penal ordinaria por el plagio
n
n
n
n
n de los menores; f) tampoco puede pasar por alto a este Tribunal, lo manifestado por la denunciante en su versión inicial de fs. 9 y que luego fue corroborado en la audiencia de juicio, en el sentido de que cuando la policía del Estado de Nueva Cork, Condado de Suffolk el 19 de abril del 2002, hizo las averiguaciones sobre la agresión sexual a sus hijos, ella no había participado en el interrogatorio realizados por éstos, por cuanto «lamentablemente al no hablar inglés, fue mi esposo el que conversó con los oficiales de policía, los que después de hablar con él se retiraron» Esta afirmación de la denunciante y acusador particular, queda desvirtuada cuando de la certificación que consta de fs. 321 de autos y que ha sido remitida desde los Estados Unidos por la señorita ILVIS SONIA RODRÍGUEZ, del SERVICIO DE PROTECCIÓN DE MENORES, DE LA UNIDAD DE ASALTOS SEXUALES DEL CONDADO DE SUFFOLK y quien intervino en la investigación de los hechos denunciados en dicho Condado, con respecto a un presunto abuso sexual de los menores Noboa Beltrán, en su parte final de dicho informe, expresa: «También sería necesario notar, que la señora Mónica Beltrán Noboa sabía que yo hablo español v por lo tanto no habría impedimento alguno para comunicarnos», afirmación ésta de una funcionaria judicial de los Estados Unidos que dejan al descubierto la serie de incongruencias, contradicciones y falacias expuestas por la denunciante. 6.- De igual manera, esta Sala hace notorio que, el Tribunal Juzgador, al emitir su sentencia condenatoria en contra del recurrente no ha tomado en consideración imprescindibles y fundamentales recaudos procesales y elementos de convicción que hubieran servido para un fallo de inocencia, omisión injustificable en un administrador de justicia, cuya principal misión es garantizar los derechos constitucionales, legales y humanos de víctimas y victimarios, emitiendo una sentencia justa, sustentada en la verdad real. Entre éstas omisiones y que no han sido tomadas en cuenta, tenemos: a) en la misma certificación de fs. 321 remitida por la señorita Ilvis Sonia Rodríguez, Funcionaria Judicial del servicio de Protección de Menores del Condado de Suffolk, New York, se dice expresamente: «debo reafirmar que en los archivos de esta institución no existe ninguna denuncia en contra del señor Julio Patricio Noboa Navas. Cuando se hizo la denuncia en contra de Raimundo Marcelino (19 de abril del 2002), de haber cometido abuso sexual en contra del niño Alejandro Noboa se realizó la correspondiente investigación donde se comprobó que no existió delito alguno. Nuestras investigaciones, bajo la Ley estatal, comprenden visitas e interrogatorios de menores, en menos de 24 horas de haberse hecho la denuncia. En el caso del menor Alejandro Noboa así se hizo, con dicho menor y con los otros menores de la familia y el resultado fue que todos los menores negaron los hechos alegados en la denuncia. Continuando con la investigación, hubiéramos insistido en revisar datos médicos como psicológicos si se hubiera visto como necesario y si los menores hubieran estado en el país. En este caso, los hechos alegados no tenían fundamentación alguna; y, además, la madre de los menores los sacó del país»; b) a fs. 323 del proceso, consta otra certificación de la misma funcionaria judicial antes citada, quien mediante comunicación de fecha 19 de noviembre del 2002, dirigida a la abogada Clara Aveiga Solórzano, Fiscal interviniente en la cusa, en la que, con respecto a la investigación realizada en los Estados Unidos, sobre la supuesta agresión sexual a los menores Noboa Beltrán, dice: «1.- El sujeto de nuestra investigación fue el señor mejicano (sic) quien alquilaba un pequeño departamento en la casa del señor Noboa Navas y su esposa, la señora Mónica Leonor Beltrán Castro. En ningún momento, fue el Sr. Noboa Navas nombrado como sujeto de esta investigación y solamente fue entrevistado como parte de la familia en cuestión. 2.- La determinación de dicha investigación, fue que no hubo crimen alguno en este caso. Es más no encontramos ni siquiera la mínima prueba de que los niños en cuestión hubieran nunca sido atacados sexualmente ni nunca maltratados. 3.- Al margen de mi investigación hallamos que los niños de la familia Noboa han sido siempre bien cuidados, bien educados y bien criados. También hallamos que la casa y los recursos de la familia Noboa son mas que suficientes para mantener una familia con comodidad, estando siempre limpia y apropiadamente abastada. 4.- Nunca, en ningún momento, en ninguna de mis visitas v entrevistas con el señor Noboa Navas lo encontré tomando bebidas alcohólicas. Fue el mismo señor Noboa Navas quien, durante una de mis entrevistas, me pidió información sobre programas de consejería por si uno se encuentra en situación de necesitar asesoría en cuestiones de adicción. La evidencia probó que el señor Noboa Navas es un asiduo trabajador y buen padre de familia. 5.- Según mis notas investigadoras, la señora Mónica Leonor Beltrán Castro salió de su casa y de los Estados Unidos sin previo aviso a esta agencia y sin dejar razón de cómo encontrarla». Esta comunicación- informe de la señorita Ilvis Sonia Rodríguez del servicio de Protección de Niños de la Unidad de Asaltos Sexuales del Condado de Suffolk, New Cork, determina los siguientes hechos: que el recurrente Julio Noboa Navas no fue, en ningún momento el sospechoso de la supuesta agresión sexual a sus hijos, sino un ciudadano de nacionalidad mexicana; que de la investigación realizada en los Estados Unidos de la supuesta agresión sexual a los menores Noboa Beltrán, se determinó «que no hubo crimen alguno y que ni siquiera se encontró la mínima prueba de que los niños en cuestión hubieran sido nunca atacados sexualmente ni nunca maltratados». Como lo dice el informe; que el señor Julio Noboa Navas no era adicto al alcohol ni a las drogas, lo que se contrapone y desvirtúa las afirmaciones que la señora Mónica Beltrán Castro hizo en su denuncia; que la señora Mónica Beltrán Castro abandonó los Estados Unidos de Norteamérica, sin previo aviso y cuando el caso de la supuesta agresión sexual a sus hijos, no había sido cerrado, c) a fs. 4 del expediente de revisión, consta un nuevo informe de la misma funcionaria judicial del Condado de Suffolk que, en la parte fundamental expresa que: «Este caso fue cerrado «sin fundamento» significando que no hubo evidencia que algún niño nombrado en el informe fue abusado», d) a fs. 254 a 258 consta el auto resolutivo dictado por la Cuarta Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Quito, hoy Corte Provincial, la misma que al desechar la apelación interpuesta por Julio Noboa Navas del auto de llamamiento a juicio, en su parte final, dice textualmente: «En cuanto a la responsabilidad penal del acusado, si bien no hay pruebas inconcusas, existen presunciones en su contra, que dado el momento procesal permiten llamarle a juicio». Grave afirmación de aquel Tribunal, pues al decir que no hay PRUEBAS INCONCUSAS, están infiriendo que NO HAY PRUEBAS FIRMES, NI AJENAS DE DUDA Y DE CONTRADICCION, pero que, dado el estado el momento procesal, «permiten llamarle a juicio», una cita más de la forma como los fiscales y jueces, de manera apresurada, irresponsable y casi deportiva han condenado a un inocente. No solamente que se ha violado la ley, sino los principios universales del derecho penal, como el in dubio pro reo, la presunción de inocencia y el de un juicio justo. 7.- Pero eso no es todo, en la sentencia dictada por el Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha, en fecha 14 de noviembre del 2003, así como en el posterior fallo de casación, no se tomó en consideración las reiteradas peticiones de nulidad del recurrente, quien sostuvo que aún en el evento de que fuera el autor de la infracción acusada, aún así, los jueces naturales de él eran los de Estados Unidos de Norteamérica, lugar en el que se habían cometido los supuestos hechos, acompañando para el efecto la certificación otorgada por la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, con sede en Quito- Ecuador en fecha 03 de junio del 2003 (fojas 319), que dice: «Por la presente certifico que JULIO NOBOA, nacido el 1º de febrero de 1953 en Ecuador, es ciudadano norteamericano, conforme lo certifica su pasaporte No. 112006459 emitido en New Cork el 22 de febrero de 1999», evidenciándose una nueva irregularidad procesal cometida en contra del recurrente, tanto mas que, en los Estados Unidos se archivó el proceso de investigación «por falta de fundamento» al no haberse comprobado la existencia de la infracción. Resulta del todo inverosímil y contradictorio la acusación al recurrente Julio Noboa Navas, ya que al no haber encontrado evidencia alguna de abuso sexual en los menores por la denuncia presentada en el Condado de Suffolk, New York, el 19 de abril del 2002, éstos viajaron con su madre al Ecuador el 22 del mismo mes y año, coligiéndose entonces, con absoluta certeza y claridad que, el acusado Julio Noboa Navas, no tuvo posterior acceso a sus hijos, pues fue detenido el 12 de septiembre del 2002 cuando decidió venir al Ecuador, pues tenía la seguridad de que no era proclive a ninguna acusación, caso contrario no hubiera ingresado al país, además de que, este viaje tenía el propósito de recuperar a sus hijos para llevarlos a los Estados Unidos, lugar en el que, conforme las múltiples certificaciones oficiales, de trabajo, así como de antecedentes personales del recurrente, se ha demostrado que éste era un hombre trabajador, cumplidor de sus obligaciones familiares y que su hogar tenía las condiciones familiares y económicas adecuadas para la protección de sus hijos. 8.- Hay que tomar en consideración también que, recién en las reformas al Código Penal expedidas mediante Ley 2005-2, publicadas en el Registro Oficial No. 45 del 23 de junio del 2005, se agrega como un nuevo elemento constitutivo de violación, el acceso carnal por «vía oral», sin que, además de autos existe alguna evidencia o examen pericial que determine tal hecho, por lo que tampoco, en este caso, cabe juicio de reproche alguno en contra del recurrente. 9.- De todo lo expresado, se ha justificado la causal tercera el artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, al haberse condenado al recurrente en virtud de informes periciales errados, que indujeron a los juzgadores a error judicial, de hecho y de derecho, haciendo constar en la sentencia conclusiones equivocadas, las que, han sido suficientemente enervadas con la nueva prueba incorporada en el trámite de este recurso, la misma que fue realizada por un perito acreditado por la Fiscalía General del Estado. De igual manera, se ha justificado la causal sexta y cuarta de la misma disposición legal, al no haberse comprobado, conforme a derecho, la existencia del delito al que se refiere la sentencia; por lo que tampoco cabe acreditar responsabilidad alguna al recurrente. Una de las misiones fundamentales de los jueces dentro de un Estado de Derechos y de Justicia, es el de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos el de dictar los fallos atendiendo a la verdad procesal, aún bajo la amenaza y la intimidación de quienes intentan limitar nuestra independencia y autonomía. Por lo expuesto, esta Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y DEMAS LEYES DE LA REPUBLICA, declara procedente y con lugar el recurso de revisión y de conformidad con el Art. 367 y 417 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con los artículos 32 y 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, dicta sentencia ABSOLUTORIA y se ratifica el estado de inocencia del recurrente JULIO PATRICIO NOBOA NAVAS. Se revocan las medidas cautelares personales y reales dictadas en su contra, disponiéndose su inmediata libertad, siempre y cuando no se encuentre detenido o condenado por otra causa o delito. Para el efecto, el actuario de la Sala envíe atento oficio al Centro de Rehabilitación Social de Varones No 1 de Quito, lugar donde se encuentra detenido, debiendo remitir copias certificadas de esta sentencia. Devuélvase el proceso al Tribunal de origen para los fines de ley. Actué El Dr. Honorato Jara Vicuña como Secretario Relator encargado, según oficio No. 848-10-PSPCNJ de fecha 16 de agosto de 2010.- Notifíquese y publíquese.
n
n
n
n f.) Dr. Hernán Ulloa Parada, Juez Nacional.
n
n
n
n f.) Dr. Luis Moyano Alarcón, Juez Nacional.
n
n
n
n f.) Dr. Milton Peñarreta Álvarez, Juez Nacional.
n
n
n
n Certifico.
n
n
n
n f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.
n
n
n
n CERTIFICO: Que las trece copias que anteceden son iguales a su original. Quito, 28 de septiembre del 2010.
n
n
n
n f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.
n
n
n
n
n
n
n PROYECTO DEL DOCTOR HERNÁN ULLOA PARADA. (Art. 185 de la Constitución de la República).
n
n