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n Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado
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n Presidente Constitucional de la República del Ecuador
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n Miércoles 07 de Noviembre de 2012 – R. O. No. 360
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n EDICIÓN ESPECIAL
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n SUMARIO
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n Judicial y Justicia Indigena
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n Corte Nacional de Justicia: Primera Sala de lo Penal
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n Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes personas:
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n 62-09 Señor Segundo Manuel Guanoluisa Villalta
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n 64-09 Señor Segundo Enrique Faz Toapanta
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n 67-09 Señor Juan Manuel Uyaguari Pachar
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n 72-2009 Señor Eduardo Chipre Baque
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n 82-09 Señor Francisco Aponte Bonilla
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n 85-09 Señor Manuel de Jesús Pulla Gualán
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n 188-09 Señor Carlos Alberto Lara Aldáz
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n 240-09 Señor Sandro Santiago Ojeda Pantoja
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n 248-09 Señor Fausto Santiago Solano Jara
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n 254-2009 Señor Pedro Pablo Plúas Anchundia
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n 256-2009 Señor Luis Jordán Marcalla Jiménez
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n 278-09 Señor Miguel Ángel Guachamboza Tamayo
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n 290-2009 Señor Gregorio Valentín Sánchez Serrano
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n 301-2009 Señor Kenny Geovanny Apolo Montoya
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n 302-09 Señor Cornelio Dionicio Abad Calva
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n 316-09 Señor César Ernesto Freire Santos
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n Judicial y Justicia Indigena
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n 336-2009 Señor Manuel Asención Viteri Andino
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n 451-09 Señor José Adalberto Sánchez Rodríguez
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n 463-09 Señora Diana Maribella García Pilpud y otro
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n 467-09 Señora María Francisca LLanga y otros
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n 473-09 Señor Jimy Omar Lucas López
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n Primera Sala de lo Laboral:
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n 411-05 Señor Paulo Franklin Lino Peña en contra de la señora Dalia Álava Vera
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n CONTENIDO
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n DELITO: RUPTURA DE SELLOS.
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n PROCESADO: SEGUNDO GUANOLUISA VILLALTA.
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n PONENTE: DR. HERNAN ULLOA PARADA (Art. 141 del COFJ).
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n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- PRIMERA SALA DE LO PENAL.- Quito, 13 de junio de 2011. Las 15h00.- VISTOS: El abogado Isauro Campuzano Sánchez, Agente Fiscal del Distrito de Manabí, interpone recurso de casación, a la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Penal de Manabí, el 12 de septiembre del 2008, a las 15h40, en la que absuelve definitivamente al procesado Segundo Manuel Guanoluisa Villalta, dentro del juicio penal seguido en su contra por el delito tipificado y reprimido en el artículo 241 del Código Penal. El recurso ha sido debidamente fundamentado por la Fiscalía General del Estado, de conformidad con lo que dispone el artículo 354 del Código de Procedimiento Penal. Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Esta Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso de casación interpuesto de conformidad con la ley, en virtud de lo dispuesto en el Art. 184 numeral 1; Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R. O. No. 449 del 20 de Octubre del 2008; numeral séptimo de la sentencia interpretativa dictada por la Corte Constitucional y publicada en el R. O. No. 479 del 2 de Diciembre del 2008; y, la Resolución Sustitutiva dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 22 de Diciembre del 2008 y publicada en el R. O. 511 del 21 de Enero del 2009; y, el sorteo de ley respectivo, en nuestras calidades de Jueces Nacionales de esta Primera Sala de lo Penal, avocamos conocimiento de la presente causa penal. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- Revisado el procedimiento de la presente acción, no se advierte vicio u omisión de solemnidad sustancial alguna, que podría causar nulidad; por lo que este Tribunal de Alzada, declara la validez de esta causa.
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n TERCERO: FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO.- El Subrogante del Fiscal General del Estado, doctor Alfredo Alvear Enríquez, en su escrito de fundamentación del recurso ha manifestado que las normas de Derecho que estima infringidas son las que a continuación se expresan: 1) Violación de los artículos 85 y 86 del Código de Procedimiento Penal ya que el recurrente ha manifestado que el juzgador ha apreciado los actos procesales con un criterio apartado de la ley; 2) Errónea interpretación del artículo 31, numerales 1 y 2 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, ya que el casacionista ha expresado, que existe un error in iudicando en la adecuación de la conducta al tipo penal aplicable al caso concreto, por cuanto la conducta del acusado se adecua a la norma del artículo 31 numerales 1 y 2 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, puesto que tanto el Agente Fiscal del Distrito de Manabí como el Tribunal Penal se han referido al delito tipificado y sancionado al artículo 241 Primera Parte del Código Penal, la que no es aplicable al caso, por existir de forma específica para este tipo de delitos la norma legal pertinente. CUARTO: ANÁLISIS DE LA SALA.- 1) La casación, en materia penal, es un medio extraordinario de impugnación, de efecto suspensivo, contra sentencias en las que se hubiere violado la ley, ya por contravenir expresamente su texto, ya por haber hecho una falsa aplicación de ella, en fin, por haberla interpretado erróneamente, como lo dispone el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal. Este recurso se resuelve en función de aquellas normas que el casacionista ha considerado que han sido violadas dentro de la sentencia que ha emitido el Juzgador, es por esto muy importante que el recurrente mencione y fundamente claramente cuales normas especificas de la ley se han violado en el caso concreto, teniendo que ser esta violación, una de aquellas que se consideran como directas, es decir, que la contravención al precepto legal haya sido dada por inaplicación, errónea interpretación, indebida aplicación, etc. de su texto, proveniente del acto volitivo del juez en el que, al utilizar el precepto legal, yerra en el verdadero sentido y alcance de la norma jurídica, que lo lleva a inaplicarla o a aplicarla de una manera incorrecta, sobre esto nos habla el tratadista Luis Cueva Carrión en su obra ?La Casación en materia Penal?, Pág. 253, que dice respecto a la violación directa de la ley lo siguiente: ?La
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n violación directa de la ley ocurre cuando el juez yerra en la aplicación de la norma legal, de la norma pura, independientemente de los errores que pueda cometer en relación con los hechos y con las pruebas?, respecto a aquella violación que se considera indirecta, esto es, citando al mismo tratadista, aquella que ?no transgrede directamente la norma, sino a través del error fáctico y probatorio: luego de errar en la apreciación de los hechos, de las pruebas y en su valoración legal?, le corresponde solamente a esta Sala analizar si el juzgador, al valorar la prueba para determinar la existencia material del ilícito y la correspondiente responsabilidad de la persona imputada, ha utilizado de una manera correcta las reglas de la sana crítica, pues es en base a éstas que el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal, establece que el juzgador debe valorar dichas pruebas; esta Sala no puede tomarse la atribución soberana que tiene el inferior sobre la valoración de la prueba, en virtud de los principios de inmediación y contradicción de la prueba, al respecto de estos dos principios nos habla el autor Yecid Ramírez Bastidas, en su obra ?El Juicio Oral en Colombia?, en la página 183, respecto al primero nos dice ?la inmediación solo puede entenderse asegurada si el juez y las partes tienen la posibilidad de acercarse a la prueba por medio de un contacto constante entre todos ellos y el elemento probatorio en examen?, añade, que es ?la circunstancia en virtud de la cual los sujetos procesales reciben en forma Edición Especial Nº 360 – Registro Oficial – Miércoles 7 de noviembre del 2012 — 3 inmediata, directa y simultánea los elementos de prueba provenientes de los diferentes medios, como presupuestos lógicos de la sentencia?; con respecto al segundo nos señala que se cumple ?cuando el sistema permite la interacción de las partes, en un juego equilibrado de intervenciones orientadas a reforzar la posición de cada uno de los intervinientes y en controlar el desarrollo de la audiencia oral?; dado que la prueba es producida en la fase procesal que controla el inferior, es precisamente éste el más apto para valorar de la mejor manera los medios probatorios presentados por las partes, dejando como materia para la casación el análisis de la correcta aplicación del ordenamiento jurídico, así Claus Rocín, en su libro ?Derecho Procesal Penal, Tomo II? acertadamente manifiesta en la página 191: ?El fin de la casación reside en el aseguramiento de una protección jurídica realista, pudiendo ser presentadas a la revisión del tribunal de casación (sólo) aquellas partes de la decisión de los jueces de mérito que son independientes del paso del tiempo y que, por ello, no son del dominio natural del juez de primera instancia, quien actúa de manera más cercana a los hechos. Por ello es que el legislador ha entregado la cuestión de hecho (esto es, las comprobaciones fácticas que se vuelven más dificultosas con el paso considerable del tiempo; ante todo, la prueba testimonial, debido a la disminución de la memoria) al juicio exclusivo del juez de primera instancia como ?juez de hecho? (mérito), y ha limitado al tribunal de casación? la comprobación de las lesiones de la ley y, con ello, el control de la cuestión de Derecho?, tomando estas acertadas palabras corroboramos lo establecido anteriormente; esta Sala, en materia probatoria, únicamente puede analizar el proceso volitivo del juez, para determinar si se han aplicado las reglas de la sana crítica en el
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n caso concreto, más no volver a valorar la prueba para juzgar nuevamente la existencia material de la infracción y la responsabilidad del procesado; la casación, no es una tercera instancia, es un recurso vertical extraordinario que pretende revisar la sentencia dictada por el inferior para desvanecer cualquier tipo de error que se haya suscitado al momento de aplicar el ordenamiento jurídico al caso concreto, por lo que los hechos analizado en la sentencia se entienden como ciertos, a menos que se comprueben errores en la aplicación de la sana crítica, sobre esto, el anteriormente citado autor, nos ilustra al manifestar en la página 187 de su obra que la casación ?es un recurso limitado. Permite únicamente el control in iure. Esto significa que la situación de hecho fijada en la sentencia es tomada como ya establecida y solo se investiga si el tribunal inferior ha incurrido en una lesión al Derecho material o formal?; 2) En la especie, la primera consideración que esta Sala debe hacer, es respecto a la actividad que debe realizar el juzgador al momento de resolver la causa que se le presenta, puesto que errada es la interpretación de quien esgrime el argumento de que el juez se debe ceñir a analizar la existencia del tipo penal, por el cual se ha dictado auto de llamamiento a juicio en contra del procesado; la función del juez va mucho más allá, ya que éste debe analizar en su totalidad la situación que se le presenta, el hecho que podría ser considerado como ilícito; el juez no está atado al tipo penal dentro del cual se encuadra la conducta del acusado en el auto de llamamiento a juicio, ya que este tipo es solo provisional; mal haría el sistema de justicia, al aceptar que dicha providencia contiene irrefutablemente la verdad acerca del hecho que se presenta como ilícito, porque este hecho sería calificado como tal, sin la existencia de un juicio que determine la materialidad de la infracción y la responsabilidad del procesado, mediante la actuación de prueba conducente a establecer estas dos circunstancias; solo un proceso penal seguido con estricto apego a la ley puede determinar las dos circunstancias antes mencionadas y sin la existencia de éste, no se puede aseverar que ha existido un ilícito o que una persona es responsable del mismo, es por esto que el artículo 232 del Código Penal manifiesta, dentro de los requisitos que debe contener el auto de llamamiento a juicio ?2. La determinación del ACTO O ACTOS PUNIBLES POR LOS QUE SE JUZGARÁ AL ACUSADO, así como la determinación del grado de participación, la especificación de las evidencias que sustentan la decisión y la cita de las normas legales y constitucionales aplicables? (las mayúsculas son nuestras), de esta norma podemos desprender, que lo que se debe establecer en dicha providencia es el acto que se debe juzgar dentro del proceso, siendo que la denominación que se le da al hecho supuestamente punible, no es vinculante para el Tribunal; el encuadramiento de la conducta a la norma penal aplicable, la llamada subsunción, solo se da al momento en que el Tribunal dicta sentencia, al respecto Jorge Zavala Baquerizo en su ?Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I?, en la página 216 nos dice ?el proceso se inicia por el hecho en si constitutivo objetivamente de delito, no se inicio un proceso por haberse cometido un ?homicidio?, o un ?robo?, esto es, no se lo nomina jurídicamente al hecho que es objeto del proceso. Es solo en la sentencia que al hecho se le da el respectivo nombre jurídico – nomis jurispues, mientras el proceso se sustanciaba el hecho solo objetivamente era un ?homicidio? o era un ?robo?, pero será tan sólo cuando el juez lo califique en la sentencia?, añade en el tomo IX de su magistral obra, ?es posible que la valoración jurídica que en el auto de llamamiento a juicio se dio al hecho el Tribunal Penal la considere equivocada ya por haberse tomado en consideración una circunstancia constitutiva que, en realidad no existió, ya porque se ha dejado de considerar una que en realidad, existió. En estos casos el Tribunal no puede dejar de dictar sentencia, pues el hecho es el mismo, pero equivocadamente valorizado en el auto de llamamiento a juicio. Así, si el juez penal llamó a juicio al acusado por violación y el Tribunal Penal llegó a la conclusión de que existió estupro y no violación, debe dictar sentencia condenatoria por el delito primeramente nominado y no por el segundo, pues se trata del mismo hecho. De lo que se concluye, que el Tribunal Penal no tiene la obligación de respetar la nominación jurídica del hecho realizada en el auto de llamamiento a juicio. Esta es una declaración provisional que, como tal, está sujeta a revisión por el Tribunal Penal? El Tribunal Penal solo debe analizar el hecho tal cual aparece comprobado en el proceso. Si este hecho ha sido correctamente valorado en el auto de llamamiento a juicio, lo ratificará en la sentencia; si no lo está, tiene la obligación de rectificarlo?. A manera de conclusión esta Sala manifiesta que el Juzgador siempre se debe pronunciar en sentencia respecto al hecho por el que se llama al acusado a juicio, independientemente del tipo penal que, por buscar una mayor eficiencia del proceso penal y respetar lo previsto en el artículo 18 del Código Orgánico de la Función Judicial vigente, en el que se encuadra al sistema procesal como un medio para la realización de la justicia, teniendo que respetarse en todos los procesos los principios de celeridad y economía procesal, se establece en el auto de llamamiento a juicio; 3) Aplicando el anterior razonamiento al caso concreto, nos damos cuenta que el juzgador no ha obrado de acuerdo al mismo, pues su análisis se ha limitado a la existencia del tipo penal que se encuentra descrito y sancionado en el artículo 251 del Código Penal dentro del hecho, cuando su análisis debió dirigirse a determinar la existencia de un ilícito dentro del hecho que se pone a su conocimiento. La norma aplicable en este caso no era la del artículo 241 del Código Penal, pues el legislador ha previsto un tipo especial para la ruptura de los sellos de clausura impuestos por las autoridades tributarias en el artículo 344 del Código Tributario, ya que de lo que se desprende de los hechos relatados en la sentencia recurrida, el análisis del caso debió realizarse tomando en cuenta los numerales 1 y 2 del precitado artículo, que establecen: ?A mas de los establecidos en otras leyes tributarias, son casos de defraudación: 1.- Destrucción, ocultación o alteración dolosa de sellos de clausura o de incautación; 2.- Realizar actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentre clausurado??; 4) El error de derecho en el que ha incurrido el juzgador es subsanable, ya que la prueba que ha sido analizada en el proceso es la adecuada para ayudarnos a determinar la existencia de cualquiera de los dos ilícitos de los que se ha hablado anteriormente, el contenido en el artículo 241 del Código Penal o el que se encuentra tipificado en los numerales 1 y 2 del artículo 344 del Código Tributario, pues es conducente a establecer: a) si existió o no la ruptura de sellos impuestos por la autoridad tributaria en el local del procesado; b) el haber estado atendiendo éste su local de forma normal, sin prestar atención a la prohibición que tenía de hacerlo; y, c) la responsabilidad, o falta de ella, del sentenciado en las dos situaciones anteriormente mencionadas. Podemos tomar asimismo el análisis de las pruebas, que hace el Juzgador, como válido, ya que no es en la valoración de las mismas que se ha equivocado, sino en la determinación del tipo penal que correspondía aplicar al caso concreto y siendo que ambos delitos sancionan, en general, la misma conducta, la de romper los sellos impuestos por una autoridad pública impidiéndole cumplir con eficiencia su trabajo, teniendo en el caso del tipo contenido en el Código Tributario, la especificidad de que es la autoridad tributaria la que pone dichos sellos, el análisis y las conclusiones a las que ha llegado el Inferior, de la revisión que ha hecho esta Sala, son acertadas, ya que se han hecho guardando respeto al artículo 86 del Código de Procedimiento Penal, es decir, se ha valorado la prueba de acuerdo a la sana crítica, tomando a ésta como el juicio de valor que hace el juzgador respecto a la prueba, considerada con apego a la ley y analizada con arreglo a la lógica, al saber y a la experiencia del fallador; 5) De las pruebas que ha analizado el juzgador se llega a las siguientes conclusiones: a) Por los testimonios de Juan Carlos Aguilar Villacreses, Jenny Jacqueline Baque Soledispa y Freddy Melanio Sánchez Palma se llega a determinar la existencia material de la infracción; b) De los anteriormente mencionados testimonios no se logra colegir que el procesado haya estado atendiendo con normalidad su local comercial, inclusive Melanio Sánchez ha manifestado que se quedó en mitad de la calle y no pudo ver que personas estaban en los interiores del local comercial, ni que estaban haciendo, siendo que en su calidad de Notario debió dar fe pública de lo que los funcionarios del SRI le manifestaban; c) Por los testimonios de María Janeth Marcillo Marcillo, Mayra Yoconda Sánchez Ventura, Luis Irene Parrales Ferruzola y del procesado Segundo Manuel Guanoluisa Villalta, que dan la certeza de que no fue este último quien rompió los sellos impuestos por la autoridad tributaria, sino su padre; 6) Por lo anteriormente mencionado, esta Sala llega a la conclusión de que se ha logrado, con la prueba de descargo, demostrar que no existe responsabilidad del procesado respecto de la ruptura de los sellos que fueron colocados por la autoridad, en virtud del incumplimiento de sus obligaciones tributarias y que no existe certeza de las actividades que estaba realizando el mismo al momento en que suscito el hecho, por lo que, al consagrar el artículo 304-A del Código de Procedimiento Penal que ?si no estuviere comprobada la existencia del delito o la responsabilidad del procesado, o existiere dudas sobre tales hechos, o el procesado hubiere acreditado su inocencia, dictará sentencia absolutoria?, existiendo dos de las anteriormente citadas situaciones, habiéndose probado por parte del procesado, su falta de responsabilidad en el rompimiento de los sellos de su local comercial y existir duda respecto a las actividades que estaba desarrollando al momento en que se procedía a dar reposición a los sellos de clausura que habían sido rotos, esta Sala no puede revertir el fallo del inferior, como pretende el recurrente, por las razones, analizadas y expuestas en los numerales 3, 4 y 5 del presente considerando.- QUINTO: RESOLUCION.- Por las consideraciones expuestas y en armonía con el fallo dictado por el inferior, esta Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia ?ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA? de conformidad a lo que dispone el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el recurrente, abogado Isauro Campuzano, Agente Fiscal del Distrito de Manabí y fundamentado por el Subrogante del Fiscal General, Dr. Alfredo Alvear Enríquez.- Devuélvase el proceso al inferior para los fines de ley.- Notifíquese y Cúmplase.
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n Fdo.) Dr. Luis Moyano Alarcón, Dr. Hernán Ulloa Parada, Dr. Milton Peñarreta Álvarez, Jueces de la Primera Sala Penal, Corte Nacional de Justicia. Certifico: f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.
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n RAZÓN: Certifico que la presente copia guarda con su original.- Quito, 29 de agosto del 2011.
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n f.) Dr. Milton Alvarez Chacón, Secretario Relator (E).
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n DELITO: VIOLACIÓN.
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n PROCESADO: SEGUNDO FAZ TOAPANTA.
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n JUEZ PONENTE: DR. LUIS MOYANO ALARCON. (Art. 141 Código Orgánico de la Función Judicial).
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n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA:- PRIMERA SALA DE LO PENAL.- Quito, 19 de julio del 2011, a las 9h15. VISTOS: El sentenciado Segundo Faz Toapanta, interpone recurso de casación de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha, el 19 de junio del 2008 a las 14h30, que se le impone la pena de dieciséis años de reclusión mayor especial, por ser autor del delito tipificado en el Art. 512, numeral 1, y sancionado con lo dispuesto en el Art. 513 del Código Penal. Concluido el trámite de casación y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO: Esta Sala tiene jurisdicción y competencia para resolver el recurso interpuesto, en virtud de lo dispuesto en el Art. 184 numeral 1; Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República del Ecuador publicada en el R.O. No. 449 de 20 de octubre del 2008; numeral séptimo de la sentencia interpretativa dictada por la Corte Constitucional y publicada en el R.O. No. 479 del 2 de diciembre del 2008; la Resolución dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 22 de diciembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No 511 de 21 de enero del 2009; y el sorteo de ley respectivo.- SEGUNDO: No se advierte vicios de procedimientos que puedan afectar la validez del proceso de casación, por lo que no hay nulidad que declarar.- TERCERO: FUNDAMENTACION DEL RECURSO.- El recurrente en lo principal manifiesta lo siguiente: El examen clínico ginecológico efectuado en el Hospital de Niños Baca Ortiz, de fecha 15 de junio del 2007, por la Dra. Vásconez, en la persona de la menor Anita Lucía Barahona Velasteguí, adicionalmente consta el testimonio del Dr. Marlon Oviedo Ramírez, médico legista del Ministerio Público, quien indica que la pericia de la reconocida en el protocolo de delitos sexuales, arroja como resultado que la menor presenta membrana central anular dilatable, es decir por su constitución anatómica puede permitir la introducción de un cuerpo vulnerante sin que se produzca desgarro alguno, que no se toma muestra del canal vagina por no ser procedente. Se aprecia claramente, que este proceso penal tiene como exclusividad la versión de la menor Ximena Aguagallo Barahona y de su prima Anita Lucía Barahona Velasteguí, las cuales no prueban absolutamente nada. El Tribunal Penal del Pichincha, en su fallo violenta lo que dispone el Artículo 88 del Código de Procedimiento Penal, en vista de que no existe nexo causal entre la infracción acusada con la responsabilidad del recurrente. El Tribunal de primer nivel, al momento de emitir la impropia sentencia condenatoria, no toma consideración mi testimonio indagatorio rendido en el momento que se llevaba a efecto la audiencia privada de juzgamiento, este mi testimonio recoge todo cuanto sucedió e hice desde que las niñas me visitaban, visitas que lógicamente no estaban destinadas ni encaminadas por mi persona, sino más bien eran facultativas de las menores, habida cuenta que siempre las he respetado y ese respeto esta solamente en la conciencia de las menores, ellas conocen perfectamente que no he cometido delito alguno en sus personas. De la lectura de la parte Resolutiva del fallo emitido por el Tribunal Penal de Pichincha, vuestras autoridades comprenderán fácilmente que tal fallo es ligero e injurídico, por ende violatorio a diversas normas de carácter legal como constitucionales. El Artículo 4 del Código Penal, dice: ?Prohíbese en materia penal la interpretación extensiva. El Juez debe atenerse, estrictamente a la letra de la Ley. En los casos de duda se le interpretará en el sentido más favorable al reo?. Esta norma, como vuestras autoridades conocen perfectamente, constituye Interpretación e Indubio Pro-Reo; interpretación que llama la atención que los componentes del Tribunal Penal, siendo altos representantes del Derecho y la Jurisprudencia no lo hayan aplicado, a sabiendas que los estamentos que conforman la Función Judicial, son los llamados a aplicarla, sin mirar condición, raza, edad, religión, nacionalidad. Sin embargo de que la norma legal citada es clara y genérica el Tribunal Penal de Pichincha la pisotea y no toma en consideración al momento de emitir la sentencia cuestionada. Tras las circunstancias de hecho y derecho expuestas, he demostrado fehacientemente que el Tribunal Juzgador, comete a magnitud una herejía jurídica; considero señores Jueces, que no es esa la forma apropiada de ver las cosas, pues si vivimos en un estado jurídicamente organizado, y si los sindicados hemos sido sometidos a un proceso penal, entonces necesariamente deberá aceptar el Tribunal Penal de Pichincha, como las demás partes procesales que existe y debe ser puesto en práctica todo aquello que prevé la Constitución Política de la República, Código Penal, Código de Procedimiento Penal y demás leyes aplicables al caso para la resolución del mismo. CUARTO: DICTAMEN FISCAL.- El Dr. Alfredo Alvear Enríquez, Director Nacional de Asesoría Jurídica, Subrogante del Fiscal General del Estado, al emitir su dictamen en lo principal dice: El Tribunal Penal de Pichincha ha dictado el 16 de mayo del 2008, sentencia condenatoria en contra de Segundo Enrique Faz Toapanta, por considerarlo autor responsable del delito de violación previsto y sancionado por los Arts. 512 numeral 1 y 513 del Código Penal, imponiéndole la pena de dieciséis años de reclusión mayor especial. Manifiesta el Tribunal Cuarto que Segundo Enrique Faz Toapanta al rendir su testimonio ha expresado que no ha abusado de la chica Ximena Aguagallo, siendo más bien ella quien todo el tiempo le lanzaba piedras, que los padres de la niña le encargaban que la viera pero que las dos menores se encerraban en su cuarto por lo que el deponente tan sólo cuidaba que nadie ingrese allí. Los certificados de honorabilidad y buena conducta incorporados por la defensa, el Tribunal no los considera como atenuantes, por así disponerlo el Art. 2 de las Reformas al Código Penal publicadas en el Registro Oficial No. 45 de 23 de junio del 2005. Refiere el Tribunal que analizada la prueba en su conjunto, ha llegado a la convicción y certeza de que Segundo Faz ha cometido el delito que motiva el presente enjuiciamiento, quedando claro con el testimonio de la víctima una menor de 12 años, que el acusado quedaba al cuidado de la niña y en estas circunstancias la ha violado, refiere el Tribunal que no son dignas de crédito las afirmaciones del sentenciado de que la niña ingresaba a la habitación a lanzarle piedras pero que no se quedaba allí, por cuanto el sentenciado ejercía autoridad sobre la víctima y en razón de la edad misma de éste, 46 años. Considera el Tribunal Penal que la víctima ha relatado sin contradicciones lo ocurrido, a su madre, al médico legista, a la trabajadora social e igualmente al Tribunal Penal, por lo que todos estos testimonios son concordantes, constituyéndose el testimonio de la víctima en prueba principal de cargo, habida cuenta que en los delitos sexuales no existen testigos directos. Aclara el Tribunal que se ha demostrado que Segundo Faz procedió a penetrar con su miembro viril en la vagina de la niña sin que deje huellas de ruptura himeneal por la condición dilatable de dicha membrana. Por consiguiente, el Tribunal Penal Tercero de Pichincha ha llegado a la certeza y convicción respecto a la existencia material de la infracción y a la responsabilidad del procesado. Al fundamentar el recurso de casación, el recurrente formula alegaciones que debió proponerlas en la etapa intermedia, como la relativa a su detención a la que califica de ilegal e injusta, por lo que encontrándose superada dicha etapa procesal, no cabe ningún pronunciamiento al respecto. Refiere también el recurrente que el resultado del examen médico legal en cuanto establece la ausencia de desgarro himeneal, demuestra que no ha habido ninguna infracción, considerando además que no se ha tomado muestra del canal vaginal para detectar la presencia o no de fluidos corporales o componentes orgánicos. Alega el acusado que el fallo del Tribunal Penal violenta la disposición del Art. 88 del Código de Procedimiento Penal, porque no existe nexo causal entre el delito acusado y la responsabilidad del recurrente. Así mismo, asevera Segundo Faz, que la sentencia ha violado el Art. 4 del Código Penal, pues existiendo duda la ley debe interpretarse en el sentido más favorable al reo. Examinada la sentencia recurrida, se observa que la materialidad de la infracción ha sido demostrada legalmente con: a) la partida de nacimiento de Ximena Elizabeth Aguagallo Barahona, que demuestra que a la fecha de los sucesos la víctima tenía 12 años 7 meses de edad; b) el peritaje médico ginecológico practicado por el Dr. Marlon Alexis Oviedo Ramírez a la niña Ximena Elizabeth Aguagallo Barahona, quien en la audiencia de juicio se ratifica en el contenido de éste y explica al Tribunal que no ha existido desgarro himeneal habiéndose comprobado que el himen de la niña es anular dilatable, condición ésta que implica que el himen está compuesto por una fibra totalmente elástica, que permite el ingreso del miembro viril sin que se rompa el himen, que más bien momentáneamente se contrae y al retirarse por ser elástica vuelve a su estado normal, en consecuencia manifiesta el testigo que puede sangrar la vagina más no el himen, porqué esta clase de membranas no se rompen. Este testimonio rendido ante el Tribunal Penal por un profesional médico que no es parte procesal interesada en el juicio, sino un tercero imparcial que proporciona información científica sobre el hecho sometido a su opinión, constituye la demostración de que ha existido acceso carnal en la persona de la menor de 12 años Ximena Aguagallo Barahona, quien así lo ha referido ante el Tribunal Penal, relatando con detalle las circunstancias en las que bajo el cuidado del sentenciado de 46 años de edad, había sido agredida sexualmente por éste. No está por demás reiterar que tratándose de estos delitos, las circunstancias en que se consuman las violaciones son precisamente la ausencia de testigos y el ocultamiento que aseguran la impunidad, por consiguiente el testimonio rendido por la víctima es plenamente eficaz, sin que el hecho de ser menor de edad afecte en lo absoluto su capacidad de relatar con fidelidad hechos y actos que le han ocasionado gran sufrimiento. En consecuencia, la valoración hecha por el Tribunal Penal al testimonio de la ofendida, es legal y enmarcado en las disposiciones que sobre la valoración de la prueba constan en el Código de Procedimiento Penal, particularmente el Art. 88 al demostrarse que existe nexo causal entre la infracción y el responsable Segundo Faz Toapanta, plenamente identificado como tal por la víctima. Respecto a la transgresión del Art. 4 del Código Penal relativa a la vigencia del principio pro reo en caso de duda sobre la aplicación de la Ley, se advierte que la prueba actuada durante la audiencia de juicio no da a lugar a duda alguna sobre la existencia del ilícito y la responsabilidad de Segundo Faz Toapanta, en consecuencia no se aplica la citada norma. Finalmente se ha constatado que la prueba ha sido actuada en el juicio ante el Tribunal Penal competente y en aplicación de los principios que informan el proceso acusatorio, esto es, oralidad, inmediación, contradicción y concentración. Por lo expuesto, considero que el recurso de casación interpuesto por Segundo Enrique Faz Toapanta no procede y solicito a la Sala que así lo declare, por cuanto no se ha demostrado que el Tercer Tribunal de Pichincha hubiere violado las disposiciones legales que han motivado el presente recurso. QUINTO: CONSIDERACIONES DE LA SALA.- 1.- El recurso de casación según el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, procede cuando en la sentencia se ha violado la ley ya por contravenir expresamente su texto, ya por haber hecho una falsa aplicación de ella, ya por haberla interpretado erróneamente, esto es en los siguientes casos; a) si la sentencia califica al delito conforme a la ley, pero impone una pena diferente a la señalada, se comete un error de derecho, b) cuando en la sentencia se hace una calificación equivocada del delito y aplica la pena conforme a esa calificación, c) cuando la sentencia califica como delito un hecho ilícito y se le impone la pena al acusado, esto es cuando no se encuentra tipificado la conducta como delictuosa, d) cuando en la sentencia se señala como licito algo que la ley considera como delito y se absuelve al acusado,, e) al haberse violado las leyes reguladoras de la prueba y esto influyo en la parte dispositiva de la sentencia. 2.- Del análisis del proceso, se desprende que las partes procesales han hecho uso de su derecho a la defensa, participando en todas las etapas procesales, en el fallo impugnado no se evidencia que el juzgador hubiese dado valor de prueba a instrumentos o actuaciones procesales carentes de eficacia probatoria; sino que realiza un puntual análisis de los hechos demostrados en el juicio donde se establece claramente la materialidad de la infracción y la responsabilidad penal del sentenciado Segundo Faz Toapanta, por lo que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 250 y 252 del Código de Procedimiento Penal. ?En la etapa del juicio se practicarán los actos procesales necesarios para comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado para, según corresponda, condenarlo o absolverlo? (252) ?la certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del acusado se obtendrá de las pruebas de cargo y descargo que aporten los sujetos procesales en esta etapa?. Por otra parte la sentencia emitida por el Tribunal juzgador se encuentra perfectamente motivada acorde a lo previsto en el Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal. ?La sentencia debe ser motivada y concluirá declarando la culpabilidad o confirmando la inocencia del procesado, en el primer caso; ?.cuando el tribunal de garantías penales tenga la certeza de que esta comprobada la existencia del delito y de que el procesado es responsable del mismo ?.. 3.) En los delitos sexuales generalmente no hay testigos presenciales, la prueba debe ser obtenida de los vestigios que deja el hecho y las circunstancias que lo acompañaron o precedieron, por lo que el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal, obliga al juzgador utilice la recta razón, la lógica y la experiencia, para determinar si existió o no el acto delictuoso, y establecer la responsabilidad del procesado, en el caso que nos ocupa del análisis de las pruebas practicadas en la audiencia de juzgamiento se ha podido establecer claramente la existencia de la infracción que se juzga y la responsabilidad de Faz Toapanta, con las siguientes actuaciones que se cumplieron en la audiencia de juzgamiento: a) El testimonio bajo juramento del Dr. Marlon Oviedo Ruiz, declara haber realizado el reconocimiento médico legal de fecha 17 de junio del 2007 a la menor Ana Lucia Barahona Velasteguí, de 12 años 10 meses de edad, que la reconocida ha presentado su membrana anular central dilatable, es decir por su constitución anatómica puede permitir la introducción de un cuerpo vulnerable sin que se produzca desgarro alguno. Además declara que la niña le ha manifestado que hace aproximadamente quince días, el presunto agresor le dio cola, perdiendo la conciencia y al despertar sintió ardor en la vagina, que en anteriores ocasiones mantuvo relaciones bajo amenaza e inclusive fue agredida con un cuchillo, tenia una herida en su mano izquierda. b) La menor Ana Lucia Barahona Velastegui, de 13 años de edad, manifiesta que una noche se ha ido a dormir en el cuarto de su tía con su prima María Alejandra, que su prima le ha pedido que la acompañe, entonces el hoy acusado le estaba manoseando, eso le ha contado a su prima, ahí su prima le ha dicho al acusado déjele viejo abusivo, tenia mucha sed con su prima, entonces Don Segundo les ha brindado cola, se han quedado dormidas y han amanecido desnudas, la que declara había estado sangrando, no ha contado nada a nadie porque les amenazaba con llevarlas al bosque, les iba ha esperar en la escuela, les decía que les iba a matar, lo que no han contado porque tenían miedo que no le crean, que se ha manchado la sábana y el calzonario de sangre que eso ha pasado varias veces, le decía ?tome plata?, que les sabia dar tortillas y colas y siempre se quedaban dormidas, siempre amanecía sangrando, que cuando ha estado despierta le ha bajado el pantalón y le ha introducido el pene y los dedos, una vez que se ha querido defender le ha cortado la mano, que cuando su mama se iba le sabia ofrecer plata. c) Así mismo la declaración de Mercedes Barahona Moreta, que la señorita Sofía Mejía, Directora del Centro de Equidad y Justicia, Tres Manuelas, había subido a la escuela Juan Montalvo a dar una charla sobre sexualidad, entonces su hija Ximena Aguagallo ha alzado la mano y le ha dicho que tiene un problema de esos, ahí le ha contado que en la casa el hoy acusado le ha violado muchas veces, e inclusive le ha pegado y que le había puesto una sustancia a la niña, su hija le ha dicho, mamita, no es solo a mi, a la Anita que es hija de su prima también, que ha ido al Baca Ortiz para que le hagan los exámenes, llevando primero a su hija, y al otro día a Ana Lucia, ahí el doctor ha dicho que si había pasado (violación), que en la fiscalía como su hija tenía muchos antojos, ha dicho el acusado, que si su hija estaba embarazada le iba a reconocer, le ha ofrecido plata, pero que no le metan preso, que respecto de Ana Lucia , a su primo que es compadre (del procesado) para él le decía ?vea compadre, no me manden preso, no me manden, arreglemos?, que Ana Lucia le ha conversado lo que le había violado, lo que ha sucedido antes que a su hija, d) Al rendir su testimonio Sofía Mejía Peñafiel, Directora del Centro de Equidad y Justicia Tres Manuelas, teniendo entre sus actividades dar charlas con temas de prevención y detención de abusos sexuales, que en esa ocasión lo hizo con coordinación con alumnos del sexto semestre de medicina, proyectando charlas en la escuela Juan Montalvo de Toctiuco Alto, y cuando termino la referida charla se acerco una niña, que ha estado un poco nerviosa, temerosa, la que le ha manifestado que de acuerdo a la charla recibida por los estudiantes, tenía algunas cosas que ocultaba, por lo que le ha dicho que con confianza le diga lo que sucedía, habiendo manifestado la niña que tenía una prima que estaba siendo objeto de abuso sexual y que ella tenía miedo de contar a otras personas, le ha dado su numero telefónico para que los padres de la niña afectada y de la que estaba denunciando este hecho se comunicaran con ella, a los pocos días la madre de una de las niñas ha requerido hablar de urgencia con ellas, le han dado una cita, han acudido las dos niñas con su madres, conversaron de los hechos sucedidos y de acuerdo a la Ley de la Niñez y Adolescencia han acudido a la fiscalía del Centro de Equidad y Justicia. e) En lo que respecta a la conducta del acusado Segundo Faz Toapanta esta se adecúa a lo previsto en el Art. 512, numeral 1, y 513 del Código Penal, que es la norma sancionadora correctamente aplicada por los juzgadores, sin que aparezca algún error en cuanto a la tipificación del delito ni ninguna violación de las normas previstas en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal y Constitución de la República para el caso. Del examen de la sentencia tanto en sus partes expositiva, considerativa y resolutiva se concluye que en el fallo dictado por el Cuarto Tribunal Penal de Pichincha no existe violación de ninguno de los presupuestos legales determinados en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal. RESOLUCION: Por las consideraciones precedentes, esta Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, acogiendo el dictamen fiscal ?ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL ECUADOR?, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, declara improcedente el recurso de casación interpuesto por SEGUNDO ENRIQUE FAZ TOAPANTA. Devuélvase el proceso al órgano jurisdiccional de origen para los fines de ley.- Notifíquese.
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n Fdo.) Dr. Luis Moyano Alarcón, Dr. Hernán Ulloa Parada, Dr. Milton Peñarreta Álvarez, Jueces de la Primera Sala Penal, Corte Nacional de Justicia. Certifico. f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.
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n RAZON: Certifico que la presente copia guarda conformidad con su original.- Quito, 29 de agosto del 2011.
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n f.) Dr. Milton Alvarez Chacón, Secretario Relator (E).
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n DELITO: ASESIANT.
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n PROCESADO: JUAN MANUEL UYAGUARI PACHAR.
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n PONENTE: DR. MILTON PEÑARRETA ÁLVAREZ (ART. 141 COFJ).
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n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- PRIMERA SALA DE LO PENAL.- Quito, 30 de mayo del 2011. A las 15h30.- VISTOS: El Primer Tribunal Penal del Azuay, el 12 de septiembre del 2008, a las 14h00, dicta sentencia absolutoria a favor de Juan Manuel Uyaguari Pachar, toda vez que considera que de autos se ha comprobado conforme a derecho, que la muerte de Félix Ángel Pachar Uyaguari se debió a un accidente al intentar prender una cocina de gas, que seguramente es la causa de la inflamación de sus prendas de vestir, las que según lo manifestado por Rosa María Suqui, estaban incinerándose en el piso y fueron apagadas con agua jabonosa; a más que el acusado demostró plenamente que no estuvo presente en el lugar de los hechos, sino trabajando en la localidad de Rumipamba Chico, de la parroquia San Bartolomé, de la provincia del Azuay. De esta sentencia absolutoria interpone recurso de casación el Dr. Juan Carlos López, Fiscal Distrital del Azuay, el cual fue concedido. Siendo el estado procesal el de resolver para hacerlo, se considera: PRIMERO.- JURISDICCION Y COMPETENCIA: Esta Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso de casación interpuesto de conformidad con la ley, en virtud de lo dispuesto en el Art. 184 numeral 1, y la Disposición Transitoria Octava de la Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de Octubre del 2.008; numeral séptimo de la sentencia interpretativa dictada por la Corte Constitucional y publicada en el R.O. No. 479 del 2 de Diciembre del 2.008; y, la Resolución Sustitutiva dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 22 de Diciembre del 2008 y publicada en el Registro Oficial 511 del 21 de enero del 2009; y, el sorteo de ley respectivo, en nuestras calidades de jueces nacionales de esta Primera Sala de lo Penal, avocamos conocimiento de la presente causa. SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL.- Examinado el expediente, no se advierte vicio u omisión de solemnidad sustancial que pueda afectar la decisión de esta causa, por lo que se declara expresamente su validez. TERCERO.- INTERPOSICIÓN DEL RECURSO.- El Dr. Juan Carlos López, Fiscal XV de lo Penal del Distrito del Azuay, interpone recurso de casación porque considera que la sentencia del Tribunal Penal, viola las disposiciones legales contenidas con el artículo 459, numerales 1, 4, 5 y 6 del Código Penal; y los artículos 79, 84, 85, 86, 87, 88, 140 y 143 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto al interpretarlas de manera errónea no entra a valorar el contenido de la declaración del ofendido hoy occiso Félix Pachar, que es plenamente concordante con las demás pruebas actuadas, que determinan que mientras el agraviado se encontraba en su domicilio, fue sorprendido por tres personas que actuaron con alevosía, sobre seguro; habiéndolo dos de ellos sometido utilizando violencia, con la finalidad de que no pueda defenderse, mientras que el otro conectó un soplete en el cilindro de gas con la intención positiva de quemarlo, habiendo el ofendido antes de morir, identificado como uno de los autores del hecho a su sobrino Juan Manuel Uyaguari; el Fiscal hace notar que el juzgador no se cuestionó aspectos fundamentales como por ejemplo, cómo se quemó la correa, el pantalón en la parte superior y la chaqueta de la víctima, si supuestamente el incidente se produjo por caso fortuito; porqué las quemaduras que fueron examinadas por el perito no presentaron uniformidad en la superficie corporal; o porqué el ofendido no presentó quemaduras en el rostro, tomando en cuenta que el gas licuado de petróleo, es un gas volátil, sin que el juzgador haya tomado en cuenta tampoco la ubicación de la cocineta; y además, porqué no se cuestionó que el informe del reconocimiento del lugar de los hechos no describe la destrucción o evidencias de bienes quemados por el presunto caso fortuito o accidente; sin perderse de vista que existen varios informes médicos legales desde que Félix Pachar ingresa al hospital hasta su muerte, de los cuales se debió valorar la epicrisis de la víctima remitida por el Hospital Vicente Corral Moscoso, en la que se refiere que el paciente sufre una quemadura con soplete a nivel del cuello, tórax anterior y posterior, abdomen y miembros superiores; haciéndose notar que el testimonio del acusado presenta flagrantes contradicciones en relación con los testigos por él presentados, lo cual es evidente que le resta credibilidad, y en aplicación del artículo 143 del Código de Procedimiento Penal, al no estar acorde a las demás pruebas, carece de valor; lo cual es corroborado por el artículo 140 ibídem, que determina que el testimonio del acusado por si solo, no constituye prueba; sin que en las demás actuaciones probatorias el Tribunal Penal haya sustentado de manera correcta el nexo causal entre el delito y la responsabilidad del acusado, situaciones que se han comprobado según lo prescrito en la ley. CUARTO: FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO.- El doctor Alfredo Alvear Enríquez, Director Nacional de Asesoría, Subrogante del Fiscal General del Estado, en lo principal al fundamentar el recurso de casación, considera que: En el curso de la audiencia de juzgamiento se practicaron las siguientes diligencias: 1. Testimonio del perito doctor Jaime Pacheco Solano, quien realizó las evaluaciones sobre las quemaduras y posterior autopsia del occiso Félix Pachar, concluyendo que presentó quemaduras compatibles de II y III grado, abarcando aproximadamente el cuarenta y cinco por ciento de la superficie corporal. En la cavidad craneana, en la región occipital, encontró un gran callo óseo por una neurocirugía antigua en la región temporal izquierda; y en la región inguino-genital y perineal no se evidenciaron signos de violencia. El médico legista indica que la causa de la muerte del examinado, denota que tuvo una agonía prolongada, con signos de padecer cardiopatía crónica por el cuadro traumático físico por calor que le ocasionó una falla hemodinámica que evolucionó paulatinamente con la formación de tercer espacio que derivó en la formación de un edema pulmonar, generando esto un distress o dificultad respiratoria; que lo llevó a una respuesta inflamatoria sistémica y el cese definitivo de sus funciones vitales. Finaliza afirmando que la forma de la muerte es de carácter violento traumático complicado. 2. Testimonio del agente de policía Francisco Cevallos Loachamín, quien realizó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y de las evidencias de las prendas de vestir y de las muestras tomadas en dicho lugar, determinando que la vivienda se ubica en el sector La Cuadra, de la parroquia San Bartolomé, del cantón Sigsig, de la provincia del Azuay; señala que el inmueble cuenta con una sola planta, de construcción de adobe y cubierta de teja, con una puerta de madera que permite el ingreso a una habitación que sirve de cocina y dormitorio, donde se constató una cocineta a gas, color amarillo, con desorden en sus hornillas; en el piso de madera se observaron segmentos de prendas incineradas, que según las versiones de Víctor Pachar, eran las prendas que llevaba puesto su hermano Félix Pachar el día de los hechos. 3. Testimonios de Víctor Adolfo Pachar, Rosa María Suqui Frías, María Regina de Jesús Uyaguari Carchipulla, Gerardo Humberto Delgado Calle, Aurora Beatriz Pesántez Quichimbo, Narcisa de Jesús Livicura Coyago y Manuel de Jesús Pachar, quienes concuerdan en manifestar que el 26 de septiembre del 2007, aproximadamente a las cinco de la tarde, escucharon que el ofendido pedía ayuda a su hermano Víctor, alegando que lo habían atacado y quemado tres personas, entre ellas su sobrino Juan Uyaguari; incluso Regina Uyaguari minutos antes comentó que parecía que la casa de Félix Pachar se estaba incendiando. Indican que el ofendido les expresó que le habían echado gas con un soplete, sin que haya podido defenderse porque le dieron varios golpes que lo dejaron casi inconsciente. Señalan que por el estado en el que se encontraba Félix Pachar, lo trasladaron en primera instancia al hospital del Sigsig y luego al Hospital de Cuenca, en donde falleció. 4. El acusado Juan Manuel Uyaguari Pachar, afirma que el día de los hechos se encontraba trabajando en el arado de la propiedad de sus suegros, en el sector de Rumipamba, de la parroquia de San Bartolomé, del cantón Sigsig, hasta aproximadamente las 18h30, sitio en el que pernocta en compañía de su esposa; permaneciendo en este sector por tres días adicionales para realizar otros trabajos, enterándose que su tío se encontraba en el hospital de Cuenca, razón por la cual fue a visitarlo. 5. Testimonios de María Digna Delgado Pesántez, Luz María Quituisaca Inga y María Leonor León, comuneras del sector de Rumipamba, quienes afirman que el acusado desde las primeras horas del día miércoles 26 de septiembre del 2007 hasta aproximadamente las 18h30, se encontraba laborando en los terrenos de su suegra y luego en la propiedad de Luz Quituisaca, permaneciendo en el sector hasta el día sábado de esa manera, continua manifestando el Dr. Alvear que en el presente expediente, el Primer Tribunal Penal del Azuay no toma en cuenta las pruebas actuadas por parte del órgano acusador e investigador, que con meridiana claridad permiten arribar a la conclusión de comprobación conforme a derecho la materialidad del ilícito y la responsabilidad del acusado Juan Manuel Uyaguari, sin que sea aceptable que los testimonios de personas que no estuvieron presentes en el lugar de los hechos desvirtúen las declaraciones rendidas por el ofendido antes de fallecer y que fueron debidamente introducidas y reproducidas en la audiencia de juzgamiento por parte de la Fiscalía, de las que se debe indicar que son concordantes con los testimonios de los vecinos del lugar, que acudieron en auxilio de Félix Pachar, quien se despojaba de sus vestimentas en llamas en el patio de su vivienda, y que son precisamente las prendas que se recogieron como evidencias por parte del agente policial encargado de la investigación del caso. Es importante tomar en cuenta el cuestionamiento que el fiscal de la causa realiza respecto de los efectos que se generarían en una explosión producida por gas, que es lo que el juzgador asume se ha comprobado en el caso in examine; pues como es de conocimiento general, el gas de uso doméstico en ambientes cerrados puede generar accidentes tan graves, que en la mayoría de los casos no sólo produce la muerte de las personas que se encuentren en las inmediaciones de la onda expansiva producida, sino que se generará concomitantemente la destrucción de objetos circundantes del foco de explosión, sin que se haya demostrado que los bienes muebles hayan presentado algún vestigio de inflamación, reflexión que debió ser realizada por el juzgador, para contar con los argumentos que sustenten su sentencia absolutoria, que alega que el hecho proviene de un accidente o caso fortuito. QUINTO.- CONSIDERACIONES DE LA SALA.- 1). En cuanto a la admisibilidad del recurso de casación, se debe observar lo siguiente: el recurso de casación, según la concepción de Leone, citado por Jorge Vásquez Rossi, es ?El medio de impugnación por el cual una de las partes, por motivos específicamente previstos, pide a la Suprema Corte de Casación la anulación de una sentencia que le es desfavorable?1. Conforme ha concebido esta Sala, este recurso es extraordinario y un instrumento protector de los derechos y garantías fundamentales, calidad que según Orlando Rodríguez Chocontá se produce ?Porque se surte por fuera de las instancias en tanto no plantea una nueva consideración de lo que fue objeto de debate en ellas, sino un juicio de valor contra la sentencia que puso fin al proceso, esencialmente, por haberse proferido con violación de garantías fundamentales, materializado a través de una demanda que no es de libre elaboración porque cabe ceñirse a rigurosos parámetros lógicos, a causales taxativas y sólo procede contra sentencia de segundo grado?2. El autor al determinar los elementos de la proposición jurídica y particularmente a la postulación de un cargo, sostiene que ?Se debe construir un argumento lógico, coherente, completo y correcto. (?) El razonamiento lógico-jurídico se debe desarrollar o argumentar sobre un esquema básico, so pena de quedar insuficientemente demostrado ante el Tribunal de Casación. No tendría trascendencia que se estructurará una proposición jurídica y no se desarrollará la tesis con razones de hecho y de derecho de que permitieran dirigir la argumentación al desquiciamiento, derrumbamiento o modificación de la sentencia impugnada?3.- Estos elementos descritos por el autor colombiano, son más rigurosos cuando se trata de la violación indirecta, pues debe señalarse ?el sentido de la trasgresión de la ley, concretar el tipo de desacierto en el que se funda, individualizar el medio o medios de prueba sobre los que se predica el yerro, e indicar de manera objetiva su contenido, el merito atribuido por el juzgador, la incidencia en él en las conclusiones del fallo, y en relación de determinación la norma de derecho sustancial que mediatamente resultó excluida o indebidamente aplicada y acreditar cómo, de no haber ocurrido el yerro el sentido del fallo habría sido sustancialmente distinto y opuesto a lo impugnado, integrando de esta manera la proposición del cargo y su formulación completa?4.- 2).- La vida y su protección: Según el Profesor de la Universidad Externado de Colombia, Dr. Alfonso Gómez Méndez, ?Dentro de los distintos intereses que la sociedad política organizada puede considerar como dignos de protección, merece destacarse de manera especial, el relativo a la existencia misma de los individuos. Cabe aquí plenamente la noción criminológica de delito, como comportamiento que afecta las condiciones de existencia, desarrollo o conservación del grupo social. Es por así decirlo, el supremo interés que ocupa la escala superior dentro de la jerarquía de los valores o bienes jurídicos susceptibles de tutela desde el punto de vista penal. Es necesario recalcar la importancia que dentro de cualquier estado, independientemente de su orientación política o ideológica, reviste la protección del bien jurídico de la vida?. Las distintas formas de extinción de la vida: El homicidio es el comportamiento humano, mediante el cual, una persona dolosamente priva la vida de otra. El verbo rector o núcleo rector del tipo, aquella forma verbal que nutre antológicamente la conducta típica, es matar, del cual se desprende el resultado material que es la muerte y sus distintas modalidades de la conducta. Según el profesor Jorge Buompadre, para la configuración de este delito, se requieren de tres elementos constitutivos, que son: ?una acción u omisión causales; un resultado material (la muerte de la persona) y un elemento subjetivo (dolo) que supone la voluntad de suprimir un ser humano». Este delito constituye el tipo básico de los delitos contra la vida.- 3) En el caso en estudio se puede apreciar que el Tribunal no valoró ciertos aspectos fundamentales expuestos por parte de la fiscalía como la declaración que hizo el hoy occiso antes de morir en la cual manifiesta que fue sorprendido por tres personas, dos de ellos sometiéndolo, mientras que el otro conectó un soplete en el cilindro de gas con la intención positiva de quemarlo, las quemaduras que fueron examinadas por el perito no presentan uniformidad en la superficie corporal, ni tampoco quemaduras en el rostro, si se toma en consideración que el gas licuado de petróleo es un gas volátil, y verificando la ubicación de la cocineta, no concuerda con la hipótesis señalada, llama la atención observar que si fue un caso fortuito o accidente no existen evidencias de destrucción de los bienes que se encontraban dentro del lugar de los hechos. 4) El hoy occiso reconoció a uno de sus agresores afirmando que fue su sobrino Juan Manuel Uyaguari Pachar, en compañía de dos individuos más, en la declaración efectuada en el departamento de cirugía del hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca, versión receptada por Dr. Juan Carlos López, Agente Fiscal, que en lo principal manifiesta el ofendido ahora occiso: que siempre anduvo en problemas con su hermana Rosa Pachar, madre del imputado por cuestión de tierras, que ese mismo día tuvo una discusión con ella por ese tema. De la versión rendida se aprecia que Félix Pachar, tiene noción del tiempo y espacio, recordando sucesos anteriores nombres, direcciones y detalles de lo sucedido, descartando la hipótesis sostenida del delirium tremens, a la que se hace referencia en la sentencia. 5). Según los testimonios rendidos en el proceso se determinó que el acusado no estuvo presente en el lugar de los hechos, sin embargo, las personas donde dicen los testigos estaban arando, esto es María Leonor León Uyaguari de fs. 58 y Janneth Alexandra León Uyaguari, de fs. 59 refieren que en efecto araban sus terrenos pero el día 26 de septiembre, el mismo día ara dos propiedades según las propietarias de los terrenos, pero el hecho se da el veinte y siete de septiembre del dos mil siete a las dieciocho horas aproximadamente, por lo que se contradice con los testimonios de descargo, es más sostienen que luego de la arada se fue donde su suegro, Manuel León pero el mismo imputado en su versión dice que el día 26 de septiembre se quedó durmiendo donde su suegra, el veinte y siete sembrando donde la Sra. Leonor, y el veinte ocho duerme donde su suegra, contradiciendo así a los testigos. 6). En lo relacionado al informe de autopsia el perito médico manifiesta: ?la causa de la muerte en una persona adulta con signos de agonía prolongada y signos de padecer cardiopatía crónica esta dado por un cuadro traumático físico por calor lo que ocasiono una falla hemodinámica y metabólica que evoluciono paulatinamente con la formación de tercer espacio que derivó en la formación de edema pulmonar, ocasionando un distress o dificultad respiratoria del adulto lo que llevó a una respuesta inflamatoria sistemática a la falla multisistémica y al cese definitivo de las funciones vitales, la forma de la muerte es violento traumático complicado mientras no se demuestre lo contrario?. Este peritaje no hace referencia en ningún momento a un caso fortuito o accidental sino más bien, confirma lo expuesto por parte de la fiscalía. 7). Con todos estos argumentos es fácil deducir que el Tribunal inferior cometió una equivocación al dictar sentencia absolutoria, ya que se encuentra demostrada tanto la materialidad de la infracción como la responsabilidad del imputado Uyaguari Pachar en el delito cometido, en base a pruebas testimoniales, materiales, producto de la investigación realizada, que llevan a concluir de acuerdo a derecho su participación en el delito cometido. 8). Del estudio pormenorizado de la sentencia se llega a la determinación que la actuación del imputado se acopla a lo estipulado en el Art. 455 inciso dos del Código Penal, que textualmente dice: ?Cuando las heridas o golpes, dados voluntariamente pero sin intención de dar la muerte, le han causado, el delincuente será reprimido con tres a seis años de reclusión menor. Será reprimido co