Registro Oficial No 287 Jueves 19 de julio de 2018

julio 19, 2018

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés Presidente Constitucional de la República del Ecuador Jueves, 19 de julio de 2018 (R. O. 287, 19-julio -2018) SUMARIO: Págs. FUNCIÓN EJECUTIVA INSTRUMENTO INTERNACIONAL: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA: -…………. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República Italiana […]

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Jueves, 19 de julio de 2018 (R. O. 287, 19-julio -2018)

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN EJECUTIVA

INSTRUMENTO INTERNACIONAL:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA:

-…………. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República Italiana Relativo a la Cooperación en Defensa

FUNCIÓN JUDICIAL Y JUSTICIA INDÍGENA

RESOLUCIONES:

CONSEJO DE LA JUDICATURA:

004A-2018 Encárguese a la abogada Irene Valencia Balladares como Directora General del Consejo de la Judicatura

008A-2018 Otórguense nombramientos provisionales a varios servidores de la Función Judicial

009A-2018 Encárguense las direcciones nacionales y la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación, a varios funcionarios

010A-2018 Nómbrense directores nacionales

FUNCIÓN ELECTORAL

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL:

PLE-CNE-14-20-6-2018 Expídese el Instructivo para el proceso de recepción de postulaciones y verificación de requisitos para las candidatas y candidatos a consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

ORDENANZAS MUNICIPALES:

-…………. Cantón Marcabelí: Que expide la primera reforma a la Ordenanza sustitutiva que regula la administración del mercado municipal «Edén de Los Andes

-…………. Cantón Pallatanga: Que reforma a la Ordenanza de fraccionamiento, urbanizaciones y excedentes o diferencias de terrenos

-…………. Cantón Pindal: Sustitutiva para la aplicación de las tarifas y cobros del servicio de agua potable y alcantarillado

Págs.– Cantón Samborondón: De reforma parcial a la Ordenanza sustitutiva que regula el uso y control de espacios de parqueo con parquímetro en la vía pública, así como las sanciones a los infractores, de la parroquia urbana satélite La Puntilla 45

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA RELATIVO A LA COOPERACIÓN EN DEFENSA:

El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Italiana (posteriormente referidos como las «Partes»);

Confirmando su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas; Deseosos de mejorar la cooperación entre sus Ministerios de Defensa;

Compartiendo el entendimiento común de que la cooperación mutua en el sector de la Defensa permitirá estrechar las relaciones entre las Partes;

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO 1 Principios de Cooperación

La cooperación entre las Partes, regida por los principios de igualdad, de reciprocidad y del interés común, se desarrollará respetando las respectivas legislaciones nacionales y las obligaciones internacionales asumidas, para promover, facilitar y desarrollar la cooperación en el campo de la Defensa.

ARTÍCULO 2 Implementación de la Cooperación

Las concretas actividades de cooperación en el campo de la Defensa serán organizadas y conducidas por el Ministerio de Defensa de la República de Ecuador y el Ministerio de Defensa de la República Italiana.
Eventuales consultas de los responsables de las Partes se efectuarán alternativamente en Roma y en Quito con el propósito de elaborar y aprobar, donde fuera oportuno y previa aprobación bilateral, eventuales acuerdos específicos que complemente y perfeccionen el presente Acuerdo, así como posibles programas de cooperación entre las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y las Fuerzas Armadas Italianas.

ARTÍCULO 3

Áreas de Cooperación

La cooperación entre las Partes podrá incluir, pero no estará limitada a las siguientes áreas:Políticas de seguridad y defensa;

Investigación y desarrollo, apoyo logístico y adquisición de productos y servicios de defensa;
Conocimientos y experiencias adquiridas en el cumplimiento de operaciones internacionales de mantenimiento de paz;
Educación, entrenamiento, adiestramiento en el campo militar;
Aspectos ambientales y de contaminación causada por actividades militares;
Servicio médico militar;

g) Historia militar;

h) Deporte militar;

i) Otras áreas en el dominio de la defensa que puedan ser de interés mutuo de las dos Partes.

ARTÍCULO 4

Modalidades de Cooperación

La cooperación entre las Partes en el dominio de la Defensa, se desarrolla de la siguiente forma:

Visitas mutuas de delegaciones de alto nivel a entidades civiles y militares;
Intercambio de experiencias entre los expertos de las dos Partes;
Reuniones entre las instituciones de defensas equivalentes;
Intercambio de docentes e instructores, así como de estudiantes de instituciones militares;
Participación en cursos teóricos y prácticos, cursos de orientación, seminarios, conferencias, debates y simposios en entidades militares, así como en entidades civiles de interés de la defensa, de común acuerdo entre las Partes;
Participación en ejercicios militares;
Participación en operaciones de Paz y humanitarias;

h) Visitas de embarcaciones y aeronaves militares;

i) Intercambio en el campo de los eventos culturales y deportivos;

j) Apoyo a iniciativas comerciales relativas a materiales y servicios de la Defensa, junto a temáticas relacionadas a la Defensa;

k) Otros aspectos militares que puedan ser de interés mutuo para las Partes.Registro Oficial N° 287 Jueves 19 de julio de 2018 – 3

ARTICULO 5

Cooperación en el sector de Armamentos

La Partes podrán tomar acuerdos directos en relación a la colaboración en el sector de armamentos y de intercambio de materiales, así como en relación a la categoría de material y de equipos que podrán ser objeto de la actividad de intercambio.
La adquisición de materiales de interés para las respectivas Fuerzas Armadas se efectuará por medio de opciones directas entre los estados o por medio de empresas privadas autorizadas por sus respectivos Gobiernos.

ARTÍCULO 6 Cooperación en el campo de materiales para la Defensa

1. Las actividades en el área de la industria de la Defensa y política de adquisiciones, investigación, desarrollo de armamento y equipos militares pueden adoptar las siguientes modalidades:

Investigación, pruebas y diseño;
Intercambio de experiencias en el sector técnico;
Producción mutua, modernización y servicios técnicos mutuos en sectores definidos por las Partes;
Adquisición de equipos dentro del marco de programas comunes y producción ordenada por una de las Partes, de conformidad con su legislación interna en lo pertinente a la importación y exportación de materiales de armamento;
Apoyo a las industrias de Defensa y organismos gubernamentales con el fin de crear cooperación en el campo de producción de materiales militares.

2. Las Partes se comprometen a aplicar los procedimientos requeridos para asegurar la salvaguarda de la propiedad intelectual que se desprenda de las iniciativas llevadas a cabo conformemente a este Acuerdo, de conformidad con lo previsto en sus respectivas legislaciones y en los Tratados Internacionales previamente suscritos entre las Partes.

ARTÍCULO 7 Compromiso en el campo de Materiales para la Defensa

Las Partes se brindarán asistencia y colaboración mutua para promover, por medio de las industrias y/o por medio de las organizaciones interesadas, el cumplimiento

del presente Acuerdo y de los contratos firmados de conformidad con las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 8 Aspectos financieros

1. A menos que se disponga lo contrario, cada una de las Partes será responsable de los gastos en que incurra en la aplicación de presente acuerdo:

Gastos de viaje, salarios, seguros médicos y accidentes, además de otros gastos relativos a cualquier tipo de otra indemnización debida a su propio personal, de conformidad con sus normas nacionales;
Gastos de atención médica y odontológica, incluidos los gastos ocasionados por la retirada o evacuación de su propio personal enfermo, herido o fallecido.

Sin perjuicio de los términos del anterior literal «b», la Parte Anfitriona proporcionará la atención de emergencia en las instalaciones médicas de sus Fuerzas Militares a cualquier miembro del personal de Parte Remitente que pueda requerir asistencia médica durante el desarrollo de actividades bilaterales de cooperación, de conformidad con el presente Acuerdo y, de ser necesario, en otros establecimientos médicos, en el entendido de que la Parte Remitente correrá con los gastos correspondientes a dicha atención.
Todas las actividades realizadas en el ámbito de este Acuerdo estarán sujetas a la disponibilidad de recursos de las Partes.

ARTÍCULO 9 Indemnización por daños

En virtud del presente Acuerdo, cualquier tipo de daño causado a la Parte Anfitriona por un miembro de la Parte Remitente durante o en relación a su misión/ ejercicio, será indemnizado por la Parte Remitente por medio de un acuerdo mutuo.
Si las dos Partes fueran responsables de las pérdidas o daños causados durante o en relación a las actividades previstas por el presente Acuerdo, las Partes proveerán a reembolsar esta pérdida o este daño de común acuerdo.

ARTÍCULO 10 Jurisdicción

1. Las autoridades del País Anfitrión (Host Nation/HN) tienen el derecho de ejercer su propia jurisdicción

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sobre el personal militar y civil huésped por lo que se refiere a delitos cometidos en su territorio que, según la legislación vigente en este territorio, sean punibles.

2. Sin embargo, las autoridades del País Remitente (Sending Nation/SN) tienen el derecho de ejercer prioritariamente su jurisdicción sobre los miembros de sus Fuerzas Armadas en los siguientes casos:

Cuando las infracciones amenazan la seguridad o los bienes del País Remitente:
Cuando los delitos cometidos sean consecuencia de actos u omisiones – debido a conducta intencionada o negligente – cometidas durante o en relación al ejercicio de las funciones asignadas.

3. En le caso en que el antedicho personal huésped fuera directa o indirectamente involucrado en eventos por los cuales las leyes del País Anfitrión (HN) prevean la pena capital, esta pena no será pronunciada y, en le caso en el que fuera pronunciada, no se hará ejecución de la misma.

ARTICULO 11

Seguridad de la información Clasificada

Para efectos del presente Acuerdo, el término «información clasificada» hace referencia a cualquier asunto, documento o material clasificado, cualquiera que sea su forma, que se trate de una comunicación audio o video de contenido clasificado o que se trate de transmisión eléctrica o electrónica de un mensaje clasificado de cualquier forma, cuyo uso no autorizado pueda lesionar los intereses de seguridad de las Partes.
Toda información clasificada proporcionada o producida en al presente Acuerdo, será usada, transmitida, almacenada, tratada de conformidad con lo dispuesto en la normativa interna de cada Parte.
La información clasificada será transmitida solamente por medio de canales directos entre los gobiernos, aprobados por la Autoridad Nacional de Seguridad/ Autoridad designada por las Partes.
Las clasificaciones de seguridad equivalentes son las siguientes:

República del Ecuador

Equivalente (en Inglés)

República Italiana

SECRETÍSIMO

TOP SECRET

SEGRETISSIMO

SECRETO

SECRET

SEGRETO

RESERVO

CONFIDENTIAL

RISERVATISSIMO

CONFIDENCIAL

RESTRICTED

RISERVATO

El acceso por parte del personal de las Partes a la información clasificada intercambiada en relación al presente Acuerdo, será concedido una vez averiguada la necesidad de conocer y una vez otorgada una habilitación de seguridad adecuada de conformidad con las leyes y reglas nacionales.
Las Partes se asegurarán de que todo tipo de información clasificada intercambiada sea usada exclusivamente para los fines expresamente establecidos en el ámbito y de conformidad con la finalidad del presente Acuerdo.
La transferencia a Terceras Partes/Organizaciones Internacionales de información clasificada, adquirida como parte de la cooperación en el campo de los materiales de la defensa, prevista por el presente acuerdo, estará sujeta a la aprobación previa escrita por parte de la Autoridad de Seguridad de la Parte que la proporciona.
Sin perjuicio del efecto inmediato de las cláusulas contenidas en el presente artículo, ulteriores aspectos de seguridad concernientes la información clasificada no contenida en el presente Acuerdo/Memorándum relativo a la Cooperación, serán regulados por un acuerdo general específico en materia de seguridad, estipulado por las respectivas Autoridades Nacionales de Seguridad o por las Autoridades de Seguridad designadas por las Partes.

ARTÍCULO 12 Resolución de Disputas

Cualquier disputa relativa a la interpretación o aplicación de este Acuerdo será solucionada exclusivamente por medio de consultas y negociaciones entre las Partes por vía diplomática.

ARTÍCULO 13

Protocolos complementarios, enmiendas, revisión y programas

1. En virtud de este Acuerdo, con el consentimiento de las Partes podrán ser decididos Protocolos Complementarios en áreas específicas de cooperación de Defensa que involucran entidades civiles y militares.

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Protocolos Complementarios que serán negociados entre las Partes, serán elaborados de conformidad con los procedimientos nacionales y estarán restringidos a los objetivos de este Acuerdo sin generar cualquier interferencia en las respectivas legislaciones nacionales.
Programas de desarrollo dirigidos a dar efecto al presente Acuerdo o a sus Protocolos Complementarios serán elaborados, desarrollados e implementados por el personal autorizado por el Ministerio de Defensa de la República de Ecuador y el Ministerio de Defensa de la República Italiana, teniendo en cuenta el interés común y, en lo pertinente, por los Ministerios de Relaciones Exteriores de las dos Partes.
El presente Acuerdo podrá ser modificado o revisado con el consentimiento mutuo mediante un Intercambio de Notas entre las Partes a través de canales diplomáticos.
Los Protocolos Complementario, las enmiendas y las revisiones entrarán en vigor tal como se especifica en al Artículo 15.

ARTÍCULO 14 Vigencia y Denuncia

El presente Acuerdo permanecerá en vigor hasta que una de las Partes decida, en cualquier momento, denunciarlo.
La denuncia de un Parte deberá ser comunicada a la otra Parte por escrito y por la vía diplomática, produciendo efecto noventa (90) días después de la recepción de la respectiva notificación de la otra Parte.
La denuncia del presente Acuerdo no afectará ningún programa y ninguna actividad en curso al amparo del presente Acuerdo, a menos que las Partes lo decidan de otro modo.

ARTICLE 15 Entrada en vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor después de recibida la última de las dos notificaciones escritas, por medio de las cuales las Partes se informarán mutuamente, por vía diplomática, de que fueron cumplidos los respectivos requisitos nacionales para el presente Acuerdo entre en vigor.

En fe de los abajo firmantes, debidamente autorizados para tal efecto por los respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo.

Hecho en Quito, el 20 de noviembre de 2009, en Roma, el 18 de noviembre de 2009 en dos ejemplares originales,

cada uno de ellos en los idiomas Italiano y Español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República de Ecuador.

f.) Ilegible, El Ministro de Defensa de la República del Ecuador.

Por el Gobierno de la República Italiana.

f.) Ilegible, El Ministro de Defensa de la República Italiana.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.- Certifico que es fiel copia del documento que se encuentra en los archivos de la Dirección de Instrumentos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.- Quito, a 03 de julio de 2018.- f.) Ilegible.

No. 004A-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial… «;

Que el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: «La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia «;

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, disponen: «Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial; (…) y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. /Las decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría simple»;

Que el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: «£7 Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia

6 – Jueves 19 de julio de 2018 Registro Oficial N° 287

y disciplina de la Función Judicial, que comprende; órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos… «;

Que los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «Nombrar (…) a la Directora o al Director General, y demás servidoras y servidores de la Función Judicial 10. Expedir (…) reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial… «;

Que con Memorando CJ-DG-2018-2291-M, de 22 de junio de 2018, suscrito por el doctor Andrés Segovia Salcedo, Director General encargado, quien pone a disposición el encargo de Director General, el doctor Marcelo Merlo Jaramillo, Presidente del Consejo de la Judicatura;

Que con fecha 14 de junio de 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio con base en sus competencias derivadas del mandato que le confió el pueblo ecuatoriano en la Consulta Popular del 4 de febrero de 2018, mediante Resolución No. PLE-CPCCS-T-E-048-14-06-2018, resolvió designar a los señores y señoras: doctor Marcelo Merlo Jaramillo, abogada Zobeida Aragundi, doctor Aquiles Rigail, doctora Angélica Porras y doctor Juan Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la Judicatura, el mismo que será presidido por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

Artículo Único.- De conformidad con el numeral 1 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, encargar a la abogada Irene Valencia Balladares como Directora General del Consejo de la Judicatura hasta el lunes 2 de julio de 2018.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de la presente Resolución estará a cargo de la Dirección General.

SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el veintiséis de junio de dos mil dieciocho.

f.) Dr. Marcelo Merlo Jaramillo, Presidente.

f.) Ab. Zobeida Aragundi Foyain, Vocal, Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Vocal, Consejo de la Judicatura.

f.) Dra. Angélica Porras Velasco, Vocal, Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Juan Pablo Albán Alencastro, Vocal, Consejo de la Judicatura.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el veintiséis de junio de dos mil dieciocho.

f.) Ab. Irene Valencia Balladares Mgs., Secretaria General.

No. 008A-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. «;

Que el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. «;

Que el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: «La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia. «;

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, determinan: «Serán

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funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial (…)’, y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. «;

Que el numeral 2 del artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: «Las servidoras y servidores de la Función Judicial pertenecen a la carrera judicial, de acuerdo a la siguiente clasificación: 2. Las demás servidoras y servidores judiciales pertenecen a la carrera judicial administrativa. «;

Que el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe: «El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, que comprende: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos… «;

Que los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, estipulan que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «1. Nombrar (…) demás servidoras y servidores de la Función Judicial (…); y, 10. Expedir, (…) reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. «;

Que el artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece: «Para desempeñar un puesto público se requiere de nombramiento o contrato legalmente expedido por la respectiva autoridad nominadora… «;

Que el literal b) del artículo 17 de la Ley Orgánica de Servicio Público, dispone: «Para el ejercicio de la función pública los nombramientos podrán ser: b) Provisionales… «;

Que el artículo 55 de la Ley Orgánica de Servicio Público, expresa: «El subsistema de planificación del talento humano es el conjunto de normas, técnicas y procedimientos orientados a determinar la situación histórica, actual y futura del talento humano, a fin de garantizar la cantidad y calidad de este recurso, en función de la estructura administrativa correspondiente. «;

Que el artículo 56 de la Ley Orgánica de Servicio Público, indica: «Las Unidades de Administración del Talento Humano estructurarán, elaborarán y presentarán la planificación del talento humano, en función de los planes, programas, proyectos y procesos a ser ejecutados… «;

Que el artículo 57 de la Ley Orgánica de Servicio Público, manifiesta: «El Ministerio de Relaciones Laborales aprobará la creación de puestos a solicitud de la máxima

autoridad del sector público, a la cual se deberá adjuntar el informe de las unidades de administración de talento humano, previo el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas en los casos en que se afecte la masa salarial o no se cuente con los recursos necesarios… «;

Que el artículo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, señala: «Entiéndase por nombramiento el acto unilateral del poder público expedido por autoridad competente o autoridad nominadora mediante la expedición de un decreto, acuerdo, resolución, acta o acción de personal que otorga capacidad para el ejercicio de un puesto en el servicio público. «;

Que el literal b) del artículo 17 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, prescribe: «Los nombramientos extendidos para el ejercicio de un puesto en la función pública pueden ser: (…) b) Provisionales: Aquellos otorgados para ocupar temporalmente los puestos… «;

Que el literal c) del artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, prevé: «Se podrá expedir nombramiento provisional en los siguientes casos: c- Para ocupar un puesto cuya partida estuviere vacante hasta obtener el ganador del concurso de méritos y oposición, para cuya designación provisional será requisito básico contar con la convocatoria. Este nombramiento provisional se podrá otorgar a favor de una servidora, un servidor o una persona que no sea servidor siempre que cumpla con los requisitos establecidos para el puesto. «;

Que el cuarto inciso del artículo 143 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, indica: «Cuando las instituciones del Estado hayan contratado personal hasta el lapso de tiempo que permite el artículo 58 de la LOSEP, en el que se incluye la renovación, de persistir la necesidad de cumplimiento de actividades permanentes, la UATH planificará la creación del puesto el cual será ocupado agotando el concurso de méritos y oposición. «;

Que el artículo 1 de la Resolución MDT-VSP-2015-0002, de 28 de febrero de 2015, el Ministerio del Trabajo, resolvió: «Art. L- Aprobar la creación de tres mil ciento ochenta y cuatro (3184) puestos en la escala de remuneraciones mensuales unificadas para el Consejo de Judicatura… «;

Que el artículo 1 del Acuerdo Ministerial MDT-2015-0176, de 28 de julio de 2015, suscrito por el economista Carlos Marx Carrasco Vicuña, Ministro del Trabajo a la fecha, manifiesta: «Art. 1.- Expedir el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos del Consejo de la Judicatura… «;

Que mediante Oficio MDT-VSP-2015-0670, de 28 de julio de 2015, la ingeniera Paola Hidalgo Verdesoto,

8 – Jueves 19 de julio de 2018 Registro Oficial N° 287

Viceministra del Servicio Público a la fecha, pone en conocimiento de la economista Andrea Bravo Mogro, Directora General del Consejo de la Judicatura a la fecha, que: «Mediante Oficios Nos. MINFIN-DM-2015-0345 y MINFIN-DM-2015-0382, de 29 de junio y 21 de julio de 2015, respectivamente, el Ministerio de Finanzas emitió dictamen presupuestario favorable para la creación de cuatro mil un (4001) puestos de carrera del Consejo de la Judicatura. (…) con la finalidad de que, se concluya con el proceso de creación de puestos acorde a lo establecido en el Acuerdo Ministerial MDT-2015-0135. «;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 30 de julio de 2015, mediante Resolución 216-2015, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 375 de 7 de octubre de 2015, resolvió: «DE LA CREACIÓN DE CUATRO MIL UN (4001) PUESTOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA «;

Que el numeral 5 del literal B.2.1 del Anexo 1 del Acuerdo Ministerial 126, de 10 de noviembre de 2017, suscrito por el economista Carlos De la Torre Muñoz, Ministro de Finanzas, indica: «5. Las entidades no podrán realizar reformas al distributivo de remuneraciones mensuales unificadas por creación de puestos, contratos de servicios ocasionales, revisión a la clasificación y valoración de puestos y demás movimientos de personal que involucren recursos financieros adicionales, si la entidad no cuenta con la asignación y disponibilidad presupuestaria institucional suficiente a nivel de masa salarial, que cubra estos requerimientos, según el Artículo No. 115 del COPLAFIP.»;

Que mediante Memorando CJ-DNTH-2018-1925-M, de 3 de julio de 2018, suscrito por la doctora Adriana Verónica Ocampo Carbo, Directora Nacional de Talento Humano (e), pone en conocimiento el doctor Jorge Joaquín Touma Endara, Subdirector Nacional de Asesoría y Normativa, el Informe Técnico No. DNTH-SA-0776-2018, de 28 de junio de 2018, que contiene la motivación técnica, el sustento legal y el listado de postulantes para otorgar «Nombramientos Provisionales a servidores de la Función Judicial»; y, el proyecto de resolución respectivo;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2018-2355-M, de 4 de julio de 2018, suscrito por la abogada Irene Valencia Balladares, Directora General (e), quien remite el Memorando circular CJ-DNJ-SNAN-2018-0005-MC, de 3 de julio de 2018, suscrito por el doctor Jorge Joaquín Touma Endara, Subdirector Nacional de Asesoría y Normativa, que contiene el proyecto de resolución para: «OTORGAR NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL «; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

OTORGAR NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

Artículo 1.- Aprobar el Informe Técnico No. DNTH-SA-0776-2018, de 28 de junio de 2018, contenido en el Memorando CJ-DNTH-2018-1925-M, de 3 de julio de 2018, referente a la emisión de nombramientos provisionales a los servidores de la Función Judicial, suscrito por la doctora Adriana Verónica Ocampo Carbo, Directora Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura (e).

Artículo 2.- Otorgar nombramientos provisionales a los servidores de la Función Judicial, conforme con el anexo que forman parte de esta resolución.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- La notificación de la presente resolución se realizará una vez que se encuentre aprobado por parte del Ministerio de Finanzas el ingreso del personal constante en los anexos que forman parte de esta resolución, al sistema de remuneraciones, bajo la modalidad de nombramiento provisional.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias de la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Para los efectos de la presente resolución, los nombramientos provisionales contenidos en el anexo que forma parte de esta resolución, regirán a partir del 1 dejuliode2018.

TERCERA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el cuatro de julio de dos mil dieciocho.

f.) Dr. Marcelo Merlo Jaramillo, Presidente.

f.) Ab. Zobeida Aragundi Foyain, Vocal, Consejo de la Judicatura.

f.) Dra. Angélica Porras Velasco, Vocal, Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Vocal, Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Juan Pablo Albán Alencastro, Vocal, Consejo de la Judicatura.

Registro Oficial N° 287 Jueves 19 de julio de 2018 – 9

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el cuatro de julio de dos mil dieciocho, f.) Ab. Irene Valencia Balladares Mgs., Secretaria General.

ANEXO NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

No.

PROVINCIA

NOMBRE ORGANISMO

DEPENDENCIA

CÉDULA

FUNCIONARIO

CARGO

PLANTA CENTRAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

1715057533

ESPINOSA ENRIQUEZ JEANETTE ALEXANDRA

TÉCNICO DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

PLANTA CENTRAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

1309581971

INTRIAGO MENDOZA ERICK ENMANUEL

SUPERVISOR DE CENTROS DE MEDIACIÓN Y JUSTICIA DE PAZ

PLANTA CENTRAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURIDÍCA

2000103784

ESPÍN PAZMIÑO KARINAMISHEL

TÉCNICO DE ASESORÍA Y NORMATIVA

PLANTA CENTRAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURIDÍCA

1720608338

ALDAZ PRUNA HERNÁN ROLANDO

ABOGADO DE PATROCINIO 2

PLANTA CENTRAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURIDÍCA

0929003697

RACINES MEDINA MAYERLINE ANDREA

TÉCNICO DE CONTROL DISCIPLINARIO

PLANTA CENTRAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

SECRETARÍA GENERAL

1714192232

RON VILLACRÉS ANABELL ALEJANDRA

ANALISTA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL 1

PLANTA CENTRAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

SECRETARÍA GENERAL

0930608930

ANDRADE LOOR ANDRÉS FERNANDO

JEFE DEPARTAMENTAL NACIONAL DE GESTIÓN DE PROCESOS DEL PLENO

Razón: Siento por tal que el anexo que antecede forma parte de la Resolución 008A-2018, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el cuatro de julio de dos mil dieciocho.

f.) Ab. Irene Valencia Balladares Mgs., Secretaria General del Consejo de la Judicatura.

No. 009A-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

10 – Jueves 19 de julio de 2018 Registro Oficial N° 287

Que el numeral 2 del artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: «La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. «;

Que el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: «La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, junciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia «;

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, disponen: «Serán junciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial; (…) y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. /Las decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría simple»;

Que los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiestan: «i. Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito de sus/unciones, la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y reglamentos generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura y de sus superiores jerárquicos; 2. Ejecutar personalmente las funciones de supuesto con honestidad, diligencia, celeridad, eficiencia, lealtad e imparcialidad»;

Que el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: «El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, que comprende; órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos… «;

Que el artículo 261 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: «Estructura Funcional- El Consejo de la Judicatura ejercerá sus funciones a través de los siguientes componentes estructurales: (…) Las unidades administrativas necesarias, cuya creación, organización, funciones, responsabilidades y control establecen y regulan este Código y el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, según corresponda, se encargarán de la planificación estratégica, la gestión del talento humano, la transparencia y la difusión a la comunidad de los resultados de su gestión. «;

Que los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «1.

Nombrar (…) directores nacionales de las unidades administrativas; y demás servidoras y servidores de la Función Judicial; 10. Expedir (…) reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial… «;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de abril de 2014, mediante Resolución 070-2014, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: «APROBAR EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO «;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 25 de junio de 2015, mediante Resolución 186-2015, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 350, de 7 de agosto de 2015, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYELA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 30 de noviembre de 2016, mediante Resolución 184-2016, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 806, de 22 de diciembre de 2016, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYELA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO»;

Registro Oficial N° 287 Jueves 19 de julio de 2018 – 11

INCLUYELA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 29 de junio de 2018, mediante Resolución 006A-2018, resolvió: «REMOVER A LOS SERVIDORES JUIDICIALES DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA»;

Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio con base en sus competencias derivadas del mandato que le confió el pueblo ecuatoriano en la Consulta Popular de 4 de febrero de 2018, mediante Resolución PLE-CPCCS-T-E-048-14-06-2018, de 14 de junio de 2018, resolvió designar a los señores y señoras: doctor Marcelo Merlo Jaramillo, abogada Zobeida Aragundi, doctor Aquiles Rigail, doctora Angélica Porras y doctor Juan Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la Judicatura, el mismo que será presidido por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

ENCARGAR LAS DIRECCIONES NACIONALES

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y

LA COORDINACIÓN DE RELACIONES

INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN

Artículo Único.- Encargar las Direcciones Nacionales del Consejo de la Judicatura y la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación, conforme el siguiente listado:

DIRECCIÓN

DIRECTORES ENCARGADOS

Dirección Nacional Tecnologías de la Información y Comunicación TIC’S

Ingeniero Christian Antonio Torres Terreros

Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia

Abogada Carolina Elizabeth Pazmiño Corral

Dirección Nacional de Planificación

Ingeniero Francisco Javier Morales Posada

Dirección Nacional de Asesoría Jurídica

Doctor Jorge Joaquín Touma Endara

Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial

Doctora Aída Soledad García Berni

Dirección Nacional Administrativa

Ingeniero Elio Heriberto Palacios Tinajero

Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación

Master Francisco Adolfo Álvarez López

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y, la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el cuatro de julio de dos mil dieciocho.

f.) Dr. Marcelo Merlo Jaramillo, Presidente.

f.) Ab. Zobeida Aragundi Foyain, Vocal, Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Vocal, Consejo de la Judicatura.

f.) Dra. Angélica Porras Velasco, Vocal, Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Juan Pablo Albán Alencastro, Vocal, Consejo de la Judicatura.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el cuatro de julio de dos mil dieciocho.

f.) Ab. Irene Valencia Balladares Mgs., Secretaria General.

No. 010A-2018

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiestan: «i. Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito de sus funciones, la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y reglamentos generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura y de sus superiores jerárquicos; 2. Ejecutar personalmente las funciones de supuesto con honestidad, diligencia, celeridad, eficiencia, lealtad e imparcialidad»;

Que el artículo 261 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: «Estructura Funcional.- El Consejo de la Judicatura ejercerá sus funciones a través de los siguientes componentes estructurales: (…) Las unidades

administrativas necesarias, cuya creación, organización, funciones, responsabilidades y control establecen y regulan este Código y el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, según corresponda, se encargarán de la planificación estratégica, la gestión del talento humano, la transparencia y la difusión a la comunidad de los resultados de su gestión. «;

Que los numerales 1 y 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «1. Nombrar (…) directores nacionales de las unidades administrativas; y demás servidoras y servidores de la Función Judicial; 10. Expedir (…) reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial… «;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de abril de 2014, mediante Resolución 070-2014, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: «APROBAR EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIÓN AL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO «;

Registro Oficial N° 287 Jueves 19 de julio de 2018 – 13

ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO»;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 25 de enero de 2018, mediante Resolución 012-2018, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 310, de 27 de febrero de 2018, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIÓN AL POR PROCESOS QUE INCLUYELA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO»;

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

NOMBRAR DIRECTORES NACIONALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Artículo 1.-Nombrar Director Nacional de Comunicación Social al licenciado De La Torre Ayora Damián Vinicio.

Artículo 2.- Nombrar Director Nacional de Gestión Procesal al doctor Esteban Alejandro Echeverría Carrera.

DISPOSICIONES FINALES

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el cuatro de julio de dos mil dieciocho.

f.) Dr. Marcelo Merlo Jaramillo, Presidente.

f.) Ab. Zobeida Aragundi Foyain, Vocal, Consejo de la Judicatura.

f.) Dra. Angélica Porras Velasco, Vocal, Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Vocal, Consejo de la Judicatura.

f.) Dr. Juan Pablo Albán Alencastro, Vocal, Consejo de la Judicatura.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el cuatro de julio de dos mil dieciocho.

f.) Ab. Irene Valencia Balladares Mgs., Secretaria General.

No. PLE-CNE-14-20-6-2018

EL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1, establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Título II, Capítulo V, establece los derechos de participación de los que gozan las ecuatorianas y ecuatorianos;

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador establece, como principio de participación ciudadana, el actuar de forma protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.

14 – Jueves 19 de julio de 2018 Registro Oficial N° 287

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria;

Que, el inciso segundo del artículo 207 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, establecen que: «El Consejo se integrará por siete consejeras o consejeros principales y siete suplentes «;

Que, el inciso tercero del artículo 207 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: «Las consejeras y consejeros serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto cada cuatro años coincidiendo con las elecciones a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. El régimen de sus elecciones estará contemplado en ley orgánica que regule su organización y funcionamiento «;

Que, el numeral 6 del artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador, concordante con el numeral 9 del artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establece como función del Consejo Nacional Electoral, reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia;

Que, mediante los Decretos Ejecutivos Nros. 229 y 230 de 29 de noviembre de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, convoca a los ecuatorianos, ecuatorianas y extranjeros residentes en el Ecuador con derecho a sufragio, a Referéndum y Consulta Popular;

Que, el 1 de diciembre de 2017, el Pleno del Consejo Nacional Electoral mediante Resolución PLE-CNE-3-1-12-2017. convocó a todas las ciudadanas y ciudadanos a pronunciarse sobre las preguntas del proceso electoral de «Referéndum y Consulta Popular 2018»;

Que, el 8 de febrero de 2018, el Pleno del Consejo Nacional Electoral mediante Resolución PLE-CNE-1-8-2-2018-R. proclamó los resultados definitivos del proceso electoral de «Referéndum y Consulta Popular 2018»;

Que, el 23 de marzo de 2018, con Resolución PLE-CNE-1-23-3-2018. el Pleno del Consejo Nacional Electoral, aprobó el «Plan Operativo, Cronograma, Matriz de Riesgos y Contingencias, Plan Específico Técnico de las Direcciones Nacionales y Delegaciones Provinciales Electorales; Instrucciones y Disposiciones de Tipo General para la Administración del Presupuesto Especial Asignado a las Elecciones del 24 de marzo de 2019; y, presupuesto para las Elecciones Seccionales 2019 y Elección de Consejeras y Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social»;

Que, el 23 de marzo de 2018, con Resolución PLE-CNE-2-23-3-2018, el Pleno del Consejo Nacional

Electoral, resolvió: «Declarar el inicio del periodo electoral para las «Elecciones Seccionales 2019 y Elección de Consejeras y Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social», en las que se elegirán prefectos o prefectos, viceprefectos o viceprefectas provinciales; alcaldesas o alcaldes municipales; concejalas y concejales municipales; vocales de las juntas parroquiales rurales; y, Consejeras y Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desde la presente fecha hasta la posesión de las dignidades electas en este proceso electoral. «;

Que, la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, expidió la «Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para Aplicación de la Pregunta 3 del Referéndum celebrado el 04 de febrero de 2018», publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 207 de 23 de marzo de 2018;

Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, establece que: «(…) El Consejo Nacional Electoral organizará el proceso de recepción de postulaciones, verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades para la elección de consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (…) «;

Que, el último inciso del artículo 22 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, establece que la convocatoria para la postulación de candidaturas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, deberá estar acompañada del instructivo que el Consejo Nacional Electoral dicte para el efecto;

Que, el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, conceptualiza a las organizaciones sociales;

Que, el artículo 36 de la ley ibídem, establece el criterio de legalización y registro de organizaciones sociales;

Que, el artículo 4 del Decreto Ejecutivo número 193, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 109 de 27 de octubre de 2017, establece el tipo de Organizaciones Sociales que pueden constituirse en el Ecuador; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE:

Expedir el siguiente: INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CONSEJERAS Y CONSEJEROS QUE INTEGRARÁN EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.

Registro Oficial N° 287 Jueves 19 de julio de 2018 – 15

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Este instructivo se aplicará a nivel nacional y en el exterior; para el proceso de postulación, verificación de requisitos, veedurías sociales y ciudadanas, impugnación y para definir el listado de las candidatas y candidatos a consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el proceso electoral de autoridades de dicha institución.

Art. 2.- Objeto.- Este instructivo tiene por objeto establecer regulaciones específicas para las fases de postulación, verificación de requisitos, veedurías sociales y ciudadanas, y el derecho a impugnación de las y los postulantes a la negativa de su postulación presentada para la elección de las consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Art. 3.- Competencia.- El Consejo Nacional Electoral es el órgano que ejerce competencia exclusiva para la organización y ejecución del proceso de postulación, verificación de requisitos, veeduría e impugnación para definir el listado de las candidatas y candidatos a consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, garantizando la representación paritaria entre mujeres y hombres y la inclusión de las y los candidatos provenientes de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos residentes en el exterior.

Art. 4.- Convocatoria.- La convocatoria se realizará exclusivamente por parte del Consejo Nacional Electoral en idioma español y en los idiomas oficiales de relación intercultural que establece la Constitución de la República del Ecuador, será publicada en el Registro Oficial; y, será difundida masivamente a través de cadena nacional de radio y televisión utilizando los espacios de los que dispone el Gobierno Nacional, así como, en la página web del Consejo Nacional Electoral, y en al menos tres (3) de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de que se utilicen otros medios de comunicación disponibles y que así lo estime el Pleno del Consejo Nacional Electoral.

La convocatoria será difundida en el exterior a través de las representaciones diplomáticas, y oficinas consulares, quienes serán responsables de la difusión y promoción de la convocatoria, a fin de obtener la participación activa de las ecuatorianas y los ecuatorianos domiciliados en el exterior.

En la convocatoria se reproducirán y describirán los requisitos e inhabilidades legales establecidas en la Constitución, la ley y en el presente instructivo, que deberán cumplir las y los postulantes; se indicará el lugar de recepción de las postulaciones, fecha y hora límite de su presentación, así como el mecanismo formal para estos efectos.

Art. 5.- Requisitos.- Para postularse a consejero o consejera se requiere:

Ser ecuatoriana o ecuatoriano;
Estar en goce de los derechos políticos o de participación;
Haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la postulación;
Acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y transparente de fondos públicos, para aquellas personas que los hayan manejado; desempeño eficiente en la función privada y/o pública, así como diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

La probidad notoria y el reconocido prestigio que evidencie compromiso cívico y de defensa del interés general consiste en haber mantenido una conducta intachable a lo largo de su vida. Cualquier ciudadano podrá fundamentadamente, demostrar el incumplimiento de este requisito por parte de un candidato, luego de su postulación;

e) Acreditar trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción, o reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general.

El requisito de trayectoria en participación ciudadana consiste en acreditar al menos tres o más de las siguientes iniciativas, realizadas durante los últimos cinco años:

Impulso de proyectos de desarrollo y fortalecimiento de ejercicio de derechos;
Promoción de iniciativa popular normativa;
Participación en programas de voluntariado, acción social y desarrollo;
Participación en iniciativas de formación ciudadana; y,
Haber promovido asambleas locales, presupuestos participativos, audiencias públicas, cabildos locales, silla vacía, veedurías, observatorios, consejos consultivos, consulta previa o veedurías ciudadanas.

El requisito de lucha contra la corrupción consiste en haber presentado o participado en iniciativas normativas o de política pública en temas de transparencia, manejo y control de recursos públicos o en veedurías ciudadanas con el fin de ejercer control social sobre la cosa pública;

16 – Jueves 19 de julio de 2018 Registro Oficial N° 287

f) Poseer título de tercer nivel legalmente registrado en el sistema de educación superior;

g) Hoja de vida de la o el postulante, con los respectivos documentos de respaldo legalizados o certificados; y,

h) Carta que exprese las razones para la postulación.Todos los documentos deberán estar legalizados o certificados ante autoridad o funcionario competente.

Art. 6.- Medios y Criterios de Verificación: Los medios y criterios de verificación de los requisitos señalados en el artículo 5 de este Instructivo se establecerán de acuerdo al siguiente detalle:

REQUISITO

MEDIO O CRITERIO DE VERIFICACIÓN

Ser ecuatoriana o ecuatoriano.

Haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la postulación.

Cédula de ciudadanía.

Estar en goce de los derechos de participación

Certificación del Consejo Nacional Electoral que indique estar en goce de los derechos políticos o de participación.
Certificación del Tribunal Contencioso Electoral que indique la no suspensión de los derechos políticos o de participación.

Acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y transparente de fondos públicos, para aquellas personas que los hayan manejado; desempeño eficiente en la función privada y/o pública, así como diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

Dos (2) personas naturales o jurídicas otorgarán de manera individual y singularizada una Declaración Juramentada, a favor del postulante en el formato establecido por el Consejo Nacional Electoral; que avalarán dicha calidad.

Acreditar trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción, o reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general.

Certificaciones individuales y singularizadas o documentos de igual calidad que avalen el contenido de lo establecido en la letra e) del artículo 5 de este Instructivo, otorgados por el representante legal de la organización e institución, o persona con capacidad legal de emitirlo, de acuerdo a sus facultades y la normativa legal vigente.

Poseer título de tercer nivel legalmente registrado en el sistema de educación superior.

Copia clara y legible, preferentemente a color del certificado emitido por el sitio web http://www.senescvt.gob.ec.
Copia certificada o notarizada del título.

Hoja de vida de la o el postulante, con los respectivos documentos de respaldo legalizados o certificados

Copia clara y legible de la hoja de vida con todos los documentos de respaldo debidamente legalizados o certificados.

Carta que exprese las razones para la postulación.

Original de carta firmada con esferográfico de color azul.

Art. 7.- Prohibiciones.- Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución para ser candidatos de elección popular, no podrán ser candidatos, designados, ni desempeñarse como Consejeras o Consejeros quienes:

Registro Oficial N° 287 Jueves 19 de julio de 2018 – 17

Se hallaren en interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta;
Hayan recibido sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista;
Mantengan contrato con el Estado como persona natural, socio, representante o apoderado de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales; para lo cual, las y los postulantes deberán presentar un certificado otorgado por el Servicio Nacional de Contratación Pública, de no estar incursos en esta causal;
No hayan cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado por violencia intrafamiliar o de género;
Hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto;

f) Hayan sido sentenciados por delitos de lesa humanidad y crímenes de odio;

g) Tengan obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; para lo cual, las y los postulantes deberán presentar un certificado otorgado por tales instituciones, de no encontrarse incursos en esta causal;

h) Sean afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco años, o hayan desempeñado una dignidad de elección popular en el mismo lapso, a excepción de concejales, vocales de las juntas parroquiales y de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se postulen a la reelección; para lo cual, las y los postulantes deberán presentar un certificado otorgado por el Consejo Nacional Electoral, de no estar incursos en esta causal;

i) Sean miembros del Consejo Nacional Electoral, los delegados provinciales o funcionarios inmersos en la verificación de requisitos, miembros del Tribunal Contencioso Electoral, autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, jueces de la Función Judicial, Ministros de Estado, Secretarios, miembros del servicio exterior y las autoridades del nivel jerárquico en la escala superior desde quinto grado, salvo que hayan renunciado a sus funciones treinta meses antes de la fecha señalada para su inscripción;

j) Sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo o representantes de cultos religiosos;

k) Adeuden pensiones alimenticias debidamente certificadas por la autoridad judicial competente;

l) Sean cónyuges, tengan unión de hecho o sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la o él Presidente, Vicepresidente de la República, los miembros del Consejo Nacional Electoral, los delegados provinciales o funcionarios inmersos en la verificación de requisitos, asambleístas, prefectos y alcaldes, autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las autoridades del nivel jerárquico en la escala superior desde quinto grado, que se encuentren en funciones a la fecha de la postulación;

m) Sean propietarios directos o indirectos de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. Tampoco podrán ostentar condición de directivos en sociedades establecidas, constituidas o domiciliadas en tales jurisdicciones o regímenes; conforme lo establecido en el artículo 4 de la «Ley Orgánica para La Aplicación de la Consulta Popular Efectuada El 19 de Febrero de 2017»; y,

n) Los demás que determine la Constitución y la Ley.

Además de las certificaciones requeridas en los literales c, g y h de este artículo; las y los postulantes deberán realizar una declaración juramentada en la cual se establezca que no incurren en las prohibiciones constitucionales, legales determinadas precedentemente, y las demás contenidas en otros cuerpos normativos respecto de este proceso de postulación. El formato de ésta declaración juramentada será provisto por el Consejo Nacional Electoral.

DE LA POSTULACIÓN

Art.8.-De la postulación de las candidatas y candidatos-Podrán presentar postulaciones de candidatos, o presentarse como candidatos las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos legales establecidos y los del presente instructivo:

Las organizaciones sociales, que deberán acreditar existencia y vida jurídica de al menos diez años y actividad comprobada durante los últimos cinco (5) años; y no podrán auspiciar a más de una persona; y,
Las ciudadanas y ciudadanos a título personal, que vivan en el país o en el exterior.

18 – Jueves 19 de julio de 2018 Registro Oficial N° 287

Los representantes diplomáticos y oficinas consulares en el exterior serán responsables de receptar las postulaciones de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior.

Una vez transcurrido el término de diez (10) días, contados a partir de la publicación de la convocatoria en el Registro Oficial, terminará el período para presentar postulaciones.

Se entenderá por organización social todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; siempre y cuando cumplan con las formalidades establecidas en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en el Reglamento para el otorgamiento de la personalidad jurídica a las organizaciones sociales, contenida en el Decreto Ejecutivo número 193, publicado en el Registro Oficial Suplemento 109 de 27 de octubre de 2017.

Art. 9.- Proceso de recepción de postulaciones.- Las

postulaciones serán presentadas en el término aprobado en el cronograma establecido para el efecto; en la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, en las Secretarías de las Delegaciones Provinciales Electorales de las 24 provincias; y, en el caso de las y los ciudadanos domiciliados en el exterior, las postulaciones serán presentadas en las oficinas consulares del Ecuador.

Las y los postulantes presentarán el expediente en dos (2) juegos, el primero que será en original o copia certificada; y, el segundo en copia simple, con el detalle de los documentos que son el soporte de la postulación, los cuales deberán estar debidamente foliados y sumillados previo a la presentación. Revisada la documentación se suscribirá un acta de entrega recepción que contendrá los datos generales de la o el postulante, número de fojas, fecha y hora de presentación, y las firmas de la o el postulante y de la o el servidor público que recibió el expediente de postulación.

Una vez culminado el término para la presentación de postulaciones, no se receptará ninguna postulación; y, tampoco se podrá ingresar al expediente ningún documento adicional, posterior a la presentación de la postulación.

Las postulaciones presentadas en las oficinas consulares y en las delegaciones provinciales electorales deberán ser escaneadas y remitidas inmediatamente al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral; y, los documentos originales deberán ser enviados dentro de las veinte y cuatro (24) horas siguientes de culminación del término previsto para el caso de las Delegaciones Provinciales Electorales de las 24 provincias; y, para las representaciones diplomáticas y oficinas consulares del Ecuador, en un plazo máximo de siete (7) días.

Las y los postulantes entregarán los expedientes en original y copia, debidamente foliados y sumillados de conformidad con el siguiente procedimiento:

a. Es importante que se respete el orden de presentación de los documentos. La foliatura del expediente, consiste en numerar de manera secuencial cada una de las hojas y /o documentos, sobres, medio digital, etc., que integran el expediente, de acuerdo al orden en que aparecen en el mismo;

b. Se debe foliar en el ángulo superior derecho en números y letras, en ambos lados (anverso y reverso) de la hoja; y, sumillar en el ángulo inferior derecho;

c. La foliatura se realizará de la siguiente forma: primero se pone el número correspondiente y debajo, entre paréntesis, se escribe el número en letras, por ejemplo:

1 2 3 4

(uno) (dos) (tres) (cuatro)

d. Si no existe ninguna escritura, figura, números u otro elemento similar en el reverso de la hoja, se debe colocar un sello que diga EN BLANCO, la misma que será numerada y foliada; y,

e. Cuando en el expediente se incorpora un libro, una revista o un archivo digital, se debe colocar ese adjunto en un sobre que lo contenga; en el cual se detallará su contenido (contiene tal o cual documento u archivo digital, nombre, título, etc.); para luego foliar el sobre con el número que le corresponde, de acuerdo con el expediente (recuerde que el sobre constituye un solo folio). En la última hoja del expediente se rotulará con claridad que es el FIN DEL EXPEDIENTE.

Así mismo todos los certificados que son parte del expediente de la o el postulante deberán estar vigentes a la fecha de presentación y hasta quince (15) días después; en el caso de documentación certificada o documentos emitidos que sean habilitantes de la hoja de vida o experiencia, deberán estar actualizados dentro de los tres (3) meses antes de la postulación.

Para el caso de lo determinado en la letra e) del artículo 5 de este Instructivo, los certificados y documentos que avalen la postulación, deberán ser individualizados y singularizados; y, contener una sola iniciativa por documento.

Para el caso de documentos emitidos por organizaciones sociales o que sean parte de los requisitos de estas agrupaciones, deberán adjuntar al mismo, copia del nombramiento del representante legal debidamente certificado, copia de la cédula de ciudadanía a color; y el documento que identifique la fecha de inscripción en el ministerio del ramo.

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Formulario de postulaciones. – El formulario único para las postulaciones será publicado en el portal web institucional www.cne.gob.ec. Las y los postulantes deberán llenarlo íntegramente y entregarlo impreso y firmado.

Las y los postulantes son los únicos responsables de la información ingresada y de su utilización, y por tanto, de los datos consignados en el mismo.

Las y los postulantes se encuentran en la obligación permanente de revisar el correo electrónico consignado en el formulario de inscripción para notificaciones.

Declaración de las y los postulantes.- Al momento de presentar sus postulaciones, las y los postulantes aceptarán expresamente cumplir todas las normas aplicables, así como las resoluciones y disposiciones impartidas por el Consejo Nacional Electoral.

Documentos que conforman el expediente.- La o el

postulante presentará de manera obligatoria la siguiente documentación de respaldo debidamente certificada:

Formulario de postulación en el formato establecido por el Consejo Nacional Electoral con los certificados y documentos de sustento;
Hoja de vida, de acuerdo al formato único establecido por el Consejo Nacional Electoral, que deberá ser descargado del portal web institucional, con la documentación de sustento actualizada;
Declaración juramentada rendida ante notaría o notario público, o cónsul, según el caso, de acuerdo al formato único establecido por el Consejo Nacional Electoral, respecto de lo siguiente:

Aceptación expresa de cumplir con todas las normas aplicables;
Cumplimiento de requisitos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de este Instructivo;
No estar incurso en las prohibiciones e inhabilidades para ocupar el cargo motivo de la postulación y candidatura, conforme a lo establecido en el artículo 7 de este Instructivo; y,
No poseer inversiones, fondos, acciones, participaciones en compañías domiciliadas en paraísos fiscales.

4. Certificados y documentos individualizados y singularizados por iniciativa.

La o el postulante será responsable por cualquier falsedad o inexactitud de la documentación presentada.

El formulario y la documentación que contenga añadiduras, tachones o enmendaduras no serán considerados.

DE LAS VEEDURÍAS SOCIALES Y CIUDADANAS

Art. 10.- Convocatoria para la conformación de veedurías.- Previo el inicio de la verificación de requisitos, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, convocará a personas naturales, organizaciones sociales y miembros de universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas a conformar veedurías ciudadanas, para las fases de recepción de postulaciones y verificación de requisitos de las candidatas y candidatos a consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, determinando entre otros aspectos el objeto de la veeduría, ámbito y fecha límite, con el compromiso de emitir información, so pena de sanción.

La convocatoria se hará por medio de la página web de la institución www.cne.gob.ec, y en los medios masivos de ámbito nacional en los que se considere pertinente y se aplicará los criterios establecidos en el artículo 4 del presente instructivo en lo que fuera aplicable.

Art. 11.- Organización de veedurías.- Las ciudadanas y ciudadanos, las organizaciones que no auspicien candidatos y la academia podrán organizar veedurías para vigilar y acompañar el proceso de recepción de postulaciones y verificación de requisitos de las candidatas y candidatos a consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el compromiso de emitir un informe de veeduría.

Art. 12.- Temporalidad.- Las veedurías sociales y ciudadanas serán temporales y durarán en funciones de conformidad al plazo establecido en el plan de trabajo y su cronograma de ejecución.

El plazo se contará a partir de la fecha de la notificación de la Resolución que aprueba su acreditación.

Art. 13- Integración de las veedurías.- Las veedurías sociales y ciudadanas se conformarán con un mínimo de tres (3) integrantes, por sus propios derechos en el caso de que provengan de la ciudadanía, y por delegación de organizaciones sociales o de universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente acreditadas.

Art. 14- Requisitos para ser veedor/a.- Para ser veedor o veedora se requiere ser:

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Ecuatoriana o ecuatoriano, o extranjera o extranjero domiciliado legalmente en el país, y estar en goce de los derechos políticos y de participación; organización social legalmente reconocida; o, miembro de la academia (universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares) debidamente acreditadas.

Art. 15.- Inhabilidades para ser veedor/a.- No podrán ser veedores o veedoras las y los ciudadanos que tengan las siguientes inhabilidades:

Hayan postulado para formar parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social;
Tengan algún conflicto de intereses directa o indirectamente con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sean contratistas o proveedores de los organismos de la Función de Transparencia y Control Social; sean dignatarios, funcionarios o servidores del sector público; o hayan laborado dentro del año anterior en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social;
Estén vinculados por matrimonio, unión de hecho o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con algún Consejero o Consejera o postulante al referido Consejo;
Ser contratistas, interventores, proveedores o trabajadores adscritos a la obra, contrato, programa, servicio, proyecto, o concurso con el Estado, ni quienes tengan algún interés patrimonial directo o se demuestre objetivamente que existe otro tipo de conflicto de intereses en la ejecución de las mismas;
Adeudar más de dos (2) pensiones alimenticias, conforme certificación judicial;
No haber cumplido con las medidas de rehabilitación ordenadas por autoridad competente en los casos de violencia intrafamiliar o de género;
Pertenecer a más de una veeduría en curso;
Ejercer cargos de elección popular, o ser cónyuge, pareja en unión de hecho, o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad de una autoridad de elección popular mientras la referida autoridad se encuentre en ejercicio de sus funciones; e,
Sean afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco (5) años, o hayan desempeñado una dignidad de elección popular en el mismo lapso, a excepción de concejales, vocales de las juntas parroquiales.

Art. 16.- Atribuciones.- Las y los veedores tendrán las siguientes atribuciones:

Vigilar el ciclo de la gestión pública del proceso de recepción de postulaciones y verificación de requisitos para las candidatas y candidatos a consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con énfasis en los procesos de verificación de requisitos, impugnación y selección de las candidatas y candidatos de los miembros del Consejo Participación Ciudadana y Control Social;
Solicitar información o documentos necesarios para el desempeño de su actividad, a cualquier servidora o servidor público, o persona natural o jurídica que tenga vinculación con el objeto de la veeduría, conforme lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; y,
Las demás que el Pleno del Consejo Nacional Electoral le otorgue y que sean necesarias para la realización de su actividad dentro del marco legal vigente.

Art. 17.- Deberes.- Las y los veedores tendrán los siguientes deberes:

Cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, así como, las resoluciones emitidas por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que sean aplicables para el efecto;
Cumplir de forma objetiva, imparcial y transparente las funciones de la veeduría;
Cumplir con los objetivos planteados en el cronograma establecido;
Participar en la elaboración del informe final, y de los informes parciales en caso de ser requeridos por la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política, de acuerdo con el Plan de Trabajo;
Alertar al Consejo Nacional Electoral sobre indicios de actos de corrupción inminentes; y,
Usar la credencial otorgada por el Consejo Nacional Electoral, exclusivamente para los fines por los cuales fue creada la veeduría y devolverla inmediatamente a la terminación de la misma o en caso de perder la calidad de veedor.

Art. 18.- Prohibiciones.- Las y los veedores tendrán las siguientes prohibiciones:

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Utilizar con fines ajenos a la veeduría la información que llegaren a obtener;
Utilizar la credencial con fines ajenos a la veeduría durante su ejercicio; así mismo, la retención de credencial al término de la veeduría y/o su utilización posterior a la misma, será sancionada conforme a la ley;

Vincular la veeduría a intereses particulares o gremiales o de partidos o movimientos políticos;
Recibir regalos, dádivas o similares que influencien su integridad o caigan en un conflicto de intereses en el desarrollo de la veeduría;
Tomarse atribuciones y competencias como servidor o servidora del Consejo Nacional Electoral; y,
Retrasar, impedir o suspender el proceso de veeduría.

Art. 19.- Pérdida de calidad de veedor/a.- Una o un

veedor perderá su calidad por las siguientes causas:

Fallecimiento de la o el veedor o extinción de la organización social, de la universidad, o escuela politécnica pública o particular, dependiendo de cada caso;
Terminación de la veeduría;
Abandono de la veeduría, el mismo que debe ser debidamente comunicado mediante oficio al Consejo Nacional Electoral;
Incumplimiento de las normas establecidas en la legislación aplicable y en este Instructivo;
Ejercicio incorrecto de su calidad de veedor o veedora que constituya manifiesto abuso de poder, o proselitismo político; e,
Incurrir en alguna de las prohibiciones o inhabilidades establecidas en este Instructivo.

Art. 20.- Representantes de la Veeduría.- Una vez que han sido acreditados, los integrantes de la veeduría elegirán de entre sus miembros, a una o un coordinador y a una o un subcoordinador para que los represente, respetando la paridad de género.

Art. 21.- Inscripción de veeduría.- Una vez realizada la convocatoria, los interesados en conformar la veeduría, deberán inscribirse en la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral o en las Secretarías de las Delegaciones

Provinciales Electorales de las 24 provincias del país; para el caso de las y los ciudadanos domiciliados en el exterior, las inscripciones se podrán presentar en las oficinas consulares del Ecuador, y deberán presentar la siguiente documentación:

Formulario de inscripción del Consejo Nacional Electoral, disponible en la página web institucional www.cne.gob.ec, o en las delegaciones provinciales electorales, el cual debe ser llenado y suscrito por el o la postulante o por su representante, en el caso de organizaciones sociales y la academia;
Documento de identidad; o acta de constitución para el caso de organizaciones sociales, universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, en copias notariadas o certificadas por la entidad pertinente;
Certificado de votación actualizado, en los casos que corresponda;
Carta de delegación en caso de actuar en representación de organizaciones sociales o de la academia; y,
Certificado otorgado por el Tribunal Contencioso Electoral y por el Consejo Nacional Electoral, que indique que el postulante a la veeduría se encuentra en goce de los derechos políticos o de participación.

Las Delegaciones Provinciales Electorales, remitirán la documentación en original a la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, en un plazo de veinte y cuatro (24) horas siguientes de la culminación del periodo de inscripción; para las oficinas consulares del Ecuador, en un plazo máximo de siete (7) días.

No se admitirán formularios con enmendaduras o añadiduras que pongan en duda su contenido.

Art. 22.- Verificación de requisitos y registro.- Dentro del término de tres (3) días posteriores a la recepción de las solicitudes de inscripción, la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, Cooperación y Observación Electoral, verificará el cumplimiento de los requisitos e inhabilidades, y procederá a presentar el informe correspondiente para conocimiento y aprobación del Pleno del Consejo Nacional Electoral.

En el término de tres (3) días de recibida la notificación, la o el postulante a veedor que no fue admitido podrá solicitar una nueva verificación, para lo cual deberá adjuntar la documentación pertinente conjuntamente con el plan de trabajo y el cronograma, que permita comprobar que cumple con los requisitos y que no se encuentra inmerso en ninguna de las inhabilidades para conformar la veeduría.

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Art. 23.- Resolución de inicio de la veeduría.- Concluidas las etapas descritas en los artículos anteriores, en el término máximo de tres (3) días, el Pleno del Consejo Nacional Electoral emitirá la resolución de inicio de la veeduría, en la cual se determinará el objeto de la misma, los miembros de la veeduría, y el plazo de ejecución.

Art. 24.- Acreditación.- Emitida la resolución de inicio de la veeduría, la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, Cooperación y Observación Electoral, suscribirá y entregará las credenciales a las y los veedores ciudadanos.

Art. 25.- Informes.- Los veedores presentarán de forma obligatoria un informe final al término de la veeduría, e informes parciales en caso de ser requeridos por el Consejo Nacional Electoral.

El término para la presentación del informe final es de quince (15) días contados a partir de la finalización de la veeduría, y será presentado de forma escrita, a la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, Cooperación y Observación Electoral.

El informe final deberá ser suscrito por la totalidad de los miembros que conformaron la veeduría, o en su defecto por la mayoría de los mismos.

Art. 26.- Dentro del término de cuatro (4) días de recibido el informe final de los veedores, el Director Nacional de Relaciones Internacionales, Cooperación y Observación Electoral, lo pondrá en conocimiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral.

Art. 27.- Terminación de la veeduría social y ciudadana.- La veeduría social y ciudadana finaliza por las siguientes causas:

Por logro o cumplimiento del objeto para el cual fue creada;
Por incumplimiento del objeto de la veeduría por causas no imputables a los veedores, como la suspensión definitiva del proceso para cuya vigilancia fue creada; la terminación del plazo de la veeduría previo a la conclusión del proceso observado, entre otras;
Por desistimiento expreso de los veedores, comunicado mediante oficio al Consejo Nacional Electoral;
Por no presentar los informes en los plazos requeridos; y.

e) Por incumplimiento comprobado de las normas establecidas en la ley y en el presente instructivo.

Art. 28.- Veedurías nacionales e internacionales.- Las organizaciones sociales que no auspicien candidatos, la academia y ciudadanía podrán organizar veedurías para vigilar y acompañar el proceso de verificación de requisitos, así como la elección de consejeras y consejeros, con el compromiso de emitir información, so pena de sanción.

Las veedurías no podrán impedir, retrasar o suspender el proceso, sin decisión de autoridad competente.

El proceso podrá tener acompañamiento internacional, el mismo que deberán contar con amplia experiencia en participación ciudadana.

DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, PROHIBICIONES E INHABILIDADES DE LOS POSTULANTES

Art. 29.- De la Comisión Verificadora.- La Coordinación Nacional Técnica de Participación Política y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, elaborarán el informe de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades, que será puesto en conocimiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral.

Art. 30.- Funciones de la Comisión Verificadora.- Las funciones de la Comisión Verificadora son:

Cumplir con las disposiciones del presente Instructivo;
Guardar bajo prevenciones de ley, absoluta reserva, cuidado, prolijidad y prudencia sobre los documentos e información relacionada con el proceso de postulación, verificación de requisitos, impugnación y conformación del listado de candidatas y candidatos para designar a las y los consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social;
Emitir el informe de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de las y los postulantes; y, de ser el caso, sobre el incumplimiento del requisito de probidad notoria demostrado fundamentadamente por cualquier ciudadano en contra de la o el postulante; y,

d) Cumplir las disposiciones que emanen del Pleno del Consejo Nacional.

Art. 31.- Término de verificación: La Comisión Verificadora en el término aprobado en el cronograma de

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postulaciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, verificará los requisitos, la información constante en el expediente, elaborará el informe y lo remitirá al Pleno del Consejo Nacional Electoral para la resolución correspondiente en el término de tres (3) días.

Una vez adoptada la resolución referente a la verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de las y los postulantes, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, dispondrá a la Secretaría General que dentro del término de dos (2) días realice la notificación de los resultados en los correos electrónicos de las y los postulantes.

DE LA IMPUGNACIÓN A LA NEGATIVA DE LA POSTULACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS

Art. 32.- Las postulaciones que no cumplan con los requisitos no serán consideradas para ser candidatas o candidatos, particular que se notificará al postulante o a la organización social auspiciante, previniéndole que dentro del término de cinco (5) días posteriores a la notificación, podrá impugnar tal decisión.

La solicitud de impugnación será motivada y estará acompañada de la documentación de respaldo.

Art. 33.- La o el postulante o la organización social auspiciante, presentará la solicitud de impugnación en el Consejo Nacional Electoral, en las Delegaciones Provinciales Electorales, y en las oficinas consulares del Ecuador en el exterior.

Las delegaciones provinciales electorales en el término de un (1) día remitirán las solicitudes de impugnación y sus anexos, a la Secretaría General; por su parte los consulados en el exterior, deberán remitir a la Secretaría General; de manera inmediata la documentación pertinente a través de los medios informáticos disponibles.

La Secretaría General, de manera inmediata, remitirá a la Comisión Verificadora la solicitud de impugnación junto con el expediente, para su respectivo análisis e informe.

Art. 34.- El Pleno del Consejo Nacional Electoral, en el término de tres (3) días, contado desde que se recibió la solicitud de impugnación, resolverá de manera motivada en única instancia, previo conocimiento del informe que deberá emitir la Comisión Verificadora acerca de cada una de las impugnaciones.

Art. 35.- La o el postulante será descalificado en cualquier momento, por haber presentado información falsa o incompleta, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar.

Los resultados de la verificación se difundirán a través de la publicación en la página web de la Institución www.cne.gob.ec, en al menos tres (3) diarios de circulación nacional y en emisoras de mayor sintonía regional y local, sin perjuicio de que se utilicen otros medios de comunicación disponibles. Las representaciones diplomáticas y las oficinas consulares del Ecuador serán responsables de la difusión de los resultados en el exterior.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las dudas que se presentaren sobre la interpretación y aplicación de este instructivo serán resueltas por el Pleno del Consejo Nacional Electoral.

SEGUNDA.- El Pleno del Consejo Nacional Electoral, adoptará las resoluciones necesarias para el cumplimiento del presente proceso de verificación de requisitos de los postulantes para candidatos a consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para todo lo que no esté previsto en el presente instructivo.

TERCERA.- Además del presente Instructivo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, aprobará los protocolos o documentos que sean necesarios de ser el caso para llevar adelante el proceso operativo a los documentos de respaldo presentados por las y los postulantes, mismos que serán difundidos de forma oportuna a la ciudadanía.

CUARTA.- El Consejo Nacional Electoral solicita a las instituciones del Estado en todos sus niveles gobierno, presten todas las facilidades e información del caso a la ciudadanía y a los órganos que integran la Función Electoral, en cuanto a la expedición de certificaciones u otros documentos pertinentes dentro del proceso de postulación, verificación de requisitos, veeduría e impugnación para definir el listado de las candidatas y candidatos a consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Instructivo entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral, a los veinte días del mes de junio del año dos mil dieciocho.- Lo Certifico.-

f.) Abg. Fausto Holguín Ochoa, Secretario General, Consejo Nacional Electoral.

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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

DEL CANTÓN MARCABELI

Considerando:

Que, una vez que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, ha realizado la construcción del nuevo mercado municipal, es necesario asumir el compromiso de crear una ordenanza reguladora para el buen uso, funcionamiento, control y administración del mismo; que contemple a proveedores, arrendatarios, consumidores y administradores; por tal motivo es necesario establecer reglas para plasmar un compromiso de aplicar el concepto de un mercado de alimentos saludables, para la prosperidad, crecimiento y seguridad alimentaria a largo plazo fortaleciendo los sistemas de comercialización de productos inocuos y mejorar los estándares de una vida saludable.

Que, el artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta «Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 54 manifiesta que las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. «Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas.»

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que «los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional»;

Que, de conformidad a lo establecido el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece, «Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias»;

Que, el artículo 264, numeral 5, de la Constitución de la República del Ecuador determina que son competencias

exclusivas de los gobiernos municipales: «crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras»;

Que, el artículo 270 de la Constitución de la República del Ecuador establece que «los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad».

Que, el Art. 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dice: «Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera».

Que, el Art. 54 literal 1) del COOTAD, señala que son funciones del GAD municipal las siguientes: Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la de elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios»;

Que, los artículos 57 literal b) y 58 literal b) del COOTAD, otorga la atribución al Concejo municipal de regular mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor; y a los concejales de presentar proyectos de ordenanzas;

Que, el Art. 134 literal c) del COOTAD, establece lo siguiente: El fomento de la seguridad alimentaria se gestionará aplicando las disposiciones constitucionales y legales para garantizar la soberanía alimentaria, la política pública de esta materia bajo el principio de integridad y comprende: «c) Planificar y construir la infraestructura adecuada, en coordinación con los GAD’s provinciales, municipales y parroquiales rurales, para fomentar la producción, conservación, intercambio, acceso, comercialización, control y consumo de alimentos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, y la mediana producción campesina, y de la pesca artesanal; respetando y protegiendo la agro biodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales. Complementariamente, la planificación y construcción de las redes de mercados y centros de transferencia de las jurisdicciones cantonales serán realizados por los gobiernos autónomos descentralizados municipales»;

Que, el Art. 186 del COOTAD, establece que: «los GAD municipales y distritos metropolitanos podrán crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanza, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas, por el establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de su responsabilidad…»;

Que, el Art. 278 del COOTAD, señala que en la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación

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de servicios, incluidos los de consultaría, los gobiernos autónomos descentralizados observarán las disposiciones, principios, herramientas e instrumentos previstos en la Ley que regule la contratación pública.

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 425 del COOTAD, es obligación de los gobiernos autónomos descentralizados velar por la conservación de los bienes de propiedad de cada Gobierno y por su más provechosa aplicación a los objetos a los que están destinados;

Que, el Art. 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala que el Sistema Nacional de Contratación Pública determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.

Que, en la Sección IV, donde norma el «Arrendamiento de Bienes Inmuebles» la Ley Orgánica de Contratación Pública en su Art. 59 estipula «Régimen.- Los contratos de arrendamiento tanto para el caso en que el Estado o una institución pública tengan la calidad de arrendadora como arrendataria se sujetará a las normas previstas en el Reglamento de esta Ley.

Que, el Reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública dispone en su Art. 65 «Procedimiento.- Las entidades previstas en el artículo 1 de la Ley podrá dar en arrendamiento bienes inmuebles de su propiedad, para lo cual, publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec los pliegos en los que se establecerá las condiciones en las que se dará el arrendamiento, con la indicación de la ubicación y características del bien. En los pliegos se preverá la posibilidad de que el interesado realice un reconocimiento previo del bien ofrecido en arrendamiento. Para la suscripción del contrato, el adjudicatario no requiere estar inscrito y habilitado en el RUP. El SERCOP determinará el procedimiento y los requisitos que se deberán cumplir en estas contrataciones.

Que, el Art. 372, de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-72, ESTIPULA «Casos especiales.- Los contratos de arrendamiento de locales de uso especial, como mercados, camales, casetas, cabinas, entre otros, siempre que no respondan a una modalidad administrativa de autorización, licencia o concesión de uso público, se arrendarán preferentemente a arrendatarios locales, para lo cual no será necesario publicar la convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, sino que se podrán cursar invitaciones individuales.

Que, la ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL «EDÉN DE LOS ANDES» EN LA CIUDAD DE MARCABELI, fue discutida y aprobada por el Concejo de Marcabelí, el primer debate se realizó en la sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre del año 2016, y el

segundo en la sesión extraordinaria celebrada el 30 de mayo del año 2017; y, fue publicada en el Registro Oficial No. 70, el 01 de septiembre de 2017.

Que, ante la petición de los arrendatarios del mercado, que se les rebaje el canon de arrendamiento de sus locales, por cuanto las ventas que realizan son mínimas, y no les alcanza para pagar;

Que, en vista de que algunos de los arrendatarios, han procedido a devolver los locales, porque no pueden pagar el canon de arrendamiento establecido en el contrato;

Que, otros arrendatarios, están considerando la idea de también devolver los locales, si no se les realiza una rebaja en el canon de arrendamiento, que les permita pagar y además obtener una utilidad;

Que, la presente reforma a la ordenanza busca regular el uso, funcionamiento, control y administración del mercado municipal, con la finalidad de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, fomentar el desarrollo comercial del cantón; y, establecer un canon de arrendamiento justo que permita a los arrendatarios pagar el arriendo y además obtener una utilidad; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 7, y Art. 57 literal b) y 58 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

Expide:

LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL «EDÉN DE LOS ANDES» EN LA CIUDAD DE MARCABELI.

GENERALIDADES

Art. 1.- Definición.- Los mercados municipales se definen como un conjunto de establecimientos minoristas independientes, fundamentalmente de alimentación perecedera, estos establecimientos están agrupados en un espacio de titularidad pública y normalmente de uso exclusivo, que tienen servicios comunes y requieren una gestión de funcionamiento también común.

Art. 2.- Funcionamiento.- El funcionamiento del mercado municipal estará sujeto a la autoridad y disposiciones de la o el Alcalde, como ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Marcabelí y Comisaría Municipal.

Art. 3.- Ámbito.- La presente ordenanza tiene por objeto regular el arrendamiento, control y administración del mercado municipal del cantón Marcabelí.

Art. 4.- Ubicación.- El mercado municipal contará con instalaciones y bienes muebles destinados al servicio

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público, el mismo que se encuentra ubicado en el cantón Marcabelí, en las calles 30 de Septiembre entre Quito y Jaime Roídos.

Art. 5.- Usos y servicios.- Las actividades, usos y servicios que preste el mercado municipal será para garantizar que las personas accedan a consumir de forma ordenada, segura y permanente alimentos sanos y nutritivos suficientes, lo cual estarán supervisados por la Comisaría Municipal y personal que se designe para el efecto.

Art. 6.- Áreas comunes.- Se entiende por áreas comunes, aquellos espacios que al exterior e interior del mercado municipal, se han destinado para el uso público.

Art. 7.- Cuidado de áreas comunes.- Las áreas comunes y mobiliarios destinados al servicio público están sometidos al mantenimiento, cuidado, control y responsabilidad común por parte de los comerciantes de la sección respectiva y Comisaría Municipal. La utilización de tales áreas en general es gratuita de acuerdo a las condiciones naturales y propias de su uso, sin que en ellas se pueda ubicar ninguna clase de objetos que obstruyan el libre tránsito de las personas.

DEL ARRENDAMIENTO

Art. 8.- Arrendamiento.- Los locales, puestos y área para feria libre existentes en el mercado municipal serán entregados bajo la modalidad de contratos de arrendamiento con duración de un año calendario.

Art. 9.- Procedimiento.- El procedimiento para el arrendamiento de un local comercial se observará lo que estipula la Resolución No. RE-SERCOP-2016-72.

Art. 10.- Requisitos para el arrendamiento.- La persona interesada en ocupar un local presentará los siguientes requisitos:

Oficio dirigido a la máxima autoridad donde determine el tipo de local que necesita y la clase de negocio que va a establecer;
Formulario de solicitud para varios servicios, donde especifique que servicio necesita;
Ser mayor de 18 años de edad;
Copia de la cédula de ciudadanía, certificado de votación o pasaporte;
Certificado de no adeudar a la municipalidad;
Certificado de no tener impedimento legal para contratar;
Certificado médico en caso de vender productos alimenticios; (Tarjeta de salud);

Art. 11.-Aprobación de la solicitud.- Una vez aprobada la solicitud por el Alcalde o Alcaldesa, se notificará al solicitante y al Área de Rentas para la elaboración del

título y catastro correspondiente; y, al Departamento Jurídico para la elaboración del contrato de arrendamiento.

Art. 12.-Adjudicación.- Para otorgar un local o puesto en arrendamiento, se preferirá a los arrendatarios locales y a los de mayor tiempo de estancia en el mercado antiguo y/o ubicación en las ferias libres.

Art. 13.- Firma de contrato.- El contrato de arriendo debe ser firmado por el arrendatario y Alcalde o Alcaldesa, remitiéndose en copias a Comisaría Municipal, como también entregar el listado de arrendatarios al Área de Avalúos y Catastros, Área de Rentas y a Tesorería; que servirán como base de datos para los trámites correspondientes.

Art. 14.- Valor del arriendo.- El GAD del Cantón Marcabelí fijará los cañones de arrendamiento que regirán, tomando en cuenta los gastos de operación y mantenimiento. El costo mensual de arrendamiento, se desprende del plan de negocios propuesto en el estudio de factibilidad para la construcción del mercado y serán los detallados en el siguiente cuadro:

TIPO DE LOCALES O PUESTOS

No. DE

LOCALES O

PUESTOS

VALORES

Locales Externos 1

90,00

Locales Externos 2

100,00

Locales Externos 3

110,00

Locales Externos 4

110,00

Locales Externos 5

110,00

Locales Externos 6

90,00

Locales Externos 7

90,00

Locales Externos 8

75,00

Puestos para comida preparada

50,00

Puesto para jugos -batidos

35,00