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REGISTRO OFICIAL
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Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado
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Presidente Constitucional de la República del Ecuador
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Miércoles, 14 de Julio de 2010 – R. O. No. 235
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SUPLEMENTO
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FUNCION JUDICIAL
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:
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Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes personas:
n n 161-2008 n
Magdalena Cecilia Dávalos Avilés en contra del economista Marcelo Fernández Sánchez, Canciller de la Universidad Internacional del Ecuador
n n 164-2008 n
Doctor Carlos Mármol Miranda en contra de Alimentos Rozotti S. A.
n n 176-2008 n
Licenciado Bolívar Avedaño Delgado en contra de Francisco E. Pita Pita
n n 178-2008 n
Sara Avelino Alcívar en contra de Francisco Víctor Pincay Morales
n n 179-2008 n
Daysi Margoth Revelo Jara y otros en contra de Jorge Efraín Aldás Vásquez y otro
n n 180-2008 n
Doctor Luis Bolívar Maurad Ordóñez en contra de Juan María Berrezueta
n n 182-2008 n
Enrique Wittmer García en contra de Aseguradora del Sur
n n 183-2008 n
Claudio Rodrigo Carvallo Guillén en contra de la Compañía El Fénix del Ecuador Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros
n n 184-2008 n
Manuel Paguay Salto y otra en contra de Manuel Fernández Ojeda y otra
n n 186-2008 n
Doctor Eduardo Rivas Ayora en contra del ingeniero Byron Sacoto Sacoto, Gerente General de la Compañía Industrias Guapán S. A.
n n 187-2008 n
Compañía Induvit S. A. en contra de la Compañía Servicios Generales DIALVI Cía. Ltda.
n n 188-2008 n
Rigoberto Sigifredo Rengifo Vegas en contra de Ninfa Esther Valverde Peña
n n 189-2008 n
Leonor Moyano Guaricela y otros en contra de Luis Enrique Moyano Espinoza
n n 190-2008 n
Nelson Mugueytio Peñaherrera, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. MIDUVI en contra de Doris Jijón vda. de Hidalgo y otros
n n 191-2008 n
Diego Guillermo Tumipamba Pérez en contra de Edison Patricio Mena Donoso y otra
n n 192-2008 n
Ingeniero Luis Alberto Zea Zamora en contra del ingeniero Byron Sacoto Sacoto, Gerente General de la Compañía Industrias Guapán S. A.
n n 197-2008 n
Francisca Aurora Zambrano Chávez en contra de Ramón Antonio Delgado
n n 198-2008 n
Sócrates Olmedo Aguilar y otros en contra de Marco Alava Cedeño y otros
n n 200-2008 n Antonio Enrique Arana Barzola en contra de Gloria Edelmira Fuentes Veas
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No. 161-2008
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ACTOR: Magdalena Cecilia Dávalos Avilés.
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DEMANDADO: Economista Marcelo Fernández Sánchez, por los derechos que representa en calidad de Canciller de la Universidad Internacional del Ecuador
n n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL n n Quito, a 29 de mayo del 2008; las 09h40. n n
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en nuestras calidades de magistrados titulares de esta Sala, designados por el Comité de Calificación, Designación y Posesión de Magistrados y Conjueces de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución No. 199 de 29 de noviembre del 2005, publicada en el R. O. No. 165 de 14 de diciembre del 2005; y, el Dr. Rigoberto Barrera, por la resolución adoptada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en sesión de 9 de enero del 2008 en la cual se lo designó magistrado titular de la Sala. En lo principal, el economista Marcelo Fernández Sánchez, por los derechos que representa en calidad de Canciller de la Universidad Internacional del Ecuador (fs. 26 a 42) y la actora arrendadora, Magdalena Cecilia Dávalos Avilés (fs. 44 a 48 de la segunda instancia), interponen recursos de casación de la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Superior de Justicia de Quito, el 28 de agosto del 2006, a las 15h16 (fs. 12 a 15 vta.) del mismo cuaderno, en la cual acepta parcialmente la apelación de la actora y reforma la sentencia de primer nivel en el sentido de disponer que l demandada a más de los valores detallados en el fallo de primera instancia cancele la suma de veintitrés mil dólares (US $ 23,000) por obras de reparación y reposición de la propiedad, de acuerdo a lo fijado por la perito Arq. Ligia Pesantez, y diecisiete mil dólares (US $ 17,000) por pintura de tumbado, exterior e interior y reparación de agrietamiento de paredes, cantidad fijada por la Sala que no está obligada a atenerse, contra su convicción, al informe de la perita. En total cuarenta mil dólares de los Estados Unidos (US $ 40,000), por los daños causados al inmueble arrendado, cantidad de la cual se descontará la suma de seis mil dólares entregados a la arrendadora, de acuerdo con la cláusula novena del contrato. La indemnización por terminación anticipada debe sujetarse a lo previsto en el contrato, la Sala no puede conceder más que lo pedido y en este caso la demandante reclamó, en el libelo inicial «la indemnización por incumplimiento del contrato prevista en el contrato de arrendamiento» y no tres meses como pretende en el escrito de apelación. …» (Hasta aquí la cita de la parte resolutiva). La causa vino a conocimiento de la Sala por sorteo de 27 de noviembre del 2006; habiéndose admitido a trámite y calificado los referidos recursos mediante auto dictado el 5 de junio del 2007 a las 09h00, por considerar que cumplen con los requisitos de oportunidad, legitimación y de formalidades previstos en el Art. 6 de la Codificación de la Ley de Casación, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 299 de 24 de marzo del 2004. Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el recurso de casación en virtud de lo dispuesto en el Art. 200 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el Art. 1 de la Codificación de la Ley de Casación, y por el sorteo de ley antes referido. SEGUNDO: Procede analizar los recursos en el orden de su presentación: 2.1. La entidad universitaria demandada, considera infringidas las siguientes normas de derecho: artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que el Juez puede no apreciar el dictamen del perito, contrario a lo que él mismo percibió por sus sentidos en el reconocimiento, y ordenar que se practique una nueva inspección con otro u otros peritos; 115 ibídem, sobre valoración de la prueba; 1911, 1868 y 2229 del Código Civil, relativos a: las reparaciones locativas; la obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado; y, a quiénes están obligados a la reparación del daño; respectivamente; el artículo 7 de la Ley de Inquilinato (responsabilidades del inquilino). Fundamenta el recurso en: la causal segunda del Art. 3 de la Ley de Casación, argumentando que existe aplicación indebida del Art. 249 del Código de Procedimiento Civil; también lo fundamenta en la misma causal segunda en cuanto dice existir falta de aplicación del Art. 115 ibídem; en la causal primera: por falta de aplicación del Art. 1911 del Código Civil; por aplicación indebida del artículo 1868 ibídem; por errónea interpretación del artículo 2229 del mismo Código; y, por indebida aplicación del artículo 7 de la Ley de Inquilinato; finalmente, en la causal quinta, … ya que en la sentencia recurrida se adoptan decisiones contradictorias e incompatibles.». A continuación explica los fundamentos en los que basa el recurso, con respecto a cada una de las normas que considera infringidas y las partes respectivas de la sentencia en que considera que se ha cometido las infracciones acusadas. 2.2. La actora – arrendadora, Magdalena Cecilia Dávalos Avilés, estima infringidas las siguientes normas de derecho: Arts. 1572 (qué comprende la indemnización de daños y perjuicios); 1573 (desde cuándo se debe tal indemnización); 1574 (Responsabilidad del deudor, aso de dolo, mora causada por fuerza mayor o caso fortuito); 1576 (prevalece la intención de los contratantes); 1886 (indemnización de perjuicios a cargo del arrendatario cuando por su culpa se pone término al arrendamiento); últimos incisos de los Arts. 1888 (no constancia del estado de la cosa arrendada que se entrega); 1912 (presunción de haber recibido el arrendatario el edificio en buen estado); y, último inciso del 1913 (consecuencia de negligencia grave del inquilino en el cumplimiento de obligación de mantener los interiores aseados); Art. 1919 («Las disposiciones de este parágrafo se entenderán sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Inquilinato,…»); todos los antes mencionados artículos son del Código Civil; Arts. 115, 121, 122; segundo inciso del Art. 262; y Arts. 274, 283 Y 284 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la determinación de las causales en este recurso de la actora, se extracta lo siguiente: «3. La determinación de las causales en que se funda: Las causales que estimo infringidas,…son la primera por errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudencia les obligatorios, en la sentencia y auto, que fueron determinantes de su parte dispositiva; y la tercera causal… por errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, que condujeron a la Sala a una equivocada aplicación de normas de derecho en la sentencia y auto ampliatorio y que a la postre fueron también determinantes en su parte dispositiva.». A continuación explica los fundamentos en que apoya el recurso, en relación con los vicios imputados y con respecto a cada una de las causales invocadas. TERCERO: 3.1. Se analiza a continuación el recurso presentado por la parte demandada y se inicia este análisis con la causal segunda invocada, esto es «Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente.». El cargo es de aplicación indebida del Art. 249 del Código Adjetivo Civil, cuyo tenor es: «Puede el juez no apreciar el dictamen del perito o peritos, contrario a lo que él mismo percibió por sus sentidos en el reconocimiento, y ordenar que se practique nueva inspección con otro u otros peritos.». La Sala observa que la norma que se estima infringida corresponde a la causal tercera, ya que se trata de la valoración -o no valoración- que los juzgadores han hecho de la prueba del informe pericial. Incurrir en la causal segunda implica estar en una causal de nulidad insanable del proceso y responde a los principios de especificidad y trascendencia, que no es el caso. Igual situación se presenta en cuanto al cargo de falta de aplicación del Art. 115 del mismo Código, ya que se refiere a la valoración de la prueba (causal tercera). En consecuencia, se rechaza los cargos por la causal segunda. 3.2. En cuanto a la causal quinta invocada, el recurrente se refiere al Art. 2229 del Código Civil, cuyo texto es: «Art. 2229.- Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparada por ésta. Están especialmente obligados a esta reparación: 1. El que provoca explosiones o combustión en forma imprudente; 2. El que dispara imprudentemente una arma de fuego; 3. El que remueve las losas de una acequia o cañería en calle o camino, sin las precauciones necesarias…; 4. El que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto, o puente que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por él; y, 5. El que fabricare y pusiere en circulación productos, objetos o artefactos que, por defectos de elaboración o de construcción, causaren accidentes,…». Y el recurrente se refiere a este punto en los siguientes términos: «…en nuestra legislación, las indemnizaciones tienen el carácter de REPARATIVAS, tal cual lo expresa el Art. 2229 del Código Civil, e igualmente este carácter tienen las indemnizaciones en materia de inquilinato. Como vemos de la sentencia de segunda instancia, la condena que se realiza en lo referente a daños y perjuicios, se hace al azar, de mera casualidad, en violación a las normas citadas y a principios elementales del derecho. … 1 … LA INDEMNIZACION DEBE SER REPARATIVA, y para saber si se debe reparar SE DEBE DETERMINAR EXACTAMENTE EL DAÑO. …/…Más bien, el fallo en este sentido, se convierte en una de las más contradictorias resoluciones que hayamos podido ver, conforme estudiaremos en el numeral 4.6.» (En el cual analiza la indebida aplicación del Art. 7 de la Ley de Inquilinato, relativo a las responsabilidades del inquilino). Luego, expresa: «Me pregunto, señores Ministros, cómo se puede exponer este artículo como fundamento de derecho del fallo, cuando este artículo tiene claras disposiciones que en nada compaginan con lo sentenciado, y más bien resultan incompatibles» (Los subrayados son de la Sala). Con estas expresiones, el recurrente intenta fundamentar la causal quinta. Respecto de esta causal, la doctrina indica: «Pero también pueden presentarse vicios de inconsistencia o incongruencia en el fallo mismo, cuando no hay armonía entre la parte considerativa y la resolutiva,…debe entenderse que estos vicios emanan del simple análisis del fallo cuestionado y no de la confrontación entre éste, la demanda y la contestación, ya que en esta última hipótesis estaríamos frente a los vicios contemplados en la causal cuarta. El fallo casado será incongruente cuando se contradiga a sí mismo, en cambio será inconsistente cuando la conclusión del silogismo no esté debidamente respaldada por las premisas del mismo.. .3.3.1. Formas en que puede incurrirse en la causal quinta: Respecto de las diversas formas como se puede incurrir en el vicio contenido en la causal quinta…, la Primera Sala…ha señalado: […] el numeral quinto…señala dos vicios del fallo que pueden dar lugar a que sea casado: a) Que la resolución impugnada no contenga los requisitos que exige la ley; son omisiones que la afectan en cuanto acto escrito,.. .en su estructura formal, como el que se omita la identificación de las personas a quienes el fallo se refiere, en la enunciación de las pretensiones, en la motivación que se funda en los hechos y en el derecho (que habitualmente se consigna en los «considerandos»), o en la parte resolutiva, en cuanto al lugar, fecha y firma de quien la expide; y, b) Que en la parte dispositiva se adopten disposiciones contradictorias o incompatibles.». Más adelante, también remitiéndose a jurisprudencia de la Primera Sala, el mismo autor expresa: «La quinta causal…dice que la resolución final dictada por la corte superior…dentro de un proceso de conocimiento puede ser impugnada mediante el recurso extraordinario… ‘cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la Ley o en su parte dispositiva se adoptan disposiciones contradictorias o incompatibles’. El artículo 278 [274] del Código de Procedimiento Civil dispone: ‘En las sentencias y en los autos se decidirá con claridad los puntos que fueren materia de la resolución, fundándose en la ley y en los méritos del proceso, y, a falta de ley, en los principios de justicia universal’. El artículo 279 [275] ibídem dice: ‘Los decretos, autos y sentencias expresarán con claridad lo que se manda o resuelve; y en ningún caso se hará uso de frases obscuras o indeterminadas como ocurra a quien corresponda, venga en forma, como se pide, etc.’ Finalmente, el artículo 280 [276] del mismo cuerpo legal dispone: ‘En las sentencias y en los autos que decidan algún incidente o resuelvan sobre la acción principal, se expresará el asunto que va a decidirse y los fundamentos o motivos de la decisión. No se entenderá cumplido este precepto en los fallos de segunda o tercera instancia, por la mera referencia a un fallo anterior.’ Estas disposiciones legales recogen lo que, según la doctrina, constituyen las exigencias del contenido de la motivación de la sentencia; sobre el tema, FERNANDO DE LA RUA (Teoría General del Proceso, Depalma, Buenos Aires, 1991, pp. 150 y ss.) señala: ‘El juzgador debe tener en cuenta los requisitos necesarios para que la motivación de la sentencia sea adecuada. Para que la fundamentación sea válida, debe ser, a la vez, expresa, clara, completa, legítima y lógica. La sentencia está formada por una serie eslabonada de argumentos, razonamientos y decisiones que culminan en la conclusión final,…En este camino, el Juez debe plantearse sucesivos interrogantes…, emitiendo sobre cada uno de ellos una respuesta afirmativa o negativa (conclusiones). Cada conclusión constituye el precedente sobre el cual se resolverá la cuestión siguiente, hasta llegar a la principal, cuya respuesta constituirá la decisión. Para ello, el deber de resolver todas las cuestiones se presenta…también como un aspecto del contenido de la motivación, en tanto cada conclusión o decisión debe ser fundamentada. …[…].». Y, más adelante, también refiriéndose a la jurisprudencia de la misma Sala: «[…] la motivación para ser lógica, debe responder a las referidas leyes que presiden el entendimiento humano. Deberá tener, por lo tanto, las siguientes características: 1) Debe ser coherente, es decir, constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, formulados sin violar los principios de identidad, de contradicción y de tercero excluido. Para ello debe ser: a) Congruente, en cuanto las afirmaciones, las deducciones y las conclusiones deben guardar adecuada correlación y concordancia entre ellas; b) No contradictoria, en el sentido de que no se empleen en el razonamiento juicios contrastantes entre sí, que al oponerse se anulan; c) Inequívoca, de modo que los elementos del raciocinio no dejen lugar a dudas sobre su alcance y significado, y sobre las conclusiones que determinan. Todas estas exigencias, en realidad, vienen a reunirse, en la práctica, en la regla de no contradictoriedad que es la de más habitual aplicación. La contradicción se produce toda vez que dos juicios se anulan entre sí,…La motivación es contradictoria, enseña SABATINI, cuando se niega un hecho o se declara inaplicable un principio de derecho,…, y después se afirma otro que en la precedente motivación estaba implícita o explícitamente negado, o bien se aplica un distinto principio de derecho. El vicio se presenta toda vez que existe un contraste entre los motivos que se aducen, o entre estos y la parte resolutiva, de modo que, oponiéndose, se destruyen recíprocamente y nada queda de la idea que se quiso expresar. Resultando la sentencia privada de motivación.> (Santiago Andrade Ubidia, «La Casación Civil en Ecuador», Fondo Editorial, Quito, 2005; pp. 135, 136, 142, 143 y 145). Al respecto, la Sala más bien observa que la resolución del Tribunal ad quem no es incompatible ni contradictoria entre sí; en efecto, en la parte resolutiva, expresa: «CUARTO: El Art. 7 de la Ley de inquilinato dice: «ARTICULO 7.- RESPONSABILIDADES DEL INQUILINO.- Si el inquilino fuera responsable de los daños ocasionados…, estará obligado a la inmediata reparación, a su costa; caso de no hacerlo en el plazo fijado por el Juez, el arrendador estará facultado para efectuar dichas reparaciones y exigir al arrendatario el pago de lo invertido con un aumento del diez por ciento. … Es decir, en la especie, la arrendadora ha demostrado que los daños producidos en el local arrendado se deben a causales de exclusiva responsabilidad de la arrendataria. .. .es preciso señalar que un local destinado a la enseñanza universitaria que alberga varias centenas de estudiantes, que necesariamente deben moverse constantemente en el local arrendado y usar sus instalaciones y servicios,… provocan daños en el local mismo y especialmente en sus instalaciones, que es lo que ha sucedido en el presente caso.» (Sigue la parte resolutiva, ya señalada en la primera parte de esta sentencia). De tal manera que no existen las incongruencias ni incompatibilidades aludidas. En consecuencia, se rechaza el cargo por la causal quinta. 3.3. En lo referente a la causal primera, el recurrente la invoca con respecto a los vicios de: 1) Falta de aplicación del artículo 1911 de Código Civil que se refiere a las reparaciones llamadas locativas a que está obligado el inquilino; 2) Aplicación indebida del artículo 1868 ibídem, que trata de la obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado; errónea interpretación del artículo 2229 del Código ibídem, el mismo que, como se indicó anteriormente, dispone que por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparada por ésta, y señala, no taxativamente sino en forma enunciativa, quiénes están especialmente obligados a la reparación. La causal primera contiene la denominada violación directa de la ley sustantiva o de los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia materia del recurso, que haya sido determinante de su parte resolutiva. Al respecto, el autor Santiago Andrade Ubidia, sostiene: «…La Primera Sala…ha dicho: Se trata de la llamada trasgresión directa de la norma legal en la sentencia, y en ella no cabe consideración respecto de los hechos, pues se parte de la base que es correcta la apreciación del Tribunal ad-quem sobre el valor de los medios de prueba incorporados al proceso, por lo que corresponde al Tribunal de casación examinar, a base de los hechos considerados como ciertos en la sentencia, sobre la falta de aplicación, aplicación indebida o errónea interpretación de los artículos citados por el recurrente…/… En la causal primera, se imputa al fallo de hallarse incurso en errores de violación directa de la norma sustantiva, porque no se ha subsumido adecuadamente los elementos fácticos que han sido probados y se hallan admitidos por las partes, dentro de la hipótesis normativa correspondiente, sea porque se ha aplicado una norma jurídica que no corresponde, o porque no se ha aplicado la que corresponde o porque, finalmente, se realiza una errónea interpretación de la norma de derecho sustantivo. La Primera Sala…, en numerosos fallos se ha pronunciado al respecto: En el recurso de casación por la causal primera…no cabe consideración en cuanto a los hechos ni hay lugar a ninguna clase de análisis probatorio, pues se parte de la base de la correcta estimación de ambos por el Tribunal de instancia. Cuando el juzgador dicta sentencia y llega a la convicción de la verdad de determinados hechos, alegados ya sea por la parte actora, ya sea por la parte demandada, en la demanda y en la contestación a la demanda, respectivamente; luego de reducir los hechos a los tipos jurídicos conducentes, busca la norma o normas de derecho sustantivo que le sean aplicables. A esta operación se llama en la doctrina subsunción del hecho en la norma. Una norma sustancial o material, estructuralmente, tiene dos partes: la primera un supuesto, y la segunda una consecuencia. Muchas veces una norma no contiene esas dos partes sino que se complementa con una o más normas, con las cuales forma una proposición completa. La subsunción no es sino el encadenamiento lógico de una situación fáctica específica, concreta en la previsión abstracta, genérica o hipotético contenido en la norma. El vicio de juzgamiento o in iudicando contemplado en la causal primera…, se da en tres casos: 1) Cuando el juzgador deja de aplicar el (sic) caso controvertido, normas sustanciales que ha debido aplicar, y que de haberlo hecho, habrían determinado que la decisión en la sentencia sea distintas (sic) a la acogida. 2) Cuando el juzgador entiende rectamente la norma pero la aplica a un supuesto fáctico diferente del hipotético contemplado en ella. Incurre de esta manera en un error consistente en la equivocada relación del precepto con el caso controvertido. 3) Cuando el juzgador incurre en un yerro de hermenéutica al interpretar la norma, atribuyéndole un sentido y alcance que no tiene. En la sentencia dictada por el Tribunal ad quem no se advierten ninguno de los errores citados. En su fundamentación los recurrentes no acusan propiamente a la sentencia de alguno de los errores en la subsunción de la situación fáctica a las normas de derecho que ellos citan; su acusación se dirige más bien a impugnar la apreciación del Tribunal ad quem sobre los elementos de prueba producidos en el juicio; lo cual, como se explica anteriormente, es ajeno a la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación[…]» (Santiago Andrade Ubidia, La Casación Civil en el Ecuador, Fondo Editorial, Quito, 2005, pp. 181 a 183). Se procede a analizar cada una de las normas que, por esta causal, se considera infringidas, ya por falta de aplicación, aplicación indebida o por errónea interpretación: 1) La Sala estima que no se ha incurrido en falta de aplicación del Art. 1911 del Código Civil, pues la sentencia conserva un equilibrio en cuanto a la obligación de reparaciones locativas, en la parte que manda efectuar tales reparaciones; a esta conclusión ha llegado el Tribunal ad-quem de acuerdo con un análisis que parte del principio de la sana crítica en la apreciación de las pruebas y en base a un razonamiento lógico que es facultad de dicho Tribunal. Y, como antes se expresó, el recurso interpuesto no acusa el yerro por la causal tercera que es la referente a los principios jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. Se encuadra el caso en el presupuesto contemplado en la jurisprudencia expuesta por el autor citado, y en sus propias conclusiones doctrinales, cuando estima que si lo que se quiere es impugnar la apreciación del Tribunal sobre los elementos de prueba, lo cual es ajeno a la causal primera. Por las consideraciones anotadas, se rechaza el cargo de violación del mencionado Art. 1911 por la causal invocada; 2) en cuanto al cargo de indebida aplicación del Art. 1868 del mismo Código, la Sala, del análisis de la sentencia concluye que no existe tal yerro, pues el fallo recurrido más bien aplica debidamente la norma, al concluir que es obligación del arrendatario mantener la cosa en buen estado y efectuar las reparaciones necesarias, de acuerdo con las pruebas apreciadas en conjunto por el Tribunal ad-quem; por lo que se rechaza el cargo de violación de esta norma por la primera causal; 3) Tampoco ha existido errónea interpretación del Art. 2229, antes transcrito, del Código Civil, ya que en la sentencia recurrida se respeta la norma, que, como antes se indicó, contiene una enumeración no taxativa sino enunciativa de las personas que están obligadas a las reparaciones, y el Tribunal ad quem ha estimado pertinente, en base a los méritos probatorios del proceso y a su sana crítica, que el inquilino está obligado a la reparación; por lo tanto, se rechaza el cargo de violación a esta norma por la causal que se analiza; 4) Igual conclusión es necesaria en cuanto al cargo de indebida aplicación del Art. 7 de la Ley de Inquilinato que se refiere a las responsabilidades del arrendatario, pues el Tribunal ad quem ha establecido debidamente esas responsabilidades, a la luz del análisis que ha efectuado de las pruebas producidas; por tanto, se rechaza el cargo en relación con el referido artículo de la Ley de Inquilinato. CUARTO: Procede analizar el recurso interpuesto por la actora. Al respecto se considera: 4.1. En relación con la causal tercera, se aduce errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, concretamente a los artículos 115, 121, 122, segundo inciso del artículo 262; 274; 283 y 284 del Código de Procedimiento Civil. Sobre esta causal, la doctrina y la jurisprudencia extractada de la misma se expresan en los siguientes términos: «…que permite casar el fallo cuando el mismo incurre en inaplicar, aplicar indebidamente o interpretar en forma errónea las normas relativas a la valoración de la prueba, cuando ello ha conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en el fallo impugnado; el recurrente en su fundamentación deberá demostrar el error de derecho en que ha incurrido el Tribunal de instancia, ya que nuestro sistema no admite la alegación del error de hecho en la valoración de la prueba, como causal de casación, ya que pertenece al llamado sistema de casación puro…». Y, más adelante, sobre el mismo tema: 4.1.1. Proposición jurídica completa y causal tercera. En el caso de la causal tercera, la configuración de la llamada «proposición jurídica completa», en el supuesto de la violación indirecta, requiere que se señale: a) La norma relativa a la valoración de la prueba que ha sido inaplicada, indebidamente aplicada o erróneamente interpretada; y, b) La norma de derecho sustantivo que, como consecuencia del vicio en la aplicación de la norma de valoración de la prueba, ha sido equivocadamente aplicada o inaplicada. La Primera Sala de lo Civil y Mercantil, al respecto, ha dicho: Para integrar la proposición jurídica completa conforme lo requiere esta causal, se deben: a) Citar las normas relativas a la valoración de la prueba que el Tribunal de instancia ha infringido (aplicado indebidamente, omitido aplicar o interpretado erróneamente), en aquellos casos en los cuales nuestro sistema de derecho positivo establece el sistema de prueba tasada; y, de ser del caso, citar los principios violados de la sana crítica en los casos en los cuales se aplica la misma; y, b) Citar las normas sustantivas infringidas (aplicación indebida o falta de aplicación) como consecuencia del yerro en las normas y principios reguladores de la prueba, requisito indispensable para la integración de la proposición jurídica completa y para la procedencia del cargo al amparo de la causal tercera, porque no basta que en la sentencia haya vicio de derecho en la valoración probatoria sino que es indispensable este otro requisito copulativo o concurrente» (Autor citado, la Casación Civil en el Ecuador, Andrade y Asociados Fondo Editorial, Quito, 2005, pp. 150 y 202). El mismo autor, en el acápite de su obra que denomina «Valoración absurda de la prueba», parafraseando al tratadista Ulrich Klug, en su obra Lógica Jurídica (Bogotá, Temis, 2004), expresa: ««El que, en desacuerdo con las circunstancias fácticas tal como ellas fueron establecidas, ataca la apreciación que de la prueba hizo el Tribunal, plantea una cuestión sobre los hechos, que no es susceptible de revisión. Pero cuando en la apreciación de la prueba se evidencia una infracción de la Lógica, ello constituye entonces una incorrecta aplicación de las normas sobre la producción de la prueba. Pero el problema de si una norma ha sido correcta o incorrectamente aplicada representa una cuestión de derecho. En consecuencia, la apreciación de la prueba que contradice las leyes lógicas es, en esa medida, revisable. Como lo dice con acierto EB. SCHMIDT, la libertad en la apreciación de la prueba encuentra en las leyes del pensamiento uno de sus límites. No es necesario, pues, convertir la Lógica misma, artificialmente, en algo jurídico. Ella es una herramienta presupuesta en la aplicación correctamente fundamentada del derecho.» (Hasta aqu&iac