Registro Oficial No. 180-Jueves 9 de abril de 2020 Edición Especial

abril 9, 2020

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés Presidente Constitucional de la República del Ecuador Jueves 9 de abril de 2020 (R. 180, 9–abril -2020) Año l – Nº 180 Quito, Jueves 9 de Abril de 2020 FUNCIÓN EJECUTIVA ACUERDOS: MINISTERIO DE GOBIERNO: Otórguese con carácter honorífico las conde- coraciones a las siguientes personas: 0234 “Al […]

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Jueves 9 de abril de 2020 (R. 180, 9–abril -2020)

Año l – Nº 180

Quito, Jueves 9 de Abril de 2020

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE GOBIERNO:

Otórguese con carácter honorífico las conde-

coraciones a las siguientes personas:

0234 “Al Mérito Profesional” en el grado de “Gran

Oficial”, al Intendente Alfreth Libaguer Correa

Correa

0235 “Al Mérito Profesional” en el grado de “Gran

Oficial”, al Capitán de Policía Giovanni Andrés

Pineda Aguirre

0236 “Al Mérito Profesional” en el grado de “Gran

Oficial”, al Mayor de Policía Ronald Fabián

Rodríguez Casas

0238 “Al Mérito Profesional” en el grado de “Gran

Oficial”, a la doctora María Teresa Suárez

Ochoa

MINISTERIO DE PRODUCIÓN

COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES

Y PESCA:

MPCEIP-SRP-2020-0034-A Establécense las medidas

de ordenamiento y las disposiciones correspon-

dientes para las embarcaciones pesqueras que

estén autorizadas para enarbolar el pabellón

ecuatoriano y que tengan la intención de realizar

actividades pesqueras en aguas de terceros

países

MPCEIP-DMPCEIP-2020-0036 Desígnese al/la Vice-

ministro/a de Promoción de Exportaciones e

Inversiones como Delegado/a Titular y como

Alterno al/la Subsecretario/a de Promoción de

Exportaciones ante el Directorio de la CORPEI

MPCEIP-DMPCEIP-2020-0037 Refórmese el Acuerdo

Ministerial Nº 17 074

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS:

Apruébese el estatuto y reconócese la personería

jurídica de las siguientes organizaciones:

SDH-DRNPOR-2020-0027-A Iglesia Evangélica Rey

de Paz, domiciliada en el cantón Pallatanga,

provincia de Chimborazo

2 – Jueves 9 de abril de 2020 Registro Oficial Nº 180

SDH-DRNPOR-2020-0028-A Misión Cristiana

Dios Es mi Ayuda, domiciliada en el

cantón Quito, provincia de Pichincha

SDH-DRNPOR-2020-0029-A Centro Cristiano

de la Familia, domiciliada en el cantón

Pujilí, provincia de Cotopaxi

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DE PRODUCIÓN

COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES

Y PESCA:

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD:

MPCEIP-SC-2020-0108-R Otórguese la desig-

nación al Laboratorio de Ensayos

Térmicos y Eficiencia (LABET) del

Instituto de Investigación Geológico y

Energético (IIGE)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y

OBRAS PÚBLICAS:

112-2020 Concédese personería jurídica propia

de derecho privado a la Asociación

de Conservación Vial Santa Bárbara,

ubicada en el cantón Olmedo, provincia

de Loja

FUNCIÓN JUDICIAL

Y JUSTICIA INDÍGENA

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO:

022-FGE-2020 Expídese la resolución de imple-

mentación de la herramienta Buzón de

Transparencia

FUNCIÓN DE TRANSPARECIA

Y CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA:

SEPS-IGT-IGJ-IZ4-IFMR-2020-0034 Liquídese a

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Afro

Ecuatoriana de la Pequeña Empresa

Ltda., CACAEPE, con domicilio en el

cantón y provincia de Esmeraldas

Nro. 0234

María Paula Romo Rodríguez

MINISTRA DE GOBIERNO

Considerando:

Que el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “A las ministras y ministros

de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”;

Que el inciso primero del artículo 163 de la norma suprema consagra que: “La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional (…)”;

Que el numeral 4 del artículo 64 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, señala que: “El titular del ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público tendrá las siguientes funciones: ( …) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional (…)”;

Que el artículo 97 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, manifiesta que:

“Dentro de la carrera profesional, son derechos de las y los servidores policiales, además de los establecidos en la Constitución de la República y la ley, los siguientes: (…) 10. Recibir condecoraciones o reconocimientos institucionales no económicos por actos de servicio, previo el cumplimiento de los requisitos que se establecerán por parte del ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público;

Que el artículo 100 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, establece que:

“Las o los servidores policiales, como estímulo a su labor policial, tendrán derecho a recibir condecoraciones, medallas y distintivos a través del respectivo acuerdo que emita el ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público y previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento respectivo. Los costos máximos de las condecoraciones, medallas o distintivos se sujetarán a las normas establecidas por el ministerio rector del trabajo. En concordancia con las disposiciones pertinentes de la ley que regula el servicio público, en ningún caso dichos reconocimientos consistirán en beneficios económicos o materiales”;

Que el inciso segundo de la Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público manifiesta que: “(…) Hasta que se expidan los reglamentos se aplicará las disposiciones de este Código en el sentido más favorable a las y los servidores de las entidades de seguridad, sin afectar o suspender la calidad de sus servicios”;

Que el artículo 16 de la Codificación y Reformas al Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional establece que: “La condecoración “Al Mérito Profesional” en el grado de “Gran Oficial” se concederá a quienes (…). Esta misma condecoración se concederá a quienes hayan obtenido la primera antigüedad en el curso reglamentario de la Escuela de Estado Mayor de la Policía o la de oficiales, clases y policías en cursos policiales en el extranjero con una duración no menor de nueve meses, ya sean continuos o acumulados en periodos siempre y cuando no hubiese

Registro Oficial Nº 180 Jueves 9 de abril de 2020 – 3

obtenido otra condecoración por este mismo concepto. En igual forma se concederá esta condecoración al personal policial, empleados civiles, miembros de otras instituciones o particulares que hubiesen prestado servicios relevantes a la Policía Nacional o cumplido acciones de trascendental prestigio y beneficio para la institución”;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 495 de 31 de agosto de 2018 publicada en el Registro Oficial 327 de 14 de septiembre de 2018, artículo segundo, el licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombra a la señora María Paula Romo Rodríguez, como Ministra del Interior;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 718 de 11 de abril de 2019, publicado en el Registro Oficial No. 483, de 08 de mayo de 2019, el Presidente de la República del Ecuador en su artículo 5 decreta: “Una vez concluido el proceso de traspaso de atribuciones dispuesto en el presente Decreto, transfórmese al Ministerio del Interior en “Ministerio de Gobierno”, como entidad de derecho público, con responsabilidad jurídica, dotada de autonomía administrativa y financiera, y el titular del Ministerio del Interior pasará a ser titular del Ministerio de Gobierno”;

Que mediante Resolución No. 2018-0557-CsG-PN de 12 de noviembre de 2018, el H. Consejo de Generales de la Policía Nacional resuelve: “1.- APROBAR el otorgamiento con carácter honorífico de la Condecoración “Al Mérito Profesional” en el grado de “Gran Oficial”, a favor de los siguientes funcionarios nacionales y extranjeros de las Fiscalías e Instituciones Policiales de las Repúblicas del Ecuador, Colombia, México y Guatemala, por su valioso aporte y participación en la Operación policial denominada “ARPÓN DE NEPTUNO”; contribuyendo con su accionar, de manera transcendental y relevante, al trabajo que realiza la Policía Nacional del Ecuador, en procura de garantizar la seguridad ciudadana; de conformidad con el artículo 16 del Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional, concordante, con lo que establece la Directiva No. 2018-001-DGP- PN ( …): FUNCIONARIOS DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA; (…) Intendente ALFRETH LIBAGUER CORREA CORREA, (…); 2.- SOLICITAR al señor Comandante General de la Policía Nacional, se digne alcanzar el correspondiente Acuerdo Ministerial, mediante el cual se CONFIERA la indicada Condecoración (…);

Visto el oficio No. 2018-3649-CsG-PN, de 10 de diciembre de 2018, con el que el Comandante General de la Policía Nacional remite la Resolución No. 2018-0557-CsG-PN de 12 de noviembre de 2018, del H. Consejo de Generales y solicita al Ministerio del Interior, hoy Ministerio de Gobierno, se emita el correspondiente Acuerdo Ministerial, mediante el cual se confiera con carácter honorífico la Condecoración “Al Mérito Profesional” en el grado de “Gran Oficial”, a favor de varios funcionarios nacionales y extranjeros de las Fiscalías e Instituciones Policiales de las Repúblicas del Ecuador, Colombia, México y Guatemala, por sus valiosos aportes y participación en la Operación policial denominada “ARPÓN DE NEPTUNO”;

Visto el memorando Nro. MDI-MDI-VSI-SPN-2019-0900-MEMO, de 28 de mayo de 2019, suscrito electrónicamente por el señor Subsecretario de Policía, mediante el cual

remite a la Coordinadora General Jurídica del Ministerio del Interior, hoy Ministerio de Gobierno, el informe s/n de fecha 27 de mayo de 2019, y solicita se tome en consideración las conclusiones, misma que señala: “(…) Una vez revisado cada uno de los antecedentes de cada Condecoración. (…), se ha constatado que cumple con los requisitos establecidos artículo 16 de la Codi ficación y Reformas al Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional (…)”, encontrándose entre ellos el Intendente Alfreth Libaguer Correa Correa; y,

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias:

Acuerda:

Artículo 1.- Otorgar con carácter honorífico la condecoración “AL MÉRITO PROFESIONAL” en el grado de “GRAN OFICIAL”, al Intendente ALFRETH LIBAGUER CORREA CORREA, funcionario de Policía de la República de Colombia, por su valioso aporte y participación en la operación policial denominada “ARPÓN DE NEPTUNO”, contribuyendo con su accionar, de manera transcendental y relevante, al trabajo que realiza la Policía Nacional del Ecuador, en procura de garantizar la seguridad ciudadana, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Codificación y Reformas al Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional.

Artículo 2.- Encárguese al Departamento de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional, entregar un original de la presente condecoración, al Intendente Alfreth Libaguer Correa Correa.

Artículo 3.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en la Orden General de la Policía Nacional y en el Registro Oficial. De su ejecución encárguese al Comandante General de la Policía Nacional.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-

Dado en Quito, D.M., a 28 de enero de 2020.

f.) María Paula Romo Rodríguez, Ministra de Gobierno.

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Unidad de Gestión Documental y Archivo de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.-Quito a, 03 de marzo de 2020. f.) Ilegible, SECRETARÍA GENERAL.

Nro. 0235

María Paula Romo Rodríguez

MINISTRA DE GOBIERNO

Considerando:

Que el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la

4 – Jueves 9 de abril de 2020 Registro Oficial Nº 180

ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”;

Que el numeral 4 del artículo 64 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, señala que: “El titular del ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público tendrá las siguientes funciones: (…) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional (…)”;

Que el artículo 97 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, manifiesta que:

Que el artículo 100 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, establece que:

o acumulados en periodos siempre y cuando no hubiese obtenido otra condecoración por este mismo concepto. En igual forma se concederá esta condecoración al personal policial, empleados civiles, miembros de otras instituciones o particulares que hubiesen prestado servicios relevantes a

la Policía Nacional o cumplido acciones de trascendental prestigio y beneficio para la institución”;

Que mediante Resolución No. 2018-0557-CsG-PN de 12 de noviembre de 2018, el H. Consejo de Generales de la Policía Nacional resuelve: “1.- APROBAR el otorgamiento con carácter honorífico de la Condecoración “Al Mérito Profesional” en el grado de “Gran Oficial”, a favor de los siguientes funcionarios nacionales y extranjeros de las Fiscalías e Instituciones Policiales de las Repúblicas del Ecuador, Colombia, México y Guatemala, por su valioso aporte y participación en la Operación policial denominada “ARPÓN DE NEPTUNO”; contribuyendo con su accionar, de manera transcendental y relevante, al trabajo que realiza la Policía Nacional del Ecuador, en procura de garantizar la seguridad ciudadana; de conformidad con el artículo 16 del Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional, concordante, con lo que establece la Directiva No. 2018-001-DGP -PN (…): FUNCIONARIOS DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA; (…) Capitán de Policía GIOVANNI ANDRÉS PINEDA AGUIRRE, ( …); 2.-SOLICITAR al señor Comandante General de la Policía Nacional, se digne alcanzar el correspondiente Acuerdo Ministerial, mediante el cual se CONFIERA la indicada Condecoración (…);

Registro Oficial Nº 180 Jueves 9 de abril de 2020 – 5

s/n de fecha 27 de mayo de 2019, y solicita se tome en consideración las conclusiones, misma que señala: “(…) Una vez revisado cada uno de los antecedentes de cada Condecoración. (…), se ha constatado que cumple con los requisitos establecidos artículo 16 de la Codi ficación y Reformas al Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional (…)”, encontrándose entre ellos el Capitán de Policía Giovanni Andrés Pineda Aguirre; y,

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias:

Acuerda:

Artículo 1.- Otorgar con carácter honorífico la condecoración “AL MÉRITO PROFESIONAL” en el grado de “GRAN OFICIAL”, al Capitán de Policía GIOVANNI ANDRÉS PINEDA AGUIRRE, funcionario de Policía de la República de Colombia, por su valioso aporte y participación en la operación policial denominada “ARPÓN DE NEPTUNO”, contribuyendo con su accionar, de manera transcendental y relevante, al trabajo que realiza la Policía Nacional del Ecuador, en procura de garantizar la seguridad ciudadana, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Codificación y Reformas al Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional.

Artículo 2.- Encárguese al Departamento de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional, entregar un original de la presente condecoración, al Capitán de Policía Giovanni Andrés Pineda Aguirre.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-

Dado en Quito, D.M., a 28 de enero de 2020.

f.) María Paula Romo Rodríguez, Ministra de Gobierno.

Nro. 0236

María Paula Romo Rodríguez

MINISTRA DE GOBIERNO

Considerando:

Que el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas

públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”;

Que el artículo 97 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, manifiesta que:

Que el artículo 100 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, establece que:

6 – Jueves 9 de abril de 2020 Registro Oficial Nº 180

o particulares que hubiesen prestado servicios relevantes a la Policía Nacional o cumplido acciones de trascendental prestigio y beneficio para la institución”;

Que mediante Resolución No. 2018-0557-CsG-PN de 12 de noviembre de 2018, el H. Consejo de Generales de la Policía Nacional resuelve: “1.- APROBAR el otorgamiento con carácter honorífico de la Condecoración “Al Mérito Profesional” en el grado de “Gran Oficial”, a favor de los siguientes funcionarios nacionales y extranjeros de las Fiscalías e Instituciones Policiales de las Repúblicas del Ecuador, Colombia, México y Guatemala, por su valioso aporte y participación en la Operación policial denominada “ARPÓN DE NEPTUNO”; contribuyendo con su accionar, de manera transcendental y relevante, al trabajo que realiza la Policía Nacional del Ecuador, en procura de garantizar la seguridad ciudadana; de conformidad con el artículo 16 del Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional, concordante, con lo que establece la Directiva No. 2018-001-DGP- PN ( …): FUNCIONARIOS DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA; Mayor de Policía RONALD FABIÁN RODRÍGUEZ CASAS, (…); 2.- SOLICITAR al señor Comandante General de la Policía Nacional, se digne alcanzar el correspondiente Acuerdo Ministerial, mediante el cual se CONFIERA la indicada Condecoración (…);

Visto el memorando Nro. MDI-MDI-VSI-SPN-2019-0900-MEMO, de 28 de mayo de 2019, suscrito electrónicamente por el señor Subsecretario de Policía, mediante el cual remite a la Coordinadora General Jurídica del Ministerio del Interior, hoy Ministerio de Gobierno, el informe s/n de fecha 27 de mayo de 2019, y solicita se tome en consideración las conclusiones, misma que señala: “(…) Una vez revisado cada uno de los antecedentes de cada Condecoración. (…), se ha constatado que cumple con los requisitos establecidos artículo 16 de la Codificación y

Reformas al Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional (…)”, encontrándose entre ellos el Mayor de Policía Ronald Fabián Rodríguez Casas; y,

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias:

Acuerda:

Artículo 1.- Otorgar con carácter honorífico la condecoración “AL MÉRITO PROFESIONAL” en el grado de “GRAN OFICIAL”, al Mayor de Policía RONALD FABIÁN RODRÍGUEZ CASAS, funcionario de Policía de la República de Colombia, por su valioso aporte y participación en la operación policial denominada “ARPÓN DE NEPTUNO”, contribuyendo con su accionar, de manera transcendental y relevante, al trabajo que realiza la Policía Nacional del Ecuador, en procura de garantizar la seguridad ciudadana, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Codificación y Reformas al Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional.

Artículo 2.- Encárguese al Departamento de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional, entregar un original de la presente condecoración, al Mayor de Policía Ronald Fabián Rodríguez Casas.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-

Dado en Quito, D.M., a 28 de enero de 2020.

f.) María Paula Romo Rodríguez, Ministra de Gobierno.

Nro. 0238

María Paula Romo Rodríguez

MINISTRA DE GOBIERNO

Considerando:

Que el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”;

Registro Oficial Nº 180 Jueves 9 de abril de 2020 – 7

Que el numeral 4 del artículo 64 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, señala que: “El titular del ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público tendrá las siguientes funciones: (…) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional (…)”;

Que el artículo 97 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, manifiesta que:

Que el artículo 100 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, establece que:

Que el artículo 16 de la Codificación y Reformas al Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional establece que: “La condecoración “Al Mérito Profesional” en el grado de “Gran Oficial” se concederá a quienes (…). Esta misma condecoración se concederá a quienes hayan obtenido la primera antigüedad en el curso reglamentario de la Escuela de Estado Mayor de la Policía o la de oficiales, clases y policías en cursos policiales en el extranjero con una duración no menor de nueve meses, ya sean continos o acumulados en periodos siempre y cuando no hubiese obtenido otra condecoración por este mismo concepto. En igual forma se concederá esta condecoración al personal policial, empleados civiles, miembros de otras instituciones

o particulares que hubiesen prestado servicios relevantes a la Policía Nacional o cumplido acciones de trascendental prestigio y beneficio para la institución”;

Que mediante Resolución No. 2018-0557-CsG-PN de 12 de noviembre de 2018, el H. Consejo de Generales de la Policía Nacional resuelve: “1.- APROBAR el otorgamiento con carácter honorífico de la Condecoración “Al Mérito Profesional” en el grado de “Gran Oficial”, a favor de los siguientes funcionarios nacionales y extranjeros de las Fiscalías e Instituciones Policiales de las Repúblicas del Ecuador, Colombia, México y Guatemala, por su valioso aporte y participación en la Operación policial denominada “ARPÓN DE NEPTUNO”; contribuyendo con su accionar, de manera transcendental y relevante, al trabajo que realiza la Policía Nacional del Ecuador, en procura de garantizar la seguridad ciudadana; de conformidad con el artículo 16 del Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional, concordante, con lo que establece la Directiva No. 2018-001-DGP-PN (…): FUNCIONARIA DE LA FISCALÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA;

Dra. MARÍA TERESA SUÁREZ OCHOA, Fiscalía Sexta de la Dirección Especializada Contra el Narcotráfico de la República de Colombia, (…); 2.- SOLICITAR al señor Comandante General de la Policía Nacional, se digne alcanzar el correspondiente Acuerdo Ministerial, mediante el cual se CONFIERA la indicada Condecoración (…);

Visto el memorando Nro. MDI-MDI-VSI-SPN-2019-0900-MEMO, de 28 de mayo de 2019, suscrito electrónicamente por el señor Subsecretario de Policía, mediante el cual

8 – Jueves 9 de abril de 2020 Registro Oficial Nº 180

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias:

Acuerda:

Artículo 1.- Otorgar con carácter honorífico la condecoración “AL MÉRITO PROFESIONAL” en el grado de “GRAN OFICIAL”, a la Doctora MARÍA TERESA SUÁREZ OCHOA, Funcionaria de la Fiscalía Sexta de la Dirección Especializada Contra el Narcotráfico de la República de Colombia, por su valioso aporte y participación en la operación policial denominada “ARPÓN DE NEPTUNO”, contribuyendo con su accionar, de manera transcendental y relevante, al trabajo que realiza la Policía Nacional del Ecuador, en procura de garantizar la seguridad ciudadana, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Codificación y Reformas al Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional.

Artículo 2.- Encárguese al Departamento de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional, entregar un original de la presente condecoración, a la Doctora María Teresa Suárez Ochoa.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-

Dado en Quito, D.M., a 05 de febrero de 2020.

f.) María Paula Romo Rodríguez, Ministra de Gobierno.

Nro. MPCEIP-SRP-2020-0034-A

Sr. Abg. Bernardo Paúl Hidalgo Baquerizo SUBSECRETARIO DE RECURSOS PESQUEROS, ENCARGADO

Que, la Constitución de

la República del Ecuador en

su artículo 82 establece:

“El derecho a la seguridad

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en

la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”;

Que, la norma invocada en su artículo 226 determina: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos tales que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, la norma ibidem en su artículo 313, señala: “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”.;

Que, la Carta Magna establece en su artículo 425; “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.”;

Que, la República del Ecuador es miembro eminente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) desde el 21 de diciembre de 1945, y durante la “Declaración de Roma sobre la pesca responsable” desarrollada entre los días 10 y 11 de marzo de 1999, adopto la aplicación voluntaria del Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR), con el fin de mantener su vocación en el ejercicio de la pesca responsable practicada permanentemente en relación a los recursos bioacuáticos en general, así como la cuestión de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) a escala mundial que perjudica a los esfuerzos de conservación y ordenación de las poblaciones de peces en todos los tipos de pesca de captura;

Que, la República del Ecuador se adhirió a la Comisión Interamericana del Atún Tropical CIAT, mediante Decreto N° 651 del 27 de marzo de 1961 de Registro Oficial número 208 del 8 de mayo de 1961, emitido por el señor Presidente de la República Dr. José María Velazco lbarra.;

Que, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar CONVEMAR (The United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS, por sus siglas en inglés) entró en vigor en 1994 y desde entonces ha sido ratificada por unos 160 estados, incluidos todos los Estados miembros de la UE y la propia UE. La Convención define los derechos y deberes de los estados nacionales con respecto

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al uso de los mares, consolida el derecho internacional consuetudinario y varios convenios previamente adoptados por la comunidad internacional;

Que, el 22 de mayo de 2012, el Ecuador se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar CONVEMAR, adhesión que fue aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial Suplemento 715 de 1 de junio de 2012. Posteriormente se ratificó bajo aprobación de la Asamblea Nacional, mediante Decreto Ejecutivo No. 1238, publicado en Registro Oficial 759 del 2 de agosto de 2012;

Que, la CONVEMAR, en su Artículo 62 – Utilización de los recursos vivos, numeral 4, literal a) y e) determina;

“4. Los nacionales de otros Estados que pesquen en la zona económica exclusiva observarán las medidas de conservación y las demás modalidades y condiciones establecidas en las leyes y reglamentos del Estado ribereño. Estas leyes y reglamentos estarán en consonancia con esta Convención y podrán referirse, entre otras, a las siguientes cuestiones: a) La concesión de licencias a pescadores, buques y equipo de pesca, incluidos el pago de derechos y otras formas de remuneración que, en el caso de los Estados ribereños en desarrollo, podrán consistir en una compensación adecuada con respecto a la financiación, el equipo y la tecnología de la industria pesquera; e) La determinación de la información que deban proporcionar los buques pesqueros, incluidas estadísticas sobre capturas y esfuerzos de pesca e informes sobre la posición de los buques”;

Que, la CONVEMAR, en su Artículo 94 – Deberes del Estado del pabellón, en sus numerales

1 y 2 establece; “1. Todo Estado ejercerá de manera efectiva su jurisdicción y control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales sobre los buques que enarbolen su pabellón. 2. En particular, todo Estado: a) Mantendrá un registro de buques en el que figuren los nombres y características de los que enarbolen su pabellón, con excepción de aquellos buques que, por sus reducidas dimensiones, estén excluidos de las reglamentaciones internacionales generalmente aceptadas; y b) Ejercerá su jurisdicción de conformidad con su derecho interno sobre todo buque que enarbole su pabellón y sobre el capitán, oficiales y tripulación, respecto de las cuestiones administrativas, técnicas y sociales relativas al buque.”;

Que, la CONVEMAR, en su Artículo 117 – Deber de los Estados de adoptar medidas para la conservación de los recursos vivos de la alta mar en relación con sus nacionales, determina; “Todos los Estados tienen el deber de adoptar las medidas que, en relación con sus respectivos nacionales, puedan ser necesarias para la conservación de los recursos vivos de la alta mar, o de cooperar con otros Estados en su adopción.”;

Que, el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las

poblaciones de peces altamente migratorios – ACUERDO DE NUEVA YORK de 1995. Tiene como objetivo asegurar la conservación a largo plazo y el uso sostenible de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios mediante la aplicación efectiva de las disposiciones pertinentes de la Convención.

Que, la República del Ecuador se adhirió al Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios – ACUERDO DE NUEVA YORK de 1995, el 24 de septiembre de 2012 y la ratificó el 07 de diciembre de 2016; Decreto Ejecutivo 1166 del 22 de agosto de 2016, publicado en Registro Oficial Suplemento 838 de 12 de Septiembre del 2016.

Que, el Acuerdo de Nueva York en su Artículo 5 – Principios generales, literal j), determina; “j) Reunir y difundir oportunamente datos completos y precisos acerca de las actividades pesqueras, en particular sobre la posición de los buques, la captura de especies objeto de la pesca, las capturas accidentales y el nivel del esfuerzo de pesca, según lo estipulado en el Anexo 1, así como información procedente de programas de investigación nacionales e internacionales”;

Que, la norma ibidem en su Artículo 18 – Deberes del Estado de Pabellón, numeral 3, literal a) y b) determina;

“Todo Estado adoptará, en particular, respecto de los buques que enarbolen su pabellón las medidas siguientes: a) El control de dichos buques en alta mar mediante la expedición de licencias, autorizaciones o permisos de pesca, de conformidad con los procedimientos aplicables convenidos en los planos subregional, regional o mundial, si los hubiere; b) La promulgación de reglamentos con el fin de: ii) Prohibir la pesca en alta mar a los buques que no tengan la licencia o autorización debidas o que pesquen de manera distinta a la establecida en los términos y condiciones de la licencia, autorización o permiso; iii) Exigir que los buques que pesquen en alta mar lleven a bordo en todo momento la licencia, autorización o permiso y los presenten para su inspección a toda persona debidamente autorizada; y iv) Asegurar que los buques que enarbolen su pabellón no pesquen sin autorización dentro de zonas que se encuentran bajo la jurisdicción nacional de otros Estados;”.;

Que, la norma citada en su Artículo 20 – Cooperación

internacional con

fines

de ejecución, numerales

2 al 5, determinan; “2.

El Estado del pabellón que

investigue una presunta infracción de las medidas de conservación y de ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios podrá solicitar la asistencia de cualquier otro Estado cuya cooperación pueda ser útil para aclarar las circunstancias del caso. Todos los Estados procurarán atender las peticiones razonables que formule el Estado

del

pabellón

relación

con

esas investigaciones.

El Estado

del

pabellón

podrá

llevar a cabo tales

investigaciones directamente, en cooperación con otro Estado interesado o por conducto de la organización

10 – Jueves 9 de abril de 2020 Registro Oficial Nº 180

o el arreglo subregional o regional de ordenación pesquera que corresponda. Se suministrará información acerca de la marcha y el resultado de las investigaciones a todos los Estados interesados o afectados por la presunta infracción. 4. Los Estados se prestarán asistencia recíproca para la identificación de los buques que podrían haber estado involucrados en actividades que menoscaban la eficacia de las medidas subregionales, regionales o mundiales de conservación y ordenación. 5. Los Estados, en la medida en que lo permitan las leyes y los reglamentos nacionales, harán arreglos para poner a disposición de las autoridades judiciales de otros Estados las pruebas relativas a presuntas infracciones de dichas medidas.”.;

Que, la Comisión

de la Pesca en el Pacífico Central

y Occidental –

WCPFC, Organización Regional de

Ordenamiento Pesquero tiene como objetivo principal la conservación de la población de atún y la gestión de otros recursos marinos asociados con la pesca de atún, desde el 2004 en la zona bajo su jurisdicción en el Océano Pacífico Central y Occidental para asegurar su sostenibilidad a largo plazo, y que actualmente cuenta con 26 países miembros, 9 países con estatus No partes Cooperantes entre estos Ecuador desde el año 2010;

Que, Ecuador mediante Decreto Ejecutivo 630 del 04 de enero de 2019, ratifica el “Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”

AMERP. Acuerdo que tiene como objetivo prevenir, desalentar y eliminar la pesca ILEGAL mediante la aplicación de medidas eficaces del Estado rector del puerto, garantizando así el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos.;

Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 98 prevé “Acto Administrativo. – Acto Administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo”.

Que, la norma ibidem en su artículo 99 dispone “Requisitos de validez del acto administrativo. – Son Requisitos de validez: l.-Competencia 2.-0bjeto 3.-Voluntad 4.-Procedimiento 5.-Motivación”.

Que, el Decreto Ejecutivo 559 del 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 387, en su artículo 1 dispone: “Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca”;

Que, el Decreto Ejecutivo 559 del 14 de noviembre de 2018, en su artículo 3 señala; “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes

en leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente que le correspondían al Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras; y, al Ministerio de Acuacultura y Pesca, serán asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo número 636 de 11 de enero de 2019, se dispone: “la creación de los Viceministerios de Producción e Industrias, Promoción de Exportaciones e Inversiones, y Acuacultura y Pesca, de manera adicional al Viceministerio de Comercio Exterior, en la estructura orgánica del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, excepcionando lo previsto en el Decreto ejecutivo No. 1121, de 18 de julio de 2016”;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 228 del 28 de agosto de 2014, se implementa el “Régimen de Certificación de Captura y Refrendación de documentos” tendientes a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en el Ecuador, para productos provenientes de la pesca industrial;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MAGAP-M.A.G.A. P-2015-0001-A suscrito el 17 de septiembre de 2015, se expide el “Plan de Acción Nacional, Ecuador para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada”, bajo los principios establecidos en el ordenamiento jurídico nacional, del cual forman parte las normas de ordenamiento pesquero emitidas por los organismos internacionales del cual Ecuador es parte;

Que, mediante memorando No. MPCEIP-VAP-2020-0034-M del 28 de enero de 2020, el Viceministerio de Acuacultura y Pesca en referencia a los párrafos número 17 y 20 de la Decisión 2019/C 373/04 de la Comisión Europea de 30 de octubre de 2019, donde se analiza la posibilidad de ser considerado tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, solicito a las Direcciones técnicas de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros; “ que se realice el respectivo análisis técnico para la implementación de un Acuerdo Ministerial, que disponga que los armadores de las embarcaciones pesqueras que tengan intenciones de ejercer su actividad en aguas de Terceros Países, notifiquen a la Autoridad enviando una copia de la solicitud dirigida a la Autoridad correspondiente.”;

Que, mediante memorando Nro. MPCEIP-SRP-2020-1848-M de fecha 31 de enero de 2020, la Dirección de Pesca Industrial DPI, hace conocer al Viceministro de Acuacultura y Pesca, el Informe Técnico sobre párrafos 17 y 20 de la Decisión 2019/C 373/04 de la Comisión Europea, mediante el cual expresa; “ ésta dirección técnica que tiene como misión “Regular la actividad pesquera industrial a través de la generación de permisos, información técnica, la legalización de la captura y origen de la pesca asegurando la trazabilidad de los productos pesqueros y el cumplimiento de las normativas para su comercialización interna y externa”, considera necesario contar con una normativa legal, en el que se indique la obligatoriedad para que el armador comunique la intensión de pescar en aguas jurisdiccionales de terceros países, así como también

Registro Oficial Nº 180 Jueves 9 de abril de 2020 – 11

presentar copia de la licencia de pesca una vez obtenida, estas acciones nos permitirán ejercer un mejor control previo a la emisión de las diferentes certificaciones otorgadas en esta dirección, y de existir consultas de parte de la autoridad en destino (UE), poder responder en el menor tiempo posible.”;

Que, mediante memorando Nro. MPCEIP-SRP-2020-2082-M de fecha 05 de febrero de 2020, la Dirección de Control Pesquero, remite a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros el “Informe de pertinencia para la elaboración del Acuerdo Ministerial para la regulación de embarcaciones pesqueras que tengan intenciones de ejercer su actividad en aguas de Terceros Países.”, mediante el cual expresa la siguiente conclusión y recomendación;

“En virtud del análisis técnico realizado sobre el control que en la actualidad se realiza a las embarcaciones de pabellón nacional, a la aplicación del Acuerdo sobre las medidas del Estado Rector del Puerto para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR, a las funciones del Ecuador como estado Pabellón y con el objetivo de garantizar así el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos cumpliendo las disposiciones de las OROP’s pertinentes, la Dirección de Control Pesquero recomienda, emitir un acuerdo ministerial en donde se establezca la responsabilidad de los armadores de las embarcaciones pesqueras que enarbolen el Pabellón ecuatoriano que contenga los siguiente: 1. La obligación a los armadores de informar con anticipación a la autoridad pesquera nacional, sus intenciones de realizar actividad pesquera en aguas de terceros Estados 2. La obligación a los armadores de informar con anticipación a la autoridad pesquera nacional, sus intenciones de realizar actividad pesquera en aguas bajo régimen de OROP’s que no estén registrados. 3. El método o la vía por la cual deberían entregar la información del literal a y b. 4. La prohibición de realizar actividad pesquera en terceros Estados o en OROP’s, sin que la autoridad pesquera nacional confirme la obtención de la o las autorizaciones a la embarcación para realizar actividad pesquera es dichas aguas.”;

Que, mediante memorando Nro. MPCEIP-SRP-2020-2806-M de fecha 18 de febrero de 2020, la Dirección de Políticas Pesqueras y Acuícolas, hace conocer a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros el Informe de pertinencia sobre los párrafos 17 y 20 de la Decisión2019/C 373/04 de la Comisión Europea, el cual en su parte final expresa; “En virtud del análisis técnico realizado sobre el control que actualmente adquiere el Ecuador sobre las embarcaciones de pabellón nacional, y la aplicación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (AMERP), las gestiones enmarcadas por el Estado de Pabellón y el Estado Ribereño o Estado de Comercialización; la Dirección Técnica de Políticas Pesqueras y Acuícolas, sugiere salvo mejor criterio de la Autoridad de Pesca, acoger las recomendaciones expresadas por la Direcciones de Pesca Industrial y Control Pesquero de la Subsecretaria de Recursos Pesqueros, orientadas a que se emita un acuerdo ministerial en donde se establezca la responsabilidad de los armadores de las embarcaciones pesqueras que enarbolen el Pabellón ecuatoriano, con el objeto de

cumplir con las regulaciones internacionales en materia de pesca, facultadas mediante los acuerdos internacionales suscritos y ratificados, orientados a garantizar el uso sostenible y la conservación a largo plazo de los recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos”.

Que, mediante memorando Nro. MPCEIP-DJAP-2020-0395-M de fecha 20 de febrero de 2020, la Dirección Jurídica de Acuacultura y Pesca, presenta al Subsecretario de Recursos Pesqueros, Encargado el Informe Jurídico relativo a la pertinencia para la elaboración del Acuerdo Ministerial para la regulación de embarcaciones pesqueras que tengan intenciones de ejercer su actividad en aguas de Terceros Países, en el que indica “Considerando las disposiciones legales y reglamentarias señaladas, el análisis respectivo, el informe de la Dirección de Control Pesquero mediante memorando Nro. MPCEIP-SRP-2020-2082-M de fecha 05 de febrero de 2020, en virtud que las recomendaciones del citado informe no se contraponen con la Constitución de la Republica del Ecuador, y siendo la Subsecretaría de Recursos Pesqueros la encargada de dirigir y ejecutar la política pesquera del país; en aplicación del derecho a la seguridad jurídica, fundamentado en el respeto a la Constitución y normas jurídicas aplicadas por las autoridades competentes; esta Dirección Jurídica de Acuacultura y Pesca se considera procedente su inclusión a través de un instrumento jurídico en el ordenamiento pesquero nacional; aquello en pro de la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos marinos vivos y sus ecosistemas”.

Que, es ineludible establecer medidas de manejo pesquero, que aseguren la sustentabilidad y sostenibilidad de los recursos marinos a largo plazo, la protección de los ecosistemas y la biodiversidad; y, que dichas medidas deben contribuir también a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada INDNR, que amenaza la seguridad alimentaria y la estabilidad socioeconómica de las poblaciones costeras;

Que, mediante Acción de Personal No. 0014 de fecha 18 de enero de 2020, se designó al Ab. Bernardo Hidalgo Baquerizo en el cargo de Subsecretario de Recursos Pesqueros Encargado;

En ejercicio de las facultades conferidas en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, su reglamento y en concordancia a las normativas secundarias antes mencionadas;

Acuerda:

Artículo 1.- Establecer las medidas de ordenamiento y las disposiciones correspondientes para las embarcaciones pesqueras que estén autorizadas para enarbolar el pabellón ecuatoriano y que tengan la intención de realizar actividades pesqueras en aguas de terceros países.

Para efectos de control y trazabilidad, las empresas pesqueras que mantengan contrato de asociación con embarcaciones de bandera extranjera deberán notificar a la autoridad pesquera las licencias o autorizaciones de pesca que hayan obtenido en países distintos a su bandera; tendrán las mismas exigencias que los buques de bandera nacional.

12 – Jueves 9 de abril de 2020 Registro Oficial Nº 180

Articulo 2.- Los armadores pesqueros que tengan la intención de realizar actividad de pesca en aguas de terceros países deberán notificar inmediatamente a la autoridad de pesca el inicio del trámite correspondiente.

Articulo 3.- Una vez emitida la autorización, permiso, patente o licencia de pesca por las autoridades del tercer país, los armadores pesqueros previo a realizar actividades de pesca, deberán comunicar a esta cartera de estado la obtención y vigencia de la misma, y posterior a esto tendrán 10 días para ingresar a esta dependencia los documentos oficiales apostillados, para el debido registro.

Artículo 4.- Los armadores pesqueros que compren días de pesca en el área de la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central – WCPFC, previo al inicio de las actividades pesqueras deberán notificar a esta cartera de estado el número de días adquiridos y las fechas en las que tengan la intención de hacer efectivos dichos días.

Los armadores pesqueros tendrán 10 días para ingresar a esta dependencia los documentos oficiales para el debido registro.

Articulo 5.- La autoridad pesquera a través de la Dirección de Pesca Industrial validará la información entregada por los armadores pesqueros, con las autoridades de los terceros países y remitirá la misma a la Dirección de Control Pesquero quien a través del Centro de Monitoreo Satelital (CMS) registrará en su sistema dichas autorizaciones, para realizar el control y seguimiento de las actividades pesqueras de las embarcaciones.

Artículo 6.- Disponer la prohibición de realizar actividad pesquera en aguas de terceros estados u otras Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), sin la autorización y el registro correspondiente, acorde a la obligación que le concierne al Ecuador por su Estado de Abanderamiento y de evitar que su flota participe en actividades de pesca INDNR.

Artículo 7.- Quienes infringieren las disposiciones contenidas en el presente acuerdo serán sancionados de conformidad con la normativa legal vigente.

Artículo 8.- Notificar el presente Acuerdo Ministerial a los administrados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 164 del Código Orgánico Administrativo.

Artículo 9.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a la Dirección de Pesca Industrial y a la Dirección de Control Pesquero.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

1.Para los armadores pesqueros que al momento de la suscripción del presente acuerdo cuenten con autorizaciones, permisos, patentes o licencias de pesca de terceros países, tendrán un plazo no mayor a diez días para comunicar a esta cartera de estado la tenencia y vigencia de las mismas, y posterior a esto tendrán 10 días para ingresar a esta dependencia los documentos oficiales apostillados, para el debido registro.

2.El procedimiento establecido en este Acuerdo Ministerial será automatizado en el Sistema Integrado de Pesca y Acuacultura.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su expedición sin perjuicio a su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. – Dado en Manta , a los 03 día(s) del mes de Marzo de dos mil veinte.

Documento firmado electrónicamente

Sr. Abg. Bernardo Paúl Hidalgo Baquerizo, Subsecretario de Recursos Pesqueros, Encargado.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA.- CERTI-FICA.- ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN SECRETARÍA GENERAL.- FECHA: 12 de marzo de 2020.- f.) Ilegible.

Nro. MPCEIP-DMPCEIP-2020-0036

Sr. Iván Fernando Ontaneda Berrú

MINISTRO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA

Considerando:

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República, señala: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: l. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, determina: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo, establece: “Principio de desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas”;

Que, el artículo 55 del Código ibídem, señala: “Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base de los

Registro Oficial Nº 180 Jueves 9 de abril de 2020 – 13

informes técnicos, económicos y jurídicos provistos bajo responsabilidad de los órganos a cargo de las actividades de ejecución y asesoría en la administración”;

Que, el artículo 68 del Código ibídem, establece:

“Transferencia de la competencia. La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúe en los términos previstos en la ley”;

Que, el artículo 69 del Código en referencia, prevé:

“Delegación de competencias. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión”;

Que, el artículo 17, segundo inciso, del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva – ERJAFE, prevé que: “Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial”;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 559 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 387 de 13 de diciembre de 2018, dispone: Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca”;

Que, el artículo 3 del mismo Decreto, determina: “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos

y demás normativa

vigente que le

correspondían al

Ministerio

de Industrias y Productividad,

al Instituto de

Promoción de

Exportaciones e Inversiones

Extranjeras;

y, al Ministerio

de Acuacultura y Pesca, serán

asumidas

por el Ministerio

de Producción,

Comercio

Exterior,

Inversiones

y Pesca”;

Que, el Estatuto de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, aprobado mediante Acuerdo Ministerial N° 330 del anterior Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 213 del 11 de diciembre de 1997, cuya reforma y codificación fue aprobada mediante Acuerdo Ministerial No. 000057 de 10 de junio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 480 de 29 de junio de 2011, contempla como parte de su organización, un Directorio que está integrado, entre otros, El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 19 025 de 29 de octubre de 2019, el Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP), que establece que el Ministerio tiene como misión fomentar la inserción estratégica del Ecuador en el comercio mundial, a través del desarrollo productivo, la mejora de la competitividad integral, el desarrollo de las cadenas de valor y las inversiones; y,

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 27 de junio de 2019, el señor Presidente de la República designo al Magister Ivan Ontaneda Berru, como Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República, los artículos 55 y 68 del Código Orgánico Administrativo; y, el Decreto Ejecutivo No. 811.

Acuerda:

Artículo 1.- Designar al/la Viceministro/a de Promoción de Exportaciones e Inversiones como delegado/a titular y como alterno al/la Subsecretario/a de Promoción de Exportaciones ante el Directorio de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI).

Artículo 2.- Los delegados observará la normativa legal aplicable y responderán directamente de los actos realizados en el ejercicio de la presente delegación; debiendo informar de manera periódica a la máxima autoridad de esta Cartera de Estado.

Artículo 3.- La presente delegación no constituye renuncia a las atribuciones asignadas al Ministro, puesto que, cuando lo estime procedente, podrá intervenir en cualquiera de los actos materia del presente Acuerdo; y, ejercer cualquiera de las funciones previstas en el mismo.

Artículo 4.- Se deroga todo acuerdo ministerial, instrumento o documento que se oponga a lo dispuesto en el presente.

Artículo 5.- Notifíquese con el presente Acuerdo Ministerial a los funcionarios delegados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 164 del Código Orgánico Administrativo.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Guayaquil, a los 11 día(s) del mes de Marzo de dos mil veinte.

Documento firmado electrónicamente

Sr. Iván Fernando Ontaneda Berrú, Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA.- CERTI-FICA.- ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN SECRETARÍA GENERAL.- FECHA: 12 de marzo de 2020.- f.) Ilegible.

14 – Jueves 9 de abril de 2020 Registro Oficial Nº 180

Nro. MPCEIP-DMPCEIP-2020-0037

Sr. Iván Fernando Ontaneda Berrú

MINISTRO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA

Considerando:

Que, de conformidad con el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”;

Que, el artículo 66 numeral 25 de la Carta Magna reconoce a las personas: “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características”;

Que, el artículo 226 de la Norma Suprema establece: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencia y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (…)”;

Que, el artículo 227 de la Constitución establece: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descen-tralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que, el inciso final del artículo 8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece: “(…) El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), será la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de Calidad:”;

Que, el literal e) del artículo 12, de la citada Ley, señala:

“Para

la ejecución de las políticas que dictamine

Comité

Interministerial

de la Calidad a cargo

del

Ministerio

de Industrias

y Productividad, tendrá

las

siguientes

atribuciones

(…)

“Designar temporalmente

laboratorios, organismos

evaluadores de la conformidad

u otros órganos necesarios para temas específicos, siempre y cuando estos no existan en el país. Los organismos designados no podrán dar servicios como entes acreditados en temas diferentes a la designación (…)”;

Que, el literal b) del artículo 21 de la Ley Ibídem determina:

“Al Organismo de Acreditación Ecuatoriano -OAE, le corresponde (….) b) Cumplir las funciones de organismo técnico nacional, en materia de la acreditación de evaluación de la conformidad para todos los propósitos establecidos en las leyes de la República, en tratados, acuerdos y convenios internacionales de los cuales el país es signatario (…):

Que, la Sección 1 del Reglamento General de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece el procedimiento y los parámetros a cumplir por parte de los

Organismos Evaluadores de la Conformidad- OECs, en materia de la designación en materia de evaluación de la conformidad;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, publicado en el Registro Oficial Nro. 536 de 18 de marzo de 2002, señala:

“Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales (…)”:

Que, el artículo 55, ibídem, indica: “Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibida por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 811 suscrito el 27 de Junio de 2019, Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República, designó al Señor. Iván Ontaneda Berrú como Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca;

Que, conforme determina en el numeral 1.2.1.6 del Acuerdo Ministerial Nro. 19 025 de 29 de octubre de 2019 que expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, es atribución de la Subsecretaria de la Calidad, entre otros,

“Gestionar,

regular y articular

el Sistema

Nacional

de la Calidad, proviendo una

cultura de

consumo

responsable

de productos de la calidad, basado

en políticas y estrategias que contribuyan al desarrollo competitivo industrial, asegurando que los reglamentos técnicos, normas nacionales e internacionales y procedimientos de evaluación de la conformidad no creen obstáculos innecesarios al comercio y que se enfoque en la protección del consumidor”;

Que, mediante informe conjunto, número MPCEIP-SC-IT-001-2020 de 30 de enero de 2020 suscrito por el Director Ejecutivo del SAE y aprobado por el Subsecretaria de Calidad del MPCEIP, en el cual se concluye: “El Acuerdo 17 074 emitido el19 de mayo 2017 por el señor

Eco. Santiago

León Abad, Ministro de Industrias y

Productividad,

señala emitir el instructivo para establecer

el proceso para la designación en materia de evaluación de la conformidad, requiere ser reformado en razón de que no considera los tiempos administrativos y los nuevos procedimientos operativos de las dos instituciones, que aplican para los procesos de designación de organismos de evaluación de la conformidad. El Acuerdo 18 026 emitido el 20 de febrero 2018 que incluye en Disposición General del “Instructivo para establecer el proceso para la designación en materia de evaluación de la conformidad” las disposiciones Tercera a la Sexta, se mantiene, no requiere reformarse.” y recomienda “Reformar el Acuerdo 17 074 considerando los tiempos evaluados técnicamente entre las dos instituciones”.

Registro Oficial Nº 180 Jueves 9 de abril de 2020 – 15

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución y la Ley, el infrascrito, Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca,

Acuerda:

REFORMAR EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. 17 074 AL RESPECTO DE LOS TIEMPOS EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN

Artículo 1.- Sustitúyase las siglas, MIPRO por las siglas MPCEIP, en todo el texto del Acuerdo Ministerial No. 17 074.

Artículo 2.- Sustitúyase, en el artículo 3, la frase: “ …el SAE, en el término de 3 días revisará y notificará al MIPRO el resultado de la revisión…” por: “…el SAE, en el término de 5 días revisará y notificará al MPCEIP el resultado de la revisión …”.

Artículo 3.- Sustitúyase, al final del numeral 4.3, del artículo 4, La frase: “( … ) El OEC en un término de 3 días ( … )” por: “( … )El OEC en un término de 10 días ( … )”

Artículo 4.- Sustitúyase, en el artículo 5, La frase: “La Subsecretaría del Sistema de la Calidad en el término de 3 días, remitirá al SAE la documentación de las solicitudes de designación que proceden” por: “La Subsecretaría de Calidad en el término de 10 días posteriores a la respuesta del SAE, remitirá al SAE la documentación de las solicitudes de designación que proceden”

Artículo 5.- Sustitúyase, en el artículo 6 el texto “El SAE en el término de 5 días revisará la documentación remitida por el MIPRO. Cuando la documentación esté completa se continuará con el trámite pertinente; caso contrario, dentro del mismo término, el SAE devolverá el trámite al MIPRO” por el siguiente: “El SAE en el término de 10 días revisará la documentación remitida por el MPCEIP. Cuando la documentación esté completa se continuará con el trámite pertinente; caso contrario, el SAE solicitará al OEC la documentación faltante.”

Artículo 6.- Sustitúyase, en el inciso primero del artículo 8 el texto “El OEC en el término de 3 días, contados a partir de la recepción de la propuesta, deberá realizar el

pago respectivo de la tasa, para

el efecto, el SAE dará

conocer el valor a cancelar

a través de la emisión

la proforma que incluirá el número de cuenta a la que

se deba realizar la transacción referida” por el siguiente: “El OEC, deberá realizar el pago respectivo de la tasa, para el efecto, el SAE dará a conocer el valor a cancelar a través de la emisión de la proforma que incluirá el número de cuenta a la que se deba realizar la transacción referida.”

Artículo 7.- Sustitúyase el texto del artículo 9 “El SAE en un término no mayor a 1 día registrará el pago, una vez realizada la recepción del comprobante, enviará vía correo electrónico al OEC el plan de evaluación”, por el siguiente: “El SAE registrará el pago, una vez realizada la recepción del comprobante, enviará vía correo electrónico al OEC el plan de evaluación.”

Artículo 8.- Sustitúyase, en el

artículo 10, la frase:

“El SAE, en un término de 15

días, debe realizar la

evaluación in situ y testificaciones, emitiendo el respectivo informe técnico” por: “El SAE debe realizar la evaluación in situ y testificaciones de acuerdo a su planificación, emitiendo el respectivo informe técnico”

Artículo 9.- Sustitúyase, el texto del artículo 12 “La Dirección Ejecutiva del SAE, en el término de 7 días elevará a conocimiento del MIPRO y la Subsecretaría del Sistema de la Calidad el informe técnico con los resultados de la evaluación al OEC solicitante y su correspondiente recomendación” por el siguiente: “La Dirección Ejecutiva del SAE, posterior al cierre de no conformidades, elevará a conocimiento del MPCEIP y la Subsecretaría de Calidad el informe técnico con los resultados de la evaluación al OEC solicitante y su correspondiente recomendación”.

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 12 día(s) del mes de Marzo de dos mil veinte.

Documento firmado electrónicamente

Sr. Iván Fernando Ontaneda Berrú, Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA.- CER-TIFICA.- ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN SECRETARÍA GENERAL.- FECHA: 12 de marzo de 2020.- f.) Ilegible.

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Nro. SDH-DRNPOR-2020-0027-A

Sr. Abg. Edgar Ramiro Fraga Revelo

DIRECTOR DE REGISTRO DE

NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Considerando:

Que, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”;

Que, el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe:

16 – Jueves 9 de abril de 2020 Registro Oficial Nº 180

“Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones para la promoción de esa identidad.”;

Que, en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce y garantiza el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia;

Que, en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconocen y garantizan: “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”; y, “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características”;

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, “(…) 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, plani-ficación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, prescribe: “Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”;

Que, el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: “El Ministerio de Cultos dispondrá que el Estatuto a que se

refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se inscriba en la Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que estuvieren situados los bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará en un libro especial que se denominará “Registro de las Organizaciones Religiosas”, dentro de los ocho días de recibida la orden Ministerial”;

Que, el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547, de 23 de julio de 1937, y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el artículo quinto del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno expedirá el Acuerdo respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el Registro Especial de los Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el Registro Oficial; y, el artículo 2 dispone que el estatuto al que se refiere el artículo anterior ha de precisar el sistema de la organización de su gobierno y administración de bienes;

Que, los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en Registro Oficial Nro. 365 de 20 de enero de 2000, establecen los requisitos para la aprobación de la personalidad jurídica y expedición de los Acuerdos Ministeriales de organizaciones religiosas;

Que, el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro encontrara que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral pública, a la seguridad del Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo notificará a los interesados para que, si lo desearen, efectúen las reformas del caso o justifiquen su posición, pero, si no lo hicieren dentro del plazo que les conceda, el Ministro lo rechazará;

Que, el artículo 17 del ERJAFE, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial;

Que el artículo 55 del ERJAFE, establece que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto;

Registro Oficial Nº 180 Jueves 9 de abril de 2020 – 17

Que, con Decreto Ejecutivo Nro. 560, de 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento 387, de 13 de diciembre de 2018, el Señor Presidente de la República, transformó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la Secretaría de Derechos Humanos; determinando en su artículo 7, que la competencia de cultos, libertad de religión, creencia y conciencia pasará a integrarse a la competencia sobre organizaciones sociales de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 718 de 11 de abril de 2019, el Señor Presidente de la República, suprimió la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y en el artículo 3 dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos, asume las competencias de plurinacionalidad e interculturalidad participación ciudadana y movimientos, organizaciones y actores sociales;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 818 de 3 de julio de 2019, el Señor Presidente Constitucional de la República, nombró a la Mgs. Cecilia del Consuelo Chacón Castillo, como Secretaria de Derechos Humanos;

Que, mediante Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019, la Mgs. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos, delegó al Señor Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas, la suscripción de acuerdos y/o resoluciones y demás actos administrativos que sean necesarios para los trámites de aprobación de personalidad jurídica de organizaciones sin fines de lucro, relacionadas con la materia de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas; así como, para la reforma y codificación de estatutos, disolución y liquidación, cuyo ámbito de acción corresponde a las competencias trasferidas a la Secretaría de Derechos Humanos, exceptuando los trámites delegados al Coordinador/a General de Asesoría Jurídica, mediante Resolución Nro. SDH-2019-0014-R de 14 de agosto de 2019;

Que, mediante acción de personal Nro. 00894-A de 23 de agosto de 2019, se designó a Edgar Ramiro Fraga Revelo, como Director de Registro Único de Organizaciones Sociales, Civiles y Regulación de Religión, Cultos, Creencia y Conciencia, denominación que fue modificada mediante acción de personal Nro. 00903-C de 06 de septiembre de 2019, por lo que, actualmente, consta como Director de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas;

Que, mediante comunicación ingresada al extinto Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos y Cultos, con trámite Nro. MJDHC-CAF-DSG-2019-0382-E, de fecha 11 de enero de 2019, el/la señor/a Juan de Dios Roldan Lema, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en formación denominada IGLESIA EVANGÉLICA REY DE PAZ (Expediente XA.-1041), solicitó la aprobación de personería jurídica y del Estatuto de la citada organización, para lo cual remitió la documentación pertinente;

Que, mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2020-0052-M, de fecha 05 de febrero de 2020, la Analista designada para el trámite, recomendó la aprobación del Estatuto y el reconocimiento de la personalidad jurídica

de la organización religiosa en formación denominada:

IGLESIA EVANGÉLICA REY DE PAZ, por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley de Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y,

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en los numerales 8 y 13 del artículo 66 y numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 1 de la Ley de Cultos; los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos; los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); y, al artículo 1 de la Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019.

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica de IGLESIA EVANGÉLICA REY DE PAZ, con domicilio en la comunidad Rodeo Vaquería, parroquia Matriz, cantón Pallatanga, provincia de Chimborazo, como organización religiosa, de derecho privado, sin fines de lucro.

Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro de su vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; el Reglamento de Cultos Religiosos; su Estatuto y demás normativa aplicable.

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo de la organización IGLESIA EVANGÉLICA REY DE PAZ, en el Registro Oficial.

Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el Registro de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su inscripción en el Registro de la Propiedad del Cantón Pallatanga, provincia de Chimborazo.

Artículo 4.- Disponer a la organización religiosa, que ponga en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de su directiva o del gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante legal, a efectos de verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su inscripción en el Registro correspondiente.

Artículo 5.- La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General conforme su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la presente fecha y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, para el trámite respectivo.

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar la cancelación del registro de la referida organización religiosa y de oficio proceder con su disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se evidencien hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

18 – Jueves 9 de abril de 2020 Registro Oficial Nº 180

Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, el cual deberá reposar en el Archivo de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y conservación.

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un ejemplar del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo. Dado en Quito, D.M., a los 10 día(s) del mes de Febrero de dos mil veinte.

Documento firmado electrónicamente

Sr. Abg. Edgar Ramiro Fraga Revelo, Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas.

RAZÓN: Siento como tal que el documento que antecede en cuatro fojas útiles, es igual al original que reposa con firma electrónica en el Sistema de Gestión Documental Quipux de esta Cartera de Estado, y que corresponde al Acuerdo Nro. SDH-DRNPOR-2020-0027-A de 10 de febrero de 2020, conforme se presenta en la Dirección Administrativa.

Quito D.M., 03 de marzo de 2020.

f.) Ing. Soraya del Pilar Arévalo Serrano, Directora Administrativa, Secretaría de Derechos Humanos.

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Nro. SDH-DRNPOR-2020-0028-A

Sr. Abg. Edgar Ramiro Fraga Revelo

DIRECTOR DE REGISTRO DE

NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe:

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, “(…) 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”;

Registro Oficial Nº 180 Jueves 9 de abril de 2020 – 19

Que, el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: “El Ministerio de Cultos dispondrá que el Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se inscriba en la Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que estuvieren situados los bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará en un libro especial que se denominará “Registro de las Organizaciones Religiosas”, dentro de los ocho días de recibida la orden Ministerial”;

Que el artículo 55 del ERJAFE, establece que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional,

serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto;

Que, mediante comunicación ingresada al extinto Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos y Cultos, con trámite Nro. MJDHC-CAF-DSG-2014-9305-E, de fecha 04 de julio de 2014, el/la señor/a Leopoldo Maiguashca, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en formación denominada ASOCIACIÓN CRISTIANA DIOS ES MI AYUDA (Expediente N-843), solicitó la aprobación de personería jurídica y del Estatuto de la citada organización, para lo cual remitió la documentación pertinente;

20 – Jueves 9 de abril de 2020 Registro Oficial Nº 180

Que, Mediante comunicación ingresada a esta Cartera de Estado, con trámite Nro. SDH-CGAF-DA-2019-2844, de fecha 27 de noviembre de 2019, la referida Organización da cumplimiento a las observaciones y formuladas y cambia de denominación de ASOCIACIÓN CRISTIANA DIOS ES MI AYUDA a MISIÓN CRISTIANA DIOS ES MI AYUDA previó a la obtención de la personería jurídica.

Que, mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2020-0054-M, de fecha 10 de febrero de 2020, la Analista designada para el trámite, recomendó la aprobación del Estatuto y el reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización religiosa en formación denominada:

MISIÓN CRISTIANA DIOS ES MI AYUDA , por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley de Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y,

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica de MISIÓN CRISTIANA DIOS ES MI AYUDA, con domicilio en Nueva Aurora, calle Luis Chipantiza Lote 1279 S49A y Geovanny Benítez, sector Guamaní, cantón Quito, provincia de Pichincha, como organización religiosa, de derecho privado, sin fines de lucro.

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo de la organización de MISIÓN CRISTIANA DIOS ES MI AYUDA, en el Registro Oficial.

Artículo 5. – La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General conforme su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la presente fecha y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, para el trámite respectivo.

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un ejemplar del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo. Dado en Quito, D.M., a los 10 día(s) del mes de Febrero de dos mil veinte.

Documento firmado electrónicamente

Sr. Abg. Edgar Ramiro Fraga Revelo, Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas.

RAZÓN: Siento como tal que el documento que antecede en cuatro fojas útiles, es igual al original que reposa con firma electrónica en el Sistema de Gestión Documental Quipux de esta Cartera de Estado, y que corresponde al Acuerdo Nro. SDH-DRNPOR-2020 -0028-A de 10 de febrero de 2020, conforme se presenta en la Dirección Administrativa.

Quito D.M., 03 de marzo de 2020.

f.) Ing. Soraya del Pilar Arévalo Serrano, Directora Administrativa, Secretaría de Derechos Humanos.

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Nro. SDH-DRNPOR-2020-0029-A

Sr. Abg. Edgar Ramiro Fraga Revelo

DIRECTOR DE REGISTRO DE

NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Considerando:

Que, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión

Registro Oficial Nº 180 Jueves 9 de abril de 2020 – 21

o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”;

Que, el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe:

En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”;

22 – Jueves 9 de abril de 2020 Registro Oficial Nº 180

Que, mediante comunicación ingresada al extinto Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos y Cultos, con trámite Nro. MJDHC-CAF-DSG-2017-6893-E, de fecha 16 de junio de 2017, el/la señor/a Gonzalo Chugchilan Caisa, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en formación IGLESIA CENTRO CRISTIANO DE LA FAMILIA (Expediente XA-681), solicitó la aprobación de

personería jurídica y del Estatuto de la citada organización, para lo cual remitió la documentación pertinente;

Que, mediante comunicación ingresada Nro. SDH -CGAF-DA-1475-E, de fecha 21 de agosto de 2019, la referida Organización da cumplimiento a las observaciones y formuladas y cambia de denominación de la IGLESIA CENTRO CRISTIANO DE LA FAMILIA a CENTRO CRISTIANO DE LA FAMILIA previó a la obtención de la personería jurídica;

Que, mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2020-0059-M, de fecha 12 de febrero de 2020, la Analista designada para el trámite, recomendó la aprobación del Estatuto y el reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización religiosa en formación denominada:

CENTRO CRISTIANO DE LA FAMILIA, por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley de Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y,

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica del CENTRO CRISTIANO DE LA FAMILIA, con domicilio parroquia la Matriz, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, como organización religiosa, de derecho privado, sin fines de lucro.

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo de la organización religiosa CENTRO CRISTIANO DE LA FAMILIA, en el Registro Oficial.

Artículo 5. – La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General conforme su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de

Registro Oficial Nº 180 Jueves 9 de abril de 2020 – 23

30 días, contados a partir de la presente fecha y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, para el trámite respectivo.

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un ejemplar del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo. Dado en Quito, D.M., a los 17 día(s) del mes de Febrero de dos mil veinte.

Documento firmado electrónicamente

Sr. Abg. Edgar Ramiro Fraga Revelo, Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas.

RAZÓN: Siento como tal que el documento que antecede en cuatro fojas útiles, es igual al original que reposa con firma electrónica en el Sistema de Gestión Documental Quipux de esta Cartera de Estado, y que corresponde al Acuerdo Nro. SDH-DRNPOR-2020 -0029-A de 17 de febrero de 2020, conforme se presenta en la Dirección Administrativa.

Quito D.M., 03 de marzo de 2020.

f.) Ing. Soraya del Pilar Arévalo Serrano, Directora Administrativa, Secretaría de Derechos Humanos.

No. MPCEIP-SC-2020-0108-R

Quito, 04 de marzo de 2020

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN , COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA

LA SUBSECRETARÍA DE CALIDAD

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 52 establece que “las personas tienen derecho

a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”;

Que la Designación de Organismos de Evaluación de la Conformidad es atribución del Ministerio de Industrias y Productividad, de acuerdo con la Ley 76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, reformada por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 de 29 de diciembre de 2010;

Que el artículo 12 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, sustituido por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, dispone que para la ejecución de las políticas que dictamine el Comité Interministerial de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad tendrá entre otras, la siguiente atribución: “e) Designar temporalmente laboratorios, organismos evaluadores de la conformidad u otros órganos necesarios para temas específicos, siempre y cuando éstos no existan en el país. Los organismos designados no podrán dar servicios como entes acreditados en temas diferentes a la designación”;

Que el artículo 25 del Reglamento a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, vigente mediante Decreto 756, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 450 de 17 de mayo de 2011, establece que el Ministro de Industrias y Productividad en base al informe presentado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano –OAE-resolverá conceder o negar la Designación; y, dispone que transcurridos los dos años, el OEC podrá solicitar la Renovación de Designación por una vez, siempre y cuando se evidencie el mantenimiento de las condiciones iniciales de Designación mediante un informe anual de evaluación de seguimiento realizado por el OAE, y se hubiere iniciado un proceso de acreditación ante el OAE para el alcance en cuestión;

Que en el artículo 27 del Reglamento a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad se establecen las obligaciones que los Organismos Evaluadores de la Conformidad designados deben cumplir;

Que, el Decreto Ejecutivo N° 559 del 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 387 del 13 diciembre de 2018, en su artículo 1 decreta

“Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones las siguientes instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca”; su artículo 2 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, modifíquese la denominación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”.

Que en la normativa Ibídem en su artículo 3 se dispone “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos, y demás normativa vigente, que le correspondían al

24 – Jueves 9 de abril de 2020 Registro Oficial Nº 180

Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promoción de Exportaciones, e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca, serán asumidas por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”.

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de conceder o negar la Designación al organismo de evaluación de la conformidad solicitante.

VISTOS

Mediante Oficio N° IIGE-IIGE-2018-0580-O de 19 de diciembre de 2018, el señor Mgs. Martín Cordovez Dammer, en su calidad de Director Ejecutivo de Laboratorio de Ensayos Térmicos y Eficiencia Energética (LABET) del Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), remitió a la Subsecretaría de Calidad del MPCEIP, el documento denominado “Solicitud de Designación/ Renovación de Designación como organismo evaluador de la conformidad”, en el que solicita se sirva a proceder a la evaluación de este organismo de Evaluación de la Conformidad a fin de obtener la Designación.

Mediante oficio N° MPCEIP-DCVM-2019-0005-O de

de enero de 2019, la Dra. Myriam López, Directora de Control y Vigilancia de Mercado, Encargada del MPCEIP, informó a la Mgs. Miriam Romo Orbe, Coordinadora General Técnica del SAE, que el Laboratorio de Ensayos Térmicos y Eficiencia Energética (LABET) del Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), a través de su Director Ejecutivo, requiere obtener la Designación, para realizar el ensayo de conductividad térmica, por lo que se solicita verificar la existencia de OEC Acreditados o en proceso de Acreditación en el país para el alcance requerido.

Mediante Oficio Nro. SAE-DGT-2019-0006-OF, de 25 de enero de 2019, la Mgs. Miriam Romo Orbe, Coordinadora General Técnica del SAE, informó al Dr. Cristian Chimbo, Director de Control y Vigilancia de Mercado del MPCEIP, lo siguiente: “(…)no existen (…) OEC específicamente laboratorios, acreditados o en proceso de acreditación para el ensayo de conductividad térmica(…)”.

Mediante oficio N° MPCEIP-DCVM-2019-0082-O de

de enero de 2019, el Dr. Cristian Chimbo, Director de Control y Vigilancia de Mercado del MPCEIP, remite los documentos legales y técnicos del Laboratorio de Ensayos Térmicos y Eficiencia Energética (LABET) del Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), a la Mgs. Miriam Romo Orbe, Coordinadora General Técnica del SAE, para continuar con el proceso de Designación.

Mediante memorando Nro. SAE-DAI-2019-0299-M, de

de agosto de 20019, el Espc. Walter Fernando Pérez, Director de Acreditación en Laboratorios, envió al Dr. Cristian Chimbo Muriel, Director de Control y Vigilancia de Mercado MPCEIP, la designación del equipo evaluador y los términos referentes al proceso de designación del Laboratorio de Ensayos Térmicos y Eficiencia Energética del Instituto de Investigación Geológico y Energético IIGE.

Mediante Informe de Evaluación para la Designación de Organismos de Inspección, Certificación y Laboratorio, de 05 de septiembre de 2019, signado con Nro. L 19-007-D, suscrito por el evaluador líder, relativo a la implementación de la Norma INEN ISO/IEC 17025:2018, “Evaluación de la Capacidad Técnica para designación como Laboratorio de Ensayos”, conforme a lo determinado en el Procedimiento de Evaluación para el Reconocimiento o Designación, el técnico evaluador concluye: “(…) Para poder continuar con el proceso de designación el Laboratorio tiene el plazo de 45 días para poder presentar el cierre de las no conformidades a partir de la entrega de este informe (…)”..

Mediante oficio Nro. IIGE-IIGE-2020-0147-O, de 07 de febrero de 2020, el Mgs. Martín Cordovez Dammer, Director Ejecutivo IIGE, remitió las evidencias adicionales solicitadas para el cierre efectivo de las no conformidades, constantes en el informe técnico L 19-007D detectadas en la evaluación para la Designación del Laboratorio de Ensayos Térmicos y Eficiencia Energética del Instituto de Investigación Geológico y Energético IIGE.

Mediante informe técnico para la decisión signado con Nro. SAE L 19-007D.1, de 18 de Febrero de 2020, conforme a lo determinado en el Procedimiento de Evaluación para el Reconocimiento o Designación, el equipo evaluador concluye: “(…) 5. VALORACIÓN FINAL: Por lo antes mencionado el equipo evaluador recomienda otorgar la DESIGNACIÓN INICIAL AL del LABORATORIO DE ENSAYOS TÉRMICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO Y ENERGÉTICO IIGE , tal como consta en el anexo I”.

Mediante memorando Nro. SAE-DAL-2020-0058-M, de 26 de febrero de 2020, el Espc. Walter Fernando Pérez, Director de Acreditación en Laboratorios del SAE, remite informe técnico para el proceso de designación del Laboratorio de Ensayos Térmicos y Eficiencia Energética del Instituto de Investigación Geológico y Energético IIGE, a la Mgs. Miriam Janneth Romo, Coordinadora General Técnica del SAE, concluyendo: “(…) acogiendo el Informe de cierre de hallazgos de OEC y para la decisión y los antecedentes contenidos en los documentos antes señalados, se permite RECOMENDAR a la Coordinación General Técnica del SAE, la emisión del siguiente informe técnico que permita dar continuidad al trámite de DESIGNACIÓN”.

Mediante memorando Nro. SAE-CGT-2020-0047-M, de 02 de marzo de 2020, la Mgs. Miriam Janneth Romo

Orbe, Coordinadora General Técnica del SAE, indicó al Mgs. Carlos Echeverría Cueva, Director Ejecutivo del SAE, “(…) acogiendo la recomendación de memorando Nro.SAE- DAL-2020 -0058-M, de fecha 26 de febrero de 2020; conforme los antecedentes contenidos en los documentos antes señalados, me permito RECOMENDAR a usted, se emita el informe correspondiente a fin de que la autoridad competente decida sobre el reconocimiento para la DESIGNACIÓN del Laboratorio de Ensayos Térmicos y Eficiencia Energética del Instituto de Investigación Geológico y Energético IIGE, una vez que cumplió con los requisitos para la designación del alcance definido en el Anexo 1 del informe para la Designación del SAE No. SAE L19-007D.1, con fecha 06 de febrero de 2020,

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adicional se informa Mgs. Paola Alexandra Cuji Alegría con CI. 1716815863 es Responsable de Calidad y el Mgs. José Alberto Macías Zambrano, con CI. 1311473761 es Responsable Técnico; para lo cual, en adjunto físico se anexa el expediente con la documentación respectiva (…)”.

5.6 Mediante memorando Nro. SAE-DAJ-2020-0105-M,

de 02 de marzo de 2020, el Abg. Abel Xavier Sánchez, Director de Asesoría Jurídica, informó al Mgs. Carlos Echeverría Cueva, Director Ejecutivo del SAE, lo siguiente: “(…) Por lo expuesto, de conformidad a la evaluación para designación del laboratorio constante en el informe para la Designación del SAE Nro. SAE L 19-007D.1, como consta en los memorandos Nro. SAE-DAL-2020-0058-M, de 26 de febrero de 2020 y Nro. SAE-CGT- 2020-0047 -M, de 02 de marzo de 2020, una vez que se verificó el cumplimiento de la normativa legal vigente y acogiendo el criterio de la Coordinación General Técnica del SAE, es factible recomendar a la Dirección Ejecutiva la suscripción del informe técnico, elevando a conocimiento del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca MIPCEIP, la oportunidad y cumplimiento para la designación del Laboratorio de Ensayos Térmicos y Eficiencia Energética del Instituto de Investigación Geológico y Energético IIGE”.

6. En el informe presentado mediante Oficio Nro. SAE-SAE-2020-0079-OF, de fecha 04 de marzo de 2020, el Mgs. Carlos Martín Echeverría Cueva, Director Ejecutivo del Servicio de Acreditación Ecuatoriano, recomienda al Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, “Otorgar la Designación al Laboratorio de Ensayos Térmicos y Eficiencia Energética (LABET) del Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), en el alcance solicitado como consta en el Anexo 1, adjunto a este informe”.

Por lo expuesto y en ejercicio de las facultades que le confiere la ley,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- OTORGAR la DESIGNACIÓN al Laboratorio de Ensayos Térmicos y Eficiencia Energética (LABET) del Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), en el alcance que se detalla a continuación:

ALCANCE PARA DESIGNACIÓN:

PRODUCTO O

MÉTODO DE ENSAYO

MATERIAL

ENSAYO, TÉCNICA Y RANGOS

(Método interno y

A ENSAYAR

método de referencia)

LABET PT 16

Materiales aislantes

Ensayo de conductividad térmica, placa

Método de Referencia:

caliente resguardada,

para construcción

ISO 8302:1991

(0,003 – 0,250) W/m-K.

RTÍCULO 2.- La DESIGNACIÓN otorgada al Laboratorio de Ensayos Térmicos y Eficiencia Energética (LABET) del Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE),, mediante la presente Resolución tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de suscripción, conforme lo establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; pudiendo el Laboratorio de Ensayos Térmicos y Eficiencia Energética (LABET) del Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE),, solicitar la renovación de la designación por una vez, siempre y cuando evidencie el mantenimiento de las condiciones iniciales de designación mediante un informe anual de evaluación de seguimiento realizado por el SAE, y si hubiere iniciado un proceso de acreditación ante el SAE para el alcance en cuestión.

ARTÍCULO 3.- Disponer al SAE que transcurrido un año de haber otorgado la presente designación, realice la evaluación de seguimiento a fin de verificar si este Organismo mantiene las condiciones bajo las cuales le fue otorgada esta Designación, cuyo informe será remitido a la Subsecretaría de Calidad.

ARTÍCULO 4. El Laboratorio de Ensayos Térmicos y Eficiencia Energética (LABET) del Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento General de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

Mantener en todo momento las condiciones en base a las cuales se concedió la designación;

Facilitar información actualizada, en relación con el alcance técnico designado;

No utilizar la designación de manera que pueda perjudicar la reputación del organismo designante o del SAE.

Informar inmediatamente al MPCEIP, sobre cualquier modificación relativa al cumplimiento de las condiciones que permitieron la designación;

Ser responsables de los resultados de los ensayos y de los certificados de evaluación de la conformidad emitidos respectivamente y, para el caso de los Organismos de Certificación de Productos y de Inspección, ser responsable de los resultados de los ensayos de los productos que hayan sido certificados;

Cobrar las tarifas previamente notificadas al MPCEIP para la actividad de evaluación de la conformidad designada, en el caso de OECs que hayan recibido o cuenten con recursos provenientes del Estado, estos deben solicitar previamente la respectiva aprobación del MPCEIP; y, (lo resaltado es mío)

Otras que se señalen en la Ley, el presente reglamento, o las resoluciones dictadas por el MPCEIP o el Comité Interministerial de la Calidad.”

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ARTÍCULO 5.- El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca procederá a excluir al Laboratorio de Ensayos Térmicos y Eficiencia Energética (LABET) del Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), del Registro de LABORATORIOS DESIGNADOS si incurriere en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones propias de la Designación otorgada mediante esta Resolución.

ARTÍCULO 6.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de la publicación en el Registro oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. – Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano.

04 de marzo de 2020.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Hugo Manuel Quintana Jedermann, Subsecretario de Calidad.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA.- CER-TIFICA.- ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN SECRETARÍA GENERAL.- FECHA: 12 de marzo de 2020.- f.) Ilegible.

No. 112-2020

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS

SUBSECRETARIO ZONAL 7

Considerando:

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 860, de fecha 21 de agosto de 2019, el Licenciado Lenin Moreno Garcés, Presidente de la República del Ecuador, designa al Eco. José Gabriel Martínez Castro, como Ministro de Transporte y Obras Públicas;

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución del Ecuador, determina que además de las atribuciones de las Ministras y Ministros de Estado, están las de ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el numeral 13 y 17 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador consagra”… El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”,

Que, el Título XXX, Libro I del Código Civil vigente, faculta la concesión de personería jurídica a corporaciones y fundaciones, como organizaciones de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro;

Que, en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se propicia, fomenta y garantiza el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y ciudadanos, comunidades y pueblos indígenas, montubios y afroecuatorianos y demás formas de Asociación lícita, con el propósito de fortalecer el poder ciudadano y sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como las iniciativas de rendición de cuentas y control social;

Que, el artículo 54 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece que la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentrados en otros jerárquicamente dependientes de aquellos;

Que, el artículo 1 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, manifiesta que el objeto del presente Reglamento es regular, simplificar y racionalizar los requisitos para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales ciudadanas que voluntariamente lo soliciten, por parte de las instituciones competentes del Estado;

Que, el Capítulo II, Art. 12 y 13 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, establece los requisitos y procedimientos para la aprobación de los Estatutos y otorgamiento de la Personalidad Jurídica.

Que, el Art. 7 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017 con respecto a los deberes de las instituciones competentes para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales sin fines de lucro que voluntariamente lo requieran, las instituciones competentes del Estado, de acuerdo a sus competencias específicas, observarán que los actos relacionados con la constitución, aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución, liquidación, registro y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones sociales, se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y al presente Reglamento…,

Que, El Art. 4 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016, autoriza a las Subsecretarias de Transporte Terrestre…., a administrar los expedientes y expedir los actos administrativos de personalidad jurídica, registros de directivas, disolución y liquidación entre otros….

Que, El Art. 6 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016, Los Subsecretarios Zonales conforme lo establece el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MTOP, tiene como

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atribuciones y responsabilidades entre otras, aprobar la conformación y otorgar personalidad jurídica a las Organizaciones y Asociaciones de Conservación Vial,……

Que, El numeral 3.5, Procesos Desconcentrados.- 3.5.1 Subsecretaría Zonal.- 3.5.1.1. Proceso Gobernante, numeral 9, del Acuerdo Ministerial Nro. 0059 de fecha 17 de julio de 2015, (Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas), está la de aprobar la conformación y otorgar personería jurídica de las organizaciones y asociaciones de conservación vial, con plena observancia de las normas legales y reglamentarias vigentes (microempresas) de los diferentes modos de transporte.

Que, mediante Acta Constitutiva de fecha 05 de febrero de 2020, se constituye la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL “SANTA BARBARA”, ubicado en el barrio El Cascajo, cantón Olmedo, provincia de Loja, Vía a la costa entrada al barrio El cascajo (domicilio del señor Juan Artemio Torres, teléfono 0992355645 – [email protected].

Que, mediante Actas de Asambleas Extraordinarias de fecha 08 y 15 de febrero de 2020, respectivamente, se realiza el primero y segundo debate, análisis, estudio y aprobación de los Estatutos.

Que, mediante oficio S/N de fecha 15 de febrero de 2020, e ingresado a esta Subsecretaría con registro Nro. MTOP-SUBZ7- 2020-0091 -EXT., el señor Carlos Manuel Patiño Román, en calidad de Secretaria Ejecutiva Provisional de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL “SANTA BARBARA”, adjunta la documentación respectiva; y, solicita la aprobación de los Estatutos y la concesión de Personalidad Jurídica para la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL “SANTA BARBARA”, con observancia de las normas previstas para la aprobación de estatutos, reformas y condiciones; liquidación, disolución y registro de socios y directivas de las organizaciones previstas en el Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, en concordancia con el Título III del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016 del Ministerio de transporte y Obras Públicas, Código Civil y demás Leyes.

Que, mediante Memorando Nro. MTOP-AJSUB7- 2020-0065-M, de fecha 21 de febrero de 2020, suscrito por el Dr. Diego Cárdenas Chiriboga, Coordinador Jurídico Zonal, emite informe favorable para la aprobación de los estatutos y concesión de personalidad jurídica, a la ASOCIACIÓN DE CONSERVACION VIAL “SANTA BARBARA”.

En uso de las facultades que me confiere el Acuerdo Ministerial Nro. 0059 de fecha 17 de julio de 2015, (Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas) en su numeral 3.5, Procesos Desconcentrados.-3.5.1 Subsecretaría Zonal.- 3.5.1.1. Proceso Gobernante, numeral 9, en concordancia con el Art. 6 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016, de fecha 17 de febrero de 2016. (Instructivo para normar los trámites de las Organizaciones Sociales bajo la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas).

Resuelve:

Art. 1.- Conceder la personalidad jurídica propia de derecho privado a la ASOCIACIÓN DE CONSERVACION VIAL “SANTA BARBARA”, ubicado en el barrio El Cascajo, cantón Olmedo, provincia de Loja, Vía a la costa entrada al barrio El cascajo (domicilio del señor Juan Artemio Torres, teléfono 0992355645, Correo [email protected].

Art. 2.- Aprobar sin modificar el texto del Estatuto de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACION VIAL “SANTA BARBARA” a que se refiere el artículo precedente.

Art. 3.- Disponer que la ASOCIACIÓN DE CONSERVACION VIAL “SANTA BARBARA”, una vez adquirida la personalidad jurídica, elegirán su directiva definitiva, la misma que tendrá una duración de DOS AÑOS; y, la remitirá mediante oficio a conocimiento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Subsecretaria Zonal 7), dentro del plazo de treinta (30) días para el registro pertinente, adjuntando la documentación establecida en el Art. 16 del Reglamento Para El Otorgamiento De Personalidad Jurídica A Las Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 193, de fecha 23 de octubre de 2017 y publicado en el Registro Oficial suplemento 109 de fecha 27 de octubre de 2017, en concordancia con el Art. 14 del Acuerdo Ministerial Nro. 007-2016 de fecha 17 de febrero de 2016 (Instructivo para Normar los Trámites de las Organizaciones Sociales que están bajo la competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas), igual procedimiento se observará para posteriores registros de Directivas.

Art. 4.- Disponer al funcionario encargado del custodio y archivo de las Organizaciones de Conservación Vial de la Subsecretaria Zonal 7, registrar en el expediente y mantenerlo debidamente actualizado.

Art. 5.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Hágase conocer por escrito a los interesados, y se proceda a su publicación en el Registro Oficial a través del funcionario encargado de las organizaciones de conservación vial de la Subsecretaria Zonal 7.- COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

Dado en la ciudad de Loja, a los 21 de febrero de 2020.

f.) Ing. Fredy Oswaldo Altamirano Arias, Subsecretaría Zonal 7.

N° 022-FGE-2020

Dra. Diana Salazar Méndez

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Considerando:

Que, el artículo 194 de la Constitución de la República, establece que: “La Fiscalía General del Estado es

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un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso”;

Que, el artículo 195 de la Constitución de la República, establece: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal (…)”;

Que, el artículo 83 de la Constitución de la República, en su numeral 8 manifiesta: “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: (…) Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. (…)”;

Que, el artículo 198 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “La Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, para lo cual coordinará la obligatoria participación de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articulará la participación de organizaciones de la sociedad civil”;

Que, el artículo 204 de la Constitución señala: “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación. La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción. (…)”;

Que, el artículo 227 de la misma Constitución, determina que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que, el artículo 424 de la Constitución de la República segundo párrafo manifiesta: “La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”;

Que, el Estado Ecuatoriano es suscriptor de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, establece en su artículo 5: “Políticas y prácticas de prevención de

la corrupción. 1. Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bines públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas. 2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas la prevenir la corrupción”;

Que, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional en su artículo 8 de la presente Convención, señala: “Cada Estado Parte, en la medida en que proceda y sea compatible con su ordenamiento jurídico, adoptará medidas eficaces de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos”;

Que, el artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial, especifica: “Funciones de la Fiscalía General del Estado.- A la Fiscalía General del Estado le corresponde: 1.Dirigir y promover, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal penal, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, en casos de acción penal pública; de hallar mérito acusar a los presuntos infractores ante el Juez competente e impulsar la acusación en la sustanciación del juicio penal (…)”;

Que, el artículo 284 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: “Competencias del fiscal general del estado.- Compete al Fiscal General del Estado: (…) 2. Determinar, dentro del marco de las políticas generales de la Función Judicial, las políticas institucionales y ponerlas en práctica por medio de las unidades administrativas correspondientes; 3. Expedir, mediante resolución, reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales de organización y procedimientos y cuanto instrumento se requiera para funcionar eficientemente (…)”;

Que, el artículo 1 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional Por Procesos de la Fiscalía General del Estado, establece como misión: “Dirigir la investigación preprocesal y procesal penal. Ejerciendo la acción pública con sujeción al debido proceso y el respeto de los Derechos Humanos, brindando servicios de calidad y calidez en todo el territorio nacional”;

Que, el artículo 2 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional Por Procesos de la Fiscalía General del Estado, establece como visión: “Ser referente nacional e internacional de calidad, confianza, objetividad y profesionalismo en la gestión de la justicia penal y lucha por la transparencia; con Talento Humano especializado y comprometido con el servicio a la ciudadanía”;

Que, mediante Resolución No. 034-FGE-2019 de 30 de agosto de 2019, se resolvió implementar la Reforma Parcial al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía General de Estado, constante en la Resolución No. 012-FGE-2018, de 28 de febrero de 2018;

Registro Oficial Nº 180 Jueves 9 de abril de 2020 – 29

Que, en la antes mencionada Reforma Parcial al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Fiscalía General del Estado, el artículo 9, numeral 1, sub-numeral 1.1 describe entre una de las atribuciones y responsabilidades del Fiscal General del Estado, la de presidir y/o integrar los consejos, comités y demás cuerpos colegiados establecidos por la ley; así como la de delegar dentro del marco legal su alcance, las atribuciones y responsabilidades conforme las necesidades institucionales;

Que, la estructura cuya disposición de implementación se cita en los considerandos precedentes, incluye a la Dirección de Transparencia en la Gestión, misma que tiene como misión: el numeral 1.3.1.4 “Fortalecer la transparencia en la gestión institucional, mediante la erradicación de todo acto de corrupción, a fin de generar una cultura ética y de servicio”, y que adicionalmente entre sus atribuciones y responsabilidades se encuentra las siguientes atribuciones: “4. “Articular proyectos y estrategias de fortalecimiento de la cultura de la transparencia en la gestión institucional; y 5) Desarrollar herramientas y lineamiento de transparencia frente a la ciudadanía mediante la publicación de información de manera proactiva”.

Que, la máxima autoridad, dentro de su gestión institucional, estableció como sus ejes principales de acción, la innovación, la efectividad y la transparencia, este último con indicadores de gestión y resultados en todos los niveles de la administración, a través de la objetividad, profesionalismo, calidad, confianza y la lucha contra la corrupción interna y externa, a fin de garantizar eficiencia, inmediación, celeridad, servicio, tutela judicial efectiva y confianza ciudadana; por lo que se prioriza la creación de una herramienta informática denominada “Buzón de Transparencia”, que permita a la ciudadanía y a los servidores presentar de manera confiable, segura e incluso anónimamente presuntos actos de corrupción e irregularidades cometidas por los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, que luego de su análisis de ser necesario se aperturará las investigaciones correspondientes.

En ejercicio de la normativa legal vigente,

Resuelve:

EXPEDIR LA RESOLUCIÓN DE

IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA

“BUZÓN DE TRANSPARENCIA”

Artículo 1.- Implementar la herramienta informática “Buzón de Transparencia”, cuyo objetivo es servir a la ciudadanía y funcionarios internos como medio para denunciar los presuntos actos de corrupción e irregularidades dentro de la institución, cometidas por los funcionarios de la carrera administrativa y Carrera Fiscal (Fiscales, Secretario de Fiscal y Asistente de Fiscal) de la Fiscalía General del Estado, la cual estará contenida en la página web institucional como “Buzón de Transparencia” con el correo: [email protected];

Artículo 2.- La Dirección de Transparencia en la Gestión de la Fiscalía General del Estado, conforme a su misión, atribuciones y responsabilidades constantes en el Estatuto

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, será la administradora de la herramienta informática “Buzón de Transparencia”, para lo cual designará a un funcionario de manera confidencial, además será la encargada de revisar, analizar, y gestionar la atención oportuna de las denuncias recibidas a través de esta herramienta informática.

Artículo 3.- Para el

cumplimiento de lo señalado en

el artículo anterior,

la Dirección de Transparencia en

la Gestión, al tener conocimiento de hechos y actos de corrupción, solicitará a las diferentes Coordinaciones, Direcciones y demás dependencias de la Fiscalía General del Estado, de manera escrita, información relacionada a los mismos, que será tramitada de manera reservada.

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- La Dirección de Tecnologías de la Información y comunicaciones, será la encargada de brindar soporte para el correcto funcionamiento a la herramienta “Buzón de Transparencia”.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Dirección de Transparencia en la Gestión, establecerán en conjunto, los roles y permisos que se crearán en la plataforma “Buzón de Transparencia”, en un plazo de 30 días contados a partir de la suscripción de la presente resolución.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el despacho de la señora Fiscal General del Estado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 09 de marzo.

f.) Dra. Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado.

CERTIFICO.- Que la Resolución que antecede está suscrita por la señora doctora Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado.- Distrito Metropolitano de Quito a, 09 de marzo de 2020.

f.) Dr. Edwin Erazo Hidalgo, Secretario General Encargado, Fiscalía General del Estado.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- CERTIFICO: Que las COPIAS que anteceden en tres fojas, corresponden a los originales que reposan en los archivos a cargo y responsabilidad de la Secretaria General de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- Quito, 11 de marzo.- f.) SECRETARÍA GENERAL.

No. SEPS-IGT-IGJ-IZ4-IFMR-2020-0034

Diego Aldáz Caiza

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO (S)

Considerando:

Que, el artículo 309 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y

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solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones”;

Que, el artículo 311 ibídem determina: “El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria”;

Que, los numerales 3 y 25 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en concordancia con el artículo 74 del mismo cuerpo legal, señala como funciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, entre otras, a las siguientes: “(…) 3. Autorizar la constitución, denominación, organización y liquidación de las entidades que conforman el Sector Financiero Privado (…) 25. Designar a los administradores temporales y liquidadores de las entidades bajo su control (…)”;

Que, el artículo 299 ibídem establece: “(…) Las entidades del sistema financiero nacional se liquidan voluntariamente o de manera forzosa, de conformidad con las disposiciones de este Código”;

Que, el artículo 303 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en sus numerales 8), 11) y 12), establece: “Las entidades del sistema financiero nacional se liquidan de manera forzosa, por las siguientes causas: (…) 8. Por acumular dos meses de incumplimiento en el pago de aportes y contribuciones al Seguro de Depósitos y/o Fondo de Liquidez;(…); 11. Por imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social; y, 12. Cuando los administradores de la entidad abandonan sus cargos y no sea posible designar sus reemplazos en un plazo no mayor de treinta días (…)”;

Que, el artículo 304 de la norma referida dispone:

“Resolución de liquidación forzosa. Cuando el organismo de control llegase a determinar que la entidad financiera está incursa en una o varias causales de liquidación forzosa, y no fuera posible o factible implementar un proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos, procederá a emitir la resolución de liquidación forzosa de la entidad”;

Que, el artículo 307 del Código Orgánico Monetario y Financiero manifiesta: “Contenido de la resolución de liquidación. En la resolución de liquidación voluntaria o forzosa se dispondrá, al menos, lo siguiente: (…) 4. El plazo para la liquidación que será de hasta tres (3) años, pudiendo ser prorrogado por dos (2) años, previa solicitud debidamente sustentada por el liquidador y autorizada por el Superintendente; 5. Designación del liquidador; (…) La resolución de liquidación de una

entidad financiera será motivada, suscrita por el titular del correspondiente organismo de control, gozará de la presunción de legitimidad y debe cumplirse desde la fecha de su expedición.- La resolución de liquidación deberá inscribirse en los registros correspondientes.- El organismo de control supervisará la gestión integral del liquidador”;

Que, el artículo 308 ibídem dispone: “La resolución de liquidación regirá a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial”;

Que, el último inciso del artículo 446 del aludido Código señala: “(…) La liquidación de una cooperativa de ahorro y crédito se regirá por las disposiciones de este Código y, supletoriamente, por las de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria”;

Que, el artículo 60 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria establece: “Salvo en los casos de fusión y escisión, una vez disuelta la cooperativa se procederá a su liquidación, la cual consiste en la extinción de las obligaciones de la organización y demás actividades relacionadas con el cierre; para cuyo efecto, la cooperativa conservará su personalidad jurídica, añadiéndose a su razón social, las palabras ‘en liquidación’”;

Que, el artículo 61 de la referida Ley dispone: “El liquidador será designado por la Asamblea General cuando se trate de disolución voluntaria y por la Superintendencia cuando sea ésta la que resuelva la disolución.- El liquidador ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa, pudiendo realizar únicamente aquellas actividades necesarias para la liquidación.- Cuando el liquidador sea designado por la Superintendencia, ésta fijará sus honorarios, que serán pagados por la cooperativa y cuando sea designado por la Asamblea General de la cooperativa, será ésta quien fije sus honorarios.- Los honorarios fijados por la Superintendencia, se sujetarán a los criterios que constarán en el Reglamento de la presente Ley.- El liquidador podrá o no ser servidor de la Superintendencia; de no serlo, no tendrá relación de dependencia laboral alguna con la cooperativa ni con la Superintendencia, y será de libre remoción, sin derecho a indemnización alguna.- El liquidador en ningún caso será responsable solidario de las obligaciones de la entidad en proceso de liquidación”;

Que, la Resolución No. 385-2017-A de 22 de mayo de 2017, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 22 de 26 de junio de 2017, emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, con la que se aprueba la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros; en el Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, Título II “Sistema Financiero Nacional”, Capítulo XXXVII “Sector Financiero Popular y Solidario”, Sección XIII “Norma que Regula las Liquidaciones de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria”, Subsección II “Causales de Liquidación Forzosa”, en los en los numerales 8, 10 y 11 del artículo 254, dispone

“Art. 254.- Causas de liquidación forzosa: Las entidades

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del sistema financiero popular y solidario se liquidarán de manera forzosa por las siguientes causas: (…) 8. Acumulación de dos meses de incumplimiento en el pago de aportes y contribuciones al Seguro de Depósitos y/o Fondo de Liquidez; (…) 10. Por imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social; y, 11. Por el abandono del cargo por parte de los administradores de la entidad”;

Que, en el Informe de Auditoría No. SEPS-ISF-DNAISF-2019-006 de 03 de diciembre de 2019, consta que a través del Acuerdo No. 0000016 de 25 de mayo de 2006 se constituyó la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AFRO ECUATORIANA DE LA PEQUEÑA EMPRESA LTDA. CACAEPE, domiciliada en el cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas;

Que, mediante Resolución No. SEPS-ROEPS-2014-005593 de 20 de marzo de 2014, este Organismo de Control aprobó la adecuación del estatuto social de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AFRO ECUATORIANA DE LA PEQUEÑA EMPRESA LTDA. CACAEPE, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria;

Que, mediante memorando No. SEPS-SGD-ISF-DNAISF-2019-0824 de 09 de diciembre de 2019, el Director Nacional de Auditoría Integral del Sector Financiero pone en conocimiento de la Intendente del Sector Financiero, el Informe de Auditoría No. SEPS-ISF-DNAISF-2019-006 de 03 de diciembre de 2019, correspondiente a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AFRO ECUATORIANA DE LA PEQUEÑA EMPRESA LTDA., CACAEPE, en el cual detalla el resultado de la visita indicando que: “(…) 1. La Cooperativa no evidenció que cuente con un sistema de control interno que contemple políticas, procedimientos, sistemas de información, respaldos de información, personal operativo, entre otros aspectos, que le permitan asegurar la efectividad y eficiencia de sus actividades, la confiabilidad de la información y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, inobservando lo establecido en el artículo 227 del Código Orgánico Monetario y Financiero.- 2. La Cooperativa no entregó la información solicitada por la Superintendencia para el proceso de supervisión, entre la que constan los balances a los cortes: marzo y junio de 2019, siendo el último balance validado en el sistema de Gestión de Envío de Información de la Superintendencia el correspondiente a diciembre de 2018, por lo que, mediante oficio N° SEPS-SGD-ISF-2019-31205-OF de 26 de septiembre de 2019, se dispuso al señor Jimmy Cabezas Gruezo, gerente, la entrega de los balances referidos otorgándole el plazo máximo de 15 días, sin que hasta la fecha de la emisión del presente informe de auditoría se haya cumplido con el requerimiento en mención.- 3. Al 31 de agosto de 2019, los vocales de los consejos de administración y de vigilancia se encuentran en funciones prorrogadas; sin embargo, no se tuvo evidencia de su gestión, configurándose el abandono por parte de los administradores de la Cooperativa, ante los cual (sic), mediante oficio N° SEPS-SGD-ISF-2019-32440-OF de 09 de octubre de 2019 se dispuso que en un plazo no mayor a 30 días se designe a los nuevos vocales y cumpla

con el respectivo registro en la Superintendencia; sin que hasta la fecha del presente informe la Cooperativa haya dado cumplimiento a esta disposición.- 4. Al 31 de agosto de 2019, la Cooperativa ha cancelado dos contribuciones a la Corporación de Seguros de Depósitos, Fondos de liquidez y Fondo de seguros privados (COSEDE), quedando pendientes cuatro correspondientes a los balances a las fechas de corte: diciembre 2015, 2016, 2017 y 2018, respectivamente.- Por lo señalado, y sobre la base de los resultados del referido informe, esta dirección recomienda que se inicie el proceso de liquidación forzosa de la Cooperativa de Ahorro ´Afro Ecuatoriana de la Pequeña Empresa Ltda. Cacaepe´, (sic) con número de RUC 0890041388001, por cuanto ha incurrido en la causales previstas en los numerales 8, 11 y 12 del artículo 303 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en concordancia con lo dispuesto en los numerales 8), 10) y 11) del artículo 254 ´Causas de liquidación forzosa´ de la Subsección II ´Causales de Liquidación Forzosa´ de la Sección XIII: Norma que Regula las Liquidaciones de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Capítulo XXXVII ´Sector Financiero Popular y Solidario´´ del Título II ´Sistema Financiero Nacional´ del Libro I ´Sistema Monetario y Financiero´ de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (…)”;

Que, con memorando No. SEPS-SGD-ISF-2019-0853 de 12 de diciembre de 2019, la Intendente del Sector Financiero recomienda: “(…) se inicie el proceso de liquidación forzosa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ´Afro Ecuatoriana de la Pequeña Empresa Ltda. Cacaepe´, con número de RUC 0890041388001, por cuanto ha incurrido en las causales previstas en los numerales 8, 11 y 12 del artículo 303 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en concordancia con lo dispuesto en los numerales 8), 10) y 11) del artículo 254 ´Causas de liquidación forzosa´ la Subsección II ´Causales de Liquidación Forzosa´ de la Sección XIII: Norma que Regula las Liquidaciones de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Capítulo XXXVII ´Sector Financiero Popular y Solidario´ del Título II ´Sistema Financiero Nacional´ del Libro I ´Sistema Monetario y Financiero´ de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (…)”;

Que, a través del memorando No. SEPS-SGD-IFMR-2020-0049 de 07 de enero de 2020, el Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución recomienda la designación como liquidador de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AFRO ECUATORIANA DE LA PEQUEÑA EMPRESA LTDA., CACAEPE, a la señora Yelka Patricia Rivas Sabando, titular de cédula de identidad No. 1310422298, servidora de este Organismo de Control;

Que, por medio del memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-0443, de 31 de enero de 2020, la Intendencia General Jurídica emite el informe jurídico respectivo para

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la liquidación forzosa de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AFRO ECUATORIANA DE LA PEQUEÑA EMPRESA LTDA., CACAEPE;

Que, como se desprende de la instrucción agregada en el Sistema de Gestión Documental de esta Superintendencia el 03 de febrero de 2020, en los comentarios del memorando NO. SEPS-SGD-IGJ-2020-0443, la Intendente General Técnica emite su “PROCEDER” para continuar con el proceso de liquidación forzosa;

Que, mediante Resolución No. SEPS-IGJ-2018-001 de 02 de enero de 2018, el Superintendente de Economía Popular y Solidaria delega a la Intendente General Técnico para suscribir las resoluciones de liquidación forzosa de las entidades controladas por la Superintendencia; y,

Que, conforme consta en la Acción de Personal No. 0257 de 14 de febrero de 2020, la Directora Nacional de Administración del Talento Humano, delegada del Superintendente de Economía Popular y Solidaria a través de la Resolución No. SEPS-IGG-2016-090 de 28 de abril de 2016, nombró a Diego Aldáz Caiza para que subrogue las funciones de Intendente General Técnico.

En ejercicio de sus atribuciones legales,

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO.- Liquidar a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AFRO ECUATORIANA DE LA PEQUEÑA EMPRESA LTDA., CACAEPE, con Registro Único de Contribuyentes número 0890041388001, con domicilio en el cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, por encontrarse incursa en la causal de liquidación forzosa prevista en los numerales 8, 11 y 12 del artículo 303 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en concordancia con los numerales 8, 10 y 11 del artículo 254, Subsección II, Sección XIII, Capítulo XXXVII, Título II, Libro I, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.

El plazo para la liquidación será de hasta tres años, contados a partir de la suscripción de la presente Resolución. Durante este tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, la Cooperativa conservará su personalidad jurídica, añadiendo a su razón social las palabras “en liquidación”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Revocar a partir de la presente fecha, todas las autorizaciones que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AFRO ECUATORIANA DE LA PEQUEÑA EMPRESA LTDA., CACAEPE, tuviere para realizar actividades financieras, así como retirar los permisos de funcionamiento que le hubieren sido otorgados.

ARTÍCULO TERCERO.- Designar a la señora Yelka Patricia Rivas Sabando, portadora de la cédula de identidad No. 1310422298, servidora de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, como liquidadora de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AFRO

ECUATORIANA DE LA PEQUEÑA EMPRESA LTDA., CACAEPE, quien no percibirá remuneración adicional por el ejercicio de tales funciones, debiendo posesionarse dentro del término de diez días hábiles contados a partir de la expedición de la presente Resolución.

La liquidadora se posesionará ante el Intendente Zonal 4 y procederá a suscribir, en conjunto con el último representante legal, el acta de entrega-recepción de los bienes, el estado financiero y demás documentos de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AFRO ECUATORIANA DE LA PEQUEÑA EMPRESA LTDA., CACAEPE, conforme lo previsto en el numeral 1) del artículo 59 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y artículo 8 de la Resolución No. SEPS- IGT-IFMR -IGJ-DNN-2016- 070, de 28 de marzo de 2016; y, actuará en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y demás normativa aplicable.

ARTÍCULO CUARTO.- Solicitar a la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, pague el respectivo seguro a los depositantes.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer a la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación Social e Imagen Institucional de esta Superintendencia, la publicación de la presente resolución, en un periódico de amplia circulación del cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, domicilio de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AFRO ECUATORIANA DE LA PEQUEÑA EMPRESA LTDA., CACAEPE.

SEGUNDA.- Disponer a Secretaría General de esta Superintendencia, la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial; así como su inscripción en los registros correspondientes.

TERCERA.- Disponer que el contenido de la presente Resolución, se ponga en conocimiento de la Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas e Intendencia Nacional Administrativa Financiera, para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.

CUARTA.- La presente Resolución regirá a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. De su ejecución y cumplimiento, encárguese la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 19 febrero de 2020.

f.) Diego Aldáz Caiza, Intendente General Técnico (S)

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.- CERTIFICO: 05 de marzo de 2020.- Que el presente documento es FIEL COPIA del original que reposa en los Archivos de esta Superintendencia.- fojas 4, f.) Ilegible.