Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles, 10de Enero de 2018 (R. O. 157, 10-enero -2018)

SUMARIO:

Págs.

FUNCION EJECUTIVA ACUERDOS:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL:

387 Deléguense funciones al señor Director del Hospital General de la II División de Ejército “Libertad”

MINISTERIO DE JUSTICIA,

DERECHOS HUMANOS Y CULTOS:

MJDHC-CGAJ-2017-0011-A Acéptese la solicitud de repatriación del ciudadano ecuatoriano Sánchez Mina Dionicio Octavio

MJDHC-CGAJ-2017-0012-A Refórmese del Estatuto de la Asociación Alfil “HGLBT” Identidades en Diálogo, domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL:

31/2017 Modifíquese la denominación social de la compañía Aerolíneas Galápagos S.A. AEROGAL, por la de AVIANCA-ECUADOR S.A

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DEL AMBIENTE:

202-SUIA Apruébese el Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental del Terminal de Productos Limpios Barbasquillo EP Petroecuador”, ubicado en el cantón Manta, provincia de Manabí

217 Otórguese al GAD Provincial de Pichincha la renovación de la acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, y; autorícese la utilización del sello del Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA……….

MINISTERIO DE INDUSTRIAS

25. PRODUCTIVIDAD:

SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD:

Apruébense y oficialícense con el carácter de voluntarias los siguientes informes y normas técnicas ecuatorianas:

17 565 ITE INEN-ISO/IEC TR 29154 (Ingeniería de software – Guía para la aplicación de ISO/IEC 24773:2008 (Certificación de profesionales de la ingeniería de software – Marco de referencia de comparación) (ISO/IEC TR 29154:2013, IDT)) .. Págs.

17 566 NTE INEN-ISO 3864-2 (Símbolos gráficos — Colores de seguridad y señales de seguridad — Parte 2: Principios de diseño para etiquetas de seguridad del producto (ISO 3864-2:2016, IDT))

17 567 NTE INEN 2901 (Accesorios de desagüe para artefactos sanitarios. Requisitos y métodos de ensayo)

17 568 NTE INEN-ISO 16935 (Vidrio para edificación — Acristalamiento de seguridad resistente a balas — Ensayo y clasificación (ISO 16935:2007 + Cor.1:2008, IDT))

17 569 NTE INEN 3029-11 (Equipamiento de las superficies de juego y áreas recreativas.

Parte 11: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para redes tridimensionales)

FUNCIÓN JUDICIAL

25. JUSTICIA INDÍGENA

CONSEJO DE LA JUDICATURA:

229-2017 Apruébense los informes técnicos y desígnense notarios suplentes a nivel nacional

1. 2017 Créese la Unidad Judicial Multi- competente con sede en el cantón Puerto López, provincia de Manabí; refórmese la Resolución No. 103-2012, de 29 de agosto de 2012; suprímese la Unidad Judicial Especializada Segunda de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Jipijapa, provincia de Manabí; y, refórmese la Resolución No. 236-2014,

de 29 de septiembre de 2014

1. 2017 Créese la Unidad Judicial Multi- competente con sede en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas; y, refórmese la Resolución 192-2014 de 17

de septiembre de 2014

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

25. CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA:

SEPS-IGT-ITICA-IGJ-2017-101 Expídese la norma de control para la apertura, traslado y cierre de oficinas de las cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y cajas centrales

SEPS-IGT-IR-ISF-ITIC-IGJ-2017-103 Expídese la norma de control de las seguridades en el uso de transferencias electrónicas..

No. 387

Patricio Zambrano Restrepo MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

Considerando:

Que, el numeral 17 del artículo 66 de la Constitución de la República, reconoce y garantiza a las personas: “(…) El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. (…).”;

Que, el artículo 154 de la norma ibídem, en el numeral 1, establece: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde:

1. – Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…).”;

Que, el artículo 226 de la norma citada en el considerando precedente, determina: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. (…).”;

Que, los literales b) y m) del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, señalan entre otras atribuciones y obligaciones del Ministro de Defensa Nacional: “b) Ejercer la representación legal del Ministerio de Defensa Nacional y de las Ramas de las Fuerzas Armadas” y “ m) Delegar su representación legal al Subsecretario General, al Jefe del Comando Conjunto Comandantes de Fuerza, subsecretarios y otras autoridades, de conformidad con el Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, para firmar convenios, contratos y desarrollar actos administrativos. ”;Que, la Disposición General Segunda de la Ley Orgánica ibídem, manifiesta: “La Orden General, es el documento oficial del Ministerio de Defensa Nacional, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de las Comandancias Generales de Fuerza, en la que se publican los decretos, acuerdos, resoluciones y más aspectos relacionados con el desenvolvimiento institucional.”;

Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone: “Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.”;

Que, el artículo 117 del Código citado en el considerando precedente, dispone: “Obligaciones.- La obligación se genera y produce afectación presupuestaria definitiva en los siguientes casos:

(…) 2. Cuando se reciban de terceros obras, bienes o servicios adquiridos por autoridad competente, mediante acto administrativo válido, haya habido o no compromiso previo. (—).”;

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, señala: “Delegación de Atribuciones.- Cuando la importancia económica o geográfica de la zona o la conveniencia institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones. En estos documentos se establecerá el ámbito geográfico

o institucional en el cual los funcionarios delegados ejercerán sus atribuciones. Podrán, asimismo, delegar sus atribuciones a servidores públicos de otras instituciones estatales, cumpliendo el deber constitucional de coordinar actividades por la consecución del bien común.»;

Que, los incisos segundo y tercero del artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, señalan: “Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado.

Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial.”;

Que, el artículo 55 de la norma citada en el considerando precedente, manifiesta: “La delegación de atribuciones.-

Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial.

Los delegados de las autoridades y funcionarios de la Administración Pública Central e Institucional en los diferentes órganos y dependencias administrativas, no requieren tener calidad de funcionarios públicos.”;

Que, la Norma de Control Interno N° 200-05 “Delegación de autoridad”, emitida por la Contraloría General del Estado, señala: “La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el establecimiento de políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, objetivos, funciones operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre los sistemas de información y autorizaciones para efectuar cambios.

La delegación defunciones o tareas debe conllevar, no sólo la exigencia de la responsabilidad por el cumplimiento de los procesos y actividades correspondientes, sino también la asignación de la autoridad necesaria, a fin de que los servidores puedan emprender las acciones más oportunas para ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz.

Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación serán consideradas como dictadas por la autoridad delegante. El delegado será personalmente responsable de las decisiones y omisiones con relación al cumplimiento de la delegación.”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 159 de 15 de septiembre de 2017, el Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, nombró a Patricio Zambrano Restrepo, como Ministro de Defensa Nacional;

Que, con Oficio N° 17-CGE-a1-416 de 10 de julio de 2017, el Comandante General de la Fuerza Terrestre informó al Ministro de Defensa Nacional, que en el año

2013. el Hospital General de la II División de Ejército “LIBERTAD”, recibió servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de climatización por parte de la compañía QNET S. A.; y, que en el año 2014 el citado Hospital recibió servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de climatización y reparación de una nevera por parte de la compañía RANKINGCORP S. A., sin que se hayan cumplido los procesos y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General. Por lo que solicita, se autorice la firma de los respectivos convenios de pago para honrar las obligaciones adquiridas, por el valor de USD. 6.945,93 más IVA con la compañía QNET S. A.; y, USD. 7.459,66 más IVA, con la compañía RANKINGCORP S. A.; sin perjuicio que se realice la acción de control -examen especial- por parte de la Dirección de Auditoría Interna del MIDENA; manifestando que de atenderse favorablementela solicitud, se delegue la firma de los convenios de pago al Director del Hospital General de la II División de Ejército “LIBERTAD”;

Que, se cuenta con los requisitos previos para la suscripción de un convenio de pago establecidos por la Procuraduría General del Estado, tales como: a) la existencia de necesidad institucional, que se desprende de los informes de necesidad de 04 de enero de 2013 y 05 de enero de 2014, suscritos por el Jefe de Mantenimiento del Hospital General de la II División de Ejército “LIBERTAD”; b) que los precios pactados son los del mercado a la fecha de ejecución de la prestación de los servicios, requisito cuyo cumplimiento se demuestra con las cotizaciones que tres proveedores presentaron en enero de 2013 y enero de 2014 y el respectivo cuadro comparativo elaborado por el Jefe de Mantenimiento del Hospital General de la II División de Ejército “LIBERTAD”; c) la constancia documentada de que los servicios fueron recibidos a satisfacción, se demuestra con las actas de entrega recepción suscritas el

4. de noviembre de 2013 con la compañía QNET S. A., y el 30 de mayo de 2014 con la compañía RANKIGNCORP S. A.; y, d) que los servicios prestados fueron utilizados en actividades inherentes a Hospital General de la II División de Ejército “LIBERTAD”, lo cual se demuestra con los informes presentados por el Director del Hospital General de la II División de Ejército “LIBERTAD”. En cuanto a la certificación presupuestaria que amparen las obligaciones a asumirse con la firma de los convenios de pago, el Director del Hospital General de la II División de Ejército “LIBERTAD”, previo a la firma del respectivo convenio, deberá obtener la certificación presupuestaria correspondiente;

Que, mediante memorando N° MDN-CAF-2017-0775- ME de 12 de julio de 2017, la Coordinadora General Administrativa Financiera remitió a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la documentación y petición formulada por el Comandante General de la Fuerza Terrestre, solicitando se efectúe la revisión, con el fin de determinar si es procedente la elaboración de los convenios de pago solicitados;

Que, con memorando N°. MDN-JUR-2017-1047-ME de 14 de noviembre de 2017, el Coordinador General de Asesoría Jurídica recomendó que:“(..el señor Ministro emita un Acuerdo Ministerial, mediante el cual delegue a la autoridad que estime pertinente para que realice los trámites legales necesarios y suscriba los convenios de pago para honrar las obligaciones adquiridas por el valor la por el valor de USD. 6.945,93 más IVA con la compañía QNET S. A. por los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de climatización; y, USD. 7.459,66 más IVA, con la compañía RANKINGCORP S. A., por los servicios de mantenimiento preventivo y reparación a los equipos de climatización, así como la reparación de una nevera; debiendo el delegado, previo a la firma del respectivo convenio, obtener la certificación presupuestaria correspondiente.”;

Que, mediante memorando N°. MDN-CAF-2017-1265- ME de 29 de noviembre de 2017, el Coordinador General

Administrativo Financiero, solicitó al señor Ministro de Defensa Nacional: “(…) continuar con el trámite de suscripción de los respectivos instrumentos traslado (sic) a la Fuerza Terrestre y la delegación antes mencionada a través de la Coordinación de Asesoría Jurídica;

Que, con sumilla de 04 de diciembre de 2017, inserta en el memorando señalado en el considerando precedente, textualmente el Ministro de Defensa Nacional, dispuso a la Coordinación General de Asesoría Jurídica “(…) Preparar delegación”; y,

En ejercicio de las atribuciones previstas en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la Ley de Modernización del Estado, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado.

Acuerda:

Art. 1. Delegar al señor Director del Hospital General de la II División de Ejército “LIBERTAD”, para que a nombre y representación del titular de esta Cartera de Estado, realice todos los trámites legales y administrativos necesarios y suscriba los siguientes convenios de pago:

1. Con la compañía QNET S.A., por el valor de USD. 6.945,93 (seis mil novecientos cuarenta y cinco con 93/100 dólares de los Estados Unidos de América) más IVA; por los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de climatización del Hospital General de la II División de Ejército “LIBERTAD”; y, b) Con la compañía RANKINGCORP S.A., por el valor de USD. 7.459,66 (siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 66/100 dólares de los Estados Unidos de América) más IVA, por los servicios de mantenimiento preventivo y reparación a los equipos de climatización, así como la reparación de una nevera del Hospital General de la II División de Ejército “LIBERTAD”. Previo a la firma del respectivo convenio de pago, deberá obtener la certificación presupuestaria correspondiente.

Art. 2. Encárguese la ejecución del presente Acuerdo al señor Director del Hospital General de la II División de Ejército “LIBERTAD”, quien en todo acto o resolución que vaya a ejecutar o adoptar en virtud de la presente delegación, hará constar expresamente esta circunstancia y deberá observar las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y demás normativa vigente aplicable.

Art. 3. La justificación técnica, legal; así como, la fundamentación, condiciones, requisitos y trámites para la ejecución de los actos administrativos que se lleven a cabo en virtud del presente Acuerdo, serán responsabilidad del señor Director del Hospital General de la II División de Ejército “LIBERTAD”; y, de los funcionarios y servidores públicos que intervengan en el proceso, quienes responderán por cualquier falta por acción u omisión.

Art. 4. El delegado tendrá la obligación de informar a esta Cartera de Estado, a través de la Coordinación General de Asesoría Jurídica, de las acciones tomadas en ejercicio de la presente delegación.

Art. 5. Póngase en conocimiento de los señores Comandante General de las Fuerzas Terrestre y Director del Hospital General de la II División de Ejército “LIBERTAD”, el presente Acuerdo Ministerial, para que en el ámbito de sus competencias, le den el trámite correspondiente.

Art. 6 El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en la Orden General Ministerial y en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 18 de diciembre de 2017.

f.) Patricio Zambrano Restrepo, Ministro de Defensa Nacional.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.-

DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL.- Certifico que este documento es fiel copia del original.- Quito, 19 de diciembre de 2017.- f.) Ilegible, Dirección de Secretaría General.

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CERTIFICO.- Que una vez verificada la documentación por parte de la Servidora Pública Aída Toapanta responsable de dicha actividad en la “Certificación de Documentos”, en

5. (cinco) fojas útiles que anteceden, contiene fiel copia del original del “ACUERDO MINISTERIAL No. 387 de fecha 18 de diciembre de 2017”, publicado en Orden General Ministerial No. 180 de fecha 18 de diciembre de 2017, el mismo que reposa en el Archivo de la Dirección de la Secretaría General de esta Cartera de Estado.

Quito, D.M. 19 de diciembre de 2017.

f.) Dra. Caty Moreno Oliva, Directora de Secretaría General.

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

Nro. MJDHC-CGAJ-2017-0011-A

Sra. Dra. Emma Francisca Herdoíza Arboleda COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 señala que: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución (…)”;

Que, el artículo 11 de la Carta Magna, establece que el ejercicio de los derechos se regirán entre otros por lo determinado en el siguiente principio, numeral 5 señala: “(…) en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.”;

Que, el artículo 35 de la Norma Suprema, establece que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado;

Que, la Constitución, dispone en el artículo 154 que las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: “1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

Que, mediante el convenio bilateral “Tratado para Traslado de Personas Sentenciadas entre Ecuador y Cuba”, suscrito el 23 de diciembre de 2013 y en atención a la aceptación para la aplicación provisional notificada mediante Nota Diplomática en virtud del artículo 25, inciso b, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del cual ambos países son adscritos;

Que, en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 180 de 10 de febrero del 2014 se publica el Código Orgánico Integral Penal, mismo que entró en vigencia después de ciento ochenta días contados a partir de su publicación en el mencionado registro, los artículos 727 y siguientes determinan el procedimiento de repatriación de personas condenadas o privadas de la libertad en diferentes Centros penitenciarios;

Que, la norma antes señalada, en su artículo 727 señala que: “Las sentencias de la jurisdicción nacional, en las que se impongan penas privativas de libertad podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado. Así mismo, las sentencias de justicia penal extranjera que impongan penas privativas de libertad a ecuatorianos, podrán ser ejecutadas en el Ecuador, de conformidad con los instrumentos internacionales o al amparo del principio de reciprocidad internacional”;

Que, el artículo 728 de la norma ibídem, en su numeral

1. expresa que: “Corresponderá decidir el traslado de la persona sentenciada al Ministerio rector en materia de justicia y derechos humanos, decisión que se pondrá en conocimiento del Juez de Garantías Penitenciarias para su ejecución”;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, dispone que losMinistros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 220 de 27 de noviembre de 2007, el Presidente Constitucional de la República, creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que, con Decreto Ejecutivo Nro. 410 de 30 de junio de

1. publicado en el Registro Oficial No. 235 de 14 de julio de 2010, el Presidente Constitucional de la República cambió la denominación de: «Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” por la de: «Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 592 de 22 de diciembre de 2010, publicado en el Registro Oficial Nro. 355 de 05 de enero de 2011, el Presidente Constitucional de la República, designó al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Autoridad Central para el conocimiento y aplicación de todos los convenios que sobre materia de traslado de personas sentenciadas, cumplimiento de sentencias penales en el exterior, o de repatriaciones, sea suscriptor el Ecuador, o llegare a serlo en el futuro;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, se nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

Que, el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la ley;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1266 de fecha 04 de julio de 2016, la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delega a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la suscripción de Acuerdos Ministeriales para la repatriación de ciudadanos extranjeros y nacionales privados de libertad que se encuentra cumpliendo sus condenas dentro y fuera del país, previo cumplimiento de requisitos;

Que, con acción de personal Nro. 002980 de fecha 12 de junio de 2017, la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, nombra como Coordinadora General de Asesoría Jurídica a la doctora Emma Francisca Herdoiza Arboleda;

Que, mediante sentencia ejecutoriada de fecha 9 de febrero de 2015, el Tribunal Provincial Popular de la Habana, impuso al ciudadano ecuatoriano DIONICIO OCTAVIO SANCHEZ MINA, la pena de dieciocho (18) años de privación de libertad por el delito de tráfico internacional de drogas.

Que, mediante Acta de Manifiesto de Voluntad de fecha 31 de agosto de 2015, suscrita por el ciudadano ecuatoriano Sánchez Mina Dionicio Octavio, ante el Ministerio del Interior de Cuba, solicita el traslado del Centro Penitenciario La Condesa- Cuba a un Centro de privación de libertad de Ecuador.

Que, consta en el expediente el informe jurídico del 25 de febrero de 2015, suscrito por Deisy Delgado Yabona, Secretaria de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de la Habana, mediante el cual informa que el ciudadano ecuatoriano Sánchez Mina Dionicio Octavio, por sentencia número 526 de 2014, recaída en la causa número 282 de 2014, de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado en función de lo penal, fue sancionada por el Delito de Tráfico Internacional de Drogas, a 18 años de privación de libertad;

Que, mediante Resolución No. 159 de 21 de septiembre de

1. la Ministra de Justicia de Cuba, María Esther Reus González, manifiesta que el Gobierno cubano ha aprobado el traslado del ciudadano ecuatoriano Sánchez Mina Dionicio Octavio, para que cumpla el resto de su condena privativa de libertad en un Centro carcelario del Ecuador;

Que, mediante informe médico se diagnóstica que el connacional Sánchez Mina Dionicio Octavio, goza de buena salud;

Que, consta en el expediente de repatriación la partida de nacimiento con lo que se demuestra que el ciudadano Sánchez Mina Dionicio Octavio, es nacional del Ecuador;

Que, mediante memorando Nro. MJDHC -DAI-2017- 0002-M del 12 de octubre de 2017, dirigido a la señora Coordinadora General de Asesoría Jurídica, la Directora de Asuntos Internacionales le informa que el expediente del ciudadano ecuatoriano Sánchez Mina Dionicio Octavio, cumple con los requisitos y condiciones establecidas en el Convenio de Traslado de Personas Sentenciadas entre Ecuador y Cuba y en la normativa legal vigente de la República del Ecuador, por lo cual sugiere su traslado;

Que, conforme consta en los informes técnicos del expediente esta cartera de Estado considera que la repatriación del ciudadano ecuatoriano Sánchez Mina Dionicio Octavio, responde a cuestiones humanitarias, dado que la reunificación familiar, la convivencia en un ambiente propio de dicho connacional contribuirá a su efectiva rehabilitación; y,

En ejercicio de las facultades que confiere el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; 727 y 728 del Código Orgánico Integral Penal; y, el Acuerdo Ministerial N° 1266 de fecha 04 de julio de 2016;

Acuerda:

Artículo 1.- Aceptar la solicitud de repatriación del ciudadano ecuatoriano Sánchez Mina Dionicio Octavio,con cédula de ciudadanía No. 0803529973 y disponer que sea trasladado a un Centro de Rehabilitación Social en territorio ecuatoriano, donde continuará cumpliendo el resto de su condena privativa de libertad.

Artículo 2.- Respecto a la situación procesal y beneficios, se aplicará de conformidad al artículo 15 del “Tratado para Traslado de Personas Sentenciadas entre Ecuador y Cuba”, suscrito el 23 de diciembre de 2013.

Artículo 3.- Disponer a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, realice todas las acciones tendientes a la plena ejecución del presente acuerdo así como la notificación al Juez de Garantías Penitenciarias.

Artículo 4.- Recibir la custodia del ciudadano Sánchez Mina Dionicio Octavio, en territorio de la República de Cuba, por parte de las autoridades competentes ecuatorianas, quienes a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, asistidos por delegados de la Oficina Nacional Central de INTERPOL, coordinarán todo cuanto fuere necesario para la entrega respectiva del ciudadano mencionada, con el fin de dar fiel cumplimiento a la ejecución de dicho traslado.

Artículo 5.- Notificar el presente Acuerdo Ministerial al ciudadano ecuatoriano Sánchez Mina Dionicio Octavio, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Interpol de Ecuador, al Viceministerio de Atención de Personas Privadas de Libertad, así como a las Autoridades del Ministerio de Justicia de Cuba, quienes presentarán las facilidades necesarias para el cumplimiento inmediato de la presente repatriación.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Por delegación de la señora Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, suscribo,

Dado en Quito, D.M. , a los 13 día(s) del mes de Octubre de dos mil diecisiete.

Documento firmado electrónicamente

Sra. Dra. Emma Francisca Herdoíza Arboleda, Coordinadora General de Asesoría Jurídica.

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, certifico que a foja (s) 1-4; es (son), fiel copia (s) del Acuerdo Ministerial No. MJDHC-CGAJ-2017-0011-A, de 13 de octubre de 2017, que se encuentra en el Sistema de Gestión Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

Quito, catorce de diciembre de 2017.

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Nro. MJDHC-CGAJ-2017-0012-A

Sra. Dra. Emma Francisca Herdoiza Arboleda

COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA – DELEGADA DE LA MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

Considerando:

Que la Carta Magna en su artículo 154 determina que, corresponde a los Ministros de Estado en la esfera de sus competencias expedir las normas, acuerdos y resoluciones que sean necesarias para la gestión ministerial;

Que el artículo 17 del ERJAFE, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial;

Que el artículo 55 del ERJAFE, establece que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 220 de 27 de noviembre de 2007, se creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 410, publicado en el Registro Oficial No. 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente de la República, cambia la denominación de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la de “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.”;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de octubre de 2017, se expide el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales;

Que el artículo 7 del Decreto Ejecutivo ibídem, señala que para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales sin fines de lucro, que voluntariamente lo requieran, las instituciones competentes del Estado de acuerdo a sus competencias específicas, observarán que los actos relacionados con la constitución, aprobación, reforma y codificación de estatutos, disolución, liquidación, registroy demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las organizaciones sociales, se ajusten a las disposiciones constitucionales, legales y al presente Reglamento;

Que el artículo 14 del Decreto Ejecutivo ibídem, señala textualmente lo siguiente: “Requisitos y procedimiento.- Para la reforma del estatuto, las organizaciones comprendidas en el presente Reglamento ingresarán la solicitud pertinente a la institución competente del Estado acompañando la siguiente documentación: 1. Acta de la asamblea en la que se resolvió las reformas a los estatutos debidamente certificada por el Secretario con indicación de los nombres y apellidos completos de los miembros presentes en la asamblea; y, 2. Lista de reformas al estatuto. (…)”;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República, señor Lenín Moreno Garcés, nombró como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 0272 de 10 de agosto de 2006, el entonces Subsecretario de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Bienestar Social, doctor Nicolás Naranjo Borja, aprobó el estatuto y concedió personalidad jurídica a la Asociación ALFIL “HGLBT” “Identidades en Diálogo”, como una entidad de derecho privado sin fines de lucro, regulada por la Constitución de la República, el Código Civil y por las disposiciones constantes en su estatuto;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 0082 de 28 de agosto de 2013, la máxima Autoridad del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, acordó: «Art. 2.- Delegar a el/la Coordinadora/a de Asesoría Jurídica la siguiente facultad: Suscribir Acuerdos Ministeriales relativos a la aprobación de personalidad jurídica, reforma de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones civiles, regidas por el Título XXX del Libro Primero del Código Civil y el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas”;

Que mediante Acción de Personal No. 002980 de 12 de junio de 2017, la doctora Rosana Alvarado Carrión, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, nombró como Coordinadora General de Asesoría Jurídica, a la doctora Emma Francisca Herdoíza Arboleda;

Que Una vez revisados los objetivos y fines establecidos en el estatuto de la Asociación ALFIL “HGLBT” Identidades en diálogo, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, realiza la recepción de competencia del expediente administrativo de la organización con oficio No. MJDHC- CGAJ-2017-0085-O de 13 de julio de 2017.

Que mediante solicitud ingresada en esta cartera de Estado con documento No. MJDHC-CGAF-DSG-2017-11307-E de 15 de Septiembre de 2017, suscrita por el Señor Ricardo Javier Erazo Chamorro, representante legal de la Asociación ALFIL “HGLBT” Identidades en Diálogo, solicita la aprobación de la reforma del estatuto de la mencionada organización;

Que mediante memorando No. MJDHC-CGAJ-DAJ- 2017-0494-M de 19 de octubre 2017, la Directora de Asesoría Jurídica comunicó a la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal aplicable, por parte de la Asociación ALFIL “HGLBT” Identidades en Diálogo , para la aprobación de la primera reforma de su estatuto; y,

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 154, numeral 1) de la Constitución de la República del Ecuador; los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); en concordancia con los artículos 7 y 14 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, y, al Acuerdo Ministerial No. 0082 de 28 de agosto de 2013,

Acuerda:

Artículo 1.- Aprobar la primera reforma del estatuto de la Asociación ALFIL “HGLBT” Identidades en Diálogo, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, discutida y aprobada en Asamblea General Ordinaria de 21 de mayo de 2017.

Artículo 2.- Registrar la presente reforma del estatuto de la Asociación ALFIL “HGLBT” Identidades en Diálogo,

dentro del expediente administrativo de la entidad.

Artículo 3.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, podrá ordenar la cancelación del registro de la Asociación ALFIL “HGLBT” Identidades en Diálogo,

de comprobarse las causales establecidas en el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 193 de 23 de octubre de 2017, o la norma que regula este proceso al momento de haber incurrido en la causal.

Artículo 4.- Disponer a la Secretaría General de esta cartera de Estado, notificar a la Asociación ALFIL “HGLBT” Identidades en Diálogo, con el presente Acuerdo Ministerial.

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.-

Por delegación de la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, suscribo, Dado en Quito, D.M., a los

7. día(s) del mes de Noviembre de dos mil diecisiete.

Documento firmado electrónicamente

Sra. Dra. Emma Francisca Herdoiza Arboleda, Coordinadora General de Asesoría Jurídica – Delegada de la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos yCultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), fiel copia (s) del Acuerdo Ministerial No. MJDHC-CGAJ-2017-0012-A, de

7. de noviembre de 2017, que se encuentra en el Sistema de Gestión Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

Quito, catorce de diciembre de 2017.

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

No. 31/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Considerando:

Que, mediante Acuerdo No. 023/2016 de 26 de octubre del 2016, el Consejo Nacional de Aviación Civil, renovó y modificó a la compañía AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A. AEROGAL, el Permiso de Operación para la prestación del servicio de transporte aéreo público, internacional, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada;

Que, con oficio Nro. AV-PE/531-2017 de 24 de noviembre de 2017, la Gerente Legal y como tal Representante Legal de la compañía denominada antes AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A. AEROGAL ahora AVIANCA-ECUADOR S.A., indica y solicita lo siguiente:

“…La compañía Aerolíneas Galápagos S.A. Aerogal mantiene actualmente el siguiente permiso de operación:

Acuerdo No. 023/2016 de 26 de Octubre 2016 Permiso de operación para la prestación del servicio de transporte aéreo público internacional regular de pasajeros carga y correo, en forma combinada.

Mediante escritura pública de 29 de septiembre de 2017 celebrada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mecantil del mismo cantón el 9 de noviembre del año en curso, se ha procedido con el cambio de razón social de la compañía Aerolíneas Galápagos S.A. Aerogal por el de AVIANCA-ECUADOR SA cuyo nombre comercial es AVIANCA.

Con estos antecedentes me permito SOLICITAR se sirva autorizar la modificación del permiso de operación anteriormente citado, sustituyendo únicamente la denominación por la de AVIANCA-ECUADOR S.A, Vale la pena resaltar, como consta en la copia certificada que me permito adjuntar a la presente solicitud, que no existe ninguna variación accionaria, ni financiera, manteniéndose el mismo número de identificación RUC 179072723001, siendo la misma persona jurídica, manteniendo las mismas escrituras de constitución y sus consecuentes reformas, incluyendo esta última que reemplaza la denominación de Aerolíneas Galápagos S.A. Aerogal por el de AVIANCA- ECUADOR.

La presente solicitud la presentamos con carácter de URGENCIA de acuerdo a lo establecido en el artículo 120 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo ERJAFE…”;

Que, con memorando Nro. DGAC-AB-2017-1246-M de 27 de noviembre de 2017, se elevó a conocimiento del señor Director General de Aviación Civil, la solicitud presentada por la compañía AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A. AEROGAL, adjuntando el Extracto para su legalización y posterior publicación en la Página Web del CNAC;

Que, con oficio Nro. DGAC-AB-2017-0147-O de 30 de noviembre de 2017, se notificó por escrito a las aerolíneas que operan en el indicado servicio, respecto de la solicitud de modificación del Permiso de Operación presentada por la compañía AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A. AEROGAL;

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica, con memorando Nro. DGAC-AE-2017-1798-M recibido el 04 de diciembre de 2017, presenta su informe en cuyo análisis, conclusión y recomendación indica que el cambio de denominación social, no significa transferencia de dominio ni cesión de derechos, ya que la compañía seguirá siendo la misma persona jurídica con otro nombre, mantendrán el mismo RUC, las mismas escrituras de constitución y sus reformas; que la solicitud cumple con los requisitos de orden legal previstos en el Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo y recomienda que por no existir inconveniente se autorice la modificación del Permiso de Operación internacional, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada, de la compañía antes denominada AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A. AEROGAL ahora AVIANCA ECUADOR S.A., por cumplidos los requisitos de orden legal;

Que, con memorando memorando Nro. DGAC-AX- 2017-0460-M de 04 de diciembre de 2017, el Director de Comunicación Social Institucional, informa que el Extracto de la solicitud de modificación del Permiso de Operación, Internacional, Regular, presentado por la compañía AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A. AEROGAL, ya se encuentra publicado en el portal electrónico de la Institución, en la Sección Biblioteca/ Consejo Nacional de Aviación Civil/Solicitudes que se tramitan en la Secretaria del CNAC/2017;

Que, la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica, con memorando Nro. DGAC-OX-2017- 2596-M de 04 de diciembre de 2017, presenta su informe técnico económico, concluyendo que no existe inconveniente de orden técnico para que se proceda a la modificación del permiso de operación, con el fin de cambiar la denominación de AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A. AEROGAL a AVIANCA ECUADOR S.A., en razón de que no existe variación accionaria, ni financiera, manteniéndose el mismo número de identificación RUC 179072723001, siendo la mismapersona jurídica, manteniendo las mismas escrituras de constitución y sus consecuentes reformas, por lo que recomienda que en la Resolución que se expida se considere en el Artículo referente a los itinerarios de la aerolínea, conforme lo establece la nueva Resolución de Itinerarios, Resolución DGAC-No. DGAC-YA-2017-0170-R de 27­11-2017; y, que la compañía AVIANCA-ECUADOR

S.A., en un tiempo prudencial deberá modificar su AOC, Especificaciones operacionales y toda la documentación técnica aplicable, como explotador y posteriormente remitir a la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica, para su aceptación o aprobación;

Que, la Dirección de Secretaría General, presentó el informe unificado con memorando Nro. DGAC-AB-2017- 1287-M de 07 de diciembre de 2017, en cuyo análisis se indica que de conformidad con el Art. 33 del Reglamento de la materia párrafos penúltimo y último determina, que en los casos no contemplados en el presente artículo, el Consejo Nacional de Aviación Civil o el delegado de dicho Organismo, puede resolver estas solicitudes de modificación atendiendo el interés público. En el presente caso la compañía peticionaria ha justificado el motivo de la modificación y ha presentado la Segunda Copia de la Escritura de cambio de denominación y reforma de Estatutos de la compañía denominada AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A. AEROGAL por AVIANCA-ECUADOR S.A., celebrada en la Notaría Décimo Segunda del Cantón Quito, a cargo de la Dra. María del Pilar Flores Flores, el 29 de septiembre del 2017 y legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el 06 de octubre del 2017 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 09 de noviembre del 2017; y, el Art. 31 que establece, que para obtener la renovación o modificación de un permiso de operación, se observará el mismo trámite previsto para su otorgamiento, trámite que ha sido observado y cumplido; por lo que se concluye y recomienda que se ha agotado todo el trámite y que por no existir objeción alguna, se otorgue la modificación solicitada para sustituir la denominación social de la compañía AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A. AEROGAL, por la de AVIANCA- ECUADOR S.A. e incluir en el Artículo 3 referente a los itinerarios de la aerolínea, la Resolución de Itinerarios No. DGAC-YA-2017-0170-R de 27-11-2017;

Que, el señor Presidente Constitucional de la República, mediante Decreto Ejecutivo No. 156, de 20 de noviembre de 2013, reorganiza al Consejo Nacional de Aviación Civil y a la Dirección General de Aviación Civil;

Que, mediante RESOLUCIÓN No. 001/2013, de 24 de diciembre de 2013, el pleno del Consejo, delegó ciertas atribuciones al Director General de Aviación Civil, entre ellas, la prevista en el ARTÍCULO 1.- “Delegar al Director General de Aviación Civil, la facultad de resolver las solicitudes para modificar o suspender temporal y parcialmente las Concesiones y Permisos de operación otorgados por el Consejo Nacional de Aviación Civil, cumpliendo con los requisitos establecidos en la reglamentación de la materia”;

Que, en virtud del Decreto No. 1277 de 16 de diciembre de

1. se nombra al señor ingeniero Luis Ignacio Carrera Muriel, como Director General de Aviación Civil;

Que, con Resolución No. 017/2014, de 22 de octubre del 2014, el Consejo Nacional de Aviación Civil, Expide el Reglamento de Permisos de Operación para la Prestación de los Servicios de Transporte Aéreo, mismo que ha sido publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 397, de 16 de diciembre del 2014; y,

Con base a la delegación realizada en la RESOLUCIÓN No. 001/2013, de 24 de diciembre de 2013, el Director General de Aviación Civil

Acuerda:

ARTÍCULO 1.- MODIFICAR la denominación social de la compañía AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A. AEROGAL, que consta en el Acuerdo No. 023/2016 de 26 de octubre del 2016, mediante la cual se renovó y modificó su permiso de operación para la prestación del servicio de transporte aéreo público, internacional, regular, de pasajeros, carga y correo, en forma combinada, sustituyendo su denominación de AEROLÍNEAS GALÁPAGOS S.A. AEROGAL por la de AVIANCA- ECUADOR S.A.

En todo el texto del Acuerdo No. 023/2016 que haga referencia a la denominación únicamente “La aerolínea”, se entenderá como AVIANCA-ECUADOR S.A.

La compañía AVIANCA-ECUADOR S.A., deberá modificar su AOC, Especificaciones Operacionales y toda la documentación técnica aplicable y remitirla a la Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica para su aceptación o aprobación.

ARTÍCULO 2.- MODIFICAR el texto del ARTÍCULO

3 del Acuerdo No. 023/2016 de 26 de octubre del 2016, por el siguiente:

“ARTÍCULO 3.- Los itinerarios de “la aerolínea” deberán sujetarse a las rutas y frecuencias establecidas en este permiso de operación y serán presentadas a la Dirección General de Aviación Civil para su aprobación, conforme lo establece la nueva Resolución Nro. DGAC-YA-2017- 0170-R de 27 de noviembre de 2017, en la cual se expide las “DISPOSICIONES PARA LA APROBACIÓN, CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE ITINERARIOS””.

ARTÍCULO 3.- Salvo lo dispuesto en los artículos precedentes, los demás términos y condiciones del Acuerdo No. 023/2016 de 26 de octubre del 2016, se mantienen vigentes y sin ninguna modificación.

ARTICULO 4.- Del cumplimiento de la presente modificación del Permiso de Operación otorgado mediante este Acuerdo, encárguese a la Dirección General de Aviación Civil, a través de los respectivos procesos institucionales.omuníquese, notifíquese y publíquese.- Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, 07 de diciembre de 2017.

f.) Ing. Luis Ignacio Carrera Muriel, Director General de Aviación Civil.

CERTIFICO: Que expidió y firmó el Acuerdo que antecede, el Ingeniero Luis Ignacio Carrera Muriel, Director General de Aviación Civil, en Quito, Distrito Metropolitano, 07 de diciembre de 2017.

Lo certifico.

f.) Dra. Rita Huilca Cobos, Directora de Secretaria General de la DGAC.

RAZÓN: En Quito a, 07 de diciembre de 2017. Notifiqué el contenido del Acuerdo No. 31/2017 a la compañía AVIANCA-ECUADOR S.A. y en el correo electrónico “[email protected]” .- CERTIFICO:

f.) Dra. Rita Huilca Cobos, Directora de Secretaria General de la DGAC.

POR COMPAÑÍA AVIANCA-ECUADOR S.A. f.) Ilegible.

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SECRETARÍA GENERAL

CERTIFICACIÓN

Yo: Doctora Rita Mila Huilca Cobos, en mi calidad de Directora de Secretaría General de la Dirección General de Aviación Civil, siendo una de mis atribuciones como responsable del proceso, el “Otorgar certificaciones a petición de parte o por disposición de Autoridada Competente”, como lo determina el «Artículo 4.-” de la Resolución No. 238/2010 de 30 de agosto del 2010, mediante la cual se Reforma el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Dirección General de Aviación Civil, y dando atención a la petición realizada con memorando Nro. DGAC-AB-2017-1298-M de 12 de diciembre de 2017, suscrito por la señorita Mary Sánchez Sánchez, Secretaria, que indica que requiere copia Certificada del Acuerdo No. 31/2017 de 07 de diciembre del 2017, otorgado a favor de la compañía AVIANCA- ECUADOR S.A., a fin de remitir para su publicación en el Registro Oficial, CERTIFICO: que el Acuerdo No. 31/2017 de 07 de diciembre del 2017, emitido por el Director General de Aviación Civil que antecede, contenido en cuatro fojas útiles, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que reposa en el Archivo Activo de esta Dirección de Secretaría General.

Quito D.M., 14 de diciembre de 2017.

f.) Dra. Rita Mila Huilca Cobos, Directora de Secretaría General de la Dirección General de Aviación Civil.

No. 202-SUIA

Ing. Jorge Enrique Jurado Mosquera SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador señala como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividad el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

Que, el artículo 19 de laLey de GestiónAmbiental establece que las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio;

Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente;

Que, el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental establece que toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos de participación social, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación, entre el sector público y el privado;

Que, el artículo 29 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado, que pueda producir impactos ambientales;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 de 08 de mayo de 2008, se expidió el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, en cuyo artículo 6 señala: La participaciónsocial tiene por objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 849, publicado en el Registro Oficial No. 522 de 29 de agosto de 2011, señala que la Ministra del Ambiente, por tratarse de su ámbito de gestión, expedirá mediante Acuerdo Ministerial, las normas que estime pertinentes para sustituir el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en la Edición Especial número 2 del Registro Oficial de 31 de marzo de 2003;

Que, el artículo 44 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que la participación social se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 076 de fecha 14 de julio de 2016, el Ministro del Ambiente delega a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente la facultad para conocer y suscribir las Resoluciones mediante las cuales se concede, se suspende y se revoca Licencias Ambientales, así como todos los actos administrativos que se deriven del mismo; previa revisión y control del cumplimiento de la normativa ambiental que regula los requisitos y procedimientos para este tipo de autorizaciones y, en especial, de la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental de los respectivos proyectos, obras o actividades;

Que, mediante Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el 09 de julio de 2014, EP PETROECUADOR, registró el proyecto: “TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO EP PETROECUADOR”, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, con código SUIA MAE-RA-2014-95094;

Que, mediante Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el 09 de julio de 2014, EP PETROECUADOR, ingreso las coordenadas para la emisión del certificado ambiental del proyecto: “TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO EP PETROECUADOR”, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, de código SUIA MAE-RA-2014-95094;

Que, mediante oficio No. MAE-SUIA-RA- DNPCA-2014-20082 de 23 de julio de 2014, la

Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, emitió el certificado de intersección al proyecto: “TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO EP PETROECUADOR”, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, y concluyo, que no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), y Patrimonio Forestal del Estado (PFE)”, cuyas coordenadas son las siguientes:

SHAPE

X

Y

TIPO

1

526646

9895760

polígono

2

527133

9895732

polígono

3

527184

9895498

polígono

4

527008

9894698

polígono

5

525952

9894966

polígono

6

526529

9895686

polígono

7

526646

9895760

polígono

Sistema WGS84, Zona 17S

Que, mediante Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el 28 de lagosto de 2014, EP PETROECUADOR, adjunto los términos de referencia del proyecto: “TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO EP PETROECUADOR”, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, de código SUIA MAE-RA-2014-95094, para revisión, análisis y pronunciamiento;

Que, mediante oficio No. MAE-SUIA-RA- DNPCA-2014-20155 de 17 de septiembre de 2014 y en base al Informe Técnico No. 521-14-ULA-DNPCA-SCA- MA de 17 de septiembre de 2014 y luego de efectuado el análisis de la documentación remitida se concluyó que el documento no cumple con los requerimientos establecido en el manual de Categoría IV y normativa aplicable, por lo que la Dirección Nacional de Prevención y Contaminación Ambiental, observa los términos de referencia, debiendo el promotor corregir, completar o aclarar la información en un plazo de máximos de 90 días;

Que, mediante Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el 02 de diciembre de 2014, EP PETROECUADOR, adjunto las respuestas a las observaciones remitidas a los términos de referencia del proyecto: “TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO EP PETROECUADOR”, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, de código SUIA MAE-RA-2014-95094, para revisión, análisis y pronunciamiento;

Que, mediante oficio No. 00044-17-2014-LA-SCA-MAE de 12 de diciembre de 2014, y en base al Informe Técnico No. 744-14-ULA-DNPCA-SCA-MA de 11 de diciembre de 2014, la Subsecretaría de Calidad Ambiental concluyó que la información presentada, cumple con lo establecido en el manual de categoría IV y normativa ambiental aplicable, por lo que el MINISTERIO DEL AMBIENTE DEL ECUADOR, aprueba los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto TERMINALDE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO EP PETROECUADOR”, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta;

Que, mediante oficio No. 10026-GAM-2015 de 16 de abril de 2015, EP PETROECUADOR, de conformidad a lo dispuesto en el Instructivo al Reglamento de Aplicación a los Mecanismo de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 036 de 15 de julio de 2013, Art. 2.”El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en todos los proyecto a o actividades que requieran de licencia ambiental tipo II, III y IV”, y en el Art. 8. “El facilitador Socio-ambiental será designado por la Autoridad Ambiental competente a partir del ingreso de la solicitud del proponente del proyecto”, solicitó se designe un Facilitador para el Proceso de Participación Social del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental Expost del Terminal de Productos Limpios Barbasquillo.

25. adjuntó la siguiente documentación de respaldo:

• Copia transferencia pago tasa ministerial,
• EIA Expost preliminar,
• Listado de actores sociales;

Mecanismo de Participación Social

Fecha

Hora

Lugar

Comunidad / Parroquia

Provincia

Mecanismo 1ero – Asamblea Pública

19-06-2015

18H30

Espacio Comunal, Urbanización Manta Beach

Manta

Manabí

Mecanismo 2do – Centro de Información Pública CIPs

12-06-2015 al 26-06-2015

12H00 a 18H00

Entrada de la Urbanización Altos de Manta Beach (CIP fijo)

Manta

Manabí

19-06-2015 al 22-06-2015

08H00 a 12H00

Entrada principal de la Urbanización Manta Beach (CIP itinerante)

Manta

Manabí

23-06-2015 al 26-06-2015

08H00 a 12H00

Entrada principal de la Urbanización Ciudad del Sol (CIP itinerante)

Manta

Manabí

Mecanismo 3ero – Recepción de criterios y observaciones

N/A

N/A

f.auaman.facilitador.mae@amail.

com

N/A

N/A

Medio de convocatoria 4to – Disposición del EslA y PMA

N/A

N/A

http://maecalidadambiental.

wordpress.com

N/A

N/A

Mecanismo de convocatoria 5to – Invitaciones personales

Hasta el 11-06­2015

N/A

N/A

Manta

Manabí

Medio de convocatoria 6to – Prensa escrita, Diario La Marea

11-06-2015 19­06-2015

N/A

N/A

Manta

Manabí

Medio de convocatoria 7mo – Modelo FM

11-06-2015

1. 06-2015
2. 06-2015

N/A

N/A

Manta

Manabí

Que, mediante Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el 17 de abril de 2015, EP PETROECUADOR, adjunto el borrador del “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DEL TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO”, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, de código SUIA MAE-RA-2014-95094;

Que, mediante Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el 14 de septiembre de 2015, EP PETROECUADOR, adjunto el Informe de Sistematización del proceso de Participación Social del proyecto: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DEL TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO”, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, de código SUIA MAE-RA-2014-95094, para revisión, análisis y pronunciamiento;

Que, mediante Informe Técnico No. 385-2015-PS- DNPCA-MAE de 31 de agosto de 2015, la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, una vez concluido el análisis y la evaluación técnica del proceso de Participación Social, estableció que las acciones desarrolladas por el Promotor del Proyecto, y por la facilitadora socio ambiental designada para la conducción y sistematización del proyecto, se ajustaron a los requerimientos técnicos e institucionales contemplados para la ejecución del PPS, y reconoció válido el informe final del proceso de participación social del borrador del Estudio de Impacto Ambiental Expost del proyecto Estación de Productos Limpios Barbasquillo EP PETREOCUADOR; por lo que, establece que el proceso de participación social cumple conforme al Decreto Ejecutivo No. 1040, y el Acuerdo Ministerial No. 066; de esta manera, cierra el expediente del informe final del proceso de Participación Social del borrador del Estudio de Impacto Ambiental Expost del proyecto Estación de Productos Limpios Barbasquillo EP PETROECUADOR. Los mecanismos implementados se describen a continuación:

Que, mediante Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el 16 de octubre de 2015, EP PETROECUADOR, adjunta el “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DEL TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO”, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, de código SUIA MAE-RA-2014-95094, para revisión, análisis y pronunciamiento;

SHAPE

X

Y

TIPO

ZONA

DESCRIPCION

1

526816,85

9894748,92

polígono

17s

Inicio del levantamiento

2

527011,99

9894696,23

polígono

17s

terminal Barbasquillo

3

527162,03

9894993,47

polígono

17s

terminal Barbasquillo

4

527233,32

9895338,64

polígono

17s

terminal Barbasquillo

5

527180,58

9895520,38

polígono

17s

terminal Barbasquillo

6

527134,57

9895730,47

polígono

17s

terminal Barbasquillo

7

526964,87

9895709,86

polígono

17s

terminal Barbasquillo

8

526846,64

9895722,13

polígono

17s

terminal Barbasquillo

9

526825,04

9895710,69

polígono

17s

terminal Barbasquillo

10

526749,49

9895729,03

polígono

17s

terminal Barbasquillo

11

526680,89

9895778,58

polígono

17s

terminal Barbasquillo

12

526640,87

9895764,80

polígono

17s

terminal Barbasquillo

13

526641,33

9895706,17

polígono

17s

terminal Barbasquillo

14

526452,31

9895659,64

polígono

17s

terminal Barbasquillo

15

526400,71

9895660,28

polígono

17s

terminal Barbasquillo

16

526311,56

9895649,93

polígono

17s

terminal Barbasquillo

17

526259,78

9895657,81

polígono

17s

terminal Barbasquillo

18

526192,43

9895583,70

polígono

17s

terminal Barbasquillo

19

526177,19

9895379,43

polígono

17s

terminal Barbasquillo

20

526147,77

9895324,09

polígono

17s

terminal Barbasquillo

21

526075,05

9895216,11

polígono

17s

terminal Barbasquillo

22

525955,23

9894960,10

polígono

17s

terminal Barbasquillo

23

526089,27

9894892,68

polígono

17s

terminal Barbasquillo

24

526233,85

9894921,08

polígono

17s

terminal Barbasquillo

25

526566,19

9894910,56

polígono

17s

terminal Barbasquillo

26

526816,85

9894748,92

polígono

17s

Punto de cierre

Que, mediante Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el 21 de julio de 2016, EP PETROECUADOR, adjunto las respuestas a las observaciones remitidas al proyecto: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DEL TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO”, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, de código SUIA MAE-RA-2014-95094, para revisión, análisis y pronunciamiento;

Que, mediante oficio No. MAE-SUIA-RA-DNPCA-2016-21476 de 16 de septiembre de 2016, y en base al Informe Técnico No. 389-16-ULA-DNPCA-SCA-MA de 31 de agosto de 2016, se concluye que el Estudio de Impacto Ambiental no cumple con lo establecido en el manual de Categoría IV y normativa ambiental aplicable por lo que la Dirección Nacional de Prevención

Que, mediante oficio No. MAE-SUIA-RA- DNPCA-2016-21372 de 15 de marzo de 2016, y en base al Informe Técnico No. 12-16-ULA-DNPCA-SCA-MA de 07 de marzo de 2016, luego de efectuado el análisis de la documentación remitida, se concluye que el Estudio de Impacto Ambiental no cumple con lo establecido en el manual de Categoría IV, y normativa ambiental aplicable por lo que la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, observó el Estudio de Impacto Ambiental, debiendo el promotor corregir, completar o aclarar la información de un plazo de 90 días;

Que, mediante Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el 17 de junio de 2016, EP PETROECUADOR, ingreso las coordenadas para la emisión de la actualización del certificado ambiental del proyecto: “TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO EP PETROECUADOR”, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, con código SUIA MAE- RA-2016-253427;

Que, mediante oficio No. MAE-SUIA-RA- DNPCA-2016-202053 de 17 de junio de 2016, la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental emitió la actualización del certificado de intersección al proyecto: “TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO EP PETROECUADOR”, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, y concluyó, que no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), y Patrimonio Forestal del Estado (PFE)”, cuyas coordenadas son las siguientes:

de la Contaminación Ambiental, observa el Estudio de Impacto Ambiental Expost, debiendo el promotor corregir, completar o aclarar la información en un plazo máximo de 90 días;

Que, mediante Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el 31 de enero de 2017, EP PETROECUADOR, adjunto las respuestas a las observaciones remitidas al proyecto: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DEL TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO”, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, de código SUIA MAE-RA-2014-95094, para revisión, análisis y pronunciamiento;

Que, mediante oficio No. 03137-GAM-2017 de 31 de enero de 2017, EP PETROECUADOR, entre otra documentación remitió un CD con el anexo cartográfico del proyecto Estudio de Impacto Ambiental Expost del terminal Barbasquillo con código de proyecto MAE- RA-2014-95094, para revisión, análisis y pronunciamiento;

Que, mediante oficio No. MAE-RA-SCA-2017-00266 de 03 de julio de 2017, y en base al Informe Técnico No. 170-17-ULA-DNPCA-SCA-MA 09 de mayo de 2017, se concluye que la información presentada, cumple con lo establecido en el manual de Categoría IV y normativa ambiental aplicable, por lo que la Subsecretaría de Calidad Ambiental, emitió pronunciamiento favorable al Estudio de Impacto Ambiental ExPost y Plan de Manejo Ambiental del TERMINAL DE PRODUC-TOS LIMPIOS BARBASQUILLO EP PETROECUADOR, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, para las siguientes actividades:

< >Almacenamiento, comercialización y despacho de derivados de petróleo: Gasolina Extra, Diésel 1, Diésely Diésel Premium.Que, mediante Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el 22 de agosto de 2017, EP PETROECUADOR, adjunto para la emisión de la licencia ambiental, documentación que se describe a continuación:

< >Factura No. 001-002-40025 de 07 de agosto de 2017, por un valor de USD 480.00 (cuatrocientos ochenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), correspondiente al pago por seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental;Que, mediante memorando No MAE-DNPCA-2017- 1467-M de 12 de septiembre de 2017, la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, solicita a la Coordinación General Jurídica, un criterio sobre el borrador de la licencia ambiental del proyecto; ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO EP PETROECUADOR.

Que, mediante memorando No MAE-CGJ-2017-2087-M de 10 de octubre de 2017, la Coordinación General Jurídica concluye que una vez revisados los considerandos con contenidos constitucionales y legales del referido proyecto de instrumento jurídico, los mismos guardan coherencia con la normativa legal vigente; así como, en lo referente a la cronología de los memorandos constantes en los considerandos respectivos, dejando a salvo el contenido técnico constante en la presente Resolución, por no ser competencia de análisis de esta Coordinación, esto último con fundamento en lo establecido en los memorandos No. MAE-CGJ-2013-1929 de fecha 05 de noviembre de 2013 y No. MAE-DNPCA-2013-2493 de fecha 11 de noviembre de 2013.

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 35 de la Ley de Modernización, en concordancia con el artículo 17 y 55 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

Resuelve:

Art. 1. Aprobar el “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO EP PETROECUADOR”, ubicado en la provincia de Manabí, ^cantón Manta, parroquia Manta, registrado mediante el Sistema Único de Información Ambiental de código SUIA MAE- RA-2014-95094; sobre la base del oficio No. MAE- SUIA-RA-SCA-2017-00266 de 03 de julio de 2017, Informe Técnico No. 170-17-ULA-DNPCA-SCA-MA 09 de mayo de 2017, y de conformidad con las coordenadas establecidas en el certificado de intersección emitido mediante oficio No. MAE-SUIA-RA-DNPCA-2014-20082 de 23 de julio de 2014, y actualización del certificado de intersección emitido mediante oficio No. MAE-SUIA- RA-DNPCA-2016-202053 de 17 de junio de 2016.

Art. 2. Otorgar la licencia ambiental a EP PETROECUADOR, para el proyecto “TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO EP PETROECUADOR”, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, de código SUIA MAE- RA-2014-95094.

Art. 3. Los documentos habilitantes que se presentaren para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán a constituir parte integrante del proyecto “TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO EP PETROECUADOR”, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, de código SUIA MAE-RA-2014-95094, los mismos que deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se procederá con la suspensión o revocatoria de la Licencia Ambiental conforme lo establecen los artículos 281 y 282 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, emitido mediante Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 2015.

Notifíquese con la presente Resolución al Representante Legal de EP PETROECUADOR, y publíquese en el Registro Oficial por ser de interés general.

De la aplicación de esta Resolución se encarga a la Subsecretaría de Calidad Ambiental y la Dirección Provincial del Ambiente de Manabí.

La presente resolución entrará en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Quito, el 30 de octubre de 2017.

f.) Ing. Jorge Enrique Jurado Mosquera, Subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente.

MINISTERIO DEL AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 202-SUIA

LICENCIA AMBIENTAL PARA EL TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO EP PETROECUADOR, UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, CANTÓN MANTA, PARROQUIA MANTA.

El Ministerio del Ambiente, en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional y en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la preservación del ambiente, la prevención de la contaminación ambiental y la garantía del desarrollo sustentable, confiere la presente licencia ambiental a favor de EP PETROECUADOR, en la persona de su representante legal, para que en sujeción del “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST

< >PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO EP PETROECUADOR”, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, registrado mediante Sistema Único de Información Ambiental de código SUIA MAE-RA-2014-95094, proceda a la ejecución del proyecto.En virtud de lo expuesto, EP PETROECUADOR, se obliga a:

< >Cumplir estrictamente lo señalado en el “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS BARBASQUILLO EP PETROECUADOR”, ubicado en la provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, registrado mediante el Sistema Único de Información Ambiental de código SUIA MAE-RA-2014-95094.Realizar el monitoreo interno y enviar los reportes al Ministerio del Ambiente conforme lo establecido en el artículo 12 del Reglamente Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, expedido mediante Decreto Ejecutivo 1215, publicado en el Registro Oficia No. 265 de 13 de febrero de 2001, demás normativa aplicable.Ser enteramente responsable de las actividades que cumplan sus contratistas o subcontratistas.Presentar al Ministerio del Ambiente las auditorías ambientales de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, de conformidad con lo establecido en los artículos 42 y 43 del Reglamente Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, expedido mediante Decreto Ejecutivo 1215, publicado en el Registro Oficia No. 265 de 13 de febrero de 2001.Proporcionar al personal técnico del Ministerio del Ambiente, todas las facilidades para llevar a efecto los procesos de monitoreo, control, seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado, durante la ejecución del proyecto y materia de otorgamiento de esta licencia.Utilizar en la ejecución del proyecto, procesos y actividades, tecnologías y métodos que mitiguen y, en la medida de lo posible, prevengan los impactos negativos al ambiente.Cancelar, sujeto al plazo de duración del proyecto, el pago por servicios administrativos de gestión y calidad ambiental por seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado, conforme lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 083-B del Registro Oficial de Edición Especial No. 387 de 04 de noviembre de 2015, que reforma el Libro IX del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.Cumplir con el párrafo segundo del artículo 38 del Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en el Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 2015, que reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, mismo que establece “No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes a entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable”.Cumplir con la normativa ambiental aplicable a nivel nacional y local vigente.El plazo de vigencia de la presente Licencia Ambiental es desde la fecha de su expedición hasta el término de la ejecución del proyecto.

El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones determinados en la licencia ambiental causará la suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo

establecido en la legislación que la rige; se la concede a costo y riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de terceros.

La presente licencia ambiental se rige por las disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental, Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, y por el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Notifíquese con la presente resolución al representante legal de EP PETROECUADOR, y publíquese en el Registro Oficial por ser de interés general.

De la aplicación de esta Resolución se encarga a la Subsecretaría de Calidad Ambiental y la Dirección Provincial del Ambiente de Manabí.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en Quito, el 30 de octubre de 2017.

f.) Ing. Jorge Enrique Jurado Mosquera, Subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente.

No. 217 Tarsicio Granizo Tamayo MINISTRO DEL AMBIENTE Considerando:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución;

Que, el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador considera como deber primordial del Estado Ecuatoriano la protección del patrimonio natural y cultural del país;

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el más alto deber del Estado es el respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución;

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, y declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;

Que, el artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; además establece que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema;

Que, el inciso primero del artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o a la alteración permanente de los ciclos naturales;

Que, el numeral 6 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador señala que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible;

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que corresponde a los Ministros de Estado, en la esfera de su competencia, expedir las normas, acuerdos y resoluciones que sean necesarias para la gestión ministerial;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador considera que los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;Que, el artículo 270 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados generarán sus propios recursos financieros;

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador señala que uno de los objetivos del régimen de desarrollo será, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

Que, el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, y los demás que determine la ley;

Que, el artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce los siguientes principios ambientales: “1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”;

Que, el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles;

Que, el inciso primero del artículo 397 de la Constitución de la República del Ecuador establece que en caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD- reconoce a los concejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales la capacidad para dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial; y, dicha facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno;

Que, el artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD- establece que de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley. Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción;

Que, el artículo 69 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre dispone que la planificación, manejo, desarrollo, administración, protección y control del patrimonio de áreas naturales del Estado, estará a cargo del Ministerio del Ambiente;

Que, el artículo 3 de la Ley de Gestión Ambiental establece que el proceso de Gestión Ambiental se orientará según los principios universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo;

Que, el artículo 5 de la Ley de Gestión Ambiental considera al Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como

un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales;

Que, el artículo 7 de la Ley de Gestión Ambiental determina que la gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano;

Que, el artículo 8 de la Ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental Nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado;

Que, el artículo 10 de la Ley de Gestión Ambiental determina que las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental;

Que, el literal b) del artículo 12 de la Ley de Gestión Ambiental señala como obligación de las instituciones del Estado que conforman el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia; ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del ramo;

Que, el literal d) del artículo 12 de la Ley de Gestión Ambiental dispone como obligación de las instituciones del Estado que conforman el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las normas legales y reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales;

Que, el artículo 13 de la Ley de Gestión Ambiental señala que los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas ambientales seccionales con sujeción a la Constitución de la República y a la Ley de Gestión Ambiental;

Que, el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental establece que las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio;

Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental establece que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo;

Que, el artículo 21 de la Ley de Gestión Ambiental señala que los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono;

Que, el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental establece que toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos de participación ciudadana, los cuales incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación, entre el sector público y el privado;

Que, el artículo 29 de la Ley de GestiónAmbiental señala que toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado, que pueda producir impactos ambientales;

Que, el artículo 34 de la Ley de Gestión Ambiental establece que también servirán como instrumentos de aplicación de normas ambientales, las contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de los recursos naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que podrán ser utilizados para incentivar acciones favorables a la protección ambiental;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1040 de 22 de abril de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 332 de 8 de mayo de 2008, se expide el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Señor Presidente Constitucional de la República nombra como Ministro del Ambiente al Licenciado Tarsicio Granizo Tamayo;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 134, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 18 de octubre de 2012, se expide la reforma al Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012,

mediante el cual se expide la reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de 05 de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales como un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 316 de 04 de mayo de 2015, se expidieron las últimas reformas al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente;

Que, el artículo 4 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) dispone que el Ministerio del Ambiente ejerce las potestades de Autoridad Ambiental Nacional y como tal ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, del Sistema Único de Manejo Ambiental y sus instrumentos, en los términos establecidos en la Constitución, la legislación ambiental, las normas contenidas en este Libro y demás normativa secundaria de aplicación;

Que, el numeral 1 del artículo 10 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) establece la competencia de las Autoridades Ambientales a nivel de organizaciones de gobierno;

Que, el artículo 12 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) señala que el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) es una herramienta de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y será el único sistema en línea para realizar el proceso de licenciamiento ambiental, el cual será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional;

Que, el artículo 21 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) señala que el objetivo general de la regularización ambiental es autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la magnitud de los impactos y riesgos ambientales;

Que, el artículo 44 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) determina que la Participación Social se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental;

Que, el artículo 287 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) establece los requisitos para acceder a la acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable ante el Sistema Único de Manejo Ambiental;

Que, el artículo 288 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) establece que una vez presentada la documentación para acceder a la Acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable ante el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), la Autoridad Ambiental Nacional emitirá el pronunciamiento correspondiente en el término de noventa (90) días;

Que, mediante Resolución No. 1557 de 15 de noviembre de 2011, el Ministerio del Ambiente otorgó al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, la Acreditación y el derecho a utilizar el sello del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr);

Que, mediante Resolución No. 757 de 13 de noviembre de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 394 de 11 de diciembre de 2014, el Ministerio del Ambiente otorgó al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, la renovación de la Acreditación y el derecho a utilizar el sello del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr);

Que, con Resolución No. 0005-CNC-2014 publicada en el Registro Oficial No. 415 de 13 de enero de 2015, el Consejo Nacional de Competencias expide la regulación para el ejercicio de la competencia de gestión ambiental, a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Metropolitanos, Municipales y parroquiales rurales;

Que, el numeral 3 del artículo 13 de la Resolución No. 0005-CNC-2014 respecto al control provincial establecía: “Realizar el control y seguimiento a las licencias ambientales otorgadas en calidad de autoridad ambiental de aplicación responsable ante el Sistema Único de Manejo Ambiental’;

Que, mediante Resolución No. 281 de fecha 17 de noviembre de 2016, publicada en el Registro Oficial No. 905 de 19 de diciembre de 2016, el Ministerio del Ambiente otorgó a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Municipales de Quito, Guayaquil y Cuenca que consten acreditados como Autoridades Ambientales de Aplicación responsable (AAAr) ante el Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA las competencias de regularización, control y seguimiento ambiental de las siguientes actividades: Depósitos de distribución de gas licuado de petróleo (GLP) menor o igual a 3000 cilindros, Transporte de GLP menor o igual a 1500 cilindros, Estaciones de Servicio (Gasolineras con o sin lubricadoras y lavadoras),

Radio Base Celular y la emisión, actualización, control y seguimiento de los Registros de Generadores de desechos peligrosos y/o especiales de las actividades anteriormente citadas lo cual; incluye a aquellos registros que fueron emitidos por el Ministerio del Ambiente;

Que, el artículo 7 de la Resolución No. 281 de 17 de noviembre de 2016 establece que los actos administrativos emitidos por las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable objeto de la delegación, que hayan sido expedidos conforme a la normativa ambiental aplicable antes de la citada resolución mantendrán su vigencia y validez;

Que, el artículo 2 de la Resolución No. 001-CNC-2017 de 15 de mayo de 2017, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 21 de 23 de junio de 2017, mediante la cual se resolvió reformar la Resolución No. 0005-CNC- 2014 dispone: «Sustituyase el numeral 3 del artículo

< >por el siguiente texto: «3.- «Realizar el control, monitoreo y seguimiento de todas las obras, actividades y proyectos que cuenten con permiso ambiental vigente dentro de la circunscripción provincial, exceptuándose el control, monitoreo y seguimiento en proyectos de carácter estratégico, áreas protegidas y zonas intangibles, que serán atribución exclusiva de la autoridad ambiental nacional”;Que, mediante oficio No. OFI-163-DGA-17 de 11 de septiembre de 2017, el Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, solicitó la renovación de la Acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable AAAr, ante el Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA y adjuntó la documentación establecida en el artículo 287 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA);

Que, mediante memorando No. MAE-DNPCA-2017- 1843-M de fecha 08 de noviembre de 2017, la Dirección Nacional de Prevención de Contaminación Ambiental remitió a la Coordinación General Jurídica el Informe Técnico No. 391-17-UA-DNPCA-SCA-MA de fecha 01 de noviembre de 2017, mediante el cual se concluyó que la documentación presentada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, para el proceso de renovación de la Acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable ante el SUMA, cumple con los requisitos técnicos y legales establecidos en la normativa ambiental vigente y recomendó proceder a elaborar la resolución de renovación de Acreditación ante el Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA;

Que, mediante memorando No. MAE-CGJ-2017-2385-M de 12 de noviembre de 2017, la Coordinación General Jurídica, manifestó que una vez que se ha realizado la revisión del expediente de Renovación de la Acreditación como AAAr ante el SUMA del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, se verifica que no se cumple con el aspecto de Talento Humano, que consta como requisito de conformidad con el artículo 287 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, ya que dentro del equipo técnico multidisciplinario no se constata la hoja de vida del geógrafo y del sociólogo, por lo que procedió a devolver el expediente;

Que, mediante memorando No. MAE-DNPCA-2017- 1884-M de 13 de noviembre de 2017, la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, en contestación a las observaciones emitidas por la Coordinación General Jurídica, remitió la hoja de vida de la ingeniera geógrafa Andrea Cárdenas;

Que, mediante memorando No. MAE-CGJ-2017-2430-M de 14 de noviembre de 2017, la Coordinación General Jurídica, manifestó que una vez que se ha realizado la revisión del expediente de Renovación de la Acreditación como AAAr ante el SUMA del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, así como del memorando No. MAE-DNPCA-2017-1884-M de 13 de noviembre de 2017, no consta la hoja de vida del sociólogo que de acuerdo al artículo 287 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente constituye un requisito para la aprobación de la renovación de la acreditación; y,

Que, mediante memorando No. MAE-DNPCA-2017- 1990-M de 28 de noviembre de 2017, la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, en contestación a las observaciones emitidas por la Coordinación ^General Jurídica, remitió la hoja de vida del profesional en sociología que formará parte del equipo multidisciplinario del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha.

En uso de las atribuciones establecidas en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Resuelve:

Artículo 1.- Otorgar al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha la renovación de la acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, y; la autorización de utilizar el sello del Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA.

Artículo 2.- En virtud de la acreditación otorgada, según

lo establecido por la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha en su calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr), está facultado para llevar los procesos relacionados con la prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental, manejo de denuncias y sanciones en su circunscripción, con las limitaciones previstas en la normativa aplicable.

Artículo 3.- La Gestión Ambiental será de atribución exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional en los siguientes casos:

< >Cuando se refiera a proyectos específicos de gran magnitud declarados de interés nacional por el Presidente de la República; así como los proyectos de prioridad nacional o emblemáticos, de gran impacto o riesgo ambiental declarados por la Autoridad Ambiental Nacional;Los proyectos o actividades ubicados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bosques y vegetación protectores, patrimonio forestal del Estado, zonas intangibles con su respectiva zona de amortiguamiento, zonas socio bosque, ecosistemas frágiles, amenazados, y;Los proyectos correspondientes a los sectores estratégicos establecidos en la Constitución de la República, que supongan alto riesgo e impacto ambiental definidos por la Autoridad Ambiental Nacional.Artículo 4.- Si el proyecto, obra o actividad es promovido por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, la Autoridad Ambiental Competente será la Autoridad Ambiental Nacional. En caso de un conflicto de competencias entre las Autoridades acreditadas y la Autoridad Ambiental Nacional, quien determinará la competencia será el organismo técnico máximo del Sistema Nacional de Competencias.

Artículo 5.- De conformidad con la Resolución Ministerial No. 281, publicada en el Registro Oficial No. 905 de 19 de noviembre de 2016, corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, realizar la regularización, control y seguimiento ambiental, manejo de denuncias y sanciones de depósitos de distribución de gas licuado de petróleo (GLP) menor o igual a 3000 cilindros, transporte de GLP menor o igual a 1500 cilindros, estaciones de servicio (gasolineras con o sin lubricadoras y lavadoras), radio base celular, y la emisión, actualización, control y seguimiento de los Registros de Generador de desechos peligrosos y/o especiales de las actividades anteriormente citadas, lo cual incluye a aquellos Registros que fueron emitidos por el Ministerio del Ambiente; de acuerdo a lo dispuesto en la normativa sectorial y ambiental aplicable y en los términos previstos en la mencionada Resolución y los mecanismos que la Autoridad Ambiental Nacional establezca para el efecto.

Artículo 6.- Los Permisos Ambientales que emita el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, deberán contemplar todas las fases de la obra, proyecto o actividad a regularizar, para lo cual deberá observar el procedimiento y disposiciones establecidas en la normativa ambiental vigente; así como a través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).

Artículo 7.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha deberá realizar estricto seguimiento a la presentación de la renovación de las Garantías Bancarias y Pólizas de Fiel Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental por parte de los sujetos de control, a fin de mantenerlas vigentes.

Artículo 8.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha deberá contar con los expedientes de los procesos de regularización, control y seguimiento ambiental, manejo de denuncias y sanciones, mismos que contendrán toda la información de dichos procesos y estarán organizados en orden cronológico.

Artículo 9.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha deberá atender todas las denuncias que se presenten dentro de su jurisdicción y en el ámbito de su competencia.

Artículo 10.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, aplicará los mecanismos de participación social, según lo dispuesto en la Ley de Gestión Ambiental, el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 de 08 de mayo de 2008, el Acuerdo Ministerial No. 103 publicado en el Registro Oficial 607 de 14 de octubre de 2015, correspondiente al Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social y los demás Acuerdos, Instructivos, Reglamentos y Normas que se emitan para el efecto, a fin de lograr la aplicación efectiva de dichos mecanismos.

Artículo 11.- En aquellas obras, proyectos o actividades que requieran de permiso ambiental e involucren remoción de cobertura vegetal nativa, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha deberá solicitar al proponente, dentro del Estudio de Impacto Ambiental, el capítulo correspondiente al Inventario de Recursos Forestales y su respectivo método de valoración económica, mismo que deberá ser remitido a la Autoridad Ambiental Nacional para su aprobación.

Artículo 12.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, de manera obligatoria deberá remitir los siguientes informes:

< >Semestral: Sobre el avance de los procesos de regularización, control y seguimiento ambiental realizado a los Sujetos de Control dentro del ámbito de su competencia y su circunscripción; este informe deberá guardar concordancia con el informe anual, en el formato que determine la Autoridad Ambiental Nacional; y,Anual de gestión, en el formato que determine la Autoridad Ambiental Nacional.El informe semestral deberá ser ingresado al Ministerio del Ambiente en un plazo máximo de cinco (5) días a partir de la finalización de cada semestre, y el informe anual hasta los primeros quince (15) días del mes de enero de cada año.

Artículo 13.- Con la finalidad de velar por el mejoramiento continuo del Sistema Único de Manejo Ambiental, y por el fortalecimiento Institucional en la gestión ambiental de las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable, se aplicarán los mecanismos de seguimiento a la Acreditación, contemplados en el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente,

mismos que deberán ser observados y cumplidos por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha.

Artículo 14.- La Autoridad Ambiental Nacional podrá suspender la acreditación otorgada al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, cuando éste incurra en lo determinado en el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente o la normativa que la reemplace.

Artículo 15.- Las Ordenanzas y Reglamentos que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha emita, deberán observar de manera obligatoria e ineludible, la normativa ambiental vigente, así como las políticas ambientales emitidas por parte de la Autoridad Ambiental Nacional.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La presente Resolución Ministerial se rige por las disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ley de Gestión Ambiental, el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente; y por tratarse de un acto administrativo por el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva o la normativa que para el efecto las reemplace.

SEGUNDA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

De su ejecución encárguese a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente.

Comuníquese y publíquese,

Dado en Quito, 5 de diciembre de 2017.

f.) Tarsicio Granizo Tamayo, Ministro del Ambiente.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

No. 17 565

SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

Considerando:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”;

Que, la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece: el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana”;

Que, el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 263 del 9 de Junio de 2014, establece: “Sustituyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (—)”’,

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización – INEN suscribió el 1 de diciembre del 2016 un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información MINTEL y el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN;

Que, de conformidad con el Artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, el tratamiento para las normas y documentos que no son de autoría del INEN están sujetos a un costo establecido por el Organismo de Normalización Internacional;

Que, la Organización Internacional de Normalización – ISO y la Comisión Electrotécnica Internacional IEC, en el año 2013, publicó el Informe Técnico Internacional ISO/ IEC TR 29154:2013 SOFTWARE ENGINEERING

< >GUIDE FOR THE APPLICATION OF ISO/IEC 24773:2008 (CERTIFICATION OF SOFTWARE ENGINEERING PROFESSIONALS — COMPARISON FRAMEWORK);Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización – INEN entidad competente en materia de Reglamentación, Normalización y Metrología, adopta el Informe Técnico Internacional ISO/IEC TR 29154:2013 como el Informe Técnico Ecuatoriano ITE INEN-ISO/IEC TR 29154:2017 INGENIERÍA DE SOFTWARE – GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE ISO/IEC 24773:2008 (CERTIFICACIÓN DE PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE – MARCO DE REFERENCIA DE COMPARACIÓN) (ISO/IEC TR 29154:2013, IDT);

Que, su elaboración ha seguido el trámite regular de conformidad al Instructivo Interno del INEN para la elaboración y aprobación de documentos normativos delINEN mediante el estudio y participación en Comités Nacionales Espejo establecido en la Resolución No. 2017­003 de fecha 25 de enero de 2017;

Que, mediante Informe Técnico, realizado por la Dirección de Servicios de la Calidad, de la Subsecretaría del Sistema de la Calidad; contenido en la Matriz de Revisión No. THS-0059 de fecha 20 de noviembre de

< >se procedió a la aprobación y oficialización del Informe Técnico Ecuatoriano ITE INEN-ISO/IEC TR 29154:2017 INGENIERÍA DE SOFTWARE – GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE ISO/IEC 24773:2008 (CERTIFICACIÓN DE PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE – MARCO DE REFERENCIA DE COMPARACIÓN) (ISO/IEC TR 29154:2013, IDT);Que, de conformidad con el último inciso del Artículo 8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; de igual manera lo señala el literal f) del Artículo 17 de la Ley Ibídem en donde establece: «En relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; aprobar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia (…)”, en consecuencia es competente para aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIO el Informe Técnico Ecuatoriano ITE INEN-ISO/IEC TR 29154 INGENIERÍA DE SOFTWARE – GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE ISO/IEC 24773:2008 (CERTIFICACIÓN DE PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE – MARCO DE REFERENCIA DE COMPARACIÓN) (ISO/IEC TR 29154:2013, IDT), mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley.

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIO el Informe Técnico Ecuatoriano ITE INEN-ISO/IEC TR 29154 (Ingeniería de software

< >Guía para la aplicación de ISO/IEC 24773:2008 (Certificación de profesionales de la ingeniería de software – Marco de referencia de comparación) (ISO/IEC TR 29154:2013, IDT)), que aborda la terminología utilizada en ISO/IEC 24773:2008. También incluye la orientación interpretativa sobre varios capítulos de ISO/IEC 24773:2008, así como una revisión de posibles escenarios típicos para el uso de ISO/IEC 24773:2008.

ARTÍCULO 2.- Este informe técnico ecuatoriano ITE INEN-ISO/IEC TR 29154, entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 21 de noviembre de 2017.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria del Sistema de la Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUC­TIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- f.) Ilegible.- Fecha: 20 de diciembre de 2017.- 1 foja.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

No. 17 566

SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

Considerando:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”;

Que, la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece: el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: «i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estasprácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana”;

Que, el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 263 del 9 de Junio de 2014, establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (—)”;

Que, de conformidad con el Artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, el tratamiento para las normas y documentos que no son de autoría del INEN están sujetos a un costo establecido por el Organismo de Normalización Internacional;

Que, la Organización Internacional de Normalización – ISO en el año 2016, publicó la Norma Internacional ISO 3864-2:2016 GRAPHICAL SYMBOLS — SAFETY COLOURS AND SAFETY SIGNS — PART 2: DESIGN PRINCIPLES FOR PRODUCT SAFETY LABELS;

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización – INEN entidad competente en materia de Reglamentación, Normalización y Metrología, adopta la Norma Internacional ISO 3864-2:2016 como la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-2:2017 SÍMBOLOS GRÁFICOS — COLORES DE SEGURIDAD

< >SEÑALES DE SEGURIDAD — PARTE 2: PRINCIPIOS DE DISEÑO PARA ETIQUETAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO (ISO 3864-2:2016, IDT);Que, su elaboración ha seguido el trámite regular de conformidad al Instructivo Interno del INEN para la elaboración y aprobación de documentos normativos del INEN mediante el estudio y participación en Comités Nacionales Espejo, establecido en la Resolución 2017-003 de fecha 25 de enero de 2017;

Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección de Servicios de la Calidad de la Subsecretaría del Sistema de la Calidad; contenido en la Matriz de Revisión No. PEQ-0025 de fecha 20 de noviembre de 2017, se procedió a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-2:2017 SÍMBOLOS GRÁFICOS — COLORES DE SEGURIDAD

< >SEÑALES DE SEGURIDAD — PARTE 2: PRINCIPIOS DE DISEÑO PARA ETIQUETAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO (ISO 3864-2:2016, IDT);Que, de conformidad con el último inciso del Artículo 8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; de igual manera lo señala el literal f) del Artículo 17 de la Ley Ibídem en donde establece: “En relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; aprobar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia (—)”, en consecuencia es competente para aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-2 SÍMBOLOS GRÁFICOS

< >COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD — PARTE 2: PRINCIPIOS DE DISEÑO PARA ETIQUETAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO (ISO 3864-2:2016, IDT), mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley, Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-2 (Símbolos gráficos — Colores de seguridad y señales de seguridad — Parte 2: Principios de diseño para etiquetas de seguridad del producto (ISO 3864-2:2016, IDT)), que establece principios adicionales a ISO 3864-1 para el diseño de etiquetas de seguridad de los productos, es decir, cualquier artículo que se fabrica y ofrece a la venta en el curso normal del comercio, incluido, aunque no limitado, a productos de consumo y equipo industrial. El propósito de una etiqueta de seguridad del producto es alertar a las personas ante un peligro específico e identificar cómo puede ser evitado.

ARTÍCULO 2.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-2, entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 21 de noviembre de 2017.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria del Sistema de la Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUC­TIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- f.) Ilegible.- Fecha: 20 de diciembre de 2017.- 1 foja.MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD No. 17 567 SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD Considerando:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”;

Que, la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece: el Sistema Ecuatoriano de la Calidad tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: «i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana”;

Que, el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 263 del 9 de Junio de 2014, establece: «Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (…)”;

Que, de conformidad con el Artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, dispone que las normas técnicas ecuatorianas, códigos, guías de práctica, manuales y otros documentos técnicos de autoría del INEN deben estar al alcance de todos los ciudadanos sin excepción, a fin de que se divulgue su contenido sin costo;

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización – INEN entidad competente en materia de Reglamentación, Normalización y Metrología, ha formulado la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2901 ACCESORIOS DE DESAGÜE PARA ARTEFACTOS SANITARIOS. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO;

Que, su elaboración ha seguido el trámite regular de conformidad al Instructivo Interno del INEN para la elaboración y aprobación de documentos normativos del INEN mediante el estudio y participación en Comités Nacionales Espejo establecido en la Resolución No. 2017­003 de fecha 25 de enero de 2017;

Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección de Servicios de la Calidad de la Subsecretaría del Sistema de la Calidad contenido en la Matriz de Revisión No. MET-0255 de fecha 20 de noviembre de 2017, se procedió a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2901 ACCESORIOS DE DESAGÜE PARA ARTEFACTOS SANITARIOS. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO;

Que, de conformidad con el último inciso del Articulo 8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; de igual manera lo señala el literal f) del Artículo 17 de la Ley Ibídem el cual establece: «En relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; aprobar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia (. )”, en consecuencia es competente para aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2901 ACCESORIOS DE DESAGÜE PARA ARTEFACTOS SANITARIOS. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO, mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2901 (Accesorios de desagüe para artefactos sanitarios. Requisitos y métodos de ensayo), que establece los requisitos y métodos de ensayo aplicables a los accesorios de desagüe para artefactos sanitarios de tamaños de diámetro nominal DN 50 mm (NPS-2) y menores.

ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2901 ACCESORIOS DE DESAGÜE PARA ARTEFACTOS SANITARIOS. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO, en la página web de esa institución, www. normalizacion.gob.ec.ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2901, entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 21 de noviembre de 2017.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria del Sistema de la Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUC­TIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- f.) Ilegible. – Fecha: 20 de diciembre de 2017.- 1 foja.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

No. 17 568

SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

Considerando:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”;

Que, la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece: el Sistema Ecuatoriano de la Calidad tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: «i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana”;

Que, el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 263 del 9 de Junio de 2014, establece: «Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (…)”;

Que, de conformidad con el Artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, el tratamiento para las normas y documentos que no son de autoría del INEN, están sujetos a un costo establecido por el Organismo de Normalización Internacional;

Que, la Organización Internacional de Normalización

< >ISO en el año 2007, publicó la Norma Internacional ISO 16935:2007 GLASS IN BUILDING – BULLET- RESISTANT SECURITY GLAZING – TEST AND CLASSIFICATION;Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización – INEN entidad competente en materia de Reglamentación, Normalización y Metrología, adoptó la Norma Internacional ISO 16935:2007 como la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 16935:2017 VIDRIO PARA EDIFICACIÓN – ACRISTALAMIENTO DE SEGURIDAD RESISTENTE A BALAS – ENSAYO

< >CLASIFICACIÓN (ISO 16935:2007 + Cor.1:2008, IDT);Que, su elaboración ha seguido el trámite regular de conformidad al Instructivo Interno del INEN para la elaboración y aprobación de documentos normativos del INEN mediante el estudio y participación en Comités Nacionales Espejo; establecido en la Resolución 2017­003 de fecha 25 de enero de 2017;

Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección de Servicios de la Calidad de la Subsecretaría del Sistema de la Calidad; contenido en la Matriz de Revisión No. CON-0180 de fecha 20 de noviembre de 2017, se procedió a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 16935:2017 VIDRIO PARA EDIFICACIÓN – ACRISTALAMIENTO DE SEGURIDAD RESISTENTE A BALAS – ENSAYO

< >CLASIFICACIÓN (ISO 16935:2007 + Cor.1:2008, IDT);Que, de conformidad con el último inciso del Artículo

< >de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; de igual manera lo señala el literal f) del Artículo 17 de la Ley Ibídem en donde establece: «En relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; aprobar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia (…)”, en consecuencia es competente para aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 16935:2017 VIDRIO PARA EDIFICACIÓN – ACRISTALAMIENTO DE SEGURIDAD RESISTENTE A BALAS – ENSAYOCLASIFICACIÓN (ISO 16935:2007 + Cor.1:2008, IDT), mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No.599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 16935 (Vidrio para edificación — Acristalamiento de seguridad resistente a balas — Ensayo y clasificación (ISO 16935:2007 + Cor.1:2008, IDT)), que establece los procedimientos de ensayo para evaluar la resistencia de los materiales de acristalamiento de seguridad y productos contra el impacto balístico con la clasificación por arma y munición.

ARTÍCULO 2.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 16935, entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 21 de noviembre de 2017.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria del Sistema de la Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUC­TIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- f.) Ilegible.- Fecha: 20 de diciembre de 2017.- 1 foja.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

No. 17 569

SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

Considerando:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”;

Que, la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece: el Sistema Ecuatoriano de la Calidad tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: “i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana”;

Que, el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 263 del 9 de Junio de 2014 establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización por Servicio Ecuatoriano de Normalización. (—)”;

Que, de conformidad con el Artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, dispone que las normas técnicas ecuatorianas, códigos, guías de práctica, manuales y otros documentos técnicos de autoría del INEN deben estar al alcance de todos los ciudadanos sin excepción, a fin de que se divulgue su contenido sin costo;

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización – INEN entidad competente en materia de Reglamentación, Normalización y Metrología, ha formulado la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3029-11 EQUIPAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE JUEGO Y ÁREAS RECREATIVAS. PARTE 11: REQUISITOS DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE ENSAYO ADICIONALES ESPECÍFICOS PARA REDES TRIDIMENSIONALES;

Que, su elaboración ha seguido el trámite regular de conformidad al Instructivo Interno del INEN para la elaboración y aprobación de documentos normativos del INEN mediante el estudio y participación en Comités Nacionales Espejo establecido en la Resolución No. 2017­

< >de fecha 25 de enero de 2017;Que, mediante Informe Técnico realizado por la Dirección de Servicios de la Calidad de la Subsecretaría del Sistema de la Calidad contenido en la Matriz de Revisión No. CON-0179 de fecha 20 de noviembre de 2017 se procedió a la aprobación y oficialización de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3029­

< >EQUIPAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE JUEGO Y ÁREAS RECREATIVAS. PARTE 11: REQUISITOS DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE ENSAYO ADICIONALES ESPECÍFICOS PARA REDES TRIDIMENSIONALES;Que, de conformidad con el último inciso del Articulo

< >de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, elMinisterio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; de igual manera lo señala el literal f) del Artículo 17 de la Ley Ibídem el cual establece: “En relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; aprobar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, en el ámbito de su competencia (— )”, en consecuencia es competente para aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3029-11 EQUIPAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE JUEGO Y ÁREAS RECREATIVAS. PARTE 11: REQUISITOS DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE ENSAYO ADICIONALES ESPECÍFICOS PARA REDES TRIDIMENSIONALES, mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, la Ministra de Industrias y Productividad delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN, en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su reglamento general; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley, Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3029-11 (Equipamiento de las superficies de juego y áreas recreativas. Parte 11: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para redes tridimensionales), que establece los requisitos de seguridad adicionales específicos para las redes tridimensionales destinadas a su instalación permanente para uso infantil.

ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de

< >publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3029-11 EQUIPAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE JUEGO Y ÁREAS RECREATIVAS. PARTE 11: REQUISITOS DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE ENSAYO ADICIONALES ESPECÍFICOS PARA REDES TRIDIMENSIONALES, en la página web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec.ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 3029-11, entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 21 de noviembre de 2017.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria del Sistema de la Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUC­TIVIDAD.- Certifica.- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- f.) Ilegible.- Fecha: 20 de diciembre de 2017.- 1 foja.

No. 229-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.”;

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, establecen: “Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. (—); y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.”;

Que el artículo 200 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “Las notarias y notarios son depositarios de la fe pública; serán nombrados por el Consejo de la Judicatura previo concurso público de oposición y méritos, sometido a impugnación y control social— ”;

Que el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: “Con el fin de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial y los demás principios establecidos en la Constitución y este Código, dentro de los grandes lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios — ”;

Que el numeral 5 del artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa que las notarias y los notarios son parte integrante de la Función Judicial;

Que el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: “El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial— ”;Que el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «10. Expedir (…) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.”;

Que el artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: «El Notariado es un órgano auxiliar de la Función Judicial y el servicio notarial consiste en el desempeño de una función pública que la realizan las notarias y los notarios, quienes son funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos que ocurran en su presencia…”;

Que el artículo 297 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa: «El Servicio Notarial se rige por la Constitución, este Código, la Ley Notarial y demás disposiciones legales y reglamentarias.”;

Que el artículo 301 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: «El servicio notarial es permanente e ininterrumpido. Para cumplir sus funciones, cuando el caso amerite o las partes lo requieran, podrá autorizar los actos o contratos fuera de su despacho notarial. ”;

Que el artículo 301A del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe: «Cada notaria o notario titular contará con una o un notario suplente, quien debe reunir los mismos requisitos que el titular y lo reemplazará en casos de ausencia temporal. Para el efecto, la notaria o notario titular remitirá a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura el nombre de su notaria o notario suplente, que no podrá ser su cónyuge o conviviente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad ni primero de afinidad, y los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos. La falsedad de los documentos o información remitida ocasionará la destitución de la notaria o notario titular. La notaria o notario titular será solidariamente responsable civil y administrativamente por las actuaciones de la notaria o notario suplente en el ejercicio de sus funciones. En ningún caso, la notaria o notario suplente reemplazará al titular cuando la ausencia se deba por suspensión o destitución de la notaria o notario titular como consecuencia de una acción disciplinaria. ”;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 14 de octubre de 2014, mediante Resolución 260­2014, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 371, de 10 de noviembre de 2014, resolvió: «EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN

< >EJERCICIO DE FUNCIONES DE LAS NOTARIAS Y LOS NOTARIOS SUPLENTES”;LA RESOLUCIÓN 260-2014, DE 14 DE OCTUBRE DE 2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: ‘EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERCICIO DE FUNCIONES DE LAS NOTARIAS Y LOS NOTARIOS SUPLENTES’”;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 9 de mayo de 2016, mediante Resolución 085-2016, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 770, de 7 de junio de 2016, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 260-2014, DE 14 DE OCTUBRE DE 2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: ‘EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERCICIO DE FUNCIONES DE LAS NOTARIAS Y LOS NOTARIOS SUPLENTES’”;

Que mediante Memorando CJ-DNTH-2017-0577-M, de 13 de diciembre de 2017, suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano, pone en conocimiento de la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), los informes técnicos DNTH-SA-638-2017; DNTH-SA-639-2017; DNTH-SA-640-2017; DNTH- SA-641-2017; DNTH-SA-642-2017; DNTH- SA-643-2017; y, DNTH-SA-644-2017, de 12 de diciembre de 2017, referentes a la designación de notarios suplentes en las provincias de: Cañar, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Morona Santiago y Pichincha;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2017-5871-M, de 18 de diciembre de

< >suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-2017-0038- MC, de 15 de diciembre de 2017, suscrito por la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), que contiene el proyecto de resolución para: «APROBAR LOS INFORMES TÉCNICOS Y DESIGNAR NOTARIOS SUPLENTES A NIVEL NACIONAL”; y,En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los presentes,

RESUELVE:

APROBAR LOS INFORMES TÉCNICOS Y DESIGNAR NOTARIOS SUPLENTES A NIVEL NACIONAL

Artículo 1.- Aprobar los informes técnicos, DNTH-SA-638-2017; DNTH-SA-63 9-2017;

DNTH-SA-640-2017; DNTH-SA-641 -2017;

DNTH-SA-642-2017; DNTH-SA-643-2017; y, DNTH- SA-644-2017, de 12 de diciembre de 2017, contenidos en el Memorando CJ-DNTH-2017-0577-M, de 13 de diciembre de 2017, suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano, referentes a la designación de notarios suplentes en las provincias de: Cañar, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Morona Santiago y Pichincha.Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de Artículo 2.- Designar notarios suplentes en las provincias

26 de octubre de 2015, mediante Resolución 344-2015, de: Cañar, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Morona

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 630, Santiago y Pichincha, conforme con el anexo que forma

de 18 de noviembre de 2015, resolvió: «REFORMAR parte de eta resolución.

Artículo 3.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la notificación y posesión de los notarios suplentes que constan en esta resolución, conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos previstos para el efecto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Previa la posesión de los notarios suplentes, se deberán observar las incompatibilidades determinadas en el artículo 78 del Código Orgánico de la Función Judicial. De ser el caso, el notario titular, deberá proponer un nuevo candidato que cumpla con lo establecido en el reglamento respectivo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General, la Dirección Nacional de Talento Humano y las Direcciones Provinciales de: Cañar, El Oro, Esmeraldas,

Guayas, Los Ríos, Morona Santiago y Pichincha del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete.

f.) Gustavo Jalkh Roben, Presidente.

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete.

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

ANEXO

APROBAR LOS INFORMES TÉCNICOS Y DESIGNAR NOTARIOS SUPLENTES A NIVEL NACIONAL

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NOTARIOS CAÑAR

No.

NOMBRE DEL NOTARIO TITULAR

NOTARIO SUPLENTE REEMPLAZAR

NOMBRE

NOTARIO

POSTULANTE

NOTARÍA QUE APLICA

SITUACION

LABORAL

ACTUAL

1

ESPINOZA SAQUICELA NELLY ELIZABETH

PALOMEQUE CASTRO BLASCO ALONSO

ABAD CASTRO MIRIAM AZUCENA

6 – AZOGUES

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NOTARIOS EL ORO

No.

NOMBRE DEL NOTARIO TITULAR

NOTARIO SUPLENTE A REEMPLAZAR

NOMBRE

NOTARIO

POSTULANTE

NOTARÍA QUE APLICA

SITUACION

LABORAL

ACTUAL

1

GÓMEZ JIMBO SULMI HAYDEE

MORENO SÁNCHEZ RAMIRO JESÚS

GRANDA CAMPOVERDE LAURA CECIBEL

1 – LAS LAJAS

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NOTARIOS ESMERALDAS

No.

NOMBRE DEL NOTARIO TITUTAR

NOTARIO SUPLENTE A REEMPLAZAR

NOMBRE

NOTARIO

POSTULANTE

NOTARÍA QUE APLICA

SITUACION

LABORAL

ACTUAL

1

AVILA PROANO ÉDISON MARCELO

LAJONES CASTILLO DARLIN FERNANDO

NOLE PAREDES CARLOS MANUEL

1 – ATACAMES

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NOTARIOS GUAYAS

No.

NOMBRE DEL NOTARIO TITULAR

NOTARIO SUPLENTE A REEMPLAZAR

NOMBRE

NOTARIO

POSTULANTE

NOTARÍA QUE APLICA

SITUACION

LABORAL

ACTUAL

1

PAZMINO PALACIOS JAIME TOMMY

ALVARADO NARDO AUGUSTO

7 –

GUAYAQUIL

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

2

LOOR VERA BRINA KHAROL

POLIT HERRERIA LUIS ARMANDO

73 – GUAYAQUIL

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NOTARIOS LOS RÍOS

No.

NOMBRE DEL NOTARIO TITULAR

NOTARIO SUPLENTE A REEMPLAZAR

NOMBRE

NOTARIO

POSTULANTE

NOTARÍA QUE APLICA

SITUACION

LABORAL

ACTUAL

1

MARTINEZ NÚÑEZ RÓMULO EUCLIDES

ALVARADO LOMAS MARTHA ELIZABETH

2 -QUEVEDO

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

2

CARRASCO MEDINA MIRIAN TERESA

VALERO SANCHEZ, GLADYS MORAIMA

2 – VENTANAS

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NOTARIOS MORONA SANTIAGO

No.

NOMBRE DEL NOTARIO TITULAR

NOTARIO SUPLENTE A REEMPLAZAR

NOMBRE

NOTARIO

POSTULANTE

NOTARÍA QUE APLICA

SITUACION

LABORAL

ACTUAL

1

ESPINOZA BARRERA JHONY MAURICIO

MARTINEZ VICUÑA DOLORES VICTORIA

HURTADO CRESPO CÉSAR MARCELO

1 – SANTIAGO DE MÉNDEZ

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NOTARIOS PICHINCHA

No.

NOMBRE DEL NOTARIO TITULAR

NOTARIO SUPLENTE A REEMPLAZAR

NOMBRE

NOTARIO

POSTULANTE

NOTARÍA QUE APLICA

SITUACION

LABORAL

ACTUAL

1

GARCÍA COSTALES ROCÍO ELINA

MORAN ITURRALDE JOSÉ MARÍA

SALAZAR ALAVA ALDO SANTIAGO

17 – QUITO

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

2

BURBANO RUEDA ALFREDO SANTIAGO

TRUJILLO RODRÍGUEZ BORIS ALFONSO

52 – QUITO

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL

Razón: Siento por tal que el anexo que antecede forma parte de la Resolución 229-2017, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete.

f) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General del Consejo de la Judicatura.

No. 231-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.”;

Que el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. ”;

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, determinan: «Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial; (…) y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.”;

Que el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: «. los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios.”;

Que el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiesta: «La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado.”;

Que el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: «La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario.”;

Que el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe: «Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados.”;

Que el segundo inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial, indica: «Excepcionalmente, y previo estudio técnico que justifique tal necesidad, el Consejo de la Judicatura podrá modificarla, únicamente en los casos de creación, traslado, fusión o supresión de salas de cortes, tribunales y juzgados”;

Que el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa: «En atención a las necesidades del servicio de administración de justicia, el Consejo de la Judicatura podrá disponer que a una misma unidad judicial se asignen dos o más jueces de la misma o distinta materia. Las servidoras y servidores que integran la unidad judicial prestarán su contingente por igual a todas las juezas y todos los jueces asignados a dicha unidad.”;

Que los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente; y, b) Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de primer nivel…”;

Que el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «10. Expedir, modificar, derogar (…) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial”;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de agosto de 2012, mediante Resolución 103-2012, publicada en el Registro Oficial No. 802, de 3 de octubre de 2012, resolvió: «CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PRIMERA CIVIL DE JIPIJAPA”;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de agosto de 2012, mediante Resolución 104-2012, publicada en el Registro Oficial No. 802, de 3 de octubre de 2012, resolvió: «CREAR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA SEGUNDA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ”;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 29 de septiembre de 2014, mediante Resolución 236-2014, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 356, de 17 de octubre de 2014, resolvió: «CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN JIPIJAPA PROVINIA DE MANABÍ”;

Que el Pleno del consejo de la Judicatura, en sesión de 2 de marzo de 2016, mediante Resolución 030-2016, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 725, de 4 de abril de 2016, resolvió: «REFORMAR LA RESOLUCIÓN 236-2016, DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: «CREAR LAS UNIDADES JUDICIALES: TRÁNSITO Y PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ”; LA RESOLUCIÓN 104-2012, DE 29 DE AGOSTO DE 2012, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: » CREAR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA SEGUNDA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ”; Y LA RESOLUCIÓN 103-2012, DE 29 DE AGOSTO DE 2012, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: «CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PRIMERA CIVIL DE JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ”;

Que mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2017-819 de 25 de octubre de 2017, suscrito por la abogada Connie Frías Mendoza, Directora Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, pone en conocimiento de la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), el análisis de creación de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Puerto López, provincia de Manabí- Plan de Cobertura Judicial 2017;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando circular CJ-DG-2017-0145-MC, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General, quien remite los Memorandos CJ-DNJ-2017-0324-M, de 15 de noviembre de 2017, suscrito por la abogada Connie Frías Mendoza, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (s); y, CJ-DNP-2017-1878-M, de 11 de diciembre de 2017, suscrito por la economista Glenda Calvas Chávez, Directora Nacional de Planificación, que contienen el proyecto de resolución y el informe técnico correspondiente, para: «CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ, PROVINCIA DE MANABÍ; REFORMAR LA RESOLUCIÓN 103-2012, SUPRIMIR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA SEGUNDA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ Y REFORMAR LA RESOLUCIÓN 236-2014”; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ, PROVINCIA DE MANABÍ; REFORMAR LA RESOLUCIÓN 103­

1. DE 29 DE AGOSTO DE 2012; SUPRIMIR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA SEGUNDA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ; Y, REFORMAR LA RESOLUCIÓN 236-2014, DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CAPÍTULO I CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ, PROVINCIA DE MANABÍ

Artículo 1.- Crear la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Puerto López, provincia de Manabí, integrada por jueces nombrados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.

Artículo 2.- Los jueces que integran la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Puerto López, provincia de Manabí, serán competentes en razón del territorio para el cantón Puerto López, provincia de Manabí.

Artículo 3.- Los jueces que integran la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Puerto López, provincia de Manabí, serán competentes para conocer y resolver las siguientes materias:

1. Civil y Mercantil, conforme lo determinado en el artículo 240 del Código Orgánico de la Función Judicial y en el Código Orgánico General de Procesos;
2. Inquilinato y Relaciones Vecinales, de conformidad a la disposición contenida en el artículo 243 del Código Orgánico de la Función Judicial y lo establecido en la Ley de Inquilinato;
3. Trabajo, conforme las disposiciones contenidas en el artículo 238 del Código Orgánico de la Función Judicial y en el Código del Trabajo;
4. Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 234 del Código Orgánico de la Función Judicial;
5. Violencia contra la Mujer o Miembro del Núcleo Familiar, de conformidad con lo previsto en el artículo 232 del Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia;
6. Adolescentes Infractores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Código Orgánico de la Función Judicial, Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal;
7. Penal, conforme lo determinado en el artículo 225 del Código Orgánico de la Función Judicial así como las disposiciones determinadas en el Código Orgánico Integral Penal;
8. Contravenciones, conforme lo determinado en el artículo 231 del Código Orgánico de la Función Judicial así como las determinadas en el Código Orgánico Integral Penal;
9. Tránsito, Delitos y Contravenciones, conforme las disposiciones contenidas en el artículo 229 del Código Orgánico de la Función Judicial así como las determinadas en la ley; y,

10) Constitucional, conforme las disposiciones comunes de garantías jurisdiccionales previstas en el Título III de la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Artículo 4.- Los servidores judiciales que prestarán sus servicios en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Puerto López, provincia de Manabí, laborarán en el horario establecido por el Consejo de la Judicatura; no obstante, en días y horas no laborables, ejercerán sus funciones cuando el servicio lo requiera, sujetándose a las disposiciones administrativas que emita la Dirección Provincial de Manabí y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

CAPÍTULO II

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 103-2012, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, RESOLVIÓ: “CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PRIMERA CIVIL DE JIPIJAPA DE LA PRO VINCIA DE MANABÍ”

Artículo 5.- Cambiar en el título: “CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PRIMERA CIVIL DE JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ», por “CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ».

Artículo 6.- Sustituir en todo el texto de la Resolución 103-2012, la denominación: “Unidad Judicial Multicompetente Primera Civil de Jipijapa de la provincia de Manabí», por “Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí», a excepción de la parroquia La Unión.

Artículo 7.- Sustituir el artículo 3, por el siguiente texto:

“Art. 3.- Los jueces que integran la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí, serán competentes en razón del territorio para el cantón Jipijapa, provincia de Manabí.».

Artículo 8.- Sustituir el artículo 4, por el siguiente texto:

“Art. 4. – Los jueces que integran la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí, serán competentes para conocer y resolver las siguientes materias:

1. Civil y Mercantil, conforme lo determinado en el artículo 240 del Código Orgánico de la Función Judicial y en el Código Orgánico General de Procesos;
2. Inquilinato y Relaciones Vecinales, de

conformidad a la disposición contenida en el artículo 243 del Código Orgánico de la Función Judicial y en la Ley de Inquilinato;

3. Trabajo, conforme las disposiciones contenidas en el artículo 238 del Código Orgánico de la Función Judicial y en el Código del Trabajo;
4. Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 234 del Código Orgánico de la Función Judicial;
5. Adolescentes Infractores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las determinadas en el Código de la Niñez y Adolescencia; y, el Código Orgánico Integral Penal;
6. Constitucional, conforme las disposiciones comunes de garantías jurisdiccionales previstas en el Título III de la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.”.

Artículo 9.- Agregar a continuación del artículo 8, el siguiente artículo innumerado:

“Art. (…).-Las causas que actualmente se encuentran en conocimiento de los jueces que integran la Unidad Judicial Multicompetente Primera Civil de Jipijapa de la provincia de Manabí, modificada mediante esta resolución; seguirán siendo conocidas y resueltas por estos mismos jueces, con las mismas competencias en razón del territorio y materia.”.

CAPÍTULO III

SUPRIMIR LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA SEGUNDA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, CREADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 104-2012, DE 29 DE AGOSTO DE 2012

Artículo 10.- Suprimir la «UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA SEGUNDA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ”.

Artículo 11.- Las causas que actualmente se encuentran en conocimiento de los jueces que integran la «Unidad Judicial Especializada Segunda de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí”, suprimida mediante esta resolución, seguirán siendo conocidas y resueltas por los mismos jueces, con las mismas competencias en razón de materia y territorio, quienes pasarán a formar parte de la «Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí”.

Artículo 12.- Los servidores judiciales que prestan sus servicios en la judicatura suprimida, pasarán a laborar en la «Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí”, debiendo sujetarse a las disposiciones administrativas que emita la Dirección Provincial de Manabí y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

CAPÍTULO IV REFORMAR LA RESOLUCIÓN 236-2014, DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: “CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MUL TICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ”.

Artículo 13.- Sustituir el artículo 11, por el siguiente texto:

“Art. 11.- Los jueces que integran la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí, serán competentes en razón del territorio para el cantón Jipijapa, provincia de Manabí, a excepción de la parroquia La Unión”.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA.- La Dirección Nacional de Gestión Procesal en coordinación con la Dirección Provincial de Manabí, deberá elaborar y remitir a la Dirección General para su aprobación, de acuerdo a la Resolución 047-2015, un informe técnico sobre la pertinencia de reasignar o no las causas que se encuentran en conocimiento de los jueces que integran las judicaturas modificadas mediante esta resolución.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- Derogar los artículos 5, 6 y 8 de la Resolución 030-2016, de 2 de marzo de 2016, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 725 de 4 de abril de 2016.

SEGUNDA.- Derogar los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución 104-2012, de 29 de agosto de 2012, publicada en el Registro Oficial No. 802, de 3 de octubre de 2012.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General; Secretaría General; Escuela de la Función Judicial, Dirección Nacional de Planificación; Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC’S; Dirección Nacional de Talento Humano; Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; Dirección Nacional de Gestión Procesal; y, Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia el 2 de enero de 2018, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete.

f.) Gustavo Jalkh Roben, Presidente.

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las

aprobó esta resolución el dieciocho de diciembre de dos personas, del territorio, de la materia, y de los grados.”;

mil diecisiete.

Que el segundo inciso del artículo 157 del Código Orgánico f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General. de la Función Judicial, indica: «Excepcionalmente, y

previo estudio técnico que justifique tal necesidad, el Consejo de la Judicatura podrá modificarla, únicamente en los casos de creación, traslado, fusión o supresión de salas de cortes, tribunales y juzgados”;

No. 232-2017

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.”;

Que el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: «Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. ”;

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, determinan: «Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial; (…) y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.”;

Que el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: «…los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios…”;

Que el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiesta: «La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado.”;

Que el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: «La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario.”;

Que el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe: «Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre

Que el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa: «En atención a las necesidades del servicio de administración de justicia, el Consejo de la Judicatura podrá disponer que a una misma unidad judicial se asignen dos o más jueces de la misma o distinta materia. Las servidoras y servidores que integran la unidad judicial prestarán su contingente por igual a todas las juezas y todos los jueces asignados a dicha unidad.”;

Que los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente; y,

2. Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de primer nivel…”;

Que el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: «10. Expedir, modificar, derogar (…) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial”;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 17 de septiembre de 2014, mediante Resolución 192-2014, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 353, de 14 de octubre de 2014, resolvió: «CREAR UNIDADES JUDICIALES: CIVIL, PENAL, TRÁNSITO

25. FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS”;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 28 de abril de 2016, mediante Resolución 076-2016, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 756, de 17 de mayo de 2016, resolvió: REFORMAR LA RESOLUCIÓN 192-2014, DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: «CREAR UNIDADES JUDICIALES: CIVIL, PENAL, TRÁNSITO Y FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS”;

Que mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2017-821, de 31 de octubre de 2017, suscrito por la abogada Connie

Frías Mendoza, Directora Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, pone en conocimiento de la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), el informe técnico referente a la «Implementation Plan de Cobertura Judicial 2017, provincia del Guayas; Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Pedro Carbo”;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2017-5875-M, de 18 de diciembre de 2017, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General, quien remite los Memorandos CJ-DNJ- 2017-0300-M, de 9 de noviembre de 2017, suscrito por la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e); y, CJ-DNP-2017-1887-M, de 12 de diciembre de 2017, suscrito por la economista Glenda Calvas Chávez, Directora Nacional de Planificación, que contienen el informe técnico y el proyecto de resolución correspondiente, para: «CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN PEDRO CARBO, PROVINCIA DE GUAYAS; Y, REFORMAR LA RESOLUCIÓN 192-2014 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014”; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN PEDRO CARBO, PROVINCIA DE GUAYAS; Y, REFORMAR LA RESOLUCIÓN 192­

2014. DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CAPÍTULO I

CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN PEDRO CARBO, PROVINCIA DE GUAYAS

Artículo 1.- Crear la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Pedro Carbo, provincia de Guayas, integrada por jueces nombrados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.

Artículo 2.- Los jueces que integran la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Pedro Carbo, provincia de Guayas, serán competentes en razón del territorio para los cantones: Pedro Carbo e Isidro Ayora de la provincia de Guayas.

Artículo 3.- Los jueces que integran la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Pedro Carbo, provincia de Guayas, serán competentes para conocer y resolver las siguientes materias:

1. Civil y Mercantil, conforme lo determinado en el artículo 240 del Código Orgánico de la Función Judicial y en el Código Orgánico General de Procesos;
2. Inquilinato y Relaciones Vecinales, de conformidad a la disposición contenida en el artículo 243 del Código Orgánico de la Función Judicial y en la Ley de Inquilinato;
3. Trabajo, conforme las disposiciones contenidas en el artículo 238 del Código Orgánico de la Función Judicial y en el Código de Trabajo;
4. Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 234 del Código Orgánico de la Función Judicial;
5. Violencia contra la Mujer o Miembro del Núcleo Familiar, de conformidad con lo previsto en el artículo 232 del Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia;
6. Adolescentes Infractores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las determinadas en el Código de la Niñez y Adolescencia, y el Código Orgánico Integral Penal;
7. Penal, conforme lo determinado en el artículo 225 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las determinadas en el Código Orgánico Integral Penal;
8. Contravenciones, conforme lo determinado en los numerales 2, 3, 4 y 6 del artículo 231 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las determinadas en el Código Orgánico Integral Penal;
9. Tránsito, delitos y contravenciones, conforme las disposiciones contenidas en el artículo 229 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las determinadas en la ley; y,
10. Constitucional, conforme las disposiciones comunes de garantías jurisdiccionales previstas en el Título III de la Constitución de la República del Ecuador; y, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Artículo 4.- Los servidores judiciales que prestarán sus servicios en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Pedro Carbo, provincia de Guayas, laborarán en el horario establecido por el Consejo de la Judicatura; no obstante, en días y horas no laborables, ejercerán sus funciones cuando el servicio lo requiera, sujetándose a las disposiciones administrativas que emita la Dirección Provincial de Guayas y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

CAPÍTULO II

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 192-2014 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: “CREAR UNIDADES JUDICIALES: CIVIL, PENAL, TRÁNSITO Y FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓNDAULE, PROVINCIA DE GUAYAS”

Artículo 5.- Sustituir el artículo 5 por el siguiente texto:

«Art. 5. – Los jueces que integran la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Daule, provincia de Guayas, serán competentes en razón del territorio para los cantones: Daule, Santa Lucía, Palestina, Lomas de Sargentillo y Nobol.”

Artículo 6.- Agregar a continuación del articulo 6 el siguiente articulo innumerado:

“Art. Las causas que actualmente se encuentran en conocimiento de los jueces que integran la Unidad Judicial Civil, con sede en el cantón Daule, de la provincia de Guayas, sobre los cantones Pedro Carbo e Isidro Ayora, seguirán siendo conocidas y resueltas por estos mismos jueces, con las mismas competencias en razón del territorio y materia.”

Artículo 7.- Sustituir el articulo 11 por el siguiente texto:

«Art. 11.- Los jueces que integran la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Daule, provincia de Guayas, serán competentes en razón del territorio para los cantones: Daule, Santa Lucía, Palestina, Lomas de Sargentillo, Nobol y Salitre.”

Artículo 8.- Agregar a continuación del articulo 12 el siguiente articulo innumerado:

“Art. (…).-Las causas que actualmente se encuentran en conocimiento de los jueces que integran la Unidad Judicial Multicompetente Penal, con sede en el cantón Daule, de la provincia de Guayas, sobre los cantones Pedro Carbo e Isidro Ayora, seguirán siendo conocidas y resueltas por estos mismos jueces, con las mismas competencias en razón del territorio y materia.”

Artículo 9.- Sustituir el articulo 17 por el siguiente texto:

«Art. 17.- Los jueces que integran la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Daule, provincia de Guayas, serán competentes en razón del territorio para los cantones: Daule, Santa Lucía, Palestina, Lomas de Sargentillo y Nobol. ”

Artículo 10.- Agregar a continuación del articulo 18 el siguiente articulo innumerado:

“Art. (…).-Las causas que actualmente se encuentran en conocimiento de los jueces que integran la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Daule, de la provincia de Guayas, sobre los cantones Pedro Carbo e Isidro Ayora, seguirán siendo conocidas y resueltas por estos mismos jueces, con las mismas competencias en razón del territorio y materia.”

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA.- La Dirección Nacional de Gestión Procesal en coordinación con la Dirección Provincial de Guayas, deberá elaborar y remitir a la Dirección General para su aprobación, de acuerdo a la Resolución 047-2015, un informe técnico sobre la pertinencia de reasignación de las causas que se encuentran en conocimiento de los jueces que integran las Unidades Judiciales: Civil; Multicompetente Penal y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Daule, provincia de Guayas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogar el artículo 3 de la Resolución 076-2016 de 28 de abril de 2016, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 756 de 17 de mayo de 2016.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General, Secretaria General, Escuela de la Función Judicial, Dirección Nacional de Planificación, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC’S, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, Dirección Nacional de Gestión Procesal; y, Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia el 19 de diciembre de 2017, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete.

f.) Gustavo Jalkh Roben, Presidente.

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete.

6. ) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

No. SEPS-IGT-ITICA-IGJ-2017-101

Kléver Mejía Caguasango SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (E)

Considerando:

Que, el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su publicación el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014;

Que, el inciso segundo del artículo 74 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, además de las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, tendrá las funciones determinadas en el artículo 62, excepto los numerales 18 y 19;

Que, el numeral 3 del artículo 62 en concordancia con el artículo 74 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece que es función de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la constitución, denominación, organización y liquidación de las entidades del sector financiero popular y solidario;

Que, el último inciso del artículo 62 del referido Código determina que, para el cumplimiento de sus funciones la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, podrá expedir las normas en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales ni las regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

Que, el artículo 200 ibídem, señala que las entidades del sistema financiero nacional podrán establecer oficinas para la atención al público observando el criterio de territorialidad, conforme las regulaciones de la Junta; y que estas oficinas, antes del inicio de operaciones, deberán obtener del organismo de control el respectivo permiso de funcionamiento, de acuerdo con el trámite que este establezca; indica además, que las entidades exhibirán en un lugar público y visible, tanto en su matriz como en cada una de sus oficinas, el permiso de funcionamiento otorgado por las superintendencias;

Que, el literal c del artículo 151 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria establece como una de las atribuciones del Superintendente de Economía Popular y Solidaria dictar normas de control;

Que, es necesario que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria expida, la norma de control para la apertura y cierre de oficinas de las entidades bajo su control; y,

Que, mediante acción de personal No. 855 de 12 de mayo de 2017, se encarga a Kléver Mejía Caguasango el puesto de Superintendente de Economía Popular y Solidaria a partir del 15 de mayo de 2017.

En ejercicio de las atribuciones y las funciones que le confiere la Ley,

Resuelve:

Expedir la siguiente:

NORMA DE CONTROL PARA LA APERTURA, TRASLADO Y CIERRE DE OFICINAS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE AHORRO

25. CRÉDITO PARA LA VIVIENDA Y CAJAS CENTRALES

CAPÍTULO I

GLOSARIO Y ÁMBITO

Artículo 1.- Para los efectos de la presente norma entiéndase como:

Matriz: Oficina principal, constituida como domicilio legal y que debe constar en el estatuto social, la matriz llevará la contabilidad integral de la entidad y establecerá los procesos y controles contables de toda la red de oficinas.

Sucursales: Oficinas ubicadas en una circunscripción territorial distinta de la matriz; dependientes directamente de esta, capaces de realizar transacciones con independencia, contabilizándolas en sus propios estados financieros.

Agencias: Oficinas dependientes de una sucursal o la matriz, supeditadas a ésta, sin autonomía contable.

Ventanillas de extensión de servicios: Oficinas ubicadas dentro de establecimientos relacionados al vínculo común de los socios y que podrán efectuar servicios descritos en la presente norma.

Oficinas temporales: Establecimiento que depende orgánicamente de la matriz o de una sucursal, tienen duración definida y funcionan en ferias nacionales o internacionales, exposiciones o cualquier tipo de evento con el objeto exclusivo de brindar información al público de los productos y servicios ofertados. El tiempo de duración de funcionamiento de estas oficinas no será mayor a treinta (30) días.

Puntos móviles: Servicio otorgado por la matriz, sucursales o agencias, dentro de un espacio territorial específico sean parroquias o cantones, utilizando para ello medios móviles; con capacidad y seguridad suficiente para transportar valores y actualizar datos en tiempo real.

Corresponsales solidarios: Son personas naturales o jurídicas que, a través de instalaciones ubicadas en el país, distintas a las de la entidad financiera y bajo la responsabilidad de ésta, prestan servicios financieros autorizados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Terminal electrónico: Son dispositivos conectados en línea a una plataforma tecnológica de servicios financieros.

Artículo 2.- La presente norma aplica a las cooperativas de ahorro y crédito, a las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y a las cajas centrales, en adelante denominadas “entidades”.

CAPITULO II

DE LAS OFICINAS

Artículo 3.- Para la prestación de productos y servicios financieros, las entidades, previa la respectiva autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, podrán operar en el país a través de: su matriz; sucursales; agencias; ventanillas de extensión de servicios; oficinas temporales; puntos móviles y corresponsales solidarios.

REQUISITOS Y AUTORIZACIÓN PARA APERTURA DE MATRIZ, SUCURSALES Y AGENCIAS

Artículo 4.- Para la autorización de apertura de matriz, sucursales y agencias, las entidades, deberán presentar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria lo siguiente:

1. Solicitud suscrita por el representante legal, en la que deberá indicar la provincia, el cantón, la parroquia, la zona o sector; la dirección clara y precisa del lugar en donde funcionará;
2. Copia certificada del acta de la sesión del consejo de administración en la que se haya aprobado el estudio de factibilidad y resuelto la apertura;
3. Estudio de factibilidad, conforme a los parámetros dispuestos en el anexo l de esta norma; y,
4. Dictamen de la auditoría externa del último año, si fuere aplicable.

Artículo 5.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria evaluará la apertura de matriz, sucursales y agencias, considerando sobre las entidades lo siguiente:

1. Que hayan cumplido en los últimos 12 meses la norma de solvencia;
2. Que hayan estado en los últimos 12 meses bajo supervisión preventiva y correctiva;
3. Que no registren a la fecha de solicitud deficiencia de provisiones;
4. Que cumplan con los límites de crédito previstos en el Código Orgánico Monetario y Financiero;
5. Que cumplan con lo dispuesto en la normativa vigente;
6. Que no hayan presentado eventos de riesgo alto o crítico identificados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que atenten contra la estabilidad de la entidad en los últimos 12 meses;
7. Que se encuentren al día con el envío de información solicitada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en los plazos establecidos; y,

Adicionalmente, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria considerará que la apertura de matriz, sucursales, agencias coadyuven al fortalecimiento de una o más entidades del sector. Así mismo, se aplicará la metodología establecida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para determinar el grado de concentración de oficinas matrices, sucursales o agencias en un territorio determinado.

Artículo 6.- Cumplidos los requisitos anteriores, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de ser el caso, autorizará mediante resolución, la apertura de la matriz, sucursales o agencias con su correspondiente código de identificación.

Artículo 7.- Si la entidad no inicia sus actividades dentro de los seis meses, contados a partir de la fecha de autorización, la resolución correspondiente quedará sin efecto, salvo que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria haya autorizado, a petición de la entidad, la prórroga.

Artículo 8.- La matriz, sucursales y agencias sólo podrán realizar las operaciones previstas en el numeral 2 del artículo 194 del Código Orgánico Monetario y Financiero y aquellas que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y que hayan sido autorizadas previamente por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

CAPÍTULO III

TRASLADOS DE MATRICES, SUCURSALES Y AGENCIAS

Artículo 9.- Para la autorización del traslado de matrices, sucursales y agencias, las entidades deberán presentar los requisitos establecidos en los literales a. b. y c. del artículo

4. de esta norma.

Se exceptúa el cumplimiento del literal c. del artículo 4 en los siguientes casos:

1. Cuando el traslado se realice dentro del mismo cantón, si éste tuviere hasta cien mil habitantes;
2. Cuando el traslado se realice dentro de la misma parroquia; o,
3. Cuando el traslado se realice en un radio no mayor de

2. kilómetros de distancia de la localización original, el cual será determinado en función de las coordenadas de origen y destino del punto de atención.

Artículo 10.- Las entidades informarán del traslado a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a sus socios y clientes, con por lo menos 30 días calendario de anticipación, por medios verificables y de fácil acceso para los socios y clientes.

CAPITULO IV

APERTURA DE VENTANILLAS DE EXTENSIÓN DE SERVICIOS, OFICINAS TEMPORALES Y PUNTOS MÓVILES

Artículo 11.- Para la autorización de apertura de ventanillas de extensión de servicios y puntos móviles, las entidades, deberán presentar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria lo siguiente:

1. Solicitud suscrita por el representante legal, en la que deberá indicar la provincia, el cantón, la parroquia, la zona o sector; la dirección clara y precisa del lugar en donde funcionará y el detalle de los servicios que prestarán;
2. Copia certificada del acta de la sesión del consejo de administración en la que se haya aprobado el estudio de factibilidad y resuelto la apertura; y,
3. Dictamen de la auditoría externa del último año, si fuere aplicable.

Para los puntos móviles se deberá además presentar un plan de seguridad y contrato de cobertura de seguro para la protección de recursos humanos y materiales.

Servicio

Ventanillas

de

Extensión

Oficinas

Temporales

Puntos

móviles

Recepción de solicitudes de crédito;

X

X

Recepción de depósitos en cuentas a la vista;

X

X

Realizar retiros de ahorros y pago de depósitos a plazo;

X

X

Transferencia de fondos para pagos de nómina de empleados;

X

Transferencia de fondos para pago de proveedores;

X

Atención de pago de servicios básicos (agua, luz, teléfono), impuestos, tasas y contribuciones especiales;

X

Entregar información al público de los servicios y productos ofertados por la entidad;

X

X

X

Pago de bonos gubernamentales; y,

X

Envió y pago de giros nacionales e internacionales;

X

Consulta de saldos

X

Para las oficinas temporales únicamente se requiere el cumplimiento del literal a.

Artículo 12.- Las ventanillas de extensión de servicios, oficinas temporales y puntos móviles podrán prestar los siguientes servicios:

CAPITULO V CORRESPONSALES SOLIDARIOS

Artículo 13.- Las entidades de los segmentos 1 y 2 bajo su responsabilidad, y previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, podrán prestar los siguientes servicios a través de corresponsales solidarios:

< >Recibir depósitos o pagar retiros en efectivo;Recibir la solicitud y documentación para abrir cuentas básicas;Realizar consultas de saldos en cuentas;Realizar recargas de tarjetas prepago;Efectuar desembolsos y recibir pagos en efectivo por concepto de operaciones activas de crédito;Recaudar el pago de servicios básicos;Pagar el bono de desarrollo humano y otras subvenciones gubernamentales;Realizar avances en efectivo de tarjeta de crédito;Realizar recaudaciones a nombre de terceros; y,j. Realizar envíos y pagos de giros y remesas, locales y del exterior.

Los servicios señalados en las letras a., e., g., h., i., y j. de este artículo, se realizarán dentro de los límites aprobados por el consejo de administración de las entidades siempre que no sea mayor de USD 200.

Los corresponsales solidarios deberán entregar el documento de soporte de la transacción realizada por los servicios detallados en el presente artículo.

Las operaciones que se realicen por medio de corresponsales solidarios deberán efectuarse única y exclusivamente a través de terminales electrónicos conectados con la plataforma tecnológica de las respectivas entidades.

Los corresponsales solidarios podrán entregar información promocional relacionada con los servicios previstos en el presente artículo.

Artículo 14.- Para la autorización de funcionamiento de corresponsales solidarios, además de los requisitos establecidos en el artículo 5 de esta norma, las entidades deberán presentar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria:

< >El manual de procesos en el que se considere la forma de funcionamiento y las políticas de control y seguridad necesarias para la incorporación de corresponsales solidarios;La ubicación geográfica de los corresponsales y el cronograma de apertura;Pruebas documentadas sobre la conectividad y encriptación de la información; y,El contrato tipo.La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para la autorización de corresponsales solidarios, considerará la metodología que haya establecido para analizar el grado de concentración de la actividad de las entidades en un territorio determinado.

Una vez obtenida la autorización respectiva, las entidades financieras notificarán a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y al público en general, la apertura de cada corresponsal solidario, por lo menos con quince (15) días de anticipación al inicio de operaciones.

Artículo 15.- Las entidades financieras deberán informar trimestralmente a la Superintendencia de Economía

Popular y Solidaria sobre los cambios de ubicación geográfica o la incorporación de nuevos corresponsales solidarios, en los términos que se establezca para el efecto.

Artículo 16.- Las entidades y los corresponsales solidarios deberán suscribir contratos que deberán contener, como mínimo, las siguientes estipulaciones contractuales:

< >La indicación expresa de la plena responsabilidad de las entidades frente al socio, cliente o usuario financiero, por los servicios prestados por medio del corresponsal solidario;Las obligaciones de ambas partes;La identificación de los riesgos asociados a la prestación de los servicios financieros que serán asumidos por el corresponsal solidario frente a entidades, así como la forma en la que dicho corresponsal responderá ante la entidad, incluyendo, entre otros, los riesgos inherentes al manejo del efectivo;Las medidas que se adoptarán para mitigar o cubrir los riesgos asociados a la prestación de los servicios financieros, incluyendo aquellas relacionadas con la prevención y el control del lavado de activos. Estas medidas, deberán incluir como mínimo el establecimiento de límites para la prestación de los servicios financieros y realización de operaciones, montos máximos por transacción de acuerdo a los horarios regulares y diferidos de la entidad. Se podrán convenir, además, medidas como la obligación del corresponsal de consignar en una oficina de la entidad el efectivo recibido o la posibilidad de recaudar los recursos a través de trasporte de valores, con una determinada periodicidad o cuando se excedieran ciertos límites establecidos; la contratación de seguros; la forma de custodia del efectivo en su poder, entre otros;La obligación del corresponsal solidario de entregar a los socios, clientes y usuarios el documento soporte de la transacción realizada, el cual deberá ser expedido por el terminal electrónico de la entidad, situado en las instalaciones del corresponsal. Este documento deberá contener por lo menos la fecha, hora, tipo y monto de la transacción realizada, así como el nombre del corresponsal solidario y el de la entidad financiera;El cargo que realizará la entidad financiera a favor del corresponsal solidario y la forma de pago;Los horarios de atención al público, los cuales podrán ser acordados libremente entre las partes;La asignación del respectivo corresponsal solidario a una oficina de la entidad financiera, así como la forma y procedimiento que podrá emplear el corresponsal solidario para comunicarse con dicha oficina;La obligación del corresponsal solidario de mantener el sigilo respecto de la información de los socios, clientes y usuarios de la entidad financiera;j. La obligación de la entidad de suministrar a los corresponsales solidarios los manuales operativos que sean necesarios para la adecuada prestación de los servicios financieros;

k. La obligación de la entidad financiera de suministrar al corresponsal solidario la debida capacitación que asegure la prestación adecuada de los servicios acordados;

< >La obligación del corresponsal solidario de mantener durante la vigencia del contrato la infraestructura física y tecnológica adecuada, como el recurso humano para la prestación eficiente y efectiva de los servicios financieros, así como establecer los mecanismos de seguimiento; y,m. La descripción técnica de los terminales electrónicos que la entidad financiera situará en las instalaciones del corresponsal solidario, así como la obligación de este de velar por su debida conservación y custodia.

Artículo 17.- Dentro de las cláusulas contractuales se establecerá que los corresponsales solidarios tendrán las siguientes prohibiciones:

< >Operar cuando se presente una falla de comunicación que impida que las transacciones se puedan realizar en línea con la entidad correspondiente;Ceder el contrato total o parcialmente, sin la expresa aceptación de la entidad;Cobrar a los socios, clientes o usuarios por su cuenta cualquier cargo en su beneficio, relacionado con la prestación de los servicios financieros previstos en el contrato;Ofrecer o prestar cualquier tipo de garantía a favor de los socios, clientes o usuarios respecto de los servicios prestados;Conocer claves personales de los socios, usuarios o clientes; y,Prestar servicios financieros por cuenta propia.Artículo 18.- Las entidades deberán exhibir en las instalaciones de los corresponsales solidarios, de manera permanente y en un lugar visible al público, la siguiente información:

< >La denominación «corresponsal solidario», señalando el nombre de la entidad contratante;Los servicios que el corresponsal solidario contrató con la entidad financiera; y,Los cargos de los servicios que se ofrecen por medio del corresponsal.Artículo 19.- Las entidades que utilizan corresponsales solidarios tendrán las siguientes obligaciones:

< >Incorporar en el manual de procesos, las políticas de selección, contratación y capacitación de los corresponsales, su forma de funcionamiento, la prevención de lavado de activos, el horario de atención, las políticas de administración de riesgos;Contar con medios de divulgación apropiados para informar a los socios acerca de la ubicación y servicios que se presten a través de los corresponsales solidarios;Incluir en los procesos de control interno el monitoreo permanentemente del cumplimiento de las obligaciones de los corresponsales solidarios; y,Asegurar que los sistemas (hardware y software) utilizados por los corresponsales solidarios cumplan con los principios de seguridad y transmisión de la información y procedimientos de emisión de claves de acceso e identificación de los usuarios, de ser el caso, así como la normativa legal vigente relacionada.CAPITULO VI CIERRE

Artículo 20.- Las entidades no podrán cerrar las sucursales, agencias, y ventanillas de extensión, sin previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. El cierre de estas se realizará por las siguientes causas:

< >Petición expresa del representante legal de la entidad, adjuntando la copia certificada del acta de la sesión del consejo de administración en la que se haya aprobado el cierre;Cuando no se esté cumpliendo el fin social para el cual fueron autorizadas o cuando a juicio de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las sucursales, agencias, ventanillas de extensión o corresponsales solidarios pudieren comprometer la estabilidad de la entidad financiera o del sector financiero popular y solidario;Por no presentar el permiso de seguridad otorgado por el Ministerio del Interior dentro del plazo previsto para el efecto, de ser el caso; y,Cuando se estén ofreciendo productos y servicios no autorizados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.En el caso de corresponsales solidarios, el cierre al que se refiere este artículo, tiene que ver con la autorización general otorgada a una entidad. El cierre de corresponsales en forma individual se efectuará previa autorización del consejo de administración y se comunicará a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en forma trimestral en el formato que lo disponga.

Para el cierre de sucursales, agencias, ventanillas de extensión, puntos móviles y corresponsales solidarios, la entidad deberá presentar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria lo siguiente:

< >Petición expresa del representante legal de la entidad, adjuntando copia certificada del acta de la sesión del consejo de administración en la que se resolvió el cierre,Cronograma de transferencia de equipos y de atención de socios a las oficinas más cercanas; y,Divulgación del lugar donde la entidad atenderá al público en general.Ejecutado el cierre, se inhabilitarán los códigos de identificación otorgados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Sin perjuicio del permiso de funcionamiento, la entidad en el plazo de seis meses contados desde la fecha del citado permiso presentará a este Organismo de Control una certificación del Ministerio del Interior en la que se indique que la oficina cuenta con instalaciones y medios necesarios para brindar los servicios en condiciones de seguridad para las personas, bienes y otros.

SEGUNDA.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria publicará en el portal institucional los puntos de atención que están autorizados.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA – Las entidades que prestan servicios a través de ventanillas de extensión que no cumplan con la condición de vínculo común establecido en esta norma, o por medio de oficinas especiales, deberán dentro del plazo de un año adecuarse a lo previsto en la presente resolución.”

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Publíquese en la página web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

COMUNIQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 17 de noviembre de 2017.

< >) Kléver Mejía Caguasango, Superintendente de Economía Popular y Solidaria (E).No. SEPS-IGT-IR-ISF-ITIC-IGJ-2017-103

Kléver Mejía Caguasango SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (E)

Considerando:

Que, el Código Orgánico Monetario y Financiero publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, regula los sistemas monetarios y financieros, así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador;

Que, el numeral 1 del artículo 62, en concordancia con el inciso segundo del artículo 74 del mencionado Código determina como función de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ejercer la vigilancia, auditoría, control y supervisión de las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero;

Que, el numeral 7 del artículo 62 del aludido Código, establece como función de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las entidades sujetas a su control y, en general, vigilar que cumplan las normas que rigen su funcionamiento, las actividades financieras que presten, mediante la supervisión permanente, preventiva, extra situ y visitas de inspección in situ que permitan determinar la situación económica y financiera de las entidades, el manejo de sus negocios, evaluar la calidad y control de la gestión de riesgo y verificar la veracidad de la información que generan;

Que, el último inciso del artículo 62 ibídem determina que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para el cumplimiento de sus funciones, podrá expedir las normas en las materias propias de su competencia sin que pueda alterar las disposiciones legales ni las regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

Que, el inciso primero del artículo 74 del citado cuerpo legal, dispone que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en su organización, funcionamiento y funciones de control y supervisión del sector financiero popular y solidario, se regirán por las disposiciones de dicho Código y la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria;

Que, en el artículo 163 del referido Código, determina que las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas centrales y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda forman parte del sector financiero popular y solidario;

Que, el artículo 444 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina que las entidades financieras populares y solidarias están sometidas a la regulación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quienes en las políticas que emitan tendrán presente la naturaleza y características propias del sector financiero popular y solidario;

Que, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en el numeral 6 del artículo 132, establece que las organizaciones que conforman la Economía Popular y Solidaria podrán utilizar medios de pago complementarios, sea a través de medios físicos o electrónicos, para facilitar el intercambio y la prestación de bienes y servicios, dentro de las prescripciones establecidas en la Ley, su Reglamento y las regulaciones que para el efecto emita el órgano regulador competente;

Que, el literal b del artículo 151 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, determina entre las atribuciones del Superintendente de Economía Popular y Solidaria dictar las normas de control;

Que, la Disposición General Cuarta, de la Sección III “Normas para la Administración Integral de Riesgo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas Centrales y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda”, del Capítulo XXXVI “Sector Financiero Popular y Solidario”, del Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros aprobada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, determina que la Superintendencia de Economía Popular y Solidariapodrá expedir las normas de control necesarias para su aplicación;

Que, es necesario que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria expida una norma de control de las seguridades en el uso de transferencias electrónicas; y,

Que, mediante acción de personal No. 855 de 12 de mayo de 2017, se encarga a Kléver Mejía Caguasango, el puesto de Superintendente de Economía Popular y Solidaria, a partir del 15 de mayo de 2017.

En ejercicio de las atribuciones y las funciones que le confiere la Ley,

Resuelve:

Expedir la siguiente:

NORMA DE CONTROL DE LAS SEGURIDADES EN EL USO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS SECCIÓN I – ÁMBITO Y OBJETO.

Artículo 1.- Ámbito. Las disposiciones de esta resolución aplicarán a las cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales y asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, en adelante denominadas “entidades”.

Artículo 2.- Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los niveles mínimos de protección en las transferencias electrónicas realizada mediante mensajes o instrucciones telefónicas, electrónicas o celulares desde un ordenador conectado a redes de comunicación propias o de terceros a otro ordenador, mediante el uso de cualquier terminal.

SECCIÓN II – DEFINICIONES.

Artículo 3.- Para la aplicación de esta norma se considerarán las siguientes definiciones:

< >Administrador del convenio de asociación.- Es laentidad que proporciona el mayor aporte de servicios a los intervinientes del convenio de asociación y que se encarga de la representación y correcta implementación del mismo.

< >Autorización de accesos: Controla el acceso de los usuarios a zonas restringidas; a distintos equipos y servicios después de haber superado el proceso de autenticación.Autenticar: Proceso, dispositivo o sistema utilizado para la comprobación de credenciales de acceso y la verificación de la identidad de un usuario.Cajero automático o ATM (Automated Teller Machine): Es una máquina expendedora de dinero utilizando tarjeta con banda magnética o chip, sin que se requiera la presencia del personal de la institución financiera.Confidencialidad: Es la propiedad de prevenir que se divulgue la información a personas o sistemas no autorizados.Disponibilidad: Acceso a la información en el tiempo y forma en que ésta sea requerida.Encriptar: Es el proceso mediante el cual la información o archivos son cifrados en forma lógica y controlada, con el objetivo de evitar que alguien no autorizado pueda interpretarla, verla o copiarla.Evento fortuito o de fuerza mayor: Se refieren a aquellos eventos tales como huelgas o paros, actos de vandalismo, terrorismo, manifestaciones o conmoción civil; y, terremotos, incendios, inundaciones u otros similares.Información: Es cualquier forma de registro electrónico, óptico, magnético o en otros medios, previamente procesado a partir de datos, que puede ser almacenado y distribuido.Integridad: Es la garantía de mantener la calidad y exactitud de la información.No repudio: Propiedad de las comunicaciones que garantiza la participación de las partes en una comunicación.Punto de venta.- Dispositivos electrónicos que posibilitan transmitir las instrucciones pagos, realizadas a través de tarjetas de débito y/o tarjetas de crédito.Seguridad de la información: Son los mecanismos que garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y los recursos relacionados con ella.Servicio financiero por internet: Son lossuministrados a través del sitio web que corresponda a uno o más dominios de la entidad, indistintamente del dispositivo tecnológico a través del cual se acceda.

< >Servicio financiero móvil: Son los suministrados por las entidades a los socios, clientes o usuarios, a través de terminales electrónicos móviles.Sistemas de audio respuesta o IVR (Interactive voice response): Es un sistema automatizado de respuesta interactiva, orientado a entregar o capturar información a través del teléfono, permitiendo el acceso a servicios de información.Terminales electrónicos: Son dispositivos conectados en línea a una plataforma tecnológica de servicios financieros, tales como ATM, POS, PIN Pad, App, entre otros.Tiempo real: Se refiere a las transacciones que se ejecutan de manera inmediata y que sus resultados de ejecución son visualizados en el instante que se realizan.Transacción electrónica: Es cualquier actividad que involucra la transferencia de información digital para propósitos específicos.Transferencia electrónica: son las transacciones de fondos e información, realizadas por cualquier usuario habilitado para este fin, haciendo uso de los diferentes terminales electrónicos. Las transacciones pueden referirse a: órdenes de cobro, órdenes de pago, abonos a cuentas, débitos en puntos de venta, retiros de dinero, entre otros. Incluye operaciones que atienden mensajes de consultas sobre movimientos o saldos de cuentas.SECCIÓN III- MEDIDAS TECNOLÓGICAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. Artículo 4.- Sistemas de transferencia electrónica.

Los sistemas de transferencia electrónica, sin perjuicio de incorporar en sus procesos las mejores prácticas para la administración del riesgo operacional y estándares internacionales sobre la materia, deberán:

< >Contar con una plataforma tecnológica que permita una encriptación sólida;Contar con privilegios de autorización y medidas de autenticación, controles de acceso lógicos que contemplen por lo menos dos de tres factores: “algo que se sabe, algo que se tiene, o algo que es”, considerando que uno de ellos debe ser dinámico por cada vez que se efectúa una transacción y otro debe ser una clave de una sola vez (OTP, One Time Password). Las entidades podrán implementar entre otros, controles biométricos para el acceso al ambiente de internet;Precautelar la integridad y privacidad de los registros e información de los socios, clientes o usuarios;Reconocer la validez de las transferencias realizadas;Establecer límites para cada transferencia autorizada;Imposibilitar que el valor de la transferencia supere el saldo disponible o el límite establecido para un período de tiempo;Permitir que el saldo de la cuenta del cliente, socio o usuario se consulte, valide, acredite o debite en tiempo real;Permitir al socio o cliente obtener reportes para la conciliación de sus movimientos realizados a través de cualquier terminal electrónico, informando la temporalidad máxima a la que puede acceder la consulta; y,Generar el comprobante de la transacción con el detalle necesario para la conciliación.Artículo 5.- Registro y seguimiento de operaciones. Los

sistemas utilizados para las transferencias electrónicas, deberán generar archivos que permitan respaldar el detalle de los antecedentes de cada operación, de tal forma que sean usados en procesos de certificación o auditoría.

Artículo 6.- Perfiles de seguridad. Los sistemas para transferencias electrónicas que implementen las entidades deben contar con perfiles de seguridad que garanticen que sea la persona autorizada la que tenga los privilegios de uso; así como, de no repudio para realizar una transacción.

Artículo 7.- Bloqueo y restauración de operaciones. Los

sistemas de transferencias electrónicas deberán permitir en cualquier momento y en tiempo real, el bloqueo al uso del sistema cuando se detecten eventos inusuales o cuando se adviertan situaciones fraudulentas o después de un número máximo de tres intentos fallidos de acceso.

Se deberán establecer procedimientos seguros para levantar el bloqueo, para lo cual se debe proporcionar las notificaciones correspondientes al socio, cliente o usuario.

Artículo 8.- Continuidad de operaciones. La

continuidad de operaciones de los sistemas utilizados para las transferencias electrónicas, deben cubrir los eventos fortuitos o fuerza mayor considerando el uso de equipo de respaldo a través de procedimientos de contingencia, de tal forma que no interrumpa el normal funcionamiento de los sistemas.

SECCIÓN IV- MEDIDAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. Artículo 9.- Medidas operativas de seguridad. Las

entidades que utilicen transferencias electrónicas por cuenta propia o a través de terceros, deberán garantizar la calidad y seguridad de la información de los socios, clientes o usuarios, a través de la implementación de al menos las siguientes medidas operativas de seguridad:

< >Informar a sus socios, clientes o usuarios por mensajes en línea a través de mensajería móvil, correo electrónico u otro mecanismo inmediato, del acceso y la ejecución de transacciones realizadas mediante cualquiera de los terminales electrónicos disponibles;Mantener permanentemente informados a los socios, clientes o usuarios acerca de las medidas de seguridad que se deben considerar al momento de efectuar transferencias electrónicas;Informar y capacitar permanentemente a los socios, clientes o usuarios sobre los procedimientos para la utilización, ubicación, bloqueo, inactivación, reactivación y cancelación de las transferencias electrónicas;Establecer y ejecutar procedimientos de auditoría por lo menos una vez al año, con el fin de identificar vulnerabilidades y mitigar los riesgos que podrían afectar a la seguridad y calidad de los servicios e información de los sistemas para las transferencias electrónicas;Disponer de políticas de desarrollo seguro de software y procedimientos de control de cambios en los sistemas de transferencia electrónica; con el objetivo de precautelar la seguridad de la información a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de software;Incorporar en los procedimientos de administración de seguridad de la información la renovación de las claves para el acceso a los sistemas de transferencias electrónicas por lo menos una vez al año. Las claves utilizadas en las transferencias electrónicas que inician la transacción con tarjeta, deben ser diferentes a las que no inician con tarjeta;Permitir a los socios o clientes que el registro y la modificación de la información usada para fines de notificación, como número de teléfono, correo electrónico, entre otros, se realicen con las debidas medidas de verificación y seguridad;Registrar las direcciones IP y números de telefonía móvil desde las que se realizan las transacciones. Para permitir transacciones desde direcciones IP o telefonía móvil de otros países se debe tener la autorización expresa del socio, cliente o usuario;Establecer un tiempo máximo de inactividad, después del cual deberá ser cancelada la sesión y exigir un nuevo proceso de autenticación al socio, cliente o usuario para realizar otras transacciones;Asegurar que exista una adecuada segregación de funciones entre el personal que administra, opera, mantiene y en general accede a los terminales y sistemas usados para transferencias electrónicas;Mantener sincronizados todos los relojes de sus sistemas contables y de información relacionados con el uso de transferencias electrónicas;Conservar para disponibilidad del socio, usuario o cliente, como mínimo durante doce meses el registro electrónico de las transacciones electrónicas, el cual deberá contener al menos lo siguiente: fecha, hora, monto, números de cuenta (origen y destino en caso de aplicarse), identificación del usuario, RUC de la entidad de origen y de destino, número de transacción, código del dispositivo. Para operaciones por cajero automático, el código del cajero automático; para transacciones por internet la dirección IP; para transacciones a través de sistemas de audio respuesta y para transacciones del servicio financiero móvil, el número de teléfono con el que se hizo la conexión;Mantener los archivos contables físicos y sus respaldos por el plazo de diez años contados a partir de la fecha de conclusión de la operación y por quince años en formato digital. En caso de presentarse reclamos, la información deberá conservarse hasta que se agoten las instancias legales;Para transferencias realizadas con tarjeta de débito o crédito, poner a disposición de los socios, clientes o usuarios un acceso directo o un centro de atención telefónica y una línea para emergencias, con atención las veinticuatro horas, siete días a la semana;Los centros de atención telefónica para validar o confirmar la identidad del socio que está siendo atendido, deberán implementar mecanismos que verifiquen la autenticación de la llamada telefónica, mediante preguntas de desafío o información de sus últimas transacciones; y,Conservar al menos durante seis meses la grabación de las llamadas telefónicas realizadas por los socios, clientes o usuarios a los centros de atención telefónica, principalmente en los siguientes casos: consultas de saldos, reclamos, emergencias. En caso de presentarse reclamos, la información deberá conservarse hasta que se agoten las instancias legales.Artículo 10.- Medidas operativas específicas por terminal electrónico. Además de las medidas operativas de seguridad establecidas anteriormente, las entidades deberán implementar seguridades específicas para los terminales electrónicos que se detallan a continuación:

< >Cajeros Automáticos: Las entidades que ofrezcan servicios a través de cajeros automáticos por cuenta propia o a través de terceros, deberán:Instalar o verificar que los cajeros automáticos se hayan instalado de acuerdo con las especificaciones del fabricante y según lo dispuesto en la normativa vigente, incluyendo el cambio de contraseñas de sistemas y otros parámetros de seguridad provistos por los proveedores; y,Asegurar que también procesen la información de tarjetas inteligentes.Puntos de venta: Las entidades que ofrezcan servicios a través de los terminales de puntos de venta por cuenta propia o a través de terceros, deberán:Definir procedimientos que exijan que los técnicos que efectúan la instalación, mantenimiento o desinstalación de los puntos de venta en los establecimientos comerciales, confirmen su identidad;Exigir que los establecimientos procesen en presencia del socio, cliente o usuario el pago de las transacciones efectuadas; y,Asegurar que también procesen la información de tarjetas inteligentes.Servicios financieros a través de internet: Lasentidades que ofrezcan estos servicios por cuenta propia o a través de terceros, deberán:

< >Implementar mecanismos que permitan detectar la copia de los diferentes componentes de su sitio web, verificar constantemente que no sean modificados sus enlaces (links), suplantados sus certificados digitales, ni modificada indebidamente la resolución de sistema de nombres de dominio;Implementar mecanismos de autenticación para el acceso a dicho servicio por parte de los socios, clientes o usuarios, en donde el nombre de usuario debe ser distinto al número de cédula de identidad. El nombre de usuario y clave de acceso deben combinar caracteres alfanuméricos con una longitud mínima de seis caracteres; y,Validar o verificar la autenticidad del socio, cliente o usuario a través de un canal diferente al de internet para establecer las condiciones personales bajo las cuales realizarán sus transacciones por internet.SECCIÓN V- DE LAS RESPONSABILIDADES. Artículo 11.- Responsabilidades de las entidades de

los segmentos 1, 2, 3, cajas centrales y asociaciones

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda:

< >El consejo de administración aprobará las políticas, procesos y procedimientos referentes a la seguridad en las transferencias electrónicas, definiendo específicamente las responsabilidades internas y del proveedor;El comité de administración integral de riesgos, conocerá las políticas, procesos y procedimientos referentes a la seguridad en las transferencias electrónicas y recomendará al consejo de administración su aprobación;El representante legal implementará las políticas, procesos y procedimientos referentes a la seguridad en las transferencias electrónicas;La unidad de tecnología de la información o el responsable de tecnología de la información, según corresponda, elaborará y propondrá al comité de administración integral de riesgos las políticas, procesos y procedimientos referentes a la seguridad en las transferencias electrónicas; y, sus respectivas actualizaciones, tomando en cuenta estándares y buenas prácticas internacionales; y,El auditor interno, verificará la efectividad de las medidas de seguridad en las transferencias electrónicas y recomendará medidas correctivas. Además, deberá custodiar los informes de las pruebas de vulnerabilidad y ponerlos a disposición de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, cuando esta lo requiera.Artículo 12.- Responsabilidades de las entidades de los segmentos 4 y 5:

< >El consejo de administración aprobará las políticas, procesos y procedimientos referentes a la seguridad en las transferencias electrónicas, definiendo específicamente las responsabilidades internas y del proveedor;El representante legal deberá proponer al consejo de administración las políticas, procesos y procedimientos referentes a la seguridad en las transferencias electrónicas y recomendar su aprobación; y,El consejo de vigilancia verificará la efectividad de las medidas de seguridad en las transferencias electrónicas y recomendará medidas correctivas.DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las operaciones y servicios financieros realizados por las entidades a través de transferencias electrónicas, deberán ser previamente autorizados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

SEGUNDA.- Las entidades que presten servicios financieros por medio de transferencias electrónicas, deberán contabilizar diariamente las transacciones efectuadas con este mecanismo.

TERCERA.- Las entidades, previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, podrán celebrar convenios de asociación entre ellas para ofrecer sus servicios a través de transferencias electrónicas, garantizando que las entidades participantes, cumplan con los niveles de seguridad tecnológica dispuestos en esta

Las entidades intervinientes en el convenio de asociación podrán implementar las políticas, procesos y procedimientos de seguridad de las transferencias electrónicas del administrador del convenio.

CUARTA.- Para prestar servicios de transferencias electrónicas con compañías u organizaciones de servicios auxiliares, las entidades deberán celebrar contratos solo con aquellas que hayan sido calificadas para el efecto por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

En los contratos se deberá incluir de manera específica las responsabilidades de la entidad financiera y de la compañía u organización de servicios auxiliares.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Las entidades que al momento de la expedición de esta norma presten servicios de transferencias electrónicas, deberán implementar lo dispuesto en esta resolución dentro del plazo de 360 días, contados a partir de la fecha de su expedición.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Publíquese en la página web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 23 de noviembre de 2017.

< >) Kléver Mejía Caguasango, Superintendente de Eco­nomía Popular y Solidaria (E).Certifico: Que la fotocopia que antecede es fiel y exacta del original que reposa en los archivos de la SEPS.- 30 de noviembre de 2017.- f.) Ilegible.