Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Lunes 14 de septiembre de 2020 (R.O.1005, 14 – septiembre -2020) Edición Especial
SUMARIO:
Págs.
FUNCIÓN EJECUTIVA
ACUERDO:
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:
00057 – 2020 Dispónese la emergencia en el Sistema Nacional de Salud, a fin que se mantengan las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud en la población ante la crisis sanitaria existente provocada por el SARS-COV-2 causante de la COVID-19
RESOLUCIÓN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:
NAC-DGERCGC20-00000056 Establécense los canales electrónicos de recepción de trámites
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
No. 00 0 57-2 020
El MINISTRO DE SALUD PÚBLICA
Considerando:
Que, el numeral 1 del artículo 3 de Constitución de la República del Ecuador establece como deber primordial del Estado: «Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los Instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua paro sus habitantes.»;
Que, en el artículo 32 de la Constitución de la República, dispone: «La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros Que sustenten el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y reproductiva, La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.»;
Que, el artículo 154 de la Carta Magna ordena: «A los ministras y ministros de Estado, además de los atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicos del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. 2. Presentar ante la Asamblea Nacional los informes que les sean requeridos y que estén relacionados con las áreas bajo su responsabilidad, y comparecer cuando sean convocados o sometidos a enjuiciamiento político»;
Que, conforme lo previsto en el artículo 359 de la Norma Suprema, el Sistema Nacional de Salud comprende, las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarca todas las dimensiones del derecho a la salud; garantiza la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y, propicia la participación ciudadana y el control social;
Que, el artículo 360 la Carta Constitucional, prevé que la a Red Pública Integral de Salud es parte del Sistema Nacional de Salud conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y otros proveedores que pertenecen al Estada, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad;
Que, en el Artículo 361 de la Norma Constitucional, ordena al Estado ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, responsable de formular la política nacional de salud, y de normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector;
Que, el numeral 7 del artículo 363 de la Constitución de la República establece como responsabilidad del Estado: «Garantizar lo disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a los necesidades epidemiológicos de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales»;
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Que, el Artículo 2 de la Ley Orgánica de Salud, determina la obligación de todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud, para la ejecución de las actividades relacionadas con la salud, de sujetarse a las disposiciones de la referida Ley y a las normas establecidas por la Autoridad Sanitaria Nacional;
Que, el artículo 4 de la invocada Ley Orgánica de Salud, prevé que la Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de dicha Ley; siendo obligatorias las normas que dicte para su plena vigencia;
Que, el literal j) del artículo 7 de la Norma Ibídem determina que toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud el derecho de ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo previos;
Que, el Artículo 62 de la Ley Orgánica de Salud prescribe: «La autoridad sanitaria nacional elaborará las normas, protocolos y procedimientos que deben ser obligatoriamente cumplidos y utilizados para la vigilancia epidemiológico y el control de las enfermedades transmisibles, emergentes y reemergentes de notificación obligatoria, incluyendo los de transmisión sexual.
Garantizará en sus servicios de salud atención, acceso y disponibilidad de medicamentos, con énfasis en genéricos, exámenes de detección y seguimiento, para las enfermedades señaladas en el inciso precedente, lo cual también debe garantizar el sistema nacional de seguridad social.»
Que, el artículo 154 de la Ley Ibídem dispone: «El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los económicos y comerciales (…)”;
Que, el numeral 31 del Artículo 6 de la. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que: «Situaciones de emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito a nivel nacional sectorial o institucional. Una situación de emergencia, es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva»;
Que, el artículo 57 de la referida Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, prevé: «Para atender las situaciones de emergencia definidos en el número 31 del artículo 6 de esta ley, previamente a Iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución motivada que declara la emergencia, para justificar la contratación. Dicha resolución se publicará en el Portal de Compras Públicas»;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1018, de 21 de marzo de 2020, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 195 de 04 de mayo de 2020, el Presidente Constitucional de la República designó al doctor Juan Carlos Zevallos López, Ministro de Salud Pública;
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Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de su Director General declaró el brote de coronavirus como pandemia global, pidiendo a los países intensificar las acciones para mitigar su propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud, v salvar vidas;
Que, mediante Dictamen No. 5-20-EE/20 de 24 de agosto de 2020, el Pleno de la Corte Constitucional indicó: (…) 61. Como se estableció en el control material de la presente renovación de estado de excepción, es imprescindible que más de 5 meses después de la primero declaratorio de esto herramienta excepcional, el Estado ecuatoriano, a troves de toda su institucionalidad, responda a lo emergencia sanitaria mediante el desarrollo e implementación de los cauces ordinarios idóneos. Paro tal efecto, la Corte Constitucional estimo necesario fijar ciertas pautas y analizar alternativos que deberán observar y ejecutar las funciones y organismos del Estado y los distintos niveles de gobierno, en el marco de su competencia, a fin de llevar a cabo una transición para afrontar la pandemia de manera efectiva y coordinada, mediante una respuesta institucional basada en el régimen ordinario. (…) 94. Se debe destacar que, conforme con la Ley Orgánica de la Salud, el Ministerio de Salud es competente para determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en grave riesgo; así como paro regular y tomar medidos de bioseguridad en coordinación con otros órganos. Entre ellos destacan, por ejemplo, los GADs municipales, que según el Artículo 65 del mismo cuerpo legal, deben cumplir con las disposiciones emanadas por lo autoridad sanitaria nacional para evitar lo propagación de enfermedades transmisibles y asegurar el control de las mismas.
95. El artículo 62 de la ley Orgánica de la Salud expresa que la autoridad sanitario nacional elaborará normas, protocolos y procedimientos que deben ser obligatoriamente cumplidos y utilizados paro lo vigilando epidemiológico y el control de las enfermedades transmisibles. En consecuencia, medidos aplicables paro quienes ingresan al país como el control o la revisión del estado de salud de coda persona y el aislamiento preventivo obligatorio, así como los distintas aplicaciones digitales que buscan propiciar el control sanitario de lo enfermedad, pueden ser desarrollados en la normativo por parte de esta dependencia, siempre bajo la coordinación necesaria con el resto de autoridades públicos que deben intervenir en estos asuntos y cuando no incidan en lo limitación de derechos constitucionales.
(…)
120. Enfundan de lo expuesto en los párrafos previos, se desprende que el COE Nacional es una entidad que asume el mando técnico y de coordinación interinstitucional para afrontar situaciones de crisis. Consecuentemente, una vez que concluya el estado de excepción el COE Nacional no se desactivará automáticamente, sino que continuará ejerciendo sus atribuciones legales y reglamentarias; mas no las que habían sido conferidas por el Presidente de la República en los decretos de estado de excepción, sobre la delimitación de los contornos y ejecución de la suspensión de derechos y otras funciones que les corresponde a otras entidades y niveles de gobierno, según el régimen ordinario. (…) 125. Un aspecto fundamental dentro de esta transición, es la forma en que la ciudadanía debe ser informada sobre las nuevas medidas que deben entrar en vigor hasta que concluya este periodo de excepcionalidad. Una cosa es que el estado de excepción no puedo permanecer indefinido en el tiempo y otro muy distinta es que la crisis sanitaria haya desaparecido. Por el contrario, justamente la presencia indefinida déla crisis sanitaria producto de la pandemia requiere de cauces institucionalizados en el régimen ordinario (…)»;
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Que, mediante memorando Nro. MSP-SNGCSS-2020-1389-M de 03 de septiembre de 2020, el Subsecretario de Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud, remitió la Ayuda Memoria «Acciones Realizadas Frente a la Emergencia Sanitaria COVID-19» de 03 de septiembre de 2020, en la cual señala: «Es indiscutible que el sector salud una vez concluido el estado de excepción del país, decretado por la emergencia sanitaria se requiere contar con un plan de emergencia sanitaria en contribución al fortalecimiento en la respuesta de los establecimientos de salud frente a esto pandemia, en razón de que, el Ministerio de Salud Pública debe garantizar la salud de los ciudadanos con lo oportuno prevención y atención (…) RECOMENDACIÓN Se sugiere, además, solicitar que o través del Viceministerio de Gobernanza y Vigilancia de la Salud Pública se pueda analizar información técnico relacionada con la epidemiología actual para la toma de decisiones por la máxima autoridad.»;
Que, mediante memorando Nro. MSP-SNPSI-2020-1028-M de 03 de septiembre de 2020, el Subsecretario Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad, remitió el Informe Técnico No. SNPSI-C19-005 de 14 de agosto de 2020, en el que manifiesta: «(…) acciones encaminados o reducir y contener lo propagación de la COVID-19 e Impedir el Incremento del contagio, procurando una respuesta oportuna que garanticen el derecho o lo salud conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia por parte del Estado; que genere una culturo de prevención en toda la población, así como la obtención de recursos económicos, tecnológicos, técnicos y científicos a nivel del Estado y de lo cooperación internacional con la finalidad de recuperar la salud de lo población y la productividad del país. Por otro lado, de los estudios de impacto socioeconómico realizados por instituciones como Naciones Unidas, se evidencia un impacto negativo en el estado nutricional principalmente de mujeres gestantes y niños menores de cinco años, por lo que es necesario desarrollar acciones emergentes y gestionar recursos que permitan la continuidad de las prestaciones a estos grupos poblacionales para evitar una mayor afectación individual, familiar y colectiva que impacte en el desarrollo del país.»;
Que, mediante memorando Nro. MSP-SNPSS-2020-3204 de 07 de septiembre de 2020, el Subsecretario Nacional de Provisión de Servicios de Salud remitió el Informe Técnico No. DNH Nro. 223 de 02 de agosto de 2020, recomienda: «1.- La ciudadanía de Ecuador y sus instituciones debemos seguir generando capacidades para afrontar los nuevos brotes de la Covid-19, sin generar la saturación de los servicios de salud y lo alto mortalidad. 2.-En virtud de que aún se encuentran expuestas las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables a un contagio por COVID-19 y aun no existe un método de control que impido poner en riesgo la salud e integridad de esta población (…)»;
Que, mediante memorando Nro. MSP-SNGSP-2020-2224 de 08 de septiembre de 2020, la Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud, Encargada, remitió los informes generados desde sus dependencias sustentando la necesidad de mantener acciones que permitan mitigar los efectos de la crisis sanitaria existente provocada por el SARS-CoV-2 causante de la Covid-19; y,
Que, con memorando Nro. MSP-SNVSP-2020-1759 de 09 de septiembre de 2020, la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, remite el Informe Técnico DNVE de 09 de septiembre de 2020, en el que recomienda: «1.-La ciudadanía de Ecuador y sus instituciones debemos seguir generando capacidades paro afrontar los nuevos brotes de la Covid-19, sin generar la saturación de los servicios de salud y la alta mortalidad. 2.- Estas capacidades deben girar en un morco regulatorio que, por un lado, al limitar la movilidad y asociación, sea a la vez el espacio indispensable para que las medidas ordinarias del país aseguren la mitigación de nuevos brotes (…)».
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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 154, NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 361 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Y 4, DE LA LEY ORGÁNICA DE SALUD.
ACUERDA:
Art. 1.- Disponer la emergencia en el Sistema Nacional de Salud, a fin que se mantengan las medidas necesarias para garantizar el derecho a la Salud en I; población ante la crisis sanitaria existente provocada por el SARS-CoV-2 causante de la Covid-19, de acuerdo con lo dictaminado por la Corte Constitucional.
Art. 2.- Disponer la atención permanente de los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa, ante la transmisión comunitaria provocada por el SARS-CoV-2 causante de la Covid-19 en las veinticuatro (24) provincias del país y la posible necesidad de hospitalización o atención en cuidados intensivos de la población.
Art. 3.- Disponer que los establecimientos de -alud pertenecientes a la Red Pública Integral de Salud, durante la vigencia del presente acuerdo, procedan a priorizar los recursos económicos, de talento humano; y, demás medidas que se estimen necesarias ante la transmisión comunitaria provocada por el SARS-CoV-2 causante de la Covid-19.
Art. 4.- La Autoridad Sanitaria Nacional conforme su competencia en materia de salud pública y manejo clínico de los pacientes, actualizará y emitirá los protocolos, normas técnicas y demás instrumentos necesarios aplicables para la atención sanitaria, manteniendo e implementando todos los mecanismos necesarios para atender a la población afectada por el efecto provocado por el SARS-CoV-2 causante de la Covid-19.
Art. 5.- Convocar a los máximos representantes de las instituciones que forman parte de la Red Pública Integral de Salud y los representantes de la Red Privada Complementaria, a conformar la mesa técnica de respuesta frente a los efectos en la salud provocados por el SARS-CoV-2 causante de la Covid-19, presidida por el Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud o su delegado/a, misma que se reunirá de manera semanal.
Art. 6.- Disponer que los establecimientos de salud de la Red Pública Integral de Salud y de la Red Privada Complementaria mantengan y actualicen la notificación obligatoria a la Autoridad Sanitaria Nacional, sobre pacientes que presenten síntomas o afecciones y que hayan recibido atención médica relacionada con la COVID-19, a través del sistema Informático disponible para el efecto.
Art. 7.- Disponer que los prestadores de salud, tanto de la Red Pública Integral de Salud como de la Red Privada Complementaria, garanticen la oportuna y eficaz atención médica y la disponibilidad de los recursos necesarios para el diagnóstico y tratamiento integral de los usuarios o pacientes relacionados con la COVID-19.
Art. 8.- La Autoridad Sanitaria Nacional informará a la Autoridad Nacional de Control Migratorio sobre las medidas preventivas frente a la COVID-19, mismas que se aplicarán a los ciudadanos que ingresen y salgan del territorio ecuatoriano, bajo lo considerado por la Corte Constitucional en el dictamen No. 1-20-EE/20, debiendo imponerse a las personas nacionales y extranjeros con residencia en el país, que se encuentren en tránsito al país o en zonas fronterizas, los debidos controles sanitarios y la sujeción a las directrices emitidas por parte del Ministerio de Salud Pública.
Art. 9.- La Autoridad Sanitaria Nacional expedirá, en forma periódica, los lineamientos sanitarios y medidas de prevención de contagio de la COVID-19, a fin que las autoridades competentes procedan con las debidas regulaciones y controles.
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Art. 10.- La Autoridad Sanitaria Nacional en el uso de sus competencias, articulará con las instituciones del sector público y privado, para que de manera coordinada se acojan todos los protocolos y medidas sanitarias a fin de garantizar la salud en la población, bajos los criterios de bioseguridad y bioética.
Art. 11.- Se dispone a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) actualice las regulaciones referentes a la producción nacional de medicamentos y dispositivos médicos necesarios para la atención de la población afectada por el SARS-CoV-2 causante de la Covid-19, y que, a su vez, priorice la atención a los procesos de regulación en curso. Sobre esta disposición, informará semanalmente sobre su ejecución.
Art. 12.- Dentro de las adquisiciones que se deriven del presente Acuerdo Ministerial, se aplicarán de manera obligatoria los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, exigiendo que dichas contrataciones sean transparentes a fin de salvaguardar los recursos públicos, aplicando de manera exclusiva los procedimientos de régimen común previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación y demás normativa emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP.
Art. 13.- Disponer que la elaboración de convenios marco o específicos cuyo objeto sea inherente a aspectos derivados del presente Acuerdo Ministerial, asociados a los efectos de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 causante de la Covid-19, y, que en estos no exista erogación de recursos, se motiven únicamente con el informe técnico que sustente el mismo, a más de la solicitud de elaboración del Instrumento por parte de la unidad requirente.
En caso de que el convenio marco o específico, genere la erogación de recursos por parte del Ministerio de Salud Pública, se deberá agregar a los requisitos antes señalados, la certificación presupuestaria para el efecto.
Todos los convenios en los que exista utilización de recursos económicos deberán ser liquidados mediante la suscripción de un Acta de Liquidación y Finiquito, para lo cual el administrador del convenio remitirá a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, el informe técnico económico, en el cual conste que no existen obligaciones pendientes o injustificadas entre las partes. No se suscribirá la referida acta en aquellos convenios y demás instrumentos que estipulen una recepción definitiva u otra liquidación que no prevea erogación de recursos.
Art. 14- La Autoridad Sanitaria Nacional, en el uso de sus competencias legales, convoca a investigadores y científicos a fin de obtener criterios técnicos que permitan conocer posturas médicas tendientes a precautelar la salud de los ecuatorianos ante los efectos de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 causante de la Covid-19.
Art. 15.- El presente acuerdo tendrá una duración de noventa (90) días, pudiendo extenderse en caso de ser necesario.
DISPOSICIÓN GENERAL
ÚNICA.- Se prohíbe expresamente a todas las empresas de seguros de salud privada y a empresas de medicina pre-pagada que limiten la cobertura para la adecuada evaluación, atención y tratamiento al usuario-paciente afectado por la COVID-19.
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DISPOSICIÓN FINAL
De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese al Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud Pública; y, al Viceministro de Atención Integral en Salud, a través de sus instancias técnicas competentes.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 13 SEP. 2020
Dictó y firmo el Acuerdo Ministerial, que antecede el señor Dr. Juan Carlos Zevallos, Ministro de Salud Pública, el 13 de septiembre de 2020.
Lo certifico.-
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RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGERCGC20-00000056
LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSIDERANDO:
Que el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador dispone como uno de los deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la salud, entre otros derechos;
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley;
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;
Que de conformidad con el 300 de la Constitución de la República del Ecuador, el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria;
Que el artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos dispone como uno de los principios que rigen los trámites administrativos al de tecnologías de la información, según el cual las entidades reguladas por dicha Ley harán uso de tecnologías de la información y comunicación con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos y optimizar la gestión de trámites administrativos;
Que el artículo 4 de la referida ley establece que se entiende por trámite administrativo al conjunto de requisitos, actividades, diligencias, actuaciones y procedimientos que realizan las personas ante la Administración Pública o ésta de oficio, con el fin de cumplir una obligación, obtener un beneficio, servicio, resolución o respuesta a un asunto determinado;
Que el numeral 4 del artículo 8 de la ley ibídem, relacionado con las políticas para la simplificación de trámites, señala que las entidades reguladas por la misma deberán orientarse a la implementación del uso progresivo, continuo y obligatorio de herramientas tecnológicas;
Que el artículo 10 de la referida Ley establece, sobre la veracidad de la información presentada por el administrado, que las entidades públicas presumirán que las declaraciones, documentos y actuaciones de las personas efectuadas en virtud de trámites administrativos son verdaderas, bajo aviso al administrado de que, en caso de verificarse lo contrario, el trámite y resultado final de la gestión podrán ser negados y archivados, o los documentos emitidos carecerán de validez alguna, sin perjuicio de las sanciones y otros efectos jurídicos establecidos en la ley. El listado de
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actuaciones anuladas por la entidad en virtud de esto estará disponible para las demás entidades del Estado;
Que el artículo 15 de la Ley en mención dispone que las entidades por ella reguladas, que cuenten con trámites administrativos que se puedan gestionar en línea, deben garantizar que el trámite, en su totalidad, se pueda realizar en línea y no podrán exigir la presentación del original o copia del comprobante de la gestión de dicho trámite como requisito para finalizar el mismo;
Que con Decreto Ejecutivo Nro. 1017, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 163 de 17 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional del Ecuador declaró el estado de excepción, durante 60 días, por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador;
Que con Decreto Ejecutivo Nro. 1052, publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 209 de 22 de mayo de 2020, el Presidente de la República dispuso renovar el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por 30 días adicionales;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1074, de 15 de junio de 2020, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 225 de 16 de junio de 2020, el Presidente de la República declaró el estado de excepción por 60 días contados a partir del 15 de junio de 2020;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1126, de 14 de agosto de 2020, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 279 de 01 de septiembre de 2020, el Presidente de la República renovó el estado de excepción declarado a través de Decreto Ejecutivo Nro. 1074, por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador, a fin de poder continuar con el control de dicha enfermedad a través de medidas excepcionales necesarias para mitigar su contagio masivo en el Estado;
Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-094, de 03 de mayo de 2020, el Ministerio del Trabajo emitió las directrices para el retorno al trabajo presencial del servicio público;
Que el artículo 8 del Acuerdo Ministerial ibídem dispone que el plan progresivo de retomo al trabajo deberá evitar la aglomeración y realizar una evaluación del nivel de riesgo al que están sometidos los servidores públicos según sus funciones;
Que el referido Acuerdo, en su artículo 9, establece que será obligación de cada institución la prestación de los servicios públicos a través de alternativas digitales, quedando de forma presencial únicamente aquellos servicios para los cuales sea indispensable e imposible la supresión de la presencia física del usuario;
Que mientas el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional no disponga la normalización total de las actividades a nivel nacional es deber de la ciudadanía y las instituciones públicas prevenir todo tipo de aglomeración que pueda aumentar los riesgos de contagio;
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Que mediante Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000023, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial Nro. 509 de 20 de abril de 2020, el Servicio de Rentas Internas expidió la reglamentación especial para la recepción de documentos a través de medios electrónicos del Servicio de Rentas Internas y para su gestión interna mientras dure el estado de excepción;
Que el artículo 1 de la referida Resolución establece que la regulación especial en ella contenida, será aplicable mientras dure el estado de excepción en el territorio nacional y esté vigente el régimen de teletrabajo en el Servicio de Rentas Internas. Por lo tanto, resulta necesario habilitar un régimen para la recepción de trámites por mecanismos distintos al canal presencial;
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias;
Que es deber de la Administración Tributaria, a través de la Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales, de conformidad con la ley; y,
En uso de sus facultades legales,
RESUELVE:
ESTABLECER CANALES ELECTRÓNICOS DE RECEPCIÓN DE TRÁMITES DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Artículo 1. Objeto.- Establézcanse canales electrónicos para la recepción de los trámites, consultas, peticiones, solicitudes y requerimientos -en adelante trámites-, que se dirijan al Servicio de Rentas Internas.
La habilitación de los canales electrónicos previstos en esta resolución no obsta la atención y recepción de documentación, a través de los centros de atención a nivel nacional.
Artículo 2. Canales electrónicos.- Son canales electrónicos para la recepción de trámites dirigidos al Servicio de Rentas Internas los previstos a continuación:
2.1. Servicios en línea: Se utiliza el canal en línea para la presentación y/o atención de los trámites respecto de los cuales se haya habilitado este mecanismo por el Servicio de Rentas Internas, en su portal web.
2.2. Otros canales electrónicos: Para la recepción de trámites que no tienen habilitado el canal en línea, la documentación dirigida al Servicio de Rentas Internas, que deberá contar con la respectiva firma electrónica, se ingresará por uno de canales electrónicos que a continuación se indica. Para el efecto, esta Administración Tributaria publicará, en su portal web institucional, el tipo de trámite, el canal o canales por los cuales se receptará cada uno de ellos y demás especificaciones para su atención, incluyendo la forma de notificación de la respectiva contestación:
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- Sistema de Gestión Documental Quipux: El oficio dirigido al Servicio de Rentas Internas e ingresado mediante el Sistema de Gestión Documental Quipux deberá contener la firma electrónica del peticionario. En caso de que se adjunte documentación adicional al oficio, que requiera ser firmada, la firma en cuestión deberá ser electrónica.
- Correo electrónico: El Servicio de Rentas Internas, a través de su página web institucional, definirá y difundirá las direcciones de correo electrónico, según la jurisdicción territorial, para que el peticionario ingrese la documentación. Para el efecto, la solicitud estará en formato PDF y deberá contar con la firma electrónica del peticionario. En caso de que se adjunte documentación adicional al correo, que requiera ser firmada, la firma en cuestión deberá ser electrónica.
- Canales adicionales de atención electrónica que puedan ser habilitados por la Administración Tributaria: El Servicio de Rentas Internas comunicará el procedimiento y especificaciones aplicables a dichos canales, en su página web institucional.
Toda documentación dirigida al Servicio de Rentas Internas que se ingrese por los medios previstos en el acápite 2.2 de este artículo, deberá contener los requisitos y documentos de sustento necesarios según la información publicada en el portal web institucional de acuerdo con la naturaleza del trámite, así como el formulario del trámite cuando así se requiera, el cual deberá estar firmado de manera electrónica por el peticionario.
Para los trámites cuya respuesta se notifique al buzón electrónico personal del sujeto pasivo dentro del portal web del Servicio de Rentas Internas, el sujeto pasivo deberá previamente suscribir y/o aceptar el acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos, con el cual se solicite y acepte dicha notificación electrónica, conforme la normativa vigente para este proceso.
Cuando los documentos para la atención de un trámite puedan notificarse a través de correo electrónico, tal notificación se efectuará en la dirección electrónica registrada en el portal transaccional en línea del SRI o en aquella informada expresamente por el peticionario en su trámite. El registro de envío del correo electrónico por parte del Servicio de Rentas Internas, bastará para considerar perfeccionada la notificación de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 107 del Código Tributario.
Artículo 3. De la guía y acompañamiento al ciudadano o contribuyente.- El Servicio de Rentas Internas definirá mecanismos, procedimientos, guías y videos tutoriales a través de su portal web institucional www.sri.gob.ec, para facilitar el uso de los canales electrónicos de recepción de trámites.
Artículo 4. Exactitud de la documentación.- Toda documentación presentada ante el Servicio de Rentas Internas hace responsable al sujeto pasivo dentro de los controles posteriores que pueda realizar la Administración Tributaria.
El Servicio de Rentas Internas podrá requerir los documentos originales y cualquier otra documentación necesaria y pertinente dentro de los controles posteriores, así como durante la atención del trámite o después de su finalización.
Para aquellos trámites y peticiones cuya atención se efectúa mediante hechos administrativos -tales como la solicitud de obtención de clave para el uso de los servicios en línea, la inscripción,
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actualización o suspensión del RUC, entre otros señalados en el portal web institucional-, la falta de cumplimiento de los requisitos y demás especificaciones previstas en la presente Resolución y en el portal web institucional, conllevará a que la Administración Tributaria los considere como no presentados, y sin más trámite proceda con su archivo. Este particular será comunicado al sujeto pasivo con la indicación de aquellos requisitos o especificaciones que no hubieren sido cumplidos. El sujeto pasivo en ejercicio de sus derechos podrá presentar nuevamente su petición observando las disposiciones para ello.
Artículo 5.- Reserva de la información.- Los servidores del Servicio de Rentas Internas que deban conocer y procesar la documentación ingresada a través de medios electrónicos, mantendrán absoluta reserva de la información a la que accedan, la misma que será utilizada exclusivamente para los fines legales e institucionales correspondientes, pudiendo ser sancionados conforme al marco normativo aplicable en caso de incumplimiento.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Las dependencias del Servicio de Rentas Internas efectuarán las gestiones necesarias para la correcta implementación de la presente Resolución, estableciendo los mecanismos y procedimientos para el registro, direccionamiento y gestión interna de los trámites recibidos por los canales electrónicos.
La Secretaría General del Servicio de Rentas Internas, en coordinación con los departamentos correspondientes de la institución, en el marco de sus competencias, emitirán las disposiciones para la recepción y gestión de los trámites conforme lo previsto en esta Resolución, de acuerdo con el tipo de trámite y el mecanismo de recepción; observando la normativa vigente sobre optimización y eficiencia de trámites administrativos.
SEGUNDA.- Cuando la dirección de correo electrónico indicada por el peticionario para la recepción de notificaciones sea diferente a la informada por el sujeto pasivo dentro del portal transaccional SRI en Línea, dicho sujeto deberá realizar la correspondiente actualización en el referido portal transaccional, sin perjuicio de que esta Administración Tributaria pueda realizar dicha actualización de oficio; excepto cuando expresamente el contribuyente informe que la dirección de correo electrónico es exclusiva para la atención del trámite.
TERCERA.- Los trámites ingresados al Servicio de Rentas Internas se entenderán presentados desde el día de su recepción, independientemente de si se trata de un día u hora hábil, sin embargo, el plazo para su atención, sustanciación o resolución comenzará a computarse desde el día hábil inmediato siguiente.
CUARTA.- Cuando por la naturaleza de los canales de atención electrónica, previstos en el artículo 2 de esta Resolución, no sea posible completar, subsanar o legitimar el trámite bajo el mismo canal, la interacción posterior entre el solicitante y la Administración Tributaria se realizará bajo cualquiera de los otros canales que estén habilitados y/o por el canal presencial. En este caso, el peticionario, en toda comunicación posterior relacionada con dicho trámite, deberá hacer referencia al número de trámite originalmente asignado.
QUINTA.- En caso de que el solicitante ingrese su trámite por cualquiera de los canales electrónicos previstos en el acápite 2.2, del artículo 2 de esta Resolución, mediante un intermediario, no será necesario adjuntar autorización adicional siempre y cuando el rol de este intermediario sea
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únicamente la entrega de la solicitud y sus documentos adjuntos, mas no la presentación en lugar o representación del solicitante. En este caso, la petición, el formulario de trámite y demás requisitos que correspondan deberán encontrarse suscritos electrónicamente por el contribuyente, su representante o apoderado.
En los casos en los que el trámite sea presentado por un tercero, al amparo de la Resolución Nro. NAC-DGERCGC18-00000410, el tercero autorizado para la presentación deberá enviar la petición con su firma electrónica a través del canal electrónico, conforme lo previsto en el artículo 2 de esta Resolución, adjuntando el documento de autorización a terceros en línea, en formato PDF, generado a través de la página web del SRI, así como el formulario del trámite y demás requisitos que correspondan. El referido formulario y demás documentos que requieran ser firmados, deberán contar con la firma del contribuyente, su representante o apoderado, de manera electrónica.
SEXTA.- Los requisitos, formatos y especificaciones necesarios para la atención tanto en el canal presencial como en los canales electrónicos, de trámites relacionados con procesos de impuestos vehiculares administrados por el Servicio de Rentas Internas serán publicados en el portal web de esta institución www.sri.gob.ec.
SÉPTIMA.- Dentro del marco previsto en la presente Resolución, el Servicio de Rentas Internas optimizará la atención a los ciudadanos por los diferentes canales disponibles a nivel nacional.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Respecto de los trámites presentados por canales electrónicos conforme lo previsto en la Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000023, que a la fecha de entrada en vigencia de esta Resolución aún no hubieren concluido, se estará a lo dispuesto en el presente acto normativo en lo relacionado con su gestión y tramitación.
No será necesario que, en los trámites ingresados al amparo de la Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000023, el sujeto pasivo entregue los documentos físicos originales en las oficinas del Servicio de Rentas Internas, una vez levantado el estado de excepción. La presentación física de tales documentos solo será obligatoria en caso de que esta Administración Tributaria expresamente lo requiera.
DISPOSICIÓN REFORMATORIA ÚNICA.- En la Resolución Nro NAC-DGERCGC20-00000009, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 144 de 17 de febrero de 2020, Sustitúyase en la Disposición Transitoria Única, el texto «ÚNICA» por «PRIMERA»; y, a continuación de dicha Disposición, incorpórese la siguiente:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.-Para la atención de trámites relacionados con impuestos vehiculares administrados por el Servicio de Rentas Internas, Registro Único de Contribuyentes (RUC) de personas naturales; y, exoneraciones de Impuesto a la Salida de Divisas por enfermedades catastróficas o estudios en el exterior, a efectos de cumplir los limites de aforo, evitar aglomeración en los centros de atención del SRI y, con ello, reducir los riesgos de contagio que afectan a los derechos de salud y convivencia pacifica, se optimizarán esquemas de «cita previa » con la finalidad de agilizar la atención por el canal presencial a los contribuyentes (centros de atención a nivel nacional).».
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- Deróguese la Resolución Nro NAC-DGERCGC20-00000023, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial Nro. 509, de 20 de abril de 2020.
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DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dictó y firmó electrónicamente la resolución que antecede, la Econ. Marisol Andrade Hernández, Directora General del Servicio de Rentas Internas, el 11 de septiembre de 2020.
Lo certifico.-