Reforma procesal e información judicial

Jueves, 24 de noviembre de 2005


 

INFORMACION PUBLICA EN EL AREA JUDICIAL

Por: Marco Navas Alvear
Representante de la Asociación
Iberoamericana de Derecho a la
Información y Comunicación (AIDIC)

 

 

En un texto anterior, nos referimos a la importancia de la información pública en el área judicial y los problemas que se presentan respecto de su acceso, además de algunas referencias específicas sobre lo que dispone al respecto la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública (LOTAIP). Esta vez, en complemento con lo anterior precisaremos algunos elementos complementarios.

Elementos de conflicto

En el Ecuador, la reforma procesal penal implementada a inicios de Siglo, a partir del artículo 24 y el Título VIII de la Constitución, busca a la vez que tutelar los derechos de las partes al debido proceso, alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia a través de la introducción del denominado sistema oral en el juzgamiento del los delitos.

En este sistema procesal, los derechos al debido proceso legal, han sido reforzados. Sin embargo, con referencia a la información sobre asuntos de justicia, esta legislación establece algunos elementos que supondrían eventuales conflictos entre el derecho a la información y los derechos al debido proceso, revisemos algunos aspectos:

Reserva de las actuaciones en la etapa de indagación

El Código de Procedimiento Penal (CPP) establece expresamente la reserva de las actuaciones durante la etapa de indagación, previa al inicio del proceso, cuyo impulso le corresponde al Ministerio Público con la asistencia de la Policía Judicial (Art. 215). Esto lo ha previsto el legislador con el propósito de resguardar todas las actuaciones investigativas que se realicen en relación con los indicios del delito, de intromisiones que podrían desvirtuar, desvanecer o invalidar tales indicios. En consecuencia, durante esta etapa previa, que puede durar hasta dos años, según el tipo de infracción que se investigue, no se podrá informar por parte de los jueces, fiscales, agentes de policía e investigadores y funcionarios en general que participen en estas actuaciones bajo pena de ser sancionados penalmente por prevaricato.

Sin embargo, es una realidad que los periodistas obtienen información durante la indagación del delito mediante diversos tipos de mecanismos. Situación sobre la cual existen vacíos legales. En estos casos, es importante considerar la institución del secreto de fuentes ­o secreto profesional- que impediría cualquier sanción hacia quien informa.

Principio de publicidad

Es importante recordar que el proceso penal está, como regla general, regido por el principio de publicidad (Art. 195 de la CPE). Se trata de una de las meta­normas más importantes de las que informan el debido proceso, pues permite el conocimiento sobre la marcha de la administración judicial y, ciertamente, la toma de cuentas frente a eventuales actos arbitrarios de la administración de justicia. Este principio alcanza todas las etapas procesales.
Así, salvo casos excepcionales expresamente determinados, tales como los delitos contra la seguridad del Estado y delitos sexuales (Art. 255 CPP), en el caso de la fase oral del proceso, la audiencia es pública. Tal disposición se debe a la necesidad de que también los actos de los órganos judiciales sean controlados democráticamente por la sociedad, para que esta pueda ver cómo funciona o no funciona la administración de justicia y pueda percatarse de la actuación de las partes.

La reticencia a proporcionar información sobre los trámites

El Código de Procedimiento Penal, sin embargo, le prohibe al juez o magistrado, bajo pena de destitución y más responsabilidades potenciales, formular declaraciones a los medios de comunicación social ni antes ni después del fallo.

Notemos lo ampliamente restrictivo de esta fórmula legal, que no se ocupa de establecer el sentido o contenido posiblemente inconveniente de las declaraciones, sino que es absolutamente terminante en el sentido de que ningún tipo de declaraciones, puede ser admitida (Art. 255 inciso 2 CPP).
Esto refuerza una de las actitudes culturales que ha constituido uno de los mayores obstáculos que enfrentan los comunicadores: la reticencia a proporcionar información sobre los trámites, así como a "mostrar" su actividad de forma transparente. Y es que parece existir desconfianza respecto del uso que la prensa puede hacer de esta información, o bien temor a que la misma pueda impactar más sobre la ya deteriorada imagen de la Función Judicial. Así se determinó en una investigación realizada por los cursantes del Diplomado en Periodismo de la Justicia desarrollado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en asociación con la Universidad de Cuenca y la de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil, en el año 2000. Ciertamente, la percepción que nos quedó a quienes coordinamos y participamos en esta investigación fue de que las partes de esta relación comunicativa: por un lado los funcionarios de justicia y por el otro, los comunicadores, actuaban a base de la desconfianza entre si. De parte de los unos de que se informe mal, se tergiverse los datos y se los involucre en algún problema que conduzca a su destitución y de los otros de que no les dan la información o por lo menos toda la necesaria para informar adecuadamente. En esta relación conflictiva mediaba la diferencia entre las maneras de ver el tema a partir de lo que se ha denominado en teoría "la cultura profesional" de cada sector. Además el tema de la diferencia de velocidades de tratar un caso: en la prensa es inmediato el tratamiento corriendo el riesgo de que la sanción social sea también emitida antes que la sentencia, mientras que en la administración judicial la velocidad es lenta.

Prohibición de transmitir diligencias judiciales por los medios de comunicación

- Con relación al desarrollo de las diligencias judiciales, a más de las prohibiciones mencionadas, existe el impedimento de transmitirlas por los medios de comunicación, disposición que se halla consagrada a nivel constitucional (Art. 195 CPE). Igualmente, de forma específica se ha previsto una regla similar respecto de la audiencia de juzgamiento en materia penal ( Art. 255 CPP). Estas disposiciones resultan justificables en aspectos como la declaración de testigos, quienes deben mantenerse sin conocer los demás testimonios para que lo que puedan decir esté lo más resguardado de influencias, sin embargo cabe la duda sobre la amplitud de la declaración constitucional dirigida hacia todas las diligencias.

Esperamos un una tercera y final entrega sobre este tema, plantear algunas conclusiones y proponer líneas de trabajo al respecto de lo que debería ser una "política de comunicación" de la Función Judicial y demás órganos del Sistema de Justicia.

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