Psicología del Testimonio

Jueves, 24 de noviembre de 2005

 

Psicología del Testimonio

Dr. Fabián Mensías Pavón
CATEDRATICO UNIVESITARIO DE LA UCE
Karm2002@yahho.com

 

La Universidad de Puerto Rico en Cayey y la Universidad Sagrado Corazón Santurce, organizaron el 1er. Congreso de Psicología Jurídica Caribeña y Centroamericana en Puerto Rico - Cayey, el pasado 1 - 2 de Octubre del 2000.
Con motivo de esta charlas, el Dr. Fabián Mensías Pavón, distinguido catedrático universitario atendiendo a tan importante invitación, asistió a este evento para exponer sus puntos de vista referentes a la Situación de la Psicología Jurídica en Ecuador.

HABLAR DE PSICOLOGÍA JURÍDICA EN MI PAÍS, Ecuador es recorrer un largo y tortuoso camino, esta joven ciencia parecería que carece de historia, sinembargo tenemos que hacer énfasis en que la historia del hombre va ligada a la Psicología, como miembro de la Sociedad ­ Estado aunque en forma incipiente, rudimentaria y elemental.
1932 Emilio Mira y López publican el ¨Manual de Psicolgía Jurídica¨ donde se esboza lo que él intuye que puede ser el futuro de la psicología en esta área. En nuestro país, como en el resto del mundo influyó este autor. Así tenemos ilustres exponentes ecuatorianos como: Dr. Jorge Escudero, Dr. Julio Endara, Dr. Lauro Escobar y el creador de la especialidad Dr. Luis Riofrío González, Ex Decano de la Facultad de Ciencias Psicológicas y otros grandes de esta época de germinación de esta ciencia aplicada, que han pasado a los anales de la historia.
La trascendencia de la Psicología Jurídica se ha enmarcado y se da énfasis al campo penitenciario, a la represión del delito, sin interpretar las causas y menos aún fomentar la prevención, peor la rehabilitación, únicamente se han dedicado a dar diagnóstico de personalidad del presunto delincuente.

Factores socio-económicos del delito y prevención

De las investigaciones realizadas se desprende el siguiente análisis:

La crisis económica

En nuestro país la crisis económica, se debe a la aplicación de las políticas neoliberales como las devaluaciones monetarias en los diferentes gobiernos, esto ha ido en desmedro de las necesidaes vitales y psíquicas de la gran mayoría de la sociedad en beneficio de los intereses de quienes están en el poder.
Según datos del gobierno el 60% de la población económicamente activa, o sea mayores de 12 años no tienen posibilidades de un empleo estable; el 10% se encuentra en el desempleo crónico y el 50% en el subempleo.
Extraoficialmente se conoce que el 20% se halla en la desocupación absoluta, el 60% en la subocupación lo que daría como resultado un 80% de población sin ingresos fijos y sin posibilidad de un medio de subsistencia, el ingreso mensual de $ 34,oo y la taza básica alimenticia en $ 234,oo es insuficiente para sobrevivir, por tanto es lógico pensar que el principal factor criminógeno o causal de delincuencia es el económico.

Crisis política

La crisis política es un factor criminógeno. Abarca la estructura económica, los partidos políticos, función ejecutiva, legislativa, judicial y todos los organismos estatales. Fenómeno de actualidad por los hechos acaecidos en nuestro país con los delincuentes de cuello blanco, que se encuentran ocupando funciones en el gobierno
La crisis política y económica producen serios trastornos sociales, con crisis de valores, incomunicación o comunicación distorcionada, falta de educación. Este ambiente social, crea condiciones antagónicas que impulsan la lucha de clases. En consecuencia la descriminación social impulsa a cometer delitos.
Con una sociedad dividida en clases, la moral también es clasista y refleja los intereses e ideales del modo de vida de una clase determinada. En nuestro país la moral está en crisis, porque se impone la corrupción que está presente desde las altas esferas, determinando una conducta amoral que atenta contra la vida y dignidad de las personas, conducienco a los individuos a cometer delitos en contra de sus semejantes.

Violencia estatal

Nuestro pueblo ha estado sometido por la violencia estatal: sea económica, política, religiosa, social, creando una ideología de acuerdo a los intereses que ejercen desde las esferas gubernamentales usando todos los medios a su alcance desde las funciones del Estado hasta las instituciones policiales, militares, educacionales, etc.
La Función Legisaltiva ha dictado normas jurídicas que lesionan los intereses de los sectores populares, dando prebendas para los de arriba y de violencia y castigo para los de abajo.
Aunque la Constitución establece los derechos de las personas, también los violenta al eliminar el derecho a la educación, salud, vivienda, etc., generando un gran flagelo social: el hambre.
Por otro lado nuestras fuerzas del orden son presa fácil de la coima, el chataje, debido a que sus sueldos y salarios al igual que el del resto de los trabajadores del país son irrisorios, lo que obliga a buscar otras formas de obtener aún por medios ilícitos.

La estabilidad familiar

El proceso industrial ha debilitado la estabilidad familiar, la educación y formación, con conductas agresivas, impulsivas, mentiras, riñas frecuentes, abandono periódico del hogar, divorcios. Conductas que son alimentadas por la incomunicación existente en el núcleo familiar. Esta desintegración familiar es causal para la formación de conductas delictivas y reincidencia.
Igual que las familias abandonan su rol en el proceso educativo y de modelación de las nuevas generaciones, el Estado también abandona a los sectores vulnerables y se olvida de los postulados constitucionales que prescribe la Carta Magna.

En el ámbito educativo

Se práctica aún la escolaridad de tipo memorística, repetitiva, tradicional, sin incentivar una educación crítica y participativa que unifique al alumno, familia, comunidad y docente.
Las instituciones educativas deberían vincular el trabajo mental, intelectual con el práctivo y laboral por medio de planes y programas que permitan al educando la adquisición de un conocimiento científico de la realidad nacional.
Por otra parte la educación debería girar en torno al conocimiento de las leyes penales para que sean conocidas por todos ya que al ser juzgado nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa, especialmente si consieramos que en la adolescencia es donde aparecen con mayor frecuencia codncutas problemáticas o antisociales que podrían ser cambiadas con la educación.
Además, el Estado no educa a través de los medios de comunicación. Este desconocimiento es aún mayor. Los maestros sin posibilidades académicas y materiales no pueden corregir las conductas de sus alumnos que pueden ser potenciales transgresores de la Ley, se limitan a observar las conductas agresivas, evasivas de sus educandos.
La educación como está establecida puerde reafirmar conductas antisociales.

La cultura

La cultura de nuestro pueblo está influenciada de alguna manera por la propaganda de las potencias. Nuestras normas, comportamientos, hábitos, costumbres autóctonas han sido reemplazadas por elementos importados, lo que ha derivado en una perdida de identidad que produce altraciones psicológicas, desnaturalización, despersonalización que termina con una conducta delictuosa.
Al referirnos a los grupos indígenas no tomamos en cuenta su cultura; su psicología que es diferente al resto, por lo que a veces cometen delitos por practicar conductas que el marco de sus valores culturales no son punibles, mientras que para el Estado son trasngresiones a la ley. Se deberían recoger sus legados culturales, formas de vida, costumbres para tipificar sus delitos y elaborar su propio Código diferente al resto de la sociedad, que sirva de vase para su dictamen.

Los medios de comunciación

No contribuyen en la prevención de conductas deincuenciales, más bien nos enseñan a través de sus programas, patrones de conductas negativas; siendo un factor altamente criminógeno al incentivar conductas agresivas que tienen como base la violencia.
Sería conveniente realizar progrmas preventivos que tienda a revertir los patrones de conducta y se enmarquen en las normas jurídicas existentes.
Se debe comunicar, no incomunicar o deformar la información. Los programas deben ser de orden educativo que permitan rescatar nuestros valores, impulsar la educación integral y particularmente dar a conocer las normas, leyes penales vigentes, hacer de guía en la problemática social y delinucencia.

Buscar la prevención

Una vez ubicados los factore principales de las conductas antisociales o delictivas, es necesario buscar que conlleven a la prevención de dichas alteraciones.
Ya que el objetio esencial de la Psicología Jurídica es preventivo. Asumiendo éste criterio, se dice que: Mañana ya no se hablará de Código Penal, sino de Código de Defensa Social. No se hablará de penas, sino de medidas de profilaxis y terapéuticas sociales. Y el Término responsabilidad se traducirá en temibilidad, o mejor, peligrosidad social.

Conclusiones

Podemos afirmar que:

1. Hemos logrado hubicar las principales causas de las conductas irregulares y delictivas

2. Para una adecuada prevención en todos los niveles es necesario la participación de un equipo multidisciplinario cuyo éxito consiste en una adecuada y correcta coordinación de funciones, desarrollando programas y proyectos acordes con su formación académica y científica que tenga como misión fomentar la salud mental integral de la soceidad ecuatoriana, Debiendo para ello llevarlos a la práctica y no simplemente plasmarlo en un papel.

3. La prevención de los problemas sociales debe impulsarse principalmente en el nivel primario, socializando o masificando la educación a las causas y consecuencias de la delincuencia. Además se debe entrar en un proceso de constitución y creación de centros y clínicas de la salud mental que posibiliten el tratamiento precoz de las alteraciones, trastornos o desviaciones de los individuos, lo que determina el cambio de mentalidad de quienes ejercen funciones en el área preventiva, entendiéndo que quien comete delitos por vez primera no es un degenerado social y por tanto no debe ir a los centros de rehabilitación en donde antes de recuperalo, instaura modelos de conducta de la población que necesita prevención terciaria.

4. La prevención del delito en el tercer nivel no debe realizarse en cárceles sino en centros de salud mental y centros laborales que no estén orientados simplemente a prevenir la reincidencia sino a prevenir en todos los campos de la actividad humana y lograr una identidad que ha sido perdida producto de la alienación mental y social

Análisis de los departamentos de psicología de nuestro país

1. En el Sistema Penitenciario Ecuatoriano, existen 46 psicólogos, para una población de 8.622 internos a septiembre del año 2000, lo cual represeta a 1 psicólogo por cada 166 internos, para la atención de la salud mental de los mismos, cuando la Organización Mundial de la Salud, recomienda que por lo menos para cada 100 debe designarse un psicólogo.

2. Las actividades específicas a que se dedican los Psicólogos son: psicodiagnosis en los centros de Rehabilitación Social del país, psicoterapia y funciones del Departamento.

3. Los espacios en los cuales los psicólogos cumplen sus funciones en más de 50%, son inadecuados, carecen de privacidad, los servicios adolecen de una falta casi total de recursos y medios para desempeñar la labor como: material psicoterapéutico, oficina y mobiliario.

4. El rol que el psicólogo cumple en las instituciones esta distorcionada por la misma Ley. Ser miembro del Departamento de Diagnóstico y Evaluación y ejercer tareas de orientación, asesorías e intervenir en procesos psicoterapéuticos propiamente dichos, son aspectos que no se compadecen en la práctica, por un lado está la represión y por otro la ayuda a sus problemas, ante ello surge la necesidad de incrementar vacantes de psicólogos para los centros con el objeto de destinarlos a psicodiagnosis y a tratamientos en forma independiente.

Investigación realizada en los Centros de Rehabilitación

1. De la población carcelaria investigada el 19.5% afirma recibir ayuda psicológica, mientras el 80.5% expresa no recibir ningún tipo de ayuda.

2. Con relación al desarrollo y ejercicio psicoterapéutico el 6% recibe psicoterapia y el 94% no se beneficia de este método de tratamiento. Este hecho obedece a la falta de profesionales en la especialidad y no existe un plan de rehabilitación y sobre todo de prevención.

3. El 18% reconocen que en los centros reciben rehabilitación en tanto que el 82% no.

4. El 20% afirma que se hace seguimiento del proceso de rehabilitación mientras que el porcentaje de internos que no se les aplica y planifica un seguimiento coherente con objetivos resocializadores corresponde al 80%.

Vinculación de profesional de la psicología al quehacer carcelario

Como podemos apreciar al psicólogo jurídico no ha sido tomado en cuenta en el trabajo psicoterapéutico, rehabilitación y reinserción social, siendo necesaria una ley y una reglamentación que vincule al profesionales de la psicología al quehacer carcelario.
En nuestro país lastimosamente no existen estos centros y clínicas. Contamos únicamente con tres hospitales en el Ecuador, que contribuyen en salud mental, pero se trata de pacientes con daños orgánicos y psicológicos que se han agudizado. Estas instituciones han secularizado el quehacer, médico, psicológico y psicquiátrico al campo de lo clínico y no atienden ni prestan ayuda en casos que caen en el campo delincuencial.
En los Centros de Rehabilitación Social y Cárceles que poseen departamento de evaluación y diagnóstico, o centros médicos; o las llamadas ¨clínicas de salud mental¨, actúan psicólogos sin las más mínimas condiciones económicas y materiales para su funcionamiento.
Como podemos apreciar, el estado actual de la psicología jurídica ecuatoriana es muy incipiente; una de las causas son la situación y la falta de conciencia social del Estado, en relación al rol que cumple este profesional.
¿Entonces cuál debe ser el camino a seguir?... Prepararse, educarse, tomar conciencia de nuestra realidad social y dar soluciones sobre la base de una mayor participación de todos los involucrados en la Ley, la Justicia y el Derecho.
De esto se desprende que, el ejercicio honesto del Derecho, es imposible sin previo conocimiento sobre Psicología, que debería ser poseída no sólo por jueces, sino por todas aquellas personas que intervienen profesionalmente en la práctica judicial, por tanto, para que el derecho se cumpla no basta solo la Ley, hay que cualificar y profesionalizar a todos los que se encuentran concernidos en el campo del Derecho, a través de un proceso profundo de capacitación y educación que coadyuve a transformar la situación actual en que vivimos.

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