Por: Dr. Ricardo Ramírez Aguirre
MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS
S EGÚN EL ARTÍCULO 55 SECCIÓN 6ª de la Constitución Política de nuestro país (R. O. 11 de agosto de 1988) «La seguridad Social será deber del Estado y derecho irrenunciable de todos sus habitantes. Se prestará con la participación de los sectores público y privado, de conformidad con la Ley».
La misma Constitución Política en su artículo 56 establece los principios y declara la creación de la seguridad social como política de Estado: «Se establece el sistema nacional de seguridad social. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia, para la atención de las necesidades individuales y colectivas, en procura del bien común».
En el Diccionario de la «Terminología Usual en la Legislación del Seguro Social Ecuatoriano», elaborado por la Comisión de Recopilación de la Normatividad del IESS (Quito, febrero de 1999), atendiendo a las instrucciones dadas por la OISS (Organización Internacional de Seguridad Social), en la página 58 de dicha publicación dice: «Seguridad Social: Es el conjunto de medidas tendientes a garantizar a los habitantes del país, la cobertura de los riesgos sociales a que se encuentran expuestos, y el bienestar indispensable para una existencia digna, esencial para la estructura de la colectividad» .
El Dr. Manuel Posso Zumárraga, estudioso de la seguridad social, miembro de la Mesa de Diálogo de Seguridad Social realizada en Quito en Enero del 2003, propone una definición del concepto del sistema de seguridad social universal que, a juicio de los participantes de dicha Mesa de Diálogo, no está definido ni en la Constitución ni en la Ley de Seguridad Social: «Seguridad Social.- Conjunto de garantías legales tendientes a asegurar al ser humano, igualdad de oportunidades, un elemental, permanente y creciente bienestar del grupo familiar, que suprima el temor a las contingencias que puedan afectar el equilibrio de su economía, resguardando la salud física y mental del individuo con o sin relación de dependencia, garantizándole la provisión de pensiones y condiciones habitacionales compatibles con la dignidad humana» (Revista Judicial. Página 1, martes 25 de febrero del 2003, Quito. Diario La Hora
Indicadores sociales y económicos
Para entender la realidad actual de la seguridad social en nuestro país, son valiosos los datos que, organismos nacionales e internacionales nos presentan acerca de algunos indicadores económico sociales y de salud en particular:
– Canasta Básica en dólares:
Familiar:
De la pobreza:
Ocupación adecuada:
Desempleo
Subempleo
– Vivienda:
Déficit acumulado:
Incremento anual del déficit:
Seguro general obligatorio
El artículo 57 de la Constitución Política dice: «El Seguro General obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y muerte».
«La protección del seguro general obligatorio se extenderá progresivamente a toda la población urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, conforme lo permitan las condiciones generales del sistema».
«El seguro general obligatorio será derecho irrenunciable e imprescriptible de los trabajadores y sus familias».
El texto constitucional referido determina las coberturas que comprende el sistema nacional de seguridad social, la población a la que se hacen extensivas dichas coberturas, «progresivamente»; y, las define como un derecho «irrenunciable e imprescriptible».
Es indudable que el «aseguramiento» de toda la población ecuatoriana requiere la integración de varios organismos e instituciones del Estado, para garantizar la realización de la Seguridad Social: Ministerios del Trabajo, de la Vivienda, del Ambiente, de Bienestar Social y de la Salud, los organismos seccionales, las Universidades, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y otras aseguradoras como FCME (Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano), ISSFA e ISSPOL por ejemplo.
La institución de aseguramiento más grande del país es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que protege a 2.200.000 afiliados aproximadamente, o sea al 18,3% de la población. (Boletín Estadístico del IESS).
Dicha cobertura de aseguramiento que brinda el IESS podría ampliarse a 7’500.000 personas aproximadamente (62,5% de la población).
Para entender esta posibilidad debemos remitirnos al texto constitucional (CPE) y de la Ley de Seguridad Social (LSSO):
La Ley de Seguridad Social (Ley 2001 55, Reg. Of. Nº 465, 30 de noviembre del 2001) en el Libro Primero, Título I, Capitulo Uno, artículo 1 dice: «El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad social…»; en su artículo 2 establece el universo de los sujetos que pueden acceder a la protección del Seguro General Obligatorio en calidad de afiliados: «todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual con relación laboral o sin ella …»; y, en el artículo 102 establece la extensión del aseguramiento en salud al núcleo familiar: «…El Afiliado, su cónyuge o conviviente con derecho, y sus hijos menores hasta los seis (6) años de edad, así como el jubilado, serán beneficiarios de acciones integrales…..»
El artículo 58 de la CPE dice. «La prestación del Seguro General obligatorio será responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma dirigida por un organismo técnico administrativo, integrado tripartita y paritariamente por representantes de asegurados, empleadores y Estado,……»
Finalmente el artículo 58 de la CPE, en su tercer párrafo dice: «Podrá crear y promover la formación de instituciones administradoras de recursos para fortalecer el sistema previsional y mejorar la atención de salud de los afiliados y sus familias».
Dineros y recursos financieros del IESS
Los dineros y demás recursos financieros del IESS, son de su exclusivo y autónomo manejo, a través de sus órganos legales y administrativos propios.
Al respecto, el artículo 58 de la CPE señala claramente que el IESS es una «…entidad autónoma ….»; y, su artículo 59 establece que «Los aportes y contribuciones del Estado para el Seguro General Obligatorio deberá constar anualmente en el presupuesto general del estado, y serán trasferidos oportuna y obligatoriamente a través del Banco Central del Ecuador». Más adelante, en el cuarto parágrafo del mismo artículo dice: «Los fondos y reservas del seguro social serán propios y distintos de los del Estado, y servirán para cumplir adecuadamente los fines de su creación y funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir en sus fondos y reservas ni afectar su patrimonio».
Adicionalmente la LSSO dice en su artículo 71 lo siguiente: «Limitaciones.- El IESS no concederá préstamos al Gobierno Central, a los gobiernos seccionales, a los organismos y entidades que integran el sector público y al sector privado…»
Estos aspectos constitucionales y legales deben respetarse y acatarse a fin que, el IESS pueda cumplir con las prestaciones y servicios que la Constitución y la Ley de Seguridad Social le determinan para el futuro bienestar de toda la población afiliada; y, para acercar el momento en que, el sistema de seguridad social como política de estado, deje de ser una declaración o un anhelo y tenga realización plena.
El nuevo Seguro Social
El Diccionario de la «Terminología usual en la Legislación del Seguro Social Ecuatoriano» (1999) antes referido, en su página 59, define el Seguro Social como: «Institución que tiene por objeto cubrir riesgos de carácter personal».
Es una definición muy escueta o muy genérica, además un tanto distante y al margen de la situación actual y las perspectivas futuras del país, tanto por la existencia de una Ley, de un Gobierno, como de una Administración diferentes que, surgen a partir de los años 2001 y 2003.
El Ecuador de hoy vive un nuevo escenario de la vida nacional. A partir del 15 de enero se ha iniciado un gobierno distinto a los anteriores, un gobierno democrático con posiciones patrióticas que es producto del respaldo mayoritario de los amplios sectores populares que, anhelamos el cambio y aspiramos que aplique un programa de gobierno consensuado, que recupere la soberanía nacional, que frene las privatizaciones en especial de la Seguridad Social, que desarrolle la inversión en salud, educación, vivienda, que promueva la reactivación de la economía popular, que combata abiertamente la corrupción; en definitiva que satisfaga las principales necesidades y aspiraciones de los pueblos del Ecuador.
En ese ámbito hemos pugnado muchos años por rescatar nuestra principal institución de seguridad social del abismo al que la han llevado los gobiernos de turno; la hemos defendido de los apetitos privatizadores; y, volvemos a proponer el gran debate participativo para configurar lo que debe caracterizar al nuevo IESS y delimitar la política de Seguridad Social del estado Ecuatoriano en acatamiento a lo que dispone la Constitución Política en sus artículos 55 y 56.
Partimos del principio que el IESS es propiedad de los afiliados y ningún otro interés puede estar por encima de aquel.
Toda la acción institucional debe ser orientada a hacer realidad la seguridad social para el afiliado y su núcleo familiar; y, para construir el nuevo IESS que aporte decisivamente al cambio necesario y reclamado por las mayorías.
Los trabajadores del campo y la ciudad, los maestros, los empleados públicos, los afiliados al Seguro Social Campesino, los jubilados y pensionistas, debemos impulsar un Congreso Nacional de Afiliados; y, aprobar las políticas globales del nuevo IESS que deben ser respaldadas por el gobierno, cumpliendo y respetando lo dispuesto en la constitución; y, que deben ser convertidas en planes y programas concretos por el Consejo Directivo del IESS, organismo autónomo, ahora responsable de la conducción institucional.
Proponemos impulsar:
La aplicación de la resolución del TC relativa a la Ley de Seguridad Social; y debatir el proyecto necesario de reformas a la Ley; que permitan el rescate de los Principios de autonomía, obligatoriedad, solidaridad, eficiencia, subsidiaridad, eficiencia, etc.
Para ese propósito planteamos el impulso de:
1. Política económica financiera del IESS eficiente:
a) Revisión y actualización del estado matemático actuarial del IESS;
b) Pago inmediato de la deuda del estado con el IESS, en especial las alícuotas correspondientes a los años 1999-2000-2001-2002-2003;
c) Oficializar la NO transferencia de los fondos de pensiones a las AFP para que dichos fondos sean manejados por el IESS, al servicio de los afiliados;
d) Promover la mayor rentabilidad de los bienes y propiedades productivas del Instituto, para su recapitalización e inversión productiva y que ello contribuya a la dinamización de la economía;
e) Creación del Banco del Afiliado y recapitalizar los recursos a favor de la población afiliada;
f) Restablecimiento de las prestaciones económicas, en especial de los préstamos quirografarios e hipotecarios, para incentivar los programas de vivienda popular en acuerdo con el Ministerio correspondiente del gobierno democrático;
g) Cobro inmediato de la mora patronal, optimización y automatización del control; y,
h) Incremento progresivo de las pensiones jubilares y de Montepío, hasta el nivel de la canasta básica.
2. Política Administrativa:
a) Que la Contraloría establezca el examen de toda la gestión de la Comisión Interventora y que se disponga la prohibición de salir del país de los interventores adoptando las medidas precautelares que la justicia establece;
b) Enjuiciamiento penal a los miembros de la Comisión Interventora; previo examen de sus contrataciones, adquisiciones, ventas e inversiones; y, se anulen los nombramientos de los funcionarios que han contribuido a dilapidar los recursos de la Institución;
c) Moralización institucional e instauración de la contraloría social, en donde tengan participación los afiliados y jubilados;
d) Democratización de la Institución con la institucionalización del Congreso de Afiliados y jubilados, para lo cual se deben considerar las bases legales pertinentes;
e) Optimización de las prestaciones económico sociales del Instituto;
f) Promoción de una vocación de servicio y defensa institucional de los empleados del Instituto, con la inmediata depuración de los malos servidores. Instituir la rendición de cuentas de los funcionarios y empleados ante los órganos de contraloría social;
g) Capacitación permanente del personal administrativo y operativo, para optimizar los recursos humanos; y,
h) Ampliación de la cobertura de afiliación al sector informal, teniendo en cuenta la obligación legal de la afiliación a la población económicamente activa, que percibe ingresos con o sin relación laboral
3. Política de prestaciones sociales
a) Optimización inmediata de las prestaciones de salud, con abastecimiento suficiente y oportuno de fármacos e insumos hospitalarios, para brindar una integral y adecuada atención a los afiliados;
b) Evaluación de la gestión de todas las áreas del Instituto, en especial las áreas medica, administrativa y de riesgo, que garanticen la protección de los trabajadores;
c) Vigencia plena del Seguro Social campesino, ampliación de la cobertura, dotación de insumos y fármacos suficientes para la protección del afiliado y mejoramiento de las prestaciones económicas y sociales;
d) Protección a la población jubilada en centros de recreación y descanso, acorde con la dignidad humana. (Ayuda mortuoria, por ejemplo.); y,
e) Impulso de convenios y coordinación de planes y programas con todos los Ministerios del área social, con las Universidades y con otras entidades G, NG, nacionales o extranjeras;
4. Política de Modernización.
a) Implementación de la Red Informática actualizada;
b) Renovación del área médica con equipos, insumos y materiales de última generación, tanto para el Seguro General como para el Seguro Campesino;
c) Reconstrucción, terminación, ampliación y mantenimiento de toda la infraestructura institucional (hospitales, clínicas, dispensarios, salas de velación, etc);
d) Atención eficiente y de calidad a los afiliados en todas las áreas y dependencias del IESS; y,
e) Creación de una Industria Farmacéutica propia o inversión calificada, previo concurso en una o varias privadas.