Proceso, Procedimiento e Imparcialidad en sentido amplio

Lunes, 09 de marzo de 2015

Proceso, Procedimiento e Imparcialidad en sentido amplio

 

 

Autor: Gustavo Calvinho (*)

 

 

En artículos anteriores he expuesto que en general la doctrina ?salvo excepciones? ostenta la ya comentada ambivalencia del lenguaje procesal cuando trata los conceptos de proceso y procedimiento. En algunos casos, su diferenciación luce muy difusa; en otros, directamente, se dejan de lado las notas que los separan y se emplean ambas voces como sinónimos.

 

Principio de Sucesión y Acción Continuativa en el proceso judicial

 

En su más conocida obra, Eduardo Couture nos resume en buena medida el panorama indicado, al explicar que siendo la instancia ?como el proceso mismo? una relación jurídica continuativa, dinámica, que se desenvuelve a lo largo del tiempo, es la sucesión de sus actos lo que asegura la continuidad. Unos actos proceden de otros actos y aquéllos, a su vez, preceden a los posteriores. Este principio de sucesión en los actos da el nombre al proceso ?etimológicamente, de cedere pro?. Procedimiento, por su parte, es esa misma sucesión en su sentido dinámico de movimiento. El sufijo nominal mentum, es derivado del griego menos, que significa principio de movimiento, vida, fuerza vital. El proceso es la totalidad, la unidad. El procedimiento es la sucesión de los actos. Los actos procesales tomados en sí mismos son procedimiento y no proceso. En otros términos ?remata el maestro oriental? el procedimiento es una sucesión de actos; el proceso es la sucesión de estos actos apuntada hacia el fin de la cosa juzgada. La instancia es el grupo de esos mismos actos unidos en un fragmento de proceso, que se desarrolla ante un mismo juez[1]. Lo extraído nos ilustra acerca de límites difusos y diversos significados que pueden darse a los términos instancia, proceso y procedimiento si lo cotejamos con lo que nosotros venimos expresando al respecto.

 

Regresemos a la distinción básica entre ambas figuras, repasando dos aspectos comparativos salientes de suma utilidad en lo sucesivo.

 

 

Proceso y Procedimiento.

Carácter material e inmaterial de la acción judicial

 

En primer lugar, hemos adelantado que mientras todo proceso contiene un procedimiento, no todo procedimiento resulta ser un proceso ?ya que éste únicamente aparece en la acción procesal y no en las restantes instancias?. Segundo, y esto es de la mayor importancia, el proceso es inmaterial, abstracto e impalpable, porque es concepto, importando la comprensión cabal del significado del acto que hace a su inteligibilidad. El procedimiento, en cambio, presenta una naturaleza material, concreta y corpórea, se capta por los sentidos y se realiza en un tiempo y en un espacio determinado[2] expresándose a través de cierta forma. El procedimiento opera, pues, como la forma material del proceso, que no puede tenerla de por sí, ya que no es acto material sino concepto significativo del acto[3].

 

Con extrema simplificación en búsqueda de claridad podemos afirmar que al encontrarse el proceso en el mundo de los conceptos cabe pensarlo, pero no puede ser alcanzado por nuestros sentidos: no se lo puede ver, ni escuchar, ni olfatear, ni tocar, ni gustar. El procedimiento, que se encuentra en el mundo material, el de las cosas, puede ser perfectamente percibido por nuestros sentidos, como cuando vemos a un abogado iniciando una demanda en dependencias judiciales. Dicha presentación es sin dudas un acto procedimental, pero sólo podrá considerarse como forma material integrada al proceso si es proyectada por decisión de la autoridad hacia otro sujeto. La proyectividad, reducción eidética del proceso, opera sobre actos procedimentales que consigo arrastran la materialidad, sin que ello implique que el acto procedimental pierda su carácter material ni que se modifique o desvirtúe la naturaleza conceptual del proceso.

 

En otro orden, se ha efectuado una distinción destacando que el proceso asume, frente al procedimiento, un carácter sustantivo y comprometido con la realidad constitucional con apoyo en el sistema de garantías que al justiciable debe ofertar. En cambio, el procedimiento es atemporal y acrítico a través del soporte que le brindan, sólo y exclusivamente, las formas técnicas y mecanicistas. Por ello, el procedimiento es técnicamente una realidad formal y rituaria frente al proceso que, a diferencia del procedimiento, es la realidad conceptual que posibilita el acceso al garantismo del derecho procesal, a través de la llamada tutela judicial efectiva, mediante el debido proceso sustantivo. El proceso se constituye, por tanto, en la justificación del procedimiento; lo que no significa que no pueda existir procedimiento sin proceso, puesto que el primero es atemporal y el segundo no, al hallarse comprometido con la base garantista del aquí y ahora. Por tanto ambos ?proceso y procedimiento? son hipótesis de trabajo autónomas[4].

 

Principios del Procedimiento

 

Se ha explicado que el problema que surge en el análisis de los principios del procedimiento proviene de la circunstancia de que hay un paralelismo con el proceso, el cual ha sido estudiado con mayor profundidad y severidad científica desde el siglo XIX, de manera que para distinguir los fenómenos atinentes al procedimiento es menester recordar las características de su naturaleza: se trata de conexiones de conductas ?de diferentes sujetos? de manera que son fenómenos sensiblemente perceptibles a diferencia de los que se refieren al proceso, los cuales son inteligibles[5].

 

Principio de Imparcialidad

 

Podríamos señalar a la imparcialidad como un distintivo lógico derivado de la propia estructura que muestran el proceso ?con tres sujetos, donde dos debaten en igualdad de condiciones y un tercero resuelve una vez finalizada la discusión? y el procedimiento ?donde hallamos dos sujetos, uno que peticiona y otro que resuelve al respecto?. De allí que se insista con aquello de tercero imparcial.

 

Se ha entendido que la imparcialidad no nace como una reacción ante la verdad, sino por la relación con los intereses en juego; se trata no tanto de una virtud moral, sino de una estructura de actuación que confiere el poder de estar por encima de ciertos intereses. Observar a la imparcialidad como una estructura y no como una calidad personal implica advertir con claridad la existencia de estructuras procesales en las que la idea de imparcialidad es inaplicable, por más que el juez sea objetivo, razonable e independiente. La imparcialidad forma y a la vez es tributaria de precisas estructuras procesales, que quedan ocultas si se explica el proceso como una sucesión de actos[6].

Para graficar la amplitud de significados de la palabra imparcialidad, se ha subrayado que excede a la falta de interés que comúnmente se menciona para definir la cotidiana labor de un juez pues incluye, por ejemplo, a la ausencia de prejuicios de todo tipo ?particularmente raciales o religiosos?, a la independencia de cualquier opinión, a la no identificación con alguna ideología determinada, a la completa ajenidad frente a la posibilidad de dádiva o soborno, a la influencia de la amistad, del odio, de un sentimiento caritativo, de la haraganería, de los deseos de lucimiento personal, de figuración periodística, etcétera. Y también es no involucrarse personal ni emocionalmente en el meollo del asunto litigioso, evitar toda participación en la investigación de los hechos o en la formación de los elementos de convicción, o de fallar según su propio conocimiento privado; tampoco debe tener temor al qué dirán ni al apartamiento fundado de los precedentes judiciales, etcétera. Si bien se miran estas cualidades definitorias del vocablo, la tarea de ser imparcial es asaz difícil pues exige absoluta y aséptica neutralidad, que debe ser practicada en todo supuesto justiciable con todas las calidades que el vocablo involucra[7].

 

Con seguridad, sostenemos que el concepto de imparcialidad abarca también a la independencia y a la impartialidad[8] del juez o árbitro que resuelve el caso, siendo fácil intuir su cercana vinculación con el respeto a la igualdad de las partes. Explicado sencillamente, la imparcialidad en sentido restringido significa que quien decide no tiene ningún interés en el objeto del proceso ni en el resultado de la sentencia, a la vez que carece de prejuicios. A su turno, la independencia se orienta hacia la inexistencia de cualquier tipo de poder que condicione a la autoridad y su pronunciamiento. Finalmente, el neologismo impartialidad debe entenderse como la imposibilidad del tercero que sentencia de realizar o reemplazar la actividad que durante el proceso deben llevar a cabo ?propiamente? las partes.

           

Con estos apuntes preliminares estamos en condiciones de profundizar algo más sobre la idea de imparcialidad en sentido amplio.

 

Si nos atenemos a los pactos internacionales de derechos humanos, es clara la exigencia de juzgamiento por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley ?art. 10 de la DUDH de 1948; art. 14 numeral 1º del PIDCP de 1966; art. 8 numeral 1º de la CADH de 1969, conocida como Pacto de San José de Costa Rica?[9].

 

El art. 10 de la DUDH sirve de sustento para fundamentar que las garantías procesales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos alcanzan a todos los procesos, con prescindencia de la materia en debate, al establecer que ?toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal?. No dudamos de la contribución que en este sentido puede efectuar una Teoría General del Proceso respetuosa de los derechos fundamentales y la democracia.

 

Junto a la independencia de los poderes institucionales y no institucionales debe buscarse la imparcialidad intrajuicio, lo que significa ?desde lo objetivo? que el órgano que va a juzgar no se encuentre comprometido por sus tareas y funciones ni con las partes ?impartialidad? ni con sus intereses ?imparcialidad?. De esta forma se va a lograr el famoso triángulo de virtudes del órgano jurisdiccional: impartialidad, imparcialidad e independencia[10].

 

La autoridad impartial es aquella que no se involucra en el debate rompiendo el equilibrio y sustituyendo o ayudando a los contendientes en sus actividades específicas, como pretender, ofrecer prueba y producirla. Este elemento, por consiguiente, se relaciona con la actividad de procesar y el respeto a los roles de los litigantes y a las reglas preestablecidas de debate.

 

Principio de Independencia

 

La independencia, en cambio, marca el respeto por la libertad de decisión, sólo limitada en cuanto a la obediencia al sistema jurídico, sin que se acepten presiones, órdenes o sometimiento a otros poderes institucionales o no institucionales ?como grupos económicos o medios masivos de comunicación? sean o no sujetos del proceso. Un correcto sistema de designación y remoción de los jueces y ciertas garantías de intangibilidad de remuneraciones, permanencia e inamovilidad en sus funciones ayudan en este aspecto.

 

Pero además hace a la independencia de los jueces la autarquía y el manejo de su presupuesto por el propio Poder Judicial, sin interferencia de otros poderes o funcionarios extraños. En el supuesto particular de los árbitros, a estos fines sus honorarios y gastos deben ser depositados o garantizados por las partes ab initio del proceso, para evitar que la mayor o menor solvencia de alguna de ellas influya en el resultado del laudo con el objetivo de asegurarse el cobro de sus estipendios.

 

Josep Aguiló Regla advierte sobre dos deformaciones comunes de la idea de independencia que son el resultado de ignorar que la posición del juzgador en el Estado de derecho viene dada tanto por sus poderes como por sus deberes. La primera, que tiende a asimilar la independencia a la autonomía, olvida la posición de poder institucional que el juez ocupa; la segunda, que tiende a asimilar la independencia a la soberanía, define la posición del juez dentro del orden jurídico a partir, exclusivamente, de sus poderes, ignorando sus deberes. Así, el deber de independencia de los jueces tiene su correlato en el derecho de los ciudadanos a ser juzgados desde el derecho, no desde relaciones de poder, juegos de intereses o sistemas de valores extraños al derecho. El principio de independencia protege no sólo la aplicación del derecho, sino que además exige al juez que falle por las razones que el derecho le suministra[11].

 

Acota el autor catalán en mención que si la independencia trata de controlar los móviles del juez frente a influencias extrañas al derecho provenientes del sistema social, la imparcialidad trata de controlar los móviles del juez frente a influencias extrañas al derecho, pero provenientes del proceso ?por lo que está ligada a dos figuras procesales, como la abstención o excusación y la recusación?. De este modo ?agrega? la imparcialidad podría definirse como la independencia frente a las partes y el objeto del proceso. De nuevo, el juez imparcial será el juez obediente al derecho[12].

 

Concluye Aguiló Regla que los deberes de independencia e imparcialidad constituyen dos características básicas y definitorias de la posición institucional del decisor en el marco del Estado de derecho, conformando la peculiar manera de obediencia al derecho que éste les exige. Independiente e imparcial ?remata? es el juez que aplica el derecho y que lo hace por las razones que el derecho le suministra[13].

 

Como cuestión adicional es necesario apuntalar todo el esquema construido con algún tipo de preparación y concientización de los decisores jurisdiccionales, capacitándolos adecuadamente en lo que podríamos llamar el arte de la imparcialidad, de manera tal que observen esta cualidad en los procesos donde actúan o se aparten sin temor ?bajo las condiciones legales permitidas? en aquéllos donde la estiman comprometida.

 

En síntesis, la imparcialidad en sentido amplio requiere que la autoridad carezca de prejuicios e interés en el proceso, que no se someta a ningún otro poder institucional o no institucional, que se abstenga de efectuar o suplantar la actividad procesal propia de las partes y que obedezca al derecho.

 

Concluimos afirmando que si la autoridad no actúa con imparcialidad ?derecho fundamental que necesariamente debe asegurarse desde el sistema procesal mismo? no podremos considerar a la sentencia que dicte el fruto de un proceso respetuoso del derecho fundamental de defensa en juicio. En rigor de verdad, estaríamos ante una simple resolución recaída en un procedimiento.

 



(*) Magíster en Derecho Procesal (UNR), profesor adjunto regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Director de la Revista Latinoamericana de Derecho Procesal y del Departamento de Derecho Procesal Civil de la Universidad Austral de Buenos Aires, profesor estable de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Miembro Titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal.

[1] Cfr. Couture, Eduardo, Fundamentos del derecho procesal civil, reimpresión inalterada, Depalma, Buenos Aires, 1977, pp. 201-202.

[2] Una idea similar es sostenida por Briseño Sierra, Humberto, Compendio?, op. cit., p. 250.

[3] Ibidem, p. 251.

[4] Lorca Navarrete, Antonio María, ?El derecho procesal como sistema de garantías?, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXVI, N° 107, mayo-agosto 2003, p. 549.

[5] Briseño Sierra, Humberto, Esbozo? op. cit., p. 513.

[6] Binder, Alberto M., El incumplimiento de las formas procesales, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, p. 64.

[7] Alvarado Velloso, Adolfo, ?La imparcialidad judicial y la prueba oficiosa?, en VV.AA, Confirmación Procesal, colección Derecho Procesal Contemporáneo, Adolfo Alvarado Velloso y Oscar Zorzoli (dir.), Ediar, Buenos Aires, 2007, p. 18.

[8] Werner Goldschmidt, en ocasión de su discurso de recepción como miembro del Instituto Español de Derecho Procesal, empleó el neologismo partialidad, diferenciando conceptualmente el ser parte ?la partialidad? con el ser parcial ?la parcialidad? V. Goldschmidt, Werner, ?La imparcialidad como principio básico del proceso (La partialidad y la parcialidad)?, publicado en su libro Conducta y norma, Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1955, pp. 133-154.

[9] Garderes, Santiago y Valentín, Gabriel, Bases para la reforma del proceso pena,. Fundación Konrad Adenauer, Montevideo, 2007, p. 190.

[10] Superti, Héctor, ?La garantía constitucional del juez imparcial en materia penal?, VV.AA.: El debido proceso. Colección Derecho Procesal Contemporáneo, Adolfo Alvarado Velloso y Oscar Zorzoli (dir.), Ediar, Buenos Aires, 2006, pp. 334-335.

[11] Aguiló, Josep, ?Independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación jurídica?, conferencia pronunciada en el Seminario de argumentación jurídica que tuvo lugar en México D.F. entre los días 23 y 28 de septiembre de 1996, organizado por el Consejo de la Judicatura Federal y el Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México ?ITAM?, Isonomía, Revista de Teoría y Filosofía del Derecho N° 6, abril de 1997, ITAM, México D.F., pp. 75-77.

[12] Ibidem, p. 77. Aguiló Regla considera al objeto del proceso con un alcance distinto al explicado en este capítulo, párrafos atrás ?v. apartado 4.2.?

[13] Ibidem, p. 78.

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