Proceso de Ejecución

Viernes, 20 de septiembre de 2013

EL PROCESO DE EJECUCIÓN

Autor: Dra. Vanesa Aguirre Guzmán

 

Características centrales y naturaleza

La actividad jurisdiccional no implica únicamente decir el derecho. En muchas ocasiones se requiere una actividad posterior que transforme la realidad material del incumplimiento, y en ese aspecto, el proceso de ejecución se configura como el instrumento que ayuda a plasmar ese cambio.

La configuración de la ejecución como verdadera actividad jurisdiccional, con sus propias características, explica la existencia de un proceso de ejecución,  ene l cual se ejerce una acción (la ejecutiva) y se articula un sistema de contradicción, aunque restringido.  Sea para acomodar las disposiciones de las sentencia, materializándolas, sea para dar vida al contenido de un documento al cual el ordenamiento jurídico ha otorgado la fuerza respectiva, puede defenderse la autonomía del proceso de ejecución, como verdadero cauce de  dispensación de una tutela judicial muy específica.

La ejecución forzosa: resoluciones declarativas o constitutivas

Si bien la jurisdicción se entiende como ?juzgar y hacer ejecutar lo juzgado?, ello no debe conducir a sostener que la actividad de ejecución depende necesariamente de una fase declarativa. Tampoco se ejecuta siempre lo juzgado o bien hay decisiones que no requieren de esa actividad posterior. Son necesarias, pues, algunas puntualizaciones en esta materia.

Así, en el caso de la sentencia desestimatoria, en la que existe una ?realidad? acomodada al ?deber ser? de la sentencia, no es precisa actividad jurisdiccional ulterior. En el de las sentencias que estiman pretensiones declarativas puras, tampoco se necesita aquella actuación posterior,  pues la resolución encuentra con la declaración del derecho su propia fuerza, al hacer cesar, con aquella afirmación,  un estado de incertidumbre. La sentencia constitutiva, por tener precisamente ese efecto una vez que alcanza la calidad de cosa juzgada, no requiere de actividad de ejecución propiamente dicha; aunque es una figura autónoma participa de los caracteres de las sentencias de mera declaración y de condena: el ius dicere lleva implícito un cambio en el estado actual de las cosas, y al mismo tiempo, con la declaración, concluye la inseguridad del derecho.

También puede suceder que en un proceso declarativo la resolución precise de una actuación posterior; pero esa actividad no es de carácter jurisdiccional. No deja de ser frecuente la confusión que se genera en cuanto a la denominada ?ejecución impropia?, como un caso de actividad posterior a las sentencias meramente declarativas y constitutivas. Así, -la inscripción en el registro civil de una sentencia que dictamina la paternidad de una persona con respecto a otra, no constituye en estricto sentido una actuación judicial posterior ni un acto de ejecución de esa sentencia constitutiva, sino únicamente un mero caso de actividad posterior a la resolución ?sea a efectos de publicidad, oponibilidad a terceros o  bien modificaciones de  registros públicos-, pues no añade nada a ésta, que por sí sola ha satisfecho una pretensión al otorgarle la tutela requerida. Esta es la razón por la  cual en otros ordenamientos (p. ej., el art. 521 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, LEC) se precisa que no se despachará ejecución de las sentencias meramente declarativas ni de las constitutivas, (el No. 2 precisa: ?Mediante su certificación y, en su caso, el mandamiento judicial oportuno, las sentencias constitutivas firmes podrán permitir inscripciones y modificaciones en Registros públicos, sin necesidad de que se despache ejecución?; o el art. 522.1 LEC manda a toda persona y autoridad, especialmente a al encarga de registros  públicos, acatar y  cumplir con las disposiciones  previstas en las sentencias constitutivas, y  ?atenderse al estado o situación jurídicos que surja de ellas, salvo que existan obstáculos derivados del propio Reglamento conforme a su legislación específica?.

Las actividades que se desarrollan en la denominada ?ejecución impropia? son, pues, actuaciones necesarios para la eficacia de las sentencias declarativas y constitutivas ?como la inscripción en un registro público, que es necesaria para que la resolución sea oponible frente a terceros-; pero a diferencia de las  sentencias de condena, no puede decirse que en ellas haya un ?ejecutante? y un ?ejecutado?, sino partes procesales que, sobre la base de la sentencia, y con independencia de la posición de actor o demandado que ocupen, pueden solicitar que se cumpla lo que a su favor ordena la resolución judicial. La precisión de la doctrina española así como al completa ordenación prevista en la LEC aclaran la naturaleza de la denominada ?ejecución impropia?, aunque cabe preguntar hasta qué punto sería aplicable en el vigente sistema procesal ecuatoriano este concepto, dado que si bien la doctrina nacional distingue entre sentencias declarativas, constitutivas y de condena, la ley no ha hecho lo propio. La jurisprudencia, por su parte, ha identificado, ?ejecución? con ?satisfacción? del derecho en las sentencias constitutivas y declarativas.

Sin embargo, las clasificaciones entres sentencias declarativas, constitutivas y de condena no deben ser consideradas como taxativas. Según su función, puede apreciarse en el proceso la predominancia de uno u otro carácter (que se traslada luego a la denominación de la sentencia como ?declarativa? o ?constitutiva?); pero un proceso puede participar de una u otra calidad o bien de las dos. No existen, pues, procesos puros. Ya las especialidades son las que determinarán la predominancia de uno u otro carácter y la necesidad o no de una actividad ejecutiva posterior.

Tampoco puede decirse que ?se ejecuta lo juzgado? cuando se  realiza el derecho contenido en un título extrajudicial pues, aunque  se requiera directamente  de una intervención procesal, no existe una  declaración judicial previa. Es una de las razones que explican la configuración de los títulos valores como títulos ejecutivos ene l ordenamiento jurídico ecuatoriano. Lo mismo sucede al ejecutarse títulos en los que,  si bien se precisa la intervención del órgano jurisdiccional, no hay una actividad de cognición previa, como en la homologación, aprobación y ejecución de las actas de conciliación y transacción procesal o intraprocesal. El legislador opta, en cada caso, por dotar a los títulos extrajudiciales de una especie de ?entrada directa? al proceso de ejecución, sin que haya precedido cognición.

Finalmente, aunque la ejecución suele recaer sobre lo juzgado, esa decisión no debe provenir necesariamente de un órgano jurisdiccional. Es lo que sucede en el caso de los laudos arbitrales.

Ejecución forzosa: naturaleza

La norma jurídica, cuyo carácter es esencialmente coactivo, así como el monopolio que el Estado ostenta sobre la jurisdicción, justifican que, llegado el caso, sea necesario el uso de la fuerza para imponer el  cumplimiento de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. En el caso de las sentencias de condena, se requiere de una actividad posterior si el condenado no cumple voluntariamente con lo impuesto en sentencia.

Diríase que la ejecución precedida de declaración comprende el esquema típico que permite identificar al proceso de ejecución como aquel que permite ejercer a los órganos jurisdiccionales los poderes necesarios para hacer efectivos los mandatos contenidos en las sentencia, producto de la fase declarativa. Y es este concepto el que ha llevado al Tribunal Constitucional español a elaborar una abundante doctrina que ha insistido, en posicionar al derecho a la ejecución como uno de los contenidos básicos del derecho a la tutela judicial efectiva.

Mas, en el caso de la ejecución de títulos extrajudiciales, este esquema se rompe, pues no se precisa de una declaración previa del derecho por parte del órgano jurisdiccional para llevar a cabo,  forzosamente de ser necesario, las disposiciones contenidas en el título. La atribución de esta especial fuerza ejecutiva que no requiere de declaración previa se basa en las garantías formales que han precedido a su creación (de ello da cuenta, p. ej., el art. 233 de la Ley de Mercado de Valores); y  esta característica de autenticidad, además, está determinadas de antemano por la ley, en lo que se ha denominado una tutela cualificada.

La ejecución forzosa es actividad jurisdiccional

El ejercicio de la potestad jurisdiccional, se vería incompleto si jueces y tribunales no dispusieran del imperium o la fuerza coactiva necesaria para intervenir en la esfera jurídica patrimonial y personal del deudor y hacer efectivos, con carácter definitivo e irrevocable, los contenidos de las sentencia. Superado, pues, el aforismo iurisdictio in sola notione consistit, se reafirma la necesidad de contar con el proceso de ejecución cuya autonomía ha sido ya defendida, como instrumento de realización de los legítimos intereses surgidos de la actividad declarativa, o bien de los contenidos en un título extrajudicial al cual la ley reconoce tal posibilidad.

La ejecución forzosa es la actividad jurisdiccional por excelencia, porque implica el uso de la fuerza estatal. Tan es así  que la declaración con efectos de cosa juzgada sobre un litigio puede encomendarse a un tribunal arbitral, mas para hacer ejecutar dicha resolución,  es necesaria la intervención jurisdiccional, aunque esta posibilidad debería ser debatida para potenciar la eficacia del arbitraje.

Hay derecho a la ejecución tanto para hacer efectiva una sentencia, judicial o un laudo arbitral, como para hacer realidad el derecho contenido en un título ejecutivo extrajudicial, el que si bien no necesita de una declaración previa (?ejecutar lo juzgado?), precisa para su titular el derecho a  la ejecución de su crédito, en lo que Montero Aroca y Flors Matíes han calificado como tutela privilegiada, ya que la ley procesal civil establece que no se requiere de una declaración previa, otorgándole al  título ?salvo prueba en contrario- , la presunción de que las obligaciones en él comprendidas (en virtud del principio de la autonomía de la voluntad privada), son indubitables y con fuerza suficiente para exigir ante los tribunales su cumplimiento. Por consiguiente, es la experiencia la que ha indicado al legislador que, en ciertos casos, es necesario reconocer que ciertos créditos documentados en títulos ejecutivos extrajudiciales, gozan de esa naturaleza indubitable, y esta determinación es al que hace ?innecesaria? una declaración previa del derecho, permitiendo en cambio el acceso directo, si cabe el término, a la ejecución. El juzgador, entonces, se limita a verificar si el título cumple con los presupuestos necesarios para reunir la calidad del ejecutivo, debiendo ordenar su ejecución a instancias del interesado si concurren las condiciones para ello.

Es una actividad sustitutiva

La ejecución forzosa requiere no solamente de una sentencia o un título extrajudicial cuyas previsiones no han sido satisfechas. Se necesita de un presupuesto fáctico esencial, que es la negativa del demandado a acatar el mandato o satisfacer la obligación contenida en el título, y el proceso de ejecución es el llamado a satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando por su intermedio se lo realiza. En este sentido, la ejecución es una actividad sustitutiva de la conducta que en principio debería ser voluntaria.

Como sistema que atribuye responsabilidad por el quebrantamiento de un deber jurídico, la actividad ejecutiva supone la inmediata sujeción del infractor a un específico obrar ajeno, el cual no es otro que la actividad del órgano jurisdiccional, único autorizado por el régimen de monopolio ya  aludido para tomar las medidas que sean necesarias para satisfacer el derecho del acreedor. La ejecución forzosa busca, entonces, reparar la lesión injusta al patrimonio del acreedor, a su solicitud o  a la de quien legalmente esté legitimado para formularla.

Cabe preguntar si esa negativa al cumplimiento ha de ser justificada o injustificada. En principio, la sola lesión al legítimo interés de ser satisfecho con lo debido, recibir la prestación a tiempo o beneficiarse con la conducta debida, autoriza  al perjudicado para  incoar el proceso de ejecución. Sin embargo, el tribunal de la ejecución también debe analizar si la imposibilidad del cumplimiento es material o legal; nuevamente, en estos casos, se ve la necesidad de contemplar la posibilidad de sustituir la ejecución específica por un equivalente si resulta imposible la prestación originaria para garantizar al acreedor su indemnidad.

Además, no sería lógico que la ejecución dependa de la sola voluntad del deudor, porque la ejecución en sus propios términos impone que se satisfaga a plenitud el derecho del acreedor, tal cual como si hubiese obtenido el cumplimiento  voluntario en los términos originalmente pactados. Por eso, la ley procesal debe poner empeño en reiterar la necesidad de que el ejecutado realice lo específicamente determinado en la obligación, y en caso de ser ello imposible, fijar cómo sustituir lo debido para tratar de acercar  la alternativa, en la medida de lo posible, al cumplimiento in  natura. Desde luego, no debe olvidarse que el ejecutado puede poner fin a la ejecución en cualquier momento, si efectúa la conducta que el tribunal ha ordenado.

En todo caso, como el objetivo de ejecución es satisfacer el legítimo interés del acreedor, tampoco puede rebasar los límites de la esfera jurídica del deudor. Por ello, la actividad ejecutiva deberá procurar realizar la prestación, ?en los mismo términos que él mismo pudo y debió hacerlo? (Moreno Catena).

Requiere instancia de parte

El proceso de ejecución requiere, al igual que en el proceso de declaración, de una actividad de parte.  Sin embargo, su objeto no es el mismo, pues mientras en el proceso de declaración se busca obtener una sentencia de fondo en el que se diga el derecho, en el de ejecución se persigue la realización de los actos que permitan al acreedor la satisfacción del derecho que ya fue reconocido o que está contenido en un título extrajudicial.

Aunque el proceso de ejecución no debe ser considerado como una fase más del proceso declarativo (a lo que debe añadirse la posibilidad de que la ejecución sin previa declaración es perfectamente posible), esto no quiere decir que exista una completa desvinculación de aquella fase, al menos en las sentencias de condena que requieren de la actividad posterior del tribunal para producir un cambio concreto en la realidad material del incumplimiento. Pero,  como en todo caso, se requiere la petición del interesado para instar el despacho de la ejecución, el órgano jurisdiccional deberá estudiar si talo solicitud es procedente (en definitiva, si concurren o no los presupuestos requeridos por la ley para librar la ejecución) y garantizar al ejecutado el derecho a la contradicción, el cual de todas maneras se restringe, como se ha visto,  en esta clase de procesos. De ahí que se defienda, por esta otra razón, la autonomía del proceso de ejecución, esté o no precedido de una fase declarativa.

 

Dra. Vanesa Aguirre Guzmán

vanesa.aguirre@uasb.edu.ec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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