Procedimiento Monitorio en el COGEP

Lunes, 18 de julio de 2016

Procedimiento Monitorio en el COGEP

 

Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar.[1]

 

Previo a concentrarnos en el análisis de este procedimiento monitorio establecido en el Código Orgánico General de Procesos,  es necesario hacer alusión a lo mencionado por Rafael Brigante, que citando al maestro Giuseppe Chiovenda, manifiesta que:

 ?la estructura monitoria se remonta a los mandamientos de pago que ya existían en la Europa medioeval y que evolucionaron en el mandatum de solvendo cum clausula iustificativa del proceso italiano intermedio; Mahnverfahren alemán y austríaco; Mandatsverfahren austríaco y Rechtsbot de algunos cantones de Suiza oriental.

Lo que lleva a pensar que desde el período medioeval, este se utilizaba para el cobro de ciertos créditos, aunque no resultasen de documentos, y que incluso se estableció el uso de no citar en juicio al deudor, sino de obtener directamente del juez la orden de la prestación que abría la ejecución; es decir el mandatum o praeceptum de solvendo pero acompañado y justificado por la denominada clausula iustificativa, esto es, la indicación de que la orden se volvía plenamente ejecutable salvo que el deudor quisiese hacer valer excepciones (nisi se opponat); de tal manera que, a diferencia de procesos como los ejecutivos documentales, la defensa del deudor lograba el efecto de detener o enervar la ejecución mientras se resolviera el proceso?[2]

Es decir de alguna manera este proceso monitorio, es uno de los llamados nuevos o novedosos procesos que tiene como finalidad esencial brindar tutela efectiva, seguridad jurídica, y de alguna manera ejecutar el cobro de obligaciones que no se encuentren garantizadas a través de un título ejecutivo, que por lógica serán sustanciados mediante procedimiento ejecutivo, no obstante este procedimiento a fin de generar un mejor entendimiento es necesario que lo analicemos de la siguiente manera:

1.- Procedencia del Procedimiento Monitorio:

Este procedimiento procede siempre y cuando la persona que pretenda cobrar una deuda determinada de dinero, líquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, que no conste en título ejecutivo, podrá iniciar un procedimiento monitorio, cuando se pruebe la deuda de alguna de las siguientes formas:

 

 

1. Mediante documento, cualquiera que sea su forma y que aparezca firmado por la deudora o el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente de dicha deudora o dicho deudor.

2. Mediante facturas o documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o comprobante de entrega, certificación, telefax, documentos electrónicos, que sean de los que comprueban la existencia de créditos o deudas que demuestren la existencia de la relación previa entre acreedora o acreedor y deudora o deudor.

Cuando el documento haya sido creado unilateralmente por la o el acreedor, para acudir al proceso deberá acompañar prueba que haga creíble la existencia de una relación previa entre acreedora o acreedor y deudora o deudor.

3. Mediante la certificación expedida por la o el administrador del condominio, club, asociación, establecimiento educativo, u otras organizaciones similares o de quien ejerza la representación legal de estas, de la que aparezca que la o el deudor debe una o más obligaciones, cuando se trate del cobro de cuotas de condominio, clubes, asociaciones, u otras organizaciones similares, así como valores correspondientes a matrícula, colegiatura y otras prestaciones adicionales en el caso de servicios educativos.

4. Mediante contrato o una declaración jurada de la o del arrendador de que la o el arrendatario se encuentra en mora del pago de las pensiones de arrendamiento por el término que señala la ley, cuando se trate del cobro de cánones vencidos de arrendamiento, siempre que la o el inquilino esté en uso del bien.

5. La o el trabajador cuyas remuneraciones mensuales o adicionales no hayan sido pagadas oportunamente, acompañará a su petición el detalle de las remuneraciones materia de la reclamación y la prueba de la relación laboral.[3]

Como se ha podido evidenciar la procedencia de este recurso viene condicionada a que se pruebe la deuda, de conformidad con los parámetros antes enunciados ya que de tratarse por ejemplo de un título ejecutivo o que supere los cincuenta salarios básicos unificados el procedimiento aplicarse ya no sería el monitorio.

Es decir este procedimiento monitorio es un proceso especial, rápido que tiende, a generar la solución a los conflictos de los ciudadanos mediante mecanismos procesales agiles que permitan el cobro de deudas, cuando éste se respaldada con un documento que no sea considerado título ejecutivo, el cual además debe estar aparejado a la demanda como un requisito sine qua non y que adicionalmente no supere la cuantía fijada para la procedencia del mismo.

2.- Sustanciación del Procedimiento Monitorio:

2.1.- Este procedimiento inicia con la presentación de la demanda, misma que debe contener los requisitos establecidos en el Art. 142 del Código Orgánico General de Procesos, es decir:

 

1. La designación de la o del juzgador ante quien se la propone; 2. Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica de la o del actor, casillero judicial o electrónico de su defensora o defensor público o privado; 3. El número del Registro Único de Contribuyentes en los casos que así se requiera; 4. Los nombres completos y la designación del lugar en que debe citarse a la o al demandado; 5. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente clasificados y numerados; 6. Los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción, expuestos con claridad y precisión; 7. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos; 8. La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es del caso; 9. La pretensión clara y precisa que se exige; 10. La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el procedimiento; 11. La especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa; 12. Las firmas de la o del actor o de su procuradora o procurador y de la o del defensor.[4]

 

Debiéndose acompañar  los siguientes documentos: 1. El poder para intervenir en el proceso, cuando se actúe por medio de apoderada o apoderado o de procuradora o procurador judicial; 2. Los habilitantes que acrediten la representación de la o del actor, si se trata de persona incapaz; 3. Copia legible de la cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte o Registro Único de Contribuyentes de la o del actor; 4. Los medios probatorios de que se disponga, destinados a sustentar la pretensión, precisando los datos y toda la información que sea necesaria para su actuación.[5]

 

Contendrá además de los requisitos generales, la especificación del origen y cantidad de la deuda; o con la presentación del formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura. En cualquiera de los casos, se acompañará el documento que prueba la deuda.

 

Debiéndose destacar que si la cantidad demandada no excede de los tres salarios básicos unificados del trabajador en general no se requerirá el patrocinio de un abogado.[6]

 

 

 

 

2.2.- Calificación de la Demanda

 

Una vez presentada la demanda, la o el juzgador, en el término máximo de cinco días, examinará si cumple los requisitos legales generales y especiales que sean aplicables al caso. Si los cumple, calificará, tramitará y dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas, si la demanda no cumple con los requisitos, la o el juzgador dispondrá que la o el actor la complete o aclare en el término de tres días, si no lo hace, ordenará el archivo y la devolución de los documentos adjuntados a ella, sin necesidad de dejar copias.[7]

 

 Una vez admitida la demanda, la o el juzgador, concederá el término de quince días para el pago y mandará que se cite a la o al deudor, debiéndose destacar que la citación con el petitorio y el mandamiento de pago de la o del juzgador interrumpe la prescripción.

 

Además, si la o el deudor no comparece dentro del término concedido para el efecto o si lo hace sin manifestar oposición, el auto interlocutorio quedará en firme, y tendrá el efecto de cosa juzgada por lo que se procederá a la ejecución, comenzando por el embargo de los bienes de la o del deudor que la acreedora o el acreedor.[8]

2.3 Caso de embargo si el deudor no comparece dentro del término concedido para el efecto o si lo hace sin manifestar oposición:

Se debe entender que si bien es cierto la prohibición de enajenar, la retención o el secuestro anteriores no impiden el embargo y dispuesto éste, la o el juzgador que lo ordena oficiará al que haya dictado la medida preventiva, para que notifique a la o al acreedor que la solicitó, a fin de que pueda hacer valer sus derechos como tercerista, si lo quiere.

 

En donde las providencias preventivas subsistirán, no obstante el embargo, dejando a salvo el procedimiento de ejecución para el remate, en donde la o el depositario de las cosas secuestradas las entregará a la o al depositario designado por la o el juzgador que ordenó el embargo, o las conservará en su poder, a órdenes de esta o este juzgador si también es designado depositaria o depositario de las cosas embargadas.

 

Por lo que si el embargo es cancelado sin llegar al remate, en la providencia de cancelación se oficiará a la o al juzgador que ordenó la providencia preventiva, la cual seguirá vigente hasta que sea cancelada por la o el juzgador que la dictó para lo cual hecho el remate, la o el juzgador declarará canceladas las providencias preventivas para que se tome nota de tal cancelación en el proceso respectivo.[9]

 

Debiéndose destacar que el momento del embargo se deberá tomar en consideración la prelación en el siguiente orden:

1. Del dinero de propiedad de la o del deudor;

2. De los bienes hipotecados, prendados o gravados con otra garantía real;

3. De los bienes sobre los cuales se dictó providencia preventiva.

4. De los demás bienes que señale la o el acreedor, que los determinará acompañando prueba de la propiedad de los mismos.[10]

2.4.- Oposición a la demanda: Si la parte demandada comparece y formula excepciones, la o el juzgador convocará a audiencia única, con dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, de prueba y alegatos. Si no hay acuerdo o este es parcial, en la misma audiencia dispondrá se practiquen las pruebas anunciadas, luego de lo cual, oirá los alegatos de las partes y en la misma diligencia dictará sentencia, contra la cual solo caben la ampliación, aclaración y el recurso de apelación. En este proceso no procede la reforma a la demanda, ni la reconvención.[11]

2.5.- Intereses y Pago de la Deuda: Desde que se cite el reclamo, la deuda devengará el máximo interés convencional y de mora legalmente permitido, [12] debiéndose destacar que si la o el deudor paga la deuda, la o el juzgador dispondrá que se deje constancia en autos y ordenará el archivo.

Además en cualquier estado del procedimiento las partes podrán acordar una fórmula de pago que será aprobada por la o el juzgador.[13]

2.6.- Fórmula de pago: La fórmula de pago propuesta por parte de la o del ejecutado no suspende la ejecución y deberá incluir una garantía que asegure el cumplimiento de la obligación cuando sea a plazo, salvo que la o el ejecutante no lo requiera.

Podrá también proponerse como fórmula de pago la dación de cualquier bien aceptado por la o el ejecutante, por lo que una vez aceptada la fórmula de pago y siempre que la o el ejecutante o los terceristas no se opongan, la o el juzgador levantará el embargo que pese sobre los bienes de la o del ejecutado o en su defecto, dispondrá medidas sobre otros bienes que aseguren el cumplimiento de dicha fórmula de pago.

Si la fórmula propuesta, es aceptada parcialmente la o el juzgador continuará la audiencia única de ejecución con respecto a la parte no acordada.

La o el ejecutante estará obligado a entregar a la o al ejecutado las constancias escritas de los pagos efectuados.

En caso de que la o el ejecutado incumpla con la fórmula de pago, se procederá a la ejecución de las garantías o al embargo de los bienes que se hayan entregado en garantía real y de manera inmediata se realizará su avalúo para iniciar el remate.[14]

2.7 Pronunciamiento judicial oral.

 

Al finalizar la audiencia la o al juzgador pronunciará su decisión en forma oral. Excepcionalmente y cuando la complejidad del caso lo amerite podrá suspender la audiencia por el término de hasta diez días para emitir su decisión oral. Al ordenar la suspensión determinará el día y la hora de reinstalación de la audiencia. La resolución escrita motivada se notificará en el término de hasta diez días.[15]

 

Debiendo puntualizarse, que el contenido de las resoluciones dictadas en audiencia, tanto las resoluciones judiciales de fondo o mérito deberán contener:

1. El pronunciamiento claro y preciso sobre el fondo del asunto.

2. La determinación de la cosa, cantidad o hecho que se acepta o niega.

3. La procedencia o no del pago de indemnizaciones, intereses y costas.

 

La o el juzgador, en el auto interlocutorio o sentencia escrita, motivará su decisión y cumpliendo con los requisitos, respetará y desarrollará los parámetros enunciados en el procedimiento oral.[16]

 

            Finalmente se debe indicar, que el contenido de la sentencia escrita contendrá: 1. La mención de la o del juzgador que la pronuncie; 2. La fecha y lugar de su emisión; 3. La identificación de las partes; 4. La enunciación breve de los hechos y circunstancias objeto de la demanda y defensa de la o del demandado; 5. La decisión sobre las excepciones presentadas; 6. La relación de los hechos probados, relevantes para la resolución; 7. La motivación; 8. La decisión que se pronuncie sobre el fondo del asunto, determinando la cosa, cantidad o hecho al que se condena, si corresponde; 9. La procedencia o no del pago de indemnizaciones, intereses y costas. [17]

 

Además de la emisión debe efectuársela en idioma castellano, a petición de parte y cuando una de estas pertenezca a una comunidad indígena, la sentencia deberá ser traducida al kichwa o al shuar según corresponda.[18]

 



[1] Abogado, conferencista y escritor. 

Correo:  scor1719@hotmail.com

[2] Rafael Brigante Guerra, «SINOPSIS DE LA NATURALEZA Y TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO MONITORIO EN EL NUEVO CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS DEL ECUADOR», s. f., http://uees.me/wp-content/uploads/2016/05/MEMORIAS-CONGRESO-COGEP.pdf.

[3] Código Orgánico General de Procesos, s. f., Art. 356

[4] Ibíd., Art 142.

[5] Ibíd., Art. 143

[6] Ibid., Art. 357.

[7] Ibid., Art. 146

[8] Ibíd., Art. 358

[9] Ibid., Art. 376

[10] Ibid., Art. 377

[11] Ibíd., Art. 359

[12] Ibid., Art. 360

[13] Ibid., Art. 361

[14] Ibid., Art. 374

[15] Ibíd., Art 93.

[16] Ibíd.,Art. 94

[17] Ibid.,Art.95

[18] Ibid.,Art.95