PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL COGEP

Lunes, 08 de agosto de 2016

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL COGEP

 

Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar.[1]

 

Previo a concentrarnos en el análisis respecto al procedimiento contencioso administrativo en el Código Orgánico General de Procesos, es necesario delimitar que la idea jurídica de proceso puede ser concebida como una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de llegar a un acto determinado.

 

En tal sentido es preciso hacer alusión a lo mencionado por Carlos Betancur Jaramillo, quien expresa: ?[?] la materia contencioso administrativa [?] está constituida por el conflicto jurídico surgido entre el administrado y la administración, en torno a la actividad de ésta considerada como desconocedora del ordenamiento jurídico general o de los derechos subjetivos de aquél y planteado ante un organismo independiente que debe decidirlo mediante una sentencia, aplicando reglas propias. Así, el contencioso da la idea de contradicción o desacuerdo en la valoración jurídica de un acto, hecho o contrato de la administración?[2]

 

Por otra parte Dromi para referirse al ?trámite administrativo?; delimita que el procedimiento es una serie o sucesión de actos regulados por el derecho; pudiéndose afirmar que es una conexión de actos que lo integran, vinculados como una cadena de actuaciones a las que denominamos ?trámites?, los cuales se agrupan en fases, períodos o instancias, con observancia a la interdependencia entre unos y otros.[3]

 

Trámites que dentro del ámbito del derecho administrativo se ven reflejados ya sea en actos administrativos; actos de simple administración; hechos administrativos; contratos; que no han sido sustanciados aparentemente de una manera adecuada dentro de la misma sede administrativa por lo cual son expuestos a la jurisdicción contencioso administrativa; misma que se fundamenta en el principio de legalidad que reviste a toda actuación de los órganos del Estado; que somete sus actuaciones al estricto cumplimiento de la ley; y, al marco de las competencias que le hayan sido conferidas; una vez entendido estas breves nociones respecto al procedimiento contencioso administrativo es necesario que efectuemos un análisis de la siguiente manera:

 

1.-  Competencia y objeto del procedimiento contencioso administrativo:

 

En las controversias en las que el Estado o las instituciones que comprenden el sector público como son: 1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos[4]

 

Por lo que están sujetos a la jurisdicción contencioso administrativa también las personas de derecho privado que ejerzan potestad pública en virtud de concesión o delegación a la iniciativa privada, por las acciones u omisiones que ocasionen daños en virtud del servicio concesionado o delegado.[5]

 

Puntualizándose que cuando sea el demandado, la competencia se radicará en el órgano jurisdiccional del lugar del domicilio de la o del actor. Si es actor, la competencia se fijará en el lugar del domicilio del demandado,[6]se debe tener en consideración además que la jurisdicción contencioso administrativa, tiene por objeto tutelar los derechos de toda persona y realizar el control de legalidad de los hechos, actos administrativos o contratos del sector público sujetos al derecho administrativo; así como, conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico administrativa, incluso la desviación de poder.[7]

 

En tal sentido cualquier reclamo administrativo se extinguirá, en sede administrativa, con la presentación de la acción contencioso administrativa; delimitándose que no serán admisibles los reclamos administrativos una vez ejercida la acción contencioso administrativa.[8]

 

            2.- Legitimación activa:

 

Se encuentran habilitados para demandar en procedimiento contencioso administrativo:

 

1. La persona natural o jurídica que tenga interés directo en demandar la nulidad o ilegalidad de los actos administrativos o los actos normativos de la administración pública.

 

2. Las instituciones y corporaciones de derecho público y las empresas públicas que tengan la representación o defensa de intereses de carácter general o corporativo, siempre que la acción tenga como objeto la impugnación directa de las disposiciones administrativas, por afectar a sus intereses.

 

3. La o el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento jurídico, que se considere lesionado por el acto o disposición impugnados y pretenda el reconocimiento de una situación jurídica individualizada o su restablecimiento.

 

4. La máxima autoridad de la administración autora de algún acto que, en virtud de lo prescrito en la ley, no pueda anularlo o revocarlo por sí misma.

 

5. La persona natural o jurídica que pretenda la reparación del Estado cuando considere lesionados sus derechos ante la existencia de detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado, inadecuada administración de justicia o violación del derecho a la tutela judicial efectiva por violaciones al principio y reglas del debido proceso.

 

6. La persona natural o jurídica que se considere lesionada por hechos, actos o contratos de la administración pública.[9]

 

 

3.- Legitimación Pasiva:

 

La demanda se podrá proponer contra: 1. La autoridad o las instituciones y entidades del sector público de quien provenga el acto o disposición a que se refiere la demanda; 2. La o el funcionario recaudador o el ejecutor, cuando se demande el pago por consignación o la nulidad del procedimiento de ejecución; 3. Las personas naturales o jurídicas a cuyo favor deriven derechos del acto o disposición en los casos de la acción de lesividad; 4. Las personas naturales o jurídicas que hayan celebrado contratos con el Estado.[10]

           

4.-Acciones a tramitarse en el procedimiento contencioso administrativo.

 

Se tramitarán en procedimiento contencioso administrativo las siguientes acciones;

 

1. La de plena jurisdicción o subjetiva que ampara un derecho subjetivo de la o del accionante, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por hechos o actos administrativos que produzcan efectos jurídicos directos. Procede también esta acción contra actos normativos que lesionen derechos subjetivos.

 

2. La de anulación objetiva o por exceso de poder que tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal.

 

3. La de lesividad que pretende revocar un acto administrativo que genera un derecho subjetivo a favor del administrado y que lesiona el interés público.

 

4. Las especiales de: a) El silencio administrativo; b) El pago por consignación cuando la o el consignador o consignatario sea el sector público; c) La responsabilidad objetiva del Estado; d) La nulidad de contrato propuesta por el Procurador General del Estado; e) Las controversias en materia de contratación pública.[11]

 

5.-  Sustanciación del Procedimiento Contencioso Administrativo:

 

Todas las acciones contencioso administrativas se tramitarán en procedimiento ordinario, salvo las acciones relativas al silencio administrativo positivo y las de pago por consignación que se tramitarán en procedimiento sumario.[12]

 

            Debiéndose puntualizar que cuando se trate de procesos contencioso administrativos, además de cumplir los requisitos previstos para la demanda en las normas generales del Código Orgánico General de Procesos, se adjuntará la copia de la resolución, del acto administrativo, del contrato o disposición impugnados, con la razón de la fecha de su notificación a la o al interesado y la relación circunstanciada del acto o hecho impugnado;[13] además para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas se observará lo siguiente:

 

1. En los casos en que se interponga una acción subjetiva o de plena jurisdicción, el término para proponer la demanda será de noventa días, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó el acto impugnado.

 

2. En los casos de acción objetiva o de anulación por exceso de poder, el plazo para proponer la demanda será de tres años, a partir del día siguiente a la fecha de expedición del acto impugnado.

 

3. En casos que sean de materia contractual y otras de competencia de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, se podrá proponer la demanda dentro del plazo de cinco años.

 

4. La acción de lesividad podrá interponerse en el término de noventa días a partir del día siguiente a la fecha de la declaratoria de lesividad.

 

5. Las demás acciones que sean de competencia de las o los juzgadores, el término o plazo será el determinado en la ley de acuerdo con la naturaleza de la pretensión[14]

 

En el caso de las demandas presentadas ante las o los juzgadores de lo contencioso administrativo que contemplen la prescripción del derecho de ejercer la acción, la o el juzgador deberá verificar que la demanda haya sido presentada en los términos antes enunciados; ya que en caso de que no sea presentada dentro de término, se inadmitirá la demanda.[15]

 

Una vez calificada la demanda y corrido el traslado a la contraparte la o el demandado estará obligado a acompañar a la contestación de la demanda: copias certificadas de la resolución o acto impugnado de que se trate y el expediente original que sirvió de antecedente y que se halle en el archivo de la dependencia a su cargo.[16]

 

Debiéndose puntualizar que para las acciones contencioso administrativas son admisibles todos los medios de prueba, excepto la declaración de parte de los servidores públicos; debiéndose destacar que los informes que emitan las autoridades demandadas por disposición de la o del juzgador, sobre los hechos materia de la controversia, no se considerarán declaración de parte.[17]

 

Sin embargo es necesario puntualizar que los actos administrativos gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad;[18] en tal razón se delimita que son válidos y eficaces los actos del sector público expedidos por autoridad pública competente, salvo que se declare lo contrario.[19]

 

En tal razón sin embargo a petición de parte, el juzgador podrá ordenar en el auto inicial la suspensión del acto administrativo, cuando de los hechos alegados en la demanda y las pruebas acompañadas, aparezca como justificado un juicio provisional e indiciario favorable a la pretensión exhibida, sin que esto implique una decisión anticipada sobre el fondo, siempre que el retardo en la decisión de la causa pueda afectar irremediablemente el derecho opuesto y se evidencie la razonabilidad de la medida, ya que podrá motivadamente revocarse la medida en cualquier estado del proceso, en tanto se advierta una modificación en las circunstancias que lo motivaron.[20]

 

            Finalmente es necesario referirnos a lo relativo a la sentencia que dentro del procedimiento contencioso administrativo, además de los requisitos generales previstos para la sentencia, esta decidirá con claridad los puntos sobre los que se produjo la controversia y aquellos que en relación directa a los mismos comporten control de legalidad de los antecedentes o fundamentos de la resolución o acto impugnados, supliendo incluso las omisiones en que incurran las partes sobre puntos de derecho, o se aparte del criterio que aquellas atribuyan a los hechos; y en el caso de que se admita la pretensión del administrado y se deje sin efecto el acto impugnado, se ordenará además que se restituya el valor pagado indebidamente o en exceso y lo debidamente pagado.[21]

 

De igual forma una vez ejecutoriada la sentencia la o al juzgador ordenará bajo prevenciones legales que la institución del Estado cumpla lo dispuesto en la misma, delimitándose que por imposibilidad legal o material para el cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo no podrá suspenderse ni dejar de ejecutarse el fallo, a no ser que se indemnice al perjudicado por el incumplimiento, en la forma que determine la o el juzgador;[22] por lo que además  las o los servidores públicos que retarden, se rehusen o se nieguen a cumplir las resoluciones o sentencias estarán incursos en la responsabilidad administrativa, civil o penal a que haya lugar.[23]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Abogado, conferencista y escritor.

Correo:  scor1719@hotmail.com

[2] Carlos Betancur Jaramillo. Derecho Procesal Administrativo. Señal Editora. Bogotá. Cuarta Edición.1994. p. 31.

[3] Roberto Dromi. Instituciones del Derecho Administrativo. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1983. p.32

[4] CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, s. f., Art. 225.

[5] Ibíd., Art. 301

[6] Ibíd., Art. 299

[7] Ibíd., Art. 300.

[8] Ibid., Art. 300.

[9] Ibíd., Art. 303.

[10] Ibíd., Art. 304.

[11] Ibid.,Art. 326.

[12] Ibid., Art. 327.

[13] Ibid., Art. 308.

[14] Ibid., Art. 306.

[15] Ibid., Art. 307.

[16] Ibíd., Art. 309.

[17] Ibíd., Art. 310.

[18] Ibíd., Art. 329.

[19] Ibíd., Art. 311.

[20] Ibíd., Art. 330.

[21] Ibíd., Art. 313.

[22] Ibíd., Art. 331.

[23] Ibíd., Art. 314.