Principio de oportunidad y mínima intervención penal

Lunes, 21 de octubre de 2013

Principio de oportunidad y mínima intervención penal

 

Autor: Dr. Alfonso Zambrano Pasquel

Reforma del proceso penal: mecanismo mediador de la democratización Estatal

Hemos venido defendiendo la conveniencia de institucionalizar el llamado PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD y de MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL en sede del Ministerio Público. Hoy es una realidad desde la Constitución de Montecristi del 2008, aprobada en referéndum  del 28 de septiembre.  Debemos recordar que es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General de la Nación, no obstante que existe fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella, por razones de política criminal, según las causales taxativamente definidas en la ley, con sujeción al control de legalidad a cargo del Juez de Garantías Penales.

La consolidación de un Estado Constitucional de derechos y justicia (art. 1 de la Constitución vigente) y el respeto a las garantías del Derecho al debido proceso, demandan la implantación de un modelo acusatorio oral en que se cumpla realmente con el principio de oportunidad y de mínima intervención penal, establecidos en el art. 195 de la Constitución Política del Ecuador del 2008. Desde las propuestas de un Derecho Penal liberal y democrático, venimos sosteniendo la necesidad de que el sistema penal funcione como un mecanismo de contención del ejercicio abusivo del poder punitivo por parte del Estado y sus agencias de control (E.R. Zaffaroni), que hay que buscar la implantación de un Derecho penal mínimo o de última ratio (L. Ferrajoli), o de extrema ratio (J. Bustos), y que hay que evitar que los procesos de criminalización sigan siendo estratificados, selectivos y clasistas (A. Baratta). Se busca en definitiva evitar la criminalización de la pobreza (E. Carranza).

La reforma del proceso penal es de particular importancia dado que el estado del mismo ?como sismógrafo de la Constitución del Estado- sirve para mediar el grado de democratización de un Estado o, en otras palabras, el grado de su desarrollo como Estado de Derecho.

Esta propuesta responde a una racional compresión  de lo que es la política criminal, pues en una vertiente garantista esta debe ser admitida como el conjunto  de respuestas que en un Estado considera  necesario adoptar  para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes  de perjuicio social con el fin  de garantizar la  protección de los intereses  esenciales del Estado y de los derechos de los ciudadanos sometidos  a su jurisdicción. La política criminal puede ser articulada por el Legislador  a través de la expedición de normas, debiendo admitir que la legislación penal es manifestación concreta de la política criminal del Estado. En un momento histórico la decisión política que determina  los objetivos del sistema penal, así como la adecuada aplicación de los medios legales para luchar contra el crimen  y alcanzar los mejores resultados,  se puede plasmar ene l texto de la propia Constitución y en las leyes penales subalternas.

Breves notas sobre el principio de legalidad

El sistema procesal regido por el principio de legalidad, que ha estado vigente en Ecuador hasta la Constitución del 2008, es aquel en que necesariamente un procedimiento penal debe incoarse ante la sospecha de comisión  de cualquier hecho delictivo, sin que el Ministerio Público (hoy Fiscalía General) pueda instar el sobreseimiento, mientras subsistan los presupuestos  que lo han originado y además,  se haya descubierto a un presunto autor, es decir, exista un imputado  en la causa. Característica del principio de legalidad es al irretractabilidad, irrenunciabilidad y obligatoriedad del ejercicio de la acción penal. Un sistema procesal regido por el principio de oportunidad, indica que los titulares de la acción penal están autorizados, si se cumplen los presupuestos previstos por la norma, a ejercitarla, incoando el procedimiento o facilitando su sobreseimiento.

Concepciones del principio de oportunidad

Para Claus Roxin, el principio de oportunidad <<autoriza  a la fiscalía a decidir  entre la formulación de la acusación  y el sobreseimiento del procedimiento, aun cuando las investigaciones conducen, con probabilidad rayana en la certeza, al resultado de que el imputado ha cometido una acción punible>>. Julio B.J. Maier lo concibe como <<la posibilidad de que los órganos públicos, a quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia de la noticia de un hecho punible o, inclusive, frente a la prueba más o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal o definidamente, condicionada o incondicionadamente, por motivos de utilidad social o razones político- criminales>>. Para Gimeno Sendra el principio de oportunidad consiste en una <<facultad que al titular de la acción penal asiste, para disponer, bajo determinadas condiciones, de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la existencia  de un hecho punible contra un autor determinado>>. Según el principio de oportunidad, es la respuesta lógica a las limitaciones que tiene el sistema penal y la administración de justicia penal, para dar soluciones adecuadas a todos los reclamos que son puestos en su conocimiento. Hay en verdad una falta de medios para cumplir con tales objetivos, y se pretende una mejor salida con aquello que destacado como un Derecho Penal (o sistema penal) de última ratio o de extrema ratio. A lo dicho agregamos razones de utilidad pública o interés social.

 

El principio de oportunidad en legislaciones internacionales

Este principio se justifica en Alemania, en que se pueden acordar sobreseimientos con base en la escasa lesión social producida por la comisión de un delito, y ello por la falta  en el interés público de la persecución penal. Así  StPO (Strafprozebordung), que traducido al español significa Ordenanza procesal penal alemana introducen el principio de oportunidad de forma reglada, al posibilitar, según los casos previstos por la norma, el sobreseimiento por razones de oportunidad (no persecución de asuntos de poca importancia, archivo del asunto en el caso de cumplimiento de determinadas condiciones, abstención de la persecución de hechos punibles accesorios no esenciales, etc.), y ello a pesar de que su actuación está sujeta al principio de legalidad, ya que con la reforma de 9 de diciembre de 1974, <<Gran reforma del proceso penal>>, el Ministerio Fiscal ostenta el monopolio de la acción penal, son que sea posible el ejercicio de la acusación particular  ni la acción popular, aunque la víctima podrá adherirse  a la acción formulada por el Ministerio Fiscal. Ello produce una gran descongestión judicial, al eliminar, en gran medida, infracciones menores o faltas que, por ejemplo, en España, suelen terminar con una suspensión de  ejecución de las penas impuestas. En este país, el Ministerio Fiscal goza de tales potestades y funciones  con base en una absoluta  confianza jurídico- política en la institución, a pesar de que depende del Poder ejecutivo y está estructurado bajo los principios de unidad y jerarquía, como ocurre en España.

En Italia, en principio, y para evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de libertad, se instauró el denominado ?pateggiamento?, recogido en el actual art. 444 del CPPI (Codice de Procedura Penale) de 22 de septiembre de 1988, mediante el cual, si el imputado no reincidente  lo solicitaba, el juez, previo acuerdo del Ministerio Fiscal podía aplicar alguna pena sustitutiva (semiprisión, multa) a la de privación de libertad, extendiéndose con la nueva regulación a aquellos supuestos de criminalidad ,medio- graves, siendo aplicable  por tanto, a la mayor parte de los procedimientos penales.

Por los mismos motivos, en ciertos Estados de EE.UU, existe el  denominado <<plea-bargainig>>, que se utiliza para evitar que jóvenes  delincuentes se conviertan, tras su estancia en prisión, en más peligrosos, por lo que el Ministerio Fiscal, tras recabar los oportunos dictámenes, puede llegar a solicitar el sobreseimiento, si bien de manera generalizada en aquel país, supone un proceso de negociación que conlleva discusiones  entre la acusación y al defensa en orden a obtener un acuerdo por el cual el acusado se declarará culpable , evitando así la celebración del juicio, a cambio de una reducción en los cargos o de una recomendación por parte del propio Ministerio Fiscal.

La doctrina Española no ha coincidido inicialmente en la introducción del principio de oportunidad en su ordenamiento, por la presencia de una opinión tradicionalmente defensora a toda costa del sometimiento  al principio de legalidad, derivada básicamente del tenor de los preceptos aplicables a su ordenamiento procesal penal, pero desde hace ya bastantes años y en coincidencia con la tendencia europea antes indicada, han empezado a surgir partidarios de la instauración de dicho principio (Gimeno Sendra, González Cuellar, Conde Pumpido Ferreiro).

Se ha señalado la dificultad que constitucional y procesalmente supone la introducción de la oportunidad en nuestro sistema procesal penal, a pesar de reconocer la necesidad de adoptar medidas para conseguir una descarga de la administración de justicia y de la posibilidad de articular mecanismos próximos a la oportunidad para la llamada criminalidad bagatelaria, es decir, para los hechos cuya reprochabilidad es escasa y cuyo bien jurídico protegido se entiende de menor relevancia.

Algunas propuestas previas

En mis primeras intervenciones criminológicas, denunciábamos el abuso institucionalizado con la prisión preventiva, que se había convertido en una forma de condena anticipada, acudiendo a argumentos de peligrosidad, aumento de criminalidad, de temibilidad del delincuente, etc., con lo cual la garantía de la libertad personal se vulnera con facilidad mediante la facultad arbitraria de detención. Habíamos afirmado también que desde la óptica de los derechos humanos un proceso penal prolongado, que en los países de la periferia, implica también una prolongada privación de la libertad sin condena a firme, representa una vulneración al estado de inconciencia, al principio de la legalidad de la condena que tiene como antecedente la legalidad de la prueba dentro del debido proceso.

También expresamos, la necesidad de discutir una política alternativa, al sistema penal, incluyendo las propuestas de un Derecho mínimo o de última ratio, siguiendo los planteamientos del Prof. Luigi Ferrajoli, mismas que compendiábamos así:

a)    Una reducción del radio de acción del sistema penal.

b)    La limitación al máximo de la utilización de las medidas restrictivas del Derecho a la libertad.

c)    La tutela efectiva idónea de las garantías individuales frente a la violación sistemática que se objetiviza con el irrespeto a los derechos humanos.

d)    La democratización y humanización del sistema penal.

Frente al incremento de la delincuencia organizada incluso la trasnacional, el principio de oportunidad puede ser una buena herramienta de lucha contra la delincuencia organizada desde un moderno planteamiento de política criminal. Este es un espacio por desarrollar en nuestro país.

 

Dr. Alfonso Zambrano Pasquel

Profesor titular de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica de Guayaquil

 

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