Inexistencia de la presunción de inocencia

Por: Diego Fernando Chimbo Villacorte

El Art. 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que: ?Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada?

De la lectura del artículo mencionado podemos observar que la Constitución de la República del Ecuador habla equívocamente de una presunción de inocencia, basada en el hecho que todas las personas que habitan el territorio ecuatoriano no delinquen, es decir la mayoría de las personas, son honradas, justas y trabajadoras; por lo tanto, si se inicia un proceso penal en contra de cualquier individuo dentro del territorio ecuatoriano, su condición de inocentes prevalece ante una presunción de culpabilidad, hasta que esta no se la declare en resolución firme o sentencia ejecutoriada.

Pero, ¿es posible hablar de una condición de inocentes, a lo largo de un proceso penal, con una mera presunción?, ante esta interrogante sin respuesta, nace otra más fuerte todavía ¿por qué existe la prisión preventiva?, ya que al hablar de la misma nos estamos inmiscuyendo en una presunción no de inocencia, sino de culpabilidad; por cuanto la privación de libertad, por preventiva que se llame, destruye la presunción de inocencia, toda vez que si una persona se la presume inocente se la debe tratar como tal; es por esta consideración que no cabe dentro de la razón humana que dentro de las características de un proceso penal, donde impera la presunción de inocencia se pueda hablar de prisión preventiva, ya que con este aforismo nos estamos refiriendo al verbo prevenir mismo que trae consigo la acción de anteceder el resultado un suceso próximo, pensamiento que reflejado en la prisión preventiva nos transmite la idea que el objetivo de la prisión preventiva es garantizar el cumplimiento de la condena; por lo tanto se entiende que la privación anticipada de la libertad refleja la presunción de culpabilidad, ya que al momento de dictar esta medida cautelar el fiscal y el juez presumen que el imputado es culpable de la infracción por la cual va a ser juzgado.

Para resolver esta problemática, es prudente hablar de la condición de inocente, la cual, no puede nacer sino, de un estado de inocencia que de buena manera lo enuncia el artículo 4, del Código de Procedimiento Penal al manifestar que, ?Todo procesado es inocente, hasta que en la sentencia ejecutoriada se lo declare culpable?, de este artículo podemos dilucidar que la intención del legislador no fue hablar de una presunción de inocencia sino sembrar una condición de inocente que solo puede nacer de un estado de inocencia, el cual, no se destruye con la prisión preventiva toda vez que si al procesado se lo somete a la medida cautelar de privación de libertad su estado de inocencia quedaría intacto por cuanto lo único que fue destruido fue la presunción de inocencia.

A este criterio se añade el pensamiento de grandes tratadistas como Claria, Caferata Torres quien manifestó que el imputado goza de un estado jurídico de inocencia que no necesita ser construido; por lo tanto, podemos manifestar que en un proceso penal, el acusado no tiene que presentar las pruebas tendientes a demostrar su propia inocencia, ya que está se manifiesta como mandato constitucional, motivo por el cual la carga de la prueba le corresponde enteramente al Estado y este lo hace por medio de la fiscalía.

El estado de inocencia pertenece sin duda a los principios fundamentales de la persona y del proceso penal en cualquier Estado de Derecho, es por ello, que puede decirse que este derecho, lejos de ser un mero principio teórico de Derecho, representa una garantía procesal ineludible para todos, ya que como mencioné es una de las máximas garantías del imputado y uno de los pilares del proceso penal acusatorio.

Para ser más específico la presunción de inocencia, está un poco apartada de la práctica legal, ya que como es bien sabido, todo proceso penal se inicia por la notitia criminis; es decir por el conocimiento que se ha cometido una conducta criminal por parte de una o diferentes personas, por lo tanto, es deber de la fiscalía establecer la veracidad o no de la imputación, basada en el hecho de la existencia de una persona a quien se supone es la responsable; es decir la existencia de un sospechoso, a quien únicamente se lo presume inocente.

La notitia criminis, el sospechoso y el estado de inocencia

La existencia de un sospechoso no significa que este, sea el culpable del delito; pero, sobre este recae una presunción de culpabilidad, y con lo mismo recae sobre el procesado una persecución por parte del Estado para probar una posible responsabilidad de un supuesto delito; pero como ya se mencionó el procesado no tiene la obligación de presentar ninguna prueba tendiente a demostrar su propia inocencia, ya que el estado de inocencia es un derecho que no necesita ser construido.

En este punto, resulta necesario precisar que el principio de inocencia o estado de inocencia, no indica que el procesado sea en realidad inocente ya que el estado de inocencia es derecho que admite prueba en contrario, por cuanto en sentencia ejecutoriada se puede declarar su culpabilidad; de no ser así, sería injusto someterlo a un proceso penal; por el contrario, sí se le consideraría culpable, resultaría inútil la actuación de la fiscalía y la valoración de las pruebas obtenidas en la instrucción fiscal ya que la culpabilidad estaría marcada desde la notitia criminis. Por estas consideraciones es que se puede llegar a la conclusión que la sospecha es lo que hace posible un proceso penal.

Una vez que la notitia criminis, creó la sospecha de un posible responsable es indispensable la participación del Estado a través de la fiscalía, para que esta aporte con las pruebas tendientes a establecer la posible responsabilidad del imputado, para que posteriormente el Juez pueda llegar a determinar la situación jurídica del procesado; para lo cual, se requiere que se haya vigilado la transparencia del proceso, con el objeto de tener la certeza de la culpabilidad, la que sólo puede ser declarada en una sentencia ejecutoriada.

Diego Fernando Chimbo Villacorte

Universidad Central del Ecuador